Chile: La Transición inacabada de una democracia incompleta
Alumno: Lorenzo Manuel Heredia López
Trabajo Fin de Máster
Máster de estudios latinoamericanos: Cultura y gestión
Tutora: Nieves Ortega Pérez
Granada, septiembre de 2016
Resumen
El siguiente trabajo reflexiona sobre la democracia en Chile, su proceso de transición y los
“enclaves autoritarios” que se mantienen en la actualidad. Para ello se siguen unos puntos de
inflexión marcados por acontecimientos históricos, como el golpe de Estado de 1973 o las
reformas constitucionales que combinados con la alta tradición democrática, los “enclaves
autoritarios” y la política de bloques no darán una imagen del porque en chile todavía la
ciudadanía, exige más demandas de profundización democrática y de revisión histórica. El
trabajo intenta ir más allá de las reformas reflexionando sobre las variables que confluyen en
la política chilena y la determinan a lo largo de la historia política del país de los últimos
cuarenta años.
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Agradecimientos
Quisiera agradecer este trabajo a todos aquellos que me han apoyado en la realización de este
máster. A mi familia y a mi novia Ana que han estado conmigo en los peores y en los mejores
momentos. A la tutora Nieves Ortega que tanto me ayudó a sacar el trabajo adelante. A mis
compañeros del máster con los que aprendí y reí lo suficiente como para acordarme de ellos
siempre. A los profesores del máster que tanto aprendí con ellos y me mostraron otra forma
de ver América Latina. A Salvador Allende porque siempre será una inspiración para mí Y
sobre todo a mi padre que tanto lo echo de menos y que cada día me da fuerzas para continuar
adelante.
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Índice de contenido
Índice de tablas y gráficos………………………………………………………………….5-6
Índice de siglas………………………………………………………………………………...6
Introducción y marco de análisis…………………………………………………………7-14
1. Introducción histórico-política a la Transición…………………………………………14
1.1. El Gobierno de Allende, “la vía chilena al socialismo”, el fracaso democrático y el
golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973…………………………………………14-19
1.2. El directorio militar del General Pinochet tras el golpe Estado del 11 de Septiembre
de 1973………………………………………………………………………19-22
1.3. El debate de la Transición durante la Dictadura……………………………….…22-25
2. La Transición. Del plebiscito popular de 1980 hasta las elecciones de
1989…………………………………………………………………………………………...25
2.1. La Constitución de 1980…………………………………………………………….26-29
2.2. El Referéndum de 1988 y las Elecciones de 1989.....................................................29-31
3. El proceso de consolidación democrática I. Del gobierno de patricio Aylwin al
gobierno de Ricardo Lagos y la reforma constitucional de 2005………………...……….31
3.1. El proceso de consolidación democrática………………………………………….32-35
3.2. El camino constitucional desde 1989 hasta la reforma de 2005………………….35-40
3.3. La reforma constitucional de 2005: El último paso en la profundización
democrática………………………………………………………………………………40-44
4. El proceso de consolidación democrática II: Las políticas de reconciliación y “el efecto
Garzón”…………………………………………………………………………………...….44
4.1. Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación: “El informe
Retigg”……………………………………………………………………………...…….44-48
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4.2. La detención de Pinochet en Londres: El “efecto Garzón”………………………48-52
4.3. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: “El informe
Valech”……………………………………………………………………………………52-54
5. Los enclaves autoritarios: El manteniendo de la “vieja guardia”……………………..54
5.1. Una reflexión sobre la transición inacabada………………………………………55-65
5.2. Estado democrático tras la reformas (democracia ciudadana y participación
política)…………………………………………………………………………………...65-76
Conclusiones……………………………………………………………………………...76-83
Referencias bibliográficas y material audiovisual.…………………………………….83-87
Webgrafía………………………………………………..…………………………………..87
Índice de tablas y gráficos
Tabla 1: Elecciones presidenciales de 1989…………………………………………….30-31
Tabla 2: Elecciones presidenciales, 1993……………………………………………….33-34
Tabla 3: Quorum parlamentario………………………………………………………...…37
Tabla 4: "¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?". Preferencia
sobre el sistema de gobierno………………………………………………………...………68
Tabla 5: Variables y puntos de inflexión…………………………………………………..81
Gráfica 1: Valoración FreedomHouse 1995-2015…………………………………………66
Gráfica 2: Apoyo a la democracia………………………………………………………….67
Gráfica 3: Satisfacción por la democracia………………………………...……………….69
Gráfica 4: Escala de desarrollo democrático……………………………..………………..70
Gráfica 5: Libertad para participar en política………………….………………………..72
Gráfica 6: Libertad de expresión………………………………..………………………….73
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Gráfica 7: Igualdad entre hombres y mujeres………………………………...…………..74
Gráfica 8: Apoyo a las Fuerzas Armadas……………………….…………………………75
Índice de siglas
AD= Alianza Democrática
CEPAL= Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CNVR: Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación
CNPT=Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
CP= Constitución Política
DC= Democracia Cristiana
DINA= Dirección de Inteligencia Nacional
FNT= Frente Nacional del Trabajo
JM= Junta Militar
FFAA= Fuerzas Armadas
MDP= Movimiento Democrático Popular
MIR= Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MUN= Movimiento de Unión Nacional
PC= Partido Comunista
PN= Partido Nacional
PS= Partido Socialista
RN= Renovación Nacional
UDI= Unión Demócrata Independiente
UN= Unión Nacional
UP= Unidad Popular
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Introducción y marco de análisis
Chile es un país que tiene una alta tradición democrática rota por un golpe de Estado
en 1973. La consiguiente Dictadura dejó atado y bien atado un sistema de democracia
protegida que ha podido ser reformado en los últimos treinta años, gracias a una alta tradición
democrática en el país que combinada con una política de bloques consigue desbloquear un
sistema maniatado, avanza con el objetivo de ser una democracia plena a diferencia de lo que
los índices internacionales marcan.
La Constitución Política de Chile 1925 es la de más largo recorrido en toda la historia
de Latinoamérica, pero con unas características concretas que llevaron al país a una situación
insostenible tanto a nivel político como a nivel económico. Los males de un sistema político
pluripartidista que no conseguía mayorías consistentes para la manutención de la estabilidad
política, hicieron que la fragmentación fuera en aumento.
La llegada al poder de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende puso más que
nunca de manifiesto los males sistémicos del país. La fragmentación política aumentó
considerablemente debido a un boicot institucional y económico frente al proyecto de
Salvador Allende. La vía chilena al socialismo puso patas arriba todo el orden institucional y
el equilibrio de fuerzas de Chile. La política de nacionalizaciones y las distintas políticas
sociales llevadas a cabo por el Gobierno de Allende se enfrentaron a la burguesía que estaba
totalmente en contra de las medidas del proyecto de la Unidad Popular. También la injerencia
de los Estados Unidos en los acontecimientos bloqueó y anuló la acción de la Unidad Popular,
encontrando ésta otro bloqueo más de las que ya tenía.
Dentro de la Unidad Popular tampoco había fragmentación. Ante la situación de
bloqueo institucional la rama más revolucionaria del partido representada, en el Partido
Comunista y en Movimiento de Izquierda Revolucionaria, abrieron en viejo debate sobre el
enfoque para conseguir los objetivos. La insistencia en la vía electoral por parte de Allende y
la presión de la rama revolucionaria del Partido hicieron que la inestabilidad aumentara y
agravara la situación general.
Los acontecimientos se sucedieron, la ruptura del pacto de la Democracia Cristiana
con la Unidad Popular permitió a esta bloquear la acción del Gobierno de Allende para
provocar el caos en la calles y la intervención de EEUU agravan una situación que fue
utilizada por las Fuerzas Armadas para intervenir con un golpe de Estado el 11 de Septiembre
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de 1973 que dio lugar a una dictadura militar que durará hasta 1989. Así se rompía la
democracia más longeva de toda América Latina, la duración de la misma dejó una cultura
democrática que fue aniquilada mediante la represión y la censura, pero el poso democrático
continuaba en la cultura cívica de los chilenos.
El punto de partida de este trabajo desde una perspectiva histórico-política son las
distintas características del sistema político chileno en la experiencia democrática previa al
golpe de Estado y los elementos del mismo que llevaron al fracaso a la Constitución de 1925.
Tras el golpe de Estado y durante la dictadura, el General Augusto Pinochet planteó el
cambio de la Constitución de 1925 por otra. El fracaso de esta Constitución y el temor por
volver a caer en la misma situación de principios de los setenta provocaron un intenso debate
dentro de las Fuerzas Armadas y de la derecha alineada a la Junta Militar, que finalizó con la
elaboración y promulgación de una nueva constitución para Chile, la Constitución Política de
1980. Por ello abordaré las distintas opiniones dentro de la Junta Militar y la derecha para
encontrar en ella los condicionantes que marcaron la construcción de nuevo orden
constitucional para Chile.
La Constitución de 1980 establecía un sistema de democracia protegida y unos
enclaves autoritarios que maniataban las fututas actuaciones de intentar reformar el sistema de
esta constitución. Durante los años ochenta las críticas fueron creciendo dentro y fuera de la
Junta Militar, acosada por la opinión pública internacional y azotada por una crisis
económica. La negociación política entre las distintas fuerzas fue dando frutos hasta llegar a
un punto de inflexión que daría lugar a un referéndum donde se decidió la continuidad del
General Pinochet en la Presidencia de la República. Las distintas fuerzas políticas de Chile en
bloque hicieron campaña por el “No” que venció en el plebiscito y dejó la puerta abierta a
unas elecciones democráticas. Por ello se abordaránen este trabajo, los acontecimientos más
importantes de los años ochenta que dieron lugar a unas elecciones democráticas por primera
vez en casi dos décadas.
Estas elecciones demostraron de nuevo que la política de bloques utilizada
previamente al golpe de Estado era la herramienta más consistente para afrontar la reforma de
un sistema que Pinochet había dejado atado y bien atado. La victoria de Patricio Aylwin por
la Concertación por la Democracia en las elecciones presidenciales de 1989, supuso el punto
de partida para la reforma del sistema constitucional de 1980. Siendo este uno de los temas
centrales de este trabajo se verán los distintos cambios políticos y jurídicos que han ido
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modificando el sistema de democracia protegida heredado en los años ochenta, agregando a la
perspectiva histórico-política una perspectiva jurídica en el análisis.
Desde la gran reforma hecha en el año 1989, la Constitución fue reformada a nivel
reglamentario casi una vez al año. No fue hasta el año 2005 y con Ricardo Lagos como
Presidente de la República donde se produjo la reforma más profunda que acabó con varios de
los enclaves autoritarios heredados. Por ello se verán los cambios que se dieron en los
distintos gobiernos para ver como se ha ido reformando el orden constitucional de Chile
incluyendo la gran reforma de 2005y las distintas políticas de recuperación de la memoria
histórica y de reconciliación, siendo las más importantes el Informe Retigg y el Informe
Valech.
Tras ello veremos al final una reflexión sobre la democracia chilena comparando unos índices
de organizaciones internacionales evaluadoras de la democracia en el mundo como
FreedomHouse o la CEPAL. También he seleccionado una serie de variables elaboradas por
el Latinobarómetro, donde se tratan cuestiones referentes al estado democrático de Chile
como la igualdad entre hombre y mujeres, la libertad de expresión, la valoración de los
chilenos sobre su desarrollo y funcionamiento democrático o la confianza en instituciones
como las FFAA. Este punto está dedicado a reflexionar a partir de los datos extraídos de las
distintas organizaciones que nos ayudarán a ver con más claridad la opinión de los chilenos
más allá de los índices internacionales tras tantas reformas y políticas de recuperación de la
memoria histórica.
Para analizar todo ello he decidido plantear las siguientes hipótesis:
-
La primera hipótesis (H1) que planteo es cómo el bloqueo en la consolidación
democrática en Chile ha permitido el mantenimiento de “enclaves autoritarios”,
algunos de los cuales ya han sido reformados, debido en parte a la tradición
reformista del país viva desde su Transición democrática.
-
La segunda hipótesis (H2) que investigo es cómo la mencionada tradición
reformista del país tiene un impacto claro sobre la demanda ciudadana de mayor
profundización democrática, buscando una visión distinta de la que nos dan las
evaluaciones internacionales de distintas organizaciones.
El objetivo del trabajo es buscar a través del análisis, desde una perspectiva históricopolítica, de los distintos acontecimientosde los últimos cuarenta años en Chile las razones por
las que la Transición es aún tema de debate en el país, y reflexionar sobre su nivel
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democrático tras tantas reformas, teniendo en cuenta las distintas variables que confluyen y
condicionan la política chilena.
Las dimensiones de análisis diseñadas en mi trabajo son tres, primero, los “enclaves
autoritarios”que se heredaron después de la caída de la Junta Militar. La Constitución Política
de 1980 aprobada en mitad de la Dictadura, promulgaba un sistema con un presidencialismo
con prerrogativas al alza, además de instaurar un sistema de democracia protegida basada en
cinco enclaves autoritarios que se mantuvieron incluso después de la reforma constitucional
de 1989. Hoy solo permanecen tres de ellos y sus impactos sobre la política chilena son claves
para entender el bloqueo institucional que hay instaurado en el país.Los dos que
desaparecieron son: la elección de los senadores al margen de unas elecciones y la facultad
que tenían los ex Presidentes de la República para pasar a formar parte del senado sin
elección previa. Estos fueron suprimidos en la reforma constitucional de 2005 durante el
mandato de Ricardo Lagos. Los enclaves que permanecen son: el sistema electoral binominal,
los quorum necesarios para la reforma constitucional y los quorum necesarios para sacar
proyectos legislativos adelante.
La política de bloques de alta tradición en la historia política chilena y clave en las
reformas constitucionales es el segundo elemento organizativo del análisis. La Constitución
Política de 1925, generó un sistema multipartidista donde los acuerdos preelectorales fueron
claves para garantizar la estabilidad política, muchos años. La ruptura del Pacto entre la
Democracia Cristiana y la Unidad Popular y la situación de parálisis institucional, llevaron al
país a la inestabilidad política y la intervención de las Fuerzas Armadas. En la recuperación
de la democracia en 1990 y a la hora de afrontar las elecciones presidenciales la política de
bloques fue de nuevo la estrategia para formar gobiernos fuertes y garantizar la estabilidad
política del país. Como dije en la primera variable, debido al bloqueo en el que vive la política
chilena la forma de poder avanzar en la profundización democrática se basa en una política de
bloques que consiga solventar los quorum establecidos en la Constitución Política de 1980 y
la aprobación de leyes que consigan profundizar aún más en la democracia del país.
Y por último, estudio la insatisfacción que puede llevar a una desafección democrática
o bien a una desconfianza en las instituciones, posiblemente generada por el golpe y la
posterior Dictadura. Todo ello combinado con una alta tradición democrática que exige
todavía más reformas de profundización democrática y de memoria histórica, que nos puede
dar una visión distinta más allá de las índices de organizaciones internacionales.
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La estructura del trabajo está estrechamente ligada a mi análisis histórico-político, he
tomado las reformas constitucionales como puntos de inflexión en la lógica organizativa del
trabajo, tomando como antecedente la experiencia previa al golpe.
Los puntos de inflexión que he decidido analizar para mi estudio son cuatro:
-
El primero es el fracaso democrático que significó el golpe de Estado de 1973. Las
condiciones que propiciaron el golpe tras más de cuatro décadas de orden
constitucional y la posterior Dictadura, son momentos claves para entender los
posteriores acontecimientos, sobre todo con la promulgación de una Constitución
que no cumplió muchos de los requisitos democráticos en su aprobación, La
Constitución Política de 1980.
-
El segundo ocupa casi todos los años ochenta, desde la promulgación de la
Constitución política de 1980 y el posterior debate sobre la reforma de la misma
que conllevó al siguiente punto de inflexión.
-
El tercero es el Referéndum de 1988, que dio lugar a unas elecciones democráticas
y a una reforma constitucional que varió parcialmente el texto heredado de la
Dictadura. Así se fundó una década de reformas, elaboradas por los distintos
gobiernos de la Concertación por la Democracia.
-
El cuarto punto es la reforma constitucional de 2005 realizada por el Gobierno de
Ricardo Lagos, esta reforma fue la más profunda y la última hecha hasta hoy hecha
en Chile. Con ella se suprimieron dos de los cinco “enclaves autoritarios”
heredados de la Constitución Política de 1980.
El trabajo está dividido en tres partes:
-
Una primera parte que aborda una introducción histórico-política a los
antecedentes democráticos de Chile, el ascenso al poder de la Alianza Popular, las
características del sistema político y la coyuntura tras las elecciones legislativas de
1973, aquí la correlación de fuerzas hizo que la inestabilidad y la ingobernabilidad
provocaran la intervención de las Fuerzas Armadas que dieron lugar a una
dictadura que duró quince años y abrió un proceso de Transición en la misma.
-
Una segunda parte del trabajo está dedicada a un análisis más exhaustivo de la
Transición abordando los grandes temas que provocaron y provocan debate dentro
de la política del país y dentro de la academia.
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-
Una tercera parte está dedicada a una reflexión de todo lo que permanece en la
actualidad en el sistema político chileno y en su cultura política. Para ello he
dedicado el último epígrafe, donde se verán las distintas valoraciones de
organizaciones internacionales, que contrastaré con la opinión de los chilenos a
partir del Latinobarómetro, para buscar una imagen distinta a la idealizada en las
organizaciones internacionales.
La primera y la segunda parte abordan la hipótesis 1, donde la tónica reformista de
Chile de alta tradición democrática con un suceso traumático como es una Dictadura, ha
podido levantarse y reformar un sistema impuesto con un marcado bloqueo institucional.
La última parte demuestra la hipótesis 2, donde la democracia chilena vive entre la
desafección política y la exigencia de más reformas de profundización democrática, debido en
parte a esa historia democrática de largo alcance en Chile.
El debate sobre la democracia en América Latina está siempre de actualidad, la
complejidad del ámbito hace que sea muy difícil concretar en líneas generales el estado de la
misma por ello he acotado el debate en Chile. Un país que ha tenido una transición
“modélica” a ser analizada y que suscita un gran debate a nivel académico y a nivel político
(Alcántara, 2013).
Para ello las fuentes utilizadas han sido fuentes secundarias, revisión bibliográfica y
documental para tener un estado de la cuestión sobre las distintas variables que he
seleccionado. A todo ello hay que agregar que también he utilizado otras fuentes secundarias
como el material audiovisual. Todo ello me ha ayudado a reflexionar sobre los distintos
cambios acaecidos que considero como puntos de inflexión en mi análisis, dentro dela
marcada perspectiva histórico-política central en mi trabajo.
Para el análisis democrático de Chile
se ha utilizado bases de datos como
FreedomHouse, la CEPAL o el Latinobarómetro. FreedomHouse en una organización que
evalúa y promueve los derechos humanos y el desarrollo democrático en el mundo. Sus
campos de trabajo van desde los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, la
libertad religiosa, elecciones, hasta la libertad en internet y los derechos del colectivo LGTB.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es responsable de publicar
Informes sobre el estado de economía y la sociedad en América Latina y el Caribe. También
tiene una base de datos que he trabajado para obtener una visión sobre la democracia en Chile.
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El más interesante es el Latinobarómetro, un estudio de opinión pública con una
muestra de 20.000 encuestas hechas en 18 países que representa a más de 600 millones de
habitantes. La encuesta está realizada por la ONG, Cooperación Latinobarómetro que
investigan el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad utilizando medidores de
opinión pública para evaluar comportamientos, actitudes y valores. Para tener otra visión de la
situación me parece interesante que nos sumerjamos en estos datos para interpretarlos y así
tener más información sobre el estado democrático de Chile. Todos los datos son del
Latinobarómetro de 2015, siendo la muestra de 1200 de entre de más de 18 millones de
habitantes. Me han servido para visualizar la opinión de la ciudadanía chilena en lo referente a
la calidad y la profundidad democrática, trabajando los datos que me han ayudado a elaborar
unas gráficas con series históricas, contrastándolas con la evaluación por parte de estas
organizaciones internacionales sobre el estado de los derechos civiles, la libertad de expresión
y de la democracia en general. Todo ello me ha servido para intentar actualizar el debate lo
máximo posible siendo uno de los objetivos de mi trabajo.
Las variables que he extrapolado son las referentes a la calidad democrática del país,
para ello el valor de FreedomHouse y de la CEPAL lo he comparado con el mismo valor del
Latinobarómetro. Los demás valores estudiados tienen que ver con una serie de preguntas que
se realizan en el Latinobarómetro, preguntas sobre el desarrollo democrático del país, la
calidad de la democracia del país, la igualdad entre hombres y mujeres, las garantías
existentes para el ejercicio de la política, la libertad de expresión y valoraciones sobre
instituciones, en concreto de las FFAA. He trabajado los datos resultantes a partir de estas
encuestas en unas tablas de datosagregados que están publicadas en la página oficial del
Latinobarómetro. Con ello he elaborado unas gráficas con series históricas donde reflexiono
sobre todo lo anterior con el apoyo de estos datos y su evolución en el tiempo.
Una de las grandes dificultades metodológicas que he encontrado ha sido actualizar el
estudio lo máximo posible. La carencia de estudios sobre los últimos avances en la
profundización democrática en Chile,han obligado a cerrar el círculo en la reforma de 2005 y
en las consecuencias de la misma. Aun así, ello me permite una reflexión bastante amplia
sobre el objetivo de mi trabajo. También otra gran complicación a la que me enfrentado ha
sido la recolección de información sobre las FFAA, el oscurantismo que todavía envuelve a
este actor político tan importante en Chile, no permite ver con claridad sus distintas posturas
ante los cambios, que van a ser analizados en este trabajo. Las demás cuestiones sobre el
debate académico y los distintos análisis sobre las reformas y el sistema político. El debate
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despierta gran interés a nivel académico y a nivel político, por ello es fácil encontrar variadas
y contrarias propuestas para el debate y reflexión que se aborda en este trabajo.
1. Introducción histórico-política a la Transición
Para empezar a esbozar el trabajo que quiero elaborar, voy a hacer un breve recorrido
desde la ruptura de la democracia chilena con el golpe de estado del 11 de Septiembre de
1973 hasta la promulgación de la Constitución de 1980, donde se inicia la apertura del sistema
político chileno en una transición democrática que durara varias décadas.
En esta parte inicial del trabajo, voy a ahondar en las características y acontecimientos
que llevaron al borde del caos al país durante los momentos finales del gobierno de la Unidad
Popular. La gran polarización política que enfrentó a la UP y a la derecha que fragmentó al
país y amplificó los problemas sistémicos de la política chilena. El enfrentamiento no fue
entre partidos sino entre dos bloques de partidos que representaban intereses dispares en
cuanto se refiere a las diversas políticas a realizar, pero sobre todo en política económica. Los
dos modelos antagónicos hicieron que no existiera ningún punto de encuentro, un elemento
que más tarde será clave. El caos institucional y la ingobernabilidad de la UP, llevó a una
intervención de las Fuerzas Armadas, lideradas por el General Augusto Pinochet, que dio
lugar a una dictadura que determina el devenir de la política chilena hasta la actualidad.
1.1. El Gobierno de Allende, “la vía chilena al socialismo”, el fracaso
democrático y el golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973
El golpe de estado en Chile del 11 de Septiembre de 1973 rompió la democracia más
longeva de toda América Latina instaurada con La Constitución de 1925 que supuso el final
del Estado Liberal y la transformación económica del país. El sistema constitucional de 1925
promulgaba un semi-presidencialismo donde el Presidente poco a poco fue tomando más
peso, con una gran debilidad en un sistema pluripartidista que fragmentó el voto tradicional.
Esta característica se constatará ya en los años sesenta, con un sistema de partidos
consolidado con un alto grado de competitividad y una gran polarización (Alcántara, 2013).
El alto grado de competitividad y polarización del sistema chileno generó lo que se
llamó“la tesis de los tres tercios”, que se basaba en la división política del país en tres bloques
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y que no permitía la formación de gobierno con amplias mayorías para ganar en
gobernabilidad y estabilidad. El sistema de 1925 promulgaba la generación de sinergias
típicas de un sistema bipartidista donde se buscaba la alternancia clásica entre los partidos
conservador y liberal. La formación de gobiernos sin amplias mayorías fue la característica
entre 1925-1973, necesitando siempre el candidato el apoyo parlamentario para poder erigirse
como Presidente de la República. Esta dinámica se ampliará a la llegada de un tercer actor, la
Unidad Popular de Salvador Allende (Alcántara, 2013).
La irrupción de la Unidad Popular en la política fue la constatación de que las uniones
entre varios partidos era la vía de ganar cada vez más apoyo en una sociedad tan fragmentada
como la chilena. Palma señala que “No era la primera vez que las fuerzas de izquierdas en
Chile se hacían eco y daban expresión orgánica y programática a reclamos y proyectos que
trascienden las fronteras. Cuarenta años antes, en 1938, se materializa en nuestro país un
frente popular que repite la experiencia de otras naciones donde se constituyen alianzas
políticas de carácter pluriclasista para enfrentar la amenaza de nazismo”(1998:3). Además la
celebración en años distintos de las elecciones presidenciales y las legislativas no permitían al
Presidente ejercer su poder de forma plena encontrando como freno y contrapeso la mayoría
contraria en las cámaras. Los años sesenta ponen más que nunca de manifiesto estas
características. Ello hizo que pasaran por el gobierno chileno, la derecha representada en
Jorge Alessandri entre 1958-1964, el centro demócrata cristiano representado en Eduardo Frei
entre 1964-1970 y la izquierda representada en Salvador Allende entre 1970-1973.
La victoria de Allende en la elecciones de 1970 fue con un 36,2% de los votos, sin
mayoría absoluta, llevó a Allende a convertirse en Presidente de la República con el apoyo de
la Democracia Cristiana que en una negociación previa a las elecciones hizo firmar a la
Unidad Popular un “Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas” donde se protegían
libertades y la independencia de las Fuerzas Armadas en el control político.
Respecto a esta cuestión Mella define a la UP como “Una coalición electoral y de
gobierno, formada en octubre de 1969 mediante la convocatoria del Partido Socialista y del
Partido Comunista a diversos actores políticos y sociales para construir una alianza política de
izquierda destinada a generar condiciones políticas para la construcción del socialismo por vía
democrática”(2014:7). El Gobierno de Allende puso en marcha “la vía chilena al socialismo”
que llegó a tener detractores en la derecha, en el centro y dentro de la izquierda, pero sobre
todo dentro Partido Socialista. La agenda del Gobierno de Allende profundizaba las diversas
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transformaciones que había conseguido impulsar a través de la mayoría parlamentaria que
tenía en las cámaras obtenidas tras las elecciones legislativas de 1965.Palma señala que:
“Pero lo realmente novedoso no era el programa. Lo que centró la atención internacional fue el
camino escogido para hacer realidad los cambios propuestos. Con la imaginación y audacia, se
pretendía dar respuesta a un debate no resuelto y en pleno desarrollo al interior del mundo progresista
que se planteaba la viabilidad de un proceso de transformaciones estructurales en el marco de la
institucionalidad vigente. Es decir, se pretendía resolver la vieja discusión sobre la factibilidad de la vía
electoral o la inevitabilidad del uso de la fuerza para el logro de esos fines” (1998:6).
Durante todo el siglo XX, vimos como la forma de afrontar la toma del poder entre los
partidarios de la consecución de un estado con modelo socialista o marxista siempre había
sido de forma violenta y con uso de armas, donde la vía electoral era un imposible. Sirva de
ejemplo, la Revolución Rusa de 1917 o la Revolución Cubana de 1959, siendo esta última
inspiración para toda América Latina y en este caso a Chile.Por ello la consecución de un
gobierno revolucionario a través de la vía electoral en Chile, supone la primera experiencia
revolucionaria sin el uso de la fuerza. Como Allende y muchos llamaron “La revolución sin
armas”.
“La vía chilena al socialismo” era un modelo que tomaba como base la democracia
representativa y desde ella planteaba las transformaciones del país a través de la búsqueda de
la independencia económica ante la injerencia de EEUU y otras potencias. El Parlamento se
colocaba como el instrumento para la consecución de las amplias reformas planteadas por
Salvador Allende y la Unidad Popular que conllevaban la nacionalización de la economía para
la obtención de la independencia económica con el objetivo de la recuperación de la soberanía
de Chile y con ello garantizar la implementación de grandes transformaciones a nivel
económico y social. En el Discurso del Triunfo de Salvador Allende, este determinaba el
objetivo programático de la “vía chilena al socialismo”:
“Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con
los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación y
de importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de
Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo […] Chile abre un camino que otros
pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la
dictadura y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino”
(Allende, 1970).
Este modelo está inspirado en la Revolución Cubana, como modelo de conquista del
poder, con la emancipación económica como objetivo, con el matiz del no uso de la fuerza
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para la obtención de los objetivos marcados. “El pueblo sabe que sus problemas no se
solucionan rompiendo vidrios o golpeando un automóvil”(Allende, 1970). Esta afirmación de
Salvador Allende demuestra la deriva pacífica que implicaba “la vía chilena al
socialismo”.Esta vía fue muy aplaudida por muchos en el concierto internacional y despertó
un gran interés más allá de la cordillera de los Andes. Es importante decir que la UP
aprovechó la coyuntura democrática de Chile para llegar al poder sin utilizar la vía violenta, la
tradición democrática de Chile hizo ver a Allende la posibilidad de realizar los cambios
profundos que se proponían en el programa. Por ello Allende creyó siempre en que la toma
del poder por vía electoral era la manera de devolver el poder al pueblo y a partir de ahí
comenzar las transformaciones, tomando como base la legalidad establecida en el marco de
un sistema representativo que debía de ser puesto al servicio de los intereses generales de los
trabajadores del país.
En concreto la novedad no fue solo la toma del poder por vía electoral sino que todo el
programa de la Unidad Popular, fue llevado a cabo en sus grandes propuestas y proyectos. La
nacionalización del cobre, de los bancos, de las compañías de seguros y de las grandes
empresas monopolísticasfuero los primeros puntos a ser llevados a cabo. La más importante y
la vez la más polémica fue la nacionalización del cobre que controlaban varias empresas de
EEUU y que fueron expropiadas, la “Anaconda Company” y la “Kennecot Cooper
Company”.Palma añade que “Los datos y cifras que reseñan, explican no solo la aprobación
unánime en el Congreso, sino también que el régimen militar hizo una expresa excepción con
el cobre en su implacable política de privatizaciones, manteniendo su explotación por el
Estado”(1998:10). La vital importancia que tiene este mineral en la economía chilenacon su
estatalización permitió al Gobierno de Allende afrontar con garantías el proyecto económico y
social de la Unidad Popular, ya que más del 50% del PIB lo producía el estado. Ello permitió
crear el área social de la economía que hizo posible una redistribución del ingreso, la creación
de empleo, el aumento de la inversión en sanidad y educación, enfrentar el problema de la
vivienda, construyendo más viviendas que gobiernos anteriores y afrontar con más fuerza que
nunca el problema del latifundio con una reforma agraria que repartió más de tres millones de
hectáreas, con una ley aprobada previamente durante el Gobierno de Eduardo Frei. Palma
señala sobre el programa de la UP que “Se trataba de un conjunto de propuestas que
amenazaba el sistema de dominación vigente y los privilegios de los grupos dominantes. Más
grave aún, señalaba un camino que podía repetirse en otros países que al igual que el nuestro
se debatían en el subdesarrollo y la dependencia”(1998:5). Todas estas medidas chocaban con
17
muchos intereses tanto internos como externos y crearon un clima de tensión entre la
burguesía y los partidos y movimientos que formaban la UP.
Con toda esta situación llegaron las elecciones legislativas de 1973 quepusieron de
manifiesto la debilidad del sistema chileno ante el problema de una alta polarización y
fragmentación política. Se rompió el pacto por el “Estatuto Constitucional de Garantías
Democráticas”, la situación puso en enfrentamiento a la DC y a la UP. Esta ruptura provocará
una acentuación de la polarización que no tuvo marcha atrás hasta el 11 de Septiembre de
1973.
Los resultados de estas elecciones dieron a la oposición una mayoría simple que sería
utilizada para bloquear la acción política del gobierno de Allende. La revocación de ministros
y altos cargos de la administración, la bajada de prerrogativas presidenciales y el rechazo de
más de 25 proyectos legislativos promovidos por el Gobierno de Allende demuestran el
bloque parlamentario que significó una pinza institucional que dejaría débil al Gobierno de
Allende de cara a enfrentar sus grandes proyectos. “La persistencia de la estrategia
insurreccional […] contribuyó a multiplicar los actores con capacidad de veto frente al
gobierno de la Unidad Popular”Mella (2014).
Uno de estos actores fue la injerencia de EEUU en el país que generó: la huelga del
cobre, la huelga de transportistas, diversas huelgas estudiantiles, el acaparamiento de
productos por parte de los comerciantes y varios grupos de choque de la derecha, hacían que
el caos dominara en las calles. Todas estas acciones debilitaron al gobierno de Allende
además de provocar un caos en las calles que serviría a la oposición para encerrar más en el
rincón al Gobierno. Todo ello también influyó en el bloqueo a la acción del Gobierno de
Allende.
Ante este caos institucional y de ingobernabilidad, el 28 de Junio de 1973, parte de las
FFAA, como había pasado en otras ocasiones en la historia de Chile, intenta dar un golpe de
estado para reinstaurar el orden en las calles. Este hecho polarizó mucho más a la sociedad
chilena, los apoyos a Allende se sucedieron entre miembros de las Fuerzas Armadas,
miembros de movimientos políticos y de partidos además de gran parte de sus votantes
salieron a la defensa del proyecto de la Unidad Popular, mientras crecía la conflictividad en
las calles.
18
Ante la inviabilidad de una dimisión de Allende, la oposición liderada por las Fuerzas
Armadas, utilizaron el golpe de estado como forma de cambiar el gobierno. Velásquez señala
las variables internacionales que jugaron un papel determinante en el golpe:
“La política estadounidense hacia América Latina por parte de Lyndon B. Jhonson (19631969), Richard M. Nixon (1969-1974) y Gerard R. Ford (1974-1977) tuvo como características la
reducción de la Alianza por el Progreso en su variante reformista y el pragmatismo político expresado
en la aceptación de las dictaduras y la promoción de las mismas; de igual modo, a los ejércitos
regionales se le señaló como principal función la lucha antisubversiva, como forma de lograr la
seguridad interna de cada país. En este contexto se inscribe el golpe de Estado en Chile” (2006:190).
El proyecto de la Unidad Popular chocó contra los intereses de la derecha, una derecha
terrateniente y propietaria de muchas de las empresas nacionalizadas. Además del gran debate
interno sobre la elección de la vía democrática o la vía armada, que dividió a la coalición en el
momento donde debía estar más unido, hizo que la Unidad Popular perdiera fuerza ante una
derecha que bloqueó el poder legislativo ya que sintió amenazada su posición de privilegio
ante las distintas transformaciones realizadas durante la inacabada legislatura de Salvador
Allende. Por ello el proyecto democrático que estaba vivo desde 1925 fracasó y dio lugar a
una dictadura que durará 25 años, donde se fue elaborando un plan para reinstaurar la
democracia el cual serviría a las Fuerzas Armadas para postergarse en el poder. Así el 11 de
Septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas tomaron el poder tras un golpe de Estado. A todo
ello Alcántara determina que “La polarización política, la ingobernabilidad del momento, de
la que no fue ajena el propio entramado institucional, el “bloqueo invisible” norteamericano
propiciaron la intervención de las Fuerzas Armadas”(2013:158).
1.2. El directorio militar del general Pinochet tras el golpe Estado del 11 de
Septiembre de 1973
Las Fuerzas Armadas en Chile eran consideradas, un grupo de presión, su influencia
no era directa en la política. Durante el Gobierno de Allende hubo dos momentos donde se
incorporaron miembros del ejército en el Gobierno; uno tras la huelga general de Octubre de
1972 y otro tras la huelga de transportes de Julio de 1973. Pero el ejército como decía, nunca
había dirigido de forma directa la política nacional. Según Alcántara “A diferencia de sus
anteriores intervenciones en 1891, 1924, y 1932, cuando los gobiernos inconstitucionales
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detentaron el poder durante periodos de hasta cinco meses, en esta ocasión las Fuerzas
Armadas desarrollaron su propio proyecto político y establecieron una institucionalidad que
fue marco obligado en el camino de la recuperación de las libertades formales y del sistema
democrático”(2013:158).
Así el 11 de Septiembre de 1973 comenzó por primera vez en la historia de Chile la
ejecución de un gobierno autocrático que durará hasta el año 1988 con la firma de reforma de
la Constitución de 1980.Los primeros pasos dados por la Junta Militar fue defender su nueva
posición e intentando hacer un borrón y cuenta nueva, a todo lo acontecido durante los años
previos, en palabras de Velásquez Rivera se hizo una “entronización del poder militar”. Para
ello Pinochet se auto-designó “Presidente de la República”, tras ser designado como “Jefe
Supremo de la Nación” a través de la aprobación del Decreto-Ley 527. Así el 27 de Junio de
1974, Pinochet comienza su andadura como Presidente de la República de Chile, sin ser
elegido democráticamente y tras quemar todos los registros electorales (Velásquez, 2006).
Durante los primeros meses del gobierno militar se basaron en el aniquilamiento de
todo el poder popular construido en los años previos al golpe. Sin mucha o nada resistencia, el
aparato del régimen militar acabó fácilmente con los cordones industriales y los comandos
comunales. Tras ello se declaró el Estado de Guerra con “toque de queda” en todo el país
además de crear campos de concentración para todos los detenidos políticos. También se
purgó al ejército y la administración donde fueron detenidos y/o fusilados todos aquellos que
fueran fieles al gobierno de la UP, además se cerraron medios de comunicación. La
persecución política, la eliminación de los partidos y de toda actividad política eran fruto del
personalismo de Pinochet. La autocracia que se fue elaborando entorno al General Augusto
Pinochet, marcó el camino de la vida política desde el Golpe de Estado hasta ya bien entrados
los años noventa. Las purgas incluso dentro del propio Gobierno Militar, nos dan una muestra
de cómo ejerció el poder el General Pinochet.Alcántara señala que “En chile, tanto la DINA
como su sucesora en Agosto de 1977, la Central Nacional de Información (CNI), son vistos
más con la extensión personal del Presidente que como parte permanente del aparato estatal”.
La DINA, creada por el Decreto-Ley 521 de 1974, fue otro elemento más de “entronización
del poder militar”(2013:160).
En términos políticos, el gobierno militar clausuró el Parlamento, implementó el
Decreto-ley como forma máxima legal en el ordenamiento jurídico chileno (Actas
Constitucionales), además de suprimir toda la administración periférica del Estado y la
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municipal, concentrando así todos los poderes en el directorio militar, para controlar desde el
centro todas las instituciones políticas del país. Toda la organización del Estado estaba
claramente marcada por una baja institucionalización a la vez combinada con un gran
personalismo de Pinochet.
En el momento de su auto-designación como Presidente de la República, Augusto
Pinochet dejó claro que su intención era modificar el modelo constitucional vigente en Chile
desde 1925 y sustituir la carta magna que más años ha estado vigente en la historia de Chile.
Por ello desde el inicio de su mandato como Presidente de la República su intención fue
cambiar el modelo de 1925 que había llevado al país al caos y a la introducción de partidos de
corte marxista.
Los primeros años de gobierno militar están caracterizados por un ultra-liberalismo
implementado desde la perspectiva de la Escuela de Chicago y su máximo exponente, Milton
Friedman. El liberalismo extremo se combinó con una baja institucionalización de la política,
ausencia de relaciones internacionales y con un aparato represor que atentó contra la libertad
de expresión y derechos humanos fundamentales. Todo bajo un gran liderazgo personalista
implementado por el General Augusto Pinochet.
Para Salvat Bologna y Salas Astrain “Modificaciones, bajo la égida ideológica de los
economistas llamados “los chicago boys”(formados en el espíritu de Friedman y Hayek)
privatizó la riqueza social y al mismo tiempo, frenó y destruyó una parte importante de todos
los logros sociales”(2009:93). En términos económicos, el modelo a seguir fue el creado en el
Departamento de Economía de Escuela de Chicago, el plan económico impuesto por el
gobierno militar se llamó “El Ladrillo”.Según el documental “La Doctrina del Shock” basado
en libro del mismo nombre de Naomi Klein y publicado en 2012 con el nombre “La Doctrina
del Shock: El auge del capitalismo del desastre”, con el programa económico “El ladrillo” se
implementó la suspensión del control de precios, la privatización de empresas estatales
además de pagar indemnizaciones a todas las empresas extranjeras que fueron nacionalizadas
durante el gobierno de Allende. Se eliminaron los aranceles de importación, se redujo
considerablemente el gasto público y se firmó un acuerdo con EEUU para la estructuración y
financiación de la deuda externa.
Como vemos con todo esto la liberalización de elementos estatales se combinaba con
un alto control de la vida pública. La liberalización de la economía fue en lo que consistió
básicamente el proyecto económico del gobierno militar, pero por otro lado la suspensión de
21
derechos civiles y políticos requería un alto control de la vida pública para mantener el orden,
con la excusa de la seguridad nacional. Ello nos lleva a pensar en la incongruencia que
conllevaba ejercer un control estatalizado de la política pero por otro lado una liberalización
salvaje de la economía combinada con una autarquía, que fue impuesta por el régimen militar.
Un modelo que liberaliza la economía hasta el punto que la presencia del estado es ausente,
proponiendo la autorregulación del mercado como única vía de desarrollo económico (del
Campo, 2007).
Mientras Pinochet, durante los años 70 va elaborando unas Actas Constitucionales con
la intención de hacer un nuevo cuerpo legal para Chile que se convierta en Constitución,ésta
no se aprobara hasta el año 1980. A elloVelásquez señala que “Por la conjunción de la
dinámica económica del país, las presiones internacionales hacia el gobierno militar por sus
sistemáticas violaciones de los derechos humanos y las tensas relaciones con Bolivia, Perú y
Argentina, en Enero de 1978 fue convocada una consulta nacional sin registros
electorales”(2014:192). Ante las presiones externas debido a la vulneración de derechos
civiles y políticos en chile, Pinochet preparó un plebiscito constitucional que no cumplió
ninguno de los requisitos fundamentales para garantizar su validez, pero no sólo sirvió al
Gobierno militar para sanear la imagen de Chile y para legitimar el gobierno en la escena
internacional sino que también sirvió a Pinochet para preparar el campo para que en Julio de
1980, el Consejo de Estado aprobara un proyecto constitucional de la Junta Militar del
Gobierno y lo ratificara en un plebiscito popular, el 11 de Septiembre de 1980.
1.3. El debate de la Transición durante la Dictadura
Desde el inicio de la Dictadura uno de los objetivos de Pinochet fue la reforma del sistema
de la Constitución de 1925. Para ello fue allanando el camino desde 1973 hasta 1980, donde
se aprueba la nueva Constitución Política para Chile que entra en vigor el 11 de Septiembre
de 1980.
Dentro del ejército y de la derecha que había auspiciado el golpe de Estado, había voces
que reclamaban la sustitución de la Constitución Política de 1925. El primero de todos en
levantar la voz fue el propio Augusto Pinochet, ya que en su “Discurso de Chacarillas” el 9 de
Julio de 1977, moldeó un formato de transición democrática hacia un nuevo sistema, basado
en tres pasos y con la colaboración de los civiles. Los tres pasos eran: 1) el primer paso
consistente en la toma del poder por los militares con la colaboración civil, 2) una transición
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con participación civil y 3) la normalización y consolidación, donde el poder es ejercido por
los civiles con control de las Fuerzas Armadas. Por ello Velásquez determina que “Desde
entonces, en el seno del régimen de facto y fuera de él, afloraron diversas opiniones sobre el
contenido y el rumbo que debería tomar la transición”(2006:193).
El modelo pensado y teorizado por Pinochet se tuvo que enfrentar a varias formas que se
fueron imponiendo a partir de que el General Pinochet pusiera la primera piedra para la
elaboración de una nueva Constitución para Chile, tras el fracaso de la Constitución Política
de 1925. El artículo de Velásquez recoge las distintas opiniones y posturas de la clase política
dirigente en ese momento y delos líderes de la derecha más unida a la Junta militar
(2006:192-204).
Los plazos y la posición de la Junta Militar fueron los caballos de batalla de muchos
dentro de las diversas propuestas realizadas desde la derecha y las Fuerzas Armadas. El
senador Jaime Guzmán, Presidente de la UDI y asesor de asuntos jurídicos de Pinochet, decía
que “La transición debía garantizar un nivel suficiente de desarrollo económico, social y
cultural, [...] que comprometa solidariamente a toda la ciudadanía con la defensa del sistema
político que impere en el futuro”. Para ello era necesario un tiempo prolongado y vaticinaba el
término de la misma allá por 1995.
En los mismos términos, Pablo Baraona Ministro de Hacienda durante el régimen militar,
determinaba la prolongación en el tiempo debido a que antes de llegar a la democracia, el
país debía pensar profundamente los cambios que debían marcar el nuevo orden. “Para
Baraona, los cambios y progreso en Chile, significaban ya una transición, especialmente en el
campo educativo, previsional, de los medios de comunicación y de la descentralización, lo
que supuestamente significaba una apertura política de fondo”.
Pedro Ibáñez, un dirigente del PN determinaba que para encarar la normalización
democrática se debían corregir los males de la Constitución de 1925, para encarar una
situación de estabilidad que permita encarar con garantías el futuro del sistema político.Ibáñez
determinaba que: “Desde la escala de valores hasta el sentido de la responsabilidad personal
hay un vasto proceso de reeducación, que es preciso encarar. Una vez desarraigados los malos
hábitos que se crearon en más de cuarenta años de decadencia, el país restaurará su vitalidad,
y la sociedad verá restablecidas su ejemplaridad y su capacidad rectora”.
Estas propuestas hundían sus raíces en la necesidad de elaborar reformas previas para
poder afrontar con garantías la normalización democrática del país. Pero ninguno cuestionaba
23
el papel del ejército y su posición dominante de cara a la creación de un nuevo sistema e
incluso militantes del PN como Hugo Zepeda llegaron a plantear la idea de implantar el nuevo
modelo constitucional sin tomar en cuenta la opinión del pueblo, sin plebiscito.
Por otro lado la izquierda quedó al margen del proceso, la prohibición de todos los
partidos de corte socialista-marxista, dejó en la cuneta a muchos en cuanto se refiere a la
construcción del modelo que quería implantar la Junta Militar. Pero aun así algunas voces
desde la izquierda surgieron en los años de la dictadura ante los cantos de sirena del General
Pinochet que desde su posición barajaba la sustitución del sistema constitucional vigente del
25 por uno nuevo. En palabras de Manuel Sahuenza, un ministro de la fracasada UP,
determinaba que el modelo que quería implantar la JM era contrario la Declaración Universal
de Derechos Humanos debido a que no se contaba con el pueblo para la elaboración,
aprobación y legitimación de la misma. Mientras que Orlando Cantuarias, determinaba que la
transición debía hacerse tras recuperar la formalidad y normalidad en el proceso electoral.
Además de tomar la Constitución de 1925 como punto de partida para la transición, aunque
estos poderes estuvieran concentrados en la figura del General Pinochet. A diferencia de sus
contrarios, la tesis de la izquierda barajaba una transición de menos de un año, con una mayor
participación que la planteaban las Fuerzas Armadas y la derecha satélite de las mismas
(Velásquez, 2006).
Tras todo lo expuesto, Pinochet manifestó ante los miembros del Consejo
Interamericano de defensa, que la apertura democrática debía hacerse bajo control y
supervisión de la Junta Militar para evitar la entrada del PC y no debilitar la autoridad militar
que era la que tendría que asumir el proceso de modernización del país y evitar caer en males
pasados. Todo ello acalló la idea dentro de la JM de elaborar condiciones previas donde se
pongan en cuestión la titularidad de la batuta de la transición. Ello llevó el debate a no
cuestionar la posición e importancia de la figura de Pinochet y centrarlo en el debate sobre la
duración de la misma ligada a la idea de que en algún momento la Junta Militar cedería el
poder al pueblo, solo y exclusivamente cuando todo estuviera listo y preparado, en otras
palabras todo “atado y bien atado”.
Sin embargo se siguió cuestionando la posición futura de la Junta Militar y los plazos
en los cuales esta dejaría de estar en el Gobierno, en palabras del General Fernando
Matheii“no tenemos intenciones de eternizarnos en el poder. El ideal vendría siendo, en el
fondo, un cambio de personas, pero no un cambio de sistema”. Esto hizo dividir el Gobierno
24
en dos partes, como se llamó en su momento, los duros representados por Pablo Rodríguez y
los blandos representados por Jaime Guzmán. La rama dura apostaba por huir de un modelo
de democracia liberal, que era el que había llevado al país al desastre en el 73, modelo que era
por el que apostaban los blandos y por ello criticaban a los duros de ser corporativistas y huir
de las formas democráticas, ya que los blandos apostaban por un modelo más gradual, donde
la normalidad electoral marcaría el ritmo de transición (Velásquez, 2006).
Pablo Rodríguez, el fundador y figura más importante del Movimiento Nacionalista
Patria y Libertad, determinaba que los plazos no conllevaban una marcha de las Fuerzas
Armadas, sino que serían el garante de la modernización y del progreso y cuando estos hayan
llegado sería el momento de ceder a los civiles en control político, siempre bajo supervisión
de los mismos. En esa idea también casaba con la que tenía Luis Valentín Ferrada, no
consideraba al país preparado para unas elecciones además de agregar que algunos
movimientos políticos debían ser prohibidos, ya que algunos grupos no respetaban la libertad
de otros, esos debían ser sancionados bajo un principio de la libertad. Dentro de este modelo
podría haber posibilidades de elecciones. Además de Valentín Ferrada, Álvaro Puga un
periodista y miembro colaborador de la DINA, apostaba por la no inclusión de la elección
mediante sufragio universal de unas cámaras que debían ser científicas y no políticas elegidas
por distintas instituciones, porque el papel de Pinochet en el futuro del país no debía estar
cuestionado al igual que la “entronización del poder militar”.
Esta fue la forma que se impuso en el debate interno y esa fue la que fue
confeccionando la Constitución que se aprobaría el 11 de Septiembre de 1980. Una
Constitución que consagraba la posición dominante de la JM, en un proceso transitorio que no
se sabía cuánto tiempo iba a durar, pero donde se entreabría una vía de salida para la
recuperación plena de un sistema democrático, eso sí con una JM que iba a pilotar todo el
proceso, con una oposición que todavía estaba prohibida y exiliada y con una nula
participación de los civiles.
2. La Transición: Del plebiscito popular de 1980 hasta las
elecciones de 1989
La Promulgación de la Constitución de 1980 abrió la vía a una apertura democrática
del sistema político chileno. Un nuevo escenario se ponía ante los ojos de los ciudadanos
25
chilenos para empezar a esbozar un futuro democrático para unos ciudadanos que habían
sufrido importantes abusos del estado y habían convivido con la censura, la represión y la
privación de derechos civiles políticos.
Todo este viaje hacia la democracia se consagra con la elecciones presidenciales de
1989. Para llegar al punto de inflexión que significó el Referéndum de 1988, donde la
oposición a Pinochet toma posición ante el advenimiento de la recuperación democrática en
Chile. Trabajaré los primeros pasos que se dieron en la política, teniendo en cuenta la
correlación de fuerzas entre la izquierda, la derecha y la posición de la Junta Militar, ante los
distintos acuerdos y coaliciones que se fueron dando durante esta década para poder
desbloquear la situación y abrir la democracia con unas elecciones plurales y competitivas en
Diciembre de 1989.
2.1. La Constitución de 1980
En Septiembre de 1980 se ratifica el proyecto de Constitución elaborado por la JM, en
este caso por la “Comisión Ortúzar”, con un 68,98% de los votos y entró en vigor al año
siguiente. Los registros electorales no fueron abiertos y la oposición apenas pudo hacer
campaña,demostrando así una vez más las carencias democráticas de un país que intentaba
más que nada lavar su cara para abrirse al exterior.
En concreto, La constitución de 1980 fue un texto que se fue elaborando durante los
años setenta, a través de unas Actas Constitucionales que iba aprobando una comisión creada
específicamente para la elaboración de una nueva constitución para el país. Mediante estas
actas se creó el Consejo de Estado, el cual daría validez a un texto que recibió en 1978, que
fue estudiado y modificado durante dos años más, para llegar a la aprobación en el
referéndum el 11 de Septiembre de 1980. El propio texto acordado prolongaba cinco años
más la transición. Estaba compuesto por 120 artículos permanentes y otros 29
transitorios.Entre sus rasgos principales destacan que fue estricta, sumaria, rígida y
autoritaria. La elaboración por parte de la cúpula militar dejaba bastante marcado el cuerpo
legal para la apertura democrática del país, pero fue un primer paso importante para que esta
diera sus frutos más tarde.Para Velásquez “La Constitución Política de 1980, inicialmente, fue
la forma de transición del régimen militar a un régimen autoritario, al encarnar la
institucionalidad política de la dictadura militar, marcar los itinerarios y fijar los mecanismos
del proceso” (2006: 202).
26
En 1983, el propio sistema político promulgado por el texto legal, obligaba a las
instituciones a ir dando pasos a un proyecto democratizador de las instituciones. Por otro lado,
una crisis aguda que en la que entró Chile al abrirse al exterior en un mundo azotado por la
crisis del petróleo de 1973, dejaba descontenta y maltrecha a las clases medias y populares del
país. Todo este cóctel generó una conflictividad social en las calles que empujó a muchos a
acelerar el proceso al que se debía enfrentar chile y los chilenos.Por ello Velásquez determina
que “ De estas movilizaciones populares surgieron propuestas para superar la crisis, entre las
cuales estaba la lucha armada para derrocar militarmente a la dictadura, la búsqueda de una
salida pacífica del régimen y el diálogo con las autoridades para que introdujeran reformas a
la políticas económicas y sociales”(2006: 202).
En estos primeros años de los ochenta habían resurgido los partidos políticos en Chile,
el origen de una buena parte de ellos eran las protestas y de las movilizaciones que criticaban
la acción del nuevo gobierno constitucional. De esta manera llegó el Pacto entre Alianza
democrática y el PC. Dentro de AD estaban la DC y el PS moderado, mientras que dentro del
PC estaban los supervivientes del MIR y del MDP. Este Pacto se dio tras la dimisión del
Ministro de Interior, Sergio Fernández al que sucedió Sergio Onofre Jarpa posibilitando este
pacto, tan importantepara el futuro democrático de Chile. Velásquez señala que“ La clave de
la concreción del acuerdo, según Cristián Gazmuri, fueron las seguridades dadas a los
empresarios y políticos de derecha, por parte de la DC y de algunos socialistas, en el sentido
de que el tránsito a la democracia no significaba volver al socialismo ni eliminar el modelo
neoliberal”(2006: 203). Por primera vez tras muchos años viejos enemigos se encontraban
para aliarse de nuevo como lo hicieron allá por el año 1695, la izquierda volvía a confiar en la
Democracia Cristiana y viceversa para afrontar el reto de volver a la normalidad democrática.
El espacio común entre los dos propició una de las características de la política de Chile, la
propensión coalicional en un sistema tan fragmentado. De nuevo la doble vía de actuación
significó un problema para esta coalición de partidos, donde la movilización social había
hecho que el régimen moviera pieza ante la situación y por otro lado la vía legal que era la
impuesta por la Junta Militar a través de la aplicación de la Constitución de 1980, donde la
manutención de una actitud pacifista enfrentó a Alianza Democrática.
Por otro lado, la derecha se aglutinó en otro grupo de partidos. Para Velásquez “Desde
el año 1983 […] sectores civiles de fuera y dentro del régimen de facto empezaron a discutir
la posibilidad de fundar un partido que aglutinara las distintas fuerzas de derecha”(2006:204).
Cómo la izquierda, la derecha también buscó una manera de formar un bloque contrario al
27
construido por socialistas y comunistas, con la coalición de la DC. RN, estaba formada por el
Frente Nacional de Trabajo (FNT), el Unión Nacional (UN) y la Unión Democrática
Independiente (UDI). Entre estos tres partidos había diferencias pero sobre todo coincidían en
las tesis antimarxistas, en el carácter corporativo de las instituciones y que el marco regulador
de la transición debería ser la Constitución Política de 1980. La UDI abandonará la coalición
por divergencias en la elección de los cargos del partido en 1987, justo antes del referéndum.
RN planteó la transición en unos términos basados en la Constitución de 1980, donde
el acuerdo por el sistema de partidos tendría que alejar al PCe incluir a los partidos de
izquierda “reformados”, la recuperación de los derechos políticos para concluir en una
democracia de formato occidental. En 1985, llegaron a plantear la legalización de partidos
políticos y convocar un plebiscito que diera lugar a unas cortes constituyentes reformistas y
de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1980 (Velásquez, 2006).
La fragmentación política sobre todo dentro de la izquierda y del centro político que
formaban la D, hizo que esta fracasara en las negociaciones con el gobierno. La no unidad en
la acción de la Alianza provocó grandes tensiones dentro de la misma, que acabaría en otro
acuerdo en 1985 que aglutinará a todos los partidos del país. El “Acuerdo Nacional para la
Transición a la Plena Democracia” también incluía a todos los partidos de la derecha que no
estuvieran relacionados con la dictadura, en concreto el PN y el MUN.
El “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia” sería la rampa de
lanzamiento para abrir la senda de la democratización del país. El proyecto fue unitario donde
se decidió la adopción de unas mínimas reformas constitucionales que dieron fruto a la
promulgación en 1987 de dos leyes: La ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos y la
Ley Orgánica Constitucional sobre el sistema de inscripciones electorales y Servicio
Electoral. Estas dos leyes suponen los primeros pasos del cumplimiento de la Constitución de
1980. Alcántara determina que “Este pacto entrañaba un consenso entre las distintas fuerzas
para la proposición de un mínimo indispensable de reformas constitucionales, cambiando el
procedimiento de enmienda de la Constitución y modificando el sistema de sucesión
presidencial”(2013:160).
La voluntad por parte de la derecha a negociar y la actitud reformista-rupturista de la
Alianza Democrática, supusieron otro ejemplo más de la propensión coalicional de Chile y su
cultura política. Ya de por si los dos bloques estaban formados por varios partidos pero el
encuentro de los dos en este acuerdo, nos da una muestra de la capacidad de consenso en
28
Chile y más aún cuando el poder de veto de la Junta Militar era un poder facto e
imposibilitaba una reforma profunda del sistema de la Constitución de 1980. El momento de
la negociación Gobierno-Alianza Democrática no dio muchos frutos, pero en el momento en
el que se forma el “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, además
había ya un gran número de organizaciones y ciudadanos que estaban en frente del Gobierno
y Pinochet. Ante esta coyuntura y con la intención de abrir mecanismos previstos como el de
la relegación en el poder del General Pinochet, este convoca un plebiscito y se enfrenta al
“Acuerdo Nacional para la Transición para la Plena Democracia”, que hará campaña por el no
e intentara cambiar las sinergias preestablecidas en la Constitución de 1980. El plebiscito será
un punto a parte en la historia de la transición en Chile.
2.2. El referéndum de1988 y las elecciones de 1989
La situación de cierto aperturismo del régimen se constató cuando el propio Pinochet y
la Junta Militar convocaron en Febrero de 1988, un plebiscito previsto en la Constitución para
la sucesión de Pinochet, donde la ciudadanía debía decidir si mantenía al General Pinochet
para una nuevo mandato durante ocho años más. En este momento la Junta Militar tenía el
control del poder ejecutivo y legislativo del país, maniatado el país se enfrentaba a una
oportunidad para poder mover a la pieza principal de bloqueo ante la democratización.Una
oportunidad que fue vista como tal por los dieciséis partidos que crearon el “Comando del
No”.
El “Comando del No”, aglutinaba a todos los partidos que previamente habían
formado parte del“Acuerdo Nacional para la Transición para la Plena Democracia”. Se
enfrentaron a graves problemas para hacer campaña por el No, con casi todos los medios de
comunicación manejados por el estado y con un miedo a un sistema todavía dirigido por la
Junta Militar además de una gran desconfianza en el recuento de votos y la alta probabilidad
de pucherazo.
Así el 5 de Octubre de 1988, la candidatura del General Pinochet es rechazada por el
54.68 de los votos. De esta manera se evitó la continuidad del régimen militar abriendo las
puertas para la democratización del país. Durante los primeros meses de 1989 los dos grandes
partidos, CN y RN llegaron a un acuerdo de reforma constitucional que fue aprobado por la
Junta de Gobierno que dio validez a las disposiciones transitorias de la Constitución Política
de 1980. Así el 30 de Julio de 1989 se constata en forma de plebiscito, ratificando el proyecto
con un 85% de los votos a favor.
29
La apertura estaba hecha pero quedaban muchas cosas por hacer. El acuerdo al que
llegan la RN y la CN se centraba en 54 puntos a ser sometidos a reforma, entre los que
destaca: la modificación del artículo 8 que prohibía los partidos totalitarios y fundados en la
lucha de clases, el aumento de senadores elegidos democráticamente, cambiar a dos tercios de
senadores y diputados la reforma de ciertos artículos de la Constitución y por último la
instauración de una legislatura presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección en la
siguiente legislatura (Alcántara, 2013). Esta legislatura empezaría el 11 de marzo de 1990,
después que se celebraran por primera vez, unas elecciones plurales y competitivas en Chile,
tras la caída del gobierno de la UP. La importancia del acuerdo es vital para el futuro
democrático de Chile ya que gracias a este acuerdo se pudieron modificar una parte del texto
heredado de la dictadura, de esta manera el pluralismo político se sentaba como la base para la
convocatoria de unas elecciones libre en Chile. También por primera vez en décadas la
derecha negociaba con la izquierda para acordar un paln político para salir de la situación de
bloqueo que había instaurada durante el mandato de la Junta Militar. Aunque la derecha
estuviera en una situación de connivencia con la JM, el ejercicio de cesión para poder ir a
unas elecciones libres en una variable a tener en cuenta de las condiciones en las que se
encontraba Chile y como esta pudo pasar de sistema autoritario a un sistema democrático.
Las elecciones fueron convocadas para el 14 de Diciembre de 1989, en la carrera
presidencial se enfrentaron Patricio Aylwin por la Concertación para la Democracia, Hernán
Buchi por Democracia y Progreso y a Francisco Errázuriz por un conglomerado de grupo de
centro-derecha. La Concertación por la Democraciaganó las elecciones con el 53,8% de los
votos, no necesitando segunda vuelta. Así y como estaba previsto el 11 de Marzo de 1990,
Patricio Aylwin sustituye al General Augusto Pinochet, quedando este como senador vitalicio
de acuerdo con la Constitución de 1980.
Tabla 1: Elecciones presidenciales de 1989.
Partido
Candidaturas
Concertación por la Patricio Aylwin
Nº de votos
%
3.850.023
53.8
democracia
30
Democracia
y Hernán Buchi
2.051.975
28.7
1.076.894
15.0
Votos nulos
103.611
1.4
Votos en blanco
75222
1.4
Total de votos
7.157.725
100
progreso
Grupos
Independientes
Francisco Errázuriz
de
centro-derecha
Fuente: Alcántara (2013:153).
En esta tabla podemos comprobar como la sociedad chilena todavía estaba dividida en tres
grupos, “la tesis de los tres tercios” vuelve a presentarse como un problema dentro del sistema
político, por ello a partir de ahora ningún partido gobernará sólo, siendo siempre necesario las
coaliciones electorales quedando la propensión coalicional como un modo de hacer política y
de afrontar los desafíos que tenía Chile ante la nueva coyuntura de aperturismo y de
reformismo, para llegar a grandes acuerdos para reformar el sistema heredado. El resultado de
la Concertación por la Democracia representa este hecho tan importante en la política de
Chile. Solo en 2010, Renovación Nacional vencerá a la Concertación por la Democracia, pero
seguirá en mismo patrón, una coalición de partidos para obtener mayor gobernabilidad y
estabilidad política. Aun así las condiciones impuestas dejarán poco espacio de actuación a
los distintos gobiernos de la Concertación, en cuanto se refiere a la reforma del sistema. Para
Velásquez “Los militares impusieron las condiciones que consideraron esenciales para la
transición a la democracia y […] permanecieron vigilantes de que no las modificaran los
nuevos gobiernos de la Concertación” (2006).
3. El proceso de consolidación democrática I. Del gobierno de
Patricio Aylwin al gobierno de Ricardo Lagos, la reforma
constitucional de 2005
31
Los años noventa son los años de consolidación del modelo establecido en el Acuerdo
del 89. El paso de una dictadura militar y la transición democrática fueron en este momento y
lo son todavía hoy en día temas de discusión política y académica. Por ello vamos a ver los
principales pasos que se dieron en los noventa hasta llegar a gran reforma constitucional 2005
que significó, un cambio sustancial al modelo heredado de la Constitución de 1980.
Abordaremos también los principales temas de debate que suscitan una crítica a la transición
chilena.
3.1. El proceso de consolidación democrática
El sucesor en el gobierno de Augusto Pinochet, Patricio Aylwin, se enfrenta a grandes
retos que encaraba Chile tras su transición.Según Del campo “El entramado constitucional de
1980 condicionó de forma importante el juego político en la década de los noventa, limitando
las posibilidades de reforma y de cambio, pero acentuando la moderación”(2007:244).
Laherencia dejada de forma casi obligada ceñía mucho el campo de actuaciones de los
gobiernos salientes en los noventa, hasta la reforma de 2005.
Las primeras elecciones las gana la oposición, representada en la Concertación por la
Democracia mayormente conocida como la Concertación. La política de bloques marca la
historia electoral de Chile, uno de centro-izquierda representado en la Concertación por la
Democracia y otro de centro derecha, representado por otro conglomerado de partidos,
Democracia y Progreso. El turno en el gobierno de ambos será la marca del comportamiento
electoral en chile y de la formación de gobiernos. De esta manera se suceden en el Gobierno
siendo el primero en gobernar la Concertación por la Democracia al ganar las primeras
elecciones presidenciales con Patricio Aylwin como candidato. La Concertación por la
Democracia estaba formada por: el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical (PR), el
Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia, el Partido de Alianza de Centro y el
Partido Social Demócrata. Democracia Y Progreso estaba integrada por: Renovación
Nacional y la Unión Demócrata Independiente (Alcántara, 2013).
Carmona nos introduce en la cuestión con el Discurso de Proclamación del Presidente
Aylwin:
“Yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se
me respete mi opinión, respeto a otros que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el General
Pinochet reconozca que su constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como
legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí al respecto, es que esta constitución- me guste o no- está
32
rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo puede superar este
impasse sin que nadie sufra humillación? Solo hay una manera: eludir deliberadamente el tema de la
legitimidad” (2014:57).
Con estas palabras Patricio Aylwin se imponía el mandato imperativo que conllevaba
haber vencido en los comicios y ante las grandes expectativas creadas, las rebajaba
ateniéndose a la legalidad y legitimidad que tenía como corsé para actuar, teniendo en cuenta
las distintos problemas y bloqueos que iba a tener para seguir profundizando las reformas,
perosiempre bajo el marco legal implantado y vigente en su momento. Símbolo de un aptitud
reformista fue la primera medida de Patricio Aylwin fue crear una Comisión Nacional sobre
Verdad y Conciliación que trabajó nueve meses para publicar el 4 de Marzo de 1991 el
“InformeRettig”, el nombre se lo da RaúlRettig, que fue quien presidió la comisión. Más
adelante abordaré con más atención este informe. De esta manera la apertura se vislumbraba
al final pero los primeros pasos fueron difíciles. El ejemplo de ello fue la inclusión de dos
militares en el gobierno además de mantener a los senadores vitalicios como herencia del
régimen militar, que significaron en primera instancia un bloqueo para las reformas
constitucionales y la aprobación de leyes.
El final del mandato de Aylwin acaba con las elecciones presidenciales de 1993 donde
el candidato oficialista de la Concertación por la Democracia, vuelve a ganar las elecciones
con un 58% de los votos, con Eduardo Frei (hijo del antiguo líder de la DC), en la segunda
vuelta al nuevo bloque que representaba a la derecha que había sustituido a Democracia y
Progreso, esta vez su líder era Arturo Alessandri.
Tabla 2: Elecciones presidenciales, 1993.
Partido
Candidaturas
Nº de votos
%
Concertación por la democracia
Eduardo Frei
4.044.112
58.0
Unión por el Progreso de Chile
Arturo Alessandri
1.703.070
24.4
Independiente
José Piñera
431.176
6.2
Independiente
Manfred Max Neef
387.371
5.5
33
Mov. De izda. Democ. Allendista
Eugeni Pizarro
327.404
4.7
Alianza Humanista Verde
Cristian Reitze
81.814
1.2
Total de votos válidos
6.974.947
100
Votos en blanco
136.950
1.8
Votos nulos
271.389
3.7
Total votos
7.383.286
100
Fuente: Alcántara (2013:154).
Con estas segundas elecciones se puede comprobar como de nuevo la Concertación
vuelve a ganar con mayoría absoluta las elecciones continuando con su andadura victoriosa
que permitió dar estabilidad a la política para mantener el proyecto reformista de la
Concertación y el cual exigían muchas voces no solo dentro de la Concertación, sino en la
sociedad civil chilena.
Así de esta manera la concertación continuaría con la consolidación de la
normalización de la democracia y la revisión de los actos contra los derechos humanoscon la
condena a los generales Contreras y Espinoza en Mayo de 1995. También por otro lado
durante esta legislatura se inicia la firma de un Tratado de Libre Comercio con Japón y China
mientras la política de privatizaciones bajó el ritmo.Dentro de esta legislatura la detención de
Pinochet marcó mucho la política nacional pero este volvió a reincorporarse como miembro
vitalicio del Senado (Alcántara, 2013). Todo ello y bajo una crisis provocada por una sequía y
el “contagio asiático”. Los lazos comerciales tan estrechos de Chile con Asía, hicieron que
llegara a experimentar en su economía una de las primeras crisis financieras del mundo
globalizado. El origen de esta crisis estuvo en la devaluación de la moneda de Tailandia el 2
de Julio de 1997 que tuvo un efecto dominó sobre otros países del sudeste asiático, China y
Japón. Todo fue causado por una burbuja inmobiliaria que desató esta crisis financiera y que
afectó de forma directa a Chile.
Todos estos acontecimientos polarizaron la política del país hasta la llegada al poder
de Ricardo Lagos que ganó las elecciones como candidato de la Concertación Democrática en
la segunda vuelta con un 51,31% de los votos.La legislatura de Lagos primero demostraba el
dominio electoral de la Concertación que había ganado todas las elecciones presidenciales y
34
además con amplias mayorías en el Parlamento y segundo que el caso Pinochet ponía en la
primera escena de la esfera pública y por consiguiente de la agenda política del país, medidas
correctoras de lo sucedido durante la dictadura militar. Por ello el 23 de Noviembre de 2003
se publica el Informe sobre Prisión Política y Tortura, más conocido como el “Informe
Valech”. Además Ricardo Lagos asume la responsabilidad de hace unas reformas
constitucionales que acaban de forma parcial con los vestigios de la dictadura heredados de la
Constitución de 1980.Toda la legislatura estuvo marcado por un aumento del gasto público a
distinción de sus antecesores en el cargo, que lo redujeron gradualmente. Esta inversión
estatal fue destinada a la construcción de carreteras e infraestructuras que modernizaran las
condiciones de fomento de la economía del país (Alcántara, 2013).
La lucha de poder dentro de la Concertación marca la vida política del país antes de las
elecciones Presidenciales de 2006. Sebastián Piñera y Michelle Bachelet pugnan por la
candidatura de la Concertación, al final Piñera acabará perdiendo las elecciones en la segunda
vuelta siendo candidato del otro bloque de partidos en Chile, Renovación Nacional. La
victoria de la Concertación liderada por Bachelet gana las elecciones con el 53,5% de los
votos. Así Michelle Bachelet se convertía en la primera mujer de la historia de América
Latina de ostentar el cargo de Presidente de la República. Además se provoca un empate
técnico entre los dos grandes bloques que acabará con la hegemonía de la Concertación por la
Democracia en las elecciones de 2010 donde Sebastián Piñera accederá a la Presidencia de la
República por la Renovación Nacional, en la segunda vuelta ganando con el 51,61% de los
votos (Alcántara, 2013). Esto también se puede leer como un símbolo de cambio de las
sinergias generadas con las reformas constitucionales, además de demostrar el hartazgo del
electorado de un gobierno con más de veinte años en el poder.
Durante todos estos primeros gobiernos democráticos en Chile el avance económico
fue considerable pero el peso de la vieja guardia no dejaba avanzar en términos democráticos
al país, la manutención de elementos institucionales del régimen militar pesaban, para la
verdadera apertura democrática que exigía el país.
3.2. El camino constitucional desde 1989 hasta la reforma de 2005
La Constitución de 1980, tuvo una reforma que fue la que permitió a Patricio Aylwin
suceder a Pinochet en la Presidencia de la República. El proceso indicado empezó con la
35
activación de una disposición transitoria, que modificó la Constitución al aplicar la Ley Nº
18.825, que activaba el mecanismo plebiscitario previsto en la Constitución de 1980. Este se
considera el primer periodo de reforma constitucional de la carta Magna elaborada por la
Junta Militar (Carmona, 2014).
Tras la victoria del “Comando del No”, representado en la Concertación por la
Democracia, en el plebiscito el Acuerdo de 1989, se abrió el segundo periodo de reforma
constitucional que durará hasta el año 2000, donde se reformarán trece leyes.
El tercer periodo se inició en el año 2000 y duró hasta el 2005. Donde se llevó a cabo
una de las mayores reformas constitucionales del ordenamiento jurídico heredado del régimen
militar, tras la realizada en 1989 con el acuerdo de reforma de 54 puntos antes de afrontar las
elecciones de 1990.
La historia constitucional de Chile ha tenido una tónica reformista y la Constitución de
1980 es el paradigma. Esta Constitución ha sido reformada en 33 ocasiones. Todos los
gobiernos de la historia democrática actual de Chile han asumido reformas constitucionales,
desde Patricio Aylwin pasando por Ricardo Lagos hasta llegar a Michelle Bachelet. Las
reformas asumidas en todo este periodo han sido poco profundas en cuanto se refiere a
modificaciones sustantivas del orden constitucional. Estas reformas cambiaron ciertos plazos
electorales a nivel nacional y municipal. También estas reformas han vuelto sobre la misma
materia como es el caso de la financiación y gratuidad de los primeros niveles escolares del
sistema educativo (Carmona, 2014).
La aplicación de la Ley 18.825 hizo que no se aplicaran mecanismos previstos en la
Constitución de 1980, por ello nunca se aplicó el mecanismo original de reforma
constitucional incluido en el texto original de 1980, además de no aplicarse la prerrogativa
presidencial de disolución de cortes por una vez dentro de una legislatura. También hay que
comentar aquellos preceptos legales que no han sido aplicados y que están a la espera de
serlo. Por ejemplo la Ley 19.526 que permite a los municipios crear y suprimir empleos,
también la ley 20.050 sobre el control ético de los colegios de profesionales y la ley 20.390
donde el presidente del Consejo regional es elegido por mayoría absoluta entre los consejeros
regionales, sin embargo el cargo lo asume todavía el Intendente, símbolo de la herencia
militar y de su sistema centralista (Carmona, 2014). Estas tres leyes son ejemplos de que hay
una reserva de ley por aplicar pero todavía no se ha aplicado.
36
También es importante hablar de las características de las leyes de reforma
constitucional. La iniciativa de reforma es del Congreso Nacional y el origen puede ser
mediante mensaje del Presidente de la República o mediante moción, sin perjuicio del
ejecutivo y no hay materias en reserva de ley, solo hay un control preventivo facultativo del
Tribunal Constitucional.Las reformas pueden abarcar desde un artículo en concreto hasta el
texto completo, además de que pueden generar un plebiscito cuando haya discrepancia entre
las cámaras y el Presidente de la República, en el proyecto de reforma constitucional.
Tabla 3: Quorum parlamentario.
Capítulo
I. Bases de Institucionalidad (artículo 1 a 9)
II. Nacionalidad y Ciudadanía (artículo 10 al 18)
III. De los derechos y deberes constitucionales (artículo 19 al 23)
IV. Gobierno (artículo 24 al 45)
V. Congreso Nacional (artículo 46 al 75)
VI. Poder Judicial (artículo 76 al 82)
VII. Ministerio Público (artículo 83 al 91)
VIII. Tribunal Constitucional (artículo 92 al 94)
IX. Justicia electoral (artículo 95 al 97)
X. Contraloría General de la República (artículo 98 al 100)
XI. Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública (artículo 101 al 105)
XII. Consejo de Seguridad Nacional (artículo 106 al 107)
XIII. Banco Central (artículo 108 al 109)
XIV. Gobierno y Administración interior del Estado (artículo 110 al 126)
XV. Reforma Constitucional (artículo 127 al 129)
Quórum
Cámara
Senado
2/3
3/5
2/3
3/5
3/5
3/5
3/5
2/3
3/5
3/5
2/3
2/3
3/5
3/5
2/3
80
72
80
72
72
72
72
80
72
72
80
80
72
72
80
25
23
25
23
23
23
23
25
23
23
25
25
23
23
25
Fuente: Carmona (2014: 66)
Como vemos las reformas constitucionales se tramitan como una ley donde ésta puede
incluir urgencias, comisiones mixtas y vetos. Para aprobarla hay un rígido procedimiento de
aprobación de proyectos legislativos apoyado en un sistema de mayorías reforzadas. En la
siguiente tabla veremos las distintas mayorías que se requieren para la aprobación
parlamentaria de las leyes y sus materias constitucionales.
Como señalaba las reformas necesitan de una amplia mayoría, de esta manera se
protege parte del sistema heredado, pero la actitud reformista de los distintos gobiernos de
Chile, ha ido dando pasos para que el sistema heredado se fuera reformando sin prisa, pero sin
pausa.
Las reformas han sido una característica fundamental de los gobiernos de Chile desde
Patricio Aylwin hasta Fernando Piñera, pero todo ello se permitió gracias a la reforma de la
37
ley 18.825 donde no se aplicaron muchos de los preceptos constitucionales del sistema del 80.
La reforma de la ley 18.825 modificó la legislatura presidencial a cuatro años y no a ocho
como estaba previsto, consagra la soberanía popular, recortó las sanciones de tribunal
constitucional con respecto al derecho de sufragio y su ejercicio, modificó las relaciones entre
las cámaras, equilibrando el poder del senado, se suprime el pluralismo restrictivo y se
modificó el rol del Consejo Nacional de Seguridad con respecto a su relación con la defensa
nacional, donde se tiene en cuenta su opinión más que representarla.
La llegada de Patricio Aylwin al poder tras el referéndum del 88 y la victoria en las
elecciones de 1990, permitieron a presidente abordar con urgencia la renovación política de
las instituciones heredadas. Así un mes después de alcanzar la presidencia, Aylwin, mediante
mensaje activa al ley 19.055, con la que se modificaba la Constitución Política de la
República. Con ella se reformaron la ley de administración regional y comunal, además de
modificar una disposición transitoria de la Constitución y su artículo 25, referente a la
elección presidencial, para cambiar de ocho a cuatro los años de legislatura presidencial. Lo
más importante de la legislatura de Aylwin fue la presentación del Informe Rettig, donde se
intentaban esclarecer los delitos contra los derechos humanos acontecidos durante la dictadura
militar dirigida por Pinochet.
La legislatura de Eduardo Frei, está marcada por unas livianas reformas sobre la
creación de un ministerio público, una reforma de poder judicial, la igualdad entre hombres y
mujeres y la modificación de algunos artículos referentes a las elecciones y los plazos de las
mismas. También se modifica otra vez la legislatura presidencial a seis años.Lo más
importante de esta legislatura, fue el caso Pinochet que provocó la reforma de poder judicial y
marcó mucho la política de esta legislatura además de generar un escenario donde la crítica
fue mayor ante la permanencia de vestigios del régimen militar. Ello se afrontaría de forma
directa a la siguiente legislatura (Carmona, 2014).
La Legislatura de Ricardo Lagos comienza el 11 de Marzo de 2000 y es hasta hoy una
de las legislaturas más reformistas y la de más calado dentro de la evolución jurídica del
sistema de la Constitución de 1980. La aprobación de la ley 20.050, incluía modificaciones a
la Constitución Política de la República de 1980. Cumplido (2006:106) “La reforma
constitucional del presidente Ricardo Lagos ha logrado remover definitivamente los enclaves
[…] Asimismo, ha perfeccionado materias importantes para el régimen político chileno”.Las
cámaras someten a una mayor fiscalización de actos del Presidente de la República, con un
38
control sobre la firma de tratados internacionales, además de regular las condiciones de
elección presidencial y la vacante de la misma en caso de muerte (Carmona, 2014).
En lo referente al poder de seguridad se suprime claramente al cambiar las
competencias del Consejo de Seguridad Nacional, dejándolo como consejo asesor además de
integrar al Presidente de la Cámara de los Diputados. Pero sobre todo lo más importante de
esta reforma fue la supresión de los senadores vitalicios, además se equilibra aún más las
relaciones entre las cámaras, donde como dijimos antes tiene más control sobre el Presidente
de la República y se aumenta la capacidad de la Cámara de los Diputados para constituir
comisiones de investigación.
Con esta reforma se modifica también el Tribunal Constitucional, donde se aumentó el
número de miembros de 7 a 10 e incluye la elección democrática de los mismos entre las
cámaras, el presidente y la corte Suprema. Además se coloca como protector de la
constitución en cuestiones de discernimiento. También se modificó La Contraloría General de
la República, estableciendo una duración de 8 años en el cargo tras ser elegidos por la 3/5 del
Senado a propuesta del Presidente de la República.Las Fuerzas Armadas también fueron
objeto de reforma, ya que se rebajó el rol del Consejo de Seguridad Nacional en su actividad
en la vida política al terminar con su rol de garante del orden institucional, además de dejar de
elegir miembros del Tribunal Constitucional, despojarlo de la toma de decisiones en cuanto se
refiere al Estado de Guerra o subordinar la jurisdicción militar a la civil.En términos
administrativos se propugna la regionalización del país y el fortalecimiento de unas relaciones
con las instituciones sub-estatales, comunas y municipios que fueron solo modificadas
durante el gobierno de Aylwin al dotarlas de más competencias.Sin lugar a dudas la más
profunda de las reformas que se han realizado hasta el día de hoy en el sistema constitucional
chileno (Carmona, 2014).
La reforma de Ricardo Lagos se hace casi al final de su legislatura ya que la Ley
20.050 fue promulgada el 26 de Agosto de 2005, según Cumplido “Podemos afirmar que[…]
la reforma constitucional aprobada en el gobierno del presidente Ricardo Lagos avanza
definitivamente en la consolidación de un régimen político auténticamente democrático, que
siempre podrá ser perfectible”(2006:113).
En ese contexto llega al poder Michelle Bachelet, la primera mujer en la historia de
América Latina que llega ser Presidenta de su país. Las reformas de Bachelet se centraron
principalmente en la creación de un censo público para todas las elecciones del país y se
39
consagra la inscripción automática y del voto voluntario. También han sido. También muchas
de las reformas de centraron en la educación, donde se instauró la enseñanza obligatoria hasta
educación secundaria, con la financiación de la misma para poder ofrecer un sistema gratuito.
También se profundizó en la organización territorial del estado con la creación de los
territorios de la Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández.
La siguiente legislatura encabezada por Sebastián Piñera significó el fin del dominio
electoral de la Concertación por la Democracia dando la primera victoria al bloque de derecha
llamado Renovación nacional, pero también significó la continuidad de una laxa política
reformista de asuntos y había asuntos que quedaban en el tintero que la reforma de 2005 no
reformó.
Piñera fundamentalmente profundizó en las materias que había reformado Bachelet,
con reformas educativas para ampliar la cobertura educativa a mayor nivel. También se
consagra la constitución de los territorios de Isla de Pascua y del Archipiélago Juan
Fernández. Además se hizo una reforma procesal y de nuevo se modificó el plazo de las
elecciones presidenciales.
A modo de resumen hay que decir que la mayoría de las reformas realizadas en Chile
desde el Referéndum del 88, se han hecho mediante mensajes presidenciales y la tramitación
siempre empezó en el Senado. Con diferencia las leyes que más han reformado el sistema
constitucional chileno han sido la ley 18.895 que incluyó más de cincuenta reformas y la ley
20.050 que incluyó más de sesenta reformas.Para Carmona “La Constitución en su texto
original parecía inmodificable, por lo complejo de su procedimiento de reforma”(2014:80).
Pero todavía chile se enfrenta a grandes retos la nueva legislatura de Bachelet, ha
traído nuevos aires de profundización democrática a la vez de desarrollo económico y
ampliación del Estado del Bienestar, retos que se agregan a la voluntad y necesidad de
terminar o por lo menos de seguir en el camino de la reforma de la constitución de 1980.
3.3. La reforma constitucional de 2005: El último paso en la profundización
democrática
Después de este recorrido por los principales cambios que se fueron realizando desde
el Gobierno de Patricio Aylwin hasta el Gobierno de Sebastián Piñera, vamos a detenernos en
40
la reforma de la Constitución de 2005. Junto con la aprobación de la Ley 18.895, la
aprobación de la Ley 20.050 en 2005, supone el momento de más profunda reforma
constitucional hasta la actualidad en Chile. Díaz de Valdés (2009:35) “La reforma de mayor
trascendencia jurídica de los diecisiete cambios hechos a la Carta Fundamental de 1980”.
Como en el año 1989, la reforma de 2005 despertó no solo vítores sino también críticas por lo
que todavía se estaba dejando de hacer. Pero lo que es innegable es que esta reforma cambio
sustancialmente el orden constitucional y el equilibrio de poder en Chile, aunque dejará
pendiente algunos elementos que todavía en la actualidad permanecen.
La reforma de 2005, en origen intentaba zanjar varias cuestiones que quedaron sin
solucionar en las anteriores modificaciones. La supresión de los senadores vitalicios, la
reforma del Tribunal Constitucional y la eliminación del Poder de Seguridad, son los puntos
más importantes. Gracias a ello algunos los singularizaron como el abandono de la
concepción de una “democracia protegida” temerosa de ampliar las reformas políticas para la
manutención del sistema implantado con la Constitución Política de 1980 (Díaz de Valdés,
2009). También es importante determinar que con esta reforma también se abría de nuevo el
debate sobre el fin de la transición. Para muchos la reforma de 2005, supuso un gran paso
para poder determinar la finalización de una transición que ya para otros había acabado. Aun
así otras voces más críticas la daban todavía por abierta y con ello la ampliación de más
reformas que siguieran profundizando en la apertura democrática. Vamos a abordar estas
cuestiones analizando los distintos impactos de esta reforma para ver el calado de la misma y
lo que supuso dentro del camino transitorio de Chile.
La eliminación de los senadores vitalicios es uno de los puntos más importantes de
esta reforma. La reforma de 1989 amplió a 38 los senadores elegidos, de los cuales sólo 26
eran elegidos en votación popular. Esta reforma suprimió al suprimir los senadores vitalicios,
dejó el Senado abierto a que fuera elegido por completo por votación popular Cumplido
(2006). Este punto mejoró la representatividad de una de las instituciones que estaban
ancladas en los principios que fueron inamovibles en un primer momento y nunca se pudo
reformar incluso en el Acuerdo de 1989 que supuso la ejecución de la ley 19.895.
Por otro lado dentro de las reformas es importante indicar que la reforma
constitucional del Presidente Lagos prácticamente ha suprimido el poder de seguridad.
Cuando en 1977 se creó el Consejo Nacional de Seguridad, este quedó como parte del sistema
de 1980, como garante del orden constitucional y así lo establecía en su art. 90. Ya en la
41
reforma de 1989 se atenuó el poder de este consejo al equilibrarlo nominalmente, siendo sus
miembros civiles y militares a partes iguales. Pero la reforma de 2005 casi que le despoja de
todo poder quedando solo como asesor del Presidente de la República, incluyendo al
Presidente de la Cámara de Diputados. La convocatoria pertenece al Presidente de la
República además de jubilar a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, competencias
que eran exclusivas previamente del Consejo Nacional de Seguridad. También se despojó al
CNS, de la resolución de Consejos de Guerra, competencia que pasó a ser del Consejo
Supremo (Cumplido, 2006).
La reforma del Estatuto Constitucional del Tribunal Constitucional fue uno de los
aspectos más importantes de esta reforma. Según Díaz de Valdés (2009), la reforma del TC
fue la característica más importante de la reforma del 2005, ello reconfiguró el balance
institucional y las relaciones del propio tribunal con los tres poderes, para así encontrarnos
ante otro equilibrio de fuerzas a nivel institucional. En un primer momento el análisis se
centró en las bondades y en los aspectos negativos de la reforma, pero el debate poco tiempo
después trató de ver los distintos impactos que tuvo esta reforma para comprobar un estado de
la cuestión y que quedaba por hacer para seguir profundizando en la democracia del país.
Uno de los impactos que tuvo la reforma del Tribunal Constitucional de 2005, afectó
directamente al Presidente. El “superpresidente” implantado por Pinochet en la Constitución
Política de 1980, no tenía tantos controles como tuvo a partir de esta reforma. No se
recortaron las funciones del Presidente pero si se le sometió a un control más exhaustivo del
Congreso Nacional que a partir de aquí podía interpelar a ministros (sesiones de control y
comisiones de investigación), decidir sobre tratados internacionales en su ajuste al
ordenamiento jurídico interno e intervenir en los estados de excepción Constitucional, que
previamente permitían al Presidente tener una legislatura extraordinaria. Para Cumplido “La
reforma
del
Presidente
Lagos
atenúa
el
Gobierno
presidencial
de
Ejecutivo
vigorizado”(2006:111).
Con respecto al Poder Judicial hay que decir que esta reforma el Tribunal
Constitucional acabó con la competencia del recurso de inconstitucionalidad que previamente
era competencia de la Corte Suprema. De esta manera se ha agilizado la justicia para el
funcionamiento más eficaz de la misma separando claramente el juicio constitucional del
ordinario para evitar conflictos entre los tribunales, Diez de Valdés (2009).
42
En lo que se refiere al control del Poder Legislativo, el TC ha quedado en una
situación de privilegio, ya que se le han atribuido potestades en el control de la ley antes y
después. Esto ha reconfigurado el balance institucional siendo este otro control más del
Presidente, como mencionaba anteriormente (Cumplido, 2006). El legislador queda en un
segundo plano en cuanto se refiere a la situación del futuro de sus proyectos de ley, la
preponderancia del Tribunal Constitucional según Cumplido (2006), permite una inevitable
protección de los derechos humanos y más aún cuando estos son exigidos en el concierto
internacional, pero en el caso de Chile no podemos afirmar que solo la ley es capaz de
proteger los derechos humanos por ello, el verdadero interés está en comprobar la nueva
reconfiguración institucional para encontrar los caminos institucionales que puedan conllevar
una protección de los derechos humanos.
A efectos administrativos no se modificó la centralidad sino que dentro de la
administración periférica del Estado, esta misma se coordinara para implementar los
principios solidaridad dentro de la regionalización del país. También se aprobó una ley para
colocar como principio de la administración publica la publicidad de todos los actos
administrativos, quedando en reserva los asuntos de secreto de Estado o que impliquen a la
seguridad nacional (Cumplido, 2006).
Después de ver todos los pequeños pasos que se dieron los años anteriores, podemos
determinar que esta reforma por fin removió por completo el sistema político para equilibrar
el sistema de frenos y contrapesos impuesto por la junta Militar tras la promulgación de la
CP-1980. La fuerza de facto de las Fuerzas Armadas, casi fue eliminada y a nivel político y
legislativo, el peso de la vieja guardia menguaba poco a poco. La reforma además casi que
inauguraba una nueva Constitución pero como determinaba (Carmona, 2014), Chile no tuvo
ni tiene un momento constitucional verdadero,la legitimidad se la han ido dando los años de
reformas aprobadas de forma democrática que se han ido ampliando hasta llegar al duro
núcleo que la derecha alineada a las Fuerzas Armadas y las propias FFAA, para modificar su
situación institucional despojándolos de privilegios que dejaban a esta minoría como una
fuerza de veto que todavía dura ya que otros elementos permanecen como los quorum
parlamentarios o el injusto sistema electoral binominal, que hacen que de una forma u otra
todavía permanezcan elementos de la vieja guardia. Para ello dedicaré el punto final a los
efectos que tienen la permanencia de estos elementos que han sido inmodificables y que
hacen que muchos chilenos den por no acabada la transición y siguen demandando más
reformas que profundicen en la eliminación de los “enclaves autoritarios” que siguen
43
vigentes. Por ello Cumplido determina que “La reforma aprobada en el Gobierno del
Presidente Ricardo Lagos avanza definitivamente en la consolidación de un régimen político
auténticamente democrático, que siempre podrá ser perfectible” (2006:113).
4. El proceso de consolidación democrática II: Las políticas de
reconciliación y “el efecto Garzón”
Ahora abordaré dos de las políticas que considero más importantes para la
recuperación de la memoria histórica: el Informe Retigg, elaborado en la primera legislatura
durante el mandato de Patricio Aylwin, y el Informe Valech, que completó la reforma de 2005
y profundizó más que el primero ya que con él se pudo poner nombre y apellidos a muchos de
los torturadores de la dictadura. Dentro de ellas voy también a analizar el “efecto Garzón”, al
que considero también en última instancia una política de reconciliación y la que abrió de
forma casi definitiva el camino para la justicia de los familiares de tantas víctimas de la
dictadura.
4.1. El Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación: “El
Informe Retigg”.
El 4 de Marzo de 1991, siete días antes de que se cumpliera el primer año de mandato
del Presidente Aylwin, se presentó el “Informe Retigg”. Tras una investigación mandada a
hacer por el propio Presidente, elaborada por la Comisión Nacional de la Verdad y
Reconciliación y dirigida por Raúl Retigg. En concreto el Informe Rettig eran un conjunto de
recomendaciones al Gobierno para que no se volvieran a cometer los atentados contra los
Derecho Humanos, como los que habían acaecido durante la dura dictadura militar e incluso
en los años ochenta ante las masivas protestas durante el primer periodo de la transición.
Según Alcántara “Dicho Informe incluía un listado de 2279 personas muertas, 957
desaparecidas, además de 1068 que fueron ejecutadas, sufrieron tortura o fueron asesinadas
por escuadrones de la muerte” (2013:163). Uno de los aspectos destacados del Informe Retigg
fue que en él no se incluían nombres de los ejecutores sino de los ejecutados, ello llevó a
dividir las opiniones sobre el Informe.
44
Los organismos internacionales de Derechos Humanos aplaudieron la decisión del
Presidente Aylwin y lo consideraron como un punto álgido de debate nacional sobre las
violaciones de Derechos Humanos. Pero con gran recelo ya que el aplauso recibido del
exterior venía lleno de demandas de justica sobre todo porque dentro de este listado no venía
incluido el nombre de ningún torturador así que había que estar alerta ante la sucesión de los
acontecimiento para evaluar este informe (Camacho, 2008). En Chile el poder fáctico de las
Fuerzas Armadas no dejaría que se les juzgara por esos delitos que fueron publicados, ya la
UDI y las propias Fuerzas Armadas influyeron en la elaboración del mismo para tener el
control sobre la interpretación de lo acontecido durante 1973-1990.
El paso adelante con este informe es fundamental para comprender la intención de
juzgar el pasado autoritario de Chile y abría una puerta a ello. Pero también es fundamental
para entender el equilibrio de fuerzas en Chile a principios de los años noventa, ya que el
bloqueo institucional iba a hacer que el proceso de aperturismo y de memoria histórica durara
más de lo previsto o por lo menos más de lo que la ciudadanía demandaba. Para Madariaga
“El Informe Retigg […] reflejo directo de la vacilante estrategia política que ha caracterizado
a la transición en materia de derechos humanos”(2008:4).
Unas semanas antes de la presentación del Informe Retigg, los organismos de
Derechos Humanos convocaron una concentración frente a la Casa de la Moneda, para el
mismo día dela presentación. Casi todos aceptaron los presupuestos del Informe pero las
asociaciones de familiares víctimas de la represión no quedaron muy satisfechas debido a la
impunidad a más alto rango que era lo que se demandaba, no un informe objetivo donde
simplemente se contara lo que pasó sin juzgar a los culpables. Por otro lado la Comisión
Chilena de Derecho Humanos, la Iglesia y muchos colaboradores en la elaboración del
Informe, consideraron por bueno el resultado del mismo, ya que buscaba la reconciliación de
un Chile que era lo que más necesitaba para el retorno de la democracia. Aunque no pareciera
posible todos estuvieron de acuerdo en aceptar ciertos puntos del Informe, ya que además de
la lista de víctimas se valoraba la connivencia del Poder Judicial con la Junta Militar durante
la dictadura (Camacho, 2008).
Sin embargo las FFAA con una actitud silenciosa, tuvieron que romper esa situación
de inacción, porque el informe no los señalaba pero los ponía en tela de juicio ya que las
distintas listas probaban que se había atentado contra los Derechos Humanos durante el
ejercicio de sus Gobiernos.Las primeras medidas que tomaron las Fuerzas Armadas fueron
45
justificar las distintas violaciones con una subordinación al nuevo cuerpo legal de Chile
primero y tras ello determinar que los actos fueron realizados por excesos individuales de
soldados de bajo rango. De esta manera quisieron buscar la impunidad a los Altos Mandos del
Ejército, con ayuda de la no publicación de los ejecutores en las listas (Camacho, 2008). La
cautela y el silencio fueron las características más importantes de la postura que tomó las
Fuerzas Armadas ante la presentación este Informe. Durante la duración de ese silencio
Augusto Pinochet y varios miembros de la cúpula militar analizaron con detenimiento para
dar una respuesta a lo publicado en el informe incluso hicieron públicas sus opiniones sobre el
mismo.
El mismo autor señala que la elaboración y publicación del informe, las FFAA
conectaron los hechos que se publicaban a la situación de degradación social y económica de
Chile en el año 1973. La Doctrina de Seguridad Nacional de nuevo como en otras tantas veces
servía de excusa para justificar las graves violaciones de los Derechos Humanos. Por ello
finalmente las Fuerzas Armadas consiguieron su objetivo quedar a un lado del debate sobre la
memoria histórica de Chile para no tener que dar explicaciones de los hechos de los que se les
acusaba. Además de poner en duda la imparcialidad de la comisión ya que su legitimidad no
era aceptada por las Fuerzas Armadas y no pedir perdón a las víctimas (Cheyre, 2008).
Ante la presentación del informe los partidos políticos lo acogieron de buen agrado y
viendo que con él se abría una vía donde poder profundizar más tarde. Aun así la oposición de
izquierda a la Concertación por la Democracia, donde estaba el Partido Comunista y lo que
quedaba del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, plantearon el debate desde el análisis y
la evaluación de los distintos acontecimientos durante 1973 (Camacho, 2008). El Partido
Comunista no aceptó de buen agrado que no se juzgara a los militares implicados y también el
contenido del informe, pero se tributó el esfuerzo del Presidente Aylwin, aunque este fuera el
Presidente de la Democracia Cristiana y la dirección de la comisión estuviera en sus manos.
En concreto, toda la coalición de la Concertación por la Democracia acató el hecho de la
presentación del informe donde incluso el Partido Socialista lo ensalzó como un ejemplo de
convivencia y reconciliación.
Por el otro lado, Renovación Nacional aceptó de forma positiva el informe pero dentro
de la derecha la Unión Democrática Independiente, tomaron una posición más recelosa, su
connivencia con la Junta Militar los implicaba (Cheyre, 2008). Ello les llevó a mantener una
actitud muy parecida a la que tomaron las Fuerzas Armadas, el silencio y la justificación de la
46
Doctrina de la Seguridad Nacional en la coyuntura del 73, llegando incluso a señalar a los
miembros de la Unidad Popular como creadores de un contexto de Guerra Civil.
Tras dar por cerrado el debate dentro de la Fuerzas Armadas y en los partidos
políticos, el Poder Judicial presentó una declaración pública firmada por 15 de sus 17
miembros, donde se determinaba tendenciosa la actitud tomada por el Presiente Aylwin al
dejarlos en entredicho por su arbitrariedad y discrecionalidad en las decisiones judiciales
durante la dictadura (Camacho, 2008).
Por lo general como vemos varios actores estaban de acuerdo con el hecho de
investigar lo acontecido durante la dictadura, tanto la derecha como la izquierda cada uno con
sus reservas, asociaciones de víctimas de la dictadura. Antiguos enemigos como izquierda y la
Democracia Cristiana, de nuevo vuelven a demostrar el camino de reconciliación que se abría
con este informe. El Poder Judicial y las Fuerzas Armadas defendieron que lo que hicieron
estuvo justificado y por ello no tenían que dar cuenta a nadie. Por ello y aunque muchos de
los actores políticos de Chile aceptaran el informe, esta actitud de los más implicados, además
de que su posición institucional que permitió proteger su impunidad, dejó en la ciudadanía
una sensación de que todo quedaba a medias y que no esclarecía nada. Camacho (2008:95)
“La mayor parte de la sociedad chilena recibió se sentía todavía incapaz de resolver los
problemas del pasado por la obstrucción del antiguo dictador”.
Los días siguientes de la publicación del informe, los distintos medios de
comunicación elaboraron una serie de encuestas donde quedó de forma evidente el desencanto
general por la publicación del informe. Considerando en primer plano que no esclarecía nada
pero que se valoraba positivamente la posición de Aylwin ante los derechos humanos y que
iba a ser beneficioso para el país.
El Informe Rettig, en primera instancia no tuvo unos resultados muy positivos, en
cuanto se refiere al esclarecimiento de lo sucedido durante la dictadura militar entre 19731990, pero sirvió a muchos chilenos para tener una verdad general en la cual se podría
profundizar con el tiempo. La solo publicación de lo acontecido no era suficiente pero esta
comisión y su posterior informe, sirvió de ejemplo para otros países de América Central y
Sudafrica, para sacar a la luz los crímenes contra los derechos humanos acontecidos en su
historia reciente (Camacho, 2008).
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Solo el tiempo daría más soluciones a los chilenos y a aquellos que querían justicia y
no la impunidad que en un primer momento se impuso. Camacho (2008:96) “La CNVR fue la
base para la creación en el año 2003 de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura,
cuyo objetivo fue estimar el número de víctimas que lograron sobrevivir el horror con el fin
de hacerles un reconocimiento oficial”.
4.2. El “efecto Garzón”
El “efecto Garzón” no fue sólo importante para la justicia chilena sino también
para la justicia internacional. Este fue un caso importante en la generación de más
jurisprudencia a nivel de derecho consuetudinario (Garretón y Garretón, 2010). El caso
comenzó con la detención en Londres de Augusto Pinochet el 28 de Octubre de 1998. Para
ello el juez Baltasar Garzón emitió un auto de detención, la cual fue ejecutada por la Policía
Metropolitana de Londres y tras ello emitió otro auto donde se le acusa a Augusto Pinochet
de delitos de lesa humanidad incluidos el de tortura. Como he dicho este caso sentó
precedente en la justicia internacional pero el impacto que este tuvo sobre la política chilena y
su justica es determinante para entender las reformas que se llevaron a cabo tras ello. Por ello
vamos a ver el impacto que tuvo este caso sobre el sistema constitucional y político de Chile.
El origen de la investigación está en la justicia española, muchas organizaciones de
exiliados políticos en España impulsaron el requerimiento que luego el juez Baltasar Garzón
hizo llegar en forma de detención a Augusto Pinochet. El bloqueo político instaurado en Chile
y la impunidad de los ejecutores de la dictadura dejó pocas posibilidades de intentar tratar de
enmendar los casos de tortura y ejecuciones durante 1977-1989 (Brett, 2008). Este caso
provocó que muchos vieran como la política del país se podía reformar aún más de lo que ya
se había hecho pero los bloqueos anteriormente indicados hacían que este caso se viera con el
resultado de la impunidad de Pinochet y de los ejecutores de la dictadura.
El 28 de Octubre de 1998 se detiene a Pinochet en un hospital privado de Londres.
Justo en ese momento la Corte Suprema Británica determina que Pinochet no puede ser
juzgado ya que tiene inmunidad política ante casos criminales ya que es un exjefe de Estado
de un país. Mientras se falla la apelación en la Cámara de los Lores, Pinochet permanece
detenido. Al requerimiento de España se unen el de Bélgica, Suiza y Francia, que exigen que
el exmandatario sea entregado para ser juzgado por delitos de lesa humanidad. El 25 de
48
Noviembre de 1998 la Cámara de los Lores dictamina que el General Pinochet no puede
acogerse a la inmunidad por ser exjefe de Estado. Sin embargo el 17 de Diciembre de ese
mismo año, la Cámara de los Lores decide revisar otra vez el caso para determinar más tarde,
el 24 de marzo de 1999, que solo se le puede juzgar por los crímenes que hayan sido
cometidos a partir del año 1988, debido a que ese año se aprobó la última reforma del sistema
judicial para la enjuiciamiento criminal, además de perder la inmunidad que el otorga ser
exjefe de Estado, (Brett, 2008).
El 15 de Abril de 1999, el Ministro de Interior John Straw, emite un auto para
proceder a la extradición de Pinochet a España para que pudiera ser juzgado. Los
procedimientos formales de extradición comenzaron el 27 de Septiembre de 1999 dirigidos
por el magistrado Ronald Bartle, que a partir de ahí defiende la demanda de España por 35
acusaciones de tortura y crímenes contra la humanidad. Mientras la batalla legal se avecinaba
y ante el estado de salud de Pinochet, el Presidente Eduardo Frei manda los resultados
médicos al magistrado Bartle para pedir que Pinochet volviera a Chile para continuar con el
proceso allí. Ante ello el magistrado Bartle decide continuar con la extradición a España para
aumentar las tensiones legales entre los países implicados. Ante las presiones el ministro
Straw decide continuar con la extradición después de un examen médico que se le realizó al
General Pinochet en Gran Bretaña como respuesta la petición de Eduardo Frei. Al final, esas
presiones ganaron la batalla porque el 2 de Marzo del año 2000, Pinochet fue liberado de su
arresto domiciliario, en casa de Margaret Tatcher para volver ese mismo día a Chile. Pinochet
volvió a Chile sin cargos por delitos de crímenes contra la humanidad pero si condenado por
los delitos de tortura que demandaba España de los 17 años que fue Dictador en Chile, Brett
(2008). Todo ello provocó que los delitos quedaran impunes, pero desde mucho antes de la
detención, los tribunales chilenos admitieron a trámite varias denuncias por tortura o
ejecución a personas por motivos políticos, la primera detención provocó la llegada masiva de
más demandas contra los ejecutores de la dictadura, la justicia abrió los ojos mucho más de
los que los tenía abiertos, para dar cuenta tras este caso de muchas atrocidades que se
cometieron durante los años 1973-1989. Según (Brett, 2008), la impunidad de Pinochet se
debe a la bajada de cargos en la Cámara de los Lores, que permitieron que fuera imposible la
extradición a España para ser juzgado por muchos más de los cargos que al final Pinochet
tuvo a su vuelta a Chile.
En un primer momento la ciudadanía veía perpleja lo que acontecía en Londres, lo que
no había pasado en Chile estaba pasando en otro país además con una demanda de un tercero
49
en discordia. La confusión entre la opinión pública se instauró como tónica ante la situación,
una situación increíble para muchos pero también injusta para otros. La prensa granjeaba más
la confusión ante la llegada de difusas noticias de agencias internacionales. Los partidos
políticos miraban con asombro lo que sucedía en España e Inglaterra, que incluso llegaron a
unirse a una corriente que por razones de estado exigía la vuelta de Pinochet libre de culpa.
Pero nada de eso ocurrió, Pinochet al final volvió impune a casa.
Ante todo el efecto garzón tuvo un gran impacto sobre la política y la justicia chilena.
En un primer momento la puerta que se abrió fue vista por muchos familiares de víctimas de
la dictadura para levantar ese silencio al que habían sido condenados tanto tiempo. La
recepción de denuncias por parte de los tribunales chilenos incluso antes de la detención de
Pinochet, lo demuestran. EL Informe Valech, es una de las grandes consecuencias del efecto
garzón, ya que gracias a esos testimonios que se recogían en las denuncias el Presidente
Lagos y el obispo Sergio Valech, se encargaron de continuar de investigar para publicar el
citado informe y sacar a la luz muchas de las atrocidades que el tiempo iba a olvidar. Más
adelante lo trataré con más profundidad.
Lo que quedó patente es que el efecto garzón tuvo un impacto inmediato, el
florecimiento de viejas disputas que la política de consenso de la Concertación había
conseguido por lo menos difuminar, volverían con más fuerzas y los enfrentamientos entre los
partidarios de la dictadura y sus detractores, dividirían de nuevo un país que todavía no estaba
del todo unido. Pero durante la detención de Pinochet en Londres, la democracia chilena no se
puso en claro riesgo. El pacto constitucional entre partidos en un cierre en falso de la
transición en 1989, además de una nueva actitud dentro del ejército, permitieron, que la
posibilidad remota de un vuelco institucional se disipara aunque es innegable que a tensión
creció bastante durante la estancia de Pinochet en Londres ese año, (Brett, 2008).
Aunque intentara preverlo las Fuerzas Armadas se encontraron de un día para otro con
la responsabilidad de decidir su postura ante una situación tan espinosa para ellos. El arresto
provocó que el
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas José Antonio Cheyre
abandonara conjuntamente con todos los ejércitos, la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual
fue utilizada para legitimar el golpe de Estado de 1973. Ello llevó a las propias Fuerzas
Armadas a servir lealtad constitucional al Presidente electo además de dejar de privilegiar de
forma automática a la derecha política llegando incluso a homenajear al General Prats,
50
antecesor del Pinochet en el cargo, aunque la institución todavía no haya rendido cuentas
sobre la muerte del mismo, (Cheyre, 2008).
El cambio generacional en la justicia chilena y la reforma de la Corte Suprema en
1997, fueron movimientos que sirvieron para que el efecto garzón llegara a un ordenamiento
jurídico más flexible con los asuntos de derechos humanos y menos corporativista, alineado a
las Fuerzas Armadas, manteniendo la Ley de Amnistía de 1978 (Garretón y Garretón, 2010).
Por ello, la vuelta de Pinochet es clave para que muchos jueces recogieran el mensaje de
Eduardo Frei de juzgar a Pinochet en Chile (Brett, 2008). Este encargo del Presidente Frei, era
una oportunidad de limpiar la imagen de la justicia chilena de cara al interior y al exterior
además de comprometerse con los derechos humanos, no por cuestión de aplicación del
derecho internacional, sino por un compromiso histórico que tenía el país con las
vulneraciones de los mismos durante la dictadura.
Los cambios a nivel judicial, no tienen su origen en la detención de Pinochet en
Londres sino que a desde la misma se empezaron a generar unas doctrinas que intentaran
cambiar el formato de algunos principios legales para poder evitar la amnistía. Sirva de
ejemplo la doctrina que redefinió al arresto durante el estado de guerra que se implementó en
Chile durante los primeros compases de la dictadura. Para ello la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema, desarrolló una doctrina donde el arresto pudiera ser considerado un secuestro y con
lo tanto no prescriptible, sobre todo si no cumple los requisitos fundamentales de la
Convención de Ginebra. Gracias a ello el Caso Sandoval acabó con la detención de Manuel
Contreras como secuestrador y ejecutor de un fusilamiento, (Brett, 2008). En único problema
que queda pendiente es la prescripción de los delitos al cual lo jueces andan rápidos para que
ello no suceda.
En general todavía los derechos humanos siguen siendo una cuenta pendiente en Chile
y los avances en el Poder Judicial son importantes, el cambio de actitud y de orientación
dentro de la judicatura han hecho que las respuestas a los acontecido durante la dictadura sean
todavía pocas y mal respondidas. Pero lo que provocó el efecto garzón fue una innumerable
aparición de testimonios que ponían en entredicho la legitimidad del golpe de Estado y las
sucesión de violaciones de derechos humanos, cada vez están menos amparadas por la justicia
chilena, que todavía se acoge a una ley de amnistía que no ha podido ser derogada debido al
bloqueo parlamentario en el que vive chile desde el cierre en falso de la transición en 1989..
Todavía las organizaciones de derechos humanos y las demandas privadas de las familias son
51
el único camino para hacer justicia, donde se enfrentan a un Poder Judicial que cambia de
forma paulatina pero sin cesar en el empeño. No solo lo chilenos se han beneficiado de este
debate pero a nadie más les ha servido para limpiar un recuerdo lleno de dolor y que está
petrificado y protegido por una vieja guardia que todavía como muchos dicen en Chile, andan
por la calle de forma impune o solo se les somete a los arrestos domiciliarios.
Otro de los grandes impactos, es el impacto político del efecto garzón, para ello he
decidido dedicarle un epígrafe dentro de este mismo al Informe de la Comisión Nacional de
Presos y Tortura, el Informe Valech.
4.3. El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura:
“El Informe Valech”
El Informe Valech es el siguiente paso que se dio a la búsqueda de la verdad de lo que
sucedió durante la atroz dictadura del General Pinochet, el nombre se le da por el Obispo
Sergio Valech que presidió la comisión. El Informe es resultado de la investigación hecha por
la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que creó el Presidente Ricardo Lagos
en Noviembre de 2003 y de la lucha incesante de los familiares de desaparecidos y torturados
representados en las distintas organizaciones de DDHH. El Informe se publicó al año
siguiente y respaldaba la idea que había expresado el Presidente Lagos en sus primeros días
de mandato, donde invitaba a todos a terminar con una deuda que tenía el país con los
derechos humanos. El Informe se publicó con el título “No hay mañana sin ayer”, en él se
relata la importancia que tuvo en su momento el previamente mencionado Informe Retigg y a
partir del cual se había podido avanzar en la recuperación de la memoria histórica. En
concreto el informe consiste en una lista de 35.000 personas entrevistadas, que recogen sus
vivencias en los distintos momentos de sus detenciones y de sus torturas. Para ello el trabajo
fue largo y complejo, con un impacto psicológico sobre las víctimas, al recordar los hechos,
pero de una gran valía para cerrar el círculo que se abrió con la publicación del Retigg y del
impacto del “efecto garzón”.
Todo empezó cuando el Ministro de Interior Eduardo Pérez-Yoma estableció una
mesa de diálogo en Agosto de 1999, fuera de todas las críticas, la constitución de esta mesa es
un hito en la historia de la región, ya que era la primera vez que abogados de derechos
humanos se sentaban frente a miembros de las Fuerzas Armadas. En Enero de 2000, las
52
FFAA, entregaban a información de 150 casos de personas que fueron arrojadas al mar.
Además en 2001, la Corte Suprema aprobó la incorporación de 60 nuevos jueces para la
investigación de todos los casos denunciados en los tribunales ordinarios. El resultado de ello
es la investigación de 162 casos de forma activa por estos jueces y por supuesto la creación de
La Comisión Nacional de Política y Tortura, la cual publica el mencionado Informe Valech,
Brett (2008).
El informe se marca unos objetivos que sirven para profundizar lo ya realizado con la
CNVR y el Informe Retigg: seguir buscando la verdad que todavía no estaba a la luz, para
ello era muy importante buscar la independencia del poder judicial, además se proponía
mejorar las medidas de reparación a las familias de la víctimas. El Informe iba acompañado
por una serie de medidas que debían ser adoptadas para la realización de los objetivos. Fueron
tres: Colaboración con la justicia, legislación para agilizar las investigaciones con normas
procesales que permitan un conocimiento más rápido de la verdad y colaboración de la
administración pública con la justicia (CEPC, 2006).
Uno de los aspectos más importantes del Informe Valech fue extender las medidas de
reparación que ya existían desde el Gobierno de Aylwin. Para las medidas de reparación
social el informe recogía estas propuestas: mejorar las pensiones a las familias de las
víctimas, mejorar los beneficios en materia de educación, adoptar medidas legales para
resolver problemas patrimoniales de las familias de personas desaparecidas, perfeccionar las
normas en materia de asistencia médica a las víctimas, creación de una comisión que elabore
con rigor una relación de personas torturadas o detenidas por motivos políticos e implementar
medidas para la reparación jurídica y moral del honor de quienes por motivos políticos fueron
procesados y encarcelados (CEPC, 2006).
En general solo las Fuerzas Armadas y determinados líderes de la derecha vieron con
malos ojos la aplicación de esta medida, la excusa de la Doctrina de la Seguridad Nacional y
la Ley de amnistía hacía que los miembros de la FFAA, vieran que el resultado de todo sería
su impunidad primero, ante el control institucional que mantenían les podía salvar de ser
condenados y sobre todo la prescripción de los delitos. Pero ante la masiva llegada de
denuncias después del “efecto Garzón”, la imparable máquina de una justicia renovada vería
abierta la puerta a la condena de los torturadores y de los ejecutores de la dictadura. (Brett,
2008).
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En concreto desde 1992 existía una ley que ya determinaba la publicación de listados
de las víctimas, pero a partir de este informe, estas medidas se centrarán en una verdadera
reparación de los daños con compensaciones económicas. Esta era la primera vez en la
historia de Chile desde la dictadura que un gobierno no solo hacía memoria histórica, otros
como el de Aylwin ya lo hicieron, pero en este informe la asignación de compensaciones
económicas intenta enmendar más allá de lo que el Reitgg enmendó. La publicación de las
experiencias de los torturados más que tener un efecto político tuvieron un efecto psicológico,
ya que los torturadores estaban en sus casas, paseando libremente por la calles y sobre todo
dando entrevistas a medios de comunicación afines (INDDHH, 2013).
La Ley 20.405 amplía los beneficios que ya establecían la ley 19.123 y la Ley 19.992
y cubren cinco campos: monetarios, médicos, educacionales de vivienda y otros. Dentro de
ellas hay medidas como la de poder pedir una pensión de reparación de daños, la petición de
un bono de reparación al cual se le asignaron casi 1 millón de dólares a repartir, becas para los
hijos de torturados o ejecutados, se creó el Programa de Reparación y atención integral en
Salud y Derechos Humanos, dotación de solución habitacional con viviendas públicas a través
de concurrencia competitiva o mejora de las viviendas en caso de poseerla (INDDHH, 2008).
Todas estas medidas son una clara intención de reconciliar que va más allá de lo que
consiguió el Informe Retigg, aunque este sirvió de mucho en un primer momento, pero las
consecuencias del efecto Garzón provocaron que las políticas fueran más allá de lo que se
había hecho. También hay que decir que todo este contexto generó, la anteriormente analizada
Reforma Constitucional de 2005, todos estos fueron grandes pasos para terminar de cerrar la
transición, a nivel político. Porque a nivel académico todavía sigue suscitando grandes
preguntas que requieren de grandes respuestas, por ello no cierro el trabajo aquí sino que todo
lo dicho lo voy a someter a análisis para ver hasta donde se llegó y que queda por hacer en un
país que todavía busca una consolidación entre las democracias de América Latina, para
poder dar fin a la eterna transición en Chile que parece nunca acabar.
5. Los “enclaves autoritarios”: El manteniendo de la “vieja
guardia”
Tras este breve recorrido por la política chilena y los cambios en su ordenamiento
jurídico, voy a evaluar las reformas que se han venido haciendo estos años comprobado el
nivel democrático de las mismas y un estado de la cuestión de la democracia en Chile.
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A modo de reflexión iré desgranando los principales elementos de lo que se ha
reformado y lo que no, para concluir con unos datos, recolectados de una serie de webs de
organismos internacionales que nos darán una mejor visión de la situación democrática en la
que se encuentra Chile y la percepción de la misma por parte de los ciudadanos.
5.1. Una reflexión sobre la Transición inacabada
Según Ignacio Molina en su diccionario de conceptos fundamentales de ciencia
política determina que “transición es un proceso de sustitución de un régimen político
autoritario por otro democrático. […] Las transiciones pueden originarse por un proceso
rupturista pero es más frecuente encontrar procesos que esquivan los desarrollos
revolucionarios y mantienen la moderación. […] La explicación más estructural se compone,
a su vez, de factores políticos, a partir del consenso ideológico progresivo que prefiere la
democracia occidental a la alternativa, comunista, y socioeconómicos. La transformación de
la económica tiene que ver, paradójicamente, con el intento de las dictaduras de procurar un
mejor rendimiento material, lo que les hace inclinarse por ciertas reformas inspiradas en el
capitalismo liberal y el Estado del Bienestar, que incentivan la democratización” Molina
(2007:126-127).
La transición chilena entra en este tipo ideal. La transición chilena es un paso de un
sistema autocrático hacia un sistema democrático, el proceso no es rupturista, sino que
paulatinamente se van sucediendo los acontecimientos de integración del procedimiento
democrático en la vida política de Chile. En la misma definición podemos comprobar que el
crecimiento económico se propone como una condición de algunos sistemas autocráticos para
la legitimación de sus actos contra los derechos fundamentales. La economía se propone
como la solución a los problemas políticos del país. De esta manera, la economía es rampa de
lanzamiento de la democracia. El crecimiento y el progreso económico se proponen como
premisa la profundización democrática, primero políticas económicas que hagan ingresar más
al estado para poder profundizar en la democracia del país.
Pero el debate es amplio y complejo, durante los años ochenta, aunque los vaivenes
económicos azotaban al país, este exigía la revisión histórica de una dictadura que atentó de
forma directa contra derechos fundamentales. Los años noventa son ejemplificativos del
debate queexpongo. El crecimiento económico de Chile satisfacía a muchos pero muchos
55
otros no se daban por satisfechos cuando la herencia del régimen militar seguía estando
presente en las instituciones y la impunidad de algunos actores políticos seguía siendo una
demanda no solo por justicia histórica sino por alcanzar una democracia más plena dentro de
la esperanzas abiertas a muchos chilenos tras la derrota de Pinochet en el referéndum del 88.
El inicio de la democracia en Chile lo marca el acceso de Patricio Aylwin a la
Presidencia el 11 de Marzo de 1990. La victoria de la Concertación por la Democracia, abrió
paso a la estabilización de la democracia y la política de un país azotado por unos males
estructurales y donde la búsqueda de mayorías amplias era el objetivo para evitar la
repeticióndel mal que hizo que cayera la Constitución de 1925, conjugada con una rebelión de
la burguesía apoyada en las fuerzas armadas. Estos y otros más, entre los cuales estaba la
democratización de sistema y la recuperación de la memoria histórica, serían los retos que
afrontarían los sucesivos gobiernos en Chile.
Las peculiaridades del sistema saliente del referéndum de 1988 y del Pacto Nacional
de 1989, se resumen en un hecho. Los ayuntamientos que estaban en el momento del acceso
de Patricio Aylwin a la Presidencia de la República, los miembros de las comunas eran
todavía militares y esto no cambiara hasta las elecciones municipales de 1992 (Carmona,
2014). Como vemos la manutención de elementos del Régimen Militar durante los primeros
años de democracia en Chile, nos da una muestra de lo mucho que quedaba por hacer.
Walker abre en su artículo sobre la transición con unas palabras de Aylwin“El 9 de
Agosto de 1991, en una conferencia de prensa, Patricio Aylwin, Presidente de Chile, declaró:
“La transición ha terminado””(1992:1). Con esta declaración Patricio Aylwin y muchos otros
pensaron que todo había acabado, ya que el proceso se completó. Pero no solo la concurrencia
periódica de unas elecciones en un marco de competencia electoral plural, dota a un sistema
para poder ser etiquetado de democrático, con lo tanto, a lo mejor la transición había acabado,
pero sólo para unos porque para otros todavía quedaban muchas cosas por hacer.
También desde el exterior se veía como el proceso había sido tan exitoso como las
palabras de Patricio Aylwin dieron esta imagen al mundo sobre el estado de la cosas en
Chile.Walker señala que“En una visita a Chile (Marzo de 1992), Alain Touraine, el intelectual
y sociólogo francés, declaró: “Esta no es una transición perfecta, pero es la mejor que yo he
visto”(1992:1).Aunque en Europa ya había sido la transición española y la revolución de los
Claveles en Portugal, un europeo parafrasea a Churchill para determinar que la transición
chilena era un modelo a seguir e inspirador para muchos.
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Como vemos la satisfacción de muchos era plena ante la salida de una dictadura hacia
la democracia en Chile. Pero como antes decía muchos otros no consideran ni que fue
perfecta, ni exitosa y ni mucho menos que esa transición había acabado.
Para Moulain “El proceso político chileno ha sido evaluado, por una parte importante
de la opinión pública y por un grupo importante de actores políticos, como un éxito. Pero
además, ha sido transformado en mito”(1994:25). La mitificación de la transición política
chilena ha derivado en unos análisis uni-variable donde el éxito de la misma se asume como
una premisa sin atender a las condiciones y coyuntura del momento del paso de un régimen
militar a un régimen democrático.
Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar la transición en Chile.
Primero hay que tener en cuenta tres factores: uno institucional, otro de correlación de fuerzas
y por último el posicionamiento de los actores políticos (Moulain, 1994). Hay que decir que
durante los años ochenta los movimientos que se fueron realizando por los distintos actores
políticos son cruciales para entender el paso del régimen militar a un régimen constitucional
democrático.
El posicionamiento de la derecha vinculada al régimen, en una relación asimétrica con
respecto a las demás fuerzas, hacen que sea una democracia imperfecta, donde la imposición
de la voluntad de una minoría se impone a la mayoría.Toda esta situación permitió a la
derecha ser una minoría de veto además de posicionar a las Fuerzas Armadas como un poder
fáctico, donde esa situación de privilegio y la ingeniería política construyeron un sistema de
difícil reforma para procurar la manutención de la vieja guardia en las instituciones (Moulain
1994). El conflicto estaba servido, pero la actitud estratégicamente pacifista de la oposición
dejaron a la Junta Militar con la opción de usar la Doctrina de Seguridad Nacional. Así la
negociación se marcó como el camino de apertura de la dictadura. De esta manera se pudo
llegar al punto del plebiscito del 88 pero a su vez, la relación asimétrica entre las instituciones
y el resto de fuerzas no permitirían cambiar sustancialmente las condiciones y reglas del juego
en un primer momento.
A todo ello hay que agregar un cambio cultural que generó un tipo de comportamiento
de los electores tras una dictadura que duró 15 años. En este caso Moulain señala que“El gran
cambio cultural introducido en estos años de autoritarismo mercantilizador ha sido el
debilitamiento de ese espíritu o ánimo societal, cuyas expresiones eran la tendencia asociativa
y la politicidad. El individualismo competitivo y la obsesión adquisitiva han erosionado la
57
eficacia de esos mecanismos”(1994:31). Como vemos los años de aplicación del capitalismo
más salvaje como modelo económico impregna a la sociedad al momento para dejarlos en un
apolitismo intencionado, tan importante para la elaboración de la democracia (Moulain,
1994). Se puede comprobar en cómo se afronta el referéndum de 1988, donde la población
sentía que Pinochet iba a ganar seguro, ya que el pucherazo planeaba por el plebiscito. Aquí
se unen la represión de una dictadura y sus consecuencias, con el modelo económico para
dejar a la población como he dicho anteriormente, en el apolitismo de forma consciente e
impuesta.
Por la constitucionalidad rígida implantada por la Junta Militar, que le coloca como un
poder fáctico y por la posición de privilegio de la derecha, podemos considerar la democracia
de chile como una democracia bloqueada. Así lo determina Moulain“Se realizó una transición
desde el autoritarismo a la democracia, pero a costa de la castración y bloqueo de la potencial
capacidad transformadora del régimen democrático, el cual está forzado a un papel
básicamente reproductor del orden socioeconómico creado por el pinochetismo”(1994:27).
Como estamos viendo hay cosas que incluso la reforma de 2005 no consiguió acabar y
el impacto de las mismas sigue postergando en la configuración institucional que permite la
manutención del sistema de la CP-80. Todas las constituciones han nacido para ser
reformadas pero en Chile el bloqueo parlamentario, provocado por los quorum, permite que
sea inmutable en determinadas cuestiones y debates. Díaz de Valdés reflexiona sobre ello
determinando que “las Constituciones son hoy sociales más que estatales […] las sociedades,
sin embargo, no son estáticas, sino que cambian constantemente, obligando de esta forma a
sus Constituciones a evolucionar”(2009:51). De esta manera concebimos a la Constitución
como un elemento que varía según las exigencias del momento por ello podemos decir que
aunque se hayan hecho avances dentro del sistema político heredado, las exigencias de hoy en
día van más allá de una mera gestión de los recursos públicos.
Díaz de Valdés (2009), nos aporta unas reflexiones sobre la cuestión de la rigidez del
sistema chileno y sobre las cuales habría que enfatizar las reformas y así permitir tener un
sistema más flexible y de más sencilla reforma, para contextualizarlo. Esos criterios sobre los
que se debería trabajar: una mayor regionalización del país ya que los distintos gobiernos han
profundizado en la misma pero los éxitos son bastante modestos. Reenfocar la noción de
derechos fundamentales, tema bastante importante aunque el “efecto Garzón” en lo referente
al respeto de los derechos humanos ya se ha conseguido sacar a la luz lo acontecido en la
58
dictadura además de poner al servicio de esta idea al poder judicial. Pero también la herencia
del modelo liberal donde se impone la visión individualista por la comunitaria, es necesario
en Chile con lo tanto avanzar en esa idea más de lo que la reforma de 2005 avanzó (Díaz de
Valdés, 2009).
También Díaz de Valdés (2009), exige más reformas al sistema político chileno entre
las cuales destacamos la exigencia de una mayor participación, una moderación del
presidencialismo reforzado, la reforma del sistema electoral, una regulación de la
administración para evitar actos inconstitucionales en la misma y una extensión del control de
constitucional más profundo que le que se realizó en 2005 llegando a la Cámara y sus
reglamentos y al Banco Nacional.
Estas opiniones son bastante críticas con el fin de la transición a la que podemos
agregar los 5 “enclaves autoritarios” que son analizados por Garretón y Garretón (2010),
claves para entender muchos de los porqués de la transición chilena.
Para Garretón, M. A. y Garretón, R.“A pesar de la imagen generalizada del caso
chileno en los rankings internacionales como un proceso ejemplar de transición hacia la
democracia y de la vida política democrática, Chile es una “democracia incompleta” debido a
los enclaves autoritarios heredados de la dictadura y no superados en su totalidad”(2010:115).
Como vemos hay autores que no solo la
consideran una “democracia bloqueada” sino
también una “democracia incompleta” a lo realizado en Chile. Por ello vamos a abordar los
porqués de considerar una “transición incompleta”.
Según Garretóny Garretón (2010) esto se debe a 5 mecanismos o “enclaves
autoritarios”, como él los ha definido:
1. La incorporación de senadores al margen de unas elecciones. Donde son elegidos por
la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional.
2. Todos los ex Presidentes de la República pasan a formar parte del senado, sin
considerar su origen democrático. Por ello cuando Pinochet dejo el cargó tras el
referéndum de 1988, pasó a ser Senador Vitalicio, sin importar el origen de su
legitimidad, un golpe de estado y una constitución hecha durante un dictadura.
3. La reforma constitucional requiere de un altísimo quorum con 2/3 para la reforma de
las disposiciones más importantes y 3/5 para el resto. Ello no permite cambiar de
forma sustancial el sistema heredado.
59
4. El sistema electoral mayoritario basado en una circunscripción binominal, donde un
partido ha de sacar el doble de votos que los demás para poder ganar los dos escaños a
repartir. Este elemento es uno de los más importantes ya que ha afectado de forma
determinante al sistema de partidos y a la competencia electoral ya que garantiza un
veto para la minoría de la derecha alineada al régimen militar.
5. Por último, el alto quorum para la elaboración de leyes no permite abordar un
proyecto programático a ser cumplido. Para la Leyes Orgánicas Constitucionales
como, la electoral o la de educación pública, necesitan de 4/7 de los diputados y
senadores. Para las leyes de quorum se necesita mayoría absoluta. Y por último las
leyes que interpretan preceptos constitucionales, como pudieran ser los tratados
internacionales, necesitan de 3/5 de las dos cámaras.
Como vemos hay claros indicios de que la transición en Chile está por lo menos a
medio camino. A todo lo dicho Salvat Bologna y Salas Astrain añaden:
“Que la obtención de una democracia plena es aún una tarea pendiente es quizá un argumento
aceptado por el conjunto de fuerzas políticas, salvo claro está para una parte de la derecha política y
económica más cercana al legado pinochetista. Todo este proceso ha permitido una recuperación formal
y parcial del sistema político chileno: separación de poderes, Estado de Derecho, elecciones libres y
libertad de asociación expresión” (2009:106).
Por ello vamos a abordar esta cuestión con más profundidad. En concreto Garretón y
Garretón (2010), nos plantea tres dimensiones: La dimensión constitucional, la dimensión
electoral y la dimensión ciudadana. El análisis de estas tres dimensiones nos puede dar una
fotografía del estado de la cuestión democrática en el sistema político chileno.
Dentro de la dimensión constitucional están los 5 enclaves autoritarios, de los cuales
los dos primeros fueron derogados en la Reforma Constitucional de 2005, la elección popular
del senado y la eliminación de los senadores vitalicios. Pero no ha habido “un momento
constitucional” para los chilenos sino el cambo de firma de Pinochet a Ricardo Lagos y al ser
un Presidente elegido en las urnas se entiende que es una nueva Constitución, pero hay tener
en cuenta la estructura jurídica tan rígida para entender que no se ha llegado a una plena
democracia en Chile (Garretón y Garretón, 2010).
En cuanto se refiere a la independencia del poder ejecutivo del legislativo, El análisis
de Garretón y Garretón (2010) utiliza como enfoque el proyecto RIDA, para determinar la
relación entre los dos poderes. La Constitución otorga grandes atribuciones al Poder
60
Ejecutivo, dotándolo de mecanismos legales como la materia exclusiva de financiación en el
mecanismo de urgencia (Decreto-ley de urgencia). Solo se ha utilizado una vez, para
solucionar un colapso de medios de transporte, donde sin ley, se aprobaron unas partidas
presupuestarias para solucionar el problema después que se lo rechazara el Congreso.
También todas las leyes son de interés nacional y afectan a todos los niveles de Gobierno.
Hay representantes sectoriales que defienden sus intereses pero no hay una regionalización de
los intereses políticos. Todos los procesos legislativos son transparentes, solo al principio se
taparon varios acuerdos o proyectos de ley, pero por lo general se hace con “luz y taquígrafo”.
El Ejecutivo está sujeto a las leyes adoptadas en el Congreso además este, mediante el
procedimiento de “acusación constitucional” puede destituir al Presidente, a los ministros,
magistrados de los tribunales superiores de justicia y al Contralor y sus funcionarios en
ejercicio. También los funcionarios han ejercido de forma libre sus cargos sin intermediación
de otros departamentos o instituciones. Y por último los casos de corrupción son muy pocos y
los que salen a la luz son investigados y juzgados por la Contraloría General de la República.
Para continuar el análisis de Garretón y Garretón (2010) seguiremos con una de las
partes más importante en el caso chileno como es la independencia del poder judicial. Desde
el 11 de Septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas subordinaron el poder judicial a su
voluntad, purgando al que intentara ponerse en contra y premiando a quien se subordinó a la
voluntad de la Junta Militar. La Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación criticó
duramente no solo la actitud del poder judicial durante la dictadura, sino también durante los
años ochenta que sirvieron para garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas ante la
violación de Derechos Humanos durante la dictadura.
Según Garretón y Garretón (2010), un punto y aparte en el cambio de actitud de los
jueces se produjo el 16 de Octubre de 1998, tras la detención de Pinochet en Londres bajo
petición del juez español Baltasar Garzón. Gracias a ello los distintos jueces que sirvieron a la
Junta Militar ahora intentaban recuperar el crédito perdido, persiguiendo a los militares
comprometidos con la dictadura y encarcelados no aplicando la Ley de Auto-amnistía, es
más, según Garretón y Garretón (2010) hoy en día se aplica el derecho internacional en Chile,
bien sea derecho convencional o el consuetudinario . Ya en el año 2000 se cambia la Ley
procesal al modificar sistema escrito e inquisitivo por oral y acusatorio, siendo esto un
símbolo de aplicación de la normas internacionales y con ello obligarse a su cumplimiento
como estado de derecho internacional soberano.
61
Pero todavía aunque podamos considerar que hay independencia del poder judicial, ya
que tampoco invade las competencias de los poderes legislativo y ejecutivo, en Chile los
militares todavía pueden juzgar a aquellos que cometan actos contra ellos. Es el caso de los
Mapuches que al no aprobar el Convenio 160 de la OIT, llevan protestas en las calles de las
cuales son detenidos y torturados Garretón y Garretón (2010). Y sobre todo que desde 1997
debido a una reforma del sistema judicial, hay una elección democrática de los Altos Cargos
del Poder Judicial.
En cuanto se refiere al Tribunal Constitucional este tiene un control sobre el trabajo
del legislativo, el control es de carácter preventivo sobre las leyes emanadas del Parlamentoy
se pronuncia sobre los decretos supremos si la Contraloría General de la República considera
que es contraria a la Constitución. Resuelve conflictos entre instituciones y cuestiona los actos
del ejecutivo. En 2008 el Tribunal Constitucional tras petición del bloque de la derecha,
declaró la píldora del día después por considerarla que atentaba contra la vida, y con ello
determinó que era contraria a la Constitución. Garretón y Garretón determinan que “el
Tribunal Constitucional pasó a ser un poder fáctico, que decide sobre cuestiones que van
mucho más allá de su competencia y al que recurre la oposición de Derecha cuando es
derrotada en el Parlamento”(2010:124). De esta manera vemos como la minoría de veto de la
derecha tiene una institución a su favor para poder bloquear aquellas reformas que requieran
una profundidad más allá de lo acordado con la izquierda.
En cuanto se refiere a la relación con las Fuerzas Armadas, desde el “efecto Garzón”,
muchos militares renunciaron a la Doctrina de la Seguridad Nacional mientras Pinochet
pasaba a ser un civil más al renunciar a la Comandancia en Jefe del Ejército y pasar a ser
senador vitalicio. Todo ello ha hecho que haya un predominio civil sobre los militares. Nunca
se ha declarado el Estado de excepción, pero en el caso de hacerse está habilitado el derecho a
habeas corpus y desde el año 2003 el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio
CheyreEspinosa, abandonó por completo la Doctrina de la Seguridad Nacionaly con ello todo
el ejército la abandonó (Garretón y Garretón, 2010).
Este análisis nos da una muestra del estado de las instituciones, han sido reformadas
pero todavía necesitan ser profundizadas ya que la pervivencia de tres de los cinco “enclaves
autoritarios” delimitan bastante el campo donde moverse para seguir profundizando en la
reforma para que incluso se llegue a ese“momento constitucional” que necesita Chile e
instaurar un nueva Constitución y no la reforma de otra. Lo que lleva a Garretón (2010) a
62
describir el sistema chileno como una democracia limitada o bloqueada es lo referente a la
democracia electoral.
Las consecuencias del sistema electoral afecta sustancialmente al sistema de partidos,
provocando unas sinergias concretas que se resumen en lo siguiente; en la competencia de
coaliciones en vez de partidos, donde un tercer actor minoritario queda excluido y los
cambios sustanciales de sistema no se dan, debido a los quorum parlamentarios.Garretón y
Garretón concluyen que “El resultado es la generación de un empate político entre las fuerzas
que apoyaron la dictadura y las que se opusieron a ella, haciendo imposible un cambio
significativo en la institucionalidad heredada de la dictadura”(2010:126). En este punto
podemos comprobar el poder de veto que sigue teniendo la derecha para impedir la
profundización sustancial de la democracia en Chile. A todo ello hay que agregar que no
existe el voto para los chilenos que viven en el extranjero, en su mayoría exiliados de la
dictadura, la financiación de los partidos es asimétrica y no tiene límite en el gasto electoral,
las donaciones privadas no están fiscalizadas por el Servicio Electoral, además que el acceso
al voto activo tiene que ser mediante inscripción en el censo y ello conlleva la obligatoriedad
del voto, en caso contrario no es obligatorio. Todo esto ha dejado a un país con un alto grado
de desafección política con una participación cada vez más baja, para satisfacción de aquellos
que todavía se niegan y obstruyen las reformas en Chile (Moulain, 1994).
La última variable que nos muestra Garretón y Garretón (2010) es la dimensión
ciudadana. En cuanto se refiere a la participación ciudadana, una democracia no solo se
reduce a unas elecciones periódicas y competitivas, por ello en Chile hay aspectos sobre la
toma de decisiones que afectan directamente al formato establecido en Chile. El compromiso
chileno con el derecho internacional y la promoción y protección de los derechos humanos es
relativo y escaso ya que hay determinadas normativas internacionales que al año 2010 todavía
no se han ajustado al ordenamiento jurídico chileno. Estas normativas son; la Convención
Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, el Protocolo adicional a la
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre
la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, Protocolo de San
Salvador, Adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales y
culturales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, fue ratificado el 10 de Junio de 2009
tras diez años de bloqueo de las Fuerzas Armadas.
63
Garretón y Garretón determinan que “La igualdad de los derechos ciudadanos y la
participación en los asuntos públicos van más allá de la elección de los límites de la elección
de los representantes que supone la democracia electoral, pero muchos de los límites de ésta
afectan la democracia ciudadana”(2010:128).
En lo referente a la libertad de expresión y el derecho a la información en Chile hay
avances ya que la Ley 19.133 sobre Libertades de Opinión y de Información y sobre Ejercicio
de Periodismo, permite ya no solo poder expresar una opinión libremente sino que se tiene
acceso a información que ayude a la elaboración de una opinión propia. Esta ley cubre
también unos de los sectores más reprimidos durante la dictadura y durante la transición, los
periodistas, que fueron perseguidos hasta la llegada de Patricio Aylwin a la Presidencia de la
República. Aun así Chile ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos varias veces por restringir el acceso a la información o por censura de películas.
En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en 1989 se ratificó la “Convención
para la eliminación de la discriminación contra la mujer” la cual reconoce el derecho al
aborto. Aun así el comité de la CEDAW ha devuelto varios informes alertando a Chile sobre
su jurisdicción sobre el aborto. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en 2008 con el Tribunal
Constitucional sobre la píldora del día después donde la consideró abortiva, yaque atentaba
contra el derecho a la vida consagrado en la Constitución. Tras ello en 2010 el Tribunal
aprobó una ley que se mandó desde el ejecutivo para el reparto de la píldora. Aunque por lo
general los derechos humanos. La participación de las mujeres en la política chilena sigue
siendo minoritaria, aunque fuera el primer país de América Latina en tener una mujer
ostentando la Presidencia de la República, ocurriendo lo mismo con los Altos Cargos del
Poder Judicial. A todo esto hay que añadir que Chile no tiene ninguna de ley de igualdad entre
hombres y mujeres (Garretón y Garretón, 2010).
Salvat Bologna y Salas Astrain, “Una transición a una “democracia de electores” no es
capaz de responder a los importantes problemas heredados, en particular, los de la deuda
social y el de la deuda jurídico-ético-simbólica relacionada a las violaciones a derechos
humanos”(2009:93). En este caso la herencia de un sistema pactado por una minoría afecta
directamente a la conformación de las propias sinergias que se generan desde la implantación
de un modelo difícil de reformar y donde el hastío de la ciudadanía que ve con recelo los
avances, marca el devenir de la reforma del sistema.
64
Para Garretón y Garretón (2010), la democracia chilena es un conjunto de
contradicciones donde los gobierno de la Concertación han avanzado bastante en la
profundización democrática del país pero con unos límites en la fundación de la Constitución
que consagró el sistema electoral binominal con una baja participación política que surge de
ese diseño institucional que no establece garantías de participación política ni de integración
electoral. Como he dicho varias veces Chile no tiene un momento constitucional que le haya
garantizado al sistema una amplia legitimidad además los enclaves que todavía en la
actualidad perduran, han hecho que la ciudadanía compruebe el bloqueo existente donde la
posibilidad de un gran cambio es vista como un imposible, aunque las reformas se sucedan y
hayan sido relativamente profundas. Para Salvat Bologna y Salas Astrain, “La democracia
realmente existente hasta ahora en Chile no ha tenido suficiente poder político para realizar
las transformaciones requeridas para lograr una democracia plena y/o participativa”(2009:93).
De todo ello podemos recoger que la transición no ha terminado en Chile y que es
necesario profundizar más todavía en las reformas sobre todo en las reformas de los tres
enclaves autoritarios que permanecen que bloquean el sistema de reforma y el poder
legislativo. Aunque uno de sus grandes déficit son la participación política y la libertad para
participar en ella, para ello el último punto del trabajo está dedicado a cómo ven los chilenos
el estado de la democracia en sus sistema político.
5.2. Estado democrático tras la reformas (democracia ciudadana y
participación política)
Después de analizar el debate a nivel académico voy a dedicar el último punto del
trabajo a un análisis de los datos recogidos de las distintas organizaciones que evalúan la
democracia como la CEPAL o FreedomHouse y sobre todo del Latinobarómetro. Para ello
veremos los datos de FreedomHouse y tras él una selección de preguntas que se realizan a los
encuestados en el Latinobarómetro sobre la calidad de la democracia en Chile o su desarrollo
hasta la confianza en las FFAA. A partir de las fuentes mencionadas he recogido múltiples
datos agregados con los que elaborado unas gráficas con series históricas, donde compruebo
mi segunda hipótesis, la referente a la tradición reformista del país tiene un impacto claro
sobre la demanda ciudadana de mayor profundización democrática, buscando una visión
distinta de la que nos dan las evaluaciones internacionales de distintas organizaciones
65
Para empezar vamos a ver la evolución del país en la puntuación que otorga
FreedomHouse. En esta puntuación se recogen con valores en escala del 1 al 7, siendo el 1 el
más democrático y el 7 nada democrático. Para ello se recogen tres variables: valoración de la
libertad, libertades civiles y derechos políticos.
Gráfica 1: Valoración FreedomHouse 1995-2015
Datos Freedom House 1995-2015
7
6
5
4
3
2
1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de FreedomHouse 2015.
Tras echar un vistazo a los distintos vaivenes sobre la valoración de la democracia en
Chile según FreedomHouse, vemos como estos se mueven entre los valores 2, 3 y se mantiene
en 1, desde hace más de una década. Los años donde menos valoración tiene son los años del
“efecto Garzón” y con ello comprobamos como esta organización interpretó la necesidad de
las reformas que se avecinaban ante el arresto de Pinochet. Pero tras las reformas y
coincidentemente con la reforma de 2005, la escala se mantiene en la perfección de 1, el más
democrático. A eso habría que añadir el más democrático posible, ya que las reformas no han
terminado de sepultar la herencia del pasado, con la manutención de tres de los enclaves
autoritarios. Pero también pone de manifiesto la idea de Garretón y Garretón (2010)que los
índices de organizaciones internacionales ponen en sus rankings en el más alto escalón a
Chile, cuando la realidad es que la transición está a medio camino y si acabó hay que refundar
un nuevo orden constitucional que permita que la democracia llegue de forma completa a los
chilenos y estos índices sean lo más sensatos con la realidad posible.
Tras consultar estos mismos datos en otras organizaciones como la CEPAL, son muy
similares dotando a Chile de ser un país perfectamente democrático, con ello me vuelvo a
reafirmar en lo previamente dicho sobre la visión de estos índices sobre el estado de la
cuestión en Chile.
66
Para continuar con este análisis voy a hacerlo viendo el Latinobarómetro, para
empezar con él vamos a ver las respuestas ante la pregunta: ¿con cuál de las siguientes frases
está usted de acuerdo?, sobre el apoyo a la forma democrática de gobierno.
Gráfica 2: Apoyo a la democracia. "¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de
acuerdo?".
Apoyo a la democracia 1995-2005
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
En algunas circunstancias, un gobierno aurotitario puede ser preferible
A la gente como uno, nos da igual un régimen democrático
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
Los resultados son a la vez sorprendentes y esclarecedores. El apoyo mayoritario a la forma
democrática de gobierno es normal en el mundo del siglo XXI, pero lo verdaderamente
interesante de estos datos es que hay entre un 10% y un20% de personas que opinan que en
determinadas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible. Esta opinión
probablemente pertenezcaa un grupo que todavía mira con nostalgia la dictadura y a la vez
está temerosa, ya que su posición de privilegio y de veto está en claro riesgo, ante el
reformismo continuado que va cavando en los pilares del sistema heredado. De ahí también
podemos pensar que hay una probabilidad de que estos datos también son resultado del
paternalismo que introdujo Pinochet dentro de su gran personalismo durante la dictadura, la
mirada de nostalgia está estrechamente ligado a ello.
A todo lo dicho hay que agregar como por encima de la opción de un gobierno autocrática
está la opción de la indiferencia ante formato del sistema político. También entre los valores
10% y 20% de las personas encuestadas, le da lo mismo un régimen democrático que uno no
democrático, este dato alimenta más la hipótesis de la desafección política en Chile. Esta
indiferencia unida a la anterior, podemos determinar que aunque el consenso sea amplio ante
67
la democracia como el mejor sistema, hay casi un 30% de los encuestados que o le es
indiferente o prefiere una autocrática, el consenso en Chile es una tarea difícil de conseguir,
por ello este dato indica probablemente las dificultades a las que se enfrentan los más
convencidos por la democracia y el desarrollo de políticas en este sentido.
Aquí vemos una coincidencia con los datos de la gráfica anterior. Los mejores valores de la
opción que apoya el sistema democrático coinciden con los años de la reforma de 2005, baja
un poco después para no parar de bajar, siendo siempre la opción mayoritaria. La bajada se
puede deber a las altas expectativas que levantó la reforma constitucional y el Informe Valech
que se desinfla debido a la complicada tarea de profundizar en la democracia y del lento
impacto de las mismas. Esto nos puede indicar la sensibilidad que tienen los chilenos ante los
cambios políticos y en este caso en la mejora de la democracia, los otros valores se mantienen
en el tiempo.
Para ver con más claridad lo dicho, a continuación veremos los datos del año 2015 en una
tabla, que representa los valores absolutos de la encuesta y sus porcentajes de las respuestas.
Aunque sea mayoritario hay un tercio de personas que dividen a la sociedad, en un proyecto
distinto o sin proyecto.
Tabla 4: "¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?". Preferencia
sobre el sistema de gobierno.
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a
uno democrático
A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno
no democrático
Nº de
%/
casos
Total
778 64,8%
139 11,6%
202 16,8%
No responde
50
4,2%
No sabe
31
2,6%
(1.200)
100%
(N)
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
Para continuar con este análisis ahora vamos a ver una gráfica donde vamos a
comprobar la satisfacción por el funcionamiento de la democracia en Chile, vista por sus
68
ciudadanos. Ante la pregunta:"En general, ¿Diría Ud. que está que está muy satisfecho, más
bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia
en (país)?. Los encuestados pueden responder nada satisfecho, no muy bien satisfecho, más
bien satisfecho. Esta gráfica es central dentro de la hipótesis 2 de mi trabajo.
Gráfica 3: Satisfacción por la democracia.
Satisfacción por la democracia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015
Más bien satisfecho
No muy satisfecho
Nada satifecho
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
A primera vista vemos que hay unos valores que se mueven entre el 10% y el 30%,
que pertenecen a la opción nada satisfecho. Este dato es bastante significativo ya que hay casi
en tercio de los encuestados que consideran que no es satisfactorio el funcionamiento
democrático del país. El punto álgido de esta opción pertenece a la vuelta de Pinochet a Chile
y probablemente se resultado de como su impunidad se vio claramente como un retroceso
democrático, es más llega a superar a la opción “más bien satisfecho” en 2001. Tras ello las
reformas de los posteriores años traen más calma sobre todo la de 2005. Pero tras ello vuelve
a valores más acordes con su media para mantener la crítica y la exigencia de más
profundización democrática de forma constante hasta la actualidad.
Luego vemos como las otras dos opciones mantiene una cierta estabilidad sobre todo
la opción “no muy satisfecho”, ya que el crecimiento de la opción “más bien satisfecho” es
continuado hasta 2010 donde la caída de la Concertación por los escándalos de corrupción
volvió a bajar la satisfacción por el funcionamiento democrático del país, beneficiándose por
ello la opción “no muy satisfecho”.
Si vemos la unión entre las opciones “nada satisfecho” y “no muy satisfecho”,
suponen casi el 40% de los encuestados, dejándonos claro que el desencanto general sobre el
69
funcionamiento de la política en Chile es bastante amplio. Pero también las dos opciones se
van cruzando durante la línea temporal que representa la gráfica, pudiendo afirmar con ello
que hay una línea difusa entre los que está más o menos satisfechos y los que están
satisfechos. Al final de la serie vemos como el valor de la opción “no muy satisfecho” es
superior a la opción “más bien satisfecho”, determinando con ello y agregando a lo anterior, el
gran desencanto que hay entre los encuestados sobre el funcionamiento de la democracia en
su país.
Con todo lo dicho podemos determinar que la satisfacción en general es bastante bajo,
existiendo un núcleo duro que nuca está satisfecho. Los vaivenes de la satisfacción son
sensibles a los cambios, volviendo a demostrarse la posible sensibilidad que tienen los
chilenos con la política y el desarrollo de la democracia para su mejor funcionamiento.
Ahora voy a abordar otro índice referente al desarrollo democrático ante la pregunta
"Con una escala de 1 a 10, le pedimos evaluar cuán democrático es (país). El “1”quiere decir
que “(país) no es democrático” y el “10” quiere decir que “(país) es totalmente democrático”
¿Dónde pondría Ud. a (país)?". Esta es una gráfica que la podemos enfrentar a la de
FreedomHouse para demostrar, como de democrático el país según lo chilenos y constatar que
más allá de los índice internacionales hay una opinión distinta y más crítica sobre el
desarrollo democrático del país.
Gráfica 4: Escala de desarrollo democrático.
Escala de desarrollo democrático
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1997
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2015
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
70
Como podemos comprobar en la escala de desarrollo democrático, nos encontramos a
primera vista que nadie considera a Chile un país plenamente democrático, siendo el valor
máximo en la serie histórica 7,3 sobre 10. Este dato ya contrasta con clara significatividad que
la sensación de los chilenos es distinta a la valoración de FreedomHouse o la CEPAL.
También es importante decir que los valores medios tampoco derrumban el dato a valores por
debajo de cinco, siendo el valor más bajo en 5,8, por ello puedo decir que la opinión de los
chilenos tampoco es tan negativa, debido los distintos avances que se ha ido realizando desde
1989 hasta la actualidad. La primera subida se realiza en ante el advenimiento de la reforma
de 2005, para bajar después, la expectativas de la misma hacen que la exigencia de la
ciudadanía aumentara para volver a caer ante los lentos pasos que se iban dando.
Lo verdaderamente interesante es que desde 2009 el valor baja sin para su caída hasta
el año 2015. Lo que puede representar que bajo el punto de vista de los chilenos se ha parado
el desarrollo democrático del país añadiendo más datos para contrastar la imagen
internacional que hay de Chile.
Para seguir profundizando en la materia sobre la democracia en Chile sería interesante
comprobar cuan libre es la sociedad chilena a la hora de participar en política. El
Latinobarómetro le hace la siguiente pregunta a los encuestados: "¿Hasta qué punto las
siguientes libertades, derechos, oportunidades y seguridades están garantizadas en
(país)? Libertad para participar en política.". La siguiente tabla refleja los resultados ante esta
pregunta de los 1200 encuestados.
Gráfica 5: Libertad para participar en política
71
Libertad para participar en política
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
Completamente grantizadas
2009
Algo garantizadas
2011
2015
Poco garantizadas
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
Podemos comprobar que esta gráfica nos da un dato distinto a las anteriores, en ella
podemos ver como ante la respuesta “completamente garantizadas” el valor sube sin parar
hasta la actualidad con una cierta manutención del dato durante los años 2008 y 2011, nunca
llegando a superar el 50% de la muestra. Ello nos puede mostrar que no hay una mayoría de
ciudadanos que sostengan que hay libertad para participar en política, dato interesante no
puedeindicarque probablemente no todos están satisfechos con los avances. Sin embargo, las
personas satisfechas van en aumento.
En contraste con la respuesta “algo garantizadas” el valor baja constantemente y se
aleja de los valores de la respuesta “completamente garantizadas”. Pero conjuntamente con la
respuesta “poco garantizadas” representan el 40% de los encuestados. Siendo un valor
bastante significativo ya que casi la otra mitad de los encuestados consideran que no hay
libertad para participar en política. Todo ello agregado a lo anterior, nos puede indicar que
todavía se tienen que dar más pasos para garantizar la participación política en Chile aunque
el número de satisfechos vaya creciendo, es necesario seguir profundizando en el desarrollo
de uno de los pilares de la democracia, la participación política.
Ahora para continuar con el análisis ahora vamos a abordar otro elemento importante,
la libertad de expresión. El Latinobarómetro para ello pregunta a los encuestados: "¿Hasta qué
punto las siguientes libertades, derechos, oportunidades y seguridades están garantizadas en
(país)? Libertad de expresión siempre y en todas partes.". En la siguiente tabla se muestran los
resultados.
72
Gráfica 6: Libertad de expresión.
Libertad de expresión
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2007
2008
2009
2011
Completamente garantizadas
Algo garantizadas
Poco grantizadas
Para nada garantizadas
2015
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
Los cambios ante la pregunta sobre la libertad de expresión son pocos, los valores de
las cuatro distintas opciones transcurren sin cambios en la línea histórica, lo que nos deja ver
que los cambios en la libertad de expresión visto por los chilenos no son muchos. Ya entrando
en un análisis más profundo podemos ver que no hay una opción mayoritaria siendo la opción
“algo garantizadas” las que copa las respuestas de los encuestados, su mayor valor 38% en
2001, quedando en 2015 en un 33%. En un primer momento podemos decir que hay un tercio
de los encuestados no considera que tiene garantizada su libertad de expresión de forma plena.
A ello podemos añadir que si agregamos los valores de esta opción a los valores de las
opciones “poco garantizadas” y “nada garantizadas”, sumaría el 66% de los encuestados, dos
tercios del total de los encuestados consideran que no tienen garantizada su libertad de
expresión.
Todo ello nos da una imagen de que probablemente la democracia chilena no ha
avanzado en cuanto se refiere a la libertad de expresión siendo mayoritaria las opciones que
representan la no completa garantía de la libertad de expresión siendo el valor más positivo
de las opciones, “completamente garantizadas” el minoritario, alcanzando valores entre el
20% y el 35% siendo su valor actual el 33%. Por ello podemos decir que aunque sea
importante, que un tercio de los encuestados considere que tiene garantizado de forma plena
su libertad de expresión podemos decir que comparado con los valores de las otras opciones,
sigue siendo minoritaria y ello me lleva a decir que probablemente la sociedad chilena todavía
no siente que la democracia en Chile funcione de forma plena y las carencias de la misma nos
73
da resultados como los de esta gráfica. Corroborando la posibilidad que los chilenos ven la
democracia de su país de forma distinta, a como la ven los rankings internacionales en sus
índices.
Para continuar con el análisis que estoy haciendo, ahora vamos a abordar el tema de la
igualdad entre hombres y mujeres. Para ello el Latinobarómetro pregunta a los
encuestados:¿Hasta qué punto las siguientes libertades, derechos, oportunidades y seguridades
están garantizadas en (país)? Igualdad entre hombres y mujeres.".
Gráfica 7: Igualdad entre hombres y mujeres.
Igualdad entre hombres y mujeres
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
Completamente garantizadas
2009
Algo garantizadas
2011
Poco grantizadas
2015
Para nada garantizadas
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
Las opciones de nuevo vuelven a ser las mismas que en la pregunta anterior y ante
ellas vemos a primera vista como en la actualidad la opción que menos porcentaje tiene de
todas es “completamente garantizadas”, mostrándonos que en este tema la desigualdad entre
hombres y mujeres puede ser un punto de reflexión en la democracia chilena. Los cambios en
sus valores son mínimos manteniendo la condición de la opción con menos porcentaje,
durante toda la serie histórica, demostrándonos que los cambios han sido nulos o inexistentes
en cuanto se refiere a esta materia.
Por otro lado, las tres restantes opciones representan casi el 90% de los encuestados,
ello nos lleva a decir que mayoritariamente en Chile, la igualdad entre hombres y mujeres no
está plenamente garantizada. Aun siendo un país con una mujer ejerciendo el cargo de la
Presidencia de la República, los encuestados consideran a Chile un país que no garantiza la
igualdad entre hombres y mujeres, ya que según los datos más del 50% de los encuestados, en
74
el año 2015, consideran que tienen “poco garantizadas” y “para nada garantizadas”, la
igualdad entre hombres y mujeres, por ello y vuelvo a insistir en la idea de que esto es un
tema a ser reflexionado para afrontarlo de cara a futuras reformas o cambios reglamentarios
en lo que se refiere a la igualdad de género.
Para acabar con este análisis, he decidido mirar la opinión de los encuestados sobre las
FFAA para ello el Latinobarómetro pregunta a los encuestados: "Por favor, mire esta tarjeta y
dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o personas de la lista. ¿Cuánta confianza
tiene usted en ellas? Las Fuerzas Armadas". Ya que las FFAA, son un poder fáctico, cada vez
menos, en Chile es interesante vez la confianza que tienen los chilenos en sus FFAA, para
comprobar si el ejército está más legitimado o menos en la actualidad.
Gráfica 8: Apoyo a las Fuerzas Armadas
Apoyo a las Fuerzas Armadas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015
Mucha
Algo
Poca
Ninguna
Fuente: Elaboración propia a partir del Latinobarómetro de 2015.
Las opciones a la pregunta son cuatro y las opciones “mucha” y “algo” representan el 62%,
significando ello que la mayoría de los encuestados tienen confianza en las FFAA. Este dato
es importante ya que las otras dos opciones no acumulan más del 36% del total. Por ello
podemos decir que la confianza en el ejército es mayoritaria en Chile, ello puede deberse al
“lavado de cara” que se dio a las propias FFAA tras el arresto de Pinochet en Londres en 1998
y el “Efecto Garzón”, también la pérdida de poder fáctico tras las continuas reformas que han
ido quitando peso a las propias FFAA. Este dato es recurrente pero a la vez sorprendente ya
que la impunidad en la que todavía viven muchos de los líderes militares del país, pero una
impunidad que está cercando a muchos de ellos y por ello es significativo el apoyo y la
75
confianza que tienen los chilenos ante un actor político que ha bloqueado la política tras una
larga y dura Dictadura. Este dato también es importante ya que la intención de la ciudadanía
en buscar la estabilidad política para la manutención de la actitud reformista que tanto ha
avanzado pero que tanto le queda por hacer.
A modo de reflexión sobre este último epígrafe vemos que en líneas generales la
opinión de los chilenos está relativamente lejos de la que nos marcan las distintas
evaluaciones que realizan organizaciones como FreedomHouse o la CEPAL. Las distintas
variables sobre el Latinobarómetro, nos pueden indicar que la satisfacción por el
funcionamiento de la democracia es baja, que la igualdad entre hombres y mujeres es todavía
un reto y que la participación política es baja. Las variables expuestas pueden mostrar la
exigencia continua de reformas de la ciudadanía chilena, los valores medios sobre el
desarrollo y funcionamiento democrático nos dan muestra de ello. Pero también es importante
decir que la variable “libertad para participar en política” va en aumento ya que los casos que
responden a la opción “completamente garantizadas” suben sin detenerse en la línea histórica.
Esto también nos puede mostrar las esperanzas de más reformas ante la consolidación de las
elecciones libres en el país y el cierto aperturismo realizado tras tres décadas. Pero sobre todo
nos puede mostrar que la alta tradición democrática chilena sigue viva y demanda más
profundización democrática aunque algunos índices marquen una desafección política amplia
y que las reformas deben continuar aunque se haya muchos en estos treinta años.
Conclusiones
A modo de resumen vemos como la historia política chilena está marcada por la
inestabilidad política desde el inicio de su trayectoria constitucional, donde la instauración de
un sistema multipartidista con la CP de 1925 generó constantes intervenciones del ejército,
ante la inviabilidad de la estabilidad política influenciada claramente por la “tesis de los tres
tercios”. Este elemento era tan importante en la vida política chilena que obligaba a los
distintos partidos del país a llegar a coaliciones electorales con el objetivo de conseguir una
mayoría sólida para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad del país.
El proyecto de la UP de Salvador Allende respondía a la estrategia de política de
bloques de alta tradición en Chile, ya que era un conglomerado de partidos de izquierda. Las
elecciones de 1970 llevaron a la UP liderada por Salvador Allende en coalición con la DC a
ganar la elecciones presidenciales de 1970, después de perder tres elecciones consecutivas
previamente. El programa de la UP basado en “la vía chilena al socialismo” tenía como
76
objetivo profundas transformaciones sociales que levantaron asperezas en diversos sectores
económicos y políticos. Entre estos sectores estaba la DC, que rompió el Pacto previo a las
elecciones de 1970, para encarar las elecciones legislativas de 1973. La fuerza conjunta entre
los dos partidos se rompió para generar una instabilidad política, marcada por el bloqueo
institucional y el boicot económico. Tras las elecciones legislativas de 1973, la ruptura de la
UP y de la DC puso de nuevo de manifiesto la “tesis de los tres tercios”, no aglutinando una
mayoría consistente que le diera a la UP –vencedores por mayoría simple de estas eleccionesuna continuidad al proyecto de la “vía chilena al socialismo”. Esta hubiera necesitado más
apoyos para sacar adelante las medidas previstas en el programa electoral. De esta forma se
rompió la política de bloques que era fundamental en la política chilena, las consecuencias
fueron el bloqueo institucional del país, ya que la UP en minoría no pudo avanzar en su
programa. Mientras, la burguesía alineada con los EEUU y con la derecha liderada por el
antiguo amigo de la UP –la DC- bloqueó al Parlamento y provocaron una inestabilidad
política y una crisis económica consecuente que dieran de nuevo razones a las FFAA para
intervenir. Por primera vez en 1973, las FFAA tenían un proyecto político y económico para
el país. El fracaso de la política de bloques dejó al país con un vacío de poder provocado por
el bloqueo institucional que demostró que la única manera de conseguir la estabilidad política
era la unión de varios partidos para ganar más fuerza y garantizar la gobernabilidad; el fracaso
del pacto entre la DC y la UP significó también el fracaso de la CP de 1925.
El golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 fue la rampa de salida para la
instauración del proyecto que tenían preparado las FFAA. El debate sobre el cambio de la CP
de 1925 marcó el devenir de una Dictadura que oprimió al pueblo a través de la censura, la
tortura, el cierre de medios de comunicación y la vulneración de derechos fundamentales. El
debate sobre el cambio normativo ocupó todo los años setenta y las posturas fueron distintas,
desde la creación de una nueva Constitución hasta la manutención de la CP de 1925. El
debate sobre la continuidad del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas marcó los
últimos pasos de los años setenta, donde la creación de una nueva Constitución a partir de
unas Actas Constitucionales que se fueron elaborando por la Junta Militar liderada por
Pinochet. Estas Actas Constitucionales colocaban los principios legales de esa nueva
Constitución, claramente marcada por el personalismo de Pinochet.
A finales de los años setenta la opinión pública internacional acosaba al país, la dureza de la
Dictadura y las continuas vulneraciones de Derechos Humanos, aceleraron el proceso de
promulgación del nuevo proyecto constitucional. Así el 11 de Septiembre de 1980 se constata
77
la implantación de una nueva Constitución en un plebiscito popular que no cumplió ningún
requisito democrático, pero sirvió para lavar la imagen de Chile en el exterior.
La CP de 1980 consagraba la entronización del poder militar y un modelo de democracia
protegida basado en cinco enclaves autoritarios que se mantuvieron en el tiempo bloqueando
cualquier acción de reforma constitucional. La elección no democrática de la Cámara Alta del
legislativo y la facultad de todos los expresidentes de ser senadores vitalicios suponían un
poder de veto ante las distintas reformas que se pudieran plantear. Un sistema binominal
mayoritario combinado con unos altos quorum parlamentarios que bloqueaban más aún el
legislativo y las posibles reformas.
Los años ochenta estuvieron marcados por el debate sobre esta nueva Constitución y
los déficits democráticos de la misma, como la continuidad en el cargo de Presidente de la
República a Augusto Pinochet. La nueva Constitución trajo consigo una cierta apertura
democrática donde la legalización de partidos políticos abrió las puertas de la negociación con
el Gobierno de la JM. La negociación estuvo combinada con una alta presión social de la
sociedad chilena hastiada por la Dictadura y por una crisis económica que llevó a muchos
ciudadanos a protestar en las calles.
Todas estas protestas unidas a la negociación política son símbolo del inicio de una
transición que todavía no se ha cerrado. Las negociaciones de los partidos políticos con la JM
desembocaron en un referéndum en 1989 sobre la continuidad de Pinochet en el cargo de
Presidente de la República. Los bloqueos institucionales no permitían hacer grandes cambios
en la nueva Constitución, lo que impidió que se pudiera hacer una verdadera transición de la
Dictadura a un sistema democrático.
En mitad de las negociaciones surgió un grupo de partidos de izquierda y de derecha
que conformaron el “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, este
mismo sería el que posteriormente formaría el “Comando del No”.
La victoria del “Comando del No” en el referéndum, vuelve a representar el éxito de la
política de bloques. La mayoría de partidos que lo componía se enfrentaron a Pinochet en un
plebiscito donde no solo venció el “No” por la continuidad del General en la Presidencia de la
República, sino que también venció la política de bloques de tanta tradición en la política
chilena.
78
A partir de la victoria del “No” los acuerdos para el nuevo tiempo se fueron
sucediendo, las fuerzas políticas del país se juntaron para poder llegar a un acuerdo de
reforma constitucional previo a las elecciones presidenciales de 1989. Se llegó a un acuerdo
donde se proponían la reforma de 54 puntos de la CP de 1980. La aplicación de la ley 18.895
llevó a cabo las reformas previstas en el acuerdo, pero en ella no se recogían la reforma de
ninguno de los cinco “enclaves autoritarios, que se mantuvieron durante los años noventa.
Los años noventa trajeron a Chile una democracia que estaba bloqueada por el
mantenimiento de los “enclaves autoritarios” y por la necesidad de la revisión histórica. La
Concertación por la Democracia –heredera del “Comando del No”- ganó las primeras
elecciones democráticas en 16 años en Chile. Su victoria vuelve a representar el éxito de la
política de bloques como modo de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política en el
país pero con el agregado de la permanencia de los “enclaves autoritarios”.
La década de los noventa no destaca por las reformas ya que el bloqueo institucional
impuesto por la herencia dejada no permitía cambiar sustancialmente el sistema. Lo más
destacable fuera de la vuelta a la normalización democrática a través de sucesivos comicios
fue el informe emitido por la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación el 4 de Marzo
de 1991 tras un año de trabajo. “El informe Retigg” recogía un listado de 2279 personas
muertas, 957 desaparecidas, además de 1068 que fueron ejecutadas, sufrieron tortura o fueron
asesinadas por escuadrones de la muerte. Este mismo responde a las demandas ciudadanas de
reconciliación y de memoria histórica tras lo sucedido durante la Dictadura, mostrando la
ciudadanía chilena una profunda exigencia democrática debido a su pasado y tradición en este
campo y también que la política de bloques representada en la Concertación tenía éxito. Pero
el bloqueo institucional no permitió que se publicaran los nombres de ninguno de los
torturados quedando impunes muchos de los delitos acaecidos durante el periodo 1973-1980.
Los demás Gobiernos no hicieron mucho más que cambios reglamentarios dentro del
orden heredado pero fue a finales de los noventa y con la detención de Pinochet en Londres
donde de verdad se abrió un nuevo camino para Chile. La petición de arresto del Juez Garzón
provocó un terremoto político en el país, las acusaciones de crímenes de lesa humanidad
sobre su persona ampliaron el debate en torno a la Dictadura y dieron lugar a grandes
reformas y movimientos políticos. Uno de los grandes efectos de la detención de Pinochet en
Londres fue el abandono de las FFAA de la Doctrina de Seguridad Nacional además de la
79
apertura de juicios contra exmilitares que participaron en torturas y ejecuciones. Aun así las
FFAA, siguieron defendiéndose del golpe en el 73.
“El efecto Garzón” combinado con la aptitud reformista de Ricardo Lagos dio como
resultado la publicación de otro informe que profundizaba el “Informe Retigg”, “El Informe
Valech”. Este segundo informe recogía los testimonios de los torturados e intentaba poner
cara a los torturadores pero la impunidad y la exigencia de más revisión histórica continuó
hasta la gran reforma de 2005.
La legislatura de Ricardo Lagos se abrió con “el Informe Valech” y se cerró con la
reforma constitucional más profunda que se haya hecho hasta hoy en el Chile actual. Esta
reforma profundizó como ninguna lo había hecho antes en el país, la aprobación de la ley
20.050 abolió dos de los cinco “enclaves autoritarios”, quedado los restantes vivos hasta hoy.
La supresión de la elección no democrática del Senado con la abolición de los senadores
vitalicios incluido el exPresidente de la República dejó un sistema más libre y menos
bloqueado. Pero la reforma de 2005 no puedo ni con lo quorum parlamentarios ni con el
sistema electoral que todavía hoy se mantienen y permiten que la política en Chile continúe
bloqueada.
Esta reforma también representa un éxito de la política de bloques sobre todo de la
Concertación que pudo solventar los bloqueos gracias a esa amplia mayoría tan necesaria en
Chile para avanzar en grandes proyectos reformadores.
Como he dicho todavía permanecen vestigios de la CP de 1980 y es necesario avanzar
en la memoria histórica del país y en la reforma de esos vestigios. Esta misma opinión parece
tener los chilenos que marcan un nivel insatisfactorio del desarrollo y funcionamiento del país
contradiciendo a los índices internacionales que evalúan a Chile como una democracia
perfecta otorgándole los mejores valores.
Para el análisis se propusieron tres variables: Los “enclaves autoritarios”, la política de
bloques y la alta tradición democrática del país que demandaba más reformas de
profundización económica. Estas variables que organizan mi trabajo puestas en un cuadro
donde se marcan también los puntos de inflexión elegidos nos darán una imagen más amplia
sobre el objeto de estudio, la democracia en chile bloqueada por los enclaves autoritarios que
se mantienen aun después de varias reformas constitucionales en una transición del
autoritarismo a la democracia.
80
El cuadro que combina los puntos de inflexión y las variables seleccionadas es el
siguiente:
Tabla 5: Variables y puntos de inflexión
Variables
ENCLAVES
AUTORITARIOS
POLÍTICA DE
BLOQUES
TRADICIÓN
DEMOCRÁTICA
1970-1980
No existían entonces,
no estaban creados.
La CP de 1925 es la
de más larga
duración en la
historia de Chile,
afirmando la
tradición democrática
del país.
1980-1989
Surgen con la
Constitución de
1980, símbolo de la
herencia de la
dictadura.
1990-2005
Se mantienen.
La política de
bloques fracasa con
la ruptura del Pacto
UP-DC, que generó
una instabilidad
constante para el
término con el golpe
de Estado.
La política de
bloques fue
fundamental para la
negociación y
posterior celebración
del referéndum en
1988 que dio lugar a
unas elecciones.
La Victoria de la
Concertación por la
democracia y el
Informe “Rettig” es
otro éxito de la
política de bloques.
Puntos de inflexión
Por primer vez se
reforman los
enclaves, se eliminan
dos de los cinco y
con ello se avanza
más hacia la
profundización
democrática.
Fuente: Elaboración propia
2005-actualidad
En 2010 el bloque de
la Concertación
pierde las elecciones
que gana otro bloque
RN, símbolo una vez
del éxito de esta
política de bloques.
La transición
democrática estuvo
marcada por las
protestas en demanda
del aperturismo,
símbolo de la
tradición democrática
Las demandas
ciudadanas no
cesaban para
encontrar más
respuestas a lo
acontecido en la
Dictadura.
La manutención de
los “enclaves
autoritarios” hace
que los chilenos
demanden más
profundización
democrática.
La tabla nos muestra como desde 1970 no existían los “enclaves autoritarios” pero si
existía ya una gran cultura democrática que se conjugaba con una política de bloque que llevó
a la UP conjuntamente con la DC a ganar las elecciones presidenciales de 1970 y afrontar un
proyecto como el de la “vía chilena al socialismo”. La ruptura del acuerdo entre ambos nos
muestra la debilidad de un sistema que se rompe y cae en manos de las FFAA, tras un golpe
81
de Estado que rompió la democracia más longeva de América Latina como resultado de la
caída de un bloque. A partir del golpe de Estado se rompen los bloques políticos al empezar
la Dictadura, la normalización democrática no llegará hasta finales de los años ochenta.
Con la aprobación de la CP de 1980 nacen los “enclaves autoritarios” y con ella
vuelve a la escena la política de bloques. En un primer momento sirve para desbancar a
Pinochet de la Presidencia e iniciar un proceso electoral libre y en segunda instancia para
llegar al acuerdo de reforma de 54 puntos de la CP de 1980 siendo esto un punto de inflexión
a la vez de un éxito de la política de bloques y de la alta tradición democrática del país con
una aptitud profundamente reformista. Todo ello encontró como freno los “enclaves
autoritarios” que no fueron reformados en el acuerdo del 89 y que complicaban las posibles
reformas que se pudieron plantear y ejecutar. Así vemos que las tres variables influencian de
manera determinante en este punto de inflexión.
Los años noventa nos muestran las sucesivas victorias de la Concertación por la
Democracia consolidando la democracia y dando muestra de la gran utilidad de la política de
bloques para la manutención de la estabilidad política y la forma de encarar reformas para
atender a una ciudadanía exigente con su democracia. Aun existiendo los “enclaves
autoritarios” la publicación del Informe “Retigg” fue un triunfo de la Concertación que los
solventó a la vez que respondía a las demandas ciudadanas de revisión histórica. En este
punto de inflexión vemos como se conjugan de nuevo las distintas variables para dar lugar a
un cierto avance en las reformas con el bloqueo institucional y con una ciudadanía ansiosa de
más reformas, sobre todo tras el arresto de Pinochet en Londres.
El siguiente punto de inflexión es el de la reforma de 2005, donde la aprobación de la
ley 20.050 modificó de manera relativa la CP de 1980. Esto representa de nuevo un éxito de
la política de bloques y la alta tradición democrática de Chile. El bloqueo solo quedaba
representado en tres “enclaves autoritarios”, los quorum parlamentarios y el sistema electoral.
La publicación del Informe “Valech” también representa lo dicho y responde a las demandas
ciudadanas de más demanda de profundización democrática, además de consagrar a la política
de bloque como modelo estratégico para profundizar en las reformas.
Como vemos en cada punto de inflexión hay una marcada influencia de las tres
variables. La política chilena convive con un bloqueo institucional que se ha rebajado a lo
largo de tres décadas que se consigue superar gracias a la tradición de la política de bloques y
82
una profunda historia democrática. De esta manera podemos concluir que la hipótesis 1 queda
demostrada.
Dentro del estudio de los índices de Freedom House o del Latinobarometro nos da la
imagen de un Chile que avanza a paso lento. Las demandas de más revisión histórica y de
profundización democrática nos muestran la insatisfacción por el desarrollo democrático del
país, ello podemos comprobarlo en los valores que se muestran en las gráficas para darse
cuenta que el 1 (Democracia perfecta) de Freedom House no concuerda con el 7.3 del
Latinobarómetro pudiendo afirmar que hay una marcada exigencia sobre el funcionamiento de
la democracia. También sucede lo mismo para los demás valores donde los retos sobre la
igualdad entre hombres y mujeres, la participación política o la libertad de expresión son
todavía demandas ciudadanas según los datos del Latinobarómetro. La única variable de este
estudio de opinión pública que crece es la participación en política símbolo de que las
esperanzas de los chilenos son grandes. Como vemos las opiniones de los chilenos
contradicen los índices internacionales demostrándose así la hipótesis 2.
Ante todo lo dicho y para ultimar vemos como Chile todavía se enfrenta a grandes
restos de cara al futuro para acabar de reformar la CP de 1980 y acabar con los tres “enclaves
autoritarios” que permanecen en la actualidad, además la revisión histórica continua en el país
y a nivel internacional con diversas detenciones de miembros de las FFAA que cometieron
delitos contras los derechos humanos. Por ello este trabajo no se cierra aquí ante el
advenimiento de más acontecimientos y más reformas no cierro el círculo con la intención de
continuar con este análisis en años venideros para poder concretar más aun dentro de este
objeto de estudio y avanzar en respuesta a los acontecimientos que se dieran los próximos
años.
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