BIOÉTICA Y SALUD PÚBLICA
EN Y PARA AMÉRICA LATINA
FRANCISCO JAVIER LEÓN CORREA
PATRICIA SOROKIN
(COORDINADORES)
FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA
Y DEL
FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA
Y DEL
DE INSTITUCIONES
CARIBE DECARIBE
INSTITUCIONES
DE BIOÉTICA DE BIOÉTICA
Copyright:
de
cada
texto
sus
autores
De
la
edición:
FELAIBE
Portada:
“Imagine
all
the
people”.
Obra
con
técnica
mixta
de
la
artista
plástica
Mirta
Kupferminc.
Autorizada
su
reproducción.
ISBN:
978-‐956-‐358-‐765-‐4
1ª
Edición
en
pdf:
Santiago
de
Chile,
Junio
2015
Edición:
Alejandra
León
Arratia
Los
editores
no
asumen
responsabilidad
alguna
por
las
opiniones
vertidas
en
cada
artículo.
Estas
corren
por
cuenta
de
sus
respectivos
autores.
Índice
Prólogo
José
Alberto
Mainetti
8
Introducción.
Bioética,
deliberación
y
Salud
Pública
Francisco
Javier
León
Correa
9
Parte
Primera
BIOÉTICA,
SALUD
PÚBLICA
Y
DELIBERACIÓN
Vinculación
entre
bioética
y
Salud
Pública
Miguel
Kottow,
Sebastián
Medina
17
Bioética
narrativa:
clave
de
la
deliberación
Tomás
Domingo
Moratalla
y
Lydia
Feito
Grande
23
El
enfoque
de
los
Derechos
Humanos
para
la
bioética
María
Luisa
Pfeiffer
34
La
bioética
social
frente
a
la
pobreza
y
a
los
grupos
vulnerables
Armando
Pérez
de
Nucci
40
Consideraciones
sobre
algunos
aspectos
de
la
bioética
y
su
relación
con
las
formas
de
argumentación
moral
Mirtha
Andreau
de
Bennato
54
Reflexiones
en
torno
a
la
bioética
y
la
ética
del
cuidado
en
el
área
asistencial
y
de
investigación
en
salud
Zoila
Rosa
Franco
Peláez
61
Hacia
una
pedagogía
de
la
(de)liberación:
“trastienda”
de
una
experiencia
“atípica”
Patricia
Sorokin
74
Parte
Segunda
TEMAS
DE
BIOÉTICA
CLÍNICA
Alcances
y
límites
del
esfuerzo
terapéutico
en
adultos
mayores
gravemente
enfermos
Carlos
Apezteguia,
Noemí
Cacace
Linares,
Mónica
Capalbo,
Gisela
Farias,
Graciela
Nora
Kullock
y
Claudia
Muravchik
82
Directivas
anticipadas
y
autonomía
en
personas
con
deterioro
cognitivo
Roberto
Arriberre,
Fernando
Adolfo
Álvarez
y
Andrea
Actis
94
Conductas
de
engaño
en
los
estudiantes
de
medicina
Sabrina
Fernanda
Merino,
Martín
Donato,
Ricardo
J.
Gelpi
y
Ana
María
Rancich
104
Estudio
de
caso
clínico:
María
Comité
de
Bioética
del
Policlínico
del
Docente.
Irene
Carreras
y
Liliana
Siede
110
Todos
se
ocupan
del
HIV,
¿quién
se
ocupa
de
mí?
Entrevista
a
informante
clave
realizada
por
Dora
Elisa
Altolaguirre
114
Trasplante
de
órganos
y
consentimiento
presunto.
Una
mirada
desde
la
ética
María
Elisa
Barone
121
Testigos
de
Jehová
Claudia
Vivian
Rocca
126
Presentación
de
casos
dilemáticos
en
el
ámbito
académico
Claudia
Vukotich,
Clara
Cullen,
Estela
Jaime,
Liliana
Chisari
Rocha,
María
Elena
García
Ramos,
Marcelo
Giannerini,
Eva
Laje,
Adriana
Molina
y
Silvio
Rosell
132
El
hospital
y
la
difusión
pública
de
información
sobre
sus
pacientes
Fernanda
Ledesma,
Hernán
García,
María
Susana
Ciruzzi,
Norma
Barraza,
Juan
Carlos
Ferreria,
María
de
los
Ángeles
Iervolino,
Daniela
Marín,
Teresa
Mazzuchelli,
Célica
Menéndez,
Luis
Novali,
Laura
Ortega,
Corina
Ponce,
Susana
Quintana,
Estela
Rodríguez,
Virginia
Schejter,
Adriana
Scrigni
y
Jorge
Selandari
139
Nuevas
técnicas
en
terapia
de
genes.
Observaciones
e
interrogantes
Carolina
Ghioldi
y
Alejandra
Mpolás
Andreadis
144
Gestación
por
sustitución
Alicia
Irma
Losoviz,
Marta
María
Lachowicz,
Margarita
Bosch,
Isabel
Colecchia
y
Ana
Beatriz
Ivenskis
152
El
bebé
de
tres
padres
y
la
toma
de
decisiones
éticas
y
bioéticas
en
el
inicio
de
la
vida
Elena
Passo
159
Aspectos
éticos,
legales
y
sociales
del
Diagnóstico
Genético
Pre-‐implantacional
Propuesta
de
regulación
para
Chile
Sofía
P.
Salas
166
Tratamiento
del
cuerpo
humano
en
el
nuevo
paradigma
de
la
Legislación
Civil
y
Comercial
Argentina
Adolfo
Saglio
Zamudio,
Andrea
Stefanutto
y
Teodora
Zamudio
178
Sobre
el
pudor
y
el
honor.
Responsabilidad
social
y
utilización
pública
de
imágenes
personales
Fabiola
Czubaj,
Laura
Rueda
Castro,
Patricia
Sorokin
y
Leonor
Suárez
196
Parte
Tercera
BIOÉTICA
Y
SALUD
PÚBLICA
Algumas
reflexões
bioéticas
em
situação
de
catástrofes
Leo
Pessini
208
Derecho
a
un
ambiente
sano:
vulnerabilidad
y
responsabilidad
Santiago
R.
Ameigeiras
y
María
Teresa
La
Valle
227
La
medicina
ancestral
ecuatoriana
afectada
en
sus
valores
bioéticos
Elizabeth
Benites
Estupiñan
,
Antonio
Aguilar
Guzmán,
Mario
Paredes
y
Roberto
García
Sánchez
237
Bioética
y
Salud
Pública
en
América
Latina:
vulnerabilidad,
pobreza
e
investigación
en
Tuberculosis
Agueda
Muñoz
del
Carpio
Toia,
Héctor
Javier
Sánchez
Pérez
y
Luis
Manuel
López
Dávila
251
Pobreza,
migración
y
tuberculosis
en
México:
del
Sur
al
Norte
Alied
Bencomo
Alerm,
Natán
Enríquez
Ríos,
Anaximandro
Gómez
Velasco
y
Héctor
Javier
Sánchez
Pérez
260
La
historia
del
improvisado
tapiz
mirando
a
la
Meca.
La
Interculturalidad
como
Apuesta
Bioética
Mónica
Bre,
Patricia
Cudeiro,
Silvana
Pardal
y
Gloria
Zelaya
270
Reflexão
em
torno
do
Acórdão
Janko
Rottmann
(Proc.
C-‐135/08)
do
Tribunal
de
Justiça
(Grande
Secção),
de
2
de
março
de
2010
Cândida
Carvalho
279
Tuberculosis
drogorresistentes
e
inequidad.
Manejo
en
países
con
recursos
limitados
Domingo
Palmero
y
Viviana
Ritacco
297
La
ética
del
cuidado
en
el
campo
asistencial
y
de
la
investigación
Irene
Acevedo
Pérez
318
Trans-‐formación.
Reflexiones
de
la
práctica
profesional
en
el
ámbito
hospitalario
Mirta
Quinteros,
Graciela
Blanco,
Ana
Comerci,
Sandra
Gonzalez,
Cynthia
Hirsch,
María
Fernanda
Islas,
Magdalena
Maciel
Garay,
Norma
Lupi,
Fernanda
Sarralde,
Dora
Suarez
y
Viviana
Terraciano
322
Prácticas
sociales
en
adultos
mayores:
relato
de
una
experiencia
desarrollada
en
el
ámbito
universitario
Silvia
Molina,
Silvia
Schupack
y
Gladys
Martínez
328
Proceso
de
inserción
de
los/as
Trabajadores
Sociales
en
el
Servicio
de
Urgencia
en
un
Hospital
Monovalente
Mirta
Quinteros,
Graciela
Blanco,
Patricia
Campello,
Gerardo
Ortega;
Soledad
Pascual,
Nadia
Peralta,
Leticia
Pérez,
Sandra
Pirotta,
María
Clara
Santander,
Viviana
Suárez;
Alejandra
Véliz;
Georgina
Vespertino
y
Marta
Viglieno
339
Experiencia
en
Latinoamérica
de
provisión
de
medicamentos
de
alto
costo
Adriana
Carrá
y
María
Inés
Bianco
345
Visión
ética
de
la
seguridad
del
paciente:
un
componente
de
la
Salud
Pública
Willen
Cabrera
y
Ariel
Palacios
351
Maltrato
en
educación
médica
Ana
María
Rancich,
Sabrina
Fernanda
Merino,
Martín
Donato
y
Ricardo
J.
Gelpi
362
Violencia
Hospitalaria
Diana
Cohen
Agrest
y
María
Elena
Rey
371
Parte
Cuarta
ÉTICA
DE
LA
INVESTIGACIÓN
Problemas,
compromisos
y
demandas
para
un
sistema
nacional
de
garantías
en
la
protección
de
las
personas
incluidas
en
investigaciones
biomédicas
Juan
Carlos
Tealdi
378
Neurociencias
e
investigación
en/con
animales:
mitos
y
retos
actuales
Marta
Alicia
Bigliardi.
Carmen
Alicia
Cardozo
de
Martínez
y
Silvina
Lidia
Heisecke
386
La
investigación
en
vacunas
y
enfermedades
desatendidas:
¿un
aspecto
relegado
en
ética
de
la
investigación?
Ida
Cristina
Gubert,
María
Consuelo
Miranda
Montoya
y
Estela
Quiroz
Malca
398
Uso
de
medicamentos
off-‐label
en
pediatría.
Cuando
la
excepción
es
la
regla
María
Fabiana
Ossorio,
Fernando
Ferrero,
Patricia
Cudeiro
y
Fabiana
Pestchanker
408
Investigación
con
personas
con
discapacidad
psicosocial
e
intelectual:
desafíos
bioéticos
María
Angélica
Sotomayor
Saavedra,
Luz
María
Pagano,
Claude
Vergès
y
Katya
Rodríguez
415
Los
alumnos
universitarios
como
sujetos
de
investigación
Graciela
A.
Castillo,
Bartolomé
E.
Llobeta
y
Gabriel
G.
F.
Orce
427
La
situación
legal
de
la
experimentación
con
animales.
Una
revisión
sobre
las
normativas
vigentes
en
la
Argentina
Marcela
Rebuelto
y
Susana
Zampolini
435
Investigación
de
alternativas
terapéuticas
para
el
tratamiento
de
microorganismos
multirresistentes:
aspectos
éticos
Viviana
Lifschitz,
Lorena
Dos
Santos
y
Luis
Antonio
Merino
441
Ética
em
pesquisas
com
crianças:
o
caso
da
leucemia
linfoide
aguda
Luciana
G.
Matos,
Tainá
M.
Marquez
y
Dirce
Guilhem
449
¿Qué
se
entiende,
aquí
y
ahora,
por
“Comités
de
ética
independientes”?
Eduardo
Alfredo
Duro
y
Susana
Noemí
Torres
459
Vulnerabilidad
del
sistema
de
investigación
en
dos
países
de
postguerra
en
Centro
América:
más
allá
de
la
regulación
y
los
aspectos
éticos
en
la
investigación
Luis
Manuel
López
Dávila
y
Virginia
Rodríguez
Funes
464
El
rol
de
los
Comités
de
Ética
en
la
evaluación
de
Contratos
en
Investigación
Clínica
Carlos
Burger
477
La
protección
de
datos
y
el
formulario
de
Consentimiento
Informado
en
el
marco
de
las
investigaciones
clínicas
Ana
Laura
Pinto
y
María
del
Rosario
Moreno
483
Monitoreo
Ético
en
el
Hospital
Británico
de
Buenos
Aires.
Resultados
de
las
entrevistas
y
dilemas
encontrados
Adriana
Grosman,
Federico
Bottaro,
Gonzalo
Fleire,
Victoria
Restano,
Valeria
Benardoni
y
Juan
Carlos
Barreira
489
8
Prólogo
Hemos
presentado
este
libro
para
celebrar
este
año
el
45
aniversario
del
nacimiento
de
la
bioética,
si
partimos
de
la
aparición
del
neologismo
en
la
obra
de
Potter.
Los
autores,
colaboradores
y
temas
de
bioética,
de
gran
amplitud,
son
genuinos
representantes
del
notable
desarrollo
de
la
disciplina
en
América
Latina
y
el
Caribe.
Dividida
en
cuatro
partes,
bioética,
salud
pública
y
deliberación;
bioética
clínica;
bioética
y
salud
pública;
y
ética
de
la
investigación,
con
una
diversidad
temática
y
pluralidad
de
colaboradores,
se
trata
de
una
ejemplar
obra
colectiva,
un
manual
para
muchas
manos
en
el
estudio
de
la
bioética.
Quien
como
yo
ha
visto
nacer
la
disciplina,
leer
este
libro
es
como
contemplar
un
álbum
de
familia
y
a
todos
sus
miembros
transmito
mi
entrañable
satisfacción
paternal.
Invito
también
al
lector
a
ser
partícipe
de
esta
familia
Dr.
José
Alberto
Mainetti
9
Introducción
BIOÉTICA,
DELIBERACIÓN
Y
SALUD
PÚBLICA
Francisco
León
Correa
Dr.
Filosofía,
Mg.
Bioética.
Director
del
Programa
de
Bioética,
Facultad
de
Ciencias
de
la
Salud
Universidad
Central
de
Chile
La
ética
médica
tradicional
se
centró
en
dos
principios
éticos,
presentes
desde
el
Juramento
hipocrático:
el
principio
de
no
maleficencia,
no
hacer
daño
al
paciente,
y
el
principio
de
beneficencia,
hacerle
el
mayor
bien
posible.
El
médico
nunca
puede
utilizar
su
saber,
su
arte,
para
dañar
a
las
personas,
y
por
el
contrario,
debe
tratar
de
hacerles
el
mayor
bien
posible.
A
estos
principios,
se
han
añadido
en
el
último
tercio
del
siglo
XX
otros
dos,
el
de
autonomía
del
paciente
y
el
de
justicia.
El
principio
de
autonomía
significa
reconocer
la
madurez
moral
de
cada
paciente,
que
debe
participar
en
la
toma
de
decisiones
que
afectan
a
su
salud
y
su
vida,
con
voluntariedad,
información
y
competencia,
con
respeto
por
su
capacidad
de
autodeterminación.
El
de
justicia
significa
no
realizar
discriminaciones
injustas
en
la
atención
de
salud,
por
criterios
de
edad,
creencias,
nacionalidad,
etc.
y
a
la
vez,
distribuir
con
equidad
los
recursos
disponibles
en
nuestros
sistemas
de
salud.
A
finales
de
los
años
70
surge
la
Bioética,
como
consecuencia
de
tres
factores
fundamentalmente.
El
primero
es
la
aparición
de
la
ética
de
la
investigación
biomédica,
iniciada
al
terminar
la
primera
Guerra
Mundial,
con
el
Código
de
Nüremberg,
y
consolidada
después
con
la
Declaración
de
Helsinki.
De
hecho,
la
primera
formulación
de
unos
“principios
bioéticos”
se
debe
al
Informe
Belmont,
propuesta
principialista
que
recogen
enseguida
Beauchamp
y
Childress
para
el
ámbito
de
la
ética
clínica.
El
segundo
factor
es
el
avance
de
la
propia
Medicina,
con
adelantos
técnicos
extraordinarios,
que
le
generan
una
capacidad
mucho
mayor
de
intervenir
en
la
vida
humana,
en
su
inicio
y
en
su
final,
y
de
curar
las
enfermedades,
a
la
vez
que
le
plantean
dilemas
éticos
nuevos.
También
a
partir
de
los
70
se
desarrollan
las
técnicas
de
diálisis,
cuidados
intensivos,
trasplantes,
etc.,
que
plantean
dilemas
en
torno
al
tratamiento
de
pacientes
terminales,
a
la
“muerte
digna”,
la
proporcionalidad
de
los
tratamientos,
los
criterios
de
muerte,
etc.
Al
inicio
de
la
vida,
los
debates
sobre
la
legislación
del
aborto
en
muchos
países
dieron
comienzo
a
reflexiones
éticas,
que
se
extendieron
después
a
la
reproducción
médicamente
asistida,
fecundación
in
vitro,
manipulación
de
embriones,
células
madre,
clonación,
manipulación
genética,
manipulación
cerebral
desde
la
neurología,
y
el
actual
planteamiento
de
un
mejoramiento
humano
y
los
límites
del
“enhacement”
en
una
Medicina
ya
no
curativa
sino
mejorativa.
El
tercer
factor
que
se
suma
a
los
anteriores,
es
el
cambio
en
la
atención
en
salud
con
la
creación
de
sistemas
integrados
de
salud,
como
respuesta
a
la
concepción
del
derecho
humano
a
la
salud,
entendido
como
derecho
a
una
atención
de
salud
digna
y
de
calidad,
sostenida
por
el
estado
fundamentalmente,
aunque
se
complemente
con
el
sector
privado.
Del
médico
de
cabecera
o
de
familia
se
pasa
a
los
equipos
de
profesionales
de
la
salud
en
grandes
hospitales
cada
vez
más
especializados,
con
una
importancia
cada
vez
mayor
de
la
gerencia
económica
de
las
instituciones
de
salud,
y
un
proceso
muy
positivo
de
universalización
de
la
atención
en
salud,
que
al
mismo
tiempo
burocratiza
y
en
cierto
modo
deshumaniza
la
relación
entre
los
profesionales
y
los
ahora
considerados
usuarios
de
los
sistemas
de
salud,
tanto
en
atención
primaria
como
en
la
hospitalaria.
10
En
un
pequeño
libro,
Mark
Siegler
ha
expuesto
las
que
él
considera
cuatro
etapas
fundamentales
de
la
relación
médico-‐paciente
en
Estados
Unidos.
En
los
años
setenta,
dentro
del
paternalismo
médico,
el
profesional
médico
decidía
y
el
paciente
obedecía;
en
los
ochenta,
con
la
expansión
inicial
de
la
Bioética
en
Norteamérica,
y
la
exaltación
de
la
autonomía
del
paciente,
el
médico
ya
no
decide,
decide
el
paciente
en
una
relación
más
contractual,
informativa
y
técnica;
ya
en
los
noventa,
con
el
surgimiento
del
managed
care
y
la
expansión
de
las
grandes
empresas
de
salud,
ya
no
deciden
⎯según
Siegler⎯
ni
los
médicos
ni
los
pacientes,
sino
los
gerentes
de
las
instituciones
de
la
salud:
entre
el
médico
y
su
paciente
están
ahora
las
instituciones,
los
seguros
de
salud,
la
medicina
prepagada,
etc.,
que
“deciden”
lo
que
el
médico
puede
realizar
y
lo
el
paciente
tiene
derecho
a
recibir.
La
última
etapa,
sería
a
partir
de
comienzos
del
siglo
XXI,
con
la
propuesta
desde
la
bioética
de
una
“toma
de
decisiones
compartidas”
entre
todos
los
afectados
por
las
decisiones
en
el
ámbito
de
la
atención
en
salud:
gerentes,
médicos
y
pacientes.
La
Bioética
viene
precisamente
a
tratar
de
afrontar
estos
nuevos
problemas
y
dilemas
éticos,
unidos
a
los
avances
tecnológicos,
a
los
grandes
cambios
en
la
investigación
científica
y
biomédica,
y
a
la
atención
de
las
personas
en
los
sistemas
de
salud
modernos.
Para
ello
ofrece
fundamentalmente
un
modo
de
reflexión
interdisciplinaria:
no
basta
solamente
con
la
ética
del
científico,
la
ética
médica,
la
ética
de
la
enfermera,
etc.,
es
necesaria
una
mirada
integral
desde
varias
profesiones,
y
también
desde
el
derecho
y
la
filosofía
a
problemas
nuevos
más
complejos,
que
dan
lugar
a
debate
sociales
cada
vez
más
intensos.
También
ofrece
modelos
de
toma
de
decisiones
que
en
la
práctica
ayuden
a
los
profesionales
de
la
salud
y
a
los
pacientes
a
tomar
las
mejores
decisiones
posibles
y
más
prudentes
en
los
casos
concretos,
tanto
en
situaciones
extraordinarias
más
complicadas,
como
en
la
práctica
clínica
habitual.
Pero
no
es
solamente,
esto,
la
Bioética
propone
un
modo
de
afrontar
los
nuevos
conflictos
de
valores
que
surgen
en
un
mundo
cada
vez
más
multicultural
y
complejo.
También,
como
toda
ética
aplicada,
tiene
que
terminar
por
ser
normativa,
por
`proponer
normas,
guías
éticas,
leyes,
regulaciones,
códigos,
por
consenso
en
las
sociedades
democráticas,
dentro
de
una
ética
de
mínimos,
que
suele
estar
definida
por
las
normas
jurídicas
y
las
leyes.
Pero
también,
más
allá,
debe
proponer
ciertos
ideales,
ciertos
valores
exigentes,
no
como
moral
de
máximos,
sino
como
ideales
éticos
fundamentales
para
el
funcionamiento
de
una
sociedad
democrática,
donde
el
progreso
científico
y
médico
sea
guiado
también
por
criterios
éticos
humanistas.
Por
eso,
podemos
dar
una
definición
de
Bioética,
que
sitúa
en
el
centro
el
respeto
por
la
vida,
y
la
dignidad
de
la
persona
humana:
“La
Bioética
es
una
deliberación
práctica
de
las
exigencias
éticas
que
lleva
consigo
el
respeto
por
la
vida
humana
y
no
humana,
y
la
promoción
de
la
dignidad
de
la
persona,
en
el
ámbito
biomédico,
en
la
asistencia
en
salud,
en
las
instituciones,
políticas
y
sistemas
de
salud”.
Revisaremos
ahora
los
términos
presentes
en
esta
definición,
y
veamos
los
principios
bioéticos
que
podemos
aplicar
en
la
salud
pública.
La
deliberación
práctica
La
Bioética
propone
como
método
propio
la
deliberación
práctica,
y
como
ámbito,
las
exigencias
éticas
del
respeto
por
la
vida
humana
y
no
humana,
y
la
promoción
de
los
derechos
de
las
personas
en
la
atención
de
salud,
en
la
investigación
biomédica,
en
la
organización
y
funcionamiento
de
las
instituciones
y
los
sistemas
de
salud,
a
través
de
las
políticas
de
salud.
La
forma
de
abordar
estos
temas
es
la
deliberación
racional
práctica,
que
analiza
las
diversas
posibilidades
de
acción,
es
capaz
de
justificarlas
o
rechazarlas
mediante
principios
éticos
universales,
y
trata
de
salvaguardar
valores
fundamentales
de
la
persona.
11
Deliberamos
solamente
sobre
lo
que
está
a
nuestro
alcance
y
es
realizable,
no
sobre
lo
ideal
e
irrealizable.
No
deliberamos
sobre
lo
que
nos
sucede
por
la
naturaleza,
la
necesidad
o
el
azar,
sino
sobre
las
realidades
que
dependen
de
nuestro
actuar
libre
humano,
sobre
lo
que
nosotros
mismos
podemos
hacer
o
no
hacer,
sobre
lo
que
puede
hacerse
de
una
manera
o
de
otra,
sobre
lo
que
no
está
predeterminado
o
es
objeto
de
un
conocimiento
cierto,
riguroso
y
suficiente.
Este
es
el
caso
de
la
mayoría
de
los
conocimientos
en
Medicina,
con
un
saber
de
probabilidades,
no
de
certezas
absolutas,
ni
de
vías
únicas
de
solución
generales.
La
deliberación
se
da
respecto
de
las
cosas
que
generalmente
suceden
de
una
manera,
pero
pueden
suceder
de
otra,
cuyo
resultado
no
es
claro
o
está
indeterminado.
Por
eso
es
un
instrumento
esencial
en
el
trabajo
de
los
comités
de
ética,
tanto
de
investigación
como
asistenciales
o
clínicos,
y
también
en
cualquier
debate
de
bioética
en
torno
a
las
decisiones
que
debemos
tomar
individual
o
socialmente
respecto
a
nuevas
tecnologías,
atención
en
salud,
etc.
Es
fundamental
en
la
toma
de
decisiones
en
el
ámbito
clínico,
donde
debemos
ajustar
la
conducta
a
las
normas
y
reglas,
pero
debemos
poder
justificarla
en
base
a
principios
éticos
universales,
que
a
su
vez,
protegen
y
promueven
valores
éticos
fundamentales.
Valores,
principios
y
normas
en
bioética
A
los
profesionales
de
la
salud
suele
preocuparles
la
existencia
de
unas
normas
claras,
precisas,
que
digan
lo
que
se
debe
hacer
⎯la
buena
praxis⎯
y
lo
que
debe
evitar,
como
mala
praxis.
En
este
nivel
están
las
leyes,
reglas,
normativas,
guías
clínicas
y
ético-‐clínicas,
códigos
deontológicos,
cada
uno
con
más
o
menos
exigencia
moral
para
el
profesional
de
la
salud.
Determinan
la
acción,
facilitan
la
decisión,
y
nos
hacen
sentir
más
seguros
al
actuar.
Pero
no
pueden
nunca
abarcar
toda
la
riqueza
de
la
vida
real,
y
son
normas
morales
heterónomas,
que
deben
pasar
por
nuestra
propia
conciencia.
A
veces
coincidirán
y
en
otras
ocasiones
claramente
sentiremos
que
debemos
hacer
una
excepción
o
que
se
oponen
directamente
a
nuestros
propios
valores.
Debemos
poder
justificar
esas
reglas
o
normas
mediante
principios
éticos
universales,
que
son
grandes
orientaciones
del
actuar
práctico.
Desde
la
Bioética
norteamericana
se
nos
proponen
cuatro:
no
maleficencia,
justicia,
autonomía
y
beneficencia.
Veremos
enseguida
el
debate
en
torno
a
estos
principios.
Beaucamp
y
Childres
proponen
que
son
lso
principios
los
que
justifican
las
reglas
o
normas,
y
no
se
justifican
a
su
vez
respecto
a
los
valores.
Por
eso
su
propuesta
se
califica
de
principialista.
También
proponen
que
estos
principios
son
iguales,
no
admiten
priorización
entre
ellos
y
que
en
cada
caso
concreto
debemos
examinar
cuál
debe
prevalecer.
Es
bien
conocida
la
propuesta
de
Diego
Gracia
de
jerarquización
de
estos
cuatro
principios
en
dos
niveles,
así
como
otras
propuestas
de
otros
principios
diferentes,
como
la
europea
centrada
en
la
dignidad,
la
integridad,
la
autonomía
y
la
vulnerabilidad,
o
sistema
de
principio
⎯único,
como
el
de
permiso
en
el
caso
de
Engelhardt,
o
el
de
beneficencia,
de
Edmund
Pellegrino.
También
son
muy
conocidas
las
críticas
al
principialismo
y
respuestas
a
estas
críticas,
y
los
intentos
de
superación
desde
otras
visiones
de
la
Bioética:
Bioética
basada
en
los
derechos
humanos,
hermenéutica,
narrativa,
ética
del
cuidado,
bioética
personalista.
Pensamos
que
lo
fundamental
es
recoger
las
propuestas
que
se
refieren
a
la
relación
entre
valores,
principios
y
normas.
Las
normas
deben
poder
justificarse
mediante
principios
éticos
fundamentales.
Tenemos
también
principios
éticos
instrumentales
que
nos
ayudan
a
decidir
con
prudencia,
como
el
doble
efecto,
proporcionalidad,
observador
imparcial.
Pero
debemos
fundamentar
esos
principios
en
valores,
en
un
“sistema
de
referencia”,
en
términos
de
Diego
Gracia,
que
podemos
analizar
como
valores,
derechos
12
humanos
fundamentales,
bienes
humanos
básicos
de
la
persona,
o
capacidades
humanas
en
el
sentido
de
Sen
o
Nussbaum.
Sin
ser
exhaustivos
ahora,
proponemos
como
más
importantes
los
siguientes:
Valores:
bienes
humanos
básicos,
derechos
humanos,
capacidades
humanas
•
•
•
•
Fundamentales:
Vida,
libertad,
paz,
salud,
bienestar
material
Intelectuales:
Conocimiento/cultura,
armonía
interior
y
exterior
Vida
de
relación
próxima:
Familia,
Amor/amistad,
solidaridad
Vida
de
relación
ampliada:
Tolerancia,
diálogo,
empatía,
compasión,
reconocimiento,
inclusión
Principios:
grandes
orientaciones,
actitudes
•
•
Fundamentales:
no
maleficencia,
justicia,
autonomía,
beneficencia
Instrumentales:
doble
efecto,
observador
imparcial,
proporcionalidad,
etc.
Reglas
o
normas:
determinan
la
acción,
facilitan
la
decisión
•
Leyes,
códigos
deontológicos,
guías
ético-‐clínicas,
evidencia
En
definitiva,
la
interpretación
de
los
principios
bioéticos
depende
del
marco
de
referencia
de
valores
o
derechos
humanos.
Para
el
principialismo
norteamericano
la
no
maleficencia
es
sobre
todo
evitar
la
mala
praxis;
la
justicia
fundamentalmente
es
equidad
y
respeto
por
los
derechos;
la
autonomía
significa
autodeterminación;
y
la
beneficencia
consiste
en
hacer
el
bien
según
los
valores
del
propio
paciente,
esto
es,
respeto
por
la
diversidad.
En
cambio,
en
la
propuesta
europea,
el
principio
de
dignidad
es
respeto
por
la
persona;
el
de
integridad,
es
el
respeto
por
la
persona
en
su
integralidad
física
y
moral;
el
principio
de
autonomía
no
es
solamente
autodeterminación
sino
corresponsabilidad
del
paciente
con
el
profesional
que
le
atiende;
y
finalmente,
el
de
vulnerabilidad
tiene
en
cuenta
que
en
muchas
ocasiones
no
estamos
frente
a
un
paciente
autónomo,
competente,
adulto
e
informado,
sino
ante
personas
vulnerables
que
debemos
proteger.
Quizás
en
esta
propuesta
⎯en
nuestra
opinión⎯
no
se
está
hablando
de
principios
del
obrar
moral
concreto,
sino
de
presupuestos
premorales
que
son
antropológicos,
con
repercusiones
éticas
evidentes:
la
libertad,
la
dignidad,
la
vulnerabilidad,
son
condiciones
antropológicas
de
la
persona,
que
fundamentan
los
derechos
humanos,
los
bienes
humanos
básicos
que
son
valores
éticos,
que
necesitan
a
su
vez
de
concreción
en
normas
y
reglas.
Si
analizamos
cómo
es
la
interpretación
de
los
principios
bioéticos
en
Latinoamérica,
vemos
que
entendemos
algo
diferente
de
las
propuestas
norteamericana
y
europea.
En
nuestro
ámbito,
la
maleficencia
supone
sobre
todo
no
abandono;
la
justicia
es
protección
de
los
más
vulnerables
y
reparación
de
los
ya
vulnerados
en
sus
derechos
fundamentales;
la
autonomía
es
liberación
de
coacciones
externas
e
internas
y
también
el
deber
de
promover
la
competencia
de
las
personas;
y
finalmente,
la
beneficencia
es
inclusión,
humanización
y
solidaridad,
con
una
amplia
repercusión
en
el
modo
de
plantear
los
dilemas
bioéticos.
Algunas
éticas
promueven
en
un
primer
plano
la
importancia
de
las
reglas
y
normas,
como
la
deontología
de
las
profesiones,
o
el
positivismo
jurídico,
o
algunas
concepciones
que
critican
los
sistemas
éticos
de
principios
y
quieren
“juridificar”
la
Bioética,
o
al
menos,
dar
preponderancia
a
las
leyes
sobre
los
valores
y
principios,
por
considerar
que
no
es
posible
fundamentarlos
a
nivel
universal.
Otras,
como
el
principialismo,
ponen
el
énfasis
en
los
principios,
que
justifican
las
reglas
o
normas
y
no
quieren
entrar
en
el
“mundo
subjetivo
y
cambiante”
de
los
valores.
Finalmente,
otras
éticas
promueven
la
validez
universal
de
los
derechos
humanos
13
como
base
del
respeto
por
la
dignidad
de
las
personas;
o
un
ideal
de
felicidad,
vida
buena
y
virtud
centrada
en
los
bienes
humanos
básicos.
Pensamos
que
el
equilibrio
entre
valores,
principios
y
normas
es
fundamental
en
cualquier
propuesta
ética
que
quiera
fundamentar
nuestros
deberes
éticos
para
con
los
demás.
Principios
bioéticos
para
la
salud
pública
En
trabajos
anteriores
hemos
expuesto
los
principios
que
desarrollan
esos
cuatro
fundamentales
propuestos
por
la
Bioética
norteamericana,
precisamente
para
darles
un
mayor
contenido.
Los
analizaremos
exponiendo
sobre
todo
la
relación
con
la
salud
pública
y
las
políticas
de
salud.
La
no
maleficencia
es
primariamente
no
dañar
física
o
psíquicamente,
evitar
el
dolor
físico
y
el
sufrimiento
psíquico.
Puede
concretarse
en
tres
principios:
Deber
de
no
abandono
del
paciente
o
sujeto
de
investigación;
Principio
de
precaución,
que
nos
ayuda
a
evitar
cualquier
mala
praxis,
a
nivel
del
equipo
clínico
y
de
la
institución;
y
Principio
de
responsabilidad
ante
las
consecuencias
de
las
decisiones
ético-‐clínicas,
o
de
toma
de
medidas
en
una
institución
o
en
salud
pública.
Pero
también
existe
el
abandono,
no
solo
por
parte
del
equipo
profesional
de
salud,
sino
de
la
familia
y
la
comunidad:
están
los
-
deberes
de
responsabilidad
familiar
(no
abandono
familiar
del
paciente).
El
principio
de
precaución
es
fundamental
en
la
salud
pública
e
integra
todo
el
ámbito
de
la
seguridad
en
las
intervenciones
con
los
pacientes,
que
evitan
la
mala
praxis
clínica
o
los
eventos
adversos
en
las
investigaciones,
más
la
planificación
de
los
cuidados,
y
la
previsión
en
la
prevención
de
las
enfermedades,
uno
de
los
objetivos
básicos
de
la
salud
pública.
Y
la
responsabilidad
no
es
solamente
individual,
es
también
comunitaria
(no
abandono
institucional
y
social).
Es
el
principio
fundamental
en
la
promoción
de
la
salud,
objetivo
que
debiese
ser
prioritario
en
las
políticas
de
salud,
no
solo
en
la
Atención
Primaria
de
salud,
sino
en
todo
el
sistema.
En
nuestros
sistemas
de
salud,
no
maleficencia
es,
muy
en
primer
término,
no
abandono
e
inclusión
frente
a
la
marginación
presente
en
algunos
sectores
sociales,
y
que
se
evite
totalmente
la
corrupción
y
la
ineficacia
en
las
políticas
de
salud,
que
dañan
finalmente
a
los
pacientes,
así
como
poner
muy
en
primer
lugar
la
promoción
y
prevención
que
evitan
el
daño
ante
de
que
se
produzca.
El
principio
de
justicia
es
primariamente
dar
a
cada
uno
lo
suyo,
lo
debido,
a
lo
que
tiene
derecho,
pero
contiene
otros
varios:
-‐
Principio
del
respeto
a
los
derechos
o
a
la
legalidad
vigente,
ver
en
el
paciente
o
usuario
también
un
sujeto
de
derechos
legítimos,
y
claridad
en
los
derechos
y
deberes
mutuos
de
los
profesionales
de
la
salud
y
los
pacientes
y
entre
ellos
y
el
sistema.
El
paternalismo
sustituye
los
derechos
por
la
confianza
pasiva
del
enfermo
con
su
médico.
Es
de
justicia
promover
esos
derechos
de
los
pacientes,
dentro
de
una
relación
mutua
de
confianza,
no
de
confrontación
o
de
Medicina
defensiva.
-‐
Principio
de
equidad,
que
es
distribuir
las
cargas
y
beneficios
equitativamente,
más
que
mero
equilibrio
entre
costes/beneficios
o
recursos/servicios
prestados.
Primero
consiste
en
no
realizar
discriminaciones
injustas
(caben
las
discriminaciones
justas
por
motivos
clínicos,
de
urgencia,
en
catástrofes,
etc)
y
segundo
en
la
igualdad
en
las
posibilidades
de
acceso
y
en
la
distribución
de
los
recursos
de
la
salud,
al
menos
dentro
del
mínimo
ético
exigible
en
cada
situación
concreta.
14
-‐
Pero
antes
de
esto
pensamos
que
es
primordial
en
la
situación
de
muchos
países
de
América
Latina,
el
principio
de
protección,
para
conseguir
efectivamente
un
nivel
adecuado
de
justicia
con
los
más
vulnerables,
y
el
principio
de
reparación
de
las
injusticias
ya
realizadas,
con
las
personas
ya
vulneradas
en
la
atención
de
salud
o
en
la
investigación
biomédica.
-‐
También
pertenece
a
la
justicia
el
deber
de
eficiencia
a
nivel
profesional,
institucional
o
del
propio
sistema
de
salud.
Es
exigible
la
eficiencia
a
los
profesionales
que
trabajan
en
el
sistema
de
salud,
a
las
instituciones
privadas
o
públicas
que
están
dentro
de
una
medicina
gestionada
que
debe
necesariamente
racionalizar
el
gasto.
Aquí
es
primordial
poner
el
fin
de
la
salud
–propio
del
profesional
y
del
sistema-‐
por
encima
del
fin
económico,
importante
pero
secundario.
-‐
Es
de
justicia
finalmente
asegurar
la
continuidad
de
la
atención,
tanto
entre
Centros
de
Salud
y
Hospitales,
como
del
médico
tratante,
en
lo
posible.
A
nivel
institucional,
es
un
deber
asegurar
la
sostenibilidad
del
sistema
y
la
continuidad
de
la
atención
al
usuario.
Y
es
un
deber
de
justicia
prioritario
para
el
sistema
de
salud
asegurar
la
sostenibilidad
de
las
prestaciones
que
se
ofrecen
a
los
ciudadanos.
En
cuanto
a
la
autonomía,
no
es
solamente
el
respeto
por
las
decisiones
libres,
voluntarias
e
informadas
del
paciente,
a
través
del
proceso
del
consentimiento
informado.
Existe
también
más
allá
el
deber
ético
de
los
profesionales
de
promover
la
competencia,
y
de
ayudar
⎯sin
paternalismos⎯
a
que
el
paciente
pueda
ejercer
una
libertad
responsable.
Y
más
allá
de
la
subrogación
de
la
autonomía
desde
el
punto
de
vista
legal
⎯muchas
veces
confundido
con
el
ético-‐
en
los
casos
de
falta
de
competencia
momentánea
o
definitiva,
está
buscar
al
representante
mejor
de
los
intereses
del
paciente,
y
el
papel
de
la
familia
en
nuestra
cultura.
No
se
trata
de
una
autonomía
individualista,
en
muchos
casos,
sino
del
individuo
en
el
ámbito
familiar,
y
a
veces
comunitario,
más
amplio.
Coexisten
en
nuestros
países
de
hecho
dos
modelos,
el
de
la
salud
privada
y
el
de
la
salud
pública.
Pero
no
podemos
mantener
la
idea
de
que
la
privada
sería
el
ámbito
del
paciente
que
desea
ser
autónomo,
mientras
la
pública
queda
⎯de
hecho,
no
en
los
teóricos
derechos⎯
como
el
ámbito
de
la
beneficencia
y
la
justicia.
Este
planteamiento
sería
radicalmente
injusto.
También
corresponde
al
principio
de
autonomía
la
participación
de
todos
los
ciudadanos
en
el
control
social
y
en
la
elaboración
de
las
políticas
de
salud
públicas,
o
en
las
líneas
de
investigación
biomédica.
En
la
medida
que
todos
sean
más
autónomos
de
hecho,
deberán
también
participar
en
mayor
grado
en
la
delimitación
de
los
valores
éticos
presentes
en
el
sistema
de
salud
y
en
las
políticas
de
salud.
Por
último,
el
principio
de
beneficencia,
que
es
hoy
en
día
mucho
más
que
hacer
al
paciente
el
mayor
bien
posible
según
su
propia
escala
de
valores.
En
primer
lugar,
la
beneficencia
supone
atender
el
bien
de
la
calidad
de
vida
del
paciente
como
fin
propio
de
la
Medicina:
no
solamente
curar,
sino
cuidar
y
dar
la
mejor
calidad
de
vida
posible.
Calidad
de
vida
se
entiende
así
como
un
bien
del
paciente,
y
no
solo
como
un
instrumento
o
principio
instrumental
para
medir
la
proporcionalidad
de
un
determinado
tratamiento.
Es
objetivo
importante
de
las
tareas
de
rehabilitación
y
reinserción
del
paciente
después
de
una
intervención
clínica,
donde
juega
un
papel
importante
todo
el
equipo
de
salud.
Se
entiende
que
el
paciente
desea
una
atención
de
calidad
y
excelencia,
y
estos
son
valores
que
deben
incorporar
los
equipos
y
profesionales
de
la
salud.
La
calidad
de
la
atención
conlleva
varios
aspectos:
excelencia
en
cuanto
a
obtener
los
mejores
resultados,
valor
en
cuanto
al
precio
de
los
servicios
ofrecidos,
ajuste
a
unas
determinadas
especificaciones
o
estándares,
y
satisfacción
de
las
15
expectativas
de
los
usuarios.
Esto
se
puede
conseguir
mediante
los
compromisos
explícitos
de
las
instituciones
a
través
de
las
Cartas
de
Servicios,
por
ejemplo,
y
mediante
los
procesos
de
acreditación
institucionales
de
las
instituciones
de
salud.
Se
requiere
también
una
medicina
mucho
más
cercana
al
paciente,
con
una
relación
más
personal,
mas
humanizada,
tanto
por
parte
del
médico
y
demás
profesionales
de
la
salud,
como
por
parte
de
la
institución,
por
ejemplo,
con
planes
concretos
de
humanización
de
la
atención
que
se
presta.
El
médico
está
ligado
al
paciente
por
un
contrato
profesional,
y
en
el
marco
de
una
institución.
Es,
por
tanto,
el
médico
un
agente
que
interviene
en
lo
que
denominamos
con
Paul
Ricoeur
el
tercer
nivel
de
la
intención
ética,
el
de
la
justicia.
Pero
a
la
vez,
debe
establecer
relaciones
personalizadas
con
los
pacientes
que
atiende,
y
por
eso
su
actuación
se
mueve
en
el
segundo
nivel
ético
del
“con
y
para
los
otros”.
No
puede
ignorar
la
justicia,
pero
debe
actuar
con
beneficencia,
desde
una
ética
de
las
virtudes
que
ayude
al
otro
a
conseguir
una
vida
lograda,
en
la
mayor
medida
posible.
Y
aquí
son
básicos
los
postulados
de
la
ética
del
cuidado,
que
acerca
la
decisión
al
paciente
concreto,
con
atención
a
lo
singular,
circunstancial,
y
no
solo
al
universalismo
racional
de
los
principios.
Y
también
es
imprescindible
el
principio
de
solidaridad,
más
allá
de
la
justicia,
tanto
a
nivel
social
como
individual.
Una
sociedad
puede
implementar
un
sistema
que
generalice
la
asistencia
en
salud
a
todos,
con
prestaciones
de
alta
calidad
si
lo
permite
el
desarrollo
económico,
pero
podría
ser
calificado
como
deshumanizado,
distante,
no
acogedor,
por
parte
de
los
usuarios,
y
puede
dar
lugar
a
un
aumento
de
las
quejas
o
a
una
mala
percepción
de
la
atención
recibida.
Mientras
que
por
el
contrario,
un
sistema
con
menos
recursos
⎯económicos
y
humanos⎯
como
el
sector
de
salud
público
chileno,
ve
de
hecho
compensadas
sus
deficiencias
actuales
por
una
solidaridad
beneficente
desde
la
propia
sociedad
o
los
individuos.
Pero
existe
también
un
deber
ético
de
solidaridad
por
parte
de
todas
las
instituciones
públicas
a
todos
los
niveles,
que
para
el
estado
se
convierte
en
deber
de
subsidiariedad
allí
donde
no
llegue
la
iniciativa
particular
de
los
ciudadanos.
Valga
esta
somera
exposición
para
introducir
un
libro
con
numerosas
colaboraciones,
que
intenta
aportar
a
la
visión
de
la
bioética
en
salud
pública
desde
y
para
América
Latina.
Parte
Primera
BIOÉTICA,
DELIBERACIÓN
Y
SALUD
PÚBLICA
17
VINCULACIÓN
ENTRE
BIOÉTICA
Y
SALUD
PÚBLICA
Miguel
Kottow
Sebastián
Medina
Escuela
de
Salud
Pública.
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Chile
En
contraste
con
otras
disciplinas,
la
bioética
presenta
hitos
temporales
claramente
marcados.
Después
del
uso
por
F.
Jahr
del
término
“Bio-‐Ethik”
(1927),
el
concepto
y
el
empleo
sistemático
de
“bioética”
ocurrió
en
1970-‐71
con
la
simultánea
presentación
de
Potter
y
de
Hellegers.
En
1993
UNESCO
inicia
un
extenso
compromiso
con
el
Programa
de
Bioética,
que
ahora
celebra
su
vigésimo
aniversario
con
una
importante
publicación
sobre
Bioética
Global;
el
año
2005
es
proclamada
la
Declaración
Universal
de
Bioética
y
Derechos
Humanos,
actualmente
celebrada
al
cumplir
10
años
de
presencia.
No
es
de
extrañar
que
el
acercamiento
de
bioética
y
salud
pública
también
se
inicie
en
forma
puntual
alrededor
del
año
2000
(Beauchamp
y
Steinbock,
1999),
comenzando
una
nutrida
actividad
académica
relacionada
con
el
llamado
a
desarrollar
una
filosofía
de
la
salud
pública,
vale
decir,
una
reflexión
sobre
los
fundamentos
de
una
práctica
social
y
política
con
ya
300
años
de
evolución
(Weed,
1999).
En
tanto
la
convocatoria
a
elaborar
una
filosofía
de
la
salud
pública
no
tuvo
mayor
eco
⎯al
cual
tampoco
podía
aspirar
dada
la
diversidad
de
lo
que
se
entiende
por
salud
pública⎯,
ha
tenido
el
correspondiente
estudio
de
valores,
conceptos
y
criterios
bioéticos
en
salud
pública
y,
en
epidemiología,
un
florecimiento
académico
notable.
Los
primeros
escritos
provienen
del
ámbito
anglohablante
anclado
a
un
pensamiento
económico
neoliberal,
en
una
visión
antropológica
individualista
y
en
una
política
austera
y
reductiva
de
las
tareas
sociales
del
Estado.
Consecuente
con
ello,
la
bioética
principialista
se
ofreció
como
un
enmarcado
teórico
relevante,
como
lo
había
hecho
en
el
ámbito
clínico,
en
base
a
los
cuatro
principios
de
Georgetown.
A
la
par,
hubo
propuestas
de
aplicar
una
ética
de
virtudes
y
una
ética
de
responsabilidad,
que
no
pasaron
de
ser
ejercicios
retóricos
limitados
por
desconocer
que
la
bioética
ha
sido
en
gran
parte
de
corte
interpersonal,
enfocada
en
la
relación
clínica
médico-‐paciente,
en
el
Consentimiento
Informado
y
en
la
interacción
de
investigadores
biomédicos
y
probandos,
todas
perspectivas
inadecuadas
para
la
reflexión
sobre
prácticas
sanitarias
colectivas,
programas
institucionales,
la
elaboración
de
políticas
públicas
sanitarias.
En
busca
de
lenguaje
y
conceptos
Las
certezas
cultivadas
por
la
modernidad
a
lo
largo
de
varios
siglos
irritaron
al
pensamiento
occidental
contemporáneo,
poniendo
en
duda
a
algunos
fundamentos
que
remecieron
el
edificio
filosófico
y
el
entramado
lingüístico
que
se
daban
por
clásicos.
La
desconstrucción
de
las
dicotomías
tradicionales
⎯sujeto/objeto,
naturaleza/sociedad,
natural/artificial,
cuerpo/alma⎯
y
el
reconocimiento
de
que
el
lenguaje
no
es
un
mero
medio
de
transmisión
entre
el
mundo
objetivo
y
su
representación,
sino
que
tiene
su
propia
fuerza
constructiva
que
demuele
las
clásicas
teorías
del
conocimiento,
derrotando
a
la
metafísica
sin
por
eso
comprometerse
con
un
craso
positivismo.
Todo
esto
y
mucho
más
podría
dejarse
en
manos
de
la
filosofía
y
de
sus
afanes
escolásticos,
si
no
fuese
que
tiene
injerencia
en,
o
coincidencia
con,
procesos
de
cambio
en
las
prácticas
sociales:
medicina
y
salud
pública
son
actividades
primordialmente
sociales.
Si
la
bioética
no
desarrolla,
a
su
vez,
un
arraigo
social
descollante,
su
discurso
perderá
toda
relevancia
práctica
(Hedgecoe,
2004).
18
No
solo
evolucionan
las
prácticas,
también
se
desestabilizan
los
conceptos
que
se
estimaban
tradicionalmente
determinados.
Salud,
enfermedad,
práctica
médica,
población,
evidencia,
justicia
social,
derechos
humanos
y
tantas
otras
nociones
han
perdido
su
ingenuidad,
desconocen
sus
tradicionales
significaciones,
y
dan
paso
a
preguntas
y
dudas
elementales:
¿Qué
es
enfermedad?
¿Cómo
se
entiende
salud?
¿De
qué
se
habla
al
usar
términos
como
colectivo,
población,
público?
¿Es
ciudadano
quien
tiene
derechos
o
quien
aspira
a
tenerlos?
¿Qué
es
evidencia
científica
y
qué
valor
le
damos
frente
a
otras
condicionantes
del
quehacer
médico
y
sanitario
como
la
economía,
la
política,
lo
social?
La
salud
pública
abandona
el
concepto
formal
de
describir
salud
como
un
estado
estable
de
bienestar
a
todo
nivel,
debiendo
dar
cabida
a
la
idea
de
salud
como
capacidad
de
adaptación
a
entornos
naturales
y
sociales
cada
vez
más
disruptivos.
La
epidemiología,
que
investiga
para
proporcionar
evidencias
a
las
políticas
y
programas
de
salud
pública,
se
ha
visto
requerida
de
abandonar
el
lenguaje
de
la
causalidad
determinista,
para
enfrascarse
en
laberintos
de
multicausalidad,
complejidad,
indeterminación,
incertidumbre
(Carvajal
2011).
Claramente,
los
conceptos
de
salud,
predisposición,
enfermedad,
prevención,
adquieren
una
fluidez
que
lleva
a
reconocer
que
la
epidemiología
cuantitativa
dominante
tiene
poco
que
ofrecer
en
modernizar
a
la
salud
pública,
su
orientación
positivista
resalta
una
debilidad
marcada
en
la
comprensión
de
las
dinámicas
sociales
de
salud
y
enfermedad,
corroyendo
así
su
habilidad
de
iniciar
transformaciones
efectivas
en
la
salud
pública
[…].
Las
limitaciones
inherentes
a
la
red
de
causación
motivan
la
necesidad
de
un
nuevo
paradigma
(van
der
Meesen
y
Nijhuis,
1999).
Raíces
sociales
de
bioética
y
salud
pública
La
relación
inicial
entre
bioética
y
salud
pública
fue
vista
como
un
diálogo,
entorpecido
por
“la
diferencia
entre
la
orientación
individualista
de
la
bioética,
y
el
enfoque
poblacional
y
social
de
la
salud
pública”
(Callahan
y
Jennings,
2002).
El
transcurso
de
casi
tres
lustros
llama
a
algunas
reflexiones
al
respecto:
la
tensión
entre
salud
poblacional
y
autonomía
individual
es
sempiterna,
basta
recordar
las
ácidas
polémicas
en
torno
a
la
vacuna
antivariólica
de
Jenner,
los
movimientos
sociales
contra
la
vacuna
de
la
enfermedad
de
Lyme,
las
disputas
actuales
sobre
la
estrategia
de
vacunación
contra
el
papilomovirus
(Moulin,
1996).
Estas
diferencias
son
inherentes
a
las
políticas
públicas,
exacerbadas
por
una
cultura
donde
el
individuo
no
solo
decide,
sino
además
debe
gestionar
sus
decisiones.
Por
otra
parte,
si
bien
persiste
la
crítica
que
la
bioética
ha
preferido
orientarse
hacia
la
ética
médica
y
los
valores
individuales
que
allí
se
juegan,
no
es
menos
cierto
que
innumerables
voces
han
impulsado
la
presencia
de
lo
social
en
la
bioética,
solicitándole
una
visión
más
amplia
y
un
compromiso
directo
con
las
inequidades
socioeconómicas
y
las
desigualdades
en
salud.
Los
sociólogos
han
señalado
que
una
ética
aplicada
que
no
se
sumerge
en
su
realidad
social
y
contextualiza
su
discurso,
pierde
toda
relevancia
temática
e
influencia
práctica
(Bosk,
1999).
La
paradoja
preventiva
formulada
por
G.
Rose
en
1981
apunta
en
el
mismo
sentido:
“Una
medida
preventiva
que
trae
muchos
beneficios
a
la
población
ofrece
poco
a
cada
individuo
participante”.
Al
adoptar
una
perspectiva
más
sociológica,
nace
el
requerimiento
de
adoptar
elementos
lingüísticos
ajenos
a
la
bioética
tradicional,
desde
las
ideas
de
Mauss
sobre
el
don
y
su
impacto
sobre
la
medicina
del
trasplante,
hasta
encuestas
de
opinión,
las
complejas
interacciones
de
economía
y
salud,
la
relación
entre
hechos
empíricos
y
valores
sociales,
pluralismo
y
transculturalidad.
19
Se
da
una
fluidez
de
prácticas
eminentemente
sociales
como
la
salud
pública
y
su
bioética,
que
ha
sido
descrita
por
el
sociólogo
Z.
Bauman
(2008),
como
el
paso
de
la
fase
“‘sólida’
de
la
modernidad
a
la
‘líquida’:
es
decir,
una
condición
en
que
las
formas
sociales
[…]
ya
no
pueden
[…]
mantener
su
forma
más
tiempo,
porque
se
descomponen
y
se
derriten
[…]
antes
de
asumirlas”.
Bauman
escribe
libros
sobre
“Modernidad
líquida”,
“Miedo
líquido”,
“Tiempos
líquidos”
⎯este
último
llevando
por
subtítulo
“Vivir
en
una
época
de
incertidumbres”.
Recordando
la
presencia
de
incertidumbre
como
elemento
crucial
de
la
ética
medioambiental
y
del
sobrevalorado
principio
de
precaución,
queda
a
la
vista
que
una
bioética
en
salud
pública
requiere
una
reconstrucción
minuciosamente
forjada.
La
bioética
ha
de
recuperar
su
relevancia
con
la
realidad
que
somete
a
reflexión
y,
como
tal,
ha
de
dejar
a
un
lado
el
excesivo
academicismo
y
la
seducción
del
pensamiento
teorizante
que
la
ha
alejado
de
las
prácticas
sociales.
Del
mismo
modo,
la
bioética
requiere
postergar
sus
aspiraciones
por
elaborar
discursos
universalizables,
como
sugería
Hare
para
la
ética,
a
fin
de
cumplir
con
el
enraizamiento
en
el
contexto
social
propio
de
su
realidad
próxima,
un
requerimiento
fundamental
para
dar
cuerpo
a
los
llamados
por
un
pensamiento
propio
de
Latinoamérica
ajustado
a
las
prácticas
sociales
que
asimismo
son
culturalmente
autóctonas
(Kottow,
2014).
El
llamado
cobra
vigor
frente
a
la
generalización
y
pérdida
de
identidad
fomentadas
por
la
uniformidad
de
la
tardomodernidad
que
desencaja
tradiciones
y
autenticidades
culturales
propulsada
por
fuerzas
globalizadoras
despreocupadas
de
lo
local.
Todo
este
fárrago
de
cuestiones
y
problemas
obliga
a
la
restructuración
de
valores,
que
no
son
realidades
fijas
como
pretendía
M.
Scheler,
sino
productos
culturales
que
navegan
en
una
amplio
y
desorientado
radio
cuando
se
desanclan,
como
debe
ser,
de
lo
dogmático
y
la
brújula
de
las
certezas.
El
pluralismo
que
celebramos
tiene
altos
costos:
aleja
los
acuerdos,
enardece
debates
y
discusiones,
dificulta
el
lenguaje
normativo
que
no
puede
faltar
en
una
sociedad
ordenada,
mas
obliga
a
repensarlo.
Los
costos
de
incertidumbre,
pluralismo
e
interdisciplinariedad
han
sido
no
menores
en
la
gestación
de
discursos
cuya
liquidez
se
escabulle
del
debate
y
de
la
construcción
de
políticas
estables
y
confiables,
favoreciendo
el
status
quo
con
el
beneplácito
de
conservadores
que
tienen
algo
que
conservar.
La
salud
pública
sufre
un
doble
proceso
de
identidad:
se
establece
la
Nueva
Salud
Pública,
que
distancia
al
Estado
de
sus
funciones
sanitarias,
sitúa
al
individuo
en
el
centro
de
su
gestión
de
salud,
haciéndolo
responsable
de
una
autogestión
que
lo
impulse
a
protegerse
y
prevenir
enfermedades,
adoptar
estilos
de
vida
saludables,
someterse
a
las
prácticas
de
exámenes
preventivos
⎯“chequeos”⎯,
explorar
predisposiciones
y
detectar
acaso
pudieran
o
no
desembocar
en
procesos
patológicos,
que
los
individuos
deben
conocer,
temer
y,
si
fuese
posible,
neutralizar.
No
han
cambiado
las
funciones
nucleares
de
la
salud
pública:
prevención
y
control
de
enfermedad,
lesión
y
discapacidad,
la
promoción
de
salud
y
la
protección
del
medio
ambiente
[…]
Más
aún,
la
práctica
moderna
de
la
salud
pública
enfrenta
nuevos
y
más
complejos
desafíos
por
la
expansiva
globalización
de
los
determinantes
de
salud
(Beagelhole
y
Bonita,
2000).
Lo
que
ha
cambiado
es
el
gestor,
cada
vez
menos
público,
sumido
en
el
emprendimiento
individual
característico
del
pensamiento
liberal
pero
que,
para
una
región
con
las
enormes
desigualdades
que
caracterizan
a
Latinoamérica,
acentúa
la
ya
penosa
disparidad
sanitaria
existente.
La
implacable
ola
de
la
globalización
neoliberal
en
Latinoamérica
muestra
sus
más
penosas
caras:
desigualdad
económica,
educacional
y
sanitaria.
20
Los
procesos
de
globalización
exacerban
las
inequidad
intra
e
intersociales,
reflejándolas
no
solo
en
un
índice
Gini
alto,
mas
también
en
disparidades
de
educación
y
empoderamiento.
La
realidad
sanitaria
y
médica
es
notoriamente
sensible
a
la
escasez
de
recursos
estatales,
a
presupuestos
de
salud
crónicamente
deficitarios,
a
las
inclemencias
del
mercado
farmacéutico,
a
las
medidas
de
protección
intelectual
⎯patentes,
investigación,
diseminación
controlada
de
conocimiento⎯.
Los
“determinantes
socio-‐económicos”
El
reconocimiento
de
la
influencia
de
la
profundamente
dispar
realidad
social
y
económica
en
diversas
regiones
del
mundo,
así
como
al
interior
de
las
sociedades,
ha
sido
reiterado
hasta
el
punto
de
naturalizar
esta
realidad
como
inmutable,
en
vez
de
hablar
de
condicionantes
cuyas
raíces
han
de
ser
exploradas
en
busca
de
puntos
de
apoyo
concretos
para
abordar
y
reducir
desigualdades,
reemplazar
las
políticas
paternalistas
y
asistenciales
que,
más
allá
de
cubrir
esporádicamente
necesidades
primarias,
protejan
y
empoderen
a
los
vulnerados,
los
vulnerables
en
riesgo,
los
marginados
que,
al
decir
de
H.
Arendt,
no
tienen
derecho
a
tener
derechos.
Una
vez
más,
es
oportuno
parafrasear
a
K.
Marx
cuando
pedía
que
los
filósofos,
ahora
los
bioeticistas,
dejaran
de
reflexionar
sobre
el
mundo
y
comenzaran
a
modificarlo.
Duramente
aprendida
la
lección
que
la
política,
en
tanto
conducción
de
ordenamientos
sociales,
es
más
fiel
a
la
economía
que
a
las
ideas.
La
resolución
de
problemas
es
la
legítima
bandera
del
pragmatismo,
quedando
huérfana
la
pregunta
de
cuáles
sean
los
problemas
que
requieren
ser
abordados.
¿Es
la
pregunta
esencial
acaso
debemos
acelerar
el
desarrollo
para
arrastrar
a
la
humanidad
a
mayores
niveles
de
bienestar?
¿O
es
la
interrogante
acaso
el
despliegue
tecno-‐científico
acelerado
enmascara
la
prosperidad
de
unos
a
costa
de
la
miseria
de
otros?
¿Son
justificables
los
costos
medioambientales
en
pos
del
bienestar
y
la
felicidad
de
los
seres
humanos?
¿Es
Latinoamérica
víctima
o
socio
minoritario
en
los
procesos
de
globalización?
La
conocida
brecha
90:10,
que
asigna
los
mayores
recursos
a
los
requerimientos
de
minorías
influyentes,
es
un
caso
ejemplar
de
una
distorsión
de
lo
que
es
un
problema:
¿necesidades
vitales
de
muchos
o
cumplimiento
del
deseo
de
pocos?
Aparición
de
la
bioética
global
La
hegemonía
indiscutida
del
pensamiento
político
neoliberal
y
la
pleitesía
rendida
a
la
expansión
de
la
tecno-‐ciencia,
han
permeado
el
mundo
contemporáneo
sin
obstáculos
ni
barreras,
desplegando
una
globalización
económica
de
efectos
incalculables
sobre
la
distribución
de
bienes,
la
relación
de
la
humanidad
con
su
entorno
ambiental,
los
conflictos
sociales,
los
flujos
migratorios
y
la
precariedad
de
servicios
esenciales
como
salud,
educación
y
protección
social.
Innumerables
son
los
pensadores
que
han
denunciado
los
efectos
deletéreos
de
la
globalización
sobre
las
sociedades
más
desmedradas
y
desprotegidas.
Lo
que
ha
de
preocupar
a
la
bioética
regional
es
el
despliegue
de
esfuerzos
por
una
[bio]ética
global,
feblemente
apoyada
en
propuestas
utópicas
de
“poderes
públicos
transnacionales”,
“nuevos
circuitos
democráticos
transnacionales”,
una
“ciudadanía
cosmopolita”
para
“reimaginar
el
espacio
político
en
un
mundo
globalizado”
(Fraser,
2009).
Otros
autores,
más
cercanos
a
la
Realpolitik,
reconocen
que
los
problemas
globales
solo
se
podrán
abordar
localmente
(Arras
y
Fenton,
2009).
Concluimos
que
un
derecho
a
bienes
relacionados
con
salud
es
compatible
con
la
desafortunada
probabilidad
que
no
será
cumplido
en
muchos
años
para
la
mayoría
de
los
pobres
del
mundo
(p.
32).
Y
debemos
concluir,
contrariamente
a
vuestro
modo
habitual
de
hablar,
que
ellos
[los
derechos
humanos]
no
tienen
alcance
universal.
En
otras
palabras,
los
derechos
humanos
institucionales
no
21
son,
en
sentido
estricto,
derechos
humanos
inalterados.
Más
bien,
tienen
mayor
similitud
con
derechos
políticos,
que
son
reconocidos
por
estados
individuales
con
base
de
su
propia
cultura
política
y
prioridad
de
valores
(p.
35).
Discípulo
de
J.
Rawls,
el
filósofo
N.
Daniels
(2006)
se
ha
dedicado
con
especial
énfasis
a
promover
la
equidad
en
cuidados
de
salud,
sin
embargo
llegando
a
una
similar
conclusión:
Las
inequidades
internacionales
en
salud
también
son
el
resultado
de
(a)
fallas
locales
por
promover
salud
en
forma
adecuada
y
ecuánime;
y
(b)
diferencias
entre
naciones
en
niveles
de
recursos
humanos
y
naturales,
y
en
las
condiciones
naturales
que
contribuyen
a
la
prevalencia
de
enfermedades
(como
es
el
caso
de
la
malaria)
(p.
32).
Necesidad
de
una
bioética
en
Salud
Pública
para
Latinoamérica
De
este
modo
se
van
engarzando
los
principales
tópicos
que
vuelven
necesario
y
urgente
el
despliegue
de
una
bioética
latinoamericana
para
la
salud
pública
que
abarca
tanto
un
sistema
nacional
de
atención
médica,
como
las
políticas
que
mejoren
las
condiciones
sanitarias
de
nuestras
poblaciones.
Es
imperioso
reconocer
que
tanto
salud
pública
como
bioética
son
emprendimientos
con
predominante
énfasis
social,
de
modo
que
no
puede
importar
y
transvasar
perspectivas
desde
políticas
globales
neoliberales
y
reductoras
del
Estado.
Como
tal,
la
bioética
ha
de
desentenderse
de
principialismos
foráneos
y
de
intentos
de
cooptar
nuestra
economía
y
nuestra
cultura.
En
ese
mismo
sentido,
se
desliza
una
fuerte
crítica
a
las
lógicas
tecnocráticas
que
se
encuentran
por
detrás
de
la
mayoría
de
las
reformas
sanitarias
en
nuestros
países
donde
la
“costo-‐eficiencia”
de
las
intervenciones
basadas
en
el
riesgo
individual
parece
alzarse
como
única
bandera
de
una
acción
sanitaria
racional.
Permeando
el
pensamiento
sanitario,
su
onda
expansiva
se
cristaliza
en
la
denominada
“Nueva
Salud
Pública”
cuya
preocupación
por
la
capacidad
de
emprendimiento
individual
para
curar
y
prevenir
la
enfermedad
personal
parece
ir
cómodamente
de
la
mano
con
el
rol
minimalista
que
los
Estados
de
nuestra
región
han
ejercido
en
los
últimos
años.
Conclusión
Tardía
e
incompleta
ha
sido
la
reacción
contra
la
hegemonía
del
principialismo
en
bioética
y
el
reconocimiento
de
su
inadecuación
para
la
salud
pública,
la
necesidad
de
una
bioética
socialmente
contextualizada,
distanciada
de
las
tentaciones
de
una
ética
global
que
no
termina
de
reconocer
que
los
problemas
son
globales
pero
las
soluciones
han
de
ser
locales.
Es
necesaria
una
Bioética
en
tanto
ética
aplicada
a
una
salud
pública
situada
en
Latinoamérica
que
sea
capaz
de
abordar
estas
importantes
cuestiones
y,
a
su
vez,
realice
una
crítica
al
acervo
de
herramientas
que
actualmente
posee
esta
joven
disciplina
⎯cuyas
ramas
más
obesas
se
encuentran
todavía
fuertemente
volcadas
al
análisis
interpersonal
de
la
relación
médico-‐paciente
y
a
la
manoseada
reflexión
en
torno
a
los
cuatro
principios
de
Georgetown⎯,
en
función
de
responder
a
las
múltiples
voces
que
demandan
una
bioética
comprometida
con
las
prácticas
sociales
locales,
y
que
se
aparte,
por
fin,
del
academicismo
y
el
pensamiento
excesivamente
teorizante
que
la
han
caracterizado
hasta
el
momento.
Los
pensadores
latinoamericanos
han
presentado
algunas
propuestas:
bioética
de
intervención
(Brasil),
bioética
anclada
en
los
Derechos
Humano
(Argentina),
bioética
expandida
a
una
biopolítica
contra
la
violencia
(Colombia),
bioética
de
protección
(Chile).
Estas
y
otras
iniciativas
requieren
un
amplio
debate
que
llegue
a
oídos
de
nuestras
políticas
sanitarias.
Las
reformas
de
salud
que
varios
países
de
la
región
desarrollan
requieren
incorporar
el
pensamiento
bioético
aquí
en
desarrollo,
para
evitar
que
nuevas
22
políticas
sanitarias
carezcan
de
fuerza
y
orientación
para
ir
paliando
y
resolviendo
los
cuidados
médicos
y
sanitarios
del
sub-‐
continente
latinoamericano.
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23
BIOÉTICA
NARRATIVA:
CLAVE
DE
LA
DELIBERACIÓN
Dr.
Tomás
Domingo
Moratalla
Profesor
de
Filosofía
Moral.
Facultad
de
Filosofía.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
España.
Doctor
en
Filosofía.
Correspondant
en
FONDS
RICOEUR
Contacto:
[email protected].
Dra.
Lydia
Feito
Grande
Profesora
de
Bioética
y
Humanidades
Médicas.
Facultad
de
Medicina.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
España.
Doctora
en
Filosofía.
Master
en
Bioética.
Master
en
Neuropsicología
Cognitiva
y
Neurología
Conductual.
Directora
del
Seminario
de
Investigación
en
Bioética
UCM.
Contacto:
[email protected]
Introducción:
la
importancia
de
lo
narrativo
en
bioética
Uno
de
los
desarrollos
más
interesantes
de
la
bioética
actual
es
el
que
tiene
que
ver
con
lo
narrativo.
Subrayando
la
dimensión
narrativa
de
la
vida
humana,
se
enfatiza
la
contextualización
de
lo
que
ocurre,
de
las
situaciones
y
eventos,
considerando,
como
afirma
la
hermenéutica,
que
no
existen
hechos
puros,
meros
datos,
sino
que
siempre
se
dan
interpretaciones.
Desde
esta
perspectiva
se
insiste
en
la
importancia
del
carácter
experiencial
del
pensamiento;
además,
dicha
experiencia
tiene
un
carácter
lingüístico,
lo
que
lleva
a
un
análisis
del
lenguaje
y
de
las
ficciones,
perspectivas
e
interpretaciones,
presentes
en
los
relatos
de
los
problemas
éticos.
Esta
aproximación
pone
en
cuestión
los
modelos
clásicos
de
fundamentación,
que
buscan
una
racionalidad
universal
y
abstracta,
alejada
de
la
vivencia
concreta
y
contextualizada,
pero
no
necesariamente
renuncia
a
la
posibilidad
de
fundamentar
los
juicios
éticos.
Dentro
de
este
giro
hermenéutico
se
sitúa
la
ética
narrativa,
que
constituye
un
modelo
específico
de
entender
esa
nueva
perspectiva,
y
que
está
teniendo
importantes
influencias
en
el
campo
de
la
bioética,
donde
hay
un
notable
desarrollo
de
la
reflexión
sobre
el
uso
de
la
narrativa
en
medicina.
Las
características
más
importantes
de
esta
aproximación
de
ética
narrativa
en
la
medicina
actual
son
tres:
1)
En
la
perspectiva
narrativa
se
enfatiza
la
idea
de
lo
particular,
de
la
experiencia,
del
sentido
único
de
la
vivencia
para
los
implicados,
y
de
la
necesidad
de
evaluar
lo
más
específico
del
caso
para
poder
tomar
decisiones.
La
ética
narrativa
rechaza
el
modelo
de
los
principios,
especialmente
cuando
este
se
convierte
en
un
mandato
abstracto
y
alejado
de
la
vida
de
las
personas.
2)
La
ética
narrativa
intenta
recuperar
dimensiones
de
la
moral
que
han
sido
relegadas
u
olvidadas,
como
la
experiencia
vital,
el
sentido
personal
que
se
otorga
a
los
acontecimientos,
o
la
dimensión
de
responsabilidad
y
compromiso
con
los
otros
seres
humanos.
Aporta,
además,
una
reflexión
sobre
la
educación
de
actitudes
morales,
subrayando
que
la
enseñanza
de
contenidos
y
procedimientos
racionales
está
incompleta
si
no
trabaja
también
la
dimensión
actitudinal.
3)
En
relación
con
lo
anterior,
la
ética
narrativa
se
inscribe
en
un
conjunto
de
aproximaciones
que
están
insistiendo
reiteradamente
en
la
necesidad
de
completar
el
modelo
moderno
de
la
ética
racionalista,
decisionista
y
principialista,
con
una
perspectiva
desde
la
relación,
el
contexto,
la
atención
a
lo
particular
y
los
elementos
emocionales
o
afectivos
que
influyen
en
la
toma
de
decisiones
y
en
las
actitudes.
Este
enfoque
desde
luego
no
es
novedoso,
ya
que
hunde
sus
raíces
en
la
ética
aristotélica
y,
en
general,
en
las
éticas
de
la
virtud.
Sin
embargo,
su
vigencia
actual
es
enorme
y
aporta
como
novedad
el
intento
de
aplicación.
24
La
aproximación
narrativa
promueve
un
tipo
de
aprendizaje
que
parte
de
la
experiencia
concreta,
circunstanciada,
histórica,
contextual,
concreta,
para
extraer
enseñanzas
que
puedan
ser
extrapolables
a
otros
ámbitos
o
personas,
y
quizá
alcanzar
algún
grado
de
universalizabilidad.
Narrar
no
es
neutral,
por
eso
dice
algo
único
⎯aunque
también
probablemente
universal⎯
sobre
lo
humano.
El
mero
hecho
de
haber
elegido
una
cierta
historia,
unos
personajes,
un
lenguaje,
una
estructura
narrativa,
etc.
supone
una
apuesta
no
solo
por
un
“contar”,
sino
por
un
“contar
cómo”.
El
espacio
narrativo
tiene
la
posibilidad
de
conectar
con
otras
dimensiones
más
ocultas
que
se
evidencian
a
través
de
un
modo
de
expresión
que
tiene
que
ver
con
el
arte.
La
dimensión
artística
abre
un
espacio
de
creatividad,
imaginación,
posibilidades
múltiples,
que
siempre
es
abierto
y
susceptible
de
ulteriores
profundizaciones
e
interpretaciones.
La
bioética
ha
utilizado
este
planteamiento
al
trabajar
frecuentemente
con
casos.
Lo
novedoso
que
aporta
el
enfoque
narrativo
es
el
énfasis
en
los
aspectos
interpretativos
que
son
esenciales
en
la
bioética,
promoviendo
así
los
procesos
de
mímesis
y
catarsis,
pero
también
la
posibilidad
de
completar
la
descripción
de
la
realidad
con
experiencias
vividas.
Se
trabaja
así
en
la
“competencia
narrativa”,
otra
de
las
habilidades
que
deben
desarrollar
los
profesionales
sanitarios.
Supone
la
capacidad
de
comprender,
interpretar
y
responder
a
los
relatos.
Lo
cual,
a
su
vez,
promueve
la
empatía,
la
reflexión,
un
alto
nivel
de
compromiso
profesional
y
el
establecimiento
de
una
relación
de
confianza
con
el
paciente.
Esta
aproximación
a
una
“medicina
narrativa”
insiste
en
ir
más
allá
de
una
relación
técnica
efectiva,
para
centrarse
en
la
relación
clínica
y
en
la
comprensión
de
los
contextos
que
dan
sentido
a
la
toma
de
decisiones.
Esto
supone
una
perspectiva
humanística,
más
cercana
a
los
enfoques
cualitativos,
que
asume
perspectivas
bio-‐psico-‐sociales
más
globales
y
que
escoge
una
aproximación
centrada
en
el
paciente.
Por
supuesto,
la
aproximación
narrativa
exige
un
aprendizaje
y
un
entrenamiento.
Por
más
que
la
aplicación
del
enfoque
narrativo
pueda
ser
un
método
útil
para
la
bioética,
aparentemente
fácil
y
asequible,
es
preciso
huir
de
lo
supuestamente
simple,
pues
resulta
engañoso.
La
complejidad
de
un
juicio
práctico
en
bioética
se
intensifica
en
el
caso
de
la
ética
narrativa.
Los
métodos
empleados
por
el
“eticista
narrativo”
⎯como
pueden
ser
la
obtención
de
voces
múltiples,
el
aprendizaje
de
los
contextos
sociales
y
religiosos
de
los
pacientes
y
sus
familias,
la
inclusión
de
eventos
del
pasado
lejano
en
las
deliberaciones
actuales,
o
la
preparación
para
entrar
en
una
relación
intersubjetiva
con
las
personas
implicadas
en
el
caso⎯
conducen
inevitablemente
al
reconocimiento
de
una
mayor
singularidad,
si
cabe,
del
caso,
que
la
que
se
evidencia
a
través
del
uso
de
otros
métodos
más
habituales
en
bioética,
como
los
basados
en
reglas
o
en
principios.
Por
ello,
el
investigador,
el
médico,
el
profesional,
que
emplea
métodos
narrativos,
debe
juzgar
la
fiabilidad
de
sus
hallazgos
a
través
de
medios
textuales
e
intersubjetivos,
en
función
de
los
objetivos
de
su
análisis
(resolver
una
situación
conflictiva,
extrapolar
datos
a
una
población
más
amplia,
recabar
información
sobre
un
problema
recurrente
en
un
entorno
específico,
etc.).
Del
mismo
modo
que
ocurre
en
la
investigación
cualitativa,
la
particularidad
de
los
datos
obtenidos
no
puede
ocultar
la
necesidad
de
instrumentos
para
traducir,
comprender
y
dar
sentido
a
los
mismos,
incluyéndolos
en
la
deliberación
y
extrayendo
conclusiones
válidas.
25
Bioética
narrativa:
un
libro
básico
sobre
la
cuestión
Los
temas
mencionados
son
objeto
de
análisis
en
el
libro
Bioética
Narrativa.1
Su
tesis
principal
es
que
lo
narrativo
en
bioética
no
es
tan
solo
una
herramienta
útil,
es
decir,
no
se
trata
únicamente
de
emplear
las
narraciones
y
los
relatos
como
métodos
para
lograr
una
mejor
relación
clínica,
sino
que,
además,
la
bioética
es
una
reflexión
que
se
enriquece
de
la
perspectiva
narrativa
y
hermenéutica.
La
bioética,
a
altura
de
nuestro
tiempo,
es
deliberativa
y
trabaja
necesariamente
con
un
enfoque
narrativo,
porque
asume
la
necesidad
ineludible
de
la
interpretación,
ante
la
pluralidad
de
perspectivas.
Por
eso
se
defiende
aquí
que
lo
narrativo
es
un
modo
de
conocimiento.
Un
acceso
privilegiado
a
la
realidad
que
no
puede
compararse
con
otras
formas
de
razonamiento,
porque
implica
experiencias
y
vivencias,
introduce
elementos
concretos
sin
renunciar
a
la
universalidad,
asume
e
incluye
lo
emocional
y
afectivo,
y
posiblemente
es
el
modo
más
adecuado
de
acercarse
al
dinamismo
y
complejidad
de
la
vida.
Este
es
el
espacio
de
una
bioética
narrativa,
que
se
construye,
caracteriza
y
defiende
en
este
libro.
El
libro
parte
de
la
exposición
del
giro
narrativo,
a
través
de
algunos
de
los
grandes
autores
que
han
sido
protagonistas
de
esta
reflexión,
Paul
Ricoeur,
José
Ortega
y
Gasset,
o
Martha
Nussbaum,
entre
otros,
han
hecho
aportaciones
esenciales
a
esta
perspectiva.
Con
esas
ideas
esenciales
para
la
comprensión
de
la
importancia
de
lo
narrativo,
se
configura
un
paradigma
narrativo
caracterizado
por
ser
una
racionalidad
abierta,
creativa,
enormemente
fructífera
para
la
ética.
La
bioética
y
la
ética
médica
han
reconocido
este
potencial
de
lo
narrativo,
por
ello
otro
de
los
capítulos
del
libro
analiza
cómo
la
bioética
ha
ido
cambiando
su
enfoque,
dirigiéndose
ahora
a
una
dimensión
más
cultural
y
contextualizada,
y
también
cómo
la
medicina
intenta
recuperar
su
ideal
más
humano
de
trato
con
el
paciente
a
través
de
un
espacio
de
comunicación
mediado
por
lo
narrativo,
lo
experiencial.
Desde
aquí
se
presenta,
en
los
apartados
nucleares
del
libro,
la
propuesta
de
una
bioética
narrativa
ligada
a
la
deliberación
como
método
y
modo
de
conocimiento
fundamental.
Veamos
a
continuación,
resumidamente,
algunos
de
los
temas
que
se
abordan
en
el
libro.
La
ética
narrativa
en
medicina
y
bioética
La
ética
narrativa
constituye
un
modelo
específico
que
está
teniendo
importantes
influencias
en
el
campo
de
la
bioética,
donde
hay
un
notable
y
profuso
desarrollo
de
la
reflexión
sobre
esta
aproximación.
Esta
aproximación
narrativa
se
ha
entendido
de
diversas
formas:
Un
primer
modo
de
entender
la
ética
narrativa
es
como
una
forma
de
la
casuística
(Kathryn
Montgomery).
En
este
caso,
el
modo
de
analizar
los
problemas
éticos
es
a
través
de
casos
particulares
que
sirven
como
ilustración
de
dichos
problemas.
Se
considera
que
es
posible
tender
un
“puente
narrativo”
entre
el
caso
particular
y
la
regla
general
que
posibilita
mejorar
el
método
interpretativo
de
la
casuística
clínica.
La
identificación
de
rasgos
concretos
del
caso
se
considera
un
modo
más
adecuado
que
el
de
la
aplicación
de
principios
universales,
derechos
o
cálculos
utilitaristas.
Los
rasgos
identificados
determinan
los
elementos
relevantes
para
la
resolución,
por
medio
de
la
analogía
con
casos
precedentes
o
experiencias
anteriores.
Así,
el
modo
de
tomar
una
decisión
en
ética
implica
un
razonamiento
analógico
en
el
que
es
preciso
disponer
de
un
repertorio
de
casos
y
una
serie
de
máximas
basadas
en
la
experiencia,
que
pueden
26
guiar
el
juicio.
Este
proceso
de
análisis
comparativo
se
considera
narrativo
en
la
medida
en
que
el
caso
supone
un
relato
circunstanciado
y
contextualizado.
La
convicción
de
fondo
sería
que
no
es
posible
trabajar
con
principios
teóricos
que
pudieran
2
aplicarse
deductivamente,
ya
que
ello
haría
perder
la
riqueza
específica
del
caso.
3
Otra
de
las
aproximaciones
que
se
están
utilizando
en
el
campo
de
la
ética
médica
es
la
de
Rita
Charon,
quien
defiende
que
es
posible
una
mejora
en
la
deliberación
ética
a
través
de
"contribuciones
narrativas"
⎯y
prefiere
esta
expresión
a
la
de
"ética
narrativa"⎯
en
cuatro
estadios
cruciales:
el
reconocimiento
del
problema
ético,
la
formulación
del
problema,
la
interpretación
del
caso
ético,
y
la
validación
de
la
interpretación
elegida
como
la
más
razonable
y
útil
entre
las
muchas
posibles.
La
aproximación
narrativa,
así,
no
constituiría
un
método
independiente,
sino
que
sería
la
clave
para
un
mejor
funcionamiento
de
los
métodos
existentes.
El
enfoque
desde
los
principios,
por
ejemplo,
se
enriquecería
así
con
una
mayor
atención
a
la
singularidad
de
los
casos
particulares.
La
idea
subyacente
es
la
de
que
el
trabajo
de
la
ética
⎯como
el
del
médico⎯
tiene
que
ver
con
el
desarrollo
de
ciertas
competencias
narrativas.
La
“competencia
narrativa”
es
otra
de
las
habilidades
que
deben
desarrollar
los
profesionales
sanitarios.
Supone
la
capacidad
de
comprender,
interpretar
y
responder
a
los
relatos.
Lo
cual,
a
su
vez,
promueve
la
empatía,
la
reflexión,
un
alto
nivel
de
compromiso
profesional
y
el
establecimiento
de
una
relación
de
confianza
con
el
paciente.
El
"estilo
narrativo"
sirve
como
elemento
de
persuasión,
y
es
preciso
hacerse
cargo
de
ello
tanto
para
utilizarlo
en
la
resolución
de
los
problemas,
como
para
estar
alerta
ante
los
sesgos
que
se
introduzcan
en
el
relato
que
cada
uno
haga
del
caso
particular.
Una
tercera
aproximación
a
la
ética
narrativa
es
la
que
defiende
que
el
individuo
debe
encontrar
el
sentido
del
problema
a
través
del
relato
y
la
interpretación
que
de
él
se
haga.
Se
trata
de
la
“primacía
del
relato
del
paciente”
que
defiende
Howard
Brody.
En
su
opinión,
fracasará
cualquier
intento
de
resolución
ética
⎯o
de
intervención
médica⎯
si
el
individuo
no
reconoce
la
historia
como
suya.
En
este
caso,
la
idea
fundamental
es
la
de
que
la
persona
que
debe
llevar
a
cabo
la
acción,
tiene
que
estar
convencida
de
que
la
solución
elegida
es
la
que
representa
la
mejor
interpretación.
De
otro
modo
habrá
una
resistencia
por
una
falta
de
identificación
con
el
relato
y
su
interpretación
de
la
situación.
De
nuevo
se
trata
de
una
confrontación
con
un
modelo
ético
de
la
justicia
imparcial
o
los
principios
universales,
que
se
alejan
de
las
circunstancias
particulares
de
la
situación.
Trabajar
con
el
relato
del
caso,
atendiendo
a
sus
peculiaridades,
y
tratando
de
analizar
el
sentido
o
interpretación
que
los
implicados
le
dan,
es
el
modo
correcto
de
afrontar
la
toma
de
decisiones
éticas.
Se
trata
de
reconocer
que
el
actor
⎯principalmente
el
paciente,
aunque
también
el
médico,
la
enfermera,
etc.⎯
es
el
autor
de
su
propia
vida,
y
que,
por
ello,
la
historia,
el
relato
que
él
o
ella
construye
no
puede
descansar
⎯al
menos
no
exclusivamente⎯
sobre
principios
o
4
teorías
abstractos,
sino
sobre
un
tipo
de
conceptualización
personal
del
caso.
Con
esta
aproximación
se
pretende
también
pasar
de
una
ética
"decisional"
a
una
ética
"relacional":
la
dimensión
de
enfermedad,
el
significado
del
sufrimiento,
y
el
modo
de
reconstruir
la
propia
historia
vital
por
parte
del
paciente,
pasan
a
cobrar
el
papel
principal.
Las
narraciones
de
las
enfermedades
enfatizan
la
idea
de
la
experiencia
y
conceden
al
acto
terapéutico
una
dimensión
moral
diferente:
la
del
compromiso
y
la
responsabilidad
con
la
vida
de
la
persona,
con
la
ayuda
a
la
construcción
de
un
relato
que
tenga
27
sentido
para
la
persona
y
que
le
dé
valor
a
la
experiencia.
El
acto
terapéutico
incluye
así
una
reconstrucción
de
la
identidad
del
sujeto
(paciente).
Este
enfoque,
que
en
la
medicina
tiene
una
fuerte
vigencia,
es
aplicable
y
extensible
a
otros
campos
de
la
acción
humana
en
los
que
están
implicados
valores.
La
responsabilidad
moral
atañe
a
los
relatos
experienciales
y
solo
en
este
contexto
tiene
sentido
la
decisión
ética.
Con
ello,
de
nuevo,
se
apartan
de
los
modelos
de
la
justicia
y
de
los
principios
abstractos.
La
dimensión
narrativa
como
clave
de
la
ética
El
ser
humano
es
un
ser
narrativo.
Nuestro
pensar
y
obrar
está
basado
en
estructuras
narrativas.
La
tradición
ética
que
ha
enfatizado
el
aspecto
normativo,
el
deber,
los
principios,
incluso
las
leyes,
ha
dejado
de
lado
otras
dimensiones
de
la
experiencia
moral
que
influyen
notablemente
en
la
toma
de
decisiones
y
en
la
forma
en
que
los
seres
humanos
construyen
sus
vidas
y
las
dotan
de
sentido.
Se
ha
pensado
la
ética
desde
un
tipo
de
racionalidad
teórica,
absoluta,
que
busca
la
certeza
y
la
seguridad,
y
que
olvida
las
motivaciones,
los
sentimientos,
los
deseos,
y
la
vivencia
de
los
límites,
la
incertidumbre,
la
contingencia
o
la
fragilidad.
Esta
tradición
es
la
de
I.
Kant
o
las
fundamentaciones
principialistas.
Frente
a
ella
ha
surgido
una
ética
que
enfatiza
lo
contextual,
lo
particular,
lo
cambiante,
lo
narrativo.
La
vida
humana
es
una
historia
contada
por
alguien,
desde
un
contexto,
dentro
de
un
marco
de
valores,
con
una
intención,
buscando
un
objetivo,
y
todo
esto
no
se
refleja
en
una
norma
o
en
un
principio.
La
experiencia
moral
es
algo
más
complejo
que
la
mera
observancia
de
una
ley
o
una
regla.
Este
es
el
marco
de
la
ética
narrativa.
La
ética
narrativa
aborda
los
conflictos
éticos
y
la
experiencia
moral
como
situaciones
que
se
expresan
en
un
relato,
en
una
historia,
donde
son
posibles
múltiples
interpretaciones.
De
ahí
que
la
clave
de
su
trabajo
sea
no
solo
expresar
o
mostrar
una
historia,
sino
entender,
contextualizar,
interpretar
y
ayudar
a
resolver
los
conflictos
de
las
narraciones,
que
son
conflictos
de
valores,
conflictos
en
la
propia
vida.
La
medicina
narrativa
y
la
ética
narrativa
convergen
en
esta
perspectiva.
Ambas
enfatizan
la
idea
de
que
lo
normativo
es
insuficiente
y
necesita
ser
completado
con
lo
descriptivo
y
contextual.
Algunos
autores,
como
R.
Charon,
hablan
de
‘narrative
contributions
to
medical
ethics’,
expresando
así
que
las
narraciones
sirven
para
resolver
problemas
éticos
en
el
entorno
médico.
Sin
embargo,
lo
narrativo
tiene
un
fundamento
teórico
más
sólido
que
conviene
explicitar.
No
solo
es
que
podamos
ilustrar
las
experiencias,
las
vivencias
para
mejorar
nuestra
comprensión,
humanizar
nuestras
relaciones
clínicas
e
incluso
ampliar
la
enseñanza
de
la
medicina,
sino
que
lo
narrativo
es
un
modo
de
conocimiento,
un
fundamento
para
la
ética,
una
forma
de
comprender
la
antropología,
y
un
método
para
tomar
decisiones.
Lo
narrativo
permite
acceder
al
qué
(lo
que
hacemos),
al
quién
(el
sujeto
moral,
que
actúa,
que
toma
decisiones
y
sufre
o
disfruta
de
sus
consecuencias),
al
cómo
(el
método
para
tomar
decisiones)
y
al
por
qué
(las
razones,
las
motivaciones,
las
creencias).
Una
bioética
narrativa
Proponemos
el
término
“bioética
narrativa”
para
referirnos
a
un
tipo
particular
de
bioética
con
una
dimensión
narrativa,
que
va
más
allá
de
los
límites
habituales
de
la
bioética
clínica
para
conectar
con
otras
dimensiones
de
las
humanidades
médicas,
la
filosofía,
la
ética
y
la
literatura.
La
bioética
narrativa
es
diferente
de
la
ética
médica
porque
su
objetivo
no
es
exclusivamente
regular
la
actividad
profesional
del
médico,
u
ofrecer
métodos
para
resolver
los
conflictos,
sino
reflexionar
sobre
los
valores
implicados,
teniendo
en
cuenta
que
la
28
bioética
puede
ser
considerada
la
ética
civil
de
nuestro
tiempo.
La
vivencia
y
el
bienestar
humanos
solo
pueden
lograrse
a
través
de
una
bioética
global.
La
salud
y
la
vida
se
han
convertido
en
núcleos
centrales
de
nuestra
reflexión
y
de
nuestras
prácticas
y
son,
por
supuesto,
criterio
esencial
para
la
ética.
Atender
a
las
formas
de
vida
y
determinar
los
elementos
universales
que
en
ellas
se
observan
es
necesario
para
una
bioética
que
habla
de
la
humanidad.
La
bioética
narrativa
también
es
diferente
de
la
aproximación
narrativa
a
la
ética
médica,
porque
no
solo
trata
de
aportar
herramientas
para
mejorar
la
relación
clínica,
ilustrar
problemas
o
situaciones
y
prestar
atención
a
la
vivencia
del
paciente,
sino
que
además
concibe
lo
narrativo
como
un
modo
de
construcción
de
sentido,
no
solo
explicita
valores,
sino
que
contribuye
a
construirlos,
promoverlos,
difundirlos,
y,
en
expresión
de
P.
Ricoeur,
configurarlos.
Y
finalmente
la
bioética
narrativa
también
se
diferencia
de
la
bioética
que
resuelve
conflictos,
que
trata
de
establecer
mecanismos
y
guías
para
la
actuación,
como
forma
de
evitar
o
resolver
los
problemas,
y
que
suele
estar
excesivamente
centrada
en
lo
normativo.
Es
esencial
tener
en
cuenta
que
transformar
la
ética
solo
en
una
herramienta
para
resolver
problemas
es
reducirla
y
subestimar
su
importancia.
La
bioética
se
ha
convertido
en
un
método
para
tomar
decisiones,
lo
cual
es
muy
útil,
pero
insuficiente.
Sin
una
fundamentación,
la
bioética
perdería
su
relevancia.
La
contribución
más
valiosa
que
puede
hacer
la
ética
es
la
justificación
de
las
acciones
y
decisiones
morales.
La
bioética
narrativa
tiene
sentido
como
parte
del
conjunto
más
amplio
de
la
ética
narrativa,
y
no
es
solo
una
herramienta
metodológica,
sino
un
modo
nuevo
y
diferente
de
entender
la
ética.
El
giro
aplicado
en
filosofía
ha
permitido
abandonar
el
modelo
teórico
y
especulativo,
regresando
a
un
terreno
más
apropiado:
el
de
los
problemas
reales
a
los
que
se
enfrentan
los
seres
humanos
haciendo
sus
vidas
en
el
mundo.
No
obstante,
ese
giro
aplicado
se
traduce
frecuentemente
en
aplicar
principios
normativos
a
los
casos
particulares,
de
modo
deductivo.
Mientras
que
el
giro
narrativo
da
importancia
a
lo
concreto
y
lo
particular,
evitando
ese
modo
de
pensamiento
de
arriba
abajo.
Más
bien
es
un
pensamiento
circular,
que
parte
de
los
casos
y
va
hacia
las
normas
o
principios
en
un
movimiento
de
ida
y
vuelta.
En
nuestra
opinión,
el
giro
aplicado
y
el
giro
narrativo
se
dan
de
modo
conjunto.
El
giro
narrativo,
que
ha
tenido
lugar
en
la
filosofía
y
se
ha
extendido
a
otros
muchos
campos,
le
da
un
nuevo
sentido
al
giro
aplicado.
Este
es
el
contexto
para
una
nueva
dimensión
reflexiva,
adecuada
al
encuentro
clínico,
que
interroga
sobre
los
elementos
subyacentes
de
un
discurso,
y
que
presta
atención
a
las
diferentes
interpretaciones.
El
autor
que
más
ha
contribuido
a
este
giro
narrativo
y
en
el
que
nos
apoyamos
para
nuestra
propuesta
es
Paul
Ricoeur,
quien
considera
que
la
narración
abre
un
nuevo
tipo
de
racionalidad
que
podemos
denominar
“sabiduría
narrativa”
y
que,
en
el
contexto
de
la
filosofía
de
José
Ortega
y
Gasset,
se
podría
denominar
“razón
narrativa”.
Estos
autores,
junto
a
todos
los
demás
que
se
presentan
en
el
libro,
han
desarrollado
la
reflexión
sobre
la
narración
en
diferentes
niveles.
Han
hablado
de
narración
como
forma
de
ser
(identidad
narrativa,
narración
como
‘condición
humana,
‘enredados
en
historias’,
etc.)
y
también
de
narración
como
forma
de
conocer,
como
método
(función
narrativa,
razón
vital
y
autobiografía,
espiral
hermenéutica,
etc.).
Desde
su
filosofía
de
la
narración
nosotros
queremos
subrayar
los
diferentes
usos
que
puede
desempeñar
la
narración.
La
narración
puede
servir
para
varias
cosas,
puede
tener
diferentes
funciones:
(1)
experiencial
(cognoscitiva),
(2)
pedagógica-‐ilustrativa,
y
(3)
constructiva-‐deliberativa.
29
Los
factores
cognoscitivos
e
ilustrativos
son
importantes
en
los
procesos
de
“mímesis”.
El
lector
puede
identificarse
con
los
personajes
a
través
de
las
historias,
de
modo
que
pueda
imaginar
cuáles
son
los
valores
implicados
y
hacer
juicios
sobre
lo
bueno.
Esto
es
posible
porque
uno
de
los
procesos
básicos
con
los
que
opera
la
narración
es
la
mímesis.
Como
nos
explica
Aristóteles,
existen
tres
formas
posibles
de
imitación:
la
representación
de
las
cosas
como
son,
como
se
dice
o
se
cree
que
son,
y
como
deben
ser.5
Por
ello,
las
posibilidades
de
generar
metáforas,
modelos
o
ideales
se
encuentran
dentro
de
este
mundo
de
la
mímesis,
avanzando
así
más
allá
de
la
mera
imitación
como
copia.
Al
utilizar
los
relatos,
del
mismo
modo
que
lo
pretendían
las
tragedias
griegas,
se
busca
que
el
público,
el
lector,
encuentre
representada
la
realidad,
y
también
que
observe
modelos
de
conducta
que
pueda
imitar.
Hay
un
doble
movimiento
de
imitación:
la
que
el
relato
hace
de
la
realidad,
y
la
que
el
lector
hace
a
partir
del
relato.
El
tema
es
demasiado
complejo
y
aquí
tan
solo
podemos
esbozarlo.
Para
ello
conviene
mencionar
la
propuesta
de
P.
Ricoeur,6
quien
nos
habla
de
una
triple
mímesis,
con
la
que
construimos
nuestra
identidad:7
•
Mímesis
I
(pre-‐figuración):
las
comprensiones
y
experiencias
previas
que
el
lector
y
el
autor
de
un
texto
tienen
sobre
la
acción
humana
como
un
curso
en
el
tiempo,
y
que
se
vehiculan
en
los
símbolos
culturales
compartidos.
•
Mímesis
II
(configuración):
se
trata
de
la
construcción
literaria
de
una
trama,
a
través
de
un
relato
desarrollado
temporalmente
sobre
la
historia
de
una
vida.
•
Mímesis
III
(refiguración):
aplicación
del
relato
a
la
propia
vida,
construyendo
un
nuevo
mundo
u
horizonte
de
sentido.
Las
historias
enseñan
algo
universal
a
través
de
lo
concreto,
muestran
un
elemento
de
la
naturaleza
humana
que
es
visible
desde
una
experiencia
contada
en
forma
de
historia.
Y
con
ello
logran
que
el
sujeto
desarrolle
procesos
de
empatía,
de
razonamiento,
y
también
de
imaginación,
como
nuevo
espacio
de
creación.
Estos
procesos
se
complementan
con
un
elemento
“sanador”
o
terapéutico
que
también
se
inscribe
en
el
potencial
de
las
narraciones.
La
catarsis
es
un
modo
de
purificación,
una
manera
de
sanar
el
alma.
Aristóteles,
en
su
análisis
sobre
la
tragedia
griega,
le
dota
al
término
de
un
significado
ético
y
estético,
si
bien
originalmente
la
catarsis
se
refería
a
lo
físico,
a
una
acción
médica,
que
daba
como
resultado
la
purificación
del
cuerpo.
Al
convertirse
en
un
concepto
moral,
la
catarsis
acoge
ese
sentido
de
purga,
de
limpieza,
de
proceso
que
permite
“lavar”
las
impurezas
del
alma,
los
actos
malignos,
los
pensamientos
oscuros.
A
través
de
los
relatos,
el
lector
⎯que
puede
ser
el
médico,
en
un
encuentro
clínico⎯
sufre
un
cierto
proceso
de
identificación
que,
al
permitirle
ponerse
“en
la
piel”
del
protagonista,
vive
metafóricamente
la
misma
experiencia
que
él
o
ella.
Así
al
ver
lo
que
le
ocurre
al
personaje,
cómo
resuelve
sus
problemas
y
cómo
recibe
un
castigo
o
un
premio
por
sus
decisiones,
puede
encontrar
consuelo
o
reparación
para
sí
mismo.
Mímesis
y
catarsis
tienen
así
una
fuerte
relación.
Ciertamente,
el
proceso
no
es
tan
sencillo
como
pudiera
parecer,
pues
las
interpretaciones
pueden
ser
variadas,
los
contextos
y
experiencias
del
individuo
darán
un
sentido
u
otro
al
relato
y,
por
tanto,
no
siempre
se
producirá
el
mismo
efecto
reparador.
En
algunos
casos,
incluso,
el
relato
muestra
“al
otro”,
el
diferente,
aquel
con
el
que
no
podemos
identificarnos,
precisamente
por
ser
distinto.
Pero
también
aquí
se
plantea
la
posibilidad
de
comprender
esa
diferencia.
Por
eso,
sirve
al
propósito
de
que
la
30
identificación
pueda
ser,
además,
beneficiosa
como
aprendizaje
moral,
experiencia
a
ser
pensada,
y
por
tanto
una
vivencia
que
puede
suscitar
la
reflexión.
La
literatura,
los
relatos,
las
obras
teatrales,
sirven
para
generar
y
desarrollar
lo
que
M.
Nussbaum
llama
una
“imaginación
narrativa”:
«la
capacidad
de
pensar
cómo
sería
estar
en
el
lugar
de
la
otra
persona;
ser
un
lector
inteligente
de
la
historia
de
esa
persona,
y
comprender
las
emociones,
deseos
y
anhelos
que
alguien
así
pudiera
experimentar.»8
Con
ello
se
logra
no
solo
conocer
la
experiencia
humana
concreta,
sino
lo
que
esa
experiencia
dice
sobre
el
ser
humano
en
general.
La
función
constructiva
de
la
narrativa:
la
deliberación
La
función
constructiva-‐deliberativa
va
más
allá:
enfatiza
la
importancia
de
los
fundamentos
y
de
la
creatividad.
En
este
punto
la
narrativa
muestra
su
poder,
incluso
como
rasgo
antropológico
de
la
inteligencia
humana,
construyendo
sentidos
con
símbolos
y
metáforas,
y
posibilitando
la
aplicación
a
la
ética.
Esta
clase
de
“mente
narrativa”
es
capaz
de
cambiar
los
valores,
y
aporta
algo
esencial
a
la
deliberación.
La
deliberación
es
uno
de
los
métodos
fundamentales
de
la
ética.
De
hecho
es
el
método
que
nos
encontramos
ya
esbozado
en
el
propio
Aristóteles
y
que
ha
sido
recuperado
con
fuerza
por
diversas
tradiciones
éticas
contemporáneas.
La
deliberación
es
un
método
de
reflexión
y
ponderación
que
tiene
lugar
sobre
los
hechos
y
que
busca
la
realización
de
valores
mediante
una
serie
de
acciones
y
decisiones.
Es
una
forma
de
tomar
de
decisiones
que
tiene
en
cuenta
la
complejidad
de
la
vida
moral.
El
objetivo
de
la
deliberación
es
así
la
toma
de
decisiones
prudentes
y
responsables.
En
la
deliberación
tan
importante
es
el
momento
valorativo-‐
normativo
como
el
momento
aplicado.
Pero
la
deliberación
tiene
también
un
componente
narrativo,
tan
presente
en
el
momento
valorativo-‐normativo
como
en
el
aplicado.
La
ética
se
refiere
a
los
muchos
modos
de
ser
humano
que
se
hacen
evidentes,
de
modo
directo
o
contradictoriamente,
a
través
de
las
historias.
Las
historias
no
nos
dicen
qué
debemos
hacer,
no
son
reglas,
sino
horizontes
para
la
comprensión.
Los
relatos
abren
lo
que
la
cultura
y
la
sociedad
cierran
u
ocultan.
Por
eso,
pensar
éticamente
significa
pensar
de
un
modo
diferente,
y
esta
es
la
principal
contribución
de
las
narraciones.
Solo
pensando
que
las
cosas
se
pueden
hacer
de
modo
diferente
es
posible
cambiar
el
modo
en
que
suelen
ser
las
cosas.
No
se
trata
solamente
de
que
pueda
ayudar
para
acercarnos
a
determinados
contenidos
(función
pedagógica)
o
que
contribuya
a
ampliar
nuestra
experiencia
(función
experiencial),
sino
que
gracias
a
la
narración
también
podemos
tomar
decisiones
responsables
y
prudentes.
La
narración
es
fundamental
para
la
construcción
del
juicio
moral,
para
la
toma
de
decisiones.
En
la
aplicación
del
método
deliberativo
no
se
trata
de
enseñar
juicios
ya
hechos,
sino
de
aprender
a
formar
los
juicios,
a
construirlos,
en
procesos
abiertos
de
reflexión
con
uno
mismo
y
con
los
demás.
La
deliberación
es
un
proceso
de
construcción
ética
y
en
ella
tiene
un
papel
fundamental
la
narración.
La
imaginación
narrativa
alimenta
la
imaginación
ética
(deliberativa).
Para
deliberar
bien,
por
ejemplo
sobre
un
problema
de
ética
médica,
necesitamos
contar
con
una
descripción
de
completa
de
los
hechos,
y
la
narración
es
un
elemento
fundamental
en
esta
descripción.
Necesitamos
el
punto
de
vista
científico,
pero
necesitamos
también
contar
con
las
expresiones
de
esa
vivencia.
De
hecho,
muchas
veces
la
presentación
de
un
caso
clínico
adquiere
la
mayor
31
parte
de
las
veces
la
consistencia
de
un
relato.
Por
otro
lado,
para
captar
el
problema
de
valores,
el
conflicto
valorativo
que
convierte
esa
situación
clínica
en
un
problema,
necesitamos
recurrir
al
relato,
sirviéndonos
de
un
pensar
hipotético
en
términos
de
“¿qué
pasaría
si…?”.
La
deliberación
es
un
método
para
afrontar
conflictos
y
el
núcleo
de
la
narración
es
el
conflicto.
Por
último,
en
esa
búsqueda
de
la
acción
prudente
y
responsable
necesitamos
estar
muy
atentos
a
todas
las
posibilidades.
La
mejor
opción
no
tiene
por
qué
ser
la
más
evidente,
y
la
forma
de
ir
más
allá
de
lo
evidente
es
mediante
el
trabajo
de
la
imaginación.
La
narración
enseña,
ilustra,
nos
ayuda
a
aplicar
los
principios
y
normas,
pero
también
con
ella
construimos
decisiones,
actuamos
moralmente.
Como
puede
apreciarse,
y
como
se
insiste
en
el
libro,
la
creatividad
y
la
imaginación
están
en
el
centro
de
la
medicina
narrativa
y
de
la
bioética
narrativa.
Para
poder
analizar
los
conflictos
de
valores
y
diseñar
el
modo
de
vida,
los
fines
que
perseguimos
necesitamos
la
imaginación.
Para
poder
resolver
deliberativamente
los
conflictos
también.
Y
todo
ello
porque
nuestra
mente
es
narrativa,
de
principio
a
fin.
La
propuesta
de
una
bioética
narrativa,
como
auténtico
modo
de
conocimiento,
que
es
el
núcleo
de
este
libro,
incluye
también
un
método,
la
deliberación,
que
es
el
método
de
la
bioética.
En
esta
línea
se
mueve
la
propuesta
metodológica
de
Diego
Gracia,
y
de
buena
parte
de
la
tradición
hermenéutica
(por
ejemplo
H.-‐G.
Gadamer
y
P.
Ricoeur).
Esta
tradición
de
pensamiento,
además,
ha
subrayado
el
importante
papel
que
juega
la
imaginación
tanto
en
el
nivel
cognoscitivo,
el
nivel
emotivo
(actitudes)
como
en
nivel
de
9
la
acción
y
de
la
decisión.
Así,
podemos
hablar
de
“deliberación
narrativa”
o
“deliberación
imaginante”.
No
es
que
la
deliberación
se
convierta
en
narración,
o
que
la
narración
delibere;
no
hay
que
olvidar
que
la
deliberación
es
un
proceso
argumentativo.
Y
no
es
lo
mismo
narrar
que
interpretar,
e
interpretar
no
es
lo
mismo
que
argumentar.
La
argumentación
es
la
forma
de
discurso
de
la
ética,
y
no
la
narración
o
la
interpretación.
Este
es
un
error
que
se
comete
muchas
veces
cuando
se
habla
de
bioética
(ética)
narrativa.
La
ética
narrativa
no
es
leer,
escuchar
o
ver
un
relato
(cine),
ni
la
interpretación
que
hacemos
de
él.
Que
la
narración
(o
la
imaginación
en
general)
dé
que
pensar,
no
significa
que
la
narración,
por
sí
misma,
piense
(a
la
manera
de
la
filosofía
o
de
la
ética).
Da
que
pensar,
y
ese
dar
que
pensar
debe
ser
asumido
por
un
discurso
que
se
mueve
en
otro
nivel.
El
método
—argumentativo—
de
la
bioética
es
la
deliberación.
Se
trata
de
un
método
aplicable
en
bioética
clínica
pero
extrapolable
a
la
bioética
en
general,
e
incluso
a
la
ética.
Es
un
método
de
ayuda
en
la
toma
de
decisiones
que
busca
que
estas
se
tomen
con
prudencia
y
responsabilidad.
Deliberamos
para
así
poder
formar,
construir,
un
juicio
moral.
La
bioética
no
da
juicios,
sino
que
enseña
a
juzgar.
Siguiendo
la
propuesta
de
Diego
Gracia,
en
contexto
hermenéutico,
el
método
deliberativo
es
un
procedimiento
de
resolución
de
problemas
en
bioética
médica.
El
objetivo
de
la
deliberación
es
conseguir
un
conocimiento
más
rico
y
más
complejo
a
la
hora
de
tomar
una
decisión.
No
es
un
procedimiento
mecánico.
La
deliberación
requiere
determinadas
actitudes
o
capacidades
como:
a)
la
capacidad
de
escucha
de
otros
planteamientos,
de
otras
interpretaciones;
b)
la
capacidad
para
reconocer
que
podemos
no
tener
razón
y
que
los
otros
pueden
enriquecerme
y
c)
la
capacidad
de
asunción
de
ciertos
niveles
de
incertidumbre.
Estas
actitudes
no
se
tienen
de
una
forma
natural,
sino
que
se
adquieren
con
la
práctica
de
la
propia
deliberación.
32
Pues
bien,
la
imaginación,
la
narración,
está
presente
en
el
desarrollo
del
propio
método
deliberativo.
Se
pueden
señalar
una
serie
de
encuentros
entre
el
proceso
deliberativo,
siguiendo
la
propuesta
de
D.
Gracia,10
y
el
trabajo
narrativo:
1.
La
deliberación
es
un
proceso
que,
si
está
bien
hecho,
nos
transforma,
es
decir,
que
acabamos
pensando
de
otra
forma
a
como
empezamos.
O
pensamos
lo
mismo,
pero
enriquecido.
La
deliberación
nos
educa…
¡igual
que
la
narración!
Deliberación
y
narración
son
procedimientos
catárticos.
Son
procesos
refigurativos.
Si
la
imaginación
es
refigurativa
(catártica,
educativa),
¿no
es
un
buen
recurso
para
la
misma
deliberación
y
así
acrecentar
su
poder
refigurativo
(educativo)?
2.
La
ganancia
fundamental
de
la
deliberación
para
aquellos
que
la
practican,
más
allá
de
la
ayuda
en
la
toma
de
decisiones,
es
la
formación
de
ciertos
hábitos
mentales
como
la
capacidad
de
escucha
del
otro,
capacidad
para
ponerme
en
su
lugar,
asumir
el
conflicto
de
interpretaciones
y
también
la
incertidumbre.
¿No
son
estos
también
hábitos
mentales
cultivados
por
la
narración?
¿No
es
la
narración
(el
cine,
la
novela)
un
“saber
de
lo
incierto”
(como
diría
Milan
Kundera)?
Si
narración
y
deliberación
fomentan
determinados
hábitos
mentales,
¿no
es
lógico
pensar
que
tengan,
de
alguna
manera
que
confluir
—sin
confundirse—?
3.
El
primer
paso
del
método
deliberativo
es
la
“presentación
de
un
problema”,
¿no
es
acaso
esto
traer
una
“historia”
clínica,
relatarla,
narrarla?
La
narración,
el
cine,
puede
ser
un
vehículo
magnífico
para
presentar
casos,
para
presentar
historias.
Se
podría
pensar
que
al
utilizar
la
narración
estamos
introduciendo
elementos
subjetivos
de
selección.
Quizás
sí;
lo
que
hay
que
hacer
es
conocer
cómo
se
construyen
esos
elementos
subjetivos.
Por
eso
también
hay
que
someter
la
historia
narrada
a
un
proceso
de
análisis
y
crítica,
a
un
proceso
de
deliberación.
Pero,
por
otra
parte,
y
más
importante:
¿no
es
la
misma
presentación
de
casos
en
comités
de
bioética
también
un
asunto
subjetivo?
¿no
se
presenta
la
historia
clínica
“de
una
cierta
manera”,
con
determinados
recursos
narrativos?
Un
desarrollo
muy
importante
de
la
bioética
narrativa
sigue
estas
implicaciones
que
aquí
solo
apunto.
Así
T.
Chambers
aplica
los
recursos
de
la
crítica
literaria
a
los
casos
clínicos
para
mostrar
no
solo
que
están
construidos
narrativamente
11
sino
que
también,
y
en
función
de
esta
construcción
misma,
están
ya
orientados
moralmente.
Por
tanto,
la
discusión
y
análisis
de
los
hechos,
¿no
es
también
una
discusión
de
cómo
se
presentan
los
hechos,
que
es
narrativa,
y
cómo
se
han
construido
esos
hechos,
construcción
que
tiene
mucho
de
narración?
4.
Identificar
los
problemas
morales
implicados,
determinar
cuál
es
el
fundamental,
así
como
sumergirnos
en
el
mundo
de
los
valores,
significa
comprender
de
qué
manera
los
problemas
humanos
están
entretejidos
unos
con
otros,
imbricados
unos
con
otros.
Identificar
correctamente
problemas
y
valores
no
es
señalar
uno
entre
muchos,
no
es
optar
por
uno.
Supone
cierta
habilidad
para
discernir
en
la
complejidad,
sin
sacrificarla
o
disminuirla.
¿No
es
la
narración
una
práctica
que
ayuda
y
enseña
a
“seguir
historias”?
¿No
pone
la
narración
en
ejercicio
un
cierto
tipo
de
inteligencia
(inteligencia
narrativa)
que
desarrollada
críticamente
nos
ayuda
a
percibir
relaciones
sin
simplificarlas?
Frecuentar
la
narración,
¿no
nos
hace
más
perspicaces
a
la
hora
de
detectar
problemas,
jerarquizarlos,
así
como
movernos
en
el
mundo
de
los
valores,
y
entender
sus
posibles
perversiones?
5.
Por
otra
parte,
y
en
relación
con
el
mundo
de
los
valores,
¿no
han
sido
los
relatos
el
vehículo
de
propuesta
de
grandes
valores,
de
grandes
utopías,
de
ese
mundo
que
“debería”
ser
y
no
es,
ámbito
realmente
de
la
ética?
Los
relatos
han
presentado
este
mundo
deseable,
y
también
los
conflictos
de
valores,
y
lo
difícil
que
es
la
realización
de
los
valores.
La
narración
no
deja
de
mostrarse
como
un
gran
laboratorio
de
la
experiencia
moral.
6.
La
identificación
de
cursos
de
acción
(extremos,
intermedios,
óptimo)
es
también
un
trabajo
narrativo,
un
trabajo
de
la
imaginación.
Se
trata
de
imaginar,
de
proyectar
posibilidades
de
acción
dentro
del
campo
que
circunscribe
lo
verosímil.
¿No
es,
quizás,
la
simplicidad
mental
que
convierte
los
problemas
en
dilemas
una
falta
de
sensibilidad
narrativa?
Frecuentando
el
relato
nos
abrimos
a
lo
posible,
es
decir,
a
la
consideración
de
otros
puntos
de
vista,
otras
formas
de
actuar.
33
7.
La
toma
de
decisiones
ha
ser
prudente
y
responsable.
La
prudencia
y
la
responsabilidad
se
logran
al
tener
en
cuenta
los
efectos
y
las
consecuencias
de
nuestras
decisiones
y
acciones.
No
nos
preocupa
solo
seguir
unos
principios
(que
también)
sino
lo
que
acontezca
en
el
mundo.
Y
¿no
nos
ayuda
la
narración
en
este
cálculo
complejo
de
consecuencias
al
mostrarnos
experiencias
posibles,
resultados
probables?
¿No
es
una
proyección
que
puede
servirnos
para
la
previsión?
¿No
nos
ayuda
la
narración
a
ejercitarnos
en
la
responsabilidad
al
presentarnos
vivamente
(sobre
todo
el
cine)
las
consecuencias
posibles
de
determinadas
acciones?
La
narración
nos
echa
una
mano
cuando
pensamos
bajo
la
estructura
del
“qué
pasaría
si….”.
Quizás
aquellos
anclados
férreamente
en
sus
convicciones
y
valores,
se
cuestionarían
su
“fiat
iustitia
pereat
mundus”
ante
algunas
imágenes
cinematográficas
que
nos
muestran
cómo
ha
quedado
el
mundo
cuando
no
hemos
considerado
las
consecuencias
de
nuestros
actos.
Deliberación
e
imaginación
son
cosas
distintas,
pero
las
dos
están
condenadas
a
encontrarse
cuando
lo
que
buscamos
es
la
acción
responsable,
la
acción
prudente.
La
deliberación
sin
imaginación,
sin
narración,
sería
reducir
el
método
a
un
algoritmo,
que
traicionaría
la
complejidad
de
los
problemas
morales.
La
responsabilidad
aquí
y
ahora,
en
estas
circunstancias
y
teniendo
en
cuenta
las
consecuencias,
requiere
paradójicamente
la
capacidad
de
imaginar.
Esta
es
la
potencia
de
una
bioética
narrativa.
Referencias
bibliográficas
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Moratalla
Domingo
T,
Feito
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Bioética
Narrativa.
Madrid:
Escolar
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2013.
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34
EL
ENFOQUE
DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS
PARA
LA
BIOÉTICA
María
Luisa
Pfeiffer
Investigadora
del
Consejo
Nacional
de
Investigaciones
Científicas
y
Técnicas
Contacto:
[email protected]
Si
miramos
en
perspectiva
la
tierra
en
relación
con
el
universo,
incluso
solamente
con
el
descubierto
y
fotografiado,
consideramos
que
frente
a
esa
grandeza
nuestra
pequeñez
carece
de
peso
como
para
que
no
podamos
ser
felices.
Pero
poco
después
volvemos
a
la
tierra
y
nuestro
pequeño,
pequeñísimo,
ínfimo
espacio
cotidiano,
rodeado
de
seres
tan
ínfimos
como
nosotros
se
convierte
en
u n
universo
que
atrapa
toda
nuestra
atención
y
conmueve
nuestro
ánimo
hasta
hacernos
perder
muchas
veces
la
escasa
vida
y
felicidad
que
podemos
gozar.
En
una
famosa
frase
Sartre
afirmaba
que
“el
infierno
son
los
otros”,
lo
cual
puede
ser
traducido
como
que
viviríamos
felices
solos,
pero
como
nunca
podremos
hacerlo,
porque
la
soledad,
la
individualidad
es
un
mito
imposible
de
hacer
realidad,
según
Sartre
estamos
condenados
al
infierno.
¿Seríamos
felices
viviendo
solos?
¿Cuán
solos
para
no
sentirnos
solos?
Y
con
esos
que
elegimos…
¿no
habría
conflictos?¿podríamos
vivir
con
ellos
en
el
“cielo”
por
contraposición
al
infierno?
es
decir
un
tiempo
infinito
sin
conflictos.
Conflicto
y
condición
humana
parecen
darse
mano
al
punto
que
todos
los
logros
de
la
humanidad
en
materia
1
moral,
e
incluso
científica,
nacen
al
calor
del
conflicto.
De
modo
que
lo
que
debemos
resolver
es
cómo
convivir
aceptando
que
la
vida
es
conflictiva,
lograr
un
modo
de
vida
en
que
aceptemos
que
no
podemos
evitar
estar
con
otros,
vivir
con
otros,
depender
de
otros
que
son
diferentes
y
por
ello
generan
conflicto,
choque.
El
conflicto
Al
momento
de
analizarla,
nos
encontramos
con
que
esa
convivencia
puede
ser
de
facto
o
de
derecho.
Está
claro
que
en
sociedades
donde
los
intereses
comunes
incluyen
a
los
individuales
y
viceversa,
cada
uno
halla
en
sus
propios
intereses
el
interés
común,
es
más
fácil
canalizar
el
conflicto
que
en
aquellas
donde
el
interés
de
cada
individuo
debe
prevalecer
por
sobre
el
de
la
comunidad
incluso
oponiéndose
a
ella.
En
este
caso
buscamos
una
convivencia
que
debe
alcanzar
algún
grado
de
armonía
que
podríamos
comparar
con
los
que
deben
alcanzar
los
sonidos
de
diferentes
instrumentos
en
una
sinfonía.
Pero
lograr
esto
en
una
sinfonía
supone
que
quien
la
está
creando
e
incluso
tocando
considere
el
todo
antes
que
las
partes
y
afine
los
sonidos
de
cada
uno
desde
el
sonido
final
esperado,
lo
que
se
busca
es
alcanzar
un
objetivo
común:
la
sinfonía.
La
actuación
de
los
instrumentos
ha
sido
pensada
por
el
músico
desde
la
sinfonía
y
no
al
revés,
no
se
ha
hecho
la
música
para
cada
instrumento
y
luego
se
han
sumado,
en
ese
caso
no
habría
sinfonía
sino
lo
que
hoy
denominamos
metal
rock
que
busca
precisamente
la
disonancia,
lo
inarmónico.
De
hecho,
hay
momentos
en
las
sinfonías
donde
los
sonidos
no
suenan
con
total
armonía,
pero
se
van
acomodando
hasta
el
movimiento
final,
van
buscando
armonizar
los
unos
con
los
otros
para
lograr
un
cometido
común:
lograr
música.
2
Es
muy
curioso
que
el
prefino
sin
que
significa
en
muchas
palabras
con
,
como
preposición
significa
lo
contrario
de
con:
carencia,
falta.
De
modo
que
podemos
considerar
una
convivencia
deseable
aquella
que
sea
sintética,
sinfónica,
sincopada
donde
el
prefijo
sin
describa
el
aparejamiento,
la
cercanía,
el
concurso
de
los
fines
y
los
medios.
Una
convivencia
que
no
fuera
armónica,
sinérgica,
no
sería
con-‐vivencia
sino
contravivencia
,
reinaría
la
disidencia,
la
desarmonía,
la
incompatibilidad,
la
incomprensión,
la
antipatía,
el
desacuerdo,
no
necesariamente
la
discordia
sino
la
competencia
como
rivalidad,
como
interacción
desventajosa.
Asociamos
35
convivencia
con
diálogo,
acuerdo,
simpatía,
comprensión
compatibilidad,
coexistencia,
armonía.
Pero
la
vida
humana
no
tiene
una
única
modalidad
ni
una
única
manera
de
realizarse,
sin
dejar
de
hallar
convivencia,
entendimiento,
simpatía
nos
encontramos
permanentemente
con
el
desacuerdo,
la
disidencia;
la
incompatibilidad
es
algo
intrínseco
a
la
vida
social.
La
pregunta
es
cómo
lograr
convivir,
es
decir
vivir
con
otros
disarmónicamente,
es
decir,
siguiendo
el
razonamiento
sartreano
cómo
hacer
para
que
nuestra
vida
no
sea
un
infierno.
Muchas
respuestas
a
este
problema,
en
la
historia
de
la
humanidad,
provinieron
de
voces
ajenas
a
las
del
hombre
en
el
supuesto
de
que
esas
voces
eran
más
poderosas,
más
sabias,
más
perfectas
y
podían
indicarnos
el
rumbo.
Esas
voces
provenían
para
los
griegos
del
orden
del
ser,
para
los
judeo-‐cristianos
de
un
dios
personal,
para
los
románticos
de
la
naturaleza,
para
otras
religiones
de
diferentes
imágenes
de
la
divinidad.
La
fe
permite,
a
ciertas
comunidades,
mantener
las
respuestas
religiosas,
pero
nuestra
cultura,
a
partir
de
la
modernidad
ha
puesto
al
hombre
individual,
separado
de
toda
ecclesia,
como
centro
de
decisiones.
Ya
no
es
una
asamblea
la
soberana
sino
el
individuo
solo,
dueño
de
sí
mismo,
de
su
presente,
pasado
y
futuro.
La
razón
de
este
individuo
que
carga
con
el
peso
del
reconocimiento
del
bien,
ha
sido
asociada
a
la
libertad,
ha
rechazado
todo
mandato
que
no
provenga
del
mismo
sujeto
humano.
Es
muy
interesante
la
historia
del
origen
del
hombre
moderno,
también
lo
es
la
de
su
declinación
que
tiene
que
ver
fundamentalmente
con
que
esa
ley
que
el
individuo
debía
darse
a
sí
mismo
solo
puede
tener
vigencia
y
legitimidad
si
es
justa,
es
decir
si
obedece
a
un
mandato
comunitario.
Esta
es
la
base
de
la
ética
kantiana
y
de
la
democracia.
El
orden
que
nuestra
cultura
ha
puesto
como
marco
de
las
conductas
individuales
tiene
que
ver
con
la
comunidad.
Si
bien
proviene
de
la
autonomía
del
humano,
esta
autonomía
no
opera
individualmente,
la
soberanía,
el
poder
de
establecer
leyes,
no
es
del
individuo
sino
de
los
pueblos.
Justicia
y
poder
A
partir
del
siglo
XIV,
gracias
a
pensadores
como
Maquiavelo,
comienza
a
asociarse
la
legitimidad
política
al
mandato
popular.
Es
así
que
a
partir
de
la
modernidad
no
se
duda
en
calificar
de
legítimo
a
todo
poder
que
resulta
del
ejercicio
de
una
soberanía
que
proviene
de
la
voluntad
popular
y
permite
que
el
vigor
y
la
fuerza
que
necesitan
las
leyes
resulte
inmediata
y
directamente
aplicable
por
su
propio
imperio.
Sin
embargo,
esa
ley
no
puede
responder
al
capricho
de
las
mayorías
sino
que
debe
estar
sostenida
sobre
fundamentos
éticos.
De
modo
que
no
basta
con
que
la
ley
sea
resultado
de
la
voluntad
popular
sino
que
debe
tener
un
signo
ético
para
ser
legítima,
es
decir:
debe
provenir
de
la
libertad
humana,
pero
ser
buena.
Desde
allí
es
preciso
pensar
otras
características
de
la
soberanía
popular,
diferentes
de
las
que
marcara
Maquiavelo.
Para
este
influyente
autor
el
poder
y
la
ética
están
separados
y
siguen
caminos
diferentes
e
incluso
para
obtener
el
primero
es
necesario
olvidar
definitivamente
a
la
segunda.
La
obra
de
Maquiavelo,
El
Príncipe,
consiste
en
una
serie
de
consejos
al
mandatario
para
ganarse
el
favor
popular
y
describe
todas
las
artimañas
3
a
que
debe
acudir
para
obtenerlo,
que
no
evitan
ni
la
deshonestidad
ni
la
traición
ni
la
mendicidad
ni
cualquier
acto
de
corrupción.
4
Desde
una
perspectiva
política,
se
suele
asociar
esta
reflexión
al
populismo,
considerando
que
el
poder
del
soberano
tiene
que
ver
necesariamente
con
el
favor
popular
asociado
al
de
las
masas
(generalmente
pobres)
que
se
compra
con
prebendas.
Para
otros
por
5
el
contrario
el
populismo
sería
la
“incorporación
de
las
masas
al
juego
político”.
Hay
en
realidad,
una
delgada
línea
entre
la
práctica
maquiavélica
que
se
asocia
con
la
primera
noción
de
populismo
y
el
segundo
concepto
del
mismo
por
el
cual
lo
que
el
pueblo
(especialmente
los
grupos
menos
beneficiados
económica
y
socialmente)
obtiene
6
no
son
beneficios
económicos
a
cambio
de
poder
(voto),
sino
la
puesta
en
práctica
de
su
propio
poder
para
lograr
la
satisfacción
de
36
7
sus
reales
necesidades
como
sería:
“comer
tres
veces
por
día”,
ser
propietario
de
una
casa,
poder
educarse,
acceder
a
servicios
de
salud
y
de
defensa
de
sus
derechos
gratuitamente,
gozar
de
condiciones
de
trabajo
dignas,
de
descanso,
de
ambiente
no
contaminado,
de
comida
sana,
de
fiestas.
Tenemos
muchos
Maquiavelos
hoy
gobernando
los
países,
que
compran
las
voluntades
populares
y
no
tan
populares
en
busca
de
una
legitimidad
espuria
de
sus
intereses.
Tenemos
muchos
Maquiavelos
que
incluso
adoptan
los
discursos
del
derecho
de
los
pueblos
para
que
los
pueblos
consideren
que
el
bienestar
es
igual
a
progreso
y
que
éste
se
logrará
gracias
a
la
tecnología
y
la
economía
de
mercado.
Acudiendo
a
la
posibilidad
de
pensar
otro
origen
para
la
legitimidad
de
las
leyes
que
la
mera
aprobación
de
una
mayoría,
debemos
tener
en
claro
que
la
apreciación
maquiavélica
está
totalmente
marcada
por
un
pragmatismo
que
busca
el
poder
por
el
poder.
Solo
bajo
la
exigencia
de
que
la
conducta
social
y
particular
esté
sostenida
éticamente
y
que
el
resultado
sea
la
vigencia
de
la
ley,
evitaremos
las
trampas
maquiavélicas,
los
discursos
sofísticos,
las
consignas
repitiendo
palabras
que
han
sido
vaciadas
de
contenido
como
libertad
e
igualdad.
Derechos
humanos
Es
preciso
no
dejarse
engañar,
ejercer
la
crítica
para
comprender
que
lo
único
que
permite
la
libertad
y
la
igualdad
es
la
solidaridad,
es
decir
que
todos
podamos
vivir
en
igualdad
de
condiciones,
como
decisión
libre
de
todos
y
de
cada
uno.
Esto
es
lo
que
llevó
a
Kant
a
construir
una
ética
sustento
de
toda
política
sobre
una
razón
trascendental,
una
voluntad
buena
en
tanto
libre
e
igualadora
de
todos
los
hombres,
donde
se
halla
la
clave
de
todo
consenso,
de
toda
deliberación,
de
toda
decisión
moral.
Elaborar
un
pensamiento
ético
que
respondiera
a
deliberaciones
sustentadas
por
la
razón
universal
y
no
ignorara
las
necesidades
y
deseos
particulares,
requirió
siglos
de
reflexión
filosófica,
de
movimientos
políticos
y
de
pensamiento
moral.
Por
ello
lo
que
Kant
encontró
fue
un
imperativo
que
trascendía
no
solo
los
intereses
particulares
sino
los
nacionales,
y
que
podía
ser
adoptado
por
un
consenso
de
naciones
como
universal
y
absoluto
para
poder
ser
convertido
por
ellas
en
declaraciones
de
principios
y
en
pactos
de
convivencia.
Ese
imperativo
que
obliga
a
tratar
a
todos
y
cada
uno
de
los
seres
humanos
como
fin
y
no
como
medio,
implica
ciertos
supuestos
filosóficos
que
pueden
ser
traducidos
por
valores
culturales:
la
igualdad,
la
libertad,
la
solidaridad,
la
dignidad
de
la
persona
que
exige
el
mutuo
reconocimiento.
Esta
propuesta
se
puso
como
base
de
una
política
internacional
que
intentó
cambiar
el
puro
pragmatismo
maquiavélico,
por
un
consenso
internacional,
esta
propuesta
alcanzó
su
máxima
expresión
con
la
declaración
de
derechos
humanos.
Sin
embargo,
los
poderes
siempre
atentos
se
apoderaron
de
los
derechos
humanos,
los
calificaron
de
civiles
y
aseguraron
que
se
trataba
de
una
declaración
que
obligaba
a
las
personas
a
no
violar
los
derechos
de
otras
personas,
que
los
8
estados
solo
podían
ejercer
funciones
de
vigilancia.
Pero
algo
había
pasado,
esa
obligación
de
reconocer
que
todos
los
seres
humanos
eran
iguales
y
libres
significó
el
reconocimiento
de
la
situación
de
indignidad
en
que
se
encontraban
millones
de
humanos
para
quienes
esos
derechos
no
existían.
Enfrentarse
al
derecho
implica
un
primer
movimiento
de
exposición
de
la
miseria
del
individuo
humano,
de
sus
incapacidades,
sus
dependencias,
sus
límites,
frente
a
una
comunidad
que
lo
reconoce
digno,
valioso
cuando
le
reconoce
sus
derechos.
El
derecho
no
es
un
grito
de
protesta
como
podía
serlo
el
de
Job,
no
es
un
pedido
de
clemencia
ni
un
lamento
trágico,
es
un
grito
de
pie
no
de
rodillas,
es
un
grito
con
el
que
se
exige,
se
reclama
a
la
comunidad
suplir
la
indigencia.
Si
bien
el
reclamo
nace
del
reconocimiento
de
indigencia,
es
a
la
vez
la
proclama
de
la
dignidad.
Es
un
reconocimiento
de
que
el
individuo
no
puede
nada
solo,
que
todo
lo
que
haga:
su
construcción
del
presente,
su
proyección
al
futuro
y
su
valoración
del
37
pasado,
solo
puede
hacerla
con
otros,
entre
otros,
junto
a
otros,
para
otros,
pero
que
debe
ser
reconocido
por
los
otros.
El
reclamo
de
derechos
es
posible
en
tanto
y
en
cuanto
se
acepta
ser
parte
constitutiva
de
una
comunidad
que
tiene
obligaciones
para
con
sus
miembros.
La
justicia,
esa
que
es
el
punto
crucial
de
la
ética,
es
la
respuesta
a
una
condición
corporal
del
hombre
que
lo
hace
vulnerable.
Reconocer
que
todos
los
seres
humanos
tienen
derechos
es
reconocer
que
son
parte
de
una
comunidad
que
tiene
con
ellos
obligaciones
y
ese
fue
el
segundo
paso.
En
1966,
18
años
más
tarde,
muchos
de
los
estados
que
conformaban
la
unión
de
las
naciones
firmaron
un
pacto
por
el
cual
reconocían
que
los
estados
debían
garantizar
a
sus
pueblos
derechos
económicos,
sociales
y
9
culturales.
Ya
no
era
una
cuestión
individual,
ahora
las
sociedades
se
obligaban
a
reconocer
los
derechos
de
quienes
las
conformaban
y
éstos,
como
elementos
constitutivos
de
esas
sociedades,
se
obligaban
a
garantizarse
como
sociedad
que
esos
derechos
serían
cumplidos.
Proclamar
la
primera
declaración
y
adherir
a
estos
pactos,
como
vienen
haciendo
muchos
países
que
no
adhirieron
a
los
documentos
originales,
es
reconocer
que
todos
y
cada
uno
de
los
hombres
es
digno
de
respeto
como
tal,
que
su
vida
es
inviolable,
su
salud
invaluable,
su
libertad
incondicionable
y
que
el
estado
no
solo
es
garante
de
que
esto
se
cumpla
en
la
sociedad
sino
que
tiene
la
obligación
de
proveer
las
medidas
necesarias
para
que
estos
derechos
puedan
ejercerse.
El
deber
del
estado
y
por
consiguiente
de
cada
uno
de
los
miembros
de
la
sociedad
que
lo
sostiene,
es
poner
en
práctica
acciones
que
permitan
la
plena
vigencia
de
los
derechos
para
todos
y
cada
uno
de
los
que
la
componen.
El
ejercicio
de
la
justicia,
la
primera
virtud
ética
tiene
que
ver
con
que
la
sociedad
por
intermedio
del
estado,
procure
cubrir
las
necesidades
comunes,
aquello
que
los
componentes
de
esa
sociedad
reclamen
como
necesidades
insatisfechas
para
poder
vivir:
alimentación,
o
mejor
comida;
vivienda,
o
mejor
hogar;
educación,
o
mejor
sabiduría;
ambiente
no
contaminado,
o
mejor
posibilidad
de
convivir
con
la
naturaleza;
trabajo,
o
mejor
un
lugar
en
la
sociedad;
reconocimiento,
o
mejor
amor.
No
hay
justicia
sin
igualdad,
sin
el
reconocimiento
igualitario
de
la
dignidad
de
todos
los
hombres.
Los
derechos
humanos
son
proclamas
hechas
por
la
sociedad
para
sí
misma
como
un
ayuda
memoria
respecto
de
lo
que
significa
vivir,
o
mejor
con-‐vivir
a
la
manera
del
ser
humano,
proclamas
que
luego
se
convierten
en
pactos
es
decir
deudas.
Y
ello
supone
justicia,
por
supuesto
que
el
ejercicio
de
la
justicia
legal
pero
antes
que
ella
de
la
justicia
moral
que
implica
como
primera
mayor
condición,
la
igualdad.
La
progresión
en
el
reconocimiento
de
los
derechos
humanos
es
una
progresión
en
el
reconocimiento
de
que
los
derechos
no
tienen
que
ver
con
vidas
individuales
vividas
para
sí
mismo,
sino
con
vidas
compartidas,
vividas
con
otros.
La
vigencia
de
los
derechos
solo
es
posible
cuando
es
la
comunidad
la
que
los
pone
en
acto,
si
no,
solo
existen
en
potencia.
Solo
si
genera
obligación
solidaria
en
el
que
lo
reclama
el
derecho
es
legítimo.
En
caso
contrario
genera
injusticia,
conflicto
insoluble:
violencia,
desigualdad,
en
ese
caso
solo
posibilita
la
estricta
individualidad
de
los
intereses
que
pujan
por
su
prevalencia
sobre
el
otro.
Bioética
y
derechos
humanos
10
La
conducta
orientadora
de
la
bioética
no
puede
ser
otra
que
la
marcada
por
la
ética,
es
decir
la
justicia,
no
puede
ser
otra
que
el
11
respeto
al
otro
como
igual
y
digno,
no
puede
ser
otra
que
la
responsabilidad
en
libertad.
La
bioética,
es
la
ética
aplicada
a
la
concretidad
de
la
vida
humana,
la
ética
que
debe
reconocer
las
complejidades
del
ser
humano,
el
carácter
ambiguo
de
sus
decisiones,
la
precariedad
de
su
conocimiento,
la
contingencia
de
su
condición
que
lo
enfrenta
permanentemente
con
lo
efímero
y
dependiente
de
su
vida.
Precisamente
esto
es
lo
que
la
lleva
a
cruzarse
con
los
derechos
humanos
casi
naturalmente,
la
lleva
a
adueñarse
de
esa
proclama
de
la
humanidad
que
llamamos
derechos
humanos
y
donde
encuentra
una
profunda
vocación
de
defensa
de
la
vida,
de
la
auténtica
vida
humana.
En
el
reconocimiento
y
defensa
de
la
dignidad
humana,
es
donde
derechos
38
humanos
y
bioética
tienen
un
mismo
lenguaje,
y
deben
evitar
que
ese
lenguaje
sea
desvirtuado,
bastardeado,
usado
para
todo
lo
contrario
de
lo
que
significa.
La
bioética
que
se
sustente
sobre
los
derechos
humanos
debe
estar
atenta
frente
a
realidades
que
sin
ninguna
duda
violan
los
derechos
humanos:
la
permanencia
de
la
pobreza
es
el
indicador
más
brutal
de
esta
violación
y
uno
de
los
disciplinadores
más
12
efectivos.
No
sirve
refutar
esto
con
números
de
crecimiento
y
supuesta
inclusión,
este
aumento
se
nos
hace
evidente
cuando
nos
encontramos
todavía
en
nuestros
países
con
hambre,
enfermedades
remediables
y
muertes
prematuras,
cuando
no
hay
modo
de
explicar
la
mayor
desprotección
de
las
poblaciones
frente
a
explotaciones
multinacionales
que
pueden
enriquecerse
con
la
soja
transgénica,
las
minas
a
cielo
abierto
o
la
multiplicación
de
patentes
de
medicamentos
que
debieran
ser
gratuitos.
¿Cómo
negar
el
mayor
riesgo
a
que
se
ven
expuestos
los
pueblos
por
la
expoliación
de
las
riquezas
naturales,
la
destrucción
de
bosques,
glaciares,
la
depredación
de
ríos
y
mares,
la
pérdida
de
soberanía
alimentaria,
la
destrucción
de
tradiciones
y
culturas
a
manos
del
turismo
y
la
publicidad,
la
devastación
de
los
paisajes
que
forman
parte
de
la
vida
de
la
gente
en
beneficio
de
ciudades
anodinas
y
hacinantes
donde
la
explotación
y
la
sumisión
se
favorecen?
¿Qué
derechos
podemos
decir
que
se
pueden
defender
ante
una
voraz
e
incontrolada
visión
del
progreso
a
costa
de
la
naturaleza
que
es
la
casa
del
hombre
y
del
hombre
mismo?
¿Qué
derechos
humanos
se
defienden
cuando
las
diferencias
entre
los
ricos
y
los
pobres
se
hacen
cada
vez
más
grandes?
¿Cómo
afirmar
que
defendemos
los
derechos
en
la
región
mientras
se
acrecienta
día
a
día
el
tráfico
de
personas,
de
armas,
de
drogas
legales
e
ilegales?
No
podemos
poner
a
los
derechos
humanos
como
fundamento
ético
de
prácticas
políticas
y
económicas
que
no
respetan
la
igualdad
ni
la
libertad.
América
Latina
no
reniega
del
conflicto
y
tiene
tradición
de
darle
a
este
conflicto
un
signo
ético.
Por
ello
creo
que
hay
algo
para
proponer,
para
no
quedarnos
en
la
reflexión
y
pasar
a
la
acción,
algo
sostenido
en
los
derechos
humanos
como
marco
ético
del
que
no
queremos
ni
debemos
apartarnos,
y
ello
es
sostener
y
poner
en
ejercicio
lo
que
el
sistema
democrático
de
vida,
producto
de
esos
supuestos
de
libertad
e
igualdad
nos
reclama:
que
los
estados
como
productores
masivos
del
derecho
positivo
y
titulares
del
monopolio
de
la
fuerza,
se
tomen
a
pecho
esta
responsabilidad
que
como
pueblo
delegamos
en
ellos.
Sin
ninguna
duda,
uno
de
los
ámbitos
donde
la
bioética
debe
levantar
la
voz,
es
en
el
de
la
atención
a
los
que
sufren
enfermedad,
donde
se
debe
establecer
sistemas
de
atención
a
la
salud
gratuitos,
única
garantía
de
que
exista
igualdad
a
la
hora
de
reclamar
cuidado
a
la
salud
de
parte
del
sistema.
La
igualdad
puede
comprenderse
como
mediada,
por
ejemplo
por
dinero,
valores,
situación
social,
educación,
etc.,
pero
igualdad
en
el
caso
de
los
derechos
humanos
debe
comprenderse
en
sentido
absoluto.
Es
el
único
modo
de
hacer
referencia
a
una
calidad
de
relaciones
entre
humanos
que
son
absolutamente
iguales
en
dignidad.
De
modo
que
no
debe
hablarse
de
equidad
en
relación
a
los
sistemas
de
salud
sino
de
igualdad
en
tanto
y
en
cuanto
los
cuidados
del
sistema
deben
darse
de
manera
igualitaria
a
todo
el
que
lo
requiera.
Que
se
garantice
la
gratuidad
de
los
sistemas
será
el
medio
más
idóneo
para
poner
la
atención
de
la
salud
al
alcance
de
todo
aquel
que
lo
necesite
y
paralelamente
es
el
único
medio
de
evitar
los
abusos
que
gracias
a
la
medicalización
de
la
vida,
obligan
hoy
a
los
estados
a
multiplicar
permanentemente
el
presupuesto
en
salud.
Recordemos
que
gran
parte
de
lo
que
hoy
llamamos
enfermedad
es
provocada
por
el
"modelo
de
desarrollo"
impuesto
por
una
economía
capitalista
cuyo
principal
motor
es
el
lucro.
La
intervención
de
la
población
para
establecer
los
problemas
y
priorizarlos,
así
como
elegir
un
modelo
13
de
atención
de
salud
que
cumpla
con
sus
expectativas
es
fundamental.
La
salud
pública
es
un
sector
importante
en
toda
economía
igualitaria,
sostenible,
productiva
y
respetuosa
con
el
medio
ambiente.
Solo
un
sistema
igualitario,
como
es
el
resultante
de
un
sistema
de
salud
pública
puede
considerarse
justo,
es
decir
ético.
39
La
bioética
no
compromete
solo
a
la
reflexión
intelectual,
si
bien
esta
es
la
que
le
da
argumentos
para
la
decisión,
hay
un
momento
ineludible
que
sigue
a
la
decisión
que
es
la
acción.
La
bioética
debe
ser
transformadora,
debe
buscar
intervenir
sobre
las
instituciones,
los
sistemas,
las
organizaciones,
para
que
alcancen
el
nivel
de
justicia
que
la
ética
exige,
para
que
todas
ellas
logren
instaurar
los
derechos
humanos,
para
que
estos
adquieran
fuerza
y
vigor
imperativo.
Citas
y
referencias
bibliográficas
1
Maliandi
R.
Cultura
y
conflicto.
Investigaciones
ética
y
antropológicas.
Buenos
Aires:
Biblos;
1984.
Ética
convergente.
Buenos
Aires:
Tres
tomos;
2010/2012/2014.
2
Cito
algunas,
sinergia,
síntesis,
sinergia,
sínodo,
síncope,
etc.
3
Es
verdad
que
se
puede
leer
la
obra
de
Maquiavelo
como
una
exhibición
desnuda
de
las
artimañas
del
poder,
“Al
mostrarlo
como
una
construcción
secular
lo
despoja
de
los
ropajes
religiosos
e
ideológicos
que
lo
sacralizaban
ante
los
ojos
del
pueblo
y
que
suscitaban
su
obediencia
y
veneración”.
Borón
A.
Maquiavelo
y
el
infierno
de
los
filósofos.
En
Varnagy
T.
Fortuna
y
Virtud
en
la
República
Democrática.
Buenos
Aires:
CLACSO;
2000.
Sin
embargo,
esta
interpretación
que
supone
que
la
obra
fue
escrita
para
el
pueblo
y
no
para
el
príncipe,
ignora
que
en
el
siglo
XV
el
pueblo
no
sabía
leer.
4
Laclau
dice
que
pocos
conceptos
han
sido
más
ampliamente
usados
en
el
análisis
político
contemporáneo
y,
sin
embargo,
pocos
han
sido
definidos
con
menos
precision.
Laclau
E.
Hacia
una
teoría
del
Populismo.
En
Política
e
ideología
en
la
teoría
marxista:
capitalismo,
fascismo,
populismo.
México:
Siglo
XXI;
1980:
165.
5
Weffort
F.
El
populismo
en
la
política
brasileña.
En
VVAA.
Brasil
hoy.
2da.
Ed.
México:
Siglo
XXI;
1970:
54.
6
Como
clase,
diría
Ianini
O.
en
Populismo
y
relaciones
de
clases.
México:
Ediciones
Era;
1975.
7
Cito
la
frase
que
hizo
famosa
Lula
Da
Silva
en
Brasil,
para
explicar
en
qué
consistía
la
defensa
de
los
derechos
de
los
desposeídos
de
siempre.
8
Apoyándose
en
el
preámbulo
de
la
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos
de
1948,
algunos
de
los
estados
firmantes
consideraron
que
poner
en
práctica
la
Declaración
por
parte
de
los
estados,
no
era
obligatorio
sino
que
era
un
"ideal
común"
por
el
cual
los
Estados
debían
esforzarse.
Por
consiguiente
no
obligaba
a
establecer
ningún
órgano
de
protección
ni
tampoco
ningún
procedimiento
concreto
por
el
cual
denunciar
violaciones
a
los
derechos
humanos
por
parte
de
los
Estados.
El
paso
siguiente
entonces
fue
buscar
de
sancionar
pactos
entre
los
estados
que
establecieran
mecanismos
de
protección
a
los
derechos
consagrados
en
dicha
Declaración.
9
El
art.
2.1
del
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
sociales
y
culturales,
establece
la
obligación
del
Estado
de
adoptar
medidas,
con
el
máximo
de
los
recursos
de
que
disponga,
para
lograr
progresivamente,
la
plena
efectividad
de
los
derechos
reconocidos.
No
es
una
excusa
válida
la
usada
desde
los
años
60
hasta
la
fecha
por
muchos
gobiernos
sobre
todo
de
corte
liberal
cual
es
la
falta
de
recursos:
porque
precisamente
es
eso
lo
que
se
les
exige
a
los
estados
y
con
ellos
y
por
ellos
a
los
ciudadanos:
que
generen
recursos
para
que
se
haga
efectiva
la
igualdad
y
la
solidaridad,
recordando
que
los
recursos
no
son
solo
dinero.
El
Comité
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales,
en
su
Comentario
General
Nº
3
de
1990,
se
manifestó
“en
el
sentido
de
es
exigible,
por
la
Unión
de
las
Naciones
“que
las
medidas
a
adoptar,
a
los
fines
de
la
realización
progresiva
de
los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales
consagrados,
deben
tender
a
perfeccionar
paulatinamente
la
vigencia
efectiva
plena
de
los
mismos,
a
partir
de
la
ratificación
del
Convenio
por
el
Estado
Parte,
y
que,
aun
en
etapas
de
ajuste
económico,
recesión
u
otros
factores,
los
sectores
vulnerables
de
la
sociedad
deben
ser
debidamente
atendidos
por
el
Estado
en
sus
derechos
económicos
y
sociales
básicos;
sin
perjuicio
de
señalar
que
un
nivel
mínimo
vinculado
con
alimentación
esencial,
atención
primaria
de
salud,
vivienda,
y
las
más
básicas
formas
de
educación,
a
todos
los
Estados
les
es
exigible”.
http://www.humanium.org/es/derechos-‐civiles-‐politicos/
10
La
ética
tiene
su
origen
en
la
filosofía
aristotélica
quien
la
hace
girar
sobre
la
máxima
virtud
que
es
la
de
la
justicia.
Toda
conducta
virtuosa
lo
es
por
ser
justa.
11
Se
suele
predicar
la
libertad
como
fidelidad
a
sí
mismo
y
en
consecuencia
como
expresión
de
autenticidad,
o
por
el
contrario
como
un
compromiso
frente
al
otro,
como
responsabilidad
por
el
otro.
Taylor
C.
La
ética
de
la
autenticidad.
Barcelona:
Paidós;
1994.
Fromm
E.
El
miedo
a
la
libertad.
Buenos
Aires:
Paidos;
1968.
Frankl
V.
El
hombre
en
busca
de
sentido.
Barcelona:
Herder;
1991.
12
Foucault
M.
Vigilar
y
castigar.
Nacimiento
de
la
prisión.
Buenos
Aires:
Siglo
XXI;
2002.
Garrafa
V,
Raposo
di
Mello
D,
Porto
D.
Bioética
e
Vigilância
Sanitária.
Brasília:
Agencia
nacional
de
vigilância
sanitária;
2007.
Diniz
D,
Garrafa
V,
Oselka
G.
Saúde
publica,
bioética
e
equidade.
Revista
Bioética,
CFM.
Brasília,
1997.
13
Amaro
MC.
Análisis
de
la
situación
en
salud.
En
Tealdi
JC.
Diccionario
Latinoamericano
de
Bioética.
Colombia:
Editorial
UNIBIBLOS
de
la
Universidad
Nacional
de
Colombia;
2008.
40
LA
BIOÉTICA
SOCIAL
FRENTE
A
LA
POBREZA
Y
A
LOS
GRUPOS
VULNERABLES
Armando
M.
Perez
de
Nucci
Doctor
en
Medicina
y
en
Filosofía,
Miembro
de
Honor
de
la
Academia
Nacional
Mejicana
de
Bioética
Diplomado
en
Geopolítica
y
Administración
de
Empresas
Profesor
de
Postgrado
en
Humanidades
Médicas
A
comienzos
del
siglo
XXI,
podemos
decir
que
uno
de
los
paradigmas
de
la
medicina
actual
es
la
relación
entre
la
ética,
la
pobreza
y
la
salud.
En
efecto
en
un
país
pauperizado,
sobre
todo
a
partir
de
diciembre
de
2001,
la
pobreza
ha
venido
a
regular
nuevas
formas
de
vivir,
enfermar
y
morir
en
nuestro
país.
Para
entender
este
fenómeno,
es
preciso
comenzar
analizando
los
dos
modelos
de
país
que
se
han
sucedido,
el
antiguo,
de
nuestros
abuelos,
y
el
nuevo
que
nos
toca
vivir
actualmente,
para
vislumbrar
en
ambos
cuáles
han
sido
las
características
sanitarias
y
éticas.
A
comienzos
del
siglo
XXI,
podemos
decir
que
uno
de
los
paradigmas
de
la
medicina
actual
es
la
relación
entre
la
ética,
la
pobreza
y
la
salud.
En
efecto,
en
un
país
pauperizado
como
Argentina,
sobre
todo
a
partir
de
diciembre
de
2001,
la
pobreza
ha
venido
a
regular
nuevas
formas
de
vivir,
enfermar
y
morir
en
nuestro
país.
La
década
de
los
90,
que
finalizará
en
el
estallido
de
Diciembre
de
2001,
marca
el
punto
culminante
de
este
proceso
de
empobrecimiento
y
decadencia
de
la
República
Argentina.
Consecuencia
de
ello
es
que
de
la
homogeneidad
social
se
haya
pasado
a
la
heterogeneidad,
a
la
disociación
de
la
integración
a
la
exclusión,
del
bienestar
al
malestar
de
la
pobreza
a
veces
extrema
de
la
indigencia;
de
la
solidaridad
comunitaria
y
personal
a
la
insolidaridad
individualista,
de
la
justicia
social
a
la
injusticia
excluyente,
de
la
diferencia
a
la
desigualdad
insalvable.
La
pobreza
es
hoy
fundamentalmente,
el
fruto
de
un
desarrollo
contradictorio,
por
el
cual
los
ricos
se
hacen
cada
día
más
ricos
a
costa
de
los
pobres
cada
vez
más
pobres.
La
pobreza
es
hoy
endógena,
es
interna
al
sistema
y
producto
natural
del
mismo.
Por
eso
la
pobreza
hoy
significa
socialmente
opresión
y
dependencia
y
éticamente
injusticia
y
“pecado
social”
(Papa
Francisco
I).
Los
niveles
de
heterogeneidad
marcan
hoy
la
diferencia
y
esta
consiste
no
solamente
en
términos
de
ingresos
recibidos,
sino
además
en
todos
los
aspectos
de
la
vida
diaria,
en
las
desigualdades
y
las
carencias,
en
las
necesidades
no
satisfechas,
en
la
falta
de
expectativas
de
trabajo,
en
fin,
en
todos
los
marcadores
de
la
realidad
argentina.
Así,
una
de
las
consecuencias
del
mantenimiento,
a
veces
acrecentado,
de
la
pobreza
en
nuestro
país,
es
la
presencia
de
grupos
denominados
“vulnerables”
que
plantean
densos
problemas
a
los
administradores
de
salud,
a
la
justicia
nacional
y
a
los
especialistas
en
bioética,
en
busca
de
soluciones
que
hagan
decrecer
la
formación
y
mantenimiento
de
estos
grupos.
El
viejo
país
y
la
vieja
pobreza
El
país
de
mis
abuelos
basaba
su
confort
social
⎯por
llamarlo
de
alguna
manera⎯,
en
la
idea
de
progreso
que,
al
menos,
se
integraba
en
dos
metas:
la
educación
y
la
vivienda
propia.
De
este
punto,
Feijoo
opina
que
“en
ese
viejo
país,la
gente
era
fundamentalmente
lo
que
hacía
en
el
mundo
del
trabajo
y
ese
hacer
en
el
mundo
del
trabajo
era
el
principio
organizador
de
la
vida
1
cotidiana...”.
41
El
mundo
del
trabajo
era,
pues,
el
elemento
aglutinador
de
la
sociedad
y
la
razón
para
el
progreso,
mentalidad
llamada
por
aquella
autora
calvinista,
por
su
parecido
al
esquema
económico
protestante
que
diera
origen,
con
distintos
matices,
al
modelo
capitalista.
La
meta
era,
entonces,
la
posesión
de
la
vivienda
y
la
educación
de
los
hijos.
Un
valioso
tercer
elemento
de
progreso
era
el
desarrollo
de
la
salud
y
su
mantenimiento.
El
modelo
cultural
y
económico
vigente
era
el
acumulativo,
traducido
en
la
siguiente
secuencia:
Trabajo
Movilidad
social
Inversión
Progreso
=
Salud
Educación
Estabilidad
económica
La
prioridad
del
Estado
estaba
centrada
en
el
gasto
educativo,
de
vivienda
y
de
salud,
que
apuntalaban
el
progreso
obtenido
por
la
actividad
privada,
la
que
a
su
vez
estaba
asegurada
por
las
redes
de
seguridad
social,
representadas
de
la
base
al
vértice
del
sistema
por
la
familia,
el
barrio,
la
circunscripción,
la
provincia
y
la
Nación
.A
su
vez,
la
red
social
⎯hoy
llamada
solidaria
por
muchos⎯,
se
alimentaba
de
tres
elementos:
la
concurrencia
viable
al
mercado
laboral,
el
apoyo
del
estado
como
proveedor
de
consumos
colectivos
y
la
acción
comunitaria,
suplementaria
en
los
casos
de
falla
de
las
funciones
del
estado.
Las
categorías
y
nominaciones
resultantes,
hoy
prácticamente
obsoletas,
persisten
hasta
nuestros
días
y
forman
parte
del
imaginario
popular:
obreros,
clase
trabajadora,
justicia
social,
asociaciones
libres,
mutualistas,
caja
de
ahorro,
montepío,
etc.,
designando
en
la
realidad
ilusiones
2
concretas
ya
dejadas
de
lado
por
la
insolidaridad
social.
Los
valores
vigentes
en
aquel
antiguo
país
estaban
representados
por
el
esfuerzo
personal,
el
sacrificio,
la
posibilidad
de
opción,
la
meta
cuentapropista,
la
acumulación
de
recursos.
Paralelamente
a
este
esquema
economicista,
la
presencia
de
la
solidaridad,
representada
por
múltiples
asociaciones
del
ámbito
privado
asociados,
cuando
no
suplían
al
estado
en
ese
cometido:
aportes
personales
y
barriales,
redes
de
contención
social
etc.,
traducidos
en
la
acción
colectiva
de
sociedades
de
fomento,
parroquias,
comisiones
barriales,
jardines
de
infantes
vecinales,
etc.
Todo
ello
era
expresión
de
un
mundo
auto
asistido
y
una
sociedad
homogénea,
una
sociedad
de
iguales
en
un
imaginario
colectivo
de
un
mundo
mejor,
logrado
por
esfuerzo
personal
y
perseverancia.
El
nuevo
país
y
la
situación
actual
El
nuevo
país,
surgido
después
de
los
sucesos
de
Diciembre
de
2001,
pero
que
se
venía
gestando
desde
mucho
antes
por
errores
económicos
que
destruyeron
nuestro
tejido
social
ya
desde
comienzos
de
la
década
de
los
90,
muestra
cambio
significativos.
A
mi
3
entender,
el
nuevo
paradigma
vigente
a
partir
de
esa
fecha
ha
sido
“de
progresar
a
ajustar
como
norma
orientadora.
La
transformación
del
estado
argentino,
patentizado
en
la
frase
gubernamental
y
globalizadora
“hay
que
achicar
el
estado...”,
a
lo
que
se
agregó
la
apertura
de
la
economía,
el
ingreso
de
capitales
foráneos,
la
desnaturalización
de
la
producción
y
de
la
mano
de
obra
argentina
mas
la
institucionalización
de
la
deuda
interna
y
externa,
unidos
a
una
falta
de
control
estatal,
son
factores
determinantes
para
el
crecimiento
de
la
pobreza,
el
desempleo,
la
destrucción
de
fuentes
genuinas
de
ingreso
y
el
deterioro
cada
vez
más
acentuado
de
la
salud
de
nuestro
pueblo.
Consecuencia
de
ellos
es
que
de
la
homogeneidad
social
se
haya
pasado
a
la
heterogeneidad,
a
la
disociación,
de
la
integración
a
la
exclusión,
del
bienestar
al
malestar
de
la
pobreza
a
veces
extrema
de
la
indigencia,
de
la
solidaridad
comunitaria
y
personal
a
la
insolidaridad
individualista,
de
la
justicia
social
a
la
injusticia
excluyente,
de
la
diferencia
a
la
desigualdad
insalvable.
42
En
resumen,
en
la
Argentina
de
nuestros
días
se
ha
roto
el
contrato
social,
que
consistía
en
la
promesa
de
movilidad
social,
fruto
del
trabajo
y
el
esfuerzo
individual
y
familiar,
lo
que
hace
necesario
instrumentar
lo
que
se
ha
dado
en
llamar
“una
democracia
para
la
4
diversidad”,
que
plantea,
entre
otras
cosas,
la
idea
⎯ya
sabida,
ya
comprendida
por
todos
pero
no
lo
suficientemente
instituída⎯
5
de
reconocer
que
“la
democracia
es,
ante
todo,
no
un
régimen
ni
una
ideología,
sino
algo
que
sirve
para
todos…”.
Una
de
las
consecuencias
del
mantenimiento,
a
veces
acrecentado,
de
la
pobreza
en
nuestro
país,
es
la
presencia
de
grupos
denominados
“vulnerables”
que
plantean
densos
problemas
a
los
administradores
de
salud,
a
la
justicia
nacional
y
a
los
especialistas
en
Bioética,
en
busca
de
soluciones
que
hagan
decrecer
la
formación
y
mantenimiento
de
estos
grupos.
Es
necesario,
pues,
ir
a
la
fuente
de
esta
palabra,
para
iniciar
su
intelección
y
representación
en
la
sociedad
no
solamente
argentina,
sino
sudamericana
a
comienzos
del
siglo
XXI.
Vulnerable
lat.Vulnerabilis:
que
puede
ser
herido
o
lesionado,
física
o
moralmente.
Persona
vulnerable:
toda
aquella
que
por
su
condición
de
edad,
género,
condición
civil
u
origen
étnico,
se
encuentren
en
condición
de
riesgo
que
les
impide
enfrentar
amenazas
a
su
condición
física
o
mental.
El
Diccionario
de
la
Real
Academia
define
como
vulnerable
a
aquel
“que
puede
ser
herido
o
recibir
6
lesión,
física
o
moralmente”.
La
vulnerabilidad
es
un
concepto
que
tiene
múltiples
significados
aplicables
en
ámbitos
diversos,
pero
su
presencia
en
la
realidad
latinoamericana
es
indudable
desde
hace
ya
varias
décadas
y
casi
siempre
está
referida
a
la
situación
de
pobreza,
desigualdad,
exclusión
e
inequidad
social
de
nuestros
pueblos.
No
solamente
es
un
hecho
constatable
⎯a
pesar
de
los
gobiernos
que
tratan
de
ocultarla
o
disimularla⎯
en
la
práctica
diaria,
sobre
todo
de
todos
aquellos
a
quienes
nos
ha
tocado
en
algún
momento
de
nuestro
desempeño
profesional,
de
ejercer
en
áreas
rurales
alejadas
de
los
centros
urbanos
más
o
menos
tecnificados
en
el
área
de
la
salud
humana.
En
todos
los
casos
hay
presencia
de
situaciones
particulares
en
las
que
personas
o
grupos
se
encuentran
disminuidos
en
su
autonomía
debido
a
la
imposición
de
estructuras
sociales,
políticas
y
económicas
que
los
excluyen,
acotan
o
restringen,
del
acceso
a
7
mecanismos
e
instancias
decisivas
para
su
calidad
de
vida,
como
lo
afirman
Bayón,
Mier
y
Terán.
De
acuerdo
con
Rosemary
Flanigan,
la
bioética
siempre
ha
mostrado
una
constante
preocupación
por
“el
vulnerable”,
ya
que
el
ser
humano
por
definición
es
un
ser
vulnerable.
En
este
sentido,
la
vulnerabilidad
se
relaciona
con
la
posibilidad
de
experimentar
sufrimiento,
dolor,
enfermedad,
así
como
el
entendimiento
de
nuestra
fragilidad
y
finitud.
Asimismo,
el
estudio
de
la
vulnerabilidad
ha
tomado
fuerza
al
interior
de
la
bioética
a
partir
del
creciente
desarrollo
de
la
biotecnología
y
la
biomedicina,
y
de
la
urgente
reflexión
que
fue
configurando
una
conciencia
ética,
desde
donde
se
señala
que
no
todos
los
avances
tecnocientíficos
se
realizan
de
la
manera
más
adecuada.
Es
así
como,
frente
a
los
dilemas
y
problemas
éticos
surgidos
en
la
atención
de
la
salud
y
la
8
experimentación
científica,
se
da
paso
a
la
reglamentación
ético-‐jurídica
para
la
investigación
biomédica
en
seres
humanos.
En
el
ámbito
de
la
investigación
biomédica
con
seres
humanos,
la
noción
de
vulnerabilidad
se
identifica
en
el
Código
de
Nüremberg
de
1946.
Al
respecto,
en
la
primera
sentencia
del
código
se
habla
del
Consentimiento
Informado,
que
puede
definirse
como
la
adhesión
libre
y
racional
del
sujeto
a
un
procedimiento
propuesto
por
el
equipo
de
salud,
sea
con
intención
diagnóstica,
43
pronostica,
terapéutica
o
experimental.
Este
nuevo
ideal
de
autonomía
y
racionalidad
que
descansa
en
la
autodeterminación
del
sujeto
de
experimentación,
paciente
sano
o
enfermo,
reconoció
la
existencia
de
riesgos
y
de
un
cierto
grado
de
vulnerabilidad
en
aquellos
sujetos
que
participaban
en
este
tipo
de
proyectos
de
investigación.
El
Consentimiento
Informado
buscó
promover
la
autonomía
de
los
individuos,
fomentar
la
racionalidad
en
la
toma
de
decisiones
médicas,
proteger
a
los
enfermos
y
a
los
sujetos
de
experimentación,
evitar
el
fraude
y
la
coacción,
alentar
la
autoevaluación
entre
los
profesionales
de
la
medicina,
así
como
disminuir
recelos
y
aliviar
temores.
Pero
poco
podemos
hablar
de
consentimiento
informado
cuando
hay
poco
que
dar
en
materia
de
salud
por
falta
de
recursos
y,
por
lo
tanto,
de
materia
intelectual
para
discutir
problemas
que
planteen
situaciones
que
requieran
la
aplicación
de
procedimientos
médico
que
en
la
práctica
cotidiana
resultan
lejanos
de
las
posibilidades
de
una
amplia
franja
de
sujetos
que,
en
cifras
no
oficiales
⎯¡siempre
es
así!⎯
oscila
en
un
25%
de
pobres
con
un
50%
de
personas
que
están
en
estado
de
vulnerabilidad
absoluta
(Abril
de
2015
en
Argentina).
Esta
conceptualización
plantea
desde
el
mismo
inicio
de
estas
reflexiones
sobre
el
tema
una
cierta
complejidad,
ya
que
las
estructuras
a
modificar
para
la
atenuación
o
resolución
de
la
vulnerabilidad
son
de
un
triple
origen,
social,
político
y
económico,
es
decir
que
afectan
a
la
constitución
fundamental
de
cualquier
país
y
no
son
de
fácil
resolución.
Sobre
todo,
a
mi
entender,
porque
las
situaciones
de
carencia
son
negadas
o
disminuidas
por
los
gobiernos
que,
en
este
aspectos
como
en
otros
que
hacen
a
situaciones
álgidas
de
convivencia
y
desarrollo,
es
común
el
uso
deletéreo
del
doble
discurso
moral
que
tienden
a
negar
u
ocultar
los
problemas
a
la
ciudadanía
y
mucho
más
a
los
investigadores
serios
del
tema,
que
no
tienen
acceso
a
información
calificada
y
segura
sobre
el
problema
que
investigan.
La
vulnerabilidad
debe
ser
considerada
como
un
fenómeno
consecuencia
de
desajustes
sociales
que
ha
crecido
y
se
ha
arraigado
en
nuestras
sociedades,
sobre
todo
en
los
últimos
cincuenta
años
de
fines
del
siglo
XX,
planteando
a
los
docentes,
los
investigadores
y
los
integrantes
de
Comités
de
Bioética
nuevas
preguntas,
ya
que
las
reflexiones
y
revisiones
suelen
darse
respecto
a
los
riesgos
que
corren
las
personas
en
su
integridad
física
y
también
en
sus
esferas
mentales
o
sociales.
Por
estas
razones,
la
vulnerabilidad
ocupa
un
lugar
importante
en
el
campo
de
la
bioética
actual.
La
vulnerabilidad
coloca
a
quien
la
padece
en
una
situación
de
desventaja
en
el
ejercicio
pleno
de
sus
derechos
y
libertades.
Disminuye,
a
veces
hasta
su
anulación
la
posesión
y
ejercicio
de
un
conjunto
de
derechos
y
libertades
fundamentales,
de
tal
manera
que
las
personas,
grupos
y
comunidades
vulnerables
presentan
solamente
estos
derechos
únicamente
a
nivel
declarativo,
ya
que
en
los
hechos
no
se
dan
las
condiciones
necesarias
para
su
ejercicio.
Esta
situación
afecta
a
una
significativa
porción
de
nuestros
habitantes,
en
la
franja
de
miembros
débiles
de
la
sociedad,
entre
los
cuales
se
encuentran
fundamentalmente
los
pobres,
frente
a
9
un
estado
muchas
veces
ausente
cuando
no
desconocedor
de
derechos
fundamentales.
La
vulnerabilidad
coloca
a
quien
la
padece
en
una
situación
de
desventaja
en
el
ejercicio
pleno
de
sus
derechos
y
libertades.
Fracciona
y,
por
lo
tanto,
anula
el
conjunto
de
derechos
y
libertades
fundamentales,
de
tal
suerte
que
las
personas,
grupos
y
comunidades
vulnerables
tienen
estos
derechos
únicamente
a
nivel
formal,
ya
que
en
los
hechos
no
se
dan
las
condiciones
necesarias
para
su
ejercicio. La
vulnerabilidad
viola
los
derechos
de
los
miembros
más
débiles
de
la
sociedad
y
los
margina,
razón
por
la
cual
el
Estado
tiene
la
responsabilidad
de
reconocer,
proteger
y
hacer
efectivos
los
derechos
de
quienes
se
encuentran
en
esta
condición.
44
Quienes
son
vulnerables
frecuentemente
desconocen
cuáles
son
sus
derechos,
ignoran
los
medios
para
hacerlos
valer
y
carecen
de
los
recursos
necesarios
para
acudir
ante
los
sistemas
de
justicia. Los
derechos
humanos
más
afectados
por
causa
de
la
vulnerabilidad
son
el
derecho
a
la
vida
y
los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales,
específicamente
el
derecho
a
la
igualdad
de
oportunidades
y
el
derecho
al
desarrollo.
En
base
a
lo
anteriormente
mencionado,
se
puede
afirmar
que
la
vulnerabilidad
atenta
contra
la
indivisibilidad
de
los
derechos
humanos,
dado
que
estos
deben
ser
entendidos
en
forma
integral;
la
ausencia
de
determinados
derechos
anula
sistemáticamente
a
los
demás,
por
lo
tanto,
la
vulnerabilidad
afecta
la
dignidad
y
los
derechos
fundamentales
de
personas,
grupos
y
comunidades.
Se
consideran
como
grupos
vulnerables
a
los
niños
y
adultos
carenciados,
a
las
personas
con
discapacidades,
pacientes
mentales,
pueblos
originarios,
pobres
y
carenciados
entre
un
numeroso
grupo
de
habitantes,
que
incluye
a
todos
aquellos
que
no
llegan
a
cumplir
con
las
necesidades
básicas
en
alimentación
y
oferta
de
sistemas
de
salud
eficientes
y
gratuitos
o,
al
menos,
con
muy
bajo
costo,
lo
que
permite
la
accesibilidad
a
ellos.
En
estos
requerimientos,
el
estado
juega
un
importante
papel
como
proveedor
de
10
bienestar
de
sus
habitantes.
En
este
sentido,
es
importante
señalar
que
los
llamados
grupos
vulnerables
no
son
vulnerables
per
se,
sino
que
son
las
condiciones
socioculturales,
económicas
y
políticas
las
que
definen
su
condición
de
vulnerabilidad,
por
lo
que,
de
manera
precisa
deben
ser
11
designados
como
grupos
en
situación
de
vulnerabilidad.
Junto
a
lo
enunciado,
existen
factores
externos
e
internos
condicionantes
o
agravantes
de
la
situación.
Los
factores
internos
forman
parte
de
las
características
propias
del
individuo,
grupo
o
comunidad,
como
por
ejemplo
la
edad,
el
género,
el
estado
de
salud,
el
origen
étnico,
la
discapacidad,
la
orientación
sexual
y
la
constitución
física,
entre
otros.
Los
factores
externos
están
ligados
al
contexto
social,
ya
que
el
hombre,
como
ser
social,
está
en
constante
interacción
con
personas,
grupos
e
instituciones
para
satisfacer
sus
necesidades.
El
contexto
social
presenta
una
serie
de
características
que
determinan
los
factores
externos
de
la
vulnerabilidad.
Frecuentemente,
la
combinación
de
los
factores
internos
y
externos
origina
las
condiciones
de
pobreza
y
marginación
en
que
se
encuentran
amplios
sectores
de
la
población.
La
vulnerabilidad
se
origina
a
partir
de
la
reunión
de
factores
internos
y
externos
que
producen
pobreza
y
pauperismo
en
los
habitantes
de
una
nación.
Las
personas
vulnerables:
•
•
•
•
No
son
capaces
de
tomar
sus
propias
decisiones
cuando
se
hallan
frente
a
situaciones
que
no
experimentaron
anteriormente
y
que
pueden
resultar
lesivas.
No
pueden
defenderse
de
forma
absoluta
o
relativa
y
hacer
valor
sus
derechos
e
intereses,
situación
muy
frecuente
en
los
pobres
de
nuestra
región,
cuyo
número
es
excesivo
en
la
realidad
actual
de
América.
Su
vulnerabilidad
puede
ser
consecuencia
de
diversos
motivos,
tales
como
bajo
nivel
educacional,
dificultad
de
acceso
a
servicios
de
salud,
bajo
poder
adquisitivo,
poco
o
nada
de
conocimiento
sobre
los
cuidados
de
salud
e
investigaciones
biomédicas,
tratamientos
a
efectuar
o
aplicación
de
medidas
que
son
vitales
para
su
mantenimiento
orgánico
y
emocional,
lo
que
los
convierte
en
valores
absolutos
de
bienestar.
Están
sometidos
a
relaciones
asimétricas
entre
médicos
y
pacientes
o
el
sometimiento
a
patrones
y
normas
culturales
asumidas
fuertemente
como
válidas
y
verdaderas,
lo
que
sucede
muchas
veces
en
las
comunidades
originarias
nacionales.
45
•
•
Pueden
ser
engañados,
manipulados
o
maltratados
al
ser
incluidos
en
programas
de
investigaciones
clínicas
dado
su
estado
de
dependencia
o
incapacidad
por
su
condición
ante
amenazas
y
su
imposibilidad
de
dar
consentimiento
informado
en
las
condiciones
citadas
por
su
propia
situación
de
minusvalía
existencial.
Deberían
ser
protegidos
frente
al
peligro
de
ser
incluidos
en
investigaciones
por
conveniencia
relacionada
a
su
enfermedad,
discapacidad,
incapacidad
de
valorar
en
forma
adecuada
la
información
necesaria
suministrada
para
la
toma
de
decisiones
12
o
simplemente
por
su
condición
socioeconómica.
Estas
situaciones
nos
plantean
profundos
a
la
vez
que
interesantes
tópicos
de
estudio
para
la
Bioética,
al
tiempo
que
indagar
sobre
soluciones
que
mejoren
la
calidad
de
vida
y
prestaciones
a
estos
sujetos
que
no
son
pocos
en
la
República
Argentina
y
en
América
Latina
simultáneamente.
Actualmente,
en
el
espacio
de
la
investigación
en
seres
humanos,
persona
vulnerable”
o
“sujeto
vulnerable”
se
define
como
aquella
persona
que
“se
encuentra
en
una
situación
de
desigualdad
en
las
relaciones
⎯principalmente
en
lo
que
se
refiere
a
su
posición
frente
al
investigador
y
a
los
equipos
de
salud⎯,
o
se
encuentra
menos
apto
para
defenderse”.
Aunque
la
identificación
de
las
personas
o
grupos
vulnerables
es
útil
para
los
profesionales
de
la
salud
y
los
científicos,
dicha
categorización
no
contempla
en
profundidad
las
particularidades
al
interior
de
cada
grupo,
así
como
el
entrecruce
de
determinantes
contextuales
que
originan
diferentes
tipos
de
vulnerabilidad.
De
esta
manera,
el
problema
es
complejo
y
plantea
una
serie
de
aristas
que
deben
ser
tenidos
en
cuenta
para
la
formulación
de
propuestas.
Aquí
intentaremos
plantear
una
serie
de
condiciones
y
acciones
destinadas
a
erradicar
o
disminuir
la
pobreza
y
su
causa
inmediata
que
es
la
vulnerabilidad
social,
algunas
de
las
cuales
ya
hemos
aplicado
en
el
área
de
cursos
de
formación,
asesoramiento
a
políticos
y
formación
de
recursos
humanos,
entre
otras
actividades.
Una
propuesta
desde
la
filosofía
y
la
bioética
“La
pobreza
no
es
un
accidente,
como
la
esclavitud
y
el
apartheid,
es
una
creación
del
hombre
y
puede
ser
eliminada
con
las
acciones
de
los
seres
humanos”
Nelson
Mandela
No
es
fácil
la
resolución
del
problema
en
el
contexto
de
la
salud
y
la
sociedad
en
general.
Trataré
de
acercar
reflexiones
en
torno
a
una
propuesta
de
la
ética,
en
un
intento
de
modificar
la
situación
existente
y
promover
un
cambio
que
debe
pasar
al
menos,
por
los
siguientes
factores
condicionantes:
preservación
y
fortalecimiento
de
todos
los
espacios
públicos
remanentes,
desarrollo
de
la
capacidad
de
interactuación
y
de
la
red
de
contención
social
espontánea,
solidaridad
como
construcción
social,
eliminación
de
la
exclusión,
respeto
por
la
interculturalidad,
reflexión
filosófica
acerca
de
los
problemas
de
la
medicina
actual
y
aportes
desde
esta
disciplina.
¿Por
qué
pensar
la
pobreza
y
la
salud
desde
la
filosofía?
¿Por
qué
filosofar
desde
los
pobres?
Desde
mi
punto
de
vista,
que
es
dual,
porque
tiene
dos
caras
como
el
dios
Jano
⎯la
de
la
Medicina
y
la
de
las
Humanidades⎯,
en
la
Latinoamérica
de
las
desigualdades
y
la
pobreza,
el
pensamiento
filosófico
y
el
acercamiento
de
propuestas
desde
esta
disciplina,
es
lógico
y
necesario.
Ignacio
Ellacuría
S.J.
ha
planteado
la
necesidad
de
contar
con
una
filosofía
latinoamericana
a
partir
de
la
presencia
de
los
pobres
en
la
historia
de
nuestros
pueblos:
La
situación
latinoamericana
llega
al
nivel
de
la
realidad
cuando
se
toman
en
cuenta
no
solo
sus
elementos
objetivos,
sino
el
modo
como
los
latinoamericanos
son
moldeados
por
ellos,
responden
ante
ellos,
se
sirven
de
ellos
y
los
transforman[...].
Nuestra
filosofía
tiene
que
serlo
de
la
miseria,
pero
no
en
el
sentido
cosificador
de
la
pretendida
cultura
46
de
la
pobreza,
sino
desde
el
punto
de
vista
de
la
praxis
de
sus
víctimas
y
de
sus
aliados
por
humanizarla
y
superarla.La
13
situación
latinoamericana
es
punto
de
partida
del
filosofar
cuando
existe
para
el
filósofo
como
intuición
sensible.
Entendiendo
así
nuestra
labor
de
médicos
humanistas,
es
comprensible
lo
manifestado
por
Marcuse
cuando
afirmaba
que
el
filósofo
no
era
un
médico
porque
su
tarea
no
era
la
de
curar
individuos,
sino
la
de
comprender
al
mundo
en
que
viven
pero,
al
mismo
tiempo
es
necesario
comprender
también
que
el
médico
no
puede
prescindir
de
reflexionar
sobre
las
cosas
cotidianas
de
la
medicina
desde
la
filosofía,
como
una
exigencia
mínima
de
existencia
con
los
demás.
Precisamente
porque
la
mayoría
de
nuestro
pueblo
es
pobre
y
esa
pobreza
incide
en
el
desarrollo
integral
y
en
la
igualdad
de
oportunidades
de
nuestra
nación,
es
que
debemos
dedicar
al
problema
de
la
pobreza
una
reflexión
y
una
propuesta
desde
la
filosofía.
Una
filosofía
comprometida,
situada,
como
me
refería
antes,
con
los
problemas
de
nuestro
pueblo.
Una
filosofía,
como
lo
manifiesta
Emmanuel
Monier
asentada
en
la
realidad,
porque
“se
habla
siempre
de
comprometerse
como
si
dependiera
de
nosotros,
sin
embargo,
ya
estamos
comprometidos,
embarcados,
pre-‐
14
ocupados.
Por
ese
motivo,
toda
abstención
es
ilusoria”.
Se
hace
necesario,
pues,
contar
con
este
problema
de
la
pobreza
de
nuestros
pueblos,
con
una
voz
desde
la
filosofía,
junto
con
la
de
los
economistas,
los
políticos,
los
sacerdotes,
los
médicos
y
otros,
para
pensar
desde
los
pobres
y
aporte
propuestas
a
un
continente
marginado,
en
el
cual
el
paradigma
de
las
tres
E
se
ha
constituido
cada
vez
más
en
una
realidad
cotidiana
en
referencia
a
los
pobres.
Y
esas
tres
E
son:
Explotación,
Exclusión,
Eliminación.
En
segundo
lugar,
reafirmo
aquí
lo
ya
manifestado
en
muchas
oportunidades
antes:
se
hace
cada
vez
mas
necesario
insertarse
en
la
realidad
de
nuestro
pueblo,
como
médicos
y
como
humanistas
y
ser
hijo
y
partícipe
de
nuestro
tiempo
y
nuestra
historia.
Uno
solamente
se
convence
de
la
realidad
que
lo
ha
vencido,
solía
afirmar
con
frecuencia
Pedro
Laín
Entralgo,
reconociendo
que
la
única
verdad
es
la
realidad
que
nos
toca
vivir.
Es
necesario
dejarnos
vencer
por
la
realidad
de
nuestros
pobres
y
filosofar
desde
ella
para
revertir
la
situación
en
que
nos
hallamos.
No
hacerlo
así
sería
traicionar
nuestra
propia
historia.
A
este
pensamiento
se
refiere
el
filósofo
colombiano
Rubio
cuando
manifiesta
que
El
campo
intelectual
se
abre
a
la
fecundidad
de
una
reflexión
nueva,
distinta,
que
interprete
al
hombre
al
hombre
nuevo,
fruto
de
la
liberación
pluridimensional.
Así
todo
está
por
hacer,
todo
está
por
decir,
todo
está
por
descubrir
e
interpretar
y
15
es
nuestro
deber
realizarlo,
decirlo,
interpretarlo.
La
Ética
Biomédica
ha
venido
a
ocupar
un
lugar
importante
en
la
sociedad,
en
la
medicina
actual
y
en
su
conexión
con
los
pobres,
porque
la
relación
existente
entre
la
tecnología
y
sus
ascendentes
costos
y
la
relación
medico
paciente
en
un
contexto
de
pauperismo
de
una
franja
muy
importante
de
nuestra
población
plantea
una
colisión
entre
la
economía
médica
y
los
límites
éticos
del
sistema
y
se
manifiesta
en
una
crisis
de
valores
que
no
puede
ser
resuelta
desde
lo
puramente
contable.
El
riguroso
análisis
de
costo-‐beneficio
en
salud
ha
sufrido
una
considerable
distorsión
que
plantea
hondos
dilemas
éticos
a
los
responsables
de
conducir
los
planes
de
salud
a
nivel
oficial,
los
que
se
debaten
entre
criterios
economicistas
y
principios
morales
de
ecuanimidad
e
igualdad
de
oportunidades
para
alcanzar
el
estado
de
salud
de
la
población.
La
Ética
Biomédica
intenta
terciar
en
la
disputa
apelando
a
los
principios
de
beneficencia,
autonomía
y
justicia
y
la
economía
apela
a
los
fríos
números
de
presupuestos
en
lo
que
deben
entrar
las
personas
y
sus
situaciones
de
salud
y
enfermedad.
Una
habla
desde
lo
individual,
la
otra
desde
lo
colectivo.
Es
un
fenómeno
dialéctico
que
podemos
calificar
de
versión
y
a-‐versión.
La
versión
de
la
realidad
es
que
los
pobres
y
marginados
deben
ser
considerados
como
personas
y
la
a-‐versión
consiste
en
que
los
integrantes
del
grupo
económico
marginador
los
consideren
fuera
de
su
versión
de
las
cosas,
despersonalizándolos
al
afincarse
en
una
posición
que
desconoce
a
los
otros
que
no
pueden
acceder
a
sus
condicionamientos
sociales
y
económicos.
Dicho
de
otra
forma,
lo
negativo
no
es
la
marginación
y
la
pobreza
en
sí,
sino
el
hecho
de
47
excluir
a
todos
aquellos
que
no
pueden
acceder
a
medirse
por
los
parámetros
de
esta
cultura
económica
occidental
imperante.
Estos
son,
simplemente,
excluidos.
A
su
vez,
este
acto
de
exclusión,
de
privar
a
otros
de
su
respectividad
personal,
transforma
en
impersonales
a
los
que
cometen
este
tipo
de
acto,
en
el
sentido
de
negación
de
su
condición
de
personas,
seres
culturales
incluyentes.
La
medicina
actual
en
relación
al
fenómeno
de
la
pobreza.
constituye
una
caja
de
Pandora
nacida
del
neoliberalismo
económico
y
de
la
globalización
que
plantea
dilemas
y
conflicto
de
intereses
y
principios
a
la
ciencia
actual.
Mainetti
la
conceptúa
como
“revestida
de
todos
los
dones
y,
a
la
vez,
fuente
de
muchos
males;
ella
alimenta
la
esperanza
de
la
humanidad
en
la
ambrosía,
el
pan
de
la
salud
16
y
la
amortalidad,
que
se
transforma
en
el
pan
de
la
enfermedad
y
la
locura”.
La
explosión
de
los
costos
sanitarios
acabó
con
la
pretendida
igualdad
de
todos
ante
la
salud
y
planteó
hondas
diferencias
sociales.
Si
a
ello
agregamos
la
profunda
crisis
económica
de
nuestro
país,
las
posibilidades
de
acceder
a
planes
dignos
de
salud
para
sus
habitantes
se
ha
visto
considerablemente
disminuidas.
Y
ello
hace
cada
vez
más
necesario
tratar
el
problema
desde
la
perspectiva
de
los
principales
involucrados,
los
pobres
de
Argentina.
La
financiación
de
la
salud
de
la
población,
la
accesibilidad
de
todos
los
habitantes
a
los
diferentes
sistemas
y
técnicas
de
diagnóstico
y
tratamiento
y
la
ecuanimidad
y
solidaridad
en
el
reparto,
son
los
temas
de
la
Ética
Biomédica
actual.
Ello
hace
necesario
que
la
teoría
y
la
praxis
de
la
justicia
ocupen
el
punto
central
del
problema
y
planteen
al
eticista
de
la
medicina
la
búsqueda
de
mínimos
morales
que
concilien
la
teoría
y
praxis
económica
con
la
racionalidad
ética
en
el
desarrollo
de
planes
de
salud
ajustados
al
hic
et
nunc
de
la
Argentina
actual.
Lo
justo
con
el
derecho
a
la
salud.
Mainetti
opina
que
es
necesaria
“Minima
moralia,
ética
económica
o
economía
moral,
sería
la
propuesta
para
el
diálogo,
hoy
insoslayable,
17
entre
la
economía
y
la
ética
médica
en
el
marco
de
la
política
sanitaria”.
Todo
ello
recordando
que
la
tan
declamada
democracia
que
ya
lleva
una
treintena
de
años
en
el
caso
de
nuestro
país
es,
ante
todo,
un
instrumento,
no
un
“relato”,
ni
un
régimen,
ni
una
ideología
determinada,
lo
que
hace,
hipotética
y
deseablemente
un
camino
que
debe
servir
para
todos.
En
primer
lugar,
es
necesario
analizar
el
papel
de
los
pobres
en
el
contexto
de
la
justicia
sanitaria,
para
saber
que
pretendemos
hacer
desde
sólidas
bases.
Para
ello
se
hace
necesario
preguntarnos
que
es
un
sistema
justo
en
servicios
de
salud,
en
el
contexto
de
una
sociedad
que
respete
y
desarrolle
la
justicia
social,
entendiendo
por
ella
la
posibilidad
de
los
pobres
de
acceder
digna
y
equitativamente
a
sistemas
que
preserven
su
integridad
física.
Durante
el
siglo
XX
fundamentalmente,
la
salud
ha
dejado
de
ser
privada
para
convertirse
en
materia
de
la
política,
de
lo
público,
siendo
cada
vez
mas
frecuente
escuchar
hablar
de
políticas
sanitarias,
es
decir,
reconociendo
la
competencia
del
estado
en
el
mantenimiento
y
recuperación
de
la
salud
de
todos
sus
habitantes.
Justicia
es
el
nombre
que
la
Ética
Biomédica
propone
como
nueva
filosofía
de
la
salud
para
la
consideración
y
tratamiento
del
problema
de
los
pobres.
La
expansión
de
los
derechos
humanos
de
cuarto
orden,
entre
los
que
podemos
mencionar
el
cuidado
del
medio
ambiente,
el
mantenimiento
de
la
paz,
el
respeto
al
patrimonio
de
la
humanidad,
la
responsabilidad
ante
la
vida
amenazada
por
la
falta
de
salud
y
oportunidades
de
crecimiento,
etc.,
plantean
a
la
Ética
Biomédica
la
asunción
de
posturas
firmes
en
lo
teórico
y
la
propuesta
de
aplicaciones
concretas.
En
ellas
se
inscribe
la
nuestra,
como
aporte
a
la
idea
de
ir
solucionando
los
problemas,
ya
no
solamente
de
nuestro
país,
sino
de
nuestro
continente
sumido
en
la
pobreza
y
la
desesperación.
48
El
problema
de
la
justicia
en
lo
relacionado
con
la
asignación
de
recursos
para
los
pobres
y
en
salud,
ha
debido
hacerse
desde
la
filosofía,
algunas
preguntas
trascendentes
e
ineludibles
tales
como:
¿Cuándo
un
sistema
económico
o
sanitario
de
considera
justo
o
injusto?
¿Qué
determina
una
cosa
u
otra?
¿Qué
recursos
es
preciso
asignarle
al
sistema
para
cumplir
con
el
deber
de
justicia?
¿Cómo
proceder
cuando
los
recursos
disponibles
son
menores
que
los
teóricamente
deseables?
¿Cómo
distribuir
justamente
los
recursos
insuficientes?
18
¿Cómo
conciliar
la
economía
moderna
con
los
requerimientos
de
los
pobres
y
de
los
sistemas
sanitarios?
Son
estos
algunos
de
los
interrogantes
planteados
a
los
Estados
por
todos
aquellos
interesados
en
una
distribución
equitativa
de
•
•
•
•
•
•
recursos
y
posibilidades
entre
la
población
total
de
una
Nación.
Como
en
sistema
determina
que
los
recursos
sean
o
no
distribuidos
con
justicia,
los
responsables
de
hacerlo
necesitan
desarrollar
una
Ética
de
los
Sistemas
para
orientar
su
diseño
y
administración,
recordando
que
“las
decisiones
buenas
solamente
lo
son
si
son
compatibles
con
el
sistema
y
la
realidad”.
Justitia
est
constans
et
perpetua
voluntas
in
suum
cuique
tribuere,
tal
como
decía
19
Justiniano
I.
La
politología
moderna
introdujo
la
importancia
del
contrato
social
como
base
de
todos
los
deberes
de
justicia.
El
hombre
esta
por
encima
de
la
naturaleza
y
es
la
única
fuente
de
derechos.
Locke
opina
que
la
justicia
social
o
legal
no
tiene
otro
propósito
que
el
de
proteger
los
derechos
del
hombre,
impidiendo
que
se
vaya
en
contra
de
ellos
traspasando
los
límites
preestablecidos.
La
idea
de
Locke
del
estado
es
minimalista
y,
en
el
pensamiento
liberal,
la
salud
pública
no
lo
es
tanto,
debiendo
regirse
el
mercado
sanitario
por
las
leyes
del
libre
comercio
sin
intervención
de
terceros.
Los
pobres
quedan
fuera
de
este
esquema
al
no
poder
pagar
por
su
salud,
debiendo
depender
de
una
nueva
figura
que
aparece
frente
a
esta
necesidad,
las
instituciones
de
beneficencia,
cuya
actuación
no
estaba
apoyada
en
el
principio
de
justicia
sino
en
el
de
caridad
y
debemos
reconocer
que
en
la
mayoría
de
las
veces
no
alcanzaba
a
proveer
de
los
indispensable
a
los
desprotegidos.
La
beneficencia
no
puede,
a
mi
entender,
suplir
las
obligaciones
del
Estado
para
con
sus
ciudadanos.
En
los
últimos
años,
ha
habido
una
tendencia
a
reconocer
esta
obligación
del
Estado,
pero
en
un
sentido
negativo,
tal
cual
es
considerar
que
este
tiene
la
obligación
de
impedir
que
algo
o
alguien
atente
contra
la
integridad
de
las
personas,
pero
no
la
de
procurar
la
asistencia
sanitaria
a
los
mismos.
Para
la
mentalidad
liberal
no
existe
un
derecho
particular
y
específico
a
la
asistencia
sanitaria,
sino
un
derecho
genérico
a
la
distribución
de
una
cierta
riqueza,
traducida
en
prevención
y
bienestar
en
la
medida
de
las
posibilidades
de
cada
uno.
El
médico
en
situación
de
crisis
frente
al
panorama
de
la
pobreza
y
su
incidencia
en
la
salud,
filosofa
desde
la
admiración
(Aristóteles),
la
perplejidad
(Heidegger),
la
situación
límite
y
la
angustia
(Jaspers),
la
solidaridad
(Gadamer)
y
la
ecuanimidad
(Rawls).
En
ese
contexto,
propongo
una
antropoética
solidaria,
que
fundamente
una
Ética
para
la
erradicación
de
la
pobreza
20
(EPEP).
49
Se
hace
necesario,
pues,
contar
con
la
existencia
de
una
antropoética
solidaria,
situada,
hija
de
su
contingencia
y
su
momento
y
de
las
dificultades
y
los
problemas
de
su
tiempo.
Los
sacerdotes
tercermundistas
hablaron
en
su
momento
de
filosofía
desde
los
pobres
o
filosofía
de
la
liberación.
En
este
contexto,
propongo
una
antropoética
solidaria,
que
esté
basada
en
una
Ética
para
la
Erradicación
de
la
Pobreza
(EPEP),
a
la
que
defino
como
el
ámbito
de
investigación
y
praxis
ética
en
el
que
filósofos,
médicos,
economistas
y
agentes
de
desarrollo,
entre
otros,
en
un
ambiente
pluralista
y
de
reflexión
ecuménica,
en
diálogo
y
trabajo
coordinados,
en
un
marco
interdisciplinario
y
de
equipo,
elaboren
orientaciones,
establezcan
principios
y
planifiquen
estrategias
que
ayuden
a
erradicar
la
pobreza
de
nuestros
pueblos
y,
si
es
posible,
sus
causas.
Como
condición
inicial,
debe
existir
un
cambio
en
los
personal
primero,
para
desde
esa
óptica,
intentar
el
camino
comunitario
y
social.
En
este
sentido,
la
dirección
de
nuestra
propuesta
es:
•
•
•
•
•
•
Formación
de
hombres
dignos
(Docencia,
Ética)
Creación
de
instituciones
dignas
(Ética
Empresarial
y
Organizativa,
Organizaciones
no
Gubernamentales)
Desarrollo
de
Instituciones
dignas
(La
Solidaridad
como
creación
social)
Cambio
de
mentalidades
(Modificación
de
Conductas)
Cambio
de
estructuras
(La
Política)
Respeto
a
las
diferencias
(La
interculturalidad
como
necesidad).
Ahora
bien,
para
que
este
proyecto
sea
viable,
y
por
via
de
la
educación,
podemos
decir
rawlsonianamente
que
debe
ser
necesario
contar
con
una
idea
organizadora
de
la
sociedad,
una
sociedad
en
la
que
cada
uno
acepta
y
sabe
que
todos
los
demás
aceptan,
la
21
misma
concepción
de
la
justicia
social
y
política.
Una
de
las
metas
al
alcance
de
la
justicia
como
equidad
es
la
de
proporcionar
una
base
filosófica
y
moral
aceptable
para
las
22
instituciones
democráticas
y
de
esta
manera
afrontar
la
cuestión
de
cómo
has
de
entenderse
las
demandas
de
libertad
y
equidad.
La
idea
fundamental
de
esta
concepción
de
justicia
es
la
idea
de
la
sociedad
como
un
sistema
equitativo
de
cooperación
social
a
lo
23
largo
del
tiempo
de
una
generación
a
la
siguiente.
24
Adorno
propone
lo
que
él
denomina
minima
moralia
para
enfrentar
el
problema
de
los
pobres
y,
en
este
caso,
de
su
salud.
Toda
sociedad,
en
su
concepto,
está
obligada
a
cumplir
con
unos
mínimos
morales
por
debajo
de
los
cuales
toda
acción
u
omisión
debería
considerarse
inmoral,
es
decir
que,
en
virtud
del
principio
de
justicia
distributiva,
es
lo
que
el
Estado
debe
a
sus
ciudadanos.
Es
esta
también
la
posición
que
sostiene
este
estudio:
el
Estado
se
debe
a
sus
ciudadanos
y,
si
bien
no
puede
seguir
siendo
extremadamente
populista
y
distribuidos
como
lo
ha
sido
hasta
hace
algunos
años,
dilapidando
los
recursos
de
la
Nación
tampoco
puede
pasar
a
ser
un
Estado
desertor
que
no
se
ocupe
de
sus
habitantes.
Pienso
que
la
concepción
de
la
justicia
entendida
como
bienestar
colectivo
es
la
que
mas
se
ajusta
al
hic
et
nunc
de
nuestra
situación.
Para
que
esto
suceda,
se
requieren,
al
menos,
dos
ideas
básicas,
una
fácil
y
otra
de
más
compleja
consecución:
por
un
lado
la
idea
de
los
ciudadanos
como
personas
libres
e
iguales
y
por
otro,
la
idea
de
una
sociedad
bien
organizada.
La
primera
puede
resultar
una
tarea
liviana,
la
segunda
requiere
años
y
voluntad
popular
para
lograrse,
al
menos
en
nuestro
país.
El
núcleo
central
de
la
cooperación
social
tiene
al
menos
tres
rasgos
esenciales:
•
La
cooperación
social
está
guiada
por
reglas
y
comportamientos
públicos
reconocidos
y
aceptados
como
propios
para
regular
su
conducta.
50
Los
términos
equitativos
de
la
cooperación
definen
una
idea
de
reciprocidad
o
mutualidad.
Debe
definir
o
incluir
la
idea
de
la
ventaja
racional,
es
decir
aquello
que
se
conceptualiza
como
lo
que
persiguen
los
que
participan
en
la
cooperación
para
promover
su
propio
bien.
El
compromiso
resultante
de
esta
propuesta
debe
tener
en
cuenta
que
no
hay
muchas
alternativas
⎯o
al
menos
una⎯,
de
•
•
modificar
la
situación
de
la
sanidad
junto
a
la
bioética,
teniendo
en
cuenta
que
si
pretendemos
una
“Bioética
para
la
Diversidad”
(BPD),
debe
haber
un
interés
real
y
efectivo
para
que
el
cambio
se
produzca
y
que
el
papel
de
los
ciudadanos
en
este
proceso
de
educación
y
cambio
es
crucial
e
indefectible.
Como
premisas
dentro
de
un
marco
general
para
lograr
el
cambio
de
mentalidad
necesario
para
el
desarrollo
de
una
Ética
para
la
Erradicación
de
la
Pobreza
(EPEP)
en
nuestra
Sudamérica,
considero
importante
las
siguientes
premisas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desarrollar
el
protagonismo
personal
y
nacional,
mediante
el
logro
de
una
cosmovisión
general
basada
en
la
observación
de
nuestras
falencias
y
limitaciones(fallas
y
logros).
Consolidar
la
democracia,
teniendo
clara
conciencia
que
el
pueblo
es
soberano
y
que
de
el
depende
el
sistema.
Fortalecer
la
existencia
y
desarrollo
del
estado
de
derecho,
es
decir
de
una
sociedad
regida
por
leyes
justas
que
no
favorezcan
injustamente
a
pocos,
defendiendo
además
el
derecho
de
la
minorías.
Conformar
una
conciencia
que
tenga
en
claro
que
los
gobernantes
no
deben
mandar
sino
obedecer
a
quienes
los
eligieron,
como
servidores
públicos
que
son
en
su
esencia
y
definición.
Desarrollar
una
economía
que
tenga
en
cuenta,
no
solamente
el
crecimiento
económico
nacional,
sino
además
el
desarrollo
social
del
pueblo.
Crear
y
mantener
un
sistema
judicial
rápido,
eficaz
y
justo,
al
que
todos
los
ciudadanos
puedan
recurrir
cuando
sientan
que
sus
derechos
son
violados
o
experimenten
un
daño
que
la
justicia
pueda
reparar.
Entre
las
acciones
inmediatas
para
concretar
esta
propuesta
y
desde
la
ética
como
valor
central,
puedo
citar
a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Desarrollo
del
voluntariado
personal
e
institucional.
Replanteo
de
las
llamadas
“políticas
sociales”.
Responsabilidad
compartida
que
haga
crecer
la
solidaridad
activa.
Erradicación
de
la
corrupción
estatal
y
privada.
Cultura
corporativa
y
estatal
ética.
Responsabilidad
empresarial
social.
Construcción
de
una
economía
con
rostro
humano.
Como
actitudes
básicas
e
imprescindibles
para
este
cambio
de
mentalidad,
y
definiendo
a
estas
como
aquellas
tendencias
y
predisposiciones
aprendidas
y
relativamente
fijas
que
orientan
la
conducta
que
previsiblemente
manifestará
ante
una
situación
un
objeto
determinado,
puedo
mencionar
a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Actitud
de
transparencia
y
su
demostración
en
los
hechos.
Competencia
y
eficacia
en
la
tarea
a
realizar.
Predisposición
positiva
a
realizar
las
tareas
encomendadas.
Previsibilidad.
Disponibilidad
de
diálogo.
Moralidad
de
las
normas.
Solidaridad
compasiva.
Responsabilidad.
Capacidad
de
trabajo
en
equipo.
Coherencia.
Visión
clara
del
corto
y
largo
plazo.
Participación
activa
de
todos
los
sujetos
destinatarios
de
las
acciones
de
desarrollo.
51
13. Respeto
por
las
pautas
culturales
de
todas
las
partes
involucradas.
Creo
que
en
este
planteo
de
la
situación
se
puede
vislumbrar
las
verdaderas
razones
y
los
caminos
de
la
solidaridad,
ese
ad-‐sistere
⎯sentarse
junto
a⎯,
que
los
médicos
conocemos
tan
bien.
Estamos
ya
saturados
de
manifestaciones,
de
deseos,
de
buenas
intenciones
no
concretadas
en
la
realidad
de
nuestros
pobres
de
nuestros
enfermos,
de
todos
los
hombres
de
nuestra
nación.
Las
campañas,
así
como
las
comisiones
ad
hoc,
nunca
rindieron
frutos
en
la
realidad
y
los
pobres
están
cada
vez
mas
pobres
y
la
economía
cada
vez
mas
recesiva.
Para
poder
universalizar
las
libertades
y
oportunidades
de
todos,
se
requiere
el
ejercicio
de
la
solidaridad.
Ella,
a
su
vez,
implica
participación
en
la
vida
pública
y
privada
de
nuestra
nación.
Es
importante
destacar
aquí
que
solamente
a
través
de
la
educación
⎯punto
central
de
mi
propuesta⎯,
se
podrá
lograr
este
cambio
de
paradigma,
que
implica
trabajar
por
los
demás
desde
cada
perspectiva,
pero
sin
olvidar
las
necesidades
personales
de
cada
uno.
Se
debe
recordar
también
que
no
puede
haber
desarrollo
personal
sin
un
compromiso
con
las
necesidades
de
los
demás
en
un
clima
de
libertad
de
oportunidades
para
todos.
Esta
concepción
incluye
la
responsabilidad,
la
autonomía
moral
y
la
participación
activa.
En
este
contexto,
libertad
significa
posibilidades
reales
para
todos
con
ausencia
de
privilegios
para
pocos,
en
detrimento
de
la
mayoría
de
la
gente.
Recordemos
que
el
desarrollo
de
una
persona
y,
a
través
suyo
de
diferentes
grupos
sociales,
es
especial
los
mas
desprotegidos,
solamente
es
posible
a
través
del
apoyo
espiritual,
afectivo
y
material
que
nos
brindan
los
otros.
Constituye
lo
que
en
su
momento
25
denominé
solidaridad
como
construcción
social.
Hoy,
a
seis
años
de
presentada
mi
Tesis
Doctoral
en
Filosofía,
muchas
de
cuyas
premisas
han
sido
comentadas
aquí,
el
proyecto
EPEP
ha
cumplido
varias
etapas,
tales
como
la
formación
de
recursos
humanos
en
postgrado
fundamentalmente,
iniciación
de
cursos
de
formación
política
y
ética
de
dirigentes,
legisladores
y
primer
nivel
de
conducción
política,
demostrando
interés
la
comunidad
en
los
temas
relacionados
con
pobreza,
ética
y
salud.
Pero
falta
todavía
un
largo
camino
por
recorrer
para
mejorar
los
sistemas
que
hacen
a
la
dignidad
humana
y
a
la
consideración
del
hombre
como
gestor
y
única
razón
de
ser
de
la
medicina
y,
en
este
caso
de
la
comunidad
toda
en
auxilio
de
los
vulnerables
que
han
dejado
en
nuestro
país
planes
recesivos,
ajustes
y
mala
interpretación
de
lo
que
se
ha
dado
en
llamar
“el
bien
común”.
Es
necesario
recuperar
el
interés
por
la
persona
concreta,
por
nuestro
prójimo
y
sus
intereses
sociales.
En
este
marco,
nuestro
proyecto
académico
de
introducir
una
Bioética
para
la
Política,
ha
dado
algunos
resultados
positivos
en
la
formación
de
recursos
humanos,
concientización
de
los
políticos
y
asesoramiento
en
proyectos
que
están
relacionados
con
la
pobreza,
la
desigualdad
y
la
vulnerabilidad.
Concluyo
estas
reflexiones
sobre
la
ética,
la
pobreza
y
la
salud,
con
una
cita
del
Cardenal
Jean
Danielou,
referida
al
compromiso
que
deben
tomar
los
hombres
frente
a
los
problemas
de
los
demás:
No
me
gustan
los
cristianos
que,
por
no
ensuciarse
las
manos,
se
mantienen
aparte
de
las
realidades
humanas,
me
gusta
esa
Iglesia
que
se
compromete
en
la
mas
denso
de
la
naturaleza
humana,
que
no
teme
comprometerse
mezclándose
en
las
historias
de
los
hombres,
en
sus
corrientes
culturales.
Me
gusta
esa
Iglesia
porque
ama
a
los
hombres
y
los
va
a
buscar
allí
donde
están.Y
me
gusta
esa
Iglesia
que
recibe
heridas
de
la
historia
porque
está
mezclada
con
la
historia,
esa
Iglesia
de
26
los
pobres
cuyas
debilidades
denuncian
los
fariseos
de
manos
puras
que
nunca
han
salvado
a
nadie.
La
propuesta,
pues,
es
la
inmiscuirnos
en
los
problemas
de
los
demás,
de
“ensuciarnos”
las
manos
con
los
problemas
de
la
gente
y
comprometernos
con
ella
y
trabajar
firme
por
los
intereses
de
los
que
menos
tienen,
reconociendo
que
el
final
de
este
relato
y
este
52
trabajo
propuesto
es
abierto,
como
son
todas
las
acciones
humanas
dirigidas
a
los
demás,
que
son
inacabables
cuando
se
trata
de
mejorar
las
condiciones
de
vida
de
los
que
menos
tienen
y
de
los
que
más
sufren.
Una
última
reflexión
acerca
del
tema
y
problema
de
la
vulnerabilidad
consiste
en
“ser
como
el
otro”,
reconocernos
como
vulnerables
a
nosotros
mismos,
desde
nuestra
corporeidad
y
en
la
relación
con
los
otros
que
son
nuestra
preocupación
además
de
motivo
de
intelección
e
intento
de
resolución
en
la
medida
de
nuestras
posibilidades.
Ser
uno
en
el
todo
significa
co-‐participar
de
los
problemas
de
nuestras
sociedades
latinoamericanas,
recordando
algo
no
siempre
tenido
en
cuenta,
que
las
soluciones,
los
proyectos
y
las
revoluciones
-‐
en
el
sentido
de
cambio
de
estructuras
y
procederes
⎯para
ser
fructíferas,
siempre
se
hacen
desde
abajo
y
no
desde
la
cima
de
las
instituciones,
muchas
veces
alejadas
y
despersonalizadas
de
los
problemas
de
los
ciudadanos.
Citas
y
referencias
bibliográficas
1
.
Feijoo
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país,
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pobreza.
Buenos
Aires:
Fondo
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Pérez
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9
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Pérez
De
Nucci
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Pobreza,
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Capítulo
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Publicación
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Academia
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Santiago
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Ediciones
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10
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La
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Trabajos
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tema.
Misión
Cultura,
Colección
Temas
De
Hoy.
Ministerio
de
Comunicación
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Información,
Av.
Universidad,
Esq.
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Chorro,
Torre
Ministerial,
Pisos
9
y
10.Caracas.
Venezuela.www.mci.gob.ve.
11
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Pineda
Hernández
y
Magaña.
Op.cit.,
página
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Pérez
De
Nucci
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Módulo
Bioética
y
Grupos
Vulnerables.
Seminario
de
Bioética
Social,
Diplomatura
en
Bioética
de
la
Universidad
Nacional
de
Santiago
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Estero,
Argentina,
ciclo
2014.
13
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Ellacuría
I.
Filosofía
Latinoamericana.
En
Irrupción
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pobre
y
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Hacia
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Buenos
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Editorial
Bonum;
1993:
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Citado
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Candide
Moix
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Rubio
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Bogotá:
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53
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Pérez
De
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Teorías
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Justicia
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recursos
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Módulo
en
el
Curso
De
la
técnica
deshumanizada
a
la
relación
personalizada(120
horas
de
duración).
Colegio
Médico
de
Salta,
Postgrado
de
Educación
Médica
Continua,
2003.
19
.
Lat.:
“Justicia
es
la
perpetua
y
constante
voluntad
de
dar
a
cada
uno
lo
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20
.
Así
ha
sido
planteada
en
mi
proyecto
de
Tesis
Doctoral
en
Filosofía
Antropoética
del
acto
médico:
el
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21
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Rawls
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La
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2002:
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Madrid:
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Pérez
De
Nucci
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Ética
y
Política,
Salta,
Comisión
de
Cultura
del
Club
20
de
Febrero,
ciclo
2002.
26
Danieolu
J.
Oración
y
Política.
Barcelona:
Ediciones
Pomaire;
1966:
57.
54
CONSIDERACIONES
SOBRE
ALGUNOS
ASPECTOS
DE
LA
BIOÉTICA
Y
SU
RELACIÓN
CON
LAS
FORMAS
DE
ARGUMENTACIÓN
MORAL
Mirtha
Andreau
de
Bennato
Dra.
en
Filosofía.
Magíster
en
Bioética.
Directora
del
Doctorado
en
Filosofía
de
la
Facultad
de
Humanidades,
UNNE
Presidenta
del
Consejo
Provincial
de
Bioética
del
Chaco.
Miembro
del
Comité
Hospitalario
de
Ética,
del
Hospital
Pediátrico
"Dr.
Avelino
Castelán"
de
Resistencia,
Chaco,
Argentina
Contacto:
[email protected]
La
Bioética
está
cumpliendo
cuarenta
y
cinco
años
como
nueva
disciplina.
Tuvo
su
origen
en
un
artículo
de
Van
Rensselaer
Potter,
The
scienceof
survival
de
1970,
en
el
que
el
oncólogo
norteamericano
crea
el
neologismo
y
el
año
siguiente
en
el
libro
Bioethic.
Bridge
to
the
future,
la
define
como
la
“Ciencia
de
la
supervivencia”
y
la
“Ciencia
de
la
vida”
colocándola
dentro
de
la
biología
por
ser
“una
disciplina
del
conocimiento
biológico
aplicado
a
la
mejora
de
la
calidad
de
vida”,
que
“Tiene
por
tarea
enseñar
cómo
usar
el
1
conocimiento
(Knowledge
how
to
use
knowledge)
en
el
campo
científico
biológico”. Desde
ese
momento
y
a
partir
del
gran
desenvolvimiento
que
tuvo
en
Estados
Unidos,
pero
también
progresivamente
en
todo
occidente,
fue
controversial
por
las
discusiones
de
si
era
una
modificación
de
la
tradicional
Ética
Médica,
si
era
una
disciplina
absolutamente
nueva
o
se
trataba
de
una
Ética
filosófica
aplicada.
En
estos
años
se
ha
ido
modificando
o
completando
en
su
objeto,
clarificando
sus
métodos
y
desarrollando
sus
instituciones.
Por
ello
creo
necesario
reflexionar
sobre
algunos
aspectos
gnoseológicos,
epistemológicos
y
conductuales
en
los
que
hay
que
considerar
una
estructura
disciplinar
fuertemente
consolidada
por
una
parte
y
por
otra,
el
surgimientos
de
institucionalizaciones
como
los
Comités
Hospitalarios
de
Ética,
los
Consejos
Nacionales
de
Bioética,
las
Comisiones
parlamentarias,
nacionales
y
transnacionales,
por
ejemplo,
a
lo
que
cabe
agregar
las
normativas
nacionales
e
internacionales
y
los
entes
reguladores
que
validan
sus
acciones
y
la
enorme
producción
gráfica
que
genera
con
cada
uno
de
sus
temas.
La
Bioética
actual,
epistemológicamente
se
presenta
a
primera
vista
como
muy
fragmentada
ya
que
en
algunos
casos
parece
que
la
Bioética
Clínica
es
distinta
de
la
Bioética
Fundamental
y
en
otros
se
está
hablando
de
las
Bioéticas,
como
si
se
tratara
de
varias
disciplinas
relacionadas
a
aspectos
de
las
disciplinas
médicas
o
se
la
incluye
como
parte
de
otras
disciplinas
sociales
como
el
bioderecho
o
la
biopolítica,
todas
ellas
con
características
diferentes.
Si
bien
había
antecedentes
notables
para
el
rápido
desarrollo
de
la
Bioética
en
diversos
órdenes
como
el
Código
de
Núremberg
que
juzgó
las
acciones
de
médicos
nazis
en
experimentación
con
humanos
en
1946,
la
mayor
autonomía
de
los
pacientes
que
llevó
a
la
asociación
Norteamericana
de
Hospitales
en
1973
producir
la
primera
“Declaración
de
los
derechos
del
enfermo”,
el
inicio
de
los
primeros
Comités
de
Ética
interdisciplinarios
en
Seattle,
para
la
selección
de
pacientes
en
diálisis,
la
Declaración
de
Helsinki
de
la
Asociación
Médica
Mundial
en
1964
para
regular
la
investigación
con
seres
humanos,
etc.,
sin
embargo
fue
el
aporte
del
Informe
Belmont
de
1978
de
la
National
Commission
For
The
Protection
Of
Human
Subjects
Of
Biomedical
And
Behavioral
Research
y
el
libro
de
T.
L.
Beauchamp
y
J.
F.
Childress,
que
fueron
miembros
de
esa
Comisión:
Principles
of
Biomédical
Ethic,
de
1979
que
desdoblan
el
principio
de
beneficencia
separándolo
del
de
no
maleficencia
en
que
se
convierte
en
la
ética
aplicada
mejor
fundada.
55
También
en
1978,
W.
T.
Reich
publica
la
primera
Encyclopedia
of
Bioethicsy
la
define
claramente
como
una
ética
aplicada
por
su
objeto
que
“…es
el
estudio
de
la
conducta
humana
en
el
campo
de
las
ciencias
biológicas
y
la
atención
de
la
salud,
en
la
medida
en
que
esta
conducta
se
examine
a
la
luz
de
valores
y
principios
morales”
Se
determina
en
ella
un
objeto
material,
“la
conducta
humana”
desde
la
perspectiva
del
objeto
formal
de
“la
luz
de
los
valores
y
principios
morales”
y
su
ámbito
de
aplicación
“la
ciencias
2
biológicas
y
la
atención
de
la
salud”, abarcando
incluso
lo
que
en
nuestros
día
se
distingue
como
Ética
del
medio
ambiente
o
Ecoética.
Van
Potter
planteó
una
concepción
“global”
de
la
disciplina,
estableciendo
que
las
cuestiones
a
debatir
eran
la
corrección
o
la
incorrección
desde
el
punto
de
vista
ético,
de
la
capacidad
humana
para
intervenir
en
toda
la
biosfera
y
el
peligro
de
que
esa
capacidad
estuviera
poniendo
en
peligro
la
vida
sobre
nuestro
planeta.
3
La
estructura
epistemológica
se
completa
con
la
modificación
que
el
mismo
W.
T.
Reich
hace
en
1995
en
una
nueva
edición
de
la
Encyclopedia
con
una
definición
que
resulta
del
ejercicio
institucionalizado
de
veinte
años
de
Bioética,
estableciendo
que
“es
el
estudio
sistemático
de
las
dimensiones
morales
⎯incluyendo
la
visión
moral,
las
decisiones,
las
conductas
y
las
políticas⎯
de
las
ciencias
de
la
vida
y
de
la
atención
de
la
salud,
empleando
una
variedad
de
metodologías
éticas
en
un
contexto
interdisciplinario”.
Se
destaca
así
elementos
de
las
dimensiones
morales
como
las
decisiones
que
en
las
ciencias
de
la
salud
se
basaban
solo
en
información
y
elementos
técnico-‐científicos
y
que
resultan
insuficientes
ante
la
incertidumbre
que
hoy
plantean
estas
ciencias
y
la
importancia
de
las
decisiones
compartidas
en
los
equipos
tratantes
como
con
el
paciente
y
su
familia.
Se
nombra
además
una
especialización
de
la
Bioética
al
incorporar
a
su
objeto
“las
políticas”
que
forman
parte
en
especial
de
los
parlamentos
de
los
estados
en
la
elaboración
de
leyes
y
las
del
poder
ejecutivo
en
la
aplicación
de
esas
leyes
y
en
la
organización
y
contralor
de
los
planes
de
salud
tanto
públicos
como
privados
de
acuerdo
a
su
prevalencia
de
las
diferentes
naciones.
Para
algunos
está
fundada
o
relacionada
con
la
Biopolítica,
tal
como
la
desarrolla
Foucault,
desde
1974
como
un
modo
de
control
del
estado
sobre
los
cuerpos
y
la
vida
de
los
individuos,
de
los
ciudadanos
a
través
de
las
leyes.
Por
ello,
la
gran
expansión
de
la
salud
pública
que
no
solo
es
asistencial,
hospitalaria,
organizada
en
torno
al
enfermo
agudo
y
recuperable
para
el
sistema
preventivo
sino
también
centrada
en
la
prevención
y
en
la
asistencia
comunitaria
con
la
atención
de
enfermos
crónicos
e
irrecuperables,
lo
que
exige
el
acceso
igualitario
a
todos
los
servicios
de
salud
y
plantea
4
la
cuestión
de
la
distribución
equitativa
de
recursos
limitados
y
escasos.
La
Bioética
así
entendida
es
formalmente
una
Ética
Aplicada,
que
considera
axiológicamente
la
justicia
entre
otros
valores,
como
parte
de
su
objeto
formal,
es
decir,
una
rama
de
la
Ética,
de
la
que
“recibe
el
estatuto
epistemológico
básico
y
con
el
que
mantiene
una
relación
de
dependencia
justificadora
y
orientadora”,
o
más
precisamente
un
nuevo
modo
de
concebir
una
división
de
ella,
como
aplicación
a
diversos
campos
del
saber,
con
una
metodología
práctica
e
interdisciplinaria
de
su
estructura
disciplinar.
La
definición
de
Reich
habla
de
“metodologías
éticas
en
un
contexto
interdisciplinario”,
por
ello
no
solo
tiene
en
cuenta
la
ética
respecto
del
objeto
sino
también
en
la
metodología
y
establece
una
clase
de
ella,
que
medio
siglo
antes
era
casi
impensable,
con
la
incorporación
de
la
Filosofía
y
de
las
Ciencias
Sociales
a
los
procesos
de
deliberación
y
de
toma
de
decisiones.
Quizá
por
ello
y
por
el
ejercicio
en
los
Comités
Hospitalarios
de
Ética
en
los
que
se
trata
de
obtener
por
consenso
las
mejores
acciones,
con
la
participación
de
todos
los
afectados,
la
OPS/OM
en
1999
dejando
de
lado
la
estructura
epistemológica,
dice
que
“Es
el
uso
creativo
del
diálogo
para
formular,
articular
y
en
lo
posible
resolver
los
dilemas
que
plantean
la
investigación
y
la
intervención
sobre
la
vida,
la
salud
y
el
medio
ambiente”.
Y
Programa
Regional
de
Bioética
de
la
OPS,
en
2002
lo
aclara
aún
más
definiendo
a
la
56
Bioética
como
“el
uso
valorativo
interdisciplinario
del
diálogo,
a
todo
nivel,
entre
ciencia
y
ética,
para
formular
y
resolver,
en
la
medida
de
lo
posible,
los
problemas
planteados
por
la
investigación
y
la
tecnología,
a
la
vida,
a
la
salud
y
al
medio
ambiente”.
Las
modificaciones
no
se
reducen
a
el
objeto
de
estudio
sino
que
en
los
últimos
quince
años
se
han
ido
produciendo
divisiones
y
subdivisiones
de
la
Bioética
y
por
ello,
la
presente
ponencia
pretende
reflexionar
acerca
de
los
problemas
que
se
suscitan
en
los
ámbitos
de
aplicación
que
llegan
a
exceder
las
ciencias
médicas
ampliándose
a
las
ciencias
sociales
y
que
modos
de
argumentación
moral
se
usa
en
cada
uno
de
ellas.
Quizá
la
de
mayor
importancia
desde
el
punto
de
vista
epistemológico
sea
la
que
propone
académicamente
Diego
Gracia,
distinguiendo
la
Bioética
en
dos
ramas,
la
fundamental
y
la
clínica,
y
colocando
dentro
de
esta
la
práctica
médica
y
la
investigación
en
salud.
Marciano
Vidal
define
la
Bioética
Teológica
como
parte
de
la
Ética
cristiana
y
fundada
en
sus
principios
pero
se
la
puede
considerar
de
modo
más
amplio
en
relación
con
todas
las
religiones
que
han
desarrollado
teologías
que
a
su
vez
dependen
de
la
concepción
antropológica
y
ética
que
en
ellas
se
explicita.
La
Bioética
Fundamental
es
“una
rama
o
subdisciplina
del
saber
ético
del
que
recibe
su
estatuto
epistemológico,
su
parte
teórica,
su
fundamentación”,
en
la
que
“los
problemas
le
son
aportados
por
las
ciencias
de
la
vida.
5
Su
análisis
y
resolución
se
realiza
mediante
una
metodología
interdisciplinaria”. La
fundamentación
de
la
Bioética,
de
todas
las
Bioéticas
es
la
ética
filosófica,
ella
“soporta
teóricamente
a
la
Bioética,
le
da
la
estructura
de
la
fundamentación
de
la
misma”.
No
solo
reflexiona
teóricamente
sino
que
aplica
esas
teorías
a
la
resolución
práctica
de
los
problemas
que
plantean
las
ciencias
de
la
vida,
incorporando
metodología
de
las
ciencias
de
la
salud
y
de
las
ciencias
sociales
para
ello.
No
se
pueden
discutir
coherentemente
los
problemas
de
la
Bioética
sin
tener
como
base
de
los
argumentos
de
las
diferentes
posturas,
alguna
fundamentación
de
la
ética
filosófica.
La
Bioética
Clínica
está
fuertemente
relacionada
con
la
Ética
Médica
tradicional
y
está
centrada
en
la
relación
del
equipo
médico
tratante
y
los
pacientes,
siendo
más
práctica
y
concreta
en
sus
análisis
y
la
Bioética
Fundamental
lo
está
en
la
Ética
Filosófica
y
en
ese
sentido
aparece
como
netamente
teórica.
Sin
embargo,
desde
su
origen
se
dio
la
distinción
entre
práctica
médica
clínica
y
la
investigación
clínica
que
dio
lugar
a
la
Bioética
Clínica
y
a
la
Bioética
de
la
Investigación
con
seres
humanos
institucionalizándose
en
los
Comités
Hospitalarios
específicos:
los
Comités
Hospitalarios
de
Ética
(CHE)
y
los
Comités
de
Ética
de
la
Investigación
(CEI)
o
Comités
de
Bioética
de
la
Investigación
(CBI).
Y
se
necesitó
siempre
en
ambas
la
Bioética
fundamental,
que
no
solo
se
reduce
a
la
Ética
Filosófica
sino
que
incluye
hasta
la
concepción
antropológica
para
definir
por
ejemplo
dignidad
humana
y
a
partir
de
ella,
derechos
humanos.
Desde
mediados
del
siglo
XX
se
distingue
la
práctica
clínica
de
la
investigación
experimental
con
seres
humanos
desde
el
punto
de
vista
ético
en
primer
lugar,
por
la
llamada
medicina
de
la
intención,
porque
tiene
en
cuenta
la
intención
del
médico
tratante
y
la
del
investigador
que
están
regidas
por
finalidades
diferentes,
en
el
primero
por
el
principio
de
beneficencia,
es
decir
de
hacer
el
bien
del
paciente
al
que
se
trata
y
en
el
segundo
alcanzar
un
conocimiento
nuevo,
generalizable
y
donde
el
paciente
deja
de
serlo
para
convertirse
en
un
sujeto
de
investigación,
un
medio
útil
para
el
conocimiento
científico.
Otro
modo
de
diferenciarlas
es
por
la
llamada
medicina
de
la
evidencia,
así
la
práctica
clínica
se
funda
en
el
conocimiento
ya
validado,
con
estudios
diagnósticos
y
tratamientos
considerados
eficaces
y
seguros,
claramente
expresados
en
protocolos
praxológicos
y
la
investigación
es
un
conocimiento
no
validado
que
utiliza
los
medios
necesarios
para
llegar
a
un
conocimiento
nuevo
y
que
pueda
ser
reconocido
como
tal
por
la
comunidad
científica.
57
La
Bioética
Clínica
es
una
rama
de
la
Bioética
que
se
ocupa
de
los
casos
clínicos,
eleva
a
la
categoría
de
método
el
análisis
pormenorizado
de
los
casos
concretos,
el
método
más
usado
es
la
casuística,
exige
la
multidisciplina
no
solo
de
las
médicas
sino
de
todas
las
ciencias
que
estudian
al
hombre,
la
interdisciplina
para
información
que
permita
la
argumentación
y
toma
de
decisiones
y
las
transdisciplina
para
las
acciones
sugeridas
pertenecientes
o
relativas
a
la
asistencia,
especialmente
la
médica
o
a
la
social.
Los
métodos
de
toma
de
decisiones
pueden
ser
muy
variados,
dependiendo
de
la
elección
de
cada
Comité
o
el
aplicable
a
cada
caso
y
la
argumentación
moral
por
lo
general
puede
ser
dirigida
por
los
principios
éticos
o
por
otros
métodos
de
jerarquización
axiológica,
pero
sin
duda
está
dirigida
a
lograr
decisiones
razonables
y
prudentes,
que
partiendo
de
la
mayor
información
posible
sobre
los
afectados
y
sus
consentimientos.
Se
podría
ejemplificar
el
proceso
diciendo
que
se
trata
de
una
ampliación
de
la
conciencia
moral
del
que
presenta
el
caso,
sea
un
médico,
un
paciente
o
su
representante
o
hasta
un
Juzgado
del
Poder
Judicial,
incorporando
a
ella
información
científica
interdisciplinaria
que
le
ayude
a
tomar
las
decisiones
necesarias
donde
la
responsabilidad
médica
no
es
alterada
porque
sus
dictámenes
siempre
son
sugerencias,
recomendaciones,
etc.
por
el
Comité.
En
los
últimos
veinte
años
han
surgido
las
llamadas
Bioéticas
disciplinares
que
serían
partes
de
la
Bioética
Clínica
que
se
especializan
en
procedimientos
médicos
como
los
trasplantes
o
la
procreación
asistida.
José
A.
Mainetti
en
Bioéticas
utiliza
el
criterio
epistemológico
para
distinguirlas
y
que
se
destaca
como
subtítulo:
Éticas
de
las
especialidades
médicas,
teniendo
como
objeto
material
los
problemas
de
cada
una
de
esas
especialidades
y
como
objeto
formal,
la
fundamentación
de
la
Ética
filosófica.
Las
Bioéticas
disciplinares
que
explicita
son
tres,
que
pueden
servir
de
paradigma
para
describir
otras.
Así,
la
Ginecoética
lo
es
en
razón
de
que
“son
hoy
más
sensibles
a
las
dimensiones
antropológico-‐social
y
ético-‐política
de
los
problemas
específicos
en
la
atención
de
la
salud
de
las
mujeres,
como
es
el
caso
de
las
decisiones
reproductivas
(contracepción,
esterilización,
aborto,
embarazo
y
parto)”
y
La
reproducción
asistida
(donación
y
congelamiento
de
gametos
y
de
embriones,
alquiler
de
vientre,
etc.).
Lo
mismo
sucede
con
la
Genética,
es
decir,
“la
ética
del
gen”,
y
la
justifica
expresando
que
“la
biología
molecular
representa
un
cambio
de
paradigma
científico
[…]
que
revitaliza
la
filosofía
natural
de
la
ciencia
moderna
e
introduce
una
imagen
del
hombre
como
un
sistema
de
autorganización
abierto
en
constante
interacción
con
el
medio
ambiente”,
y
la
define
cono
“de
un
nuevo
humanismo
que
pasa
por
la
ética
del
conocimiento
y
la
libertad
humana”.
Y
finalmente,
la
Oftalmoética
porque
“la
oftalmología
actual,
pace
Horus,
se
ha
convertido
en
una
especialidad
televisiva
o
espectacular,
de
alta
tecnología,
prestigio
público
y
complejo
industrial”.
Ello
conlleva
“el
cambio
de
estilo
de
la
especialidad
⎯de
la
contemplación
a
la
acción,
de
la
reflexión
a
la
intervención⎯
se
da
6
también
en
ella
un
giro
del
ethos
naturalista
tradicional
al
ethos
normativista
o
constructivista
de
la
nueva
moral
médica”.
Podrían
agregarse
todas
las
especialidades
porque
presentan
problemas
específicos
a
la
Bioética.
Estas
bioéticas
han
dado
lugar
a
Comités
de
Bioética
en
el
ámbito
de
las
Asociaciones
científicas.
Más
allá
de
los
casos
y
al
igual
que
los
Comités
Hospitalarios,
no
solo
se
centran
en
el
análisis
de
casos,
sino
como
lo
explica
Pedro
Simón,
refiriéndose
a
los
asistenciales,
“además
de
realizar
el
abordaje
casuístico
de
los
problemas,
debían
preocuparse
por
hacer
una
bioética
de
corte
más
7
“preventivo”
y
“estructural”
proponiendo
protocolos
de
actuación
ética
y
facilitando
la
formación
de
los
profesionales
en
ética”,
lo
que
ha
dado
lugar
a
sus
funciones
reglamentarias
y
educativas,
que
hoy
cumplen
estos
Comités.
Por
otra
parte,
la
Bioética
de
la
Investigación
se
diferencia
netamente
de
la
Clínica
asistencial.
Comprende
tanto
la
investigación
básica
que
tiene
por
fin
ampliar
el
conocimiento
científico,
sin
perseguir,
en
principio,
ninguna
aplicación
práctica
y
se
realiza
en
laboratorios
y/o
con
animales,
las
investigaciones
no
clínicas
o
no
terapéuticas
y
las
investigaciones
clínicas,
con
pacientes
pueden
58
tener
fines
diagnósticos
o
terapéuticos.
Se
rigen
por
pautas
internacionales
y
nacionales,
en
nuestro
país
por
la
Guía
de
Buenas
Prácticas
para
la
Investigación
Clínica
con
Seres
Humanos
(Resol.
N°
1480
/
2011)
de
la
ANMAT
(Administración
Nacional
Argentina
de
Medicamentos,
Alimentos
y
Tecnología
Médica
que
es
la
autoridad
reguladora
nacional)
y
la
Guía
de
Buenas
Prácticas
Clínicas
de
Investigación
en
Salud
Humana
y
por
leyes
nacionales
y
provinciales
que
preservan
los
derechos
humanos
de
los
sujetos
de
investigación.
La
argumentación
moral
es
más
compleja
porque
el
principio
de
beneficencia
es
desplazado
como
fin
del
proceso
de
toma
de
decisiones,
siendo
el
fundamental
la
obtención
de
un
conocimiento
nuevo
e
interviniendo
factores
económicos
con
grandes
inversiones
y
agentes
con
diversos
intereses
que
pueden
incluir
el
afán
de
lucro.
Por
las
características
de
la
investigación
biomédica,
en
la
argumentación
se
puede
utilizar
el
razonamiento
matemático
tanto
como
cálculo
de
probabilidades
y
estadístico,
al
considerase
los
riesgos
y
los
beneficios
para
los
sujetos
de
la
investigación
y
también,
la
deducción
de
las
consecuencias.
El
principio
de
no
maleficencia
que
es
la
base
de
la
medicina
adquiere
en
esta
argumentación
el
primer
lugar,
sobre
todo
en
los
protocolos
de
investigación
farmacológicos,
o
en
los
que
los
riesgos
pueden
ser
muy
altos.
A
ello
debe
sumarse
la
evaluación
de
la
experiencia
en
investigación
y
la
especialización
de
los
investigadores
para
el
protocolo
o
ensayo
clínico
a
realizar
y
los
intereses
involucrados
incluyendo
los
seguros.
Por
ello
adquiere
importancia
la
deliberación
moral
que
conduzca
a
la
aprobación
o
a
la
desaprobación
debidamente
justificada
argumentativamente.
La
responsabilidad
de
esas
decisiones
es
compartida
entre
el
investigador
principal
y
los
Comités
de
Ética
de
la
Investigación
y
su
dictamen
es
siempre
vinculante,
se
trata
de
una
corresponsabilidad.
Las
clases
de
Bioética
han
ido
institucionalizándose
en
diversos
tipos
de
Comités.
En
1999
Fransec
Abel
llevo
a
cabo
una
clasificación
8
de
los
Comités
en
tres
“bloques
convencionales”
que
comprenden
los
que
tienen
por
finalidad
“velar
por
la
calidad
der
las
investigaciones
en
sujetos
humanos
y
por
la
protección
de
ellos,
los
comités
hospitalarios
que
tratan
de
resolver
los
conflictos
éticos
que
plantea
la
asistencia
médica
y
los
Comités
Nacionales,
con
una
competencia
bioética
que
puede
ser
muy
amplia,
porque
toman
los
temas
propios
de
las
diversas
clases
de
Bioéticas
y
utilizan
la
misma
metodología
interdisciplinaria
y
dialógica
para
el
establecimiento
de
política
o
de
pautas
normativas
a
las
organizaciones
sanitarias.
Pueden
ser
también
supranacionales
y
pueden
ser
permanentes
o
temporarios
y
atenerse
a
una
problemática
específica.
En
los
Comité
Nacionales
o
en
nuestro
caso
Comités
Centrales
Provinciales
las
consideraciones
éticas
de
los
conflictos
y
problemas
de
las
ciencias
de
la
salud
dan
lugar
a
la
Bioética
Política
que
está
relacionada
con
las
leyes
y
decisiones
políticas,
con
los
gobiernos
y
la
comunidad
política,
en
especial
por
la
generación
de
leyes
y
por
su
aplicación
Bioéticos
en
el
sector
salud,
especialmente
pública.
Esta
Bioética
se
ocupa
de
la
recta
organización
de
la
vida
social
y
política
y
es
parte
de
esa
recta
organización
que
algunos
bienes
de
interés
público
sean
promocionados
y
tutelados
y
que
las
acciones
individuales
que
lesionan
esos
bienes
sean
consideradas
ilegales
9
y,
si
es
el
caso,
sean
castigadas.
La
argumentación
moral
en
estos
casos
también
es
compleja
y
por
tratarse
de
un
medio
político
y
de
acciones
gubernamentales
la
problemática
trata
suele
presentar
fuertes
posiciones
ideológicas
controversiales
que
en
muchas
ocasiones
exige
el
uso
de
la
razón
estratégica
y
de
elementos
de
las
teorías
de
la
mediación
y
de
la
negociación
para
alcanzar
acuerdos
concretos
y
efectivos.
Es
necesario
así,
reforzar
las
capacidades
argumentativas
y
deliberativas
y
en
el
último
de
los
casos
si
no
se
consigue
el
consenso
necesario
en
temas
específicos
llegar
a
la
votación
y
en
todo
caso
a
dos
o
tres
dictámenes
diferentes
que
siempre
son
recomendaciones
o
sugerencias
debidamente
fundados
y
la
responsabilidad
de
las
acciones
está
limitada
al
órgano
de
gobierno
que
59
debe
llevarlas
a
cabo,
es
decir
los
parlamentarios
respecto
de
una
ley
o
los
ministros
de
salud
en
caso
de
organizaciones
sanitarias.
Quizá
la
mayor
responsabilidad
radique
en
los
comités
centrales
de
investigación,
pero
por
tratarse
de
una
bioética
política,
la
toma
de
decisiones
va
a
responder
al
ejercicio
del
poder
político
en
el
gobierno
y
va
a
formar
parte
de
la
responsabilidad
personal
del
gobernante
o
del
partido
si
se
tratase
de
proyectos
votados
por
la
ciudadanía.
Otro
aspecto
a
considerar
es
el
nacimiento
de
nuevas
disciplinas
o
ramas
disciplinares
que
tienen
una
parte
temática
o
un
enfoque
general
de
perspectiva
bioética.
Quizá
en
razón
de
la
interdisciplinaridad
que
caracteriza
a
la
Bioética
como
disciplina
y
fundamentalmente
su
ejercicio
institucionalizado
ha
contribuido
notablemente
al
desarrollo
de
ramas
de
otras
ciencias
que
toman
el
tema
de
la
vida
humana
como
eje
fundamental,
como
la
biopolítica,
el
bioderecho,
la
bioingeniería,
etc.,
que
influyen
incluso
con
su
aporte
a
temas
bioéticos
clásicos
como
la
investigación
en
seres
humanos
y
plantean
nuevos
problemas
epistemológicos.
El
bioderecho
a
modos
de
ejemplo
es
definido
por
M.
Morelli
“simplificadamente,
[como]
el
estudio
de
los
aspectos
jurídicos
de
las
mismas
temáticas
abordadas
por
aquélla:
el
comienzo
de
la
persona
humana,
la
protección
dela
dignidad
personal
frente
al
avance
tecnológico
y
biomédico,
la
procreación,
la
relación
sanitaria,
el
morir,
etc.”,
es
distinguido
de
lo
que
en
Estados
Unidos
se
llama
biolaw
que
“remite
a
veces
más
bien
a
cuestiones
relacionadas
con
la
legislación
referente
a
cuestiones
biológicas
vegetales,
10
animales
o
humanas;
y
tiene
en
muchos
casos
una
perspectiva
más
comercial,
relacionada
con
la
biotecnología
y
las
patentes.
El
aporte
sin
embargo
es
muy
importante
no
solo
en
la
generación
de
leyes
de
contenido
bioético
sino
en
la
gran
cantidad
de
jurisprudencia
acerca
de
casi
todos
los
temas
bioéticos.
Del
mismo
modo
se
puede
considerar
a
cada
una
de
las
nuevas
disciplinas
y
a
su
relación
con
la
defensa
de
la
humanización
de
las
relaciones
biomédicas,
a
la
de
la
dignidad
de
la
persona,
sobre
si
se
trata
de
seres
vulnerables,
enfermos,
etc.
Por
todo
ello
esta
reflexión
epistemológica
de
la
Bioética
o
de
las
Bioéticas
es
importante
en
razón
de
que
por
todas
sus
características
es
considerada
el
modelo
paradigmático
de
las
Éticas
aplicadas.
A
pesar
de
la
gran
diversidad
de
temas
y
las
ramificaciones
y
especializaciones
operadas,
se
trata
de
una
disciplina
que
mantiene
su
fundamentación
en
la
Ética
filosófica
tradicional
y
utiliza
una
metodología
multi,
inter
y
transdisciplinar,
basada
en
las
capacidades
dialógicas
de
todos
los
afectados
que
la
coloca
en
un
lugar
destacado
de
paradigma
disciplinar
a
las
otras
éticas
aplicadas
en
formación.
A
pesar
de
sus
distinciones
todas
las
Bioéticas
tienen
en
común
la
posibilidad
de
integración
de
información
científica
calificada
y
de
fundamentación
ético-‐filosófica,
integradas
en
procesos
de
deliberación
colectivos,
que
ha
sido
institucionalizada
en
forma
de
Comités,
de
tal
modo
que
se
puede
definir
los
mismos
como
“órgano
de
deliberación”
por
medio
de
la
cual
se
está
en
condiciones
de
una
toma
de
decisiones
razonables
y
prudenciales,
producto
de
argumentaciones
morales
bien
fundadas,
que
son
el
resultado
del
discernimiento
práctico
entre
lo
correcto
y
lo
incorrecto,
entre
lo
que
podemos
considerar
como
bueno
y
lo
que
no
y
que
se
realiza
por
intuición
y
se
expresa
de
modo
argumentativo
con
proposiciones
prácticas
de
modo
que
todos
los
afectados
puedan
coincidir
en
los
principios
moralmente
válidos
en
defensa
de
persona,
de
su
dignidad
y
de
sus
derechos
fundamentales.
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Comités
de
Bioética:
necesidad,
estructura
y
funcionamiento.
En
Couceiro
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Bioética
para
clínicos.
Madrid:
Triascatela;
1999:
241-‐
242.
9
Rodríguez
Luño
A.
Ética
General.
Navarra:
EUNSA;
2004.
10
Morelli
M.
El
concepto
de
Bioderecho
y
los
derechos
humanos.
Vida
y
Etica,
año
11,
n°1.
Bs.As.,
junio,
2010.
61
REFLEXIONES
EN
TORNO
A
LA
BIOÉTICA
Y
LA
ÉTICA
DEL
CUIDADO
EN
EL
ÁREA
ASISTENCIAL
Y
D
E
INVESTIGACIÓN
EN
SALUD
Zoila
Rosa
Franco
Pelaez
Licenciada
en
Enfermería,
Magister
Filosofía
y
Ciencias
Jurídicas,
Facultad
de
Ciencias
Jurídicas
y
Sociales
Doctorante
en
Bioética
Profesora
Titular
Departamento
de
Desarrollo
Humano.
Universidad
de
Caldas
Contacto:
[email protected]
La
bioética
entendida
como
el
estudio
sistemático
de
la
conducta
humana,
en
las
ciencias
de
la
vida
y
el
cuidado
de
la
salud,
necesariamente
debe
hacer
referencia
a
la
normatividad
local,
regional,
nacional
y
mundial,
en
la
cual
se
encuentra
todo
el
tema
de
la
axiología
que
subyace
en
las
teorías,
postulados
y
principios
fundantes
de
esta
joven
disciplina
del
saber
humanístico.
Valores
que
señalan
el
imperativo
para
establecer
espacios
de
profunda
reflexión
moral
y
ética,
en
los
ámbitos
encargados
de
proveer
atención
y
cuidados
de
salud
a
las
poblaciones,
ya
que
los
cambios
generados
por
la
imposición
de
modelos
neoliberales
en
el
sector
de
la
seguridad
social
en
salud
de
América
Latina
han
deshumanizado
la
atención
a
los
ciudadanos
enfermos
consagrada
como
servicio
público,
y
ha
ubicado
el
cuidado
más
en
los
procesos
económicos
donde
la
burocracia
y
tecnocracia
centralizan
sus
intereses,
en
el
rendimiento
económico
con
un
marcado
énfasis
en
lo
instrumental,
lo
inerme
sobre
lo
vital,
la
muerte
sobre
la
vida.
La
confusión
derivada
de
lo
antes
dicho
ha
permeado
todos
los
espacios
donde
se
presentan
las
dinámicas
que
se
relacionan
con
el
manejo
de
las
condiciones
necesarias
para
garantizar
la
salud,
el
manejo
adecuado
de
la
enfermedad,
y
el
cuidado
esencial
para
promover
las
buenas
prácticas
y
los
hábitos
saludables
en
la
cotidianidad
del
mundo
de
la
vida
humana
y
del
ambiente
natural
como
también
la
investigación
que
ayude
a
curar,
mantener
y
procurar
una
calidad
de
vida
decente
para
alcanzar
un
desarrollo
humano
digno
capaz
de
fomentar
una
cultura
protectora
de
la
vida.
El
estado
actual
desconoce
las
verdaderas
necesidades
de
las
personas,
como
seres
humanos
dignos
y
sujetos
de
derechos,
además,
de
deberes;
sobre
lo
vital,
la
economía
necrófila
sobre
la
vida.
La
mercantilización
de
los
servicios
a
favor
de
los
comerciantes,
DEL
DOLOR
Y
SUFRIMIENTO
AJENOS,
quienes
convirtieron
las
condiciones
inherentes
a
la
fragilidad
humana
en
mercancía
intercambiable
por
dinero
para
enriquecerse
a
costa
de
LA
VULNERABILIDAD
de
sus
congéneres.
La
confusión
derivada
de
lo
anterior
ha
permeado
todos
los
espacios
donde
se
presentan
las
dinámicas
que
se
relacionan
con
el
manejo
de
la
enfermedad
y
el
cuidado
para
promover
la
salud
así,
como
la
investigación
para
curar,
mantener
y
procurar
una
adecuada
calidad
de
vida
para
el
desarrollo
humano
integro,
que
fomenta
una
cultura
de
la
protección
de
la
vida
a
todo
nivel.
Ahora
bien,
se
hace
indispensable
recordar
el
verdadero
sentido
del
término
cuidado
tan
en
boga
hoy,
porque
ha
trascendido
el
área
de
conocimiento
de
las
ciencias
de
la
salud,
el
cuidado
de
la
vida
como
valor
y
derecho
humano
esencial
y
fundamental;
al
1
respecto
el
tema,
del
cuidado
según
lo
afirma
Heidegger
es
más
que
una
actitud,
es
una
conciencia
existen
ciaría
que
conduce
al
sujeto
para
asumir
con
solicitud
y
atención
necesarias
todas
sus
actuaciones
con
el
fin
de
hacer
bien
las
cosas,
cuando
un
ser
humano
se
ocupa
de
las
tareas
que
le
conciernen
,
lo
cual
produce
intranquilidad
,
preocupación
y
cierto
temor
que
lo
lleva
a
ser
62
especialmente
cauteloso
en
su
actuar,
para
evitar
peligros
o
riesgos
innecesarios
sobre
todo,
cuando
se
trata
de
proteger
la
vida,
la
salud,
y
la
integridad
de
las
personas
que
se
hallan
involucradas
en
las
decisiones
que
debe
tomar.
Cuando
un
sujeto
anda
sin
cuidado,
denota
que
no
le
importa
que
sus
conductas
se
conviertan
en
una
amenaza
no
advierte
oportunamente
la
proximidad
de
un
peligro
que
lo
lleva
a
caer
en
un
error
de
actuación
y
perjudica
a
quienes
son
los
destinatarios
de
sus
comportamientos.
La
ética
del
cuidado
le
facilita
al
cuidador
asistir
con
diligencia
y
responsabilidad
la
ejecución
de
las
funciones
a
su
cargo.
La
bioética
reconoce
como
imperativo
categórico
la
responsabilidad
intransferible
como
deber
moral,
ético
y
político
de
todo
el
personal
que
labora
en
las
instituciones
asistenciales
relacionadas
con
la
recuperación
de
la
salud
de
los
individuos
afectados
por
diferentes
patologías
y
desajustes
en
sus
capacidades
humanas,
para
esto
es
obligación
personal
e
institucional
la
educación
continuada
que
supera
con
creses
la
simple
información
superficial
y
procedimental
que
esconde
el
rostro
humano
del
destinatario
del
cuidado
HUMANO.
La
normatividad
que
orienta
el
actuar
correcto
debe
superar
lo
netamente
técnico,
trascenderlo
para
ver
siempre
el
alter
ego,
razón
de
ser
y
existir
de
los
mal
llamados
sistemas
de
salud
puesto
que
lo
que
importa
es
el
crédito
económico
que
para
los
interesados
representa
la
ganancia
económica
que
genera
la
tecnología
medica
en
todo
el
sentido
de
la
palabra.
La
primera
obligación
que
hay
que
asumir
es
cuidarse
como
ser
humano,
frágil
y
vulnerable
como
el
resto
de
los
congéneres
a
quienes
debe
atender
y
servir,
preocuparse
por
la
propia
salud
e
integridad
y
procurarse
una
buena
vida,
para
poder
hacerlo
por
los
demás;
nadie
da
de
lo
que
no
tiene
es
una
razón
lógica
que
debe
interpelar
permanentemente
la
conducta
humana
en
sociedad.
Los
valores
morales
referidos
a
la
empatía
natural
que
se
presenta
entre
los
integrantes
de
la
especie
a
la
que
pertenece,
la
homínida;
como,
la
solidaridad
y
la
c
compasión
llevan
a
ejercer
la
protección
sobre
los
más
débiles
de
la
sociedad.
Proteger
implica
organizar
y
aplicar
las
normas
contenidas
en
las
declaración
universal
de
los
derechos
humanos
y
bioética
,
promulgada
por
la
UNESCO
en
2005,
estas
normas
ayudan
a
coordinar
en
cada
nación,
las
diferentes
formas
de
proteger
a
las
personas
y
los
recursos
en
caso
de
guerra
o
calamidad
para
aminorar
los
riesgos
y
evitar
los
daños
y
con
mayor
razón
a
los
mas
vulnerables
en
todo
caso.
de
alteración
del
estado
de
equilibrio.
Proteger
es
resguardar
a
los
seres
humanos
de
cualquier
peligro
daño
o
inconveniente
que
pueda
afectar
su
proyecto
de
vida
o
adversidad
que
pueda
alterar
la
calidad
de
vida
para
favorecer
un
desarrollo
humano
digno.
Apoyar
las
metas,
aspiraciones
y
sueños
de
los
otros
con
quienes
se
convive
cotidianamente
en
todos
los
ámbitos
de
inter-‐acción
humana,
inter-‐relación
social,
es
asumir
un
compromiso
con
la
vida;
es
defender
a
toda
costa
una
cultura
en
pro
de
la
vida
no
solo
humana
si
no
de
la
naturaleza
y
el
planeta
entero
como
nicho
nutricio
que
hace
posible
la
supervivencia
a
todo
nivel.
En
correspondencia
con
estas
ideas;
la
más
profunda
y
genuina
ciencia,
como
puede
ser
la
Bioética
se
mueve
en
el
horizonte
de
la
duda
de
la
heurística
de
la
pregunta,
de
la
probabilidad
y
de
la
incertidumbre.
La
verdad
y
la
libertad
con
su
utopía
dinamizadora
de
una
búsqueda
insaciable.
La
realidad
buscada
siempre
es
trascendida
por
lo
que
el
hombre
quiere
ser.
En
este
contexto,
un
acto
de
2
conocimiento
un
acto
de
decisión
y
la
permanente
espontaneidad
y
libertad
del
espíritu.
63
Esta
cita
interpela
no
solo
la
conciencia
y
la
razón
humanas
como
un
llamado
a
volver
siempre
a
lo
humano.
En
el
fundamento
y
la
praxis
científica
hoy
por
hoy
no
se
encuentran
de
manera
transparente
las
bases
antropológicas
y
éticas
en
la
epistemología
que
sean
capaces
de
unificar
para
reconocer
el
carácter
de
totalidad
que
posee
cada
humano
de
su
especie
para
direccionar
el
camino
hacia
donde
la
ciencia
perfile
un
hilo
conductor
inspirado
en
dos
aspectos
de
una
verdad:
la
integridad
entre
la
ciencia
y
la
humanidad
entre
vida
y
ciencia
con
conciencia.
Ser
consciente
es
tener
conciencia,
para
tratar
de
explicar
por
qué
este
elemento
esencial
del
acto
moral
que
orienta
una
conducta
bioética
se
origina
en
el
conocimiento,
en
la
educación
de
todas
la
facultades
y
talentos
con
que
cada
ser
humano
está
dotado,
como
sujeto
racional,
además,
de
la
intuitiva
la
educación
es
posible
porque
existe
la
memoria
para
aprehender
la
realidad
y
el
olvido
para
desaprender
y
volver
a
aprender
desarrollando
las
facultades
superiores
del
intelecto
y
las
intuiciones
orientadas
hacia
el
cultivo
permanente
mediante
procesos
continuos
de
información
y
formación
integral.
La
conciencia
de
SI,
es
la
autoconciencia
que
acepta
que
se
ES,
el
Ser,
la
esencia,
que
acepta
la
voluntad
como
el
poder
actuar
y
la
libertad
como
el
poder
auto
determinarse
para
conducir
la
propia
vida
con
la
claridad
de
la
responsabilidad
que
aboca
al
ser
a
enfrentar
las
consecuencias
de
su
conducta
frente
a
si
mismo
y
a
la
sociedad
dentro
del
cual
se
conduce
en
los
diferentes
roles
que
corresponden
al
papel
que
cumple
en
la
familia
y
la
sociedad
en
general,
en
cada
ciclo
de
vida
desde
la
adultez,
hasta
la
vejez.
Por
lo
anterior
hay
que
saber
bien
para
hacer
bien
y
lo
primero
que
hay
que
aprender
es
saberse
humano
perteneciente
a
una
especie
inteligente
que
doblega
la
voluntad
frente
a
la
barbarie
emplea
su
libertad
para
elegir
crecer
en
humanidad,
neutralizar
la
tendencia
a
la
deshumanización
ocasionada
por
la
entronización
de
la
técnica
producto
de
una
ciencia
sin
conciencia
que
en
vez
de
engrandecer
al
HOMBRE
lo
envilece
y
lo
esclaviza.
La
ética
del
cuidado
impulsada
por
la
bioética
contemporánea
llama
a
una
profunda
reflexión
en
el
actuar
cotidiano
en
el
área
asistencial
y
de
la
investigación
en
salud,
las
normas
están
dadas
se
hacen
necesario
infundirles
vida
en
la
cotidianidad
de
la
existencia,
en
la
inter-‐acción
humana
en
las
relaciones
sociales
y
culturales
en
todas
las
naciones
latinoamericanas.
Un
saber
universal
y
profundo
sobre
todo
lo
que
le
concierne
a
lo
humano
constituye
la
sabiduría
esencial
para
fundamentar
toda
actuación
en
la
dignidad
del
ser
humano
sin
distingo
de
ningún
tipo
tal
como
se
plasma
en
la
Declaración
Universal
de
los
Derechos
Humanos.
El
reconocimiento
de
la
dignidad
del
otro
es
una
necesidad
y
una
exigencia
tanto
en
el
actuar
en
situaciones
límite
como
en
la
cotidianidad
del
ejercicio
profesional,
esto
requiere
de
una
educación
continua
y
permanente
de
una
profunda
concentración
sobre
las
consecuencias
derivadas
de
la
actuación
o
la
omisión
y
un
debate
abierto
y
transparente
sobre
las
políticas
públicas
que
orientan
la
administración
del
sector
salud
por
parte
de
los
dirigentes
y
administradores
del
Estado.
Las
llamadas
rutinas
asistenciales
en
las
clínicas
y
hospitales
deben
ser
permanentemente
revitalizadas,
al
tener
en
cuenta
que
una
persona
enferma
es
un
congénere
que
al
igual
posee
dignidad,
necesidades
que
satisfacer
no
solo
en
biológico
sino
psicológicas,
sociales
y
culturales,
así
como
espirituales
es
un
ciudadano
sujeto
de
derechos
y
deberes
y
miembro
activo
de
una
familia
que
lo
ama.
3
64
El
cuidado
debe
ser
planeado,
organizado
y
coordinado
de
tal
manera
que
atienda
todas
las
esferas
que
constituyen
a
un
ser
humano
integro
lo
que
lo
hace
complejo
en
calidad
y
cantidad.
La
investigación
que
se
realice
en
las
entidades
asistenciales
de
salud
debe
ajustarse
estrictamente
a
nivel
global
y
nacional.
Las
normas
de
la
Asociación
Médica
Mundial,
Declaración
de
Helsinky
y
código
de
Nuremberg,
entre
otros.
El
cuidado
para
evitar
hacer
daño
El
cuidado
entendido
como
la
capacidad
de
prevenir
el
daño
o
la
lesión
se
relaciona
directamente
con
principios
bioéticos
como
la
no
maleficencia,
evitar
el
mal
radical
como
la
conducta
que
puede
lesionar
no
solo
la
integridad
física
de
la
persona,
sino
la
moral,
emocional
y
mental
o
espiritual,
llevándola
a
romper
el
equilibrio
de
su
ser,
originando
sufrimiento
innecesario
o
muerte
temprana.
La
ética
del
cuidado
interpela
la
conciencia
ciudadana
de
quien
ejerce
no
solo
sus
derechos
y
libertades
fundamentales,
sino
sus
deberes
consagrados
en
la
Carta
Magna
o
Constitución
Política
de
su
nación.
La
sentencia
hipocrática
que
orienta
la
actuación
médica
reza:
primero
que
todo
no
hacer
daño,
lo
cual
se
extiende
al
ejercicio
de
todas
las
profesiones
de
salud
y
los
técnicos
auxiliares
que
laboran
en
él,
así
como
a
todo
instituto
o
entidad
donde
se
realizan
estudios
o
investigaciones
financiadas,
o
no
por
agencias
ya
sean
públicas
o
privadas,
siguiendo
de
manera
rigurosa
la
normatividad
y
los
procedimientos
metodológicos
que
garantizan
el
cumplimiento
de
los
fines,
para
poder
aportar
el
bienestar
humano.
El
consentimiento
informado
que
debe
realizarse
a
los
participantes
en
una
investigación
bioclínica,
tiene
unas
connotaciones
bioéticas
muy
graves,
porque
en
una
investigación
con
seres
humanos
se
halla
implicada
la
dignidad
y
los
derechos
entre
los
que
se
exponen
de
manera
directa,
el
derecho
a
su
identidad,
intimidad,
privacidad,
lo
que
implica
de
parte
de
los
investigadores
un
sumo
cuidado
con
el
secreto
profesional,
la
confidencialidad
y
el
sigilo.
El
principio
de
autonomía
del
paciente
se
relaciona
directamente
con
el
ejercicio
de
las
libertades
fundamentales
de
la
persona
de
aceptar
previa
información
veraz
y
oportuna
sobre
los
aspectos
que
se
tendrán
en
cuenta
en
la
investigación
o
renunciar
a
la
participación
en
la
misma,
sin
que
esto
conlleve
a
la
pérdida
o
detrimento
de
sus
posibilidades.
El
análisis
cuidadoso
que
se
deben
realizar
las
investigaciones
y
en
los
estudios
debe
tener
en
cuenta
los
aspectos
riesgo/beneficio,
no
solo
los
que
si
se
hacen
con
relación
a
el
costo/beneficio
porque
esto
implica
las
finanzas
de
los
empresarios
de
la
salud,
además
debe
incluir
y
dejar
explícito
en
el
documento
de
consentimiento
informado
cuando
se
trate
de
estudios
con
sustancias
químicas,
biológicas,
o
de
cualquier
otro
tipo
de
compuestos
tóxicos
o
no,
y
la
disposición
correcta
y
oportuna
de
antídotos
o
tratamientos
necesarios
para
neutralizar
efectos
secundarios
o
reacciones
adversas
en
el
organismo,
sin
que
esto
genere
costos
al
participante
en
la
investigación.
Y
en
caso
de
presentarse
cualquiera
lesión
que
afecte
la
salud
y
la
integridad
del
paciente,
cancelar
las
indemnizaciones
a
que
dicho
daño
da
lugar,
en
cumplimiento
del
principio
de
justicia
y
como
mandato
de
las
leyes
de
cada
país.
La
justicia
sanitaria
y
el
cuidado
como
aplicación
moral
y
ética
de
los
preceptos
universales.
El
cuidado
en
tanto
que
orientación
moral
requiere
de
receptividad
para
desplazar
las
motivaciones,
es
decir
que
la
energía
de
la
persona
que
cuida
se
canalice
hacia
la
satisfacción
de
las
necesidades
y
proyectos
del
sujeto
cuidado
y
su
realización
completa.
Cualquier
política
pública
que
excluya
sistemáticamente
esta
inter-‐acción
se
puede
considerar
ipso-‐facto
contraria
al
concepto
de
cuidado.
65
La
demostración
de
la
legitimidad
de
una
determinada
práctica
estribaría
siempre
en
la
capacidad
suficiente
de
satisfacer
las
4
necesidades
o
intereses
o
derechos
de
aquellos
para
quienes
está
destinada.
La
moral
como
costumbre,
habito
o
morada
surge
de
adentro
del
ser
humano
como
una
especie
de
sentimiento,
afecto
o
sensibilidad
hacia
la
vida
y
todo
lo
que
ella
representa
para
la
existencia,
no
solamente
de
la
naturaleza
sino
del
ser
humano,
la
moral
como
se
expresa
al
comienzo
del
escrito
implica
Cs
de
la
moralidad
así.
Estas
siete
Cs
de
las
moralidad
como
se
representan
en
el
siguiente
esquema,
también
implican
la
ética
del
cuidado
porque
el
hombre
libre,
el
dueño
de
una
vasta
e
indomable
voluntad,
halla
en
esta
posesión
su
tabla
de
valores;
fundado
en
sí
mismo
para
juzgar
lo
demás,
respeta,
y
así
como
venera
a
sus
semejantes
que
prometen
y
cumplen,
así
también
estará
dispuesto
a
despreciar
a
quienes
las
incumplen
y
mienten.
En
tal
hombre
la
conciencia
de
la
responsabilidad
y
la
conciencia
de
esta
libertad
llega
a
las
5
profundidades
de
su
ser;
el
hombre
soberano,
se
llama,
por
su
conciencia, es
decir
la
soberanía
del
hombre
es
su
conciencia.
Las siete Cs de la moralidad
CONOCIMIENTO
INFORMAL
C1
FORMAL
CONCIENCIA
C2
ACTUAR/CONDUCTA
C3
COMPORTAMIENTO
VOLUNTAD
C4
LIBERTAD
RESPONSABILIDAD
CONSECUENCIAS
C5
COMPENSACIÓN
RECONOCIMIENTO
CASTIGO
(SANCIÓN)
C6
C7
La
conciencia,
como
producto
del
conocimiento
de
sí
mismo,
permite
al
sujeto
moral
darse
cuenta
de
que
posee
voluntad
para
elegir,
decidir,
y
actuar
en
consecuencia
los
resultados
de
sus
actuaciones
conducen
a
reconocimiento
y
compensación
cuando
han
producido
el
bien,
en
sí
mismo
y
en
los
otros,
o
la
naturaleza
o
sanción
y
repudio
cuando
el
resultado
ha
sido
un
daño
o
lesión
a
alguien
o
algo
valioso.
De
ahí
el
imperativo
bioético
del
discernimiento
y
la
reflexión
sobre
las
praxis
cotidianas
en
el
sector
salud,
66
como
la
posibilidad
del
cuidado
del
BIOS,
partiendo
de
la
vida
humana
y
proyectándolo
a
la
naturaleza,
es
la
única
opción
de
supervivencia
de
las
presentes
y
futuras
generaciones
de
seres
humanos
sobre
el
planeta.
El
ecocidio,
producto
del
a
avaricia
y
codicia
de
sujetos
humanos
enfermos
moralmente,
descuidados
e
indiferentes,
está
abocando
a
la
autodestrucción
de
la
especie,
sin
posibilidades
de
retorno.
Esta
es
la
razón
por
la
cual
el
cuidado
se
ha
ubicado
en
el
centro
de
las
reflexiones
bioético
en
el
mundo
de
hoy;
la
ética
del
cuidado
puede
ser
una
alternativa
para
revertir
el
daño
que
la
ciencia
sin
conciencia
ha
causado
al
planeta.
Recrear
la
vida
a
todo
nivel
es
el
imperativo
categórico
del
presente,
para
lograrlo
hay
que
retomar
el
verdadero
sentido
y
significado
que
posee
el
lenguaje,
la
palabra
y
la
expresión,
la
coherencia
y
congruencia
entre
el
discurso
y
el
actuar
cotidiano;
entre
la
teoría
y
la
práctica
salvando
el
abismo
tradicional
entre
razón
y
emoción;
saber
y
tener,
para
esto
hay
que
recordar
y
re
aprender
los
principios
universales
de
la
filosofía
moral,
las
teorías
éticas
y
los
principios
bioéticos
tan
debatidos
hoy
por
hoy.
6
El
origen
de
los
términos
ser
y
tener
según
Erich
Fronn,
se
refiere
al
tener,
todo
lo
relacionado
con
la
dimensión
material
a
lo
que
se
7
ha
llamado
en
la
obra
sobre
Desarrollo
Humano,
y
de
valores
para
la
salud
los
satisfactores
de
las
necesidades
humanas
básicas
generadas
en
las
funciones
orgánicas
vitales
de
un
cuerpo
humano
como
ser
biológico,
organismo
complejo
que
forma
todo
lo
relacionado
con
la
expresión
objetiva
de
la
vida
y
la
naturaleza
existencial,
que
permite
a
cada
ser
humano
la
vida
de
relación
con
los
otros,
la
naturaleza
y
el
ambiente,
en
el
planeta
tierra
que
habita
y
que
lo
sustenta.
Tener
representa
la
adquisición
de
bienes
materiales
para
satisfacer
las
necesidades
de
supervivencia.
Así,
el
aire
para
respirar,
los
alimentos
para
nutrirse
adecuadamente,
con
los
nutrientes
esenciales
para
la
homeostasis,
el
agua
para
el
equilibrio
hidroelectrolítico,
los
servicios
sanitarios,
para
la
eliminación
adecuada
la
orina
y
las
heces,
el
vestido
y
la
vivienda
para
mantener
la
temperatura
corporal;
el
calor,
frío
o
templado,
según
el
clima,
tiene
relación
directa
con
la
satisfacción
de
esta
urgencia,
la
salud
del
cuerpo
y
los
espacios
que
permiten
la
actividad
y
el
ejercicio,
el
movimiento
del
cuerpo,
la
realización
de
las
capacidades
humanas,
las
habilidades,
los
hábitos,
las
costumbres
las
destrezas,
el
ejercicio
de
las
facultades
intelectivas
y
las
inteligencias
múltiples.
La
vivienda
o
diversos
sitios
de
habitación
permiten
la
satisfacción
de
las
necesidades
de
descanso
y
sueño,
fundamental
para
revitalizar
y
fortalecer
la
salud
mental
y
emocional,
además
del
equilibrio
afectivo
y
espiritual
del
ser
humano,
los
espacios
verdes,
el
silencio
la
tranquilidad,
la
sexualidad,
y
el
afecto
se
relacionan
directamente
con
las
inter-‐acciones
humanas,
y
familiares,
y
las
interrelaciones,
sociales
y
culturales
que
le
permiten
a
la
persona
asociarse
y
satisfacer
sus
necesidades
de
seguridad,
identidad,
pertenencia,
reconocimiento,
participación
y
muchas
otras.
El
déficit
de
los
satisfactores
o
recursos
objetivos;
naturales,
físicos,
afectan
profundamente
la
salud,
física,
mental,
emocional,
espiritual,
de
los
individuos
víctimas
de
la
inequidad
y
la
injusticia
social,
perpetuando
con
el
afán
de
enriquecimiento
de
unos
pocos
humanos,
en
detrimento
de
la
mayoría,
en
todas
las
naciones
y
regiones
del
mundo
contemporáneo
traspasado
por
la
avaricia
y
la
codicia,
que
creó
la
propiedad
privada,
el
capitalismo
salvaje,
la
explotación
del
hombre
por
el
hombre
para
satisfacer
intereses
de
terceros.
Así
las
cosas,
el
tener
parece
sencillo
definir:
como
la
apropiación
mesurada
o
desmedida
de
los
bienes
y
servicios
para
satisfacer
las
8
necesidades
a
in-‐finitum,
según
las
escalas
de
necesidades
humanas
formuladas
por
diversos
autores
como
Manfred
Max
Neff.
67
El
cambio
al
término
ser
implica
un
abordaje
bastante
complejo,
puede
ser
como
copula;
es
decir,
se
refiere
al
sentido
en
que
soy
blanco,
soy
negro,
soy
bajo,
soy
alto;
denotación
gramatical
de
identidad.
En
español
se
distinguen
las
cualidades
permanentes
que
pertenecen
a
la
esencia
del
sujeto
con
el
verbo
ser,
y
las
cualidades
contingentes
que
no
son
esenciales,
con
el
verbo
estar,
así
mismo
como
forma
pasiva
de
un
verbo;
ejemplo,
soy
maltratado/a,
significa
que
soy
sujeto-‐objeto
de
la
actividad
de
otra
persona.
También
con
el
significado
de
existir,
en
un
término
diferente
de
ser,
como
copula
que
significa
identidad,
pueden
coexistir
pero
son
diferentes;
ser,
existir;
es
decir
que
la
persona
se
encuentra
objetivamente
en
una
realidad
determinada,
auténtica
y
verdadera,
que
determina
los
pensamientos
y
los
sentimientos
del
sujeto,
los
actos
de
la
persona
su
relación
firme
y
genuina
con
el
mundo.
Según
la
ontología
filosófica
¿qué
es
el
ser?
ha
sido
una
pregunta
critica
no
solo
de
la
filosofía
si
no
de
la
antropología
y
la
cultura,
como
el
concepto
de
actividad,
proceso
movimiento
elementos
de
ser,
que
significan
devenir
histórico
en
el
mundo
de
la
vida,
que
los
hace
transformarse,
cambiar
como
sujeto
sometido
a
un
proceso
vital
en
permanente
movimiento,
crecimiento
y
desarrollo.
Son
6
entonces
cambios
inherentes
al
proceso
vital
tal
como
se
expresa
Fromm; tener
es
equivalente
a
apropiarse
de
algo
ya
sea
por
necesidad
cuando
tal
urgencia
vital
así
lo
dispone,
por
metas,
aspiraciones,
intereses
específicos,
que
ayudan
al
desarrollo
de
las
capacidades
humanas
lo
que
podría
llamarse
una
forma
sana
de
poseer
y
consumir.
Pero
cuando
estos
lícitos
modos
de
ser
y
existir
en
el
mundo
se
desbordan,
es
decir,
excluyen
a
los
demás
seres
con
quienes
se
conviven
en
la
cotidianidad,
surgen
los
defectos
de
carácter
denominado
vicios,
la
codicia
y
la
avaricia
que
sacrifican
virtudes
como
la
generosidad
y
la
solidaridad,
generando
inequidad
e
injusticia
social
a
todo
nivel
en
la
civilización
moderna.
Cuando
al
tener
se
hipertrofia
sobre
el
ser,
el
sujeto
implicado
cambia
los
fines
por
los
medios
o
mejor
los
fines
los
convierte
en
medios,
pervirtiendo
su
forma
de
existir
en
el
mundo.
En
la
distorsión
moderna
entre
el
ser
y
el
tener
aunado
a
la
sociedad
de
consumo
originada
en
el
culto
al
tener,
el
dinero,
el
poder
la
fama,
ha
llevado
a
los
seres
humanos
más
codiciosos
y
con
ambición
desmedida
por
lo
material
a
identificarse
con
el
tener
para
reconocerse
como
ser.
Se
es
alguien
si
se
posee
un
automóvil
que
dará
según
él,
estatus
social
se
es
lo
que
se
tiene;
tengo
materialmente,
si
no
se
posee
no
se
es
y
por
lo
tanto
solo
se
espera
la
nada,
el
vacío.
La
mayor
desgracia
que
lleva
a
la
adición
de
la
realidad
externa,
porque
se
perdió
la
realidad
interna,
es
decir
sin
posesiones
materiales,
se
perdió
a
si
mismo/a.
No
es
nadie.
La
bioética
como
ética
del
cuidado
de
la
vida
y
la
salud
a
nivel
asistencial
y
de
investigación
con
seres
humanos,
aboga
por
el
reconocimiento
en
primera
instancia
del
ser
humano
como
poseedor
de
un
valor
intrínseco,
inherente
a
su
naturaleza
racional,
9
desde
la
concepción
hasta
la
muerte,
llamado
dignidad
humana,
en
cuya
concepción
teórica
como
lo
afirma
Kant,
el
hombre
es
más
que
un
medio
para
otro
hombre,
es
un
fin
en
sí
mismo
cuando
se
asume
como
la
humanidad,
inaceptable
que
modelos
económicos
inhumanos
sean
aplicados
por
seres
humanos
en
cabeza
de
líderes
políticos,
gobernantes,
administradores,
o
cualquier
otra
persona
o
institución
que
detenta
cualquier
tipo
de
poder.
El
consumir
desmesurado
lo
deshumaniza,
renunciando
a
su
origen
identidad
con
una
especie
que
razona
e
intuye,
en
cuya
conciencia
existe
la
semilla
que
lo
convoca
y
lo
o
interpela
frente
a
sus
congéneres.
Este
sujeto
se
identifica
con
las
cosas,
cosificándose
y
objetivando
a
los
demás
que
se
constituyen
solo
en
medios
para
ser
usados
en
su
propio
beneficio.
Todo
esto
ha
transversalizado
la
economía
de
mercado,
que
borró
el
rostro
humano
de
las
instituciones
encargadas
de
la
prestación
de
servicios
de
salud,
despojándolo
del
carácter
de
derecho
inalienable
y
de
servicio
público,
además
de
deber
ético
y
político
de
los
gobernantes
de
las
naciones
latinoamericanas.
68
Todo
mal
social
y
cultural
se
origina
en
el
corazón
de
los
hombres
y
las
mujeres
que
se
alinean
de
manera
totalmente
acrítica
y
a
histórica
con
los
modelos
contemporáneos
del
capital
financiero
sobre
la
vida
y
la
calidad
de
la
existencia
para
todos
los
miembros
de
la
especie.
Esto,
en
la
mayoría
de
los
grupos
humanos
sometidos
a
la
pobreza,
que
debería
de
avergonzar
a
quienes
detentan
cualquier
tipo
de
poder,
ya
sea
económico,
político,
académico,
social
o
cultural,
dependiendo
del
reconocimiento
de
las
posibilidades
y
oportunidades
que
ha
logrado
alcanzar
a
lo
largo
de
su
vida.
Quienes
han
alcanzado
cierto
tipo
de
crecimiento
y
desarrollo
de
sus
capacidades
y
habilidades,
en
el
trascurso
de
su
proceso
vital,
y
10
8
ha
elaborado
un
proyecto
de
vida
decente,
alcanzando
por
lo
que
Amartya
Sen
denomina
las
siete
libertades y
se
ha
posicionado
en
la
sociedad
en
la
que
tuvo
su
origen,
no
debe
perder
de
vista,
que
gracias
a
sus
procesos
de
socialización
es
decir,
sus
redes
de
relación
humana
y
social
que
le
permitieron
alcanzar
metas
y
objetivos
de
acuerdo
a
sus
anhelos
y
aspiraciones
y
el
acceso
a
los
recursos
necesarios
adquiridos
ya
sea
ya
sea
por
herencia
por
arduo
trabajo,
siempre
hay
quien
necesita
de
ayuda
para
con
ello
cumplir
la
responsabilidad
social,
que
genere
una
convivencia
sana,
justa
y
pacífica.
Si
se
entiende
el
desarrollo
humano
como
el
despliegue
de
todas
las
potencialidades
humana,
dentro
de
un
ambiente
de
alternativas
y
oportunidades
que
cada
persona
pueda
elegir
para
satisfacer
en
primera
instancia
las
necesidades
de
supervivencia
y
así
asegurar
el
reconocimiento,
de
los
dones,
talentos,
habilidades,
destrezas,
capacidades,
como
forma
de
cultivo
de
sus
cualidades.
Todo
ello
se
inculca
en
la
formación
recibida
tanto
en
la
familia
como
en
la
educación
brindada
por
las
instituciones
de
la
sociedad,
creadas
para
tal
fin,
favoreciendo
el
intercambio
de
relaciones
que
la
persona
pueda
establecer
y
enriquecer,
así,
sus
desempeños
a
todo
nivel
para
obtener
el
capital
económico
indispensable
y
forjarse
una
vida
digna
para
sí
y
para
las
personas
con
las
que
convive
y
se
desenvuelve
social
y
culturalmente.
De
estas
interacciones
humanas
e
interrelaciones
sociales
depende
las
posibilidades
de
desarrollo
humano,
y
social
de
las
personas;
dentro
de
esta
perspectiva
es
que
la
Declaración
Universal
de
Bioética
y
Derechos
Humanos
de
la
UNESCO,
insta
a
las
naciones
del
mundo
a
para
adoptar
medidas
vinculantes
que
promuevan,
protejan,
y
garanticen
la
realización
de
los
derechos
a
todos
y
todas
los
ciudadanos
de
la
República
entre
los
que
se
encuentran
de
manera
explícita
el
derecho
a
la
vida,
a
la
integridad,
personal,
a
la
salud,
la
educación,
el
trabajo
que
asegure
ingresos
económicos
que
faciliten
la
satisfacción
de
las
necesidades
básicas
a
los
miembros
de
la
familia.
El
derecho
y
el
deber
de
la
participación
política
a
todo
nivel
ofrece
el
ciudadano
una
conciencia
sobre
lo
que
constituye
la
ética
de
la
solidaridad
y
la
responsabilidad
individual
y
colectiva
en
la
orientación
de
los
destinos
de
la
nación,
y
la
exigencia
a
las
autoridades
instituidas
para
velar
por
el
bien
común
y
la
primacía
del
interés
público
sobre
el
privado,
así,
como
las
garantías
para
el
goce
de
los
derechos
y
libertades
individuales,
económicos
sociales
y
culturales.
Una
persona
hospitalizada
pierde
su
trabajo:
el
trabajo
es
una
obligación
moral,
un
deber
social
y
un
camino
para
el
éxito
personal.
11
;
Como
lo
plantea
Max
Neff,
es
sabido
que
un
individuo
que
sufre
una
promulgada
cesantía
cae
en
una
especie
de
montaña
rusa
emocional,
la
cual
comprende
al
menos
cuatro
etapas:
a)
shock;
b)
optimismo;
c)
pesimismo,
y
d)
fatalismo.
La
última
etapa
representa
la
transición
de
la
inactividad
a
la
frustración
y
de
esta
a
un
estado
final
de
apatía
donde
la
persona
alcanza
el
más
bajo
nivel
de
autoestima.
11
69
El
trabajo
es
la
primera
experiencia
de
participación
del
ser
humano
como
sujeto
social
porque
en
él
puede
desarrollar
el
máximo
de
sus
capacidades,
inter-‐relacionándose
con
sus
congéneres,
sintiéndose
útil
con
la
satisfacción
del
deber
cumplido
y
la
posibilidad
de
proveerse
y
proveer
a
su
familia
el
sustento
diario
para
satisfacer
sus
necesidades
básicas
de
supervivencia
que
mantienen
un
estado
de
salud
adecuada.
El
cuidado
a
nivel
asistencial
12
El
hombre
y
la
mujer,
según
el
mito
de
higinus,
bellamente
narrado
en
la
obra
de
Leonardo
Bof, ubica
el
cuidado
en
quien
detenta
un
organismo
biológico
humano,
porque
la
vida
como
tal
implica
un
cuidadoso
proceso
donde
cada
célula
cumple
una
función
para
aportar
al
todo,
es
decir,
al
cuerpo
compuesto
por
estructuras,
tejidos,
órganos,
sistemas,
como
un
complejo
anatómico,
fisiológico,
necesario
para
mantener
en
equilibrio
perfecto,
llamado
homeostasis.
Ese
maravilloso
ser
perteneciente
a
la
especie
homínida,
cuya
característica
principal
es
la
razón
y
con
ella
todas
las
facultades
superiores
que
lo
hacen
autoconsciente
de
su
existencia
y
posibilidades
de
crecimiento
y
desarrollo,
de
todas
las
esferas
que
constituyen
cada
ser
humano
que
se
concibe,
y
esta
se
desarrolla
en
el
cuerpo
a
través
del
tiempo
y
en
su
devenir
histórico
y
cultural
como
respuesta
a
la
vida
de
relación
con
las
otras
personas
y
el
ambiente
social,
cultural
y
natural
que
conforma
su
entorno.
Pero
esta
criatura
tan
especial
además
de
potencialidades,
también
la
acompañan
limitaciones
originados
en
su
fragilidad
y
vulnerabilidad
cuando
las
condiciones
de
su
naturaleza
biológica
lo
llevan
a
transitar
por
el
dolor,
el
sufrimiento,
la
enfermedad,
la
discapacidad,
la
vejez
y
finalmente
la
muerte,
dura
realidad
que
al
menos
en
la
cultura
occidental
produce
estupor
y
angustia,
estados
emocionales
y
afectivos
que
desconciertan
no
solo
a
quien
las
padece
sino
a
su
núcleo
familiar,
amigos,
y
redes
sociales
más
cercanas.
Ahí,
en
el
seno
de
la
sociedad
y
la
cultura,
se
producen
rupturas
que
hay
que
sanar,
para
recuperar
la
salud
perdida
rehabilitarla,
y
acompañar
para
la
etapa
final
en
el
bien
morir.
Estas
condiciones
inherentes
a
todos
los
seres
vivos
desde
el
comienzo
de
cada
especie
fueron
las
que
le
dieron
origen
al
cuidado
y
al
arte
de
servir.
Desde
la
antigüedad
surgieron
lo
que
hoy
se
denomina
las
profesiones
de
la
salud;
entendidas
como
todas
aquellas
prácticas
científico
técnica
de
atención
a
los
enfermos,
siendo
la
medicina
y
todas
las
llamadas
profesiones
a
fines,
las
encargadas
por
la
sociedad
y
la
cultura
para
ayudar
a
la
naturaleza
presente
en
cada
ser
vivo
a
recuperar
el
equilibrio
perdido
en
el
individuo
afectado
por
la
fragilidad
que
le
lleva
a
enfermar
y
perder
transitoriamente
su
estado
de
salud.
A
la
par
de
estas
profesiones
surgieron
los
sistemas
mal
llamados
de
salud,
porque
lo
que
deben
hacer
es
aportar
sus
conocimientos,
científicos,
técnicos
y
humanos
para
procurar
una
forma
que
permita
al
organismo
el
regreso
de
la
salud
perdida
y
poder
continuar
con
el
proyecto
vital
que
cada
persona
ha
programado
para
un
desarrollo
óptimo
de
sus
capacidades,
además
de
la
restauración
de
su
vida
de
relación
con
los
otros
seres
humanos
con
quienes
convive
y
la
naturaleza
que
lo
sustenta.
Todo
lo
anterior
ha
inspirado
al
hombre
a
estudiar
y
observar
detalladamente
mediante
el
método
científico,
las
razones
causas
o
explicaciones
que
le
permitan
entender
porque
existe
la
enfermedad
y
encontrar
las
formas
de
tratarlas
para
ayudar
al
sufriente
a
recuperar
su
estado
anterior,
para
lo
cual
se
han
formulado
una
serie
de
principios,
postulados,
valores
y
procesos
que
ordenados
por
leyes
superiores
tanto
naturales
como
humanas
podrán
cumplir
con
la
misión
del
cuidar
y
curar
de
la
mejor
manera.
Es
así;
como
todo
este
andamiaje
de
opciones
se
centró
en
las
instituciones
llamadas
hospitales,
clínicas,
centros
de
atención,
orientadas
70
por
una
normatividad,
desde
lo
universal,
hasta
lo
particular
o
local
para
hacer
realidad
el
logro
del
bienestar
humano
y
del
ambiente
natural
que
es
el
que
provee
todos
los
elementos
necesarios
para
mantener
la
supervivencia
de
la
especie
humana
en
el
planeta.
Son
innumerables
los
fenómenos
que
llevan
a
los
seres
humanos
a
enfermar
y
morir
muchas
veces
tempranamente,
razón
por
la
cual
cada
cultura
en
cada
nación
del
mundo
ha
propuesto
desde
las
políticas
públicas,
sistemas
de
atención
a
los
enfermos
de
su
territorio
creando
leyes
que
hagan
posible
la
asistencia
sanitaria
esencial
para
mantener
sus
poblaciones
sanas.
Pero
a
pesar
de
los
grandes
esfuerzos
realizados
y
en
el
vaivén
de
las
políticas
mundiales
regionales,
parece
ser
que
cada
época
se
acerca
o
se
aleja
del
ideal
de
la
salud
debido
a
sus
condiciones
sociales,
culturales
y
económicas
que
afectan
directamente
la
salud
de
los
grupo
humanos.
Los
últimos
estudios
acercándose
a
la
historia
presente
tienen
más
preguntas
y
problemas
que
respuestas
y
soluciones
sobre
todo
a
nivel
de
Latinoamérica,
un
continente
azotado
por
todo
lastres
heredadas
de
una
lamentable
historia
de
conquista,
colonización
y
a
aculturación
de
que
ha
sido
víctima,
en
relaciones
de
poder,
que
lejos
de
manejar
sus
condiciones
de
vida,
pareciera
que
cada
vez
se
sumergen
en
la
pobreza,
la
exclusión,
la
marginación,
la
inequidad
y
la
injusticia
a
que
gobernantes
y
administradores
someten
a
los
ciudadanos
menos
favorecidos
por
la
fortuna.
Una
muestra
lamentable
es
la
formulación
de
las
leyes
que
deben
garantizar
el
derecho
a
la
salud
de
los
ciudadanos
y
ciudadanas
de
las
naciones
latinoamericanas.
La
reducción
del
tamaño
de
los
estados
por
orden
del
as
políticas
y
modelos
multinacionales,
también
han
afectado
al
sector
salud
,
sancionando
leyes
que
van
en
detrimento
de
la
salud
individual
y
colectiva
de
los
países
suramericanos,
la
privatización
de
los
organismos
y
entidades
encargadas
de
la
prestación
del
servicio
público
de
la
salud;
la
intermediación
administrativa
para
el
manejo
de
los
dineros
públicos
de
la
salud,
la
burocratización
exagerada
del
sector,
la
tecnificación
y
protocolización
de
la
atención
y
el
cuidado
de
la
salud,
la
minimización
de
la
autonomía
médica
y
del
resto
de
profesionales
afines
que
contradicen
las
leyes
deontológicas
de
los
mismos
y
crean
confusión
y
conflicto
morales,
éticos,
y
los
bioéticos
en
los
equipos
de
salud
que
deben
atender
a
los
pacientes,
llamados
hoy
usuarios
o
clientes,
para
borrar
el
rostro
sufriente
del
enfermo,
y
convertir
en
mercancía
la
condición
de
la
naturaleza
humana.
El
desarrollo
de
la
salud
pública
y
la
inversión
social
ha
aumentado
la
brecha
que
separa
y
aleja
de
manera
alarmante
la
relación
medico–paciente,
enfermera-‐paciente
objetivando
las
personas
que
solo
representan
un
interés
económico
para
las
empresas
de
salud
cuyo
único
interés
es
garantizar
el
sostenimiento
del
sistema
financiero
que
ha
hipertrofiado
la
parte
administrativa
sacrificando
el
personal
de
salud
que
debe
asistir
a
los
enfermos.
En
este
oscuro
panorama,
los
profesionales
de
la
salud
a
nivel
asistencial
se
debaten
entre
las
exigencias
administrativas
y
el
cumplimiento
cabal
de
sus
deberes
deontológicos,
que
son
los
que
deben
direccionar
la
ética
del
cuidado
en
la
atención
a
los
pacientes
aquejados
por
múltiples
procesos
morbosos,
muchas
veces
ocasionados
por
el
desconocimiento
de
los
determinantes
sociales
y
ambientales
del
estado
de
salud
de
las
personas.
¿Cuál
podría
ser
la
respuesta
a
este
estado
de
cosas?
La
conciencia
moral,
ética
y
bioética
debe
resistirse
a
la
manipulación
y
alineación
que
pretenden
imponer
los
modelos
económicos
vigentes,
a
retomar
el
norte
del
cuidado
interpersonal,
asumiendo
con
valentía
el
cuidado
de
si
para
poder
cuidar
de
los
otros.
La
ética
del
cuidado
debe
interpelar
la
ciudadanía
activando,
la
educación
política
de
todos
y
cada
uno
de
los
sujetos
de
atención,
movilizándose
y
motivar
a
la
movilización
a
todos
los
actores
sociales
que
intervienen
en
la
conformación
de
una
sana
gobernanza;
71
convocando
a
los
servidores
públicos
que
trabajan
en
los
organismos
encargados
de
la
promoción,
protección
y
defensa
de
los
derechos
humanos
en
cada
municipio,
donde
residen
las
personas;
como
las
personerías
municipales,
la
defensoría
del
pueblo,
la
procuraduría
regional
y
nacional
y
la
activación
de
los
mecanismos
de
participación
ciudadana
consagrados
en
la
Carta
Magna
de
cada
nación.
Una
ética
del
cuidado
nivel
asistencial
debe
empoderar
a
los
miembros
de
las
familias
de
los
pacientes,
para
que
reclamen
la
realización
de
todos
los
tratamientos
requeridos
para
sus
enfermos,
una
ética
del
cuidado
a
nivel
asistencial
debe
abrir
espacios
de
debate
ético-‐político
a
nivel
de
los
comités
de
ética
institucional,
comités,
técnico-‐científicos,
comité
de
historias
clínicas
y
oficina
de
talento
humano
para
la
salud.
Una
ética
del
cuidado
debe
revisar
con
ojo
clínico
y
critico
los
protocolos
de
atención
en
cada
servicio
y
especialidad
existente
en
las
instituciones
de
salud,
en
los
servicios
de
cuidado
de
urgencias
y
cuidado
crítico.
Una
ética
del
cuidado,
debe
extremar
la
comunicación
con
los
familiares
de
los
pacientes,
con
las
asociaciones
de
pacientes,
con
las
auditorias
de
salud,
con
los
funcionarios
de
atención
al
mal
llamado
cliente,
con
los
comités
de
habilitación
y
acreditación
de
las
instituciones
de
salud.
Asimismo,
una
ética
del
cuidado,
debe
denunciar,
proponer
y
exigir
las
condiciones
mínimas
requeridas
para
la
prestación
del
servicio
de
salud
a
los
pacientes.
Además,
ejercer
los
derechos
de
objeción
de
conciencia,
secreto
profesional
y
confidencialidad,
en
el
manejo
de
las
historias
clínicas
y
veedurías
estrictos
en
el
uso
de
los
mecanismos
de
control
de
infecciones,
uso
de
medicamentos
y
tratamientos
adecuados
a
cada
caso.
Una
ética
del
cuidado
debe
manejar
cada
vez
más
la
comunicación
con
los
pacientes
con
el
equipo
de
atención,
con
las
normas
ético-‐clínicas,
con
las
condiciones
laborales
de
los
profesionales
implicados
con
la
asistencia
a
los
pacientes.
Debe
actuar
de
manera
reflexiva
frente
a
lo
correcto,
lícito
y
legal
que
garantice
la
integridad
de
los
pacientes
durante
la
permanencia
en
la
institución;
realizar
alianzas
con
los
familiares
y
lograr
con
ellos
un
cuidado
integral
para
el
paciente,
fortaleciendo
la
red
de
apoyo
afectivo,
social,
espiritual,
del
enfermo.
Una
ética
del
cuidado
debe
priorizar
la
atención
inter-‐personal
con
los
pacientes,
por
encima
de
lo
instrumental
y
procedimental
de
asuntos
menores,
delegando
estos
al
personal
auxiliar
y
técnico,
asumiendo
una
observación
directa,
para
recuperar
el
rostro
humano
del
que
sufre
e
interpela
la
humanidad
existente
en
cada
miembro
del
equipo
que
atienda
al
paciente.
Una
ética
del
cuidado
en
la
atención
al
enfermo
debe
cuidar
con
esmero
la
comunicación
con
los
pacientes
y
sus
familias
procurando
un
lenguaje
sencillo
y
comprensible
para
obtener
información
necesaria
que
lleve
a
mantener
la
seguridad
y
bienestar
de
cada
paciente,
y
una
información,
clara,
veraz,
y
oportuna
sobre
su
pronóstico,
tratamiento
y
rehabilitación
al
ser
dado
de
alta.
Asimismo,
reconocer
la
esfera
espiritual
del
paciente
porque
el
espíritu
racional
del
hombre
supera
al
de
otros
seres
vivos.
El
espíritu
humano
posee
intenciones,
conoce
el
mundo
que
lo
rodea
y
se
conoce
a
sí
mismo,
puede
reflexionar
sobre
lo
que
es
y
lo
que
hace,
valora,
puede
decidir
libremente,
se
comunica,
con
los
demás,
se
propone
fines
para
lograr
su
plenitud,
y
se
proyecta
al
futuro,
trabajo
bien
complejo,
como
para
que
pueda
ser
realizado
solo
por
reacciones,
físico-‐químicas
de
los
componentes
moleculares
del
cerebro
o
el
resto
de
órganos
que
contiene
su
cuerpo,
solo
una
potencia
espiritual,
lo
puede
realizar
como
ser
vivo,
de
superior
jerarquía
y
con
una
dignidad
intrínseca
imposible
de
soslayar.
Esto
pone
de
relieve
los
procesos
síquicos
espirituales
sobre
los
13
procesos
físico-‐químicos
lo
que
lo
hace
un
ser
además
de
material
también
espiritual.
72
Para
cerrar
este
aparte,
el
cumplimiento
de
los
deberes
corresponde
a
la
ética
cuidado,
el
deber
que
procede
del
decoro,
lleva
ante
todo
a
vivir
en
armonía
entre
la
observación
de
las
leyes
que
rigen
el
desempeño
profesional
en
salud
y
las
leyes
de
la
naturaleza.
Si
se
toma
la
naturaleza
como
guía,
no
se
alejara
del
recto
camino
y
se
conseguirá
la
natural
perspicacia
y
agudeza
de
la
mente,
una
conducta
conforme
a
la
convivencia
civil
y
fuerza
y
vigor
del
carácter,
pero
la
mayor
fuerza
del
decoro
reside
en
lo
que
se
está
exponiendo
y
no
solamente
hay
que
aprobar
los
movimientos
del
cuerpo
según
su
naturaleza.
Si
no
los
sentimientos
del
alma
cuando
14
están
acomodados
en
la
naturaleza.
La
ética
del
cuidado,
siguiendo
a
Cicerón,
es
desarrollar
el
arte
de
armonizar
la
condición
biológica,
material,
corpórea
y
natural
del
ser
humano,
con
la
naturaleza
racional
intuitiva
y
sensible
que
lleva
al
hombre
a
trascender
la
inmediatez
a
que
lo
avoca
su
cuerpo
para
remontarse
a
las
esferas
espirituales
de
donde
provienen
sus
dones
y
talentos
éticos
y
estéticos
para
proyectar
su
vida
en
medio
de
un
entorno
donde
los
valores
universales
se
constituyan
en
el
norte
para
orientar
su
existencia
hasta
lograr
el
fin
último
al
momento
de
su
muerte.
Conclusiones
La
bioética
como
nueva
disciplina
del
saber
humanístico
plantea
una
visión
crítica
de
la
conducta
de
los
seres
humanos
cuando
en
sus
elecciones
y
decisiones
están
fomentando
rupturas
que
fragmentan
peligrosamente
la
trama
de
la
vida
natural
que
sustenta
la
existencia
humana
en
el
planeta.
La
ética
del
cuidado
ha
trascendido
el
ámbito
estricto
de
las
ciencias
médicas
y
afines
traspasando
el
horizonte
multidisciplinario,
ya
que
el
problema
que
ha
generado
la
ciencia
sin
conciencia,
ha
causado
destrucción
y
muerte
de
infinidad
de
especies
vivas,
que
fortalecían
a
todos
los
elementos
de
la
naturaleza
para
garantizar
una
sana
posibilidad
de
supervivencia
para
las
generaciones
venideras.
La
deshumanización
que
ha
traído
al
subcontinente
latinoamericano
la
implantación
acrítica
y
a
histórica
de
modelos
económicos
neoliberales
y
las
políticas
públicas
de
gobernantes
irresponsables
al
entregar
en
manos
de
las
multinacionales
del
comercio
y
los
capitales
de
los
países
en
desarrollo,
incluyendo
la
mano
de
obra
barata
para
la
producción
industrial
a
gran
escala,
creando
condiciones
que
han
profundizado
las
inequidades
producto
de
la
injusticia
social
para
los
pueblos.
Todo
ello
requiere
del
imperativo
del
cuidado
que
oriente
y
revitalice
las
oportunidades
de
mejora
de
la
calidad
de
vida
de
los
latinoamericanos
como
opción
para
un
desarrollo
humano
digno
para
la
región
de
las
Américas.
El
cuidado
de
la
salud
y
la
vida,
de
los
ciudadanos
latinoamericanos,
se
relaciona
con
el
empoderamiento
y
la
toma
de
conciencia
de
los
profesionales
del
sector,
para
que
organizados
asuman
la
defensa
de
los
derechos
fundamentales
a
la
vida,
la
integridad
y
la
salud
como
sustrato
necesario
para
recuperar
el
equilibrio
perdido
y
poder
acceder
a
las
oportunidades
del
desarrollo
de
las
capacidades,
en
un
entorno
de
trabajo
que
a
su
vez
garantice
la
sobrevivencia
digna
para
él
y
su
núcleo
familiar.
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74
HACIA
UNA
PEDAGOGÍA
DE
LA
[DE]LIBERACIÓN:
“TRASTIENDA”
DE
UNA
EXPERIENCIA
“ATÍPICA”
Patricia
Sorokin
Magíster
en
Bioética
(Universidad
de
Chile/OPS).
Magíster
en
Salud
Pública
y
Doctora
en
Ciencias
Sociales
(Universidad
de
Buenos
Aires,
UBA).
Docente-‐Investigadora
(Facultad
de
Medicina-‐UBA),
Profesora
del
Diplomado
en
Bioética
(FLACSO),
Argentina
Contacto:
[email protected]
Para
León
Correa
(2008
p.
12),
el
campo
de
la
bioética
se
ha
ido
ampliando
cada
vez
más
desde
la
ética
clínica
a
las
cuestiones
de
ética
global
y
ambiental,
y
a
los
problemas
de
la
ética
de
las
instituciones
y
sistemas
de
salud.
El
mayor
desarrollo
en
la
docencia
y
en
libros
y
artículos
se
ha
producido
en
bioética
clínica,
pero
las
propuestas
de
una
bioética
global,
centrada
en
la
supervivencia
en
un
mundo
pluralista
y
complejo,
merecen
una
reflexión
juiciosa,
teniendo
presente
las
necesidades
de
la
enseñanza
de
la
misma.
Por
lo
tanto,
existe
un
amplio
campo
de
contenidos,
tanto
por
la
materia
en
sí
misma
como
por
su
abordaje
desde
muy
diferentes
disciplinas.
Habida
cuenta
que
la
historia
de
la
bioética
“es
más
el
registro
de
los
pioneros
⎯personas
e
instituciones⎯
y
el
curso
actual
de
la
investigación
y
el
trabajo,
antes
que
un
relato
concluido
o
conclusivo”
(Maldonado
2005,
p.
26);
quienes
investigan
y/o
enseñan
son,
al
mismo
tiempo,
actores
sociales
relevantes.
La
innegable
presencia,
en
América
Latina
y
el
Caribe,
de
“intelectuales
que
escriben,
trabajan,
dan
conferencias,
generan
conocimiento,
juntan
a
la
gente
alrededor
de
cuestiones
importantes
y
graves
simplemente
por
vocación
[…]
y
a
pesar
de
no
ser
reconocidos
muchas
veces”
(Pfeiffer
2009,
p.
10),
ameritaba
un
trabajo
mancomunado
que
se
focalizara
en
la
generación
y
gestión
de
un
conocimiento
científico
abierto,
acumulativo,
comprobable,
sistemático
y
“en
nuestro
idioma”.
Para
crear
conciencia
en
materia
de
contenidos
bioéticos,
“no
tradicionales”,
capaces
de
revertir
la
dicotomía
existente
entre
teoría
y
práctica,
entre
contexto
internacional
y
realidad
local,
entre
repetición
memorística
e
irreflexiva
y
producción
de
conocimientos
1
útiles
y
aplicables;
esta
“estrategia
innovadora”
se
orientó
a
ejercitar,
según
propone
Ogando
Díaz
(2010,
p.
53)
“los
hábitos
de
la
deliberación
(escuchar,
estar
abierto
a
las
razones
de
los
otros,
contemplar
perspectivas
diferentes,
tener
en
cuenta
los
intereses
de
todos
los
implicados
y
estar
siempre
dispuesto
a
cambiar
en
virtud
de
los
mejores
argumentos)”.
Esta
se
articuló
e
integró
con
una
estrategia
de
gestión
del
cambio,
en
el
entendimiento
que
“es
más
fácil
desintegrar
un
átomo
que
2
un
prejuicio”
(Einstein
dixit).
En
tal
sentido,
se
apuntó
al
cambio
(de
paradigma,
de
actitud
y
de
mentalidad)
con
el
objeto
de
darle
visibilidad
social
a
cuestiones
tales
como:
la
construcción
colectiva
de
saberes,
la
declaración
de
conflictos
de
interés,
la
deliberación,
el
diálogo,
la
independencia
de
criterio,
el
trabajo
en
equipo
y
la
transparencia
comunicacional,
en
aras
de
generar
conocimientos
“situados”
en
“nuestra
realidad
regional”.
1
A
la
cual
se
le
aplicó,
en
todas
las
instancias
del
proceso,
aquel
imperativo
kantiano
que
no
por
reiterado
haya
perdido
vigencia:
no
se
debe
utilizar
a
las
personas
como
un
mero
medio
ya
que
estas
son
un
fin
en
sí
mismas.
2
Citado
por
Wulfsohn
E,
Gómez
Pérez
C.
Bioética
y
la
experimentación
con
animales.
En
Sorokin
P.
(Coord.)
Bioética:
entre
utopías
y
desarraigos.
Libro
Homenaje
a
la
Prof.
Dra.
Gladys
J.
Mackinson.
Buenos
Aires:
Ad
Hoc;
2002:
180.
75
La
gestión
de
conocimientos,
creemos,
emerge
como
el
recurso
más
asequible
para
facilitar
el
acceso
a
la
información.
Conscientes
3
de
que
“temas
éticos
tales
como
el
uso
racional
del
recurso”
(Finn
2014)
se
vinculan
indubitablemente
con
la
justicia,
se
brindó
efectiva
cabida
y
participación
a
esa
masa
crítica
de
profesionales
(de
aquí,
de
allá,
y
de
acullá)
que,
sea
debido
a
la
falta
de
tiempo,
a
la
sobrecarga
laboral
o
a
“la
escasez
de
fondos”;
con
reiterada
frecuencia
se
ve
imposibilitada
de
suscribirse
a
revistas
especializadas,
de
asistir
a
reuniones
formativas
para
conocer
los
nuevos
desarrollos
científico-‐tecnológicos
y/o
de
poder
multiplicar
y
transferir
sus
propios
logros.
Tales
logros
no
siempre
han
logrado
formar
parte
de
lo
que
se
denomina
“estado
del
arte”
(anglicismo
que
usualmente
se
traduce
como
"tecnología
de
punta",
"lo
último
en
tecnología"
o
"tecnología
de
vanguardia")
ni
tampoco
han
podido
llegar
al
"gran
público”
4
debido
a
que
la
“evidencia
estadística” se
reduce
a
lo
estrictamente
cuantitativo
(“factor
de
impacto”,
“productividad
científica”,
“estar
en
el
candelero”)
y
pierde
de
vista
los
aspectos
cualitativos
(obstáculos
y
barreras,
tanto
de
índole
económica
y
social
como
institucional
y
política,
amen
de
las
diferencias
idiomáticas,
las
“alianzas
estratégicas”
y
los
“intereses
paralelos”).
Al
respecto,
“no
cabe
duda
que
en
la
actual
`sociedad
del
conocimiento´
existen
estrechos
vínculos
entre
la
ética
de
la
investigación
y
el
estado
de
desarrollo
humano
de
un
país.
En
ello
están
implicados
no
solo
la
comunidad
de
investigadores
sino
también
el
ámbito
institucional
a
través
de
sus
políticas
educativas
y
sus
leyes
y
regulaciones
específicas.
Más
aún,
son
estas
instituciones
responsables
de
las
políticas
de
investigación
las
que
han
de
establecer
prioridades
en
el
marco
de
una
planificación
a
largo
plazo”
(Rovaletti,
2009,
p.
129).
Para
el
Diccionario
de
la
Real
Academia
Española
(1992)
“definir”
consiste
en
“fijar
con
claridad,
exactitud
y
precisión
la
significación
de
una
palabra
o
la
naturaleza
de
una
persona
o
cosa”.
Pero,
comentarios
como
“yo
no
tengo
obligación
para
con
Fulanito
o
Menganita”
manifiestan
la
impronta
subjetiva,
variable
e
interpretable
del
concepto
“obligación”,
por
su
uso
extendido
(Sorokin,
Duro
y
Benites
Estupiñán,
2014). Algo
semejante
sucede
con
la
palabra
“patrocinar”,
cuyas
acepciones
son:
a)
“defender,
proteger,
amparar,
favorecer”,
b)
“apoyar
o
financiar
una
actividad
frecuentemente
con
fines
publicitarios”.
Si
el
rol
del
patrocinador
(pudiendo
ser
este
alguna
universidad,
un
hospital,
la
industria
⎯de
equipos
médicos,
farmacéutica
o
tecnológica⎯,
así
como
un
organismo
público
o
privado,
nacional
o
internacional)
solo
se
limitara
a
“apoyar
o
financiar
una
actividad
con
fines
publicitarios”;
dilapidaría
su
“capital
intelectual”
(des-‐cuidándolo,
por
dejarlo
“a
la
intemperie”),
incumpliendo
así
con
la
obligación
de
“defender,
proteger,
amparar,
favorecer”
a
su
“factor
humano”
y
a
los
recursos
derivados
de
este.
Por
tal
motivo,
creemos
“conveniente
elaborar
nuevos
enfoques
de
la
responsabilidad
social
para
garantizar
que
el
progreso
de
la
ciencia
y
la
tecnología
contribuy[a]
a
la
justicia
y
la
equidad”
(UNESCO
2005,
Preámbulo),
solicitando
y
teniendo
en
cuenta
la
opinión
de
quienes,
“a
pesar
de
no
ser
reconocid[a]s
muchas
veces”,
son
las
personas
más
idóneas
para
aportarle
experiencia
y
experticia
al
armado
de
una
planificación
de
prioridades
organizacionales
a
corto,
mediano
y
largo
plazo.
3
Comprometerse
con
“quienes
lo
necesitan
[no
es
un
gesto
de
“generosidad”,]
constituye
un
imperativo
ético.
Podría
sugerirse,
entonces,
que
la
justicia
social
proviene
de
la
honda
raigambre
religiosa
que
considera
la
ayuda
al
prójimo
como
una
mitzvá
(obra
de
bien),
siendo
una
constante
en
el
Antiguo
Testamento
[…]
la
palabra
tzedaká,
en
idioma
hebreo
[…]
adquiere
características
tales
que
la
encuadran
en
el
nivel
de
un
deber
de
justicia.
El
objetivo
principal
de
la
tzedaká
está
dado
por
restituir
a
cada
ser
humano
su
propia
dignidad
en
tanto
persona”
(Mackinson,
2003,
p.
80)
4
Pítirim
Sorokin
acuñó
el
término
quantofrenia
para
referirse
a
la
sobrevaloración
del
dato
numérico.
76
Teniendo
como
premisa
que
el
bienestar
individual
nunca
debe
predominar
por
sobre
el
bien
común,
se
procedió
a
colocar
“el
5
primer
ladrillo”
de
una
pedagogía
de
la
[de]liberación,
con
la
intención
de
compartir
un
ámbito
de
reflexión
y
reconocimiento
recíproco
en
un
clima
amable
y
amigable
en
el
cual
primen
la
libre
expresión,
la
camaradería
y
el
espacio
de
encuentro
interdisciplinario,
intergeneracional
e
intersectorial.
Para
Freire
(1992)
la
educación
liberadora
consiste
en
un
proceso
a
través
del
cual
las
personas
toman
conciencia
de
su
condición
de
tales
en
relación
con
el
contexto
que
las
rodea.
Sostenida
en
la
“deliberación
depurada
de
vicios
y
distorsiones
[y
contando
con]
la
palabra
como
única
herramienta
de
acción”
(Kottow
2011,
p.
55),
esta
opción
metodológica
se
constituye
en
“un
ejercicio
epistemológico”
(Freire
2012,
p.
13)
que
apuesta
a
la
producción
de
conocimiento
como
bien
público
(Schupack,
Sorokin
y
Suárez
2011,
p.
10).
Sin
embargo,
la
producción
de
conocimiento
científico
[por
lo
general
se
representa
exclusiva
y
excluyentemente]
con
la
imagen
del
“genio
creador”.
[…]
Esta
imagen
de
persona
genial
y
aislada
se
refuerza
en
la
ceremonia
anual
de
entrega
de
los
premios
Nobel,
ocasión
en
la
cual
una
persona
sola
recibe
un
reconocimiento
a
las
investigaciones
de
química
o
de
física,
entre
otras.
En
la
Argentina,
esta
idea
se
refuerza
por
el
poco
reconocimiento
que
tiene
la
tarea
científica.
Y
las
únicas
referencias
son
los
Premios
Nobel
como
Leloir,
Milstein
o
Houssay,
presentados
como
personas
aisladas
y
no
como
equipo
científico
(s/a,
2012).
Generalmente,
la
“producción
de
conocimiento
científico”
se
corresponde,
entre
otras,
con
“las
investigaciones
de
química
o
de
física”.
Dicho
reduccionismo
podría
superarse
“reconociendo
que
la
salud
no
depende
únicamente
de
los
progresos
de
la
investigación
científica
y
tecnológica
sino
también
de
factores
psicosociales
y
culturales
[y]
las
decisiones
relativas
a
las
cuestiones
éticas
relacionadas
con
la
medicina,
las
ciencias
de
la
vida
y
las
tecnologías
conexas”
(UNESCO,
2005,
Preámbulo),
claro
está,
“merecen
una
reflexión
juiciosa
[en
consonancia
con
un]
abordaje
desde
muy
diferentes
disciplinas
(León
Correa
2008,
p.
12).
6
En
tiempos
de
“globalización
de
la
indiferencia”
el
uso
del
plural
y
la
valoración
de
lo
plural
parecieran
haber
caído
en
desuso,
quizá
debido
a
“la
falta
de
conciencia
de
cierta
dimensión
ética
asociada
con
la
valoración
y
respeto
por
[todas]
las
personas”
(Luna
2001,
p.
120).
Por
ende,
se
pretendió
reconocer
a
quienes,
“abriendo
mentes”
y
construyendo
“puentes
hacia
el
futuro”,
hacen
“camino
al
andar”;
con
la
intención
de
conocer
en
profundidad
su
tarea
científica
para
favorecer
una
constante
retroalimentación
que
permita
luego,
contribuir
a
instalar
esos
temas
actuales,
originales
y
controversiales
en
la
agenda
pública.
Tras
una
muy
exhaustiva
búsqueda
de
“referencias
bibliográficas”
(editas
e
inéditas)
y
de
“referentes
en
la
materia”,
para
cada
tema,
se
elaboró
un
plan
de
acción
que
favoreciera
el
contacto
directo
con
tales
personas/personalidades,
conjeturando
que
la
producción,
dispersión
y
falta
de
acceso
a
una
buena
base
de
datos
en
español
y
en
portugués,
obedece
en
gran
medida,
a
la
ausencia
de
bibliografía,
calificada
como
“antieconómica”
por
estar
destinada
a
un
“reducido
número
de
usuarios
y
consumidores”,
dado
que
el
mayor
volumen
de
literatura
específica
se
encuentra
publicado
en
lengua
inglesa.
Para
garantizar
el
acceso
equitativo
(pilar
fundamental
de
la
Atención
Primaria
de
la
Salud,
APS)
a
un
espacio
en
el
cual
los
conocimientos
ya
existentes
circulen
y
otros
nuevos
conocimientos,
construidos
entre
todos,
se
vayan
generando
(sin
que
para
ello
5
Esta
“pedagogía
de
la
[de]liberación”
se
complementa
con
una
“formación
de
formadores/as
des-‐interesada”,
es
decir,
“libre
de
conflictos
de
interés”.
77
sea
necesario
apelar
a
una
forma
de
comunicación
“asimétrica,
irregular,
informal”
(Digilio
2004,
p.
220);
se
diseñó
un
“lugar
de
encuentro”,
real
y
virtual,
en
el
cual
pares
y
dispares
pudieran
disponer
del
tiempo
y
de
la
oportunidad
para
poder
intercambiar
reflexiones,
“sueños”
y
propuestas.
Con
el
propósito
de
“promover
las
posibilidades
de
un
debate
público
pluralista
e
informado,
en
el
que
se
expresen
todas
las
opiniones
pertinentes”
(UNESCO
2005,
Artículo
18,
3)
se
fueron
asignando
temas
“a
medida”.
Simultáneamente,
se
conformaron
equipos
de
trabajo
mediante
“alquimias”
y
“celestinajes
profesionales”,
con
la
“illusion”
de
poder
cimentar
y
“construir
confianza”
interpersonal.
El
criterio
de
inclusión
fue
el
único
que
prevaleció.
Y,
si
bien,
en
un
principio,
fueron
invitadas
a
sumarse
muchas
más
personas
que
las
que
finalmente
participaron
de
la
iniciativa,
el
“margen
de
error”
estuvo
dado
por
la
imposibilidad
fáctica
(“trabajos
impostergables”)
o
técnica
(dificultades
horarias
o
“de
conexión”
en
línea)
de
poder
involucrarse
“ahora”.
Conciliar
los
tiempos
individuales,
los
“deberes”
familiares
y
laborales,
las
motivaciones
grupales
y
los
intereses
institucionales
podría
tornarse
imposible
cuando
personas
con
distinta
formación
académica,
edad,
inserción
profesional
y
nacionalidad,
participan
de
un
intercambio
liberador
de
ideas
y
al
hacerlo
“le
ponen
el
cuerpo”,
la
mente
y
“el
alma”
a
la
tarea,
para
analizar
asuntos
de
vital
relevancia
regional
por
sobre
otros
“que
no
son
de
prioridad
en
nuestros
países”
(Torres,
Duro,
Manrique,
Ramírez
y
López
2008,
p.
50).
Con
la
finalidad
de
propiciar
procesos
de
circulación
de
saberes
teórico-‐prácticos,
transferibles
y
multiplicables
en
el
campo
académico-‐científico
y
también
en
áreas
en
las
cuales
se
formulan
y
ejecutan
políticas
públicas,
se
promovió
la
sinergia
para
que
todas
las
personas
convocadas,
además
de
sentirse
respetadas
en
sus
opiniones,
se
sintieran
reconocidas
en/por
su
quehacer.
En
dicho
proceso,
contradictorio
y
complejo
por
las
idas
y
vueltas
que
se
suscitan
cuando
se
promueve
una
interacción
basada
en
el
7
protagonismo
de
todos
y
de
todas;
concretar
la
suma
y
la
multiplicación
de
saberes,
“no
resulta
para
nada
fácil”:
ni
siquiera
cuando
en
dicho
espacio
deliberativo
coexisten
la
claridad
y
la
creatividad
para
transmitir
conceptos,
la
horizontalidad
en
las
relaciones
humanas,
el
ejercicio
de
la
ciudadanía,
la
cooperación
recíproca
y,
ocasionalmente,
el
diálogo
interlingüístico.
Porque
“más
allá
de
las
buenas
intenciones,
no
[siempre]
todo
lo
que
brilla
es
oro”
y,
al
decir
de
Gracia
Guillen
(2000,
p.
38),
la
deliberación
no
es
un
comportamiento
natural.
De
manera
natural,
todo
el
mundo
cree
estar
en
posesión
de
la
verdad
y
piensa
que
todos
aquellos
que
defienden
opiniones
o
creencias
distintas
de
las
suyas
son
tontos
o
malos.
Deliberar
es
un
proceso
de
auto
educación.
Quizá
también
sea
un
proceso
de
auto
análisis,
y
hasta
un
cierto
punto,
una
terapia.
Sócrates
estuvo
toda
su
vida
educando
a
jóvenes
a
través
de
la
deliberación,
o
en
el
proceso
de
la
deliberación.
Sócrates
no
respondió
preguntas,
solo
ayudó
a
la
gente
a
encontrar
sus
propias
respuestas
a
las
preguntas.
6
Para
profundizar
en
la
temática,
se
recomienda
muy
especialmente
el
artículo
“Algumas
reflexões
bioéticas
em
situação
de
catástrofes”
de
Leo
Pessini
que
puede
hallarse
en
la
Tercera
Parte,
este
mismo
libro,
referida
a
Bioética
y
Salud
Pública.
7
Que
se
producen
cuando
se
reflexiona
conjunta
y
simétricamente,
sin
anteponer
jerarquías,
sin
alegar
hallarse
en
veredas
contrapuestas
y
sin
imponer
un
pensamiento
único
con
pretensión
universalizante.
78
Y
ese
fue/es,
también,
nuestro
rol:
acompañar
el
proceso
de
“reflexión
personal
como
método
de
conocimiento”
(Rueda
Castro,
s/f),
desde
una
posición
no
directiva
y
manteniendo
una
“distancia
óptima”,
de
modo
tal
que
cada
quien
pueda
encontrar
sus
propias
respuestas.
“Sin
prisa
pero
sin
pausa”
(aunque
con
“escollos
esperables”),
cada
persona
en
forma
individual
y
cada
equipo
en
forma
grupal,
atravesó
diversas
instancias
entre
las
que
sobresalieron
la
inacción
frente
a
una
hoja
en
blanco
que,
tras
el
“primer
esbozo”,
se
fue
transformando
en
un
“documento
multicolor”
que
“creció
y
se
desarrolló”
gracias
a
los
aportes
de
conocimiento,
de
literatura
actualizada
y
de
“afecto”
que,
paulatinamente,
permitieron
organizar
la
acción
para
arribar
⎯en
todos
los
casos⎯
a
un
“producto”
(“el
Frankestein
hermoseado”)
que
causó
“enamoramiento”
y
renovó
el
“entusiasmo”
por
cumplir
con
una
nueva
misión.
Propendiendo
a
que
el
prójimo
sea
sentido
y
tratado
como
alguien
próximo
(aunque
esté
en
las
antípodas
ideológicas
y/o
a
una
relativa
distancia
geográfica),
se
pusieron
en
funcionamiento
los
estándares
de
“BPC”,
abreviatura
con
la
cual
se
resignificó
la
ya
conocida
sigla
de
Buenas
Prácticas
Clínicas
para
dar
cuenta
de
la
necesidad
de
implementar
Buenas
Prácticas
Comunicacionales
orientadas
a
promover
una
Buena
Producción
de
Conocimientos
generados
Colectivamente.
Previendo
se
produjera
una
brecha
insondable
entre
personas
que,
desde
un
supuesto
saber
y
un
supuesto
poder,
se
consideraran
a
sí
mismas
como
“esclarecidas”
en
la
temática,
procurando
“explicar”
el
asunto
a
quienes,
arbitrariamente,
ubican
en
el
rol
de
“ignorantes”;
instauramos
una
nueva
categoría
científica
compuesta
por
“co-‐legos”
y
“co-‐legas”
ya
que
a
dialogar,
a
debatir
y
a
disentir
se
aprende
dialogando,
debatiendo,
disintiendo
y,
“por
muy
evidente
que
una
conclusión
parezca,
la
práctica
de
la
ética
discursiva
exige
la
contrastación
de
opiniones
y
la
tolerancia
[aunque]
esta
`actitud´
todavía
no
asegura
resultados”
(Álvarez
Díaz,
Lolas
Stepke
y
Outomuro
2006,
p.
22).
La
bioética
“no
se
predica,
se
practica”:
es
por
ello
que
esta
pedagogía
no
convalida
“la
ética
del
mercado
y
la
supresión
del
sujeto”
(Nenkies
2002);
se
funda
en
un
modelo
de
abordaje
“caleidoscópico”
en
el
cual
se
expresan
“civilizadamente”
los
pareceres
de
distintos
actores
sociales
que,
desde
perspectivas
intencionadamente
heterogéneas,
hacen
visible
lo
oculto,
audible
lo
silenciado,
manifiesto
lo
latente,
pensable
lo
impensado
e
incierto
lo
obvio,
atento
que
“por
más
que
el
heterocontrol
jurídico
sea
importante,
es
aún
más
necesario
promover
la
reflexión
y
la
deliberación
[…]
a
fin
de
aumentar
el
autocontrol
moral,
es
decir,
la
responsabilidad”
(Bergel
2003,
p.
318).
En
esta
experiencia
“atípica”
con
“final
feliz”
hay
un
grupo
de
personas
muy
valiosas
que
“hacen
del
ejercicio
de
su
intelectualidad
un
acto
de
entrega”
(Pfeiffer,
2009,
p.
10),
demostrando
así
su
“apertura
social,
[su]
autorrealización
personal
y
[su]
compromiso
comunitario”
(Mainetti
2008,
p.
37).
8
Para
replicar
la
dinámica
“no
hace
falta
equipaje”,
“subsidios”
ni
“ceremonias”;
solo
se
requiere
“apasionarse”
para
que
la
invitación
a
ser
protagonista
se
convierta
en
“una
necesidad
sentida
[y
no
en]
una
realidad
impuesta”
(Cardozo
y
Mrad,
2013);
siendo
preciso,
asimismo,
realizar
una
constante
reformulación
que
permita
adaptar
el
método
a
las
necesidades
y
a
las
demandas
concretas
de
cada
momento
y
lugar.
79
“¡Hay
equipo!”.
Gracias
a
todas
las
personas
(recurso
humano)
que,
cotidianamente,
donan
conocimiento
(recurso
invisible)
y
9
10
tiempo
(recurso
escaso
y
no
renovable)
para
abogar
activamente
por
el
derecho
a
la
esperanza.
América
Latina
y
el
Caribe
cuentan
con
un
“capital
intelectual”
(recurso
intangible)
que
presta
beneficios
y
se
puede
compartir
(UNESCO
2005,
Artículo
15,
1.
e ).
Esa
“utopía
posible”
permite
dar
cuenta
de
un
fenómeno
incipiente:
la
“globalización
de
la
11
solidaridad”.
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Pfeiffer
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Bioética
¿estrategia
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dominación
para
América
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Mar
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Plata:
Editorial
Suárez;
2004:
215-‐236.
Domingo
Moratalla
T.
Bioética
y
cine.
De
la
narración
a
la
deliberación.
Madrid:
San
Pablo;
2011.
Finn
B.
Disertación
en
el
marco
de
la
mesa
redonda
sobre
Bioética
práctica
para
clínicos.
1°
Congreso
Internacional
Ibero-‐Panamericano
de
Medicina
Interna.
Sociedad
Argentina
de
Medicina
(SAM)-‐Universidad
Católica
Argentina
(UCA).
Buenos
Aires:
04/11/2014.
Freire
P.
Pedagogía
del
Oprimido.
Madrid:
Siglo
XXI;
1992.
Freire
P.
Pedagogía
de
la
esperanza.
México:
Siglo
XXI;
2002.
Freire
P.
Pedagogía
de
la
indignación.
Cartas
pedagógicas
en
un
mundo
revuelto.
1ª
edición.
Ana
Laura
Guerrero
(Trad.)
Buenos
Aires:
Siglo
Veintiuno
Editores;
2012.
Gracia
Guillen
D.
La
deliberación
moral.
El
papel
de
las
metodologías
en
ética
clínica.
Comités
de
ética
asistencial.
En
Sarabia
y
Alvarezude
J,
de
los
Reyes
López
M
(Eds.)
Madrid:
ABFyC.
Los
destacados
en
bastardilla
nos
pertenecen;
2000:
21-‐41.
Guilhem
D,
Diniz
D,
Zicker
F
(Eds.).
Pelas
lentes
do
cinema:
bioética
e
ética
em
pesquisa
Brasilia:
LetrasLivres-‐Editora
UnB;
2007.
Kemelmajer
de
Carlucci
A.
Ponencia
presentada
en
las
XIII
Jornadas
Argentinas
y
Latinoamericanas
de
Bioética
en
la
Universidad
Nacional
de
Cuyo,
Asociación
Argentina
de
Bioética
Mendoza:
21/11/2008.
Los
destacados
en
bastardilla
nos
pertenecen;
2008.
8
Que
venimos
desarrollando,
ininterrumpidamente,
desde
el
año
1994.
El
término
“abogante”
(también
traducido
como
abanderado,
abogado,
apóstol,
defensor,
guardián
y
protector,
entre
otros)
se
asocia
con
el
conjunto
de
prácticas
que
tienen
por
objeto
interceder
en
defensa
de
una
causa
considerada
justa
con
miras
a
incidir
sobre
ese
estado
de
situación.
10
“La
esperanza
de
poder
gozar
mañana
de
una
vida
mejor,
por
su
íntima
conexión
con
la
dignidad
de
la persona
[…]
gira
en
la
órbita
gravitatoria
del
núcleo
duro
de
los
derechos
personalísimos,
que
a
todo
ser
humano
se
le
deben
reconocer
aún
sin
norma
legal
que
de
manera
concreta
los
establezca
[…]
La
esperanza
también
es
un
derecho”
(Citado
por
Kemelmajer
de
Carlucci,
2008).
11
Concepto
sugerido
por
Leo
Pessini.
Op.
Cit.
6.
9
80
Kottow
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Derechos
Personalísimos
y
VIH/sida:
¿`de
la
salud
para
todos´
a
la
`salud
para
quienes
cuentan
con
los
medios
para
el
acceso´?
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Declaración
Universal
de
Bioética
y
Derechos
Humanos.
2005.
Segunda
Parte
TEMAS
DE
BIOÉTICA
CLÍNICA
82
ALCANCES
Y
LÍMITES
DEL
ESFUERZO
TERAPÉUTICO
EN
ADULTOS
MAYORES
GRAVEMENTE
ENFERMOS
Carlos
Apezteguia
Médico,
especialista
en
Terapia
Intensiva.
Consultor
en
Medicina
Intensiva
Respiratoria
y
Coordinador
del
Comité
de
Bioética
del
Hospital
Prof.
A.
Posadas.
El
Palomar,
Argentina
Miembro
de
sociedades
de
Terapia
Intensiva
y
de
Ética
Contacto:
[email protected]
Noemí
Cacace
Linares
Médica,
especialista
en
Terapia
Intensiva.
Docente
de
Farmacología,
Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina)
y
Secretaria
del
Comité
de
Bioética
del
Hospital
Prof.
A.
Posadas
en
El
Palomar,
Argentina
Mónica
Capalbo
Médica
de
Planta
del
Servicio
de
Terapia
Intensiva
y
Miembro
del
CEI
del
Hospital
General
de
Agudos
Dr.
José
M.
Penna.
Presidenta
del
Comité
de
Bioética
de
la
Sociedad
Argentina
de
Terapia
Intensiva
Gisela
Farias
Lic.
en
Psicología.
Dra.
en
Filosofía
del
Derecho
(UBA).
Asesora
en
Bioética
de
la
Unidad
de
Cuidados
Paliativos
del
Hospital
Tornú,
Argentina
Graciela
Nora
Kullock
Abogada
especializada
en
Bioética
y
Derechos
Humanos,
Argentina
Claudia
Muravchik
Médica,
especialista
en
Terapia
Intensiva.
Médica
de
Staff
del
Servicio
de
Terapia
Intensiva
y
del
Servicio
de
Clínica
Médica
del
Hospital
Dr.
Julio
C.
Perrando
en
Resistencia,
Chaco,
Argentina
Docente
del
Curso
de
Comunicación
para
Residentes.
Integrante
del
Comité
de
Muertes
Maternas
Contacto:
[email protected]
A
través
de
la
historia,
las
diferentes
épocas
han
producido
cambios
al
interior
de
las
relaciones
intersubjetivas,
en
el
lenguaje
y
en
la
vida
misma.
La
población
en
algunos
países
ha
envejecido
de
manera
importante
al
prolongarse
el
promedio
de
vida
y
al
poder
programar
e
incluso
disminuir
la
tasa
de
nacimientos.
Ya
no
se
tienen
tantos
hijos,
a
veces
ninguno,
pero
la
vida
se
ha
alargado
lo
suficiente
como
para
acercar
a
los
individuos
al
sueño
de
no
morir
jamás,
tan
largamente
acariciado
a
través
de
la
historia
y
la
literatura.
La
posibilidad
de
llegar
a
la
ancianidad,
entendida
a
los
fines
de
estudio
demográfico
como
un
valor
arbitrario
que
consiste
en
ser
mayor
de
65
años,
ha
aumentado
progresivamente
a
nivel
mundial.
Esto
se
refleja
en
los
datos
correspondientes
a
la
expectativa
de
vida
al
nacer.
No
existe
una
definición
inequívoca
que
incluya
a
aquellas
personas
que
deberíamos
considerar
como
ancianas.
El
inicio
de
la
ancianidad
puede
estar
relacionado
con
el
envejecimiento,
con
cuestiones
culturales,
que
tienen
que
ver
con
roles
determinados
y
que
varían
de
una
cultura
a
otra;
también
se
relaciona
con
la
producción
económica
o
puede
relacionarse
con
una
edad
determinada
(World
Health
Organization,
1989).
¿Qué
características
tiene
este
grupo
etáreo?
Ciertamente
existe
un
proceso
biológico
de
envejecimiento,
que
podría
resumirse
en
una
pérdida
progresiva
de
las
funciones
de
los
distintos
órganos
y
sistemas.
Este
proceso
va
acompañado
de
un
proceso
de
cambio
social,
marcado
por
los
cambios
como
individuo,
en
su
rol
familiar
y
en
su
rol
comunitario
o
social,
que
pueden
resultar
de
una
83
compleja
interacción
entre
estos
determinantes
y
que
entre
todos
van
a
dar
origen
a
un
individuo
pleno,
activo
y
autónomo,
o
a
uno
frágil
y
dependiente.
En
cualquier
caso,
como
bien
señalara
Mainetti,
“reconocemos
hoy
la
pluralidad
de
modelos
culturales
sobre
la
significación
de
la
1
vejez,
al
tiempo
que
comprendemos
su
necesaria
revalorización
social”.
La
situación
real,
resultado
del
contexto
bio-‐psico-‐social
y
cultural
del
paciente
va
a
ser
la
que
pese
de
manera
concluyente
al
hablar
de
decisiones
en
momentos
críticos,
porque
va
a
ser
la
determinante
de
su
autonomía.
Los
ancianos
constituyen
un
grupo
muy
heterogéneo
en
cuanto
a
patologías,
capacidad
funcional,
2
pronóstico,
competencia
en
la
toma
de
decisiones,
valores
y
preferencias,
lo
que
obliga
a
una
valoración
integral
e
individualizada.
“Gravemente
enfermo”
La
“gravedad”
de
una
situación
clínica
tiene
que
ver
con
la
“cualidad
relacionada
con
el
grado
de
descompensación
fisiológica
y/o
pérdida
de
la
función
de
uno
o
más
sistemas
orgánicos,
o
gravedad
de
la
enfermedad,
y
con
la
probabilidad
de
muerte,
o
riesgo
de
3
mortalidad.”
O
sea,
que
una
enfermedad
puede
ser
grave
por
la
magnitud
del
daño,
o
por
la
probabilidad
de
que
cause
la
muerte.
Dicho
de
otro
modo,
no
hay
enfermedades
graves
y
no
graves,
sino
situaciones
clínicas
graves;
por
ejemplo
una
gripe
en
un
adolescente
sano
no
reviste
la
misma
gravedad
que
una
gripe
en
un
anciano,
más
aún
en
un
anciano
frágil,
situación
en
la
cual
seguramente
deberá
decidir
él,
solo
o
con
su
familia,
el
implementar
o
no
medidas
diagnósticas
o
terapéuticas
agresivas.
La
relación
médico-‐paciente
En
el
anciano,
la
relación
médico-‐paciente
tiene
características
propias.
El
paciente
anciano
suele
prejuzgarse
como
paciente
“no
competente”,
constituyendo,
muchas
veces,
una
población
vulnerable:
Observamos
y
remarcamos
que
una
intensa
benevolencia
a
los
“pobres
ancianitos”
inunda
todos
los
discursos
y
lleva
por
caminos
equivocados
a
la
población.
Las
familias
sienten
a
sus
viejos
como
un
ser
a
proteger
y
no
como
persona
a
considerar
y
a
ayudar.
4
Encontramos
otras
formas
más
explícitas
de
violencia.
Y
mayormente
en
forma
intrafamiliar,
tanto
física
como
psicológica.
La
vulnerabilidad
en
los
ancianos
tiene
relación
con
factores
fisiológicos
que
los
llevan
a
depender
físicamente
de
otros,
con
variables
económicas
que
llevan
a
la
dependencia
de
su
entorno
y
con
cuestiones
sociales
como
la
institucionalización
forzada,
el
abandono
y
otras
formas
de
violencia.
Con
o
sin
estos
contextos
de
violencia,
son
personas
que
pueden
estar
influenciadas
o
coartadas
en
sus
decisiones
por
factores
emocionales
y
culturales
intrínsecos:
miedo
al
abandono,
miedo
a
ser
sancionados
por
el
médico
o
por
su
familia,
miedo
a
la
muerte,
prejuicios,
incluso
barreras
culturales,
generacionales,
lingüísticas,
que
no
son
tenidas
en
cuenta
a
la
hora
de
brindarles
la
información
que
les
permita
tomar
decisiones
realmente
autónomas.
El
paciente
anciano
debe
mirarse
de
manera
integral
y
contextualizada.
Sin
embargo,
el
médico
que
atiende
a
un
paciente
anciano,
también
debe
valorarse
contextualizadamente,
junto
al
equipo
de
salud
y
teniendo
en
cuenta
el
sistema
sanitario
que
lo
contiene.
Si
bien
el
médico
es
un
profesional,
es
un
ser
humano
que
arrastra
consigo
cargas
y
particularidades
que
influyen
en
la
manera
en
que
decide
cómo
aplicar
su
“ars
médica”.
El
desconocimiento
de
leyes
y
sus
reglamentaciones,
la
falta
de
tiempo
(precarización
laboral
y
multiempleo),
la
creciente
práctica
de
medicina
defensiva
(“mejor
que
se
muera
con
todo
hecho”),
las
presiones
de
las
84
empresas
prestadoras
de
salud
(premios
a
no
ofrecer
ciertas
prestaciones),
bloqueos
emocionales,
prejuicios
ideológicos
o
morales,
todo
puede
influir
al
momento
de
ofrecer
opciones
diagnósticas
o
terapéuticas
que
pueden
resultar
desmedidas
o
insuficientes.
Para
que
esta
relación
médico-‐paciente
pueda
ser
valiosa
para
el
paciente,
el
médico
debería
realizar
una
valoración
integral
del
anciano,
desarrollando
habilidades
que
le
permitan
analizar
desde
una
mirada
contextualizada
y
sensible
a
la
persona,
permitiendo
de
esta
manera
resguardar
su
integridad
como
profesional,
al
mismo
tiempo
que
ofrecer
las
opciones
técnicas
adecuadas.
Debe
brindar
los
elementos
necesarios
que
le
permitan
al
paciente
y/o
a
su
entorno
decidir
en
forma
informada
y
libre.
Por
otra
parte,
el
Estado,
y/o
la
sociedad
en
su
conjunto,
deberían
brindar
al
médico
y
al
equipo
de
salud
en
general,
los
elementos
necesarios
para
que
esto
pueda
llevarse
a
cabo.
El
paciente
anciano,
ciencia
y
técnica
En
la
enfermedad
grave,
el
anciano
se
enfrenta
a
una
situación
donde
la
muerte
es
siempre
una
posibilidad.
Las
ciencias
médicas
aliadas
al
gran
desarrollo
tecnológico,
abren
la
puerta
a
múltiples
intervenciones
destinadas
a
diagnosticar
y
tratar
la
enfermedad,
aunque,
llegado
el
caso,
también
intervienen
esta
muerte,
que
puede
quedar
entonces
suspendida
por
tiempo
indeterminado.
Se
impone
entonces,
el
paradigma
del
“hombre
ciborg”,
donde
el
hombre
combinado
a
la
máquina,
desafía
los
límites
y
constituye
un
5
dudoso
modelo
de
éxito
médico.
La
técnica
ha
llegado
a
un
desarrollo
tal
que
se
ha
independizado
de
las
intenciones
de
los
seres
humanos.
Prosigue
sola
su
camino,
produce
cambios
en
la
concepción
de
“sujeto”,
en
la
noción
de
"cuerpo",
que
no
solo
ha
dejado
de
ser
inmutable
sino
que
se
ha
vuelto
modelable
e,
incluso,
intercambiable
merced
a
técnicas
quirúrgicas
nuevas
como
las
relacionadas
con
los
trasplantes
de
órganos.
La
manipulación
tecnológica,
en
tanto
no
atraviese
ninguna
mediación
simbólica
o
se
inscriba
en
la
cadena
narrativa
de
cada
sujeto,
invariablemente
arrasará
con
la
capacidad
deliberativa,
entonces
habrá
que
preguntarse
qué
espacio
quedará
para
que
la
libertad
de
elección
del
ser
humano
no
sea
acallada
brutalmente.
Obstinación
terapéutica
Se
ha
dado
el
nombre
de
obstinación
terapéutica
a
las
prácticas
de
sobreatención
médica,
a
las
intervenciones
que
resultan
desproporcionadas
en
relación
con
las
ventajas
que
pueden
ofrecerle
a
un
paciente
en
un
momento
dado.
La
obstinación
terapéutica,
como
también
se
la
llama,
se
manifiesta
en
el
intento
de
“curar”
a
cualquier
precio.
Así
es
como,
en
general,
el
empecinamiento
terapéutico
es
el
resultado
de
una
secuencia
de
acciones
y
solo
se
lo
advierte
con
precisión
cuando
el
cuadro
global
se
ha
completado.
A
modo
de
ejemplo,
los
tratamientos
de
trasplantes
de
médula
ósea
pueden
ser
ilustrativos:
los
pacientes
son
hospitalizados
y
aislados
en
habitaciones
sin
ventanas
ni
contacto
visual
con
el
mundo
exterior
por
aproximadamente
un
mes,
con
una
mínima
vinculación
con
sus
seres
queridos
(que
para
protección
visten
batas,
guantes
y
cofias
esterilizadas).
Al
final
del
tratamiento,
que
muchas
veces
puede
ser
exitoso,
los
pacientes
están
deprimidos,
temerosos
y
han
fracturado
sus
vínculos
afectivos.
Todo
ello
puede
influir
en
su
recuperación
de
manera
drástica,
aunque
generalmente
no
es
tenido
en
cuenta,
en
pos
del
objetivo
final
de
la
prometida
curación.
85
Futilidad
En
principio,
se
puede
decir
que
una
acción
resulta
fútil
cuando
no
cumple
con
su
objetivo,
resultando
en
cambio,
excesivamente
gravosa
para
el
paciente.
Se
debe
tener
en
cuenta
que
una
acción
puede
ser
fútil
en
una
circunstancia
y
no
en
otra.
Así,
administrar
quimioterapia
en
una
fase
de
tratamiento
de
la
enfermedad
no
es
lo
mismo
que
aplicarla
a
un
paciente
moribundo,
internado
en
terapia
intensiva.
Tal
como
lo
señala
Gherardi,
“el
éxito
o
el
fracaso
de
una
acción
(efecto)
no
estaría
determinando
su
futilidad
si
no
se
considera
el
6
marco
en
el
cual
se
inscribe”.
La
futilidad
tiene
relación
directa
con
la
pertinencia
de
su
indicación
en
determinado
paciente.
La
falta
de
consenso
médico
es
una
de
las
principales
dificultades
para
determinar
qué
actos
pueden
resultar
fútiles,
especialmente
cuando
el
paciente
es
incompetente
(se
halla
en
coma,
obnubilado
o
inconsciente).
Cuando
el
paciente
es
competente,
en
cambio,
puede
deliberar
conjuntamente
con
el
equipo
de
salud,
los
pasos
a
seguir.
En
tales
casos,
recomienda
Gherardi,
se
debe
reservar
para
el
paciente
el
derecho
a
determinar
la
futilidad
de
un
acto
médico
como
muestra
del
máximo
resguardo
de
su
libertad
de
elección.
Existen
también
algunas
circunstancias
críticas
en
las
que
el
médico
no
debe
renunciar
a
lo
que
se
incluye
dentro
de
sus
decisiones
médicas.
Algunas
Guías
de
Procedimientos
recientemente
aparecidas
en
el
Journal
of
Palliative
Medicine
señalan
claramente
que
dejar
la
decisión
de
realizar
reanimación
cardiorrespiratoria
a
la
familia
del
paciente,
por
ejemplo,
no
siempre
constituye
un
accionar
pertinente.
Hay
decisiones
que
tienen
que
ver
exclusivamente
con
el
ejercicio
y
la
práctica
médica,
no
pudiendo
ser
delegadas
en
otros.
Si
un
paciente
se
encuentra
ya
moribundo
y
la
reanimación
solo
va
a
retrotraerlo
al
momento
de
la
agonía,
es
una
falla
médica
llevar
a
cabo
tal
reanimación.
Esto
constituiría
un
caso
de
futilidad
médica
que
el
médico
deberá
evaluar
y
que
ya
no
depende
de
la
voluntad
de
los
familiares
o
apoderados.
Se
incurriría
además
en
una
injusta
distribución
de
recursos
humanos
y
técnicos.
7
Como
el
término
“futilidad”
admite
diferentes
interpretaciones
se
transcriben
algunos
de
los
significados
más
consensuados.
Futilidad
absoluta:
cuando
un
tratamiento
es
completamente
ineficaz
desde
el
punto
vista
fisiológico.
Es
el
profesional
de
la
salud
quien
está
en
posesión
de
los
conocimientos
necesarios
para
determinarlo.
Futilidad
estadística:
cuando
la
mayoría
de
las
decisiones
de
tratamiento
son
probabilísticas
y
no
certidumbres.
Futilidad
desproporcionada:
cuando
un
tratamiento
tiene
posibilidades
reales
de
éxito
pero
son
muy
pequeñas
y
la
carga
para
el
paciente
y
la
familia
sobrepasa
el
beneficio
potencial.
Esta
categoría
de
decisiones
corresponde
enteramente
al
paciente.
La
futilidad
debe
ser
tenida
en
cuenta
en
relación
a
la
ecuación
riesgo-‐beneficio,
considerando
medios
y
fines.
Sin
embargo,
debido
al
temor
a
los
juicios
por
mala
praxis,
se
observa
con
frecuencia
la
aplicación
de
tratamientos
que
van
desde
la
futilidad
a
la
obstinación
o
empecinamiento.
Otras
opciones:
cuidados
paliativos
Según
la
OMS
(1989),
el
cuidado
paliativo
es
el
cuidado
activo
de
pacientes
cuyas
enfermedades
no
responden
al
tratamiento
curativo.
El
objetivo
principal
es
el
control
de
los
síntomas,
particularmente
el
dolor,
de
los
problemas
sociales,
psicológicos
y
86
existenciales
que
aquejan
al
paciente.
Muchos
de
esos
aspectos
pueden
ser
detectados
y
atendidos
precozmente
conjuntamente
con
el
tratamiento
de
la
enfermedad.
El
objetivo
principal
de
los
cuidados
paliativos
es
ofrecer
“la
mejor
calidad
de
vida
por
el
mayor
tiempo
posible”.
Entendiendo
por
calidad
de
vida,
el
máximo
confort
alcanzable,
respetando
la
individualidad,
los
intereses
y
la
dignidad
del
paciente.
En
esta
área
de
la
medicina,
se
considera
que
el
paciente
y
la
familia
conforman
una
unidad
de
tratamiento
y
por
lo
tanto,
también
los
miembros
de
la
familia
requieren
asistencia
especializada
para
acompañar
al
paciente
en
esta
experiencia.
La
interacción
entre
equipo
de
salud
y
familia,
permite
clarificar
situaciones
y
orientar
a
lo
largo
de
las
distintas
etapas
de
la
enfermedad
o
posterior
al
fallecimiento.
Situaciones
clínicas
particulares
La
limitación
del
esfuerzo
terapéutico
en
ancianos
puede
plantearse
en
diferentes
situaciones
clínicas.
En
oncología,
por
ejemplo,
donde
al
pronóstico
de
cada
entidad
nosológica
en
particular
se
suma
la
agresividad
de
las
terapéuticas.
Por
lo
tanto,
se
deberá
tener
en
cuenta
el
real
beneficio
que
brindarán
éstas
en
la
sobrevida,
pero
fundamentalmente
también
en
la
calidad
de
vida
del
paciente.
No
es
la
edad,
sino
la
valoración
integral
lo
que
debe
guiar
la
toma
de
decisiones
en
este
contexto.
En
el
tratamiento
de
enfermedades
crónicas,
cuando
frente
a
la
progresión
de
las
cardiopatías,
por
ejemplo,
el
paciente
sufre
una
patología
que
es
progresiva
y
que,
lenta
o
no
tan
lentamente,
va
deteriorando
la
función
orgánica
y
la
calidad
de
vida.
Hay
que
considerar
que,
para
su
resolución
o
mejoría
pueden
plantearse
(en
el
transcurso
de
las
mismas)
tratamientos
sumamente
agresivos
como
trasplante
cardíaco,
colocación
de
cardiodesfibriladores
implantables,
cirugías
de
revascularización,
que
no
pueden
ser
8,9
descartadas
basándose
únicamente
en
la
edad,
pero
cuya
efectividad
tampoco
está
claramente
establecida.
10
Otro
ejemplo
es
la
insuficiencia
renal
crónica
y
la
implementación
de
hemodiálisis
y
transplante
renal.
Frente
a
enfermedades
de
resolución
quirúrgica,
donde
pese
a
la
necesidad
de
realizar
la
intervención,
se
sopesan
los
factores
bio-‐
11
psico-‐sociales
y
se
limita
el
esfuerzo.
Incluso
en
la
consulta
ambulatoria,
se
puede
hablar
de
limitación
del
esfuerzo
(diagnóstico
y)
terapéutico
para
dar
lugar
a
decisiones
meditadas,
centradas
en
limitar
el
daño
que
se
pueda
provocar
con
las
mismas,
sin
obtener
un
beneficio
claro
o
ningún
beneficio.
Esto
se
conoce
como
prevención
cuaternaria:
“Prevención
cuaternaria
es
evitar
las
actividades
médicas
innecesarias,
como
los
«chequeos».
Es
la
recomendación
de
pautas
preventivas
de
probada
eficacia.
Respecto
al
diagnóstico,
prevención
cuaternaria
es
por
ejemplo
evitar
el
cribado
(screening)
sin
fundamento,
como
en
el
cáncer
de
próstata.
En
el
campo
del
tratamiento,
el
uso
apropiado
de
los
antibióticos
en
las
infecciones
de
las
vías
respiratorias
altas.
Y
en
rehabilitación,
la
aplicación
de
técnicas
correctas
en
las
lumbalgias
inespecíficas,
tales
como
la
natación
y
el
mantenimiento
(en
lo
posible)
de
una
vida
activa.
No
olvidar
otros
aspectos
no
«clásicos»,
importantes
en
los
ancianos;
por
ejemplo,
limitar
el
daño
que
puedan
producir
los
sistemas
de
restricción
física
de
12
movimientos”.
87
Alcances
y
límites
del
esfuerzo
terapéutico
en
adultos
mayores
en
Cuidados
Intensivos
Hasta
hace
apenas
algunas
décadas,
antes
de
que
se
desarrollara
la
Medicina
Intensiva,
ante
el
final
de
la
vida
había
un
escaso
margen
de
decisión:
en
las
situaciones
en
las
que
no
se
alcanzaba
la
curación
del
enfermo,
los
esfuerzos
de
la
medicina
se
dirigían
al
alivio
de
su
sufrimiento
y
a
su
acompañamiento
hasta
la
muerte,
que
habitualmente
ocurría
en
el
hogar,
rodeado
por
su
familia.
Las
Unidades
de
Cuidados
Intensivos
(UCI)
se
organizaron
como
modalidad
asistencial
a
partir
de
la
existencia
del
soporte
vital
aplicable
a
la
sustitución
o
reemplazo
de
los
diversos
órganos,
sistemas
y
funciones
del
paciente
crítico.
Estas
Unidades
son
los
lugares
donde
se
controla
la
amenaza
real
o
potencial
de
muerte
o
pueden
constituir
un
riesgo
potencial
de
daño
de
los
pacientes
al
ser
sometidos
a
procedimientos
diagnósticos
o
terapéuticos.
De
acuerdo
a
las
sociedades
de
la
especialidad,
el
ingreso
de
un
paciente
en
la
UCI
está
justificado
cuando
es
posible
revertir
o
paliar
su
situación
crítica.
Con
el
advenimiento
de
estas
unidades,
se
dispuso
de
mayor
margen
de
decisión
para
prolongar
la
vida
mediante
el
soporte
de
funciones
vitales,
ganando
tiempo
para
tratar
y
posibilitar
la
curación
o
la
mejoría
de
la
enfermedad
presente.
Pero
también
se
abrieron
otros
caminos
posibles:
la
recuperación
con
secuelas
(y
consecuente
mala
calidad
de
vida),
la
imposibilidad
de
evitar
la
muerte,
la
prolongación
infructuosa
del
proceso
de
morir
(con
alto
costo
en
sufrimiento);
por
lo
tanto,
con
el
advenimiento
de
la
UCI
se
ha
generado
un
escenario
de
incertidumbre.
Ello
ha
conducido
a
un
cambio
en
el
modo
de
morir,
que
hoy
ocurre
en
general
en
el
hospital,
y
más
precisamente
en
la
UCI,
con
13
características
de
“muerte
intervenida”
(conducida
por
el
equipo
de
salud,
utilizando
la
tecnología),
deshumanizadamente,
sin
contacto
familiar
y
con
pérdida
de
la
autonomía.
El
paciente,
entonces,
es
asistido
en
general,
por
un
sistema
que
suele
considerar
que
más
medicina
es
mejor
medicina
(imperativo
tecnológico,
que
compulsivamente
debe
prevalecer
sobre
actitudes
más
humanas),
que
la
muerte
es
su
fracaso
y
un
hecho
que
debe
ser
retrasado
a
ultranza,
cayendo
frecuentemente
en
la
prolongación
estéril
de
la
vida,
con
sufrimiento
inútil
del
paciente.
Así,
no
es
raro
que
en
la
UCI
se
caiga
en
la
obstinación
o
empecinamiento
terapéutico;
(esto
es,
la
aplicación
ilimitada
de
todos
los
tratamientos
posibles,
incluyendo
los
métodos
de
soporte
vital),
que
puede
conducir
a
una
prolongación
indefinida
de
la
agonía
del
paciente
y
demorar
la
llegada
inevitable
de
la
muerte;
adoptando
así
una
posición
fundamentalista,
que
considera
a
la
vida
como
un
bien
absoluto.
Entre
sus
causas
se
cuentan
el
paternalismo
médico,
la
medicina
defensiva,
la
actitud
familiar
que
insiste
en
hacer
“todo
lo
posible”,
el
encadenamiento
de
eventos
en
pendiente
con
la
consecuente
incertidumbre
que
dificulta
decidir
la
limitación
o
adecuación
del
esfuerzo
terapéutico
(LET).
La
LET
consiste
en
la
decisión
meditada
y
deliberada
de
abstención
de
iniciar
tratamientos
o
de
su
interrupción,
especialmente
el
14
soporte
vital,
gestos
estos
que
están
relacionados
directamente
con
la
llegada
de
la
muerte.
Se
permite
así
que
la
muerte
ocurra
por
la
evolución
natural
de
la
enfermedad,
adoptando
una
actitud
que
respete
los
principios
de
no
maleficencia,
de
beneficencia
y
de
autonomía.
De
este
modo,
ante
la
oferta
de
recursos
tecnológicos
surgen
diversas
cuestiones,
entre
las
cuáles
resulta
central
la
siguiente:
¿qué
límites
poner
a
la
utilización
de
los
recursos
disponibles
cuando
la
recuperación
de
la
salud
aparece
como
improbable
o
imposible
de
88
acuerdo
al
conocimiento
médico?
Las
medidas
de
soporte
vital
no
siempre
proporcionan
un
beneficio
real
a
la
persona,
pudiendo
resultar
pertinente
considerar
la
oportunidad
del
cuidado
paliativo.
Estas
materias
son
competencias
de
la
sociedad
toda,
pero
en
la
práctica
involucran
principalmente
a
los
enfermos
(sus
familiares
en
caso
de
incompetencia)
y
sus
cuidadores
(el
equipo
de
salud).
Se
registran
diversas
actitudes
y
opiniones
en
diferentes
culturas
y
aún
en
la
misma
sociedad.
De
acuerdo
a
los
distintos
modelos
de
relación
médico-‐paciente
se
pueden
registrar
una
posición
paternalista
en
la
que
priman
la
iniciativa,
criterio
y
decisión
médicos
por
razones
técnicas,
bajo
los
principios
de
no
maleficencia
y
de
beneficencia;
un
modelo
autonomista
que
atiende
a
las
preferencias
del
paciente
y
a
su
valoración
exclusiva
del
significado
del
“bien”,
en
el
que
el
enfermo
(o
sus
representantes)
tiene
derecho
a
negarse
a
la
aplicación
de
determinados
tratamientos,
permitiendo
la
evolución
natural
que
conduce
o
que
puede
conducir
a
la
muerte;
y
finalmente
una
posición
integradora
basada
en
una
toma
de
decisión
compartida
entre
el
criterio
médico
y
la
voluntad
del
enfermo
o
sus
representantes,
para
implementar
el
tratamiento
adecuado,
aunque
sea
el
paciente
quien
tome
la
decisión
definitiva
sobre
qué
se
hará
a
su
cuerpo.
Este
es
el
acuerdo
deseable.
También
podría
entrar
en
juego
el
principio
de
justicia,
que
sería
vulnerado
al
malgastar
recursos
que
otros
pacientes
podrían
necesitar
y
que
deberían
ser
utilizados
de
forma
eficiente
y
equitativa
(por
ejemplo,
cama
en
la
UCI).
Como
evidencia
del
peso
otorgado
a
la
autonomía
podemos
mencionar
que
en
la
Argentina
existe
una
ley
que
establece
que
el
paciente
que
presente
una
enfermedad
irreversible,
incurable
o
en
estadio
terminal,
tiene
el
derecho
al
rechazo
de
procedimientos
quirúrgicos,
de
reanimación
artificial
o
al
retiro
de
medidas
de
soporte
vital
extraordinarias
o
desproporcionadas
en
relación
con
las
perspectivas
de
mejoría
o
que
produzcan
un
sufrimiento
desmesurado.
Pudiendo
rechazar
la
hidratación
o
la
alimentación
cuando
solo
produzcan
la
prolongación
de
ese
estadio
terminal
irreversible
o
incurable.
En
cuanto
a
las
implicancias
relacionadas
con
el
principio
de
justicia,
es
de
notar
que
en
un
sistema
de
salud
justo
se
exige
el
cumplimiento
de
varias
condiciones:
un
manejo
eficiente
de
los
recursos,
la
ausencia
de
discriminación
por
condiciones
inapropiadas
(sexo,
etnia,
nacionalidad,
religión,
cultura,
nivel
educativo,
posición
social
o
económica,
ideología
política,
preferencias
sexuales,
hábitos,
situación
ante
la
ley).
Acerca
de
la
discriminación
por
edad
(ageism,
etaísmo),
en
USA
se
ha
propuesto
la
limitación
del
uso
de
alta
tecnología
a
partir
de
cierta
edad,
a
fin
de
evitar
la
quiebra
de
los
sistemas
sanitarios
y
el
caer
en
situaciones
de
injusticia
por
asignación
de
recursos
a
estos
grupos
en
detrimento
de
otros
más
jóvenes.
El
destacado
bioeticista
Daniel
Callahan
generó
un
15
acalorado
debate
sosteniendo
esta
posición,
que
fue
contestada
por
amplios
sectores
en
su
país.
Lo
cierto
es
que,
ante
situaciones
de
déficit
de
recursos,
los
planes
de
salud
pública
contienen
previsiones
para
hacer
una
selección
equitativa
de
pacientes
(triage),
con
un
criterio
utilitarista
para
priorizar
la
atención
de
quienes
tengan
mejores
posibilidades
de
supervivencia,
a
quienes
tengan
una
expectativa
de
vida
mayor,
y
etapas
de
vida
por
delante
(niños,
jóvenes),
entre
otras
condiciones.
La
aplicación
de
LET
en
la
UCI
presenta
dificultades
operativas
particulares
para
su
aplicación,
tales
como
las
características
del
paciente
crítico,
la
naturaleza
de
los
métodos
de
soporte
vital,
las
dudas
que
se
presentan
para
establecer
la
efectividad
de
un
tratamiento,
las
situaciones
relacionadas
con
la
escasez
de
recursos,
lo
arduo
que
suele
resultar
abordar
el
tema
con
el
paciente
o
su
familia.
O
también
la
contrariedad
que
suele
provocar
la
propuesta
de
interrupción
de
un
tratamiento
ya
iniciado
(en
especial
la
suspensión
de
la
ventilación
mecánica)
en
los
familiares
del
paciente
y
también
en
los
integrantes
del
equipo
de
salud;
aunque
hay
acuerdo
en
que
la
abstención
de
instalar
el
tratamiento
o
la
retirada
del
soporte
terapéutico
son
moralmente
equivalentes.
Uno
de
los
problemas
es
que
suele
haber
algún
grado
de
incertidumbre
para
reconocer
el
momento
en
que
se
debe
pasar
de
la
89
“tranquilidad”
del
funcionamiento
de
los
aparatos
de
soporte
vital
a
la
penumbra
en
la
que
se
acuerda
el
retiro
de
los
mismos
con
el
cambio
de
escenario
dirigido
a
la
administración
de
cuidados
que
logren
mayor
bienestar
y
acompañamiento
al
paciente.
Asimismo,
se
considera
que
la
base
sobre
la
que
se
fundan
las
decisiones
de
utilizar
sedo-‐analgesia
durante
la
aplicación
de
LET
es
el
Principio
del
Doble
Efecto:
la
medicación
tiene
por
objeto
aliviar
el
sufrimiento
del
paciente,
mientras
que
la
muerte
que
sobreviene
es
producto
de
su
enfermedad.
La
abstención
y,
especialmente,
el
retiro
del
soporte
vital
requieren
buena
destreza
clínica,
sensibilidad
cultural
(capacidad
de
reconocer
“la
dignidad
del
otro”),
atención
a
los
principios
de
la
ética,
discusión
entre
los
miembros
del
equipo
de
atención
y
una
estrecha
relación
con
el
paciente
y
su
familia.
Siempre
que
sea
posible,
el
criterio
para
tomar
la
decisión
de
instituir
alguna
de
las
formas
de
LET
debe
fundarse
en
valoraciones
médicamente
objetivas
y
habrá
de
incluir:
el
diagnóstico,
la
gravedad
de
la
enfermedad,
el
pronóstico
y
la
evaluación
de
los
beneficios
razonablemente
esperados
del
tratamiento
para
un
paciente
dado,
versus
las
cargas
para
tal
paciente
(condición
de
futilidad);
las
herramientas
aportadas
por
la
medicina
basada
en
la
evidencia
contribuyen
a
identificar
y
valorar
la
eficiencia
de
las
intervenciones.
También
se
debe
considerar
hasta
qué
grado
los
recursos
de
la
UCI
deberían
ser
restringidos
para
proveer
soporte
vital
al
paciente.
Los
índices
de
gravedad
del
paciente
son
un
elemento
de
juicio
que
aporta
objetividad
al
pronóstico
y
pueden
contribuir
a
clarificar
situaciones
en
las
que
se
plantean
decisiones
de
LET,
especialmente
de
abstención
o
retiro
del
soporte
vital.
La
edad
es
un
componente
de
varios
de
los
índices
de
gravedad
que
se
utilizan
en
la
UCI
y
hay
acuerdo
en
que
la
edad
avanzada
es
uno
de
los
factores
que
juegan
contra
la
recuperación
de
la
salud.
La
decisión
que
se
adopte
puede
definir
la
abstención
o
el
retiro
de
determinadas
medidas
de
tratamiento;
o
bien,
cuando
la
incertidumbre
es
mayor,
puede
consistir
en
mantener
el
tratamiento
intensivo
un
tiempo
determinado,
condicionando
la
decisión
de
instaurar
la
LET
a
la
evolución
del
paciente
al
cabo
de
ese
periodo.
La
decisión
de
LET
debe
incluir
a
todos
los
miembros
del
equipo
de
atención,
no
solo
a
los
médicos.
Resulta
recomendable
involucrar
también
a
aquellos
médicos
que
han
cuidado
al
paciente
(no
exclusivamente
los
médicos
de
la
UCI).
Los
planes
para
el
cuidado
del
fin
de
la
vida
de
cada
paciente
deben
ser
discutidos
con
los
familiares
y
se
debe
procurar
acordar
con
ellos.
Así
como
no
es
adecuado
que
el
médico
ejerza
una
actitud
autoritaria,
tampoco
es
apropiado
que
la
decisión
adoptada
por
los
familiares
esté
desvinculada
del
asesoramiento
y
recomendación
del
equipo
de
atención.
Una
vez
que
se
toma
una
decisión
por
consenso,
todos
los
miembros
del
equipo
de
salud
a
cargo
deben
aplicar
el
plan
que
ha
sido
decidido.
En
la
práctica,
según
lo
demuestran
numerosos
estudios,
la
decisión
de
aplicar
la
LET
en
sus
diversas
variantes
se
realiza
con
frecuencia
creciente
en
las
UCI
de
occidente.
Sin
embargo,
tal
frecuencia
es
variable,
siendo
más
común
en
Estados
Unidos,
Canadá
16 17 18 19
y
los
países
del
norte
de
Europa
que
en
el
sur
de
Europa.
En
los
estudios
se
observó
que
la
decisión
estuvo
asociada
al
pedido
del
paciente
o
a
directivas
anticipadas
(un
factor
determinante
para
disponer
la
LET),
al
diagnóstico,
a
los
índices
de
gravedad
y
fallos
de
órganos
presentes,
a
que
el
tratamiento
resultaba
fútil,
a
la
calidad
de
vida
esperable,
a
la
duración
de
la
internación
en
UCI,
a
factores
culturales
y
religiosos,
a
cuestiones
de
costos
o
disponibilidad
de
recursos.
Con
un
peso
relativo
definidamente
alto,
la
edad
del
paciente
era
un
factor
presente
en
la
toma
de
decisión.
A
pesar
de
que
otros
estudios
han
puesto
en
evidencia
que
la
incidencia
de
retirar
tratamientos
de
soporte
vital
o
de
abstenerse
de
20,21,22
implementarlos
se
asocia
de
forma
independiente
con
la
edad
avanzada,
datos
recientes
indican
una
buena
calidad
de
vida
90
referida
por
ancianos
supervivientes
de
internación
en
UCI.
23,24
Existe
un
acuerdo
en
el
sentido
de
que
la
edad
no
debe
ser
un
límite
25
para
el
acceso
a
la
UCI.
En
un
extenso
estudio
epidemiológico,
observacional,
de
pacientes
tratados
con
ventilación
mecánica
en
UCIs
de
Europa,
USA/Canadá
y
Latinoamérica
se
evaluó
la
incidencia
de
la
edad
sobre
el
desenlace
de
los
enfermos.
De
los
5.183
pacientes
analizados,
el
31%
eran
mayores
de
70
años.
La
supervivencia
de
los
pacientes
de
43
a
70
años
fue
del
55%,
mientras
que
en
los
mayores
de
70
años
fue
de
45%,
una
diferencia
estadísticamente
significativa
pero
clínicamente
poco
relevante.
Es
decir
que
casi
la
mitad
de
los
pacientes
mayores
sobrevivió
hasta
el
alta
hospitalaria,
y
las
tasas
no
difirieron
según
la
zona
geográfica.
Entre
otras
conclusiones
en
este
estudio
se
afirma
que
la
edad
por
sí
sola
no
es
razón
suficiente
para
la
abstención
del
uso
de
la
ventilación
mecánica;
sin
embargo,
debe
ser
tomada
en
cuenta
junto
con
otros
factores
de
riesgo
presentes
en
el
paciente
al
estimar
el
pronóstico
y
tomar
las
decisiones
del
caso.
Esto
es,
que
la
utilización
de
la
ventilación
mecánica
se
debe
considerar
en
base
a
la
26
condición
subyacente
del
paciente
y
no
únicamente
por
su
edad.
Durante
el
último
Congreso
Mundial
de
Cuidados
Intensivos,
se
realizó
una
compulsa
entre
un
grupo
de
experimentados
intensivistas
que
tenían
un
conocido
interés
por
la
ética,
disertantes
de
distintos
países
y
culturas
diferentes.
La
mayoría
de
los
expertos
estuvieron
en
desacuerdo
(77%)
en
que
la
edad
debiera
ser
utilizada
como
único
criterio
para
la
abstención
o
el
retiro
del
soporte
vital,
y
casi
todos
estuvieron
de
acuerdo
en
que
no
debería
haber
una
edad
específica
para
la
toma
de
estas
decisiones.
Sin
embargo,
la
gran
mayoría
(91%)
reconoció
que
la
edad
debe
considerarse
una
variable
importante,
en
conjunción
con
otros
factores.
Dos
tercios
de
los
participantes
estuvieron
en
desacuerdo
con
la
consideración
de
dar
prioridad
a
los
jóvenes
sobre
los
viejos
durante
el
funcionamiento
habitual
de
la
UCI,
mientras
que
para
una
situación
de
triage
de
emergencia,
el
desacuerdo
se
redujo
a
27
18%.
Nuestro
criterio
es
coincidente
en
que
la
edad
no
debe
ser
utilizada
como
única
variable
para
la
abstención
o
el
retiro
del
soporte
vital,
aunque
creemos
que
debe
ser
un
importante
aspecto
a
ser
considerado
en
conjunto
con
otros
factores.
En
condiciones
normales
de
funcionamiento,
el
sistema
de
salud
debería
posibilitar
la
atención
de
los
adultos
mayores
sin
restricciones
relacionadas
con
su
edad,
pero
en
emergencias
en
las
que
se
requiere
un
triage
es
razonable
otorgar
prioridad
a
los
jóvenes
sobre
los
viejos.
Por
otra
parte
ha
de
ser
recordado
que,
aún
cuando
hayan
sido
decididas
medidas
de
LET,
el
paciente
nunca
debe
ser
abandonado;
se
han
de
instrumentar
las
medidas
de
carácter
paliativo
que
alivien
el
sufrimiento
y
proporcionen
confort
en
un
marco
de
respeto
a
su
dignidad.
Reflexiones
finales
Si
consideramos
los
principios
de
la
evolución
(bajo
todas
sus
formas),
no
podrá
sorprendernos
que
el
concepto
de
“vejez”
haya
cambiado.
Hoy
existe
lo
que
podemos
llamar
una
“construcción
social
del
envejecimiento”
que
será
inherente
a
la
sociedad
y
cultura
en
la
que
esta
construcción
se
produzca.
Si
bien
es
verdad
que
en
la
tercera
edad
(ancianidad,
vejez,
adultos
mayores,
etc.),
hay
ciertas
características
propias
que
dan
lugar
a
necesidades
diferentes,
podemos
decir
que
eso
también
sucede
en
otras
etapas
del
crecimiento:
no
son
las
mismas
necesidades
y
91
características
las
de
los
niños,
que
las
de
los
adultos,
o
las
de
los
jóvenes.
Así
como
tampoco
son
iguales
las
necesidades
si
consideramos
cuestiones
de
género.
Un
adulto
mayor
sigue
teniendo
sus
facultades,
su
derecho
y
su
dignidad.
Y
debe
ser
consultado
en
todas
las
tomas
de
decisiones
que
lo
impliquen,
en
tanto
no
esté
inconsciente.
Sin
embargo,
es
habitual
que
se
lo
desempodere
(tanto
la
familia
como
el
equipo
de
salud)
poco
a
poco
de
su
capacidad
de
decidir,
con
excusas
protectivas
de
viejo
cuño
paternalista.
Ser
un
adulto
mayor
no
significa
de
ningún
modo
ser
un
incapaz.
Los
conceptos
de
vida
y
muerte
han
cambiado,
como
fueron
cambiando
también
estructuras
de
pensamiento
que
terminaron
haciendo
tambalear
antiguas
concepciones,
creando
nuevas
y
cargando
con
otros
valores
lo
que
era
cotidiano
y
aceptado.
Hoy
hablamos
de
límite,
¿pero
qué
es
un
límite?
Es
un
punto.
Una
frontera
que
separa
el
ahora
y
el
después,
acá
y
allá,
el
quiero
o
no
quiero.
Si
lo
referimos
a
cuestiones
terapéuticas,
empiezan
a
tambalearse
las
quimeras
de
la
vida
eterna,
de
la
salud
permanente,
de
vencer
a
los
demonios
que
nos
acosan
acerca
de
la
propia
muerte,
que
de
algún
modo
nos
parece
inconcebible.
Cuando
hablamos
de
la
muerte,
generalmente
nos
referimos
a
la
muerte
del
otro.
Eso,
aunque
la
muerte
no
es
solo
una
posibilidad,
sino
una
certeza.
No
se
debe
pecar
de
inocente:
las
Instituciones
de
Salud
cuentan
con
recursos
limitados,
el
paciente
depende
de
su
entorno
para
la
recuperación
y
posterior
subsistencia.
Pretender
aislarse
de
ese
determinante
en
la
toma
de
decisiones
es
insensato
y
cruel.
El
anciano
con
enfermedad
avanzada
de
órgano
constituye
un
grupo
heterogéneo
que
hace
necesaria
una
valoración
exhaustiva,
multidimensional
e
individualizada
de
los
factores
que
condicionan
el
pronóstico
(multimorbilidad,
situación
funcional
y
datos
de
fragilidad)
antes
de
tomar
decisiones,
sobre
todo
aquellas
que
conlleven
limitación
del
esfuerzo
terapéutico
(órdenes
de
no
reanimar,
ingreso
en
unidad
de
cuidados
intensivos,
desactivación
de
desfibriladores
automáticos
implantables...)
y
de
los
valores,
deseos
y
preferencias
de
los
pacientes
a
través
de
una
planificación
28
anticipada
de
las
decisiones
en
las
fases
más
precoces
de
la
enfermedad.
Podría
argumentarse,
con
acierto,
que
la
utilización
del
término
“anciano”
es
pertinente,
pero
en
nuestras
sociedades
latinoamericanas
(a
diferencia
de
España,
talvez)
se
le
atribuye
un
tono
de
disvalor.
Es
llamativo
que
en
las
primeras
6
páginas
del
presente
artículo
se
utilice
18
veces
conceptos
tales
como
“ancianidad”,
“anciano”,
“ancianito”
(varias
veces
corresponde
a
citas
textuales
de
publicaciones
españolas),
mientras
que
en
las
últimas
6
solo
se
lo
utiliza
3
veces.
Esa
“desproporción”
entre
la
utilización
de
los
términos
“anciano”
y
“adulto
mayor”
bien
podría
equipararse
a
la
que
se
observa
en
instancias
en
que
debe
aludirse
al
“encarnizamiento
terapéutico”
(término
impiadoso
para
quienes
⎯aún
equivocadamente⎯
consideran
que
están
obrando
bien,
en
pro
de
su
paciente)
pudiendo
recurrirse
a
conceptos
como
los
que
aquí
hemos
utilizado
“obstinación
terapéutica”
y
“empecinamiento
terapéutico"
al
considerar
que
estas
son
denominaciones
más
adecuadas.
En
el
siglo
XXI,
donde
las
UCI
brindan
las
posibilidades
(técnicas,
profesionales,
con
equipamiento
complejo)
para
continuar,
si
bien
no
indefinidamente,
aplicando
distintas
terapéuticas
por
largo
tiempo,
consideramos
que
el
límite
debe
existir.
Todos
los
enfermos
no
desean
lo
mismo
y
es
por
esto
que
esta
decisión
de
continuar
o
no,
debe
básica
e
idealmente
estar
en
manos
del
paciente.
Porque
el
dolor
y
el
padecimiento
son
personales,
más
allá
de
la
empatía
del
médico
o
los
familiares
con
el
enfermo,
tenga
éste
la
edad
que
tenga.
Y
cuando
no
sea
factible
que
decida
el
paciente,
habrá
que
brindar
las
condiciones
necesarias
para
92
poder
decidir
por
él
este
límite,
con
claridad
y
sin
culpas
basadas
en
la
duda.
Para
ello,
resulta
imprescindible
el
trabajo
en
equipo
de
los
operadores
de
la
salud
en
conjunción
con
la
familia,
brindando
apoyo
y
compañía
en
todas
las
decisiones.
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Madrid:
Triacastela;
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Prendergast
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Increasing
incidence
of
withholding
and
withdrawal
of
life
support
from
the
critically
ill.
Am
J
Respir
Crit
Care
Med
1997;
155:15.
17
Cook
D,
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G,
Marshall
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et
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Withdrawal
of
mechanical
ventilation
in
anticipation
of
death
in
the
intensive
care
unit.
N
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18
Esteban
A,
Gordo
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Withdrawing
and
withholding
life
support
in
the
intensive
care
unit:
a
Spanish
prospective
multi-‐centre
observational
study”;
Intensive
Care
Med
2001;
27:1744.
19
Sprung
CL,
Cohen
SL,
Sjokvist
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End-‐of-‐life
practices
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European
intensive
care
units:
the
Ethicus
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JAMA
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20
Frost
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Cook
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Patient
and
healthcare
professional
factors
influencing
end
of
life
decision-‐making
during
critical
illness:
a
systematic
review.
Crit
Care
Med
2011;
39:1174.
21
Brandberg
C,
Blomqvist
H,
Jirwe
M.
What
is
the
importance
of
age
on
treatment
of
the
elderly
in
the
intensive
care
unit?
Acta
Anaesthesiol
Scand
2013;
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22
Castillo
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therapeutic
activity
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Med
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23
Hofhuis
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van
Stel
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Changes
of
health
related
quality
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life
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critically
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93
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Kaarlola
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Long-‐term
survival,
quality
of
life,
and
quality
adjusted
life-‐years
among
critically
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Frutos-‐Vivar
F,
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Ventilation
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Outcome
of
older
patients
receiving
mechanical
ventilation.
Intensive
Care
Med
2004;
30:639.
27
Guidet
B,
Hodgson
E,
Feldman
C,
et
al.
The
Durban
World
Congress
Ethics
Round
Table
Conference
Report:
II.
Withholding
or
withdrawing
of
treatment
in
elderly
patients
admitted
to
the
intensive
care
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J
Crit
Care
2014;
29:896.
28
Alonso
Renedo,
FJ.
et
al.
Rev
Esp
Geriatr
Gerontol
2014;
49(5):228–234.
94
DIRECTIVAS
ANTICIPADAS
Y
AUTONOMÍA
EN
PERSONAS
CON
DETERIORO
COGNITIVO
Roberto
Arriberre
Fundación
Alfredo
Thomson.
Abogado
especializado
en
bioética,
Presidente
del
Comité
de
Etica
de
la
Fundación
Alfredo
Thomson
y
Miembro
de
los
Comités
de
Ética
de
Fecunditas
y
de
la
Unidad
Asistencial
Cesar
Milstein
de
PAMI
Fernando
Adolfo
Álvarez
Fundación
Alfredo
Thomson.
Médico,
Profesor
Consulto
Retirado
de
la
UBA.
Clínica
Neurológica.
Asesor
científico
de
la
Fundación
Alfredo
Thomson.
Integrante
del
Comité
de
Bioética
del
Hospital
por
más
Salud
Dr.
César
Milstein
Andrea
Actis
Bioquímica,
Farmacéutica,
Doctora
de
la
UBA
área
Química
Biológica,
Docente
Autorizada
de
la
UBA.
Jefa
de
Trabajos
Prácticos
en
el
Depto.
de
Bioquímica
Humana
de
la
Fac.
Medicina
de
la
UBA
y
en
el
Dto.
de
Humanidades
Médicas
de
la
Fac.
Medicina
de
la
UBA,
Argentina
Contacto:
[email protected]
La
esencia
fundamental
de
las
directivas
anticipadas
es
el
resguardo
de
la
libertad
de
autodeterminación
de
las
personas,
permitiendo
que
las
mismas
puedan
expresar
en
forma
anticipada
conductas
a
seguir,
de
acuerdo
a
sus
más
íntimos
valores,
sentimientos
y
deseos.
Implica
un
gran
paso
hacia
la
armonía
de
la
convivencia
y
la
consagración
del
respeto
por
la
autonomía
y
los
derechos
personalísimos.
Desde
la
bioética,
como
una
ciencia
que
discurre
por
los
intersticios
del
accionar
humano,
las
directivas
anticipadas
permiten
a
las
personas
garantizar
el
respeto
de
sus
decisiones
frente
a
los
avances
científicos
tecnológicos
y
farmacológicos.
En
este
sentido,
la
ley
Argentina
reconoce
tanto
el
deseo
de
rechazar
el
encarnizamiento
terapéutico,
así
como
también
reconoce
el
hecho
de
consentirlo.
Es
posible
que
algunas
personas,
en
vistas
de
considerar
que
la
ciencia
puede
avanzar
hacia
el
tratamiento
de
enfermedades
y
que
nuevos
métodos
puedan
ser
útiles
en
el
supuesto
futuro
cuando
las
directivas
anticipadas
tengan
que
ser
aplicadas,
deseen
ser
mantenidas
con
vida
hasta
que,
tal
vez,
un
día
la
ciencia
les
permita
despertar.
El
objetivo
del
presente
trabajo
es
realizar
un
aporte
significativo
en
relación
a
las
Directivas
Anticipadas,
en
el
caso
particular
de
las
personas
que
sufren
deterioro
cognitivo.
Debemos
entonces
hacer
una
puesta
al
día
de
los
conceptos
en
torno
al
deterioro
cognitivo
y
fundamentalmente
establecer
recomendaciones
para
determinar
hasta
qué
punto
en
el
desarrollo
de
una
enfermedad
que
afecte
progresivamente
la
capacidad
cognitiva
puede
considerarse
preservada
la
autonomía
de
una
persona
para
la
firma
de
sus
directivas
anticipadas.
Definición
y
esencia
de
las
directivas
anticipadas
El
concepto
de
directiva
anticipada
lleva
en
la
historia
de
la
medicina
alrededor
de
unos
50
años.
De
la
mano
del
surgimiento
de
la
bioética
como
disciplina,
apareció
la
expresión
en
inglés
“living
will”
con
su
traducción
al
español
confusa,
ya
que
el
término
“will”
se
traduce
tanto
como
testamento
o
como
voluntad.
Así
las
cosas
la
expresión
“Living
will”
podría
traducirse
como
testamento
de
vida
o
como
voluntad
de
vida.
95
El
primer
documento
legal
bajo
el
concepto
de
“living
will”
data
del
año
1967,
cuando
un
renombrado
abogado
de
derechos
humanos
de
Chicago,
Luis
Kutner,
propone
esta
herramienta
legal
para
permitir
a
las
personas
expresar
sus
deseos
finales
acerca
del
uso
de
la
tecnología
médica
de
soporte
vital
en
la
cercanía
de
la
muerte.
Más
tarde,
en
1968
y
1973
es
infructuoso
el
proyecto
de
ley
en
el
estado
de
Florida,
presentado
por
el
Dr.
Walter
Sackett
para
defender
el
derecho
de
elegir
si
se
desea
o
no
el
soporte
vital.
Al
mismo
tiempo
que
Sackett
en
Florida,
el
legislador
Barry
Keene
elevó
un
proyecto
de
ley
en
1974
en
California,
el
cual
prosperó
en
1976,
convirtiendo
a
California
en
el
primer
estado
con
“living
wills”
legalmente
sancionadas,
conocida
con
el
nombre
de
Ley
de
Muerte
Natural.
En
1976
la
Suprema
Corte
de
New
Jersey
enfrenta
el
controvertido
caso
de
Karen
Ann
Quinlan.
Luego
de
un
fuerte
debate,
la
Corte
permitió
el
retiro
del
soporte
vital
y
propuso
las
siguientes
condiciones
para
casos
futuros:
Si
el
paciente
es
mentalmente
incapaz
de
participar
en
las
decisiones
de
tratamiento,
otra
persona
lo
hará
por
ella.
Si
las
decisiones
sobre
el
cuidado
de
la
salud
pudieran
resultar
en
la
muerte
de
una
persona
mentalmente
incompetente,
entonces
esas
decisiones
deber
ser
tomadas
por
la
familia
y
los
médicos,
no
por
las
cortes
judiciales.
• Estas
decisiones
deben
considerar
la
invasividad
del
tratamiento
propuesto
y
si
el
paciente
tiene
probabilidades
de
recuperarse.
• Todos
los
pacientes
tienen
derecho
a
rehusar
un
tratamiento,
aun
cuando
sus
decisiones
pudieran
ocasionar
su
muerte.
1
Casos
similares
que
reavivaron
el
debate
fueron
los
casos
de
Nancy
Cruzan
en
1990
y
el
de
Terry
Schiavo
en
2005.
•
•
Si
bien
surgieron
con
el
término
confuso
de
“living
will”,
en
Estados
Unidos
también
evolucionó
el
concepto
hacia
el
de
“Advance
Directives”.
Numerosos
sitios
en
internet
explican
que
la
expresión
Advance
Directives
incluye
3
situaciones:
1)
Living
will:
documento
escrito
que
especifica
qué
tipos
de
tratamientos
médicos
serán
deseables
en
caso
que
una
persona
se
torne
incapacitada.
Puede
ser
general
o
muy
específico
incluyendo
el
tipo
de
analgesia,
antibióticos,
hidratación
y
nutrición
artificial,
técnicas
de
resucitación
cardiopulmonar,
etc.
2)
Cuidador
de
salud:
es
un
documento
legal
en
el
cual
un
individuo
designa
a
otra
persona
para
tomar
las
decisiones
en
salud
en
caso
que
una
persona
se
torne
incapaz
de
hacerlo,
tiene
los
mismos
derechos
en
requerir
o
rechazar
los
tratamientos
como
si
fuera
el
paciente.
3)
Poder
judicial:
por
medio
de
este
documento
se
entrega
el
poder
de
representante
legal
a
otra
persona
en
caso
de
incapacidad
médica.
Le
permite
además
hacer
trámites
legales
y
firmar
cheques
2
que
cubran
los
gastos
en
salud.
Para
la
mayoría
de
la
población
“Advance
Directives”
y
“living
will”
son
sinónimos.
En
el
mundo
hispanoparlante
el
término
más
divulgado
es
el
de
Directivas,
Directrices
o
Voluntades
Anticipadas.
Así
en
2003,
Andalucía
aprobó
la
ley
Nro
5
que
define
a
las
Directivas
anticipadas
como
“la
manifestación
escrita
hecha
para
ser
incorporada
al
registro
que
esta
Ley
crea,
por
una
persona
capaz
que,
consciente
y
libremente,
expresa
las
opciones
e
instrucciones
que
deben
respetarse
en
la
asistencia
sanitaria
que
reciba
en
el
caso
de
que
concurran
circunstancias
clínicas
en
las
cuales
no
pueda
expresar
personalmente
su
voluntad”.
Autonomía
y
directivas
anticipadas
–
historia
y
derecho
comparado
Desde
que
nace,
hecho
natural
para
el
que
ni
siquiera
fue
consultado,
el
Ser
Humano
comienza
una
azarosa
vida
en
la
que
la
mayor
parte
de
sus
actos
y
hechos
están
predeterminados
por
pautas
culturales,
sociales,
familiares,
etc.,
que
lo
condicionan
impidiéndole
o
al
menos
limitándole
el
ejercicio
pleno
de
su
autonomía
en
el
uso
de
su
libertad
de
autodeterminación.
96
Nos
referimos
al
Ser
Humano
más
que
a
la
“persona”,
que
lo
será
recién
cuando
su
nacimiento
tenga
exteriorización
ante
los
organismos
de
registro
del
estado
civil,
momento
en
el
cual
diríamos
con
Kelsen
que
se
convierte
en
un
centro
de
imputación
de
normas,
o
sea
que
adquiere
un
determinado
status
jurídico
que
lo
trasforma
en
sujeto
de
derecho,
sin
perjuicio
de
lo
cual
al
Ser
Humano
“indocumentado”
deben
reconocérsele
sí,
derechos
que
le
son
esenciales
a
su
condición
de
ser
vivo.
En
el
derecho
argentino,
la
garantía
de
la
autonomía
está
presente
desde
la
Constitución
Nacional
en
su
artículo
19,
luego
en
la
Ley
de
Ejercicio
de
la
Medicina
Ley
17.132
artículo
19,
más
recientemente
en
la
Ley
26529
de
los
Derechos
del
Paciente,
historia
clínica
y
consentimiento
informado
y
sus
modificaciones
por
la
ley
26.742,
en
su
artículo
2
inciso
(e)
y
finalmente
en
el
artículo
60
del
nuevo
Código
Civil.
Acá
es
necesario
hacer
algunas
precisiones
sobre
el
alcance
de
las
normas
que
citamos,
porque
si
bien
el
espíritu
de
las
mismas
está
asentado
en
la
garantía
de
la
autonomía,
el
real
ejercicio
de
ella
se
encuentra
sujeto
a
limitaciones
importantes,
unas
derivadas
del
propio
ordenamiento
jurídico
y
otras
del
entramado
social.
Cuando
el
Art.
19
de
la
Constitución
Nacional
expresa
que
“Las
acciones
privadas
de
los
hombres
que
de
ningún
modo
ofendan
al
orden
y
a
la
moral
pública,
ni
perjudiquen
a
un
tercero,
están
solo
reservadas
a
Dios,
y
exentas
de
la
autoridad
de
los
magistrados”.
lleva
ínsito
en
sí
mismo
dos
importantes
limitaciones
como
son
el
orden
y
la
moral
pública
por
un
lado
y
el
perjuicio
a
terceros
por
el
otro.
Los
dos
primeros
son
bastante
complicados
y
escurridizos
cuando
se
trata
de
configurarlos
dado
que
se
encuentran
influenciados
por
las
épocas,
las
ideologías
y
las
estructuras
sociales.
El
orden
público,
históricamente,
tiene
sus
primeras
exteriorizaciones
en
el
Derecho
Romano
y
hoy
conforma
el
ordenamiento
jurídico
de
todos
los
estados
ya
que
es
el
conjunto
de
principios:
jurídicos,
políticos
morales
y
económicos
que
son
obligatorios
para
la
conservación
del
orden
social
de
un
pueblo
en
una
época
3
determinada”.
Con
solo
repasar
la
historia
hasta
nuestros
días,
veremos
la
diversidad
que
puede
tener
este
concepto
como
factor
limitativo
de
la
autonomía
de
la
voluntad,
a
lo
que
debe
sumarse
en
igual
sentido
el
concepto
que
aporta
la
moral
pública
como
inspiradora
de
las
buenas
costumbres.
La
moral,
como
orden
normativo
de
la
comunidad
plural
no
surge
de
propiedades
objetivas
ni
reales
de
los
hechos
y
las
cosas,
sino
4
de
creencias
subjetivas
a
las
que
un
determinado
colectivo
social
debe
ceñirse
en
forma
imperativa
para
lograr
el
bien.
La
circunstancia
de
que
tanto
el
orden
público
como
la
moral
sean
influenciables
por
criterios
dogmáticos
de
índole
diversa
(políticos,
confesionales,
económicos),
abre
un
amplio
campo
para
relativizar
la
garantía
de
libertad
en
el
ejercicio
de
la
autonomía.
Y
es
precisamente
en
el
campo
de
la
medicina
en
el
que
se
ha
visto
ello
reflejado
con
mayor
intensidad,
claridad
y
permanencia
temporal,
ya
que
son
innumerables
los
casos
que
debieron
judicializarse
mediante
pedidos
formulados
por
pacientes
terminales
o
5
en
grave
estado
de
salud
para
recibir
en
sede
judicial
una
nueva
negativa.
97
La
ley
17.132
que
regla
el
ejercicio
de
la
medicina
a
nivel
nacional
tampoco
mejora
la
situación
que
venimos
analizando,
porque
en
su
Art.
19,
inc.
3
alienta
a
respetar
la
voluntad
del
paciente
en
cuanto
sea
negativa
a
tratarse
o
internarse,
pero
la
realidad
diaria
pone
a
los
médicos
en
una
situación
conflictiva
ya
que
si
acatan
la
decisión
del
paciente
quedan
expuestos
a
un
juicio
por
mala
praxis
o
una
querella
penal
por
homicidio
o
por
abandono
de
persona,
con
lo
que
los
médicos
terminan
judicializando
el
caso
pidiendo
la
autorización
⎯negada
en
muchos
casos⎯,
para
poder
efectivizar
la
petición
que
el
paciente
realizará
en
ejercicio
de
su
autonomía.
El
inc.
4
del
Art.
19
de
la
ley
que
estamos
analizando
hace
tabla
rasa
con
la
autonomía
de
los
pacientes
transexuales
que
por
diversos
motivos,
algunos
muy
serios,
necesitan
adecuar
sus
caracteres
sexuales
secundarios
a
su
verdadera
identidad
sexual,
ya
que
prohíbe
las
intervenciones
quirúrgicas
con
esa
finalidad,
para
las
que
se
requiere
una
expresa
autorización
judicial.
Creemos,
entonces,
que
la
cuestión
referida
a
las
decisiones
anticipadas,
pasa
no
tanto
por
una
ley,
producto
de
consensos
parlamentarios,
sino
que
debería
afrontarse
a
través
del
consenso
reflexivo
de
una
sociedad
pluralista
como
la
nuestra,
a
partir
de
la
educación,
información,
análisis
y
debates
a
realizarse
sobre
ambos
extremos
de
la
relación
médico
paciente.
La
persona
enferma
no
deja
por
ello
de
ser
sujeto
de
derechos
y
debe
tomar
conocimiento
y
conciencia
de
que
a
través
del
consentimiento
informado
(CI)
puede
ejercitar
su
derecho
a
un
decisión
libre
y
autónoma
sobre
su
salud,
en
definitiva
su
vida.
En
el
otro
extremo,
el
de
los
médicos,
se
torna
necesario
prepararlos
con
una
mayor
amplitud
de
criterios
que
los
que
el
modelo
paternalista
admite
en
lo
que
hace
a
la
consideración
y
respeto
de
la
voluntad
del
paciente.
Ello
deberá
darse
en
el
marco
de
los
requisitos
de
toda
decisión
autónoma:
que
el
paciente
haya
comprendido
la
información
sobre
la
bondad
y
la
oportunidad
de
lo
que
se
le
ofrece
y
que
tenga
capacidad,
competencia
y
libertad
para
decidirlo.
Es
lógico
que
así
sea
por
cuanto
esa
disposición
importa
la
vida
del
paciente,
situación
que
sin
duda
adquiere
carácter
y
relevancia
jurídica,
lo
que
nos
lleva
a
considerar
la
aplicación
también
acá
del
principio
de
que
todo
acto
jurídico
debe
ser
realizado
con
discernimiento,
intención
y
capacidad.
La
capacidad
entendida
como
la
mayoría
de
edad,
resultaría
válida.
Luego
de
ello
habrá
de
verse,
además,
si
la
persona
capaz
al
otorgar
el
CI
tenía
el
discernimiento
suficiente
para
evaluar
los
alcances
de
esa
decisión,
o
se
aprecia
la
conveniencia
o
inconveniencia
del
rechazo
del
tratamiento
o
práctica
de
que
se
tratara
y
si
lo
hizo
con
la
intencionalidad
suficiente
para
lograr
la
finalidad
perseguida
al
otorgar
la
disposición
de
última
voluntad.
La
apreciación
de
todo
ello
por
el
profesional,
debe
ser
realizada
en
forma
individual
y
particular
para
cada
caso
tomando
en
consideración
las
circunstancias
personales
del
paciente,
su
educación,
sus
convicciones
personales
y
aun
sus
creencias
religiosas,
todo
lo
que
permitirá
decidir
acerca
de
la
razonabilidad
de
la
decisión
tomada.
De
esto
es
fácil
colegir
la
situación
de
los
menores
de
edad
que,
lógicamente
resultan
ser
incapaces,
sin
perjuicio
de
lo
cual
hay
criterio
doctrinario
y
legislativo
en
el
derecho
comparado
el
admitir
que
los
menores
de
12
años
hayan
de
ser
escuchados
prestando
98
su
asentimiento,
que
deberá
ser
complementado
con
el
consentimiento
prestado
por
los
padres,
o
la
decisión
judicial
en
caso
de
6,7
disenso.
La
exploración
de
la
capacidad
cognitiva
(orientación,
raciocinio,
memoria
reciente,
comprensión
del
lenguaje
y
su
expresión),
del
estado
anímico,
de
la
comprensión
de
la
situación
y,
finalmente,
de
cómo
toma
la
decisión,
son
los
elementos
que
hacen
a
la
8
competencia
con
que
el
paciente
debe
tomar
las
decisiones
en
lo
que
hace
a
su
salud.
El
tema
de
la
autonomía,
de
la
voluntad
que
rige
la
cuestión
de
las
decisiones
anticipadas
en
materia
de
salud,
ha
sido
finalmente
reglado
en
nuestro
país
a
través
de
la
Ley
26.529
de
los
Derechos
del
Paciente,
historia
clínica
y
consentimiento
informado
y
sus
modificaciones
por
la
ley
26.742,
en
su
artículo
2
inciso
(e).
Ambas
leyes
han
sido
sancionadas
dentro
de
un
nivel
medio
de
compromiso
efectivo
con
los
deseos
de
los
pacientes
ya
que,
como
veremos
a
continuación,
se
sanciona
toda
práctica
o
acto
médico
contraria
a
la
decisión
de
los
pacientes,
pero
soslaya
en
forma
expresa
la
solución
de
la
eutanasia
aun
cuando
fuera
dispuesta
por
el
paciente
o
su
representante
legal.
Además
de
referirse
a
las
personas
mayores
de
edad
con
deterioro
cognitivo,
sean
o
no
competentes,
la
ley
se
refiere
también
a
los
menores
de
edad
a
quienes
al
menos
garantiza
mínimamente
su
derecho
a
ser
escuchados
antes
de
que
el
médico
actúe
sobre
su
salud.
El
derecho
de
las
niñas,
niños
y
adolescentes
a
ser
escuchados
y
que
su
opinión
sea
tenida
en
cuenta
depende
de
su
edad,
grado
de
madurez,
capacidad
de
discernimiento
y
demás
condiciones
personales.
Desde
mucho
tiempo
antes
de
la
reforma
constitucional
de
1994,
que
introdujo
mediante
el
Art.75
inc
22
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
a
los
tratados
y
convenciones
suscriptos
por
nuestro
país,
hemos
sostenido
que
a
los
menores
de
hasta
14
años
debía
reconocérseles
el
derecho
a
recibir,
conforme
su
grado
de
maduración,
la
información
respecto
de
las
decisiones
a
adoptar
con
su
salud,
habilitándoles
a
prestar
su
asentimiento
para
las
mismas,
el
que
debería
ser
complementado
con
el
consentimiento
de
sus
representantes
legales,
o
de
juez
competente
en
caso
de
discordia.
En
el
caso
de
los
menores
a
partir
de
los
14
años
habría
de
reconocérseles
plena
competencia
para
adoptar
por
sí
solos
tales
decisiones
(X
Congreso
Internacional
de
Derecho
de
Familia
1998
pág.
220
y
siguientes).
En
cuanto
a
las
personas
mayores
de
edad
tal
competencia
debe
ser
reconocida,
más
allá
de
su
capacidad
o
incapacidad
de
hecho,
siempre
que
su
grado
de
discernimiento
le
permita
conocer
y
evaluar
la
información
médica
que
reciba,
adoptando
decisiones
que
resulten
coherente
con
sus
principios
de
vida,
religiosos
y
humanos.
En
sintonía
con
ello,
la
normativa
vigente
ha
previsto,
dentro
de
un
marco
de
respeto
a
la
dignidad
del
paciente
como
ser
humano,
y
a
la
observancia
de
su
intimidad,
que
la
voluntad
del
paciente
debe
ser
respetada
a
ultranza
por
el
plantel
de
profesionales
de
la
salud
que
lo
asista
conforme
lo
haya
expresado
en
su
decisión
de
voluntad
anticipada.
99
A
los
fines
de
la
instrumentación
de
la
misma,
la
ley
lo
ha
hecho
mostrando
una
complejidad
que
no
se
compadece
con
el
carácter
y
la
finalidad
de
esa
voluntad,
ya
que
debe
ser
otorgada
por
escrito
cumplimentando
recaudos
no
siempre
a
mano
y
en
la
ocasión
precisa.
Si
bien
se
expresa
que
el
paciente
es
soberano
para
aceptar
o
rechazar
las
terapias
o
procedimientos
médicos
o
biológicos
que
se
le
propongan
en
relación
a
su
persona,
para
lo
cual
tiene
derecho
a
tener
la
información
necesaria
y
suficiente
para
la
toma
de
su
decisión,
a
entenderla
claramente
e
incluso
a
negarse
a
participar
en
la
enseñanza
e
investigación
científica
en
el
arte
de
curar.
En
uno
u
otro
caso,
puede
revocar
y
dejar
sin
efecto
su
manifestación
de
voluntad
que,
deberá
registrarse
en
la
historia
clínica.
La
declaración
de
voluntad
deberá
formalizarse
por
escrito,
con
la
presencia
de
dos
testigos,
por
ante
escribano
público
o
juez
de
primera
instancia
competente,
en
la
que
se
detallarán
los
tratamientos
médicos,
preventivos
o
paliativos,
y
las
decisiones
relativas
a
su
salud
que
consiente
o
rechaza.
Las
Directivas
Anticipadas
emitidas
con
intervención
de
un
escribano
público
deben
al
menos
contar
con
la
certificación
de
firmas
del
paciente
y
de
dos
testigos,
o
en
su
caso
de
la
o
las
personas
que
éste
autorice
a
representarlo
en
el
futuro,
y
que
aceptan
la
misma.
Sin
perjuicio
de
ello,
el
paciente
tendrá
disponible
la
alternativa
de
suscribirlas
por
escritura
pública,
siempre
con
la
rúbrica
de
los
testigos
y
en
su
caso
de
las
personas
que
aceptan
representarlo.
Acá
es
donde
se
encuentran
las
mayores
dificultades
para
la
efectividad
de
las
disposiciones
y
la
vigencia
de
las
Directivas
Anticipadas,
ya
que
contadas
personas
previenen
con
anticipación
lo
que
habrán
de
disponer
para
cuando
la
enfermedad
y
la
muerte
los
acechen
de
forma
inmediata.
Lo
habitual
en
la
práctica
hospitalaria
es
que
esas
decisiones
surgen
con
la
emergencia
en
que
el
paciente
se
encuentre,
oportunidad
en
la
cual
la
búsqueda
de
dos
testigos
y
de
un
escribano
se
dificulta.
Por
otra
parte
los
testigos,
cualquiera
sea
el
medio
por
el
cual
se
extiendan
deberán
testimoniar,
en
el
mismo
texto
de
las
Directivas
Anticipadas
sobre
el
conocimiento
que
tengan
acerca
de
la
capacidad,
competencia
y
discernimiento
del
paciente
al
momento
de
emitirlas,
y
rubricarlas.
Exploración
de
la
competencia
No
cabe
duda
que
la
toma
de
decisiones
en
adultos
con
procesos
de
enfermedad
que
no
afecten
su
capacidad
de
decisión
no
ocasionaría
mayores
inconvenientes
respecto
de
la
firma
de
una
Directiva
Anticipada.
Por
ejemplo,
el
caso
de
Stephen
Hawking,
reconocido
científico
a
nivel
mundial
es
un
claro
ejemplo
de
incompetencia
física,
con
una
competencia
cognitiva
superior.
Ahora
bien,
el
caso
de
una
enfermedad
que
ocasiona
un
deterioro
mental
progresivo,
irreversible
e
invalidante
a
nivel
cognitivo
pone
en
jaque
la
firma
de
este
tipo
de
documentos.
100
Por
esta
razón
consideramos
fundamental
que
se
abra
un
diálogo
activo
para
alcanzar
un
consenso
en
el
medio
profesional
que
estipule
el
grado
de
incompetencia
que
presenta
un
paciente
a
los
efectos
de
firmar
una
Directiva
Anticipada.
En
otras
palabras,
establecer
los
niveles
de
vulnerabilidad
psíquica
que
va
a
condicionar
una
toma
de
decisiones
en
el
final
de
la
vida.
En
la
redacción
de
la
Ley
26.529
sobre
Derechos
del
paciente
(art.11)
se
encuentran
las
“Directivas
Anticipadas
“
(DA)
y
allí
se
inicia
el
texto
diciendo
que
“Toda
persona
capaz;
mayor
de
edad,
puede
disponer
Directivas
Anticipadas
sobre
su
salud…”.
En
el
proyecto
del
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación,
las
Directivas
Anticipadas
se
incorporan
en
el
art.
60
del
citado
proyecto.
En
él
se
agrega
una
norma
complementaria
a
la
ley
que
dice
“Puede
designar
a
la
persona
o
personas
que
han
de
expresar
9
el
consentimiento
para
los
actos
médicos
y
para
ejercer
la
curatela”.
Tanto
desde
una
cosmovisión
bioética,
como
desde
el
punto
de
vista
legal,
la
determinación
de
la
capacidad
es
una
etapa
obligada
y
previa
a
la
implementación
de
una
Directiva
Anticipada.
En
la
literatura
médica
se
utilizan,
a
veces
indistintamente,
las
palabras
“capacidad”
y
“competencia”.
Cualquiera
que
busque
precisiones
en
definirlas
se
encontrará
con
algunas
dificultades.
En
general,
la
palabra
competencia
es
básicamente
una
determinación
legal.
Los
términos,
competencia
y
competente
se
usan
intercambiablemente
con
capacidad
y
con
“capacidad
para
la
toma
de
decisiones”.
Es
de
señalar
que
en
las
publicaciones
de
lengua
inglesa,
el
término
competencia
es
más
común
en
el
campo
legal
y
puede
diferenciarse
de
las
expresiones
“capacidad
para
la
toma
de
decisiones”
y
“competencia
clínica”
que
se
usan
en
la
literatura
10
médica.
En
uno
de
los
trabajos
dedicados
a
este
tema
se
define
clínicamente
la
capacidad
como
“algo
que
distingue
a
las
personas
que
son
capaces
de
tomar
una
decisión
y
cuya
elección
debe
respetarse,
de
aquellas
que
requieren
la
actuación
de
otros
para
tomar
una
11
decisión”.
Esta
definición
clínica
difiere
de
las
definiciones
legales
de
competencia.
12
Actualmente
se
acepta
que
la
toma
de
decisiones
es
un
atributo
que
posee
la
gente
en
grado
variable.
De
manera
que
los
métodos
de
evaluación
de
la
capacidad
deberán
poder
medir
el
grado
en
que
está
presente
un
déficit
dado
en
ese
atributo.
Por
otra
parte
se
admite
que
la
capacidad
no
debe
ser
vista
como
un
concepto
unitario
dada
la
existencia
de
“competencias
específicas”
o
sea,
de
competencias
relacionadas
a
áreas
específicas
de
funcionamiento.
Como
por
ejemplo
pueden
nombrarse
la
13
capacidad
de
tomar
decisiones
sobre
la
salud
o
las
decisiones
sobre
las
finanzas.
Desde
una
perspectiva
legal
la
capacidad
se
define
frecuentemente
en
términos
de
competencias
específicas.
De
todos
modos,
es
fundamental
que
para
la
noción
de
capacidad
se
tomen
en
cuenta
diferentes
contextos
que,
a
su
vez,
demanden
14
diferentes
tipos
o
niveles
de
habilidades
funcionales.
101
Evaluación
médica
de
la
capacidad
de
decisión
Los
médicos
están
frecuentemente
involucrados
en
la
evaluación
de
la
capacidad
de
su
paciente
y
en
este
campo
se
reconoce
que
15
existen
dificultades
y
que
no
siempre
los
médicos
ejecutan
correctamente
este
tipo
de
tareas.
Se
ha
señalado
la
tendencia
que
tienen
los
médicos
clínicos
a
sobreestimar
la
capacidad
de
sus
pacientes
en
diferentes
contextos
16
clínicos.
En
uno
de
los
estudios,
se
halló
que
el
28%
de
los
pacientes
mayores
de
65
años,
hospitalizados
en
una
sala
de
clínica
médica,
estaban
mal
evaluados
por
parte
de
los
médicos,
dado
que
presentaban
un
compromiso
en
su
capacidad
de
decisión
que
no
se
había
registrado.
Estos
pacientes
no
padecían
enfermedades
neurológicas
ni
psiquiátricas
y
aparentaban
una
total
normalidad
17
cognitiva.
Los
exámenes
con
el
Mini
Mental
Test,
tenían
un
puntaje
de
27
±
1.9.
Para
evitar
este
tipo
de
errores
se
pueden
utilizar
los
denominados
“instrumentos
estructurales”
que
están
constituidos
por
breves
cuestionarios
dirigidos
a
evaluar
los
llamados
“componentes
de
la
capacidad”.
18
En
1996
se
formularon
los
modelos
de
competencia
legal
para
facilitar
las
decisiones
médicas
y
en
base
a
estos
aspectos
se
distinguieron
4
componentes
de
la
capacidad,
cuya
descripción
es
la
siguiente:
a)
b)
c)
d)
Capacidad
para
comunicar
una
decisión
o
elección.
El
paciente
tiene
que
ser
capaz
de
llegar
a
una
decisión
y
poder
expresarla.
Este
componente
no
existe
como
es
lógico
ni
en
los
comatosos
ni
en
los
estados
vegetativos.
Capacidad
para
comprender
la
información
relevante.
Se
requiere
que
el
paciente
entienda
la
información
que
se
le
presenta
en
relación
a
un
tratamiento
o
formulación
de
una
D.A.
Esta
capacidad
puede
investigarse
pidiéndole
al
paciente
que
repita
lo
que
se
ha
dicho
en
lo
referente
a
los
objetivos,
beneficios,
riesgos
y
alternativas
de
un
tratamiento
o
D.A.
El
hecho
de
poder
repetir
no
asegura
que
el
paciente
ha
relacionado
lo
dicho
con
su
propia
persona
o
situación.
El
entender
y
el
apreciar
su
situación
médica
son
capacidades
independientes.
Capacidad
para
apreciar
la
naturaleza
de
la
situación
y
sus
posibles
consecuencias.
Relacionar
la
información
que
recibió
el
paciente
a
sus
propias
circunstancias
es
un
concepto
clave
de
este
componente
de
la
capacidad.
Significa
que
ha
reconocido
y
aceptado
su
situación
médica.
El
rechazo
a
un
tratamiento,
por
ejemplo,
no
necesariamente
indica
incompetencia.
En
estos
casos,
lo
que
hay
que
asegurar
es
si
ha
entendido
las
consecuencias
de
ese
rechazo.
Capacidad
para
manejar
racionalmente
la
información.
Esta
capacidad
está
estrechamente
relacionada
a
la
comprensión
y
apreciación
de
la
información.
Si
el
paciente
no
sigue
un
proceso
lógico
en
su
pensamiento
para
llegar
a
una
decisión
puede
considerarse
incompetente
pese
a
que
exhiba
una
comprensión
y
apreciación
de
la
información.
Este
componente
de
la
capacidad
no
toma
en
cuenta
el
resultado
de
la
decisión
sino
la
forma
en
que
se
tomó.
Debe
tomarse
empleando
un
proceso
lógico
de
pensamiento.
Estos
cuatro
componentes
de
la
capacidad
se
incluyen
en
los
“instrumentos
estructurados”
más
utilizados
actualmente.
A
través
de
esos
cuestionarios
se
evalúa
la
competencia,
previamente
a
los
tomas
de
decisión
vinculadas
a
tratamientos
o
D.A.
Uno
de
los
más
usados
es
el
“instrumento
para
la
evaluación
de
Competencia
para
un
tratamiento”
de
Mac
Arthur
(The
Mac
Arthur
Competence
Assessment
Tool
for
Treatment
(Mac
CAT-‐T)).
102
Se
ha
utilizado
en
pacientes
psiquiátricos,
en
pacientes
con
demencia
y
pacientes
hospitalizados
con
distintas
enfermedades.
Se
administra
en
15
a
20
minutos.
Al
incluir,
por
parte
del
médico
la
información
clínica
del
paciente,
la
entrevista
permite
individualizar
a
cada
paciente
en
este
examen.
Importa
señalar
que
las
evaluaciones
que
se
limitan
a
una
entrevista
clínica,
la
administración
de
un
Mini
Mental
y
la
lectura
de
la
Historia
Clínica,
está
cargada
de
subjetividad
y
no
son
confiables.
Es
por
eso
que
se
aconseja
el
empleo
de
“instrumentos
19
estructurados”
para
asegurarse
de
que
se
han
cubierto
los
aspectos
más
importantes
en
estas
evaluaciones.
Finalmente
citaremos
un
trabajo
titulado
“Evaluación
de
competencia
en
Directivas
Médicas
Anticipadas”
que
nos
parece
un
modelo
bastante
útil
para
la
20
evaluación
de
la
capacidad
de
un
paciente,
previo
a
formular
sus
últimas
voluntades.
Se
basa
en
la
lectura
de
un
corto
relato
donde
se
describe
de
manera
realista
las
situaciones
en
las
que
puede
demostrar
su
utilidad
una
Directiva
Anticipada.
Posteriormente
se
efectúan
9
preguntas
con
un
puntaje
máximo
de
10.
Puede
administrarse
a
pacientes
con
deterioros
cognitivos
y
sus
resultados
pueden
diferenciar
a
los
pacientes
incompetentes
de
los
que
pueden
completar
una
D.A.
Reflexión
final
En
este
trabajo
hemos
hecho
una
puesta
al
día
de
la
situación
en
términos
legales
en
Argentina,
en
relación
con
el
resguardo
de
la
libertad
de
autodeterminación
de
las
personas.
En
particular,
también
presentamos
una
breve
reseña,
que
solo
muestra
una
parte,
de
la
extensa
tarea
vinculada
a
las
evaluaciones
de
capacidad
que
deben
realizar
los
médicos
en
pacientes
con
deterioro
cognitivo,
para
establecer
el
grado
de
incompetencia
y
la
pertinencia
o
no
de
firmar
una
Directiva
Anticipada.
Queremos
insistir
en
que
deberíamos
tener
en
nuestro
medio
un
esquema
formal,
consensuado
y
periódicamente
actualizado
para
estos
fines,
que
permita,
en
la
medida
de
lo
posible
establecer
el
límite
entre
la
competencia
y
la
incompetencia
en
pacientes
con
deterioro
cognitivo.
Citas
y
referencias
bibliográficas
1
Disponible
en
http://www.medicinenet.com/advance_medical_directives/page2.htm
2
Disponible
en
http://www.medicinenet.com/advance_medical_directives/article.htm
3
Zavaleta
Velarde
B.
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las
buenas
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Disponible
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https://www.google.com.ar/?gfe_rd=cr&ei=ujL-‐
VLmhNaWB8Qfun4H4Ag&gws_rd=ssl#q=orden+publico+Braulio+Zavaleta+Velarde
4
Gracia
D.
Fundamentación
de
la
bioética
y
manipulación
genética.
Madrid:
Universidad
Pontificia
Comillas;
1998:
26.
5
COMITÉ
DE
BIOÉTICA
DE
CATALUÑA.
Recomendaciones
del
Comité
de
Bioética
de
Cataluña
ante
el
rechazo
de
los
enfermos
al
tratamiento
Comité
de
Bioética
de
Cataluña
–
Abril
2010,
pág.
3.
6
Arribere
R.
Autonomía
y
competencia
de
los
menores
de
edad
en
materia
de
decisiones
de
salud.
X
Congreso
Internacional
de
DERECHO
DE
FAMILIA-‐
U-‐N.
CUYO
1998-‐
Lº
de
Ponencias
Pags
220
y
sgtes.
103
7
CHILDREN
ACT
–
CH
41
–V.44.7 F]Notes
for
analysis
of
Children's
Act/Bill
budgets
–
University.
Disponible
en:
https://open.uct.ac.za/.../CI_misc_cabudgetanalysis_.
8
Recomendaciones
del
Comité
de
Bioética
de
Cataluña
ante
el
rechazo
de
los
enfermos
al
tratamiento
Comité
de
Bioética
de
Cataluña.
Abril
2010,
pág.
3.
9
Bergel
SD.
Bioética
y
derecho
en
el
proyecto
de
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación.
Perspectivas
Bioéticas
2012;
33,
segundo
semestre:
111-‐
112.
10
Moye
J.
Assessment
of
competency
and
decision
making
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En
Lichtemberg
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Handbook
of
Assessment
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Clinical
Gerontology
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488-‐528)
Wiley
N.Y.;
1999.
11
Wong
JG,
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CH,
Gunn
MJ,
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Capacity
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make
health
care
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importance
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clinical
practice.
Psychol.
Med.
1999;
29;
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446.
12
Haldipur
CV,
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MS.
Competence
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Hasselr
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introduction
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Plenum
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1996:
103-‐125.
13
Verma
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Approaches
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capacity
and
competency
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view.
Inst.
J.
Law
Psychiatry
1997;
20:
35-‐46
14
Dun
LB,
Nowrangi
MA,
Palmer
BW
et.
al.
Assesing
Decisional
Capacity
for
Clinical
Research
or
treatment:
a
review
of
instruments.
Am.
J
Psychiatry
2006;
163;
1323-‐1334.
15
Jackson
E,
Warner
J.
How
much
do
Doctors
know
about
consent
and
capacity.
J.R.
Soc.
Med.
2002;
95;
601-‐603.
16
Raymont
V,
Bingley
W,
Buchanan
A,
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Prevalence
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mental
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in
medical
impatients
and
associated
risk
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Lancet
2004;
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17
Fitten
L,
Waite
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Impact
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medical
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treatment
decision-‐making
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elderly.
Arch.
Int.
Med
1990;
150;
1717-‐21.
18
Berg
J,
Appelbaum
P,
Grisso
T.
Constructing
competence:
Formulating
standars
of
legal
competence
to
make
medicl
decisions.
Rutgers
Law
Rev.
1996;
48;
345-‐96.
19
Lim
T,
Marin
DB.
The
assessment
of
Decision
Capacity.
Neurologic
Clinics
of
N.
Am.
2011;
February:
115-‐126.
20
Fazel
S,
Hope
T,
Jacoby
R.
Assessment
of
competence
to
complete
advance
directives:
Validation
of
a
patient
centred
approach.
Brit.
Med.
J.
1999;
318;
493-‐497.
104
CONDUCTAS
DE
ENGAÑO
EN
LOS
ESTUDIANTES
DE
MEDICINA
Sabrina
Fernanda
Merino
Martín
Donato
Ricardo
J.
Gelpi
Alumna
de
la
Carrera
de
Medicina.
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina.
Contacto:
[email protected]
Doctor
en
Medicina.
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina;
investigador
adjunto,
CONICET,
Argentina.
Contacto:
[email protected]
Doctor
en
Medicina.
Facultad
de
Ciencias
Médicas,
Universidad
Nacional
de
La
Plata,
Argentina;
investigador
principal,
CONICET.
Contacto:
[email protected]
Ana
María
Rancich
Doctora
en
Humanidades
Médicas,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires
(UBA),
Argentina
Contacto:
[email protected]
Instituto
de
Bioquímica
y
Medicina
Molecular
(IBIMOL),
Subsede:
Instituto
de
Fisiopatología
Cardiovascular,
Departamento
de
Patología,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
J.E.
Uriburu
950
-‐
Piso
2,
C1114AAD.
Buenos
Aires,
Argentina
El
engaño
en
las
facultades
de
medicina
del
mundo
es
un
tema
que
se
investigó
extensamente
en
las
últimas
décadas
en
relación
al
profesionalismo,
ya
que
se
comprueba
que
aquellos
estudiantes
que
engañan
en
su
formación
de
grado
tienen
una
fuerte
tendencia
1
a
repetir
este
comportamiento
luego
en
su
práctica
profesional.
Se
define
como
engaño
a
“el
intento
deliberado,
exitoso
o
no,
de
ocultar,
generar
y/o
manipular
de
algún
modo
información
por
medios
verbales
y/o
no
verbales
con
el
fin
de
crear
o
mantener
en
2
otra(s)
persona(s)
una
creencia
falsa”.
Otros
términos
que
se
usan
en
relación
al
mismo
fenómeno
son
“mala
conducta
académica”
y
“deshonestidad
académica”.
El
primero
es
definido
como
“cualquier
acción
o
intento
de
acción
que
podría
resultar
en
crear
una
ventaja
académica
injusta
para
uno
3
mismo,
o
una
ventaja
o
desventaja
académica
para
otro
miembro
o
miembros
de
la
comunidad
académica”.
El
segundo
significa
“un
acto
intencional
de
engaño
o
fraude
cuando
se
llevan
a
cabo
requerimientos
o
tareas
académicas”.
4
5,6
6
En
la
literatura
se
identifican
diferentes
conductas
de
engaño,
entre
las
que
se
puede
nombrar:
plagio,
falsificar
documentación,
4,5
4
copiarse
en
un
examen,
falsificar
la
firma
de
un
profesor,
alterar
las
notas,
mentir
en
la
planilla
de
asistencia,
realizar
una
tarea
7
escrita
para
un
compañero,
comentar
los
temas
preguntados
en
un
examen
a
un
compañero
que
lo
está
por
rendir,
obtener
acceso
5
ilegal
a
las
preguntas
de
un
examen,
entre
otras.
Prevalencia
del
engaño
La
prevalencia
del
engaño
presenta
gran
variabilidad,
desde
trabajos
en
donde
se
constata
que
alrededor
del
5%
de
los
estudiantes
8
engaña
en
la
facultad
de
medicina,
hasta
otros
en
donde
el
99%
lo
hace.
105
La
conducta
de
engaño
más
frecuente
entre
el
estudiantado
es
firmar
la
planilla
de
asistencia
por
un
compañero,
con
rangos
que
van
desde
el
25%
hasta
el
93%.
5,8,9
Asimismo,
copiarse
en
un
examen
también
parece
ser
frecuente:
entre
el
9%
al
67%
de
los
estudiantes
manifiestan
haberlo
hecho.
5,6,10,11
Las
conductas
de
plagio
le
siguen
en
prevalencia,
principalmente
las
referidas
a
no
citar
las
fuentes
utilizadas,
con
rangos
desde
el
17%
hasta
el
53%.
24%
y
el
54%
de
los
estudiantes
manifestan
hacerlo.
3,10,13
6,12
En
cuanto
a
escribir
datos
falsos
en
historias
clínicas,
entre
el
Estas
conductas
moralmente
incorrectas
son
poco
reportadas
por
los
8
compañeros,
haciéndolo
solo
el
2%.
Es
interesante
señalar
asimismo
que
los
estudiantes
manifiestan
observar
las
conductas
de
engaño
en
proporción
considerablemente
mayor
a
lo
que
las
realizan.
El
rango
de
porcentajes
de
observación
para
conductas
como
firmar
la
planilla
de
asistencia
por
otro,
dejar
que
otro
firme
la
planilla
de
asistencia
por
uno,
presentar
un
justificativo
falso
ante
una
ausencia,
utilizar
datos
de
la
web
sin
citar,
presentar
un
trabajo
ajeno
como
propio,
figurar
en
un
trabajo
grupal
sin
haber
participado,
copiarse
en
un
examen
o
dejar
que
otro
se
copie,
se
encuentra
entre
el
45%
y
el
71%.
9,11,12
Razones
por
las
que
los
estudiantes
engañan
Entre
las
razones
por
las
cuales
los
estudiantes
cometen
conductas
de
engaño
podemos
mencionar:
no
encontrarse
preparado
para
un
examen,
14,15
sobrecarga
de
trabajo,
7,14,15
14
obtener
buenas
calificaciones,
falta
de
comprensión
sobre
la
seriedad
de
lo
que
6
3
constituye
el
engaño,
principalmente
el
plagio,
fácil
acceso
a
la
telefonía
celular,
la
presión
de
ser
exitoso,
4
4,16
exámenes
tomados
4
con
pocos
días
de
anticipación
y
superpoblación
de
alumnos.
17
Otro
factor
a
tener
en
cuenta
es
el
desconocimiento
de
las
políticas
institucionales
en
relación
al
engaño,
por
ejemplo,
qué
7
constituye
una
conducta
de
plagio.
Asimismo,
si
es
percibido
que
la
facultad
no
demuestra
interés
en
la
producción
escrita
de
los
19
estudiantes,
se
incentivan
conductas
de
plagio.
También
es
más
probable
que
un
alumno
engañe
en
una
tarea
que
considera
8
irrelevante.
Además,
el
engaño
es
más
frecuente
si
los
estudiantes
perciben
que
todos
engañan
y
no
son
penalizados.
8,18
También
cabe
mencionar
aquellas
razones
por
las
cuales
los
estudiantes
no
llevarían
a
cabo
estas
conductas,
entre
ellas:
sentirse
14
competente,
creencias
morales
y
religiosas,
miedo
al
castigo
académico
y
percibir
que
los
profesores
se
preocupan
por
sus
8
alumnos.
Asimismo,
el
ser
capaz
de
identificar
correctamente
lo
que
constituye
el
plagio
les
permite
a
los
estudiantes
apreciar
la
importancia
del
no
copiar.
6
Autores
como
Mortaz
y
Elzubeir
explican
la
alta
prevalencia
de
engaño
en
las
facultades
de
medicina
de
sus
países
(Irán
y
Emirátos
Árabes
Unidos,
respectivamente)
debido
a
las
características
culturales
del
alumnado.
Refieren
que
desde
la
infancia,
ayudar
al
compañero
en
problemas
es
altamente
valorado
y
que
esta
característica
se
mantiene
en
la
universidad.
Elzubeir
asimismo
afirma
que
en
los
estudiantes
prevalecen
los
valores
morales
dictados
por
la
fe
islámica
en
lugar
de
la
competencia
académica.
Indica
que
el
5,7
Islam
valora
la
cooperación,
el
apoyo,
la
hermandad
y
la
benevolencia
en
todos
los
aspectos
de
la
vida
social.
Por
otro
lado,
Kukolja
asevera
que
los
estudiantes
tienden
a
engañar
más
en
países
con
altos
índices
de
corrupción.
8
106
Variables
que
predisponen
al
engaño
Según
algunos
estudios,
las
variables
que
predisponen
a
engañar
son:
haber
engañado
en
la
secundaria,
14
14
14
8,14,18
haber
concurrido
a
un
14
colegio
secundario
privado,
consumir
drogas,
no
asistir
a
clases,
no
poseer
convicciones
religiosas,
encontrarse
en
años
superiores
de
la
carrera
de
medicina
6,14
y
pertenecer
al
género
masculino.
6,7,16
Sin
embargo,
algunos
estudios
no
encontraron
3
relación
entre
el
porcentaje
de
engaño
y
el
año
de
la
carrera.
Asimismo,
el
tener
un
médico
en
la
familia
predispone
a
algunos
estudiantes
a
usar
sus
conexiones
privadas
para
pasar
un
examen,
así
como
arreglar
con
el
personal
administrativo,
para
ser
17
asignado
a
un
examinador
que
realice
preguntas
más
fáciles.
Algunas
razones
por
los
cuales
los
estudiantes
de
años
más
avanzados
cometen
más
actos
de
engaño
podría
deberse
en
parte
a
que
19
las
facultades
de
medicina
tienden
a
deshumanizar
al
estudiante.
Los
estudiantes
de
los
primeros
años
al
tener
menos
tiempo
de
6
cursada
tienen
asimismo,
menos
posibilidades
de
engañar.
Los
porcentajes
más
bajos
de
engaño
que
se
observan
en
los
años
inferiores
pueden
deberse
a
que
estos
estudiantes
no
tratan
con
el
paciente
ni
realizan
examen
físico,
dado
que
“no
existe
la
19
motivación
de
actuar
inapropiadamente
si
no
existe
la
necesidad”.
Se
observa,
sin
embargo,
que
los
estudiantes
más
próximos
a
graduarse
cometían
menos
actos
de
engaño
referentes
tanto
al
plagio
como
a
mentir
en
el
examen
físico,
quizás
debido
a
que
son
capaces
de
ver
las
consecuencias
de
sus
actos
debido
a
su
próxima
inserción
en
el
mundo
de
la
salud.
7,19
Consideración
del
engaño
3
Los
estudiantes
consideran
la
mala
conducta
académica
como
algo
menos
serio
de
lo
que
lo
hacen
los
profesores.
A
su
vez,
aquellos
estudiantes
que
cometen
más
actos
de
engaño
los
evalúan
con
menor
severidad
y
los
reportan
menos
que
aquellos
que
no
los
8
cometen.
Ciertas
conductas
son
aprobadas
por
los
estudiantes,
como
firmar
la
planilla
de
asistencia
por
un
compañero.
9,17
Asimismo,
se
estudió
que
los
estudiantes
cometen
más
actos
de
engaño
en
aquellas
asignaturas
que
consideran
menos
relevantes
para
su
formación
médica,
particularmente
en
las
materias
humanísticas,
debido,
en
parte,
a
la
mentalidad
cientificista
del
último
siglo.
20,21
Consecuencias
del
engaño
Las
principales
consecuencias
de
las
conductas
de
engaño
considerada
por
los
alumnos
fueron:
sentimientos
negativos
hacia
la
propia
persona
(culpa,
deshonestidad,
vergüenza,
engaño
a
sí
mismo,
mediocridad,
inseguridad,
falta
de
satisfacción
personal
y
desmotivación);
falta
de
conocimiento;
mal
desempeño
profesional;
retraso
o
abandono
de
carrera;
resultados
injustos
de
las
evaluaciones
y
deterioro
de
la
calidad
institucional.
22,23
Los
estudiantes
reconocen
que
aquellos
que
engañan
a
la
larga
se
perjudican
18
a
sí
mismos.
A
su
vez,
los
alumnos
de
los
primeros
años
se
preocupan
más
por
las
consecuencias
a
corto
plazo
del
engaño
y
por
las
posibles
sanciones
académicas,
mientras
que
aquellos
estudiantes
con
mayor
cantidad
de
años
en
la
facultad
son
más
conscientes
del
deterioro
institucional
que
causarían
con
su
conducta
y
de
la
posible
repercusión
profesional.
22
107
Razones
de
la
no
denuncia
Existen
diversas
razones
por
las
cuales
los
estudiantes
no
denuncian
las
conductas
de
engaño,
entre
ellas:
repercusiones
en
la
relación
con
los
pares,
6,14
venganza
de
los
pares,
6,7
no
perjudicar
al
compañero,
no
considerarlo
una
responsabilidad,
el
ser
catalogado
como
“alcahuete”,
7,17
17
miedo
de
las
consecuencias,
tanto
para
quien
cometió
el
engaño
como
para
el
que
lo
denunció.
Por
parte
del
cuerpo
docente
hay
renuencia
a
denunciar
el
engaño
por
miedo
a
arruinar
la
reputación
del
estudiante,
de
la
universidad
y
para
eludir
problemas
o
repercusiones
legales.
4
Propuestas
para
evitar
el
engaño
Se
proponen
varias
conductas
a
seguir
para
evitar
las
conductas
de
engaño,
entre
ellas:
admitir
en
la
universidad
a
los
estudiantes
por
su
madurez
moral
y
no
tanto
por
sus
altas
calificaciones,
enseñar
ética
médica
en
grupos
reducidos
concentrándose
en
los
problemas
del
día
a
día
de
los
estudiantes,
instar
a
que
los
colegios
secundarios
revean
sus
políticas
respecto
al
engaño,
incrementar
14
la
supervisión
durante
los
exámenes,
desalentar
el
consumo
de
sustancias.
Autores
como
Hafeez
consideran
que
el
reformular
la
3
currícula
y
hacer
las
asignaturas
más
interesantes
para
los
alumnos
desalentaría
el
engaño.
Hay
también
quienes
consideran
que
7
reducir
el
número
de
exámenes
e
implementar
ceremonias
de
iniciación
también
contribuiría
a
disminuirlo.
También
se
sugiere
el
redactar
y
difundir
reglamentos
institucionales
referentes
al
engaño
que
no
den
lugar
a
ambigüedad,
con
consecuencias
claras
para
4
quienes
cometan
dichas
conductas.
Limitaciones
Todos
los
trabajos
sobre
engaño
de
los
alumnos
se
basan
en
reportes
personales,
donde
los
mismos
deben
señalar
si
han
cometido
las
conductas
de
engaño
o
no.
Este
hecho
constituye
la
principal
limitación
de
estos
estudios.
3,8,16,18
Esto
podría
llevar
a
no
reportar
14
estos
hechos,
ya
que
los
alumnos
podrían
no
haber
sido
honestos
en
sus
respuestas
debido
a
miedo
a
ser
descubiertos
(a
pesar
de
que
las
encuestas
fueron
anónimas)
o
pudieron
haber
dado
respuestas
que
consideraban
socialmente
aceptables,
pero
que
no
representaban
la
realidad.
Por
lo
tanto,
aunque
la
información
personal
de
los
hechos
es
el
método
más
utilizado
para
cuantificar
el
8
engaño,
no
lo
evalúa
directamente.
Entre
otras
limitaciones
podrían
citarse
que
los
estudios
suelen
abarcar
a
los
estudiantes
de
una
18
sola
facultad
de
medicina,
como
menciona
Baldwin.
Conclusiones
En
conclusión,
el
engaño
en
las
facultades
de
medicina
del
mundo
parecería
ser
un
hecho
usual,
el
cual
podría
ser
en
muchos
casos,
consecuencia
de
una
falta
de
compromisos
morales,
y
en
otros
respondería
a
características
culturales
de
la
población,
donde
la
solidaridad
con
el
compañero
prevalecería
sobre
el
respeto
a
las
normas.
El
engaño
es
poco
reportado
y
las
instituciones
toman
escasas
o
nulas
medidas
disciplinarias
al
respecto.
Para
evitar
estas
conductas
sería
conveniente
que
existiera
un
diálogo
permanente
entre
docentes
y
alumnos,
haciendo
hincapié
en
el
ciclo
clínico,
en
referencia
a
qué
constituye
el
engaño,
sus
motivos
y
consecuencias
a
largo
plazo,
tanto
para
el
estudiante/futuro
médico
como
para
sus
pacientes.
108
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6
Ghias
K,
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GR,
Asim
H,
Azam
IS,
Saeed
SA.
Self-‐reported
attitudes
and
behaviours
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medical
students
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Pakistan
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misconduct:
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cross-‐sectional
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Taradi
S,
Taradi
M,
Knežević
T,
Đogaš
Z.Students
come
to
medical
schools
preprared
to
cheat:
a
multi-‐campus
investigation.
J
Med
Ethics.
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36(11):666-‐70.
doi:
10.1136/jme.2010.035410.
9
Rancich
AM,
Méndez
Diodati
N,
Aruanno
ME,
Merino
SF,
Donato
M,
Gelpi
RJ.
Alumnos
de
medicina:
¿engañan
en
la
asistencia
a
clase?
Trabajo
presentado
en
XIII
Conferencia
Argentina
de
Educación
Médica,
organizado
por
la
Asociación
de
Facultades
de
Medicina
de
la
República
Argentina,
2013,
oct
2-‐4;
Corrientes,
Argentina.
10
Babu
TA,
Joseph
NM,
Sharmila
V.
Academic
dishonesty
among
undergraduates
from
private
medical
schools
in
India.
Are
we
on
the
right
track?
Med
Teach.
2011,
33
(9):
759-‐61.
doi:
10.3109/0142159X.2011.576717.
11
Aruanno,
María
E;
Merino,
Sabrina
F,
Méndez
Diodati,
Nahuel.
Asesores:
Donato,
Martín;
Rancich,
Ana
M.
Conductas
de
engaño
de
los
alumnos
de
1º
y
3º
año
de
medicina
en
la
evaluación”
Trabajo
presentado
en
las
XI
Jornadas
Científicas
de
AECUBA,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
2013;
sept.
12-‐13;
Buenos
Aires,
Argentina.
12
Rancich
AM,
Méndez
Diodati
N,
Aruanno
ME,
Merino
SF,
Donato
M,
Gelpi
RJ,
Conductas
de
plagio
en
la
formación
académica
médica.
Trabajo
presentado
en
XIII
Conferencia
Argentina
de
Educación
Médica,
organizado
por
la
Asociación
de
Facultades
de
Medicina
de
la
República
Argentina,
2013,
oct
2-‐4;
Corrientes,
Argentina.
13
Dans
PE.
Self-‐reported
cheating
by
students
at
one
medical
school.
Acad
Med.
1996,
71(1Suppl):S70-‐2.
doi:
http://dx.doi.org/10.1097/00001888-‐
199601000-‐00046
.
14
Desalegn
AA,
Berhan
A.
Cheating
on
examinations
and
its
predictors
among
undergraduate
students
at
Hawassa
University
College
of
Medicine
and
Health
Science,
Hawassa,
Ethiopia.
BMC
Med
Educ.
2014,
14:89.
doi:10.1186/1472-‐6920-‐14-‐89.
15
Merino
SF,
Méndez
Diodati
N,
Donato
M,
Rancich
AM,
Gelpi
RJ.
Colaboradora:
Aruanno
ME.
¿Qué
motiva
a
los
alumnos
a
engañar
en
medicina?
Trabajo
presentado
en
Congreso
en
Docencia
Universitaria,
organizado
por
Secretaría
de
Asuntos
Académicos,
Universidad
de
Buenos
Aires,
2013,
oct
17-‐18;
Buenos
Aires,
Argentina.
16
Đogaš
V,
Jerončić
A,
Marušić
M,
Marušić
A.
Who
would
students
ask
for
help
in
academic
cheating?
Cross-‐sectional
study
of
medical
students
in
Croatia.
BMC
Med
Educ.
2014,
14:1048.
doi:
10.1186/s12909-‐014-‐0277-‐y.
17
Hrabak
M1,
Vujaklija
A,
Vodopivec
I,
Hren
D,
Marusić
M,
Marusić
A.
Academic
misconduct
among
medical
students
in
a
post-‐communist
country.
Med
Educ.
2004,
38(3):276-‐85.
doi:
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-‐2923.2004.01766.x
18
Baldwin
DC
Jr,
Daugherty
SR,
Rowley
BD,
Schwarz
MD.
Cheating
in
medical
school:
a
surgey
of
second-‐year
students
at
31
schools.
Acad
Med.
1996,
71
(3):267-‐73.
doi:
http://dx.doi.org/10.1097/00001888-‐199603000-‐00020
19
Rennie
SC,
Rudland
JR.
Differences
in
medical
students’
attitudes
to
academic
misconduct
and
reported
behaviour
across
the
years
–
a
questionnaire
study.
J
Med
Ethics.
2003,
29(2):97-‐102.
doi:
http://dx.doi.org/10.1136/jme.29.2.97
20
Osborn
E.
Punishment:
a
story
for
medical
educators.
Acad
Med.
2000,
75(3):241-‐244.
doi:
http://dx.doi.org/10.1097/00001888-‐200003000-‐
00011
109
21
Stern
DT,
Frohna
AZ,
Gruppen
LD.
The
prediction
of
professional
behaviour.
Med
Educ.
2005,
39(1):75-‐82.
doi:
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-‐
2929.2004.02035.x
http://search.crossref.org/?q=The+prediction+of+professional+behaviour.
22
Merino
SF,
Aruanno
ME,
Méndez
Diodati
N,
Gelpi
RJ,
Rancich
AM.
Consecuencias
de
las
conductas
de
engaño
señaladas
por
alumnos
de
primero
y
tercero
de
medicina.
XVI
Jornadas
Argentinas
de
Bioética
que
-‐organizadas
por
la
Asociación
Argentina
de
Bioética
y
coorganizadas
por
la
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Jurídicas
de
la
Universidad
Nacional
de
La
Pampa
y
el
Consejo
Superior
Médico
de
dicha
provincia,
2013,
oct
26-‐
28;
Santa
Rosa,
Argentina.
23
Aruanno
ME,
Merino
SF;
Rancich
AM.
Alumnos
de
dos
facultades
de
medicina:
consecuencias
del
engaño.
Trabajo
presentado
en
I
Encuentro
Internacional
de
Educación,
Espacios
de
Investigación
y
Divulgación,
organizado
por
la
Universidad
del
Centro
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires,
2014,
oct
29-‐31;
Tandil,
Argentina.
http://encuentroespaciosenblanco.unicen.edu.ar/inicio.xhtml
110
ESTUDIO
DE
CASO
CLÍNICO:
MARÍA
Irene
Carreras
Liliana
Siede
*
Comité
de
Bioética
del
Policlínico
del
Docente
Presentación
del
caso
María
fue
una
niña
de
13
años
de
edad
que
nació
con
una
anomalía
del
sistema
nervioso
llamada
encefalocele.
Presentó
un
franco
retardo
madurativo
que
incluía
incapacidad
completa
para
la
marcha,
no
pudiendo
controlar
su
cuerpo
por
lo
que
requirió
de
una
silla
especial
y
corsé.
No
veía
y
no
tenía
comunicación
verbal
ni
gestual
con
el
entorno.
No
respondía
a
consignas.
Solo
manifestaba
llanto
frente
al
dolor.
La
estimulación
y
la
kinesioterapia
que
recibió
del
equipo
de
salud
mantuvieron
el
tono
muscular
menos
hipertónico
y,
en
menor
grado,
la
postura.
La
paciente
perteneció
a
un
hogar
constituido
por
padres
que
conformaron
una
pareja
estable
de
edad
madura
y
un
nivel
socioeconómico
medio
con
dos
hermanos
de
menor
edad
que
se
encontraban
en
buen
estado
de
salud.
Desde
el
momento
en
el
que
María
fue
asistida,
sus
padres
aportaron
un
acompañamiento
satisfactorio
con
una
comprensión
clara
de
los
objetivos
de
los
tratamientos
y
cuidados
que
el
equipo
de
salud
le
fue
proporcionando,
y
de
la
necesidad
de
los
recursos
necesarios
para
brindar
un
mejor
confort
y
bienestar
a
María.
Eran
conscientes
de
la
irreversibilidad
de
su
patología,
lo
cual
fue
discutido
en
varias
oportunidades
con
el
equipo
de
salud, manifestando
con
frecuencia
preocupación
por
sus
futuros
requerimientos
sanitarios.
Después
de
una
internación
sufrida
por
su
madre
en
una
unidad
de
cuidados
intensivos,
la
familia
le
planteó
al
equipo
de
salud
su
deseo
e
inquietud
de
no
querer
que
su
hija
María
fuera
sometida
a
recursos
extraordinarios
que
infligieran
mayores
sufrimientos
en
espacios
como
la
terapia
intensiva.
Esta
situación
motivó
la
presentación
del
caso
por
parte
del
Servicio
de
Pediatría
al
Comité
de
Bioética
del
Policlínico
del
Docente
(CBE).
Pronóstico
Era
esperable
que
el
estado
del
desarrollo
neuro-‐madurativo
no
se
modificase
a
pesar
del
tratamiento
ya
que
su
patología
neurológica
era
irreversible.
Su
pronóstico
vital
fue
incierto
aunque
puede
decirse
que
su
expectativa
de
vida
se
encontraba
disminuida
sensiblemente
por
los
problemas
crónicos
derivados
de
su
patología
neurológica
de
base:
reflujo
gastroesofágico,
neumopatía
aspirativa,
vejiga
neurogénica,
insuficiencia
ventilatoria
por
cifoescoliosis;
todo
ello
poseía
tratamiento
de
sostén
no
curativo.
Toda
intervención
quirúrgica
bajo
anestesia
general
en
esta
paciente
tenía
el
riesgo
aumentado
de
que
necesitara,
luego
de
efectuado
el
procedimiento,
apoyo
ventilatorio
con
soporte
vital,
lo
cual
solo
era
posible
en
Unidades
de
Cuidados
Intensivos
Pediátricos
(UCIP).
*
Miembros
del
CBE:
Irene
Carreras,
Stella
Borgeat,
Claudia
Freigedo,
Fernando
Sabio
Paz,
Guillermo
Márquez,
Carlos
Jaimarena,
Andrea
Egurrola,
Patricia
Nisenbaum,
Melina
Wajsbort,
Pedro
Mazza
Rodil,
Pablo
Casado,
Liliana
Siede.
Presidente:
Pedro
Mazza
Rodil
Coordinadora:
Liliana
Siede.
111
Análisis
del
motivo
de
la
consulta
De
acuerdo
al
informe
presentado
por
el
equipo
de
salud,
se
destacó
en
su
análisis
las
“implicancias
del
pronóstico
estimado
de
la
paciente,
para
la
toma
de
decisiones”,
una
situación
que
derivó
en
alternativas
del
tratamiento
de
la
misma.
Dicho
contenido
sostenía
que
“debiera
evaluarse
muy
minuciosamente
la
pertinencia
de
proporcionar
en
María
terapias
que
incluyesen
soporte
vital,
esto
es
reanimación
cardiopulmonar
(RCP)
y
asistencia
respiratoria
mecánica
(ARM)”.
Al
respecto,
se
mencionaron
dos
situaciones
diferentes:
1.
2.
Por
un
lado,
el
caso
señaló
intercurrencias
agudas
reversibles
que
pudieran
instalarse
sobre
su
problema
basal,
cuyo
tratamiento
incluyera
soporte
vital
(ARM,
UCIP)
por
periodos
breves
y
con
expectativas
razonables
de
un
rápido
retorno
a
su
situación
inicial.
Por
el
otro,
situaciones
atribuibles
al
empeoramiento
de
su
patología
de
base
o
con
intercurrencias
en
las
que
esta
cumpliese
un
rol
relevante
en
el
pronóstico
e
implicase
un
cambio
sustancial
en
cuanto
a
una
expectativa
razonable
de
recuperación.
•
En
el
supuesto
1,
se
consideró
que
sería
razonable
aunque
controversial,
iniciar
el
tratamiento
de
soporte
vital
y
reevaluar
la
respuesta,
en
un
breve
periodo
de
tiempo.
•
Por
el
contrario,
en
el
supuesto
2,
se
sostuvo
que
el
tratamiento
de
rescate,
en
el
caso
de
RCP
como
soporte
vital
en
UCIP,
sería
claramente
desproporcionado
y
solo
prolongaría
un
desenlace
fatal
inminente.
Perspectivas
de
los
principales
interesados
I.
Valores
y
preferencias
de
la
paciente
María
no
se
comunicaba
verbal
ni
gestualmente
con
el
entorno.
Presentaba
llanto
frente
a
estímulos
externos
o
internos.
Su
enfermedad
no
implicó
más
dolor
que
el
que
esporádicamente
podía
presentarse
en
cualquier
niño
de
su
edad.
No
requirió
nunca
opioides.
En
algunos
casos
era
difícil
interpretar
sus
reacciones.
II.
Valores
y
preferencias
de
la
familia
La
familia
participó
habitualmente
de
los
cuidados
de
la
paciente,
siendo
la
madre
la
portavoz
del
grupo
familiar.
Se
mantuvo
clara
la
situación
de
irreversibilidad
de
la
patología
de
María,
comprendiendo
plenamente
los
tratamientos
que
se
fueron
proporcionando
en
la
evolución
de
la
enfermedad
de
su
hija.
Así
también,
se
familiarizó
con
el
manejo
de
algunos
recursos
institucionales
para
brindarle
un
mejor
confort
y
bienestar.
En
algunas
ocasiones
manifestó
al
equipo
de
salud
su
preocupación
por
los
futuros
requerimientos
sanitarios
de
la
paciente.
Hubo
un
momento
en
que,
por
su
propia
experiencia
de
internación
en
una
Unidad
de
Terapia
Intensiva,
la
madre
manifestó
su
deseo
de
que
su
hija
no
fuera
derivada
a
una
Terapia
Intensiva
Pediátrica
con
posibilidades
de
ser
sometida
a
medidas
que
le
infligieran
mayores
sufrimientos.
En
esta
decisión
fue
respaldada
por
su
esposo,
quien
venía
sosteniendo
esta
postura
desde
una
temprana
edad
de
la
niña.
El
equipo
de
salud,
por
su
parte,
evaluó
a
la
madre
y
la
familia
respecto
de
esta
toma
de
decisión.
Consideró
que
fue
madurada
y
reflexionada
durante
varios
años
en
relación
a
los
alcances
y
límites
de
los
cuidados
y
a
posibles
sufrimientos
que
podía
padecer
su
hija.
III.
Contribuciones
y
obstáculos
del
equipo
de
salud
La
percepción
del
equipo
médico
de
pediatría
fue
que
la
madre
acompañó
las
decisiones
importantes
del
equipo
de
salud
y
reclamó
una
activa
participación
en
las
decisiones
cotidianas
que
afectaban
a
la
vida
familiar
de
la
niña.
Según
las
posibilidades
112
de
manejo
en
el
domicilio,
en
ocasiones,
prefirió
que
permaneciese
internada
en
el
Policlínico
donde
se
sintió
contenida.
El
equipo
tratante
coincidió
con
la
decisión
familiar
pero
tuvo
dudas
respecto
de
la
aceptación
de
esta
decisión
por
el
conjunto
de
todos
sus
miembros.
A
modo
de
conclusión
1.-‐
De
acuerdo
a
los
informes
brindados
por
los
médicos
del
Servicio
de
Pediatría
a
cargo
se
concibió
un
plan
médico
que
contiene
dos
situaciones
hipotéticas
respecto
de
la
situación
de
salud
de
la
paciente
María,
habiéndose
en
cada
una
ellas
evaluado
sus
riesgos
y
beneficios
con
un
criterio
razonable,
como
así
también
el
alcance
de
sus
consecuencias,
siendo
la
dignidad
y
calidad
de
vida
de
la
paciente
el
aspecto
primordial
en
la
orientación
del
planteo
de
las
alternativas.
2.-‐
Desde
el
punto
de
vista
familiar,
la
decisión
de
los
padres
respecto
del
estado
de
salud
de
María
y
sus
posibles
consecuencias
coincide
con
el
equipo
de
salud
en
el
tratamiento
propuesto
en
cada
una
de
las
alternativas,
siendo
expresada
su
voluntad
de
evitar
a
su
hija
mayores
sufrimientos
que
pudieran
empeorar
la
calidad
de
vida
lograda.
Los
padres
no
rechazaban
cualquier
tratamiento
médico,
sino
aquellos
que
pudiendo
ser
invasivos,
implicaban
mantener
a
su
hija
dependiente
de
un
medio
artificial
de
soporte
vital
que
consideraban
cruento
e
inconducente.
3.-‐
Desde
el
punto
de
vista
ético
y
legal,
la
ley
26.061
de
año
2006
sobre
la
protección
integral
de
niños,
niñas
y
adolescentes,
inspirada
en
la
Convención
de
los
Derechos
del
Niño,
habla
sobre
el
derecho
de
los
niños
a
la
dignidad
como
sujetos
de
derechos
y
de
personas
en
desarrollo,
destacando
el
principio
del
interés
superior
para
el
niño
como
fundamento
de
su
protección
y
la
ley
26.529
sobre
los
derechos
de
los
pacientes
en
relación
con
los
profesionales
e
instituciones
de
salud,
del
año
2009,
la
cual
menciona
el
respeto
al
trato
digno
y
respetuoso
del
paciente
y
su
grupo
familiar.
Se
consideró
que
estas
premisas
que
sostienen
ambas
leyes
vinculadas
al
respeto
de
la
dignidad
humana,
conforman
el
marco
desde
el
Estado
que
permite
pensar
la
situación
particular
de
la
paciente
y
su
grupo
familiar.
Recomendaciones
•
Se
considera
que
las
leyes
vinculadas
al
respeto
de
la
dignidad
humana
y
su
protección,
conforman
el
marco
desde
el
Estado
que
permite
pensar
la
situación
de
la
paciente
y
su
grupo
familiar.
Sin
embargo
no
está
incluido
el
caso
de
excepción
presentado.
•
Donde
el
Estado
aún
no
ha
llegado
con
su
ley,
es
la
bioética
la
que
puede
responder
a
esta
situación,
en
esta
relación
equipo
de
salud-‐paciente-‐familia.
•
El
comité
de
bioética
constituye
el
espacio
más
idóneo
para
el
tratamiento
y
discusión
del
caso
y
la
instancia
más
favorable
para
su
resolución.
•
Respecto
de
la
decisión
del
CBE
sobre
los
derechos
de
la
paciente,
debe
prevalecer
su
interés
y
su
necesidad.
En
ello
se
incluye
el
respeto
por
las
personas,
la
búsqueda
del
bien
(principios
de
beneficencia
y
de
no-‐maleficencia)
y
el
principio
de
justicia
que
en
el
marco
de
la
obra
social
se
sustentan
en
los
principios
de
solidaridad
y
subsidiaridad
que
constituyen
su
fundamento.
Es
una
obligación
ética
lograr
los
máximos
beneficios
y
reducir
al
mínimo
el
daño
y
la
equivocación.
•
Cuando
hablamos
de
personas
debemos
incluir
el
principio
de
protección
de
las
personas
vulnerables,
como
en
este
caso,
y
es
el
principio
de
responsabilidad
el
que
le
cabe
a
los
padres,
al
equipo
de
salud
y
al
Estado.
113
•
Las
decisiones
anticipadas
deben
ser
dadas
por
alguien
competente
para
cuando
deje
de
serlo,
por
lo
que
los
pacientes
pediátricos
no
estarían
incluidos.
Las
“decisiones
anticipadas”
en
cuanto
a
la
limitación
del
esfuerzo
terapéutico
o
retiro
soporte
vital,
a
fin
de
evitar
un
sufrimiento
innecesario
frente
a
una
situación
irreversible,
no
puede
ser
materia
de
legislación
general,
ya
que
cada
caso
exige
la
intervención
de
un
CBE
que
contribuya
a
una
toma
de
decisión
meditada
y
trabajada
profundamente
en
su
modalidad,
es
decir
en
caso
por
caso.
Frente
a
la
consulta
realizada,
el
Comité
de
Bioética
del
Policlínico
del
Docente
y
tomando
en
cuenta
los
intereses
de
la
paciente
y
su
grupo
familiar,
coincide
con
el
acuerdo
logrado
entre
la
familia
y
el
equipo
de
salud,
quienes
vienen
trabajando
en
forma
conjunta
desde
el
nacimiento
de
la
paciente.
Los
antecedentes
éticos
y
legales
respaldan
esta
decisión,
tomando
como
razón
instrumental
el
principio
de
protección
de
su
mejor
interés
y
de
sus
necesidades,
siendo
la
calidad
de
vida
y
el
sufrimiento
de
la
paciente
el
concepto
categórico
en
los
resultados
expuestos;
se
recomienda
entonces,
respetar
las
decisiones
anticipadas
dejándolas
asentadas
en
la
historia
clínica.
Reflexiones
finales
María
presentó
malestar
y
dolor
creciente
como
consecuencia
de
las
severas
complicaciones
de
su
enfermedad,
principalmente
disconfort
posicional,
dolor
articular
y
reflujo
cada
vez
más
intenso.
Se
le
proporcionó
cuidados
paliativos
hasta
su
fallecimiento
a
los
15
años
en
el
Policlínico,
en
brazos
de
su
madre,
acompañada
por
sus
familiares
y
allegados
y
asistida
por
el
equipo
de
salud
que
la
acompañó
durante
toda
su
enfermedad.
114
TODOS
SE
OCUPAN
DEL
HIV,
¿QUIÉN
SE
OCUPA
DE
MÍ?
Dora
Elisa
Altolaguirre
Médica
Especialista
en
Coloproctología
Internación
Domiciliaria
y
Cuidados
Paliativos,
Argentina
MHELE02011956:
Acompañante
terapéutico
Tenga
cuidado
en
la
forma
en
que
le
quita
la
esperanza
a
otro
ser
humano
Oliver
Wendell
Holmes
Médico
de
profesión
y
poeta
Un
acompañante
terapéutico
y
una
médica.
Dos
para
un
tema
que
engloba
a
la
humanidad
completa.
Ambos
conocemos
de
la
lucha
y
del
dolor;
cada
uno
de
nosotros
tiene
una
visión
sesgada
por
las
profesiones,
por
la
cultura,
por
la
realidad.
La
médica
le
propone
al
Acompañante
Terapéutico
MHELE02011956
interpelar
al
virus:
un
juego
virtual,
dejarlo
que
hable.
MHELE02011956
no
tarda
en
responder:
Comienzo
por
el
principio.
La
máquina
no
me
aceptaba
vih
(Virus
de
la
Inmunodefinciencia
Humana,
HIV
por
su
sigla
en
inglés)
en
minúscula.
¿Quién
es
el
vih
para
tener
que
nombrarlo
yo
con
mayúscula?
La
historia
de
los
derechos
es
larga,
lleva
unos
treinta
y
tantos
años.
Yo
aquí
en
la
Argentina,
supe
que
algo
podríamos
hacer
cuando
en
los
90
salimos
a
la
Avda.
9
de
Julio
frente
al
Ministerio
de
Salud
de
la
Argentina.
Reclamábamos
por
el
faltante
de
medicamentos,
más
de
tres
meses
sin
ellos.
Ahí
conocí
a
la
gente
del
CELS
(Centro
de
Estudios
Legales
y
Sociales).
Ellos
me
dieron
una
enorme
mano
desde
la
ley
para
poder
reclamar.
Un
proceso
que
no
fue
ni
corto,
ni
un
jardín
de
margaritas.
Por
el
contrario
ya
estaban
quienes,
con
sus
“multinacionales”,
pretendían
vivir
a
costillas
nuestras,
los
que
teníamos
vih.
Al
comienzo,
las
ONG,
Prepagas,
Obras
Sociales
Fundaciones
y
cuanto
“abroquelamiento
de
personas”
quieran
imaginarse,
no
pudieron
comprender
que
se
trataba
de
seres
humanos
sufriendo,
que
necesitábamos
una
respuesta
humana,
digna,
una
respuesta
acorde
a
los
derechos
que
nos
asisten,
pero
si
los
vimos
ir
por
los
medios,
para
la
prensa,
para
“la
nota”
como
si
lo
nuestro
fuera
irremediable
y
ellos...
inmunes.
Conquistar
la
ley
fue
un
alivio.
Lo
que
no
sabíamos
era
que
también
teníamos
que
salir
a
la
calle,
y
“visibilizarnos”
(muy
a
nuestro
pesar),
eso
hicimos
en
lo
que
los
medios
llamaron
la
Marcha
de
los
Barbijos,
reclamar
por
nuestros
derechos
ya
escritos!.”
El
barbijo
era
para
ocultar
nuestra
identidad,
era
y
sigue
siendo
una
enfermedad
estigmatizante.
Así
comenzó
nuestra
primera
entrevista
MHELE02011956
es
de
los
que
no
se
callan,
de
los
que
salen
a
defender
sus
derechos,
de
los
que
comprenden
que
“solo”
no
se
llega
a
ninguna
parte.
Y
preservar
su
identidad
con
el
código
le
permitirá
tener
continuidad
de
trabajo,
entre
otras
cosas,
sin
dificultad.
Le
explico
que
mi
intención
de
interpelar
al
virus
no
tiene
por
objetivo
no
dejarlo
hablar
a
él
sino
por
el
contrario
desenmascararlo,
“hacerle
frente”
desde
la
pelea.
Él
la
tiene
clara,
lleva
años
hablando
de
ese
ser
microscópico
que
parece
ser
el
culpable
de
todos
los
115
males;
lleva
años
escuchando
a
los
expertos
explicar
cómo
crece,
aparece,
se
duplica,
muta,
se
achica
y
no
termina
de
desaparecer.
Hace
no
mucho,
en
otro
trabajo
sobre
el
tema
decíamos:
Hablar
de
VIH
no
es
solo
hablar
de
un
virus,
es
también
hablar
de
derechos
que
son
vulnerados,
de
diferentes
formas
de
ejercer
la
sexualidad,
de
desigualdades
de
género,
de
la
falta
de
acceso
a
la
salud
o
a
la
educación.
Hablar
de
sida
es
contar
la
historia
de
un
amigo,
de
un
compañero
de
trabajo,
de
una
pareja,
es
hablar
de
nuestra
propia
historia.
1
Es
decir
hablamos
de
la
PERSONA,
con
mayúsculas.
Hacerme
frente
a
mí
es
inútil
si
no
se
hace
a
gran
escala;
hay
que
hacerle
frente
a
los
factores
sociales,
culturales
y
políticos
que
permiten
que
me
desarrolle;
traigo
conmigo
a
decenas
de
oportunistas
(sí,
así
se
llaman,
no
tienen
vergüenza
de
reconocerlo)
que
atacan
cuando
el
estrés
se
apodera
del
ser
humano,
cuando
la
desnutrición
hace
causa
común
con
la
pobreza,
cuando
los
prejuicios
le
ganan
a
los
deseos
de
ser
libres.
Sí,
el
virus
se
metió
en
nuestra
conversación
y
habló.
Seguramente
no
puede
entender
nuestra
ignorancia
y
que
mi
compañero
del
trabajo
no
pueda
con
su
genio;
entiende
aquello
que
dice
el
virus
más
que
los
científicos
mismos.
“Derechos
de
los
pacientes”.
¿Qué
es
eso?
Una
enumeración
de
“apostolados”
que
no
se
cumplen.
No
nos
dan
bolilla,
no
existe
la
confidencialidad
que
se
vulnera
permanentemente.
La
“forma”
en
que
nos
tratan
los
“que
saben”
(equipo
de
salud
en
general,
funcionarios
del
área,
etc.),
deja
mucho
que
desear
desde
tiempos
lejanos.
¿Porqué
siempre
dudan
de
nosotros?
¿Por
qué
todo
lo
que
nos
acontece
es
porque
no
tomamos
la
medicación
en
tiempo
y
forma?
¿Por
qué
pensar
que
si
hay
irregularidades
en
los
análisis
de
cv
y
cd4
es
porque
no
tomas
regularmente
la
medicación
como
ellos
nos
indicaron?
Y
los
otros
factores,
¿no
cuentan?
El
peregrinar,
el
ser
expuestos,
la
marginación…
eso
no
baja
el
cd4?
Cuando
la
medicación
ha
sido
interrumpida
por
faltantes
NADIE
se
preocupó
por
la
NO
ADHERENCIA,
a
nadie
le
interesa
que
tengas
que
cambiar
el
tratamiento
cuando
el
problema
viene
de
parte
del
Estado.
Cuando
la
medicación
la
toma
gente
que
come
salteado
o
no
puede
llevar
una
vida
ordenada
“según
los
médicos”,
quién
controla
los
efectos
adversos
en
estos
casos.
NO
HAY
ESTADÍSTICAS
REALES
DE
NADA,
DE
CUÁNTOS
INFECTADOS
REALMENTE
SOMOS,
DE
CUÁNTOS
TOMAMOS
MEDICACIÓN
DEL
ESTADO,
DE
CUÁNTAS
PERSONAS
MUEREN
DE
“SIDA”
POR
AÑO.
Sí,
hay
personas
que
mueren
de
“sida”
aún
tomando
los
medicamentos
en
tiempo
y
forma,
AÚN
HACIENDO
LOS
CONTROLES.
Aún
atendiéndose.
Hay
como
dueños
del
SIDA,
en
Argentina
y
en
el
mundo.
Algunos
de
ellos
han
sido
funcionarios
que
no
cumplieron
con
su
“función”;
y
por
eso
las
marchas.
Por
los
que
no
pudieron
aguantar
y
se
murieron,
por
los
miles
de
papeles
que
llenamos
en
el
CELS,
que
luego
terminaron
en
el
juzgado,
en
la
Defensoría
de
Pueblo,
por
TODOS
los
amigos
y
amigas
que
lucharon
a
brazo
partido
no
contra
la
enfermedad
sino
contra
la
desidia,
la
inoperancia,
la
soberbia
del
que
NO
SABE
pero
cree
que
sí.
Generalmente,
funcionario
que
no
funciona.
116
Cuando
alguien
se
infecta
pasa
a
ser:
hiv+,
vih+,
portador
sano,
portador,
persona
viviendo
con
vih,
0+,
*reactivo
positivo,
hiv
positivo,
vih
positivo,
seropositivo,
portador
asintomático,
p.v.v.s.
(persona
viviendo
con
vih/sida),
*vih
en
tratamiento,
*vih
asintomático,
sin
tratamiento
con
arv,
inmunocomprometido,
inmunodeprimido,
persona
con
sida,
persona
con
vih
sidoso,
sidótico,
etc.
Dejamos
de
ser
persona
para
quienes
nos
asisten
y
nos
convertimos
en
un
código.
Yo
a
partir
de
la
infección
soy
este
código:
MHELE02011956.
Se
vulneran
los
derechos
de
los
pacientes,
casi
a
diario,
te
asientan
en
las
fichas
con
todos
los
datos
y
agrega
vih+
en
tratamiento.
Eso
recorre
todo
el
Hospital.
Los
Jefes
de
Servicio
dicen
no
saber
que
los
doctores
hacen
eso
desde
hace
años…
El
vih
es
solo
una
parte
más
de
las
vicisitudes
que
vivimos
a
diario.
El
tema
no
es
el
vih,
además
debemos
trabajar,
hacer
vida
social,
tener
pareja,
familia,
cuidarnos,
medicarnos,
atender
los
efectos
adversos
que
a
veces
son
“complicados”,
cumplir
con
los
controles
médicos,
ir
por
el
Hospital
a
retirar
la
medicación
e
intentar
“hacer
una
vida
común”.
Cuánto
más
fácil
sería
ir
al
Centro
de
Salud,
retirar
la
medicación,
regresar
a
casa
confiado
que
la
medicación
no
sea
trucha
(¡como
sucedió
durante
años!)
y
dedicarnos
a
cuidarnos.
La
Declaración
Universal
de
los
Derechos
Humanos
dice:
“DERECHO
A
UN
NIVEL
DE
VIDA
ADECUADO
QUE
LE
ASEGURE
LA
SALUD
Y
EL
BIENESTAR
Y
EN
ESPECIAL
LA
ALIMENTACIÓN,
EL
VESTIDO,
LA
VIVIENDA,
LA
ASISTENCIA
MÉDICA
Y
LOS
SERVICIOS
SOCIALES”…
y
el
más
alto
nivel
de
calidad
de
vida.
Efectos
adversos:
invitaría
a
leer
los
prospectos,
son
extensos,
puedo
nombrarle
algunos
de
los
que
yo
he
tenido
que
“transitar”:
o
sueños
vívidos
-‐
alucinaciones
-‐
diarreas
-‐
vómitos
-‐
náuseas
-‐
fiebre
+40
intoxicación
hepática
severa
-‐
pancreatitis
fatal
-‐
anemia
-‐
mal
olor
corporal
lipodistrofia
-‐
ampollas
-‐
conjuntivitis
-‐
rush
-‐
sequedad
-‐
rosáceas
severas
De
la
lipodistrofia,
de
los
hongos,
de
las
diarreas
que
a
veces
son
explosivas
y
por
varios
días,
no
podés
escapar.
Ni
hablemos
de
la
neuropatía
periférica
y
de
tantos
otros
⎯que
a
veces
es
mejor
no
conocerlos
para
no
hacerlos
parte
de
lo
cotidiano.
En
algunos
prospectos
dice:
este
medicamento
puede
provocar
la
muerte.
Esta
medicación
no
cura
el
sida.*
Hay
una
pausa
y
aprovecho
para
recordar
a
Carlos
Mendes
y
su
libro
Sida
y
Poder:
Hoy
en
día,
con
el
inmenso
bagaje
de
conocimientos
del
que
disponemos,
habiendo
cifrado
en
ellos
todas
las
esperanzas
de
la
humanidad,
es
inadmisible
que
nos
sigan
matando
los
mismos
gérmenes
que
descubriera
Pasteur.
Obviamente
algo
hemos
hecho
mal...
A
partir
de
Pasteur
hemos
dividido
las
aguas,
hemos
construido
un
“ejército”
de
enemigos
a
los
que
les
endilgamos
la
responsabilidad
de
todo
lo
que
nos
sucede,
hemos
creado
culpas
y
culpables;
una
horda
de
“chivos
expiatorios”
sobre
los
que
descargamos
una
“artillería”
impensable
de
procedimientos
y
medicamentos.
Pero
ya
todos
sabemos
que
descubrir
la
droga
que
destruye
al
bacilo
de
Koch
no
significó
acabar
con
la
enfermedad
a
la
que
llamamos
tuberculosis,
hay
entre
117
ambos
hechos
una
enorme
distancia.
Hoy
en
día
disponemos
de
muchas
drogas
eficientes
que
destruyen
al
bacilo,
pero
la
tuberculosis
nos
sigue
matando
y
continúa
denunciando
el
sufrimiento
de
los
hombres
sometidos
al
maltrato
de
su
cultura.
La
tuberculosis
denuncia
el
abandono,
la
marginación,
la
desnutrición,
la
desocupación,
la
ignorancia,
la
tristeza,
la
melancolía,
la
pobreza;
y
estas
cosas
no
se
curan
con
antibióticos.
Sin
embargo
la
medicina
proclama
que
la
tuberculosis
es
curable
y
atiborra
al
enfermo
con
medicamentos
abandonándolo
en
su
desdicha.
Cuando
el
tuberculoso
muere,
sobre
él
recae
la
culpa
por
haber
sido
alcohólico,
ignorante,
indigente,
un
ser
lleno
de
tristeza;
como
si
estas
circunstancias
2
pudieran
haber
surgido
de
algún
otro
sitio
que
no
fuera
la
cultura
misma.
1
Decíamos
en
“Hombre
soy,
nada
humano
me
es
ajeno”:
La
enfermedad
presenta
diferentes
particularidades
que
la
convierten
en
un
reto
para
todos
y
especialmente
para
la
Bioética:
1)
La
conciencia
de
la
precariedad
de
la
vida.
2)
Los
límites
de
los
recursos
sanitarios.
3)
La
posibilidad
de
infección.
4)
Las
vías
de
transmisión,
asociadas
al
valor
de
la
vida
y
su
comunicación.
5)
El
consumo
de
drogas.
6)
La
relación
enfermedad/pobreza.
7)
La
vulnerabilidad
de
las
personas,
antes
y
después
de
la
infección.
8)
La
vivencia
personal
de
los
afectados.
Llevamos
varios
días
pensando
el
trabajo,
y
en
el
cotidiano
devenir
aparece
ese
algo
que
para
el
común
denominador
de
la
gente
es
una
contingencia,
“el
síntoma”,
pero
para
quien
convive
con
el
virus
la
cotidianeidad
es
la
regla.
Esto
también
es
algo
a
comprender,
no
solo
por
los
guardapolvos
blancos
o
los
funcionarios,
también
para
la
sociedad
o
en
líneas
generales
valoramos
el
“me
siento
bien”
solo
cuando
nos
toca
a
nosotros.
Mi
compañero
de
trabajo
necesita
descanso
y
allí
comprendo
hasta
dónde
es
importante
mi
presencia,
hasta
dónde
“el
otro”
puede
ser
parte
de
la
cura
o
parte
de
la
enfermedad.
Un
mail,
un
“descansá
que
mañana
estarás
mejor”,
un
“no
te
preocupes,
yo
sigo
y
después
revisamos
juntos”.
Hace
que
en
horas
estemos
ambos
nuevamente
al
pie
del
cañón…
sí,
al
pie
del
cañón,
la
cultura
nuevamente
me
tiende
la
trampa
del
lenguaje,
nuevamente
me
pone
frente
a
todas
esas
cosas
que
decimos
sin
pensar
y
conforman
una
manera
de
afrontar
la
enfermedad
o
la
salud.
Al
pie
del
cañón,
una
batería
de
medicamentos,
bombas
de
infusión,
combatir
al
virus,
luchar
contra
la
enfermedad,
pelearle
a
la
muerte,
arrasar
con
el
virus…
y
un
sin
fin
más
de
términos
bélicos
que
cotidianamente
nos
atraviesa
en
el
lenguaje
pero
mucho
más
en
el
accionar.
¿Cómo
pedirle
al
cuerpo
y
a
la
mente
que
responda
a
tanta
agresión
cotidiana?¿
Cómo
se
hace
para
pelear
en
paz,
luchar
con
serenidad,
desestresarse
con
presión?
¿Y
eliminar
el
virus
que
llevamos
dentro?
Mi
co-‐equiper
participa
de
la
presentación
del
libro
Sida
y
poder,
de
Carlos
Mendes,
y
escribe:
118
La
compañía
y
la
escucha
son
imprescindibles.
Escuchar,
escucharme
a
mí
mismo,
al
prójimo,
al
próximo.
Algunas
cosas
las
sabía,
las
tenía,
las
había
puesto
en
práctica,
eran
parte
de
mi
vida
pero
se
me
habían
borrado
de
un
plumazo
al
momento
del
diagnóstico.
La
tarea
de
reescribir
y
acrecentar
el
conocimiento
que
propone
Carlos
Mendes
desde
el
interior
me
dio
la
posibilidad
de
tener
nuevas
herramientas
para
trabajar
desde
los
afectos,
todo
lo
que
había
sido
“afectado”
en
mí.
Fue
un
largo
y
durísimo
camino
(aún
lo
siento
por
momentos),
pesado
y
fatigoso,
pero
sé
que
el
taller
me
alivió
el
peso
del
cuerpo,
luego
al
releerlo
muchas
veces
como
si
fuera
un
paso
obligado,
el
alma
comenzó
a
estremecerse,
a
ampliarse.
Sí,
el
alma.
Comenzar
a
ver
desde
el
alma.
Conectarme
con
mis
dolores
internos,
los
que
desconocía
y
los
que
eran
viejos,
acomodar
lo
que
estaba
y
lo
que
debía
adquirir
para
transitarlos
de
la
mano
de
quien
te
guía
en
un
áspero
camino.
La
energía
se
modificó,
la
fuerza
fue
apareciendo,
no
sin
caídas
drásticas
mediante.
La
conciencia
de
la
salud
le
ganó
al
cuerpo.
El
cuerpo
respondía
a
los
estímulos
del
pensamiento
siempre
con
ayuda
de
las
reflexiones
de
los
sábados
por
la
tarde,
que
esperaba
ansiosamente.
El
conocimiento
se
adquiere
de
a
poco
y
para
adueñarse
de
él
hay
que
dejarlo
madurar,
yo
por
lo
menos
no
puedo
de
golpe.
Así
fue
el
proceso
del
Taller
de
reflexión
de
Carlos
Mendes.
Cuando
el
libro
apareció
me
era
externo,
el
proceso
interno
estaba
en
pleno
funcionamiento.
Con
el
tiempo
y
la
distancia
y
con
el
deseo
de
cumplir
aunque
sea
mínimamente
con
los
“postulados”,
las
“premisas”,
me
fui
dando
cuenta
de
lo
transitado.
Las
personas
somos
quienes
podemos
curar-‐cuidar
nuestra
propia
vida.
Nadie
sabe
lo
que
puede
el
cuerpo.
Dejar
de
ser
un
paciente
padeciente.
Adherir
a
la
vida.
Resistir
al
asesinato
cultural.
Darse
cuenta,
pensar
y
opinar.
Ser
desobediente,
indócil,
aguantar
esta
resistencia
con
“el
otro”
(que
también
soy
yo).
Solo
los
títulos
de
largas
charlas
en
los
talleres.
Haberlas
incorporado
como
herramientas
y
que
me
las
diera
Carlos,
debo
agradecerle
eternamente.
Interrogarme
del
por
qué
y
el
para
qué.
Inmensa
alegría
haber
apartado
lo
que
tanto
dolor
me
produjo,
el
diagnóstico.
Saber
que
a
mí
también
y
porqué
no
a
mi
me
podía
pasar
esto.
No
era
yo
solo,
no
estaba
solo.
Los
talleres
y
los
afectos
fueron
mi
colchón
de
contención.
Mi
terapeuta
que
me
acompañó
con
estos
conocimientos
y
a
los
cuales
adhería
y
compartía
en
talleres
que
Carlos
Mendes
gustosamente
abrió
a
mis
conocidos
queridos.
Mi
Familia
y
afectos
cercanos,
amigos
queridos
que
vieron
las
cosas
de
otro
lado
que
no
fuera
tan
mortificante,
ya
lo
eran
para
mí
y
yo
no
podía
cargar
con
sus
cuestiones
también.
Carlos
abrió
su
conocimiento
para
repensar
otras
posibilidades,
lo
compartió,
lo
mostró,
lo
dejó
en
manos
de
nosotros.
Me
alivianó
el
camino.
Lo
119
pude
compartir
con
quienes
no
estaban
atravesados
por
este
tema
del
hiv,
pero
por
otros
similares
que
producen
seguramente
la
misma
angustia
que
yo
tenía.
Se
sigue
usando
la
palabra
“contagio”
cuando
en
realidad
es
infección.
Contagio
es
por
contacto.*
Lo
tengo
que
interrumpir,
la
palabreja
me
puede
y
Carlos
Mendes
lo
dice
muy
claramente:
La
palabra
“contagio”
atraviesa
el
SIDA.
Las
personas
VIH
positivas
saben
que
contagian,
se
sienten
contagiosas,
y
las
personas
VIH
negativas
temen
ser
contagiadas.
Lo
interesante
es
comprender
que
unas
y
otras,
en
tanto
personas,
son
el
producto
de
un
minucioso,
reiterado,
permanente
e
inevitable
contagio.
La
palabra
“contagio”
deriva
del
latín
tangere,
que
significa
“tocar”,
hacer
contacto.
Desde
su
raíz
etimológica
nos
habla
de
esa
inevitable
condición
plural
y
vinculante,
esencia
misma
de
cualquier
comunidad.
Las
personas
nos
contagiamos
mutuamente
todo;
idioma,
hábitos,
costumbres,
gustos,
estados
de
ánimo,
conocimientos,
creencias,
modas,
y
por
supuesto,
salud
y
enfermedad,
todos
ellos
circulan
entre
nosotros
como
un
hilo
conductor
que
teje
una
inmensa
red
de
la
que
inevitablemente
formamos
parte.
La
persona
es
esencialmente
un
producto
del
contagio
y
no
hay
nada
en
ella
que
no
haya
sido
contagiado
y
que
no
sea
contagioso.
El
fenómeno
del
contagio,
forma
inevitable
del
vínculo,
es
calificado
como
deseable
o
indeseable
según
resulte
a
los
intereses
del
poder
en
la
cultura.
Desde
el
antiguo
tangere
pasando
por
contagium,
la
palabra
“contagio”
ha
sido
relegada
por
el
uso
en
el
lenguaje
a
significar
la
transmisión
de
un
ser
a
otro
de
todo
aquello
que
no
es
deseable
que
se
transmita.
Fundamentalmente
se
refiere
a
la
transmisión
del
agente
“causal”
de
una
enfermedad
o
de
la
enfermedad
misma,
y
por
extensión
a
la
transmisión
de
ideas
o
doctrinas
que
la
cultura
considera
perjudiciales,
perversas
o
dañinas.
Para
que
un
vínculo
sea
catalogado
de
“contagio”,
lo
que
se
transmite
debe
ser
considerado
intrínsecamente
“malo”
o
“perjudicial”.
Como
en
tantos
otros
ejemplos
que
nos
brinda
el
lenguaje,
una
palabra
que
primitivamente
describe
un
hecho
o
un
acontecer,
pasa
a
significar
un
juicio,
un
criterio
de
valor
sobre
el
hecho
en
sí,
una
calificación.
Es
este
otro
ejemplo
de
cómo
el
lenguaje
pasa
de
ser
el
“humilde”
traductor
de
los
hechos
al
“déspota”
rector
de
una
cultura.
El
trabajo
y
el
efecto
terapéuticos
son
desde
esta
óptica
una
modalidad
del
contagio.
Curar
es
cuidar
y
cuidar
es
contagiar
salud,
no
ya
esa
salud
retórica
y
taimada
a
través
de
la
cual
la
medicina
se
asegura
futuros
enfermos,
sino
la
salud
como
fuente
de
poder,
poder
saber,
poder
entender,
poder
hacer.
Solo
podremos
curar
(cuidar)
si
hemos
alcanzado
alguna
forma
de
esa
virulenta,
corrosiva
y
poderosa
salud
y
encontramos
la
manera
de
contagiarla.
La
vida
es
una
propiedad
común,
un
condominio,
y
su
proliferación
o
su
extinción
dependen
de
acciones
comunes,
comunitarias,
aunque
se
refieran
a
la
vida
de
un
solo
individuo.
La
vida
como
entidad
abstracta
no
existe,
solo
se
expresa
en
cada
uno
de
los
seres
vivos
que
la
representan
y
justifican.
Aquello
que
hagamos
con
cada
ser
humano
lo
estamos
haciendo
con
toda
la
vida.
Un
2
solo
hombre
solo
es
un
mundo
desierto.
Arremete
mi
compañero
de
“aventura”:
Lo
que
sí
estoy
seguro
que
también
se
contagia,
es
la
corrupción,
la
desidia,
el
desamor,
la
soberbia,
el
oportunismo,
la
inoperancia,
la
burocracia,
la
inequidad,
la
arbitrariedad
y
tantas
otra
malas
formas
con
que
a
veces
somos
tratados
las
personas
que
vivimos
con
hiv/sida.
Solo
el
1º
de
diciembre
hablan
del
sida,
para
figurar
y
poder
justificar
lo
que
ganan
con
nosotros.
Algunos
hasta
dicen
que
“celebran”
ese
día,
patéticos.
Ganan
fortunas
por
las
velas,
las
mantas,
los
recordatorios
en
las
plazas!
Una
vergüenza.
Y
los
muertos
sin
poder
defenderse…
Las
personas
viviendo
con
vih/sida
evitamos
el
lenguaje
bélico
porque
nuestro
cuerpo
es
el
campo
de
batalla
para
aquellos
que
lo
utilizan
sin
ningún
reparo,
aún
hoy.
Este
trabajo
es
una
buena
noticia,
la
invitación
con
mayúsculas
a
que
participe
en
él,
es
una
buena
noticia,
todo
aquello
que
nos
permita
compartir
la
vida
es
motivo
de
celebración.*
120
Mi
compañero
de
trabajo
me
deja
sin
palabras
pero
con
el
alma
gozosa
de
aportar
unas
gotas
más
de
conocimiento,
de
entendimiento,
de
sinceramiento,
de
lucidez
sin
golpes
bajos.
Es
hora
de
terminar.
Creemos
que
por
el
momento,
esta
misión
esta
cumplida.
Notas
*
Si
querés
darme
una
mano.
*
Preguntáme
que
es
lo
que
necesito.
*
Lo
que
vos
creés
que
es
bueno
para
mí
a
veces
no
lo
es.
*
Lo
que
pienses
que
puede
ayudarme
no
me
lo
digas
que
lo
haga
solo,
acompañame.
Es
muy
fácil
decir,
lo
difícil
es
hacer.
*
Piensen
que
hay
“muchos
consejeros”
y
un
solo
destinatario.
No
podemos
hacer
todo
lo
que
cada
uno
opina
de
lo
que
podemos
o
no
hacer.
*
Por
eso
a
veces
no
hablo
de
lo
que
nos
está
pasando
con
el
virus.
*
Solo
necesito
ser
escuchado,
acompañado,
cuidado
no
“asfixiado”.
Que
caminemos
juntos.
*
Todo
lo
pido
en
primera
persona
porque
estoy
harto
que
TODO
el
mundo
hable
de
nosotros
de
nuestras
necesidades,
sentimientos
etc.
sin
siquiera
preguntarnos
si
es
o
no
correcto
lo
que
dicen.
La
mayoría
de
las
veces
están
equivocados.
*
La
vida
sigue
y
hay
que
enfrentarla,
solo
o
acompañado.
Hay
que
seguir
y
esperar
que
algo
cambie,
siempre
espero
que
haya
buenas
noticias.
Siempre.
Gracias
a
los
que
saben
VER
(y
no
mirar).
Gracias
a
los
saber
ESCUCHAR
(y
no
oír).
Referencias
bibliográficas
1.
Altolaguirre
DE,
Carrá
A,
Perazzo
G.
“Hombre
soy,
nada
humano
me
es
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En
P.
Sorokin
(coord.).
Número
Especial
de
Jurisprudencia
Argentina
sobre
Derechos
personalísimos
y
VIH/sida
en
el
nuevo
decenio.
Buenos
Aires:
Abeledo
Perrot,
I(8),
(2011):
10-‐13.
2.
Mendes
C.
Sida
y
poder.
Buenos
Aires:
Madreselva;
2012.
121
TRASPLANTE
DE
ÓRGANOS
Y
CONSENTIMIENTO
PRESUNTO.
UNA
MIRADA
DESDE
LA
ÉTICA
María
Elisa
Barone
Médica
Especialista
en
Neurología
(UBA)
y
Magíster
en
Ética
Aplicada
(UBA).
Jefe
Dpto.
Normatización
y
Capacitación
Dirección
Médica
(INCUCAI).
Miembro
de
la
Comisión
Provincial
de
Bioética
(Pcia.
de
Buenos
Aires).
Miembro
Comisión
Bioética
(Colegio
Médico
Distrito
V).
[email protected]
Desde
sus
inicios
el
trasplante
de
órganos
y
tejidos
ha
sido
y
sigue
siendo
una
práctica
médica
que,
por
el
abanico
de
temas
y
tópicos
involucrados
en
cada
uno
de
sus
pasos,
es
paradigma
de
los
innumerables
debates
éticos
en
el
ámbito
médico,
ya
sea
desde
la
determinación
de
la
muerte,
la
disposición
del
cuerpo
y
el
consentimiento,
la
distribución
de
órganos,
la
accesibilidad
al
trasplante,
entre
otros.
Todos
y
cada
uno
de
los
temas
desafía
a
la
bioética
a
que
brinde
su
propuesta
normativa
para
encuadrar
esta
compleja
tarea
médica.
Sin
embargo
y
como
es
ya
sabido,
las
distintas
teorías
y
posturas
éticas
justificarán
argumentativamente
posturas
casi
extremas,
que
pueden
transitar
desde
los
modelos
socio-‐sanitarios
basados
en
la
solidaridad
hasta
la
propuesta
de
generar
un
mercado
de
órganos
sustentado
en
la
autonomía
a
ultranza,
con
la
consiguiente
posibilidad
de
explotación.
En
ese
amplio
abanico,
y
entre
todos
los
apasionantes
debates,
tiene
lugar
el
referido
al
consentimiento
para
la
donación
de
órganos,
porque
partiendo
de
esa
justificación
moral
es
que
cada
país
plasmará
en
su
norma
legal
el
modelo
de
consentimiento
por
el
que
se
ha
optado.
Para
abordar
la
temática
se
deberá
aclarar
previamente
que
el
consentimiento
para
la
donación
de
órganos
puede
realizarse
entre
personas
vivas,
para
efectuar
el
denominado
trasplante
con
donante
vivo,
o
el
consentimiento
para
la
donación
de
órganos
post-‐
mortem,
que
es
el
que
se
utilizará
para
la
donación
de
órganos
y
trasplante
con
donante
cadavérico.
Si
bien
la
norma
jurídica
reflejará
estos
dos
tipos
de
consentimiento,
ellos
implican,
a
mi
modo
de
ver,
debates
éticos
diferentes,
aunque
en
ambos
se
considere
tanto
la
Autonomía
como
la
Justicia.
La
Argentina
ha
transitado
un
largo
camino,
dejando
una
clara
huella
de
experiencia,
tanto
al
generar
debates
normativos
éticos,
reflejados
posteriormente
en
normas
jurídicas,
como
en
concebir
modelos
de
atención
de
la
salud
que
incluyan
esta
temática
en
la
agenda
de
Salud
Pública,
siendo
por
ello
modelo
organizativo
para
los
países
de
la
región.
En
ese
marco
y
luego
de
calurosos
e
interminables
debates
es
que
se
ha
incorporado
ya
desde
hace
casi
diez
años
el
Instituto
del
Consentimiento
presunto
para
la
donación
cadavérica.
En
lo
que
sigue
me
ocuparé
de
ofrecer
una
mirada
desde
una
perspectiva
bioética
que
pueda
aportar
a
las
tantas
e
interminables
deliberaciones
sobre
esta
temática.
El
consentimiento
presunto:
la
perspectiva
ética1
2
La
ética,
disciplina
filosófica
nacida
formalmente
con
Aristóteles
en
el
siglo
IV
a.C.,
ha
aportado
⎯y
lo
sigue
haciendo⎯
distintas
teorías
que
permiten
reflexionar
y
justificar
las
acciones
de
las
personas.
La
ética
piensa
en
las
normas
morales
y
en
los
principios
y
122
valores
que
van
a
justificar
esas
normas.
De
ahí
que
luego
clasificará
a
las
acciones
como
correctas
o
incorrectas,
buenas
o
malas,
justas
o
injustas,
o
si
se
atienen
o
no
a
los
principios
acordados
en
la
sociedad.
El
nacimiento
de
la
bioética,
en
tanto
reflexión
ética
dirigida
a
ocuparse
de
debatir
los
problemas
o
dilemas
relacionados
al
campo
de
la
Salud
y
de
la
vida,
ha
traído
consigo
los
famosos
principios
emanados
del
Informe
Belmont.
Sin
embargo,
los
apasionantes
debates
no
pueden
⎯ni
deben⎯
quedar
restringidos
a
sopesar
cuál
de
todos
ellos
está
respetado/avasallado.
El
contexto
socio-‐
económico-‐cultural
y
sanitario
tiene
que
ser
considerado
como
relevante
si
de
lo
que
se
trata
es
de
pretender
una
bioética
fundada
en
la
brújula
normativa
de
los
Derechos
Humanos.
En
este
espacio
y
habiendo
considerado
esta
reflexión
previa,
es
que
retomaré
la
temática
propuesta
al
inicio,
el
Consentimiento
para
la
donación
de
órganos
post-‐mortem
o
donación
cadavérica.
Los
numerosos
debates
se
han
centrado
principalmente
en
la
tensión
que
se
suscita
entre
el
respeto
por
el
principio
de
Autonomía
en
contraposición
con
el
de
Justicia.
En
Argentina,
la
modificación
sustancial
acerca
del
Consentimiento
para
la
donación
cadavérica
que
estableció
la
Ley
Nacional
de
3
Trasplante
N°
24193
(ley
26.066,
sancionada
el
30/11/2005;
promulgada
de
hecho
el
21/12/2005;
publicada
en
el
Boletín
Oficial
el
22/12/2005)
conocida
como
la
ley
del
“Donante
presunto”,
consistió
en
la
incorporación
de
esta
figura
a
través
del
Art.
19
bis,
que
dice
lo
siguiente:
La
ablación
podrá
efectuarse
respecto
de
toda
persona
capaz
mayor
de
DIECIOCHO
(18)
años
que
no
haya
dejado
constancia
expresa
de
su
oposición
a
que
después
de
su
muerte
se
realice
la
extracción
de
sus
órganos
o
tejidos,
la
que
será
respetada
cualquiera
sea
la
forma
en
la
que
se
hubiere
manifestado.
Se
modificó
además
el
rol
que
desempeñaba
la
familia
al
momento
del
fallecimiento
de
un
ser
querido,
ya
que
de
un
rol
de
ser
quien
autorice
la
donación
ha
pasado
a
cumplir
el
rol
de
dar
testimonio
de
su
última
voluntad
cuando
la
misma
no
se
hubiere
expresado
previamente.
El
consentimiento
presunto
instituido
quiere
decir
que
se
considerará
como
donante
a
quien
no
se
hubiere
expresado
en
contrario
y
no
otra
cosa.
En
ética
y
consentimiento
se
conocen
dos
tipos
de
consentimiento
presunto,
el
denominado
4
consentimiento
“duro
o
fuerte”
y
el
consentimiento
presunto
en
su
“versión
atenuada”.
En
el
primer
caso
se
considera
que
todos
los
ciudadanos
son
donantes,
sin
dar
oportunidad
de
expresar
su
opinión
sobre
la
donación,
o
en
caso
de
oposición,
se
le
podría
hasta
negar
el
acceso
al
trasplante.
En
tanto
que
en
su
versión
atenuada,
que
es
la
modalidad
vigente
en
nuestro
país,
se
considera
a
todos
como
presuntos
donantes,
pero
está
muy
clara
la
instancia
de
que
los
ciudadanos
expresen
previamente
su
voluntad
sobre
la
donación
de
órganos.
En
este
consentimiento
y
desde
la
perspectiva
ética
se
plasma
el
respeto
al
Principio
de
Autonomía,
ya
que
se
da
prioridad
a
la
decisión
de
las
personas:
los
ciudadanos
que
así
lo
deseen
pueden
expresar
su
voluntad
tal
cual
lo
ha
estipulado
el
Art.
19
de
la
ley.
En
forma
explícita,
es
decir
por
la
afirmativa
o
de
oposición
a
la
donación
de
órganos,
la
que
será
respetada
al
momento
del
fallecimiento,
dejando
a
la
familia
un
rol
diferente
al
que
tenían
antes.
Esto
significa
que
se
resguarda
claramente
la
decisión
autónoma
de
las
personas
al
instarlas
a
que
en
vida
expresen
su
voluntad
sobre
la
donación
de
órganos.
Sin
embargo,
todo
modelo
de
consentimiento
para
la
donación
de
órganos
que
se
instituya
en
una
sociedad
debe
ser
contextualizado
teniendo
en
cuenta
otros
importantes
aspectos
de
la
problemática
de
salud
del
país
y
los
trasplantes.
Por
ejemplo
123
se
ha
de
reparar
en
si
está
garantizada
la
accesibilidad
al
trasplante
o
si
hay
limitaciones
⎯recuérdese
que
el
real
acceso
se
concreta
si
hay
órganos
cadavéricos
para
trasplantar⎯,
si
las
personas
pueden
acceder
posteriormente
a
la
medicación
inmunosupresora,
si
hay
políticas
sanitarias
destinadas
a
la
prevención
de
la
enfermedad
que
llevaría
a
necesitar
un
trasplante,
si
la
distribución
de
los
órganos
obedece
a
criterios
de
igualdad
de
oportunidades
y
equidad,
etc.
Esto
quiere
decir
que
cuando
se
discute
el
modelo
de
consentimiento
en
la
sociedad
también
se
deben
incluir
aspectos
referidos
al
5
Principio
ético
de
Justicia
⎯importante
en
los
debates
acerca
de
la
distribución
de
recursos
y
el
Derecho
a
la
Salud⎯, y
no
solo
tener
en
cuenta
el
Principio
de
Autonomía.
La
modificación
de
la
Ley
de
Trasplante
con
la
instauración
del
“consentimiento
presunto”
implicó
también
un
giro
normativo
cualitativo
incluyendo
claramente
el
principio
de
Justicia,
pensando
cuál
sería
la
postura
del
conjunto
de
la
sociedad.
Se
pasó
así
de
una
sociedad
considerada
“no
donante”,
en
la
que
frente
a
cada
fallecimiento
había
que
conseguir
la
autorización
para
la
ablación
de
órganos,
a
otra
vista
como
una
“sociedad
donante”,
es
decir
aquella
en
que
“todos
los
ciudadanos
son
donantes”
a
menos
que
se
hayan
expresado
en
contrario.
Esta
modificación
está
sustentada
no
solo
en
la
Autonomía
sino
también
en
una
de
las
tantas
teorías
6
éticas
de
Justicia
orientada
al
bien
común.
Para
comprender
la
referencia
al
Principio
de
Justicia
habrá
que
preguntarse
primero,
¿aceptaría
uno
un
trasplante
para
sí
o
para
su
ser
querido,
en
caso
de
necesitarlo?
Recuérdese
que
el
real
acceso
está
garantizado
cuando
hay
procuración
de
órganos,
entonces
¿por
qué
no
donar
en
caso
contrario?
No
hacerlo
sería
injusto.
Aunque
no
siempre
ha
sido
así;
en
procuración
de
órganos
se
han
vivido
situaciones
concretas
de
desigualdad,
como
familias
que
se
oponían
a
la
donación,
teniendo
un
familiar
en
lista
de
espera
o
trasplantado,
por
ejemplo.
La
norma
jurídica
plasma
así
una
de
las
perspectivas
éticas
de
la
Justicia,
en
términos
de
cooperación
social
para
el
logro
del
bien
común:
tender
a
igualar
el
reparto
de
cargas
y
beneficios
en
la
sociedad.
La
responsabilidad
de
los
ciudadanos
es
aportar
todos
para
ese
bien
común,
en
tanto
y
en
cuanto
se
tenga
garantizada
la
posibilidad
de
acceder
en
caso
de
necesitar.
Se
puede
afirmar
que
el
principio
de
Justicia
incorporado
piensa
también
en
la
solidaridad,
es
decir
en
la
responsabilidad
de
los
ciudadanos
como
partícipes
de
una
sociedad.
Dado
que
los
órganos
son
considerados
como
un
bien
escaso,
no
son
un
medicamento
o
una
prótesis
que
pueda
adquirirse,
los
órganos
no
son
⎯y
nunca
deben
serlo⎯
objeto
de
comercio
o
de
lucro.
Garantizar
estas
condiciones
está
bajo
la
órbita
de
responsabilidad
del
Estado,
como
también
lo
está
el
dar
respuesta
a
los
ciudadanos
que
necesitan
un
trasplante.
Es
por
ello
que
se
debe
propiciar
todas
las
condiciones
de
justicia
en
procuración
y
trasplante
es
una
más
de
sus
tareas.
Se
ha
de
considerar
en
primera
instancia
a
todos
como
donantes:
“todos
somos
donantes,
porque
todos
podemos
necesitar
algún
día
y
en
ese
caso
tendremos
garantizado
el
acceso
al
trasplante”,
se
constituye
así
en
la
concreción
más
efectiva
del
principio
de
Justicia,
garantizando
además
la
autonomía
ciudadana
en
la
posibilidad
de
expresar
su
voluntad.
Finalmente,
se
podrían
sintetizar
los
cambios
que
establece
la
ley
en
los
siguientes
puntos:
•
Sobre
la
decisión
de
las
personas:
se
jerarquiza
la
decisión
individual,
fundamentado
en
el
Principio
de
Autonomía.
124
•
•
Sobre
la
familia:
no
tiene
el
rol
de
decidir,
tiene
el
rol
de
testimoniar
el
deseo,
la
voluntad
de
la
persona
fallecida
en
caso
de
que
esta
no
lo
hubiese
expresado
previamente.
Sobre
la
comunidad:
de
ser
considerada
no
donante
a
ser
considerada
donante,
fundamentada
en
el
Principio
de
Justicia
que
incluye
la
equidad,
la
solidaridad
y
el
bien
común.
El
Consentimiento
en
los
principios
rectores
de
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
Los
Principios
rectores
de
la
W.H.O-‐OMS
sobre
trasplante
de
células,
tejidos
y
órganos
humanos
han
sido
actualizados
luego
de
19
7
o 8
años
de
vigencia
de
los
anteriores,
por
proclamación
de
la
63
Asamblea
del
organismo
en
el
año
2010.
Estos
principios,
en
su
última
actualización,
incluyen
⎯tal
como
lo
menciona
el
preámbulo
de
la
Asamblea⎯
las
tendencias
internacionales,
destacándose,
entre
otros
aspectos,
la
mención
explícita
de
las
células
bajo
este
encuadre
normativo,
como
así
también
la
notable
preocupación
por
los
graves
problemas
detectados
en
diversas
partes
del
mundo
referidos
al
comercio,
el
lucro
y
el
turismo
de
trasplante.
A
ellos
se
da
respuesta
a
través
de
severas
advertencias
y
recomendaciones.
Respecto
al
tema
que
nos
ocupa,
el
consentimiento
para
la
donación
cadavérica,
está
contemplado
en
el
Principio
Rector
nº
1
de
la
última
versión,
estableciendo
que:
La
ablación
de
células,
tejidos
y
órganos
del
cuerpo
de
las
personas
fallecidas
con
el
propósito
de
trasplante
puede
realizarse,
si:
-‐
se
ha
obtenido
algún
consentimiento
requerido
por
la
ley,
y
-‐
no
hay
razón
para
pensar
que
la
persona
fallecida
se
había
opuesto
a
la
ablación.
La
actual
redacción
del
principio
se
mantiene
igual
a
la
versión
de
1991
pero
el
comentario
adicional
que
se
incluye
es
ciertamente
más
extenso
y
detallado,
jerarquizando
el
valor
ético
del
proceso
de
consentimiento
y
estableciendo
que
la
autoridad
de
cada
país
es
la
que
definirá
el
modelo
a
implementar.
El
comentario,
igual
que
en
la
anterior
versión,
habla
de
los
dos
tipos
de
consentimiento
⎯el
expreso
y
el
presunto⎯,
explicando
el
modo
de
implementación
práctica
en
cada
uno
de
los
casos.
Agrega
además
que
en
los
países
en
los
que
haya
mayor
comprensión
y
aceptación
de
la
opinión
pública
sobre
la
donación
de
órganos,
los
programas
de
procuración
de
órganos,
ya
sea
que
implementen
el
expreso
o
el
presunto,
podrán
trabajar
sin
tratar
de
obtener
el
permiso
adicional
de
las
familias.
Esto
quiere
decir
que
si
bien
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
no
establece
⎯ni
lo
debe
hacer⎯
una
preferencia
por
uno
u
otro
modelo
de
consentimiento
para
la
donación
cadavérica,
sí
se
puede
afirmar
que
jerarquiza
la
decisión
personal
de
la
persona
fallecida
sobre
la
donación
de
órganos
y
no
la
decisión
de
la
familia.
Y
precisamente
esto
es
lo
que
también
está
reflejado
en
nuestra
ley.
La
relación
médico
paciente/familia
en
la
donación
cadavérica
Un
comentario
adicional
debe
hacerse
sobre
el
rol
del
profesional
que
realiza
la
comunicación
en
donación
a
la
familia
del
fallecido.
El
modelo
de
consentimiento
para
la
donación
cadavérica
⎯sea
presunto
o
expreso⎯
no
implica,
bajo
ningún
punto
de
vista,
que
la
familia
de
la
persona
fallecida
no
deba
ser
cuidada
y
contenida
para
transitar
de
la
mejor
forma
posible
el
momento
crítico
que
está
atravesando.
No
significa
que
en
la
puesta
en
vigencia
del
instituto
del
Consentimiento
Presunto
se
deba
ignorar
a
la
familia,
sino
muy
por
el
contrario.
125
El
rol
médico
de
cuidado
y
beneficio
para
el
paciente
no
concluye
cuando
este
fallece,
la
responsabilidad
de
beneficio
y
cuidado
se
hace
extensiva
a
los
miembros
de
su
familia,
a
quienes
deben
asistir
en
el
momento
de
comunicar
la
noticia
del
fallecimiento.
La
asistencia
prioritaria
se
implementará
a
través
de
la
Relación
de
Ayuda
⎯ayuda
terapéutica⎯
que
en
un
apropiado
proceso
comunicacional,
brinde
a
la
familia
las
primeras
herramientas
para
iniciar
un
adecuado
y
necesario
proceso
de
duelo.
En
conclusión
Las
modificaciones
de
la
ley
con
la
instalación
del
Consentimiento
presunto
en
su
versión
atenuada,
consideran
no
sólo
el
Principio
de
Autonomía,
que
será
respetado
inexorablemente,
sino
también
el
Principio
de
Justicia
en
procuración
y
trasplante
de
órganos.
La
construcción
del
paradigma
“sociedad
donante”,
demanda
mucho
más
que
una
ley.
Necesita
la
participación
ciudadana,
pero
también,
y
como
elemento
esencial,
requiere
que
los
diferentes
actores
que
tienen
injerencia
en
la
procuración
de
órganos
para
trasplante,
sigan
trabajando
incansablemente
en
el
mensaje
claro
a
la
población,
y
en
el
respeto
y
cuidado
de
los
donantes
y
sus
familias
en
el
momento
concreto
del
operativo
de
procuración.
Referencias
bibliográficas
1
Posición
defendida
en
Barone
ME.
Problemas
éticos
en
procuración
y
distribución
de
órganos.
Tesis
de
Magister
en
Ética
Aplicada
Facultad
de
Filosofía
y
Letras.
UBA;
2008.
(Inédita).
2
Beauchamp
T,
Childress
J.
Principios
de
Ética
Biomédica.
Barcelona:
Ed.
Masson;
1999.
Guariglia
O.
Introducción.
Vida
moral,
ética
y
ética
aplicada.
En
Enciclopedia
Iberoamericana
de
Filosofía.
Cuestiones
Morales.
Nº
12
Guariglia
O.
(Ed.)
Madrid:
Trotta;
1996:
11-‐19.
En:
Gracia
D.
Fundamentos
de
Bioética.
Madrid:
Eudema;
1989.
3
Ley
Nacional
de
Trasplante
Nº
24193.
Disponible
en
http://www.incucai.gov.ar/files/docs-‐incucai/Legislacion/leyes-‐y-‐decretos/01-‐ley-‐24193.pdf.
Consultada
el
4
de
marzo
de
2015.
4
Gracia
D.
Trasplantes:
medio
siglo
de
reflexión
ética.
Nefrología.
Vol.XXI.
Suplemento
4.2001:
13-‐29.
5
Rabossi
E.
Derechos
Humanos:
el
principio
de
igualdad
y
la
discriminación.
Revista
del
Centro
de
Estudios
Constitucionales.
Núm.7.
Sept.
Dic.
1990.
6
Rawls
J.
Teoría
de
la
Justicia.
Argentina:
Fondo
de
Cultura
Económica;
1971.
7
WHO-‐OMS.
Principios
rectores
sobre
trasplante
de
órganos
humanos.
44º
Asamblea
Mundial.
1991.
Disponible
en
Internet.
8
WHO-‐OMS.
Principios
rectores
de
la
OMS
sobre
trasplante
de
células,
tejidos
y
órganos
humanos.
63º
Asamblea
Mundial,
2010.
126
TESTIGOS
DE
JEHOVÁ
Claudia
Vivian
Rocca
Abogada.
Asesora
Legal,
Miembro
del
Comité
de
Ética
y
Presidenta
del
Comité
de
Ética
en
Investigación
del
Hospital
Durand,
Ciudad
de
Buenos
Aires,
Argentina
Contacto:
claudiarocca100gmail.com
No
podríamos
hablar
de
los
Testigos
de
Jehová
sin
comprender
primero
que
entre
los
preceptos
importantes
de
esta
religión,
se
encuentra
la
prohibición
a
sus
seguidores
de
aceptar
la
transfusión
de
sangre
o
hemoderivados
(glóbulos
rojos,
blancos,
plaquetas
y
plasma).
Ello
es
así
porque
las
creencias
religiosas
de
los
Testigos
de
Jehová,
basadas
en
la
interpretación
de
ciertos
pasajes
bíblicos
del
Antiguo
y
Nuevo
Testamento,
les
prohíben
recibir
las
transfusiones
de
sangre
(por
ejemplo:
“Solo
carne
con
su
alma
⎯su
sangre⎯
no
deben
comer”
Génesis
9:3-‐4;
“Que
se
abstengan
de
[…]
lo
estrangulado
y
de
la
sangre”
Hechos
15:19-‐21).
Afirman
que
la
sangre
es
el
alma
de
un
ser
vivo
y
creen
que
recibir
las
transfusiones
de
sangre
es
un
pecado
imperdonable,
que
trae
como
1
consecuencia
perder
la
posibilidad
de
alcanzar
la
vida
eterna.
(Nowik-‐Rocca-‐Tedeschi).
O
sea,
de
nada
sirve
seguir
hablando
sobre
el
tema
si
no
entendemos
cabalmente
la
profundidad
de
lo
que
está
en
juego.
Se
trata
mucho
más
que
de
la
vida
de
una
persona.
Lo
que
está
en
entredicho
son
sus
creencias,
lo
que
le
da
sentido
a
la
vida
misma.
Para
un
creyente
Testigo
de
Jehová,
su
credo
lo
conduce
a
considerar
que
su
alma
está
en
la
sangre,
y
que
el
sufrimiento
de
este
mundo
será
recompensado
con
una
vida
de
felicidad
después
de
la
muerte.
Este
principio
de
fe
se
puede
ver
afectado
si
se
reciben
transfusiones,
al
grado
extremo
de
perder
la
posibilidad
de
acceder
a
la
vida
eterna,
al
Paraíso
prometido
por
Jehová.
Entonces
la
pregunta
crucial
es
si
los
profesionales
de
la
salud
entienden
la
trascendencia
de
este
dilema
(asunto
de
credo),
o
se
cierran
en
la
cuestión
de
si
el
paciente
acepta
o
no
el
tratamiento
sugerido
para
su
dolencia
(asunto
de
praxis).
Como
bien
sabemos,
la
definición
de
la
OMS
(Organización
Mundial
de
la
Salud)
sobre
salud
es
un
concepto
integral:
“la
salud
es
un
estado
de
completo
bienestar
físico,
mental
y
social
y
no
solamente
la
ausencia
de
afecciones
o
enfermedades”
(Preámbulo
de
la
2
Constitución
de
la
Organización
Mundial
de
la
Salud,
1946). Así,
no
solo
se
debe
velar
por
el
aspecto
físico
del
paciente
sino
también
por
su
salud
mental,
y
ambos
deben
entenderse
como
un
todo,
una
unidad
indivisible
que
es
afectada
por
las
costumbres,
culturas
y
creencias
de
cada
territorio
y
sus
habitantes.
Siguiendo
este
razonamiento,
es
realmente
impactante
imaginar
el
grado
de
sufrimiento
mental
que
conlleva
el
violar
las
convicciones
religiosas
de
una
persona
a
la
que
se
le
niega
poder
alcanzar
un
estado
de
felicidad
perpetua,
a
la
que
accede
después
de
la
muerte
según
sus
creencias,
y
que
pierde
automáticamente
solo
por
el
hecho
de
ser
transfundida.
En
Argentina,
el
primer
caso
que
llegó
a
la
Justicia
sobre
los
Testigos
de
Jehová
fue
el
de
una
parturienta
que
se
negaba
a
recibir
sangre
por
ser
Testigo.
Su
padre
promovió
un
amparo
y
el
juez
ordenó
que
se
le
suministraran
todos
los
tratamientos
que
aconsejara
la
ciencia
médica,
inclusive
la
transfusión
sanguínea.
Según
este
fallo,
la
intervención
del
médico
estaría
justificada
aun
cuando
no
hubiere
orden
judicial
o
mediare
oposición
del
paciente
y
sus
parientes,
ya
que
la
abstinencia
profesional
le
haría
responsable
del
delito
que
resultare
de
su
omisión,
como
así
también
de
la
reparación
de
daños.
127
En
diciembre
de
1986
se
pronuncia
la
primer
sentencia
que
rechaza
el
pedido
de
ordenar
una
transfusión
considerando
que
el
derecho
a
la
dignidad
está
por
encima
del
derecho
a
la
vida
y
dentro
del
mismo,
es
primordial
el
respeto
a
las
íntimas
convicciones
religiosas.
En
1991,
el
Procurador
General
de
la
Municipalidad
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
dictaminó
sobre
el
tema.
Para
ello
centró
su
análisis
en
el
Art.
19
de
la
Constitución
Nacional,
que
dice:
Las
acciones
privadas
de
los
hombres
que
de
ningún
modo
ofendan
al
orden
y
a
la
moral
pública,
ni
perjudiquen
a
un
tercero,
están
solo
reservadas
a
Dios
y
exentas
de
la
autoridad
de
los
magistrados.
Ningún
habitante
de
la
Nación
será
obligado
a
hacer
lo
que
no
manda
la
ley,
ni
privado
de
lo
que
ella
no
prohíbe.
Formó
también
parte
de
sus
argumentos,
el
inc.
3º
de
la
Ley
17.132,
que
impone
a
los
médicos
el
deber
de
respetar
la
voluntad
del
paciente
en
cuanto
sea
negativa
a
tratarse
y,
el
fallo
citado
en
el
párrafo
anterior,
que
deja
establecido
el
derecho
del
paciente
a
negarse
a
recibir
transfusiones
de
sangre.
Por
eso
indicó
a
los
profesionales
intervinientes
que
debían
verificar
primero,
si
el
paciente
era
mayor
de
edad
y,
segundo,
que
no
estuviera
privado
de
discernimiento.
Luego,
debía
informarse
fehacientemente
al
paciente
los
riesgos
a
los
cuales
se
exponía
en
caso
de
practicarse
la
intervención
sin
transfusiones
sanguíneas.
Con
posterioridad
a
tal
notificación,
el
paciente,
si
esa
es
su
voluntad,
debe
ratificar
en
forma
escrita
su
decisión
de
ser
intervenido
sin
transfusiones
sanguíneas.
Finalmente,
y
esto
es
lo
más
interesante,
sostuvo
que
ningún
profesional
puede
ser
obligado
a
practicar
un
acto
médico
que
contraríe
las
reglas
del
arte
y
los
principios
de
la
ciencia
médica.
En
consecuencia,
si
examinada
la
situación
resultaba
absolutamente
inviable
la
intervención
quirúrgica,
el
Hospital
podría
disponer
no
efectuar
la
intervención
en
las
condiciones
3
planteadas
por
el
paciente,
informándolo
de
ello
fehacientemente
(ROCCA,
2004).
Finalmente
arribamos
al
caso
judicial
más
importante
sobre
los
Testigos
de
Jehová
en
Argentina.
Se
trata
del
Caso
Bahamondez.
Este
pronunciamiento
de
la
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación,
ocurrió
en
1993
y
a
modo
de
resumen,
se
trataba
de
un
paciente
afectado
por
una
hemorragia
digestiva
que
se
negó
a
recibir
transfusiones
por
ser
Testigo
de
Jehová.
Los
jueces
de
Primera
y
Segunda
Instancia
ordenaron
su
transfusión,
ante
lo
cual
el
paciente
recurrió
a
la
Corte
Suprema.
Antes
de
analizar
la
opinión
de
la
Corte,
es
interesante
leer
las
palabras
de
Marcelo
Bahamondez
respecto
lo
sucedido:
[…]
Cuando
enfermé
debido
a
una
hemorragia
digestiva
masiva
provocada
por
una
úlcera
gastroduodenal
me
internaron
en
el
hospital
regional
de
Ushuaia
con
un
recuento
de
glóbulos
rojos
de
aproximadamente
34
%.
[...]
El
médico
que
me
atendía
era
el
Doctor
C…
quién
estuvo
dispuesto
a
respetar
mi
decisión
de
abstenerme
de
la
transfusión
de
sangre.
Recuerdo
que
esa
noche
de
un
día
sábado
el
médico
de
guardia,
el
Doctor
L…
intentó
sin
consultar
al
médico
que
me
atendía,
y
de
manera
afrentosa,
convencerme
de
que
aceptara
la
única
terapia
que
podía
salvar
mi
vida,
según
él,
la
transfusión
de
sangre.
Respetuosamente
le
contesté
que
de
ninguna
manera
iba
a
violar
mi
conciencia
y
mi
dignidad.
Le
aclaré
que
mi
postura
no
era
irrazonable
ya
que
estaba
dispuesto
a
aceptar
otras
alternativas
médicas.
Que
no
buscaba
el
suicidio,
sino
que
me
atendieran
con
otras
alternativas
terapéuticas
respetando
mis
creencias
religiosas.
Este
doctor
en
total
disentimiento
me
dijo
que
yo
estaba
muy
equivocado
y
engañado
y
que
él
buscaría
alguna
manera
para
que
me
transfundieran.
Cuando
se
retiró
pensé
en
el
antagonismo
inconciliable
de
este
profesional
que
no
quiso
respetar
mi
Consentimiento
Informado
oponiéndose
a
mi
decisión
personal
y
madura.
¿Dónde
se
hallaba
el
respeto
por
la
autonomía
que
invoca
que
se
reconozca
el
derecho
del
paciente,
a
tener
sus
propios
pareceres
y
decidir
por
sí
mismo
sobre
las
distintas
opciones
de
tratamiento
según
sus
valores
y
creencias?
Este
médico
no
me
había
traído
tranquilidad
ni
me
había
concedido
consideración.
Es
interesante
que
ocho
años
antes
en
la
Declaración
de
Lisboa
sobre
los
derechos
del
paciente,
adoptada
por
la
Asociación
Médica
Mundial,
se
postula
un
principio
ético
muy
importante
es
que
todo
enfermo
tiene
el
derecho
de
rehusar
un
tratamiento.
Al
paciente
se
le
tiene
que
informar
completamente
y
correctamente
sobre
los
riesgos
que
corre
a
raíz
de
su
posición
de
rechazo.
Esta
manera
de
obrar
es
perfectamente
aceptable
si
el
paciente
rechaza
cualquier
otro
tratamiento:
la
decisión
le
pertenece.
No
existe
por
lo
tanto
ninguna
obligación
del
médico
de
128
realizar
un
tratamiento
si
el
paciente
se
niega
a
alguna
terapia
específica.
Entonces,
¿no
era
correcto
que
el
médico
respetara
mi
autonomía,
aun
cuando
creyera
que
el
valor
de
la
vida
y
su
preservación
constituyen
un
bien
supremo?
Sin
embargo
este
médico
quería
obligarme
a
que
me
sometiera
a
un
tratamiento
en
contra
de
mis
deseos.
[…]
De
hecho
la
libertad
religiosa
comprende
un
derecho
natural
e
inviolable
de
la
persona
humana
y
en
la
naturaleza
de
la
dimensión
ética
del
hombre
y
los
principios
sobre
los
que
gravitan
las
soluciones
a
los
diversos
problemas
concretos
el
médico
tendría
que
esforzarse
por
entender
no
solo
la
parte
física
del
enfermo
sino
debería
tener
una
visión
completa
de
la
dignidad
del
paciente
que
bajo
ningún
punto
debe
ser
violada.
La
mañana
siguiente,
llegó
el
juez
federal
Dr.
B.
y
su
secretario
para
hablar
conmigo
y
convencerme
con
el
único
fin
de
que
depusiera
mi
decisión
y
reflexionara
sobre
la
importancia
de
la
vida
como
bien
supremo.
¿Acaso
usted
no
está
consciente
del
peligro
potencial
de
su
abstención
a
las
transfusión
de
sangre?
Puede
perder
su
vida
⎯afirmó
con
convicción.
Entonces
le
pregunté
¿y
mi
vida
espiritual?
¿Y
mi
fe,
y
la
obligación
al
mandato
divino?
Eso
es
peligroso
porque
no
es
una
vida
de
setenta
u
ochenta
años
sino
está
en
juego
mi
dignidad
e
integridad
y
mi
porvenir
eterno.
¿No
deberían
los
médicos
ofrecer
a
sus
pacientes
todos
los
recursos
de
su
ciencia
y
toda
su
lealtad,
teniendo
en
cuenta
el
progreso
en
los
conocimientos
médicos
y
de
la
tecnología
médica
para
lograr
proezas
que
eran
imposibles
en
el
pasado?
Disconforme
con
mi
negativa
el
juez
me
dijo
que
iba
a
labrar
un
acta
en
la
presencia
de
dos
testigos
en
la
que
se
dejaría
constancia
de
mi
negativa
a
la
transfusión
de
sangre.
Esta
hostigación
de
parte
del
juez
se
realizó
de
manera
sistemática
y
obsesiva.
Ese
domingo
del
mes
de
junio
de
1989,
muy
tarde
a
la
noche
volvió
el
magistrado
y
el
secretario
con
la
autorización
escrita
de
la
práctica
de
transfusiones
de
sangre.
Recibí
una
copia
de
esta
orden
judicial
y
pedí
al
señor
Juez
que
me
permitiese
leerla
en
voz
alta,
delante
de
ellos.
Quería
con
mi
solicitud
que
ellos
apercibieran
cómo
habían
atentado
contra
mi
dignidad
y
derechos
dotados
estos
de
razón
y
conciencia.
Quería
conservar
mi
firmeza,
necesitaría
entonces
un
grado
4
más
pleno
de
prudencia
y
sabiduría
(Bahamondez).
En
este
punto
cabe
aclarar
que
Marcelo
Bahamondez
recurrió
a
su
hermano,
quien
lo
derivó
a
una
clínica
privada
donde
lo
estabilizaron
y
lo
operaron
según
sus
deseos.
Pero
el
caso
judicial
continuó,
el
Sr.
Bahamondez
apeló
la
medida
y
el
expediente
recayó
en
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones
de
Comodoro
Rivadavia,
que
ratificó
la
medida
y
sostuvo:
“la
decisión
de
Bahamondez
constituía
un
"suicidio
lentificado,
realizado
por
un
medio
no
violento
y
no
por
propia
mano,
sino
por
la
omisión
propia
del
suicida”,
que
no
admitía
tratamiento
y
de
ese
modo
se
dejaba
morir.
Señaló
el
tribunal
que,
al
ser
el
derecho
a
la
vida
el
bien
supremo,
no
resulta
posible
aceptar
que
la
libertad
individual
se
ejerciera
de
un
modo
tal
que
extinguiera
la
vida
misma.
El
a
quo
calificó
a
la
posición
del
paciente
como
“nihilista”
y
agregó
al
respecto
que
[…]
Nos
han
repugnado
por
siempre
las
viejas
lecciones
de
la
historia
antigua
que
relataban
los
sacrificios
humanos
en
el
ara
sangrienta
de
un
Moloch
insaciable
del
fuego
cartaginés.
Mucho
ha
andado
la
raza
humana
para
terminar
con
estas
creencias
y
la
razón
de
ello
ha
sido
siempre
la
misma,
preservar
el
valor
de
la
vida
(fs
22
vta.)”
(CS.
abril
6-‐1993-‐
5
Bahamondez
Marcelo
s/
Medida
Cautelar,
1993).
A
lo
cual
Bahamondez
nos
relata:
entre
otras
cosas
tildaron
mi
conducta
de
nihilista
y
compararon
mi
caso
con
el
repugnante
sacrificio
al
dios
falso
Molek,
algo
muy
abominable
para
un
Testigo
de
Jehová
que
reconoce
que
nunca
subió
en
el
corazón
de
Dios
el
sacrificio
de
niños
entregados
al
fuego
de
un
rito
repugnante.
También
sostuvieron
que
mi
decisión
constituía
un
“suicidio
lentificado,
realizado
por
un
medio
no
violento
y
no
por
propia
mano,
mediante
un
acto,
sino
por
la
omisión
propia
del
suicida”
que
no
admitía
tratamiento
y
de
ese
modo
me
dejaba
morir.
Nada
más
erróneo,
yo
no
quería
suicidarme
sino
que
deseaba
vivir,
pero
no
vivir
a
costa
de
aceptar
un
tratamiento
médico
que
profanase
mis
íntimas
convicciones
religiosas.
Vivir
por
4
un
acto
compulsivo
que
desconoce
y
avasalla
mi
vida
espiritual
en
mi
integridad
a
Dios
no
sería
vivir
(Bahamondez).
Por
ello
Bahamondez
decide
seguir
adelante
y
apelar
a
la
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación
Argentina,
que
lo
primero
que
hizo
fue
averiguar
si
subsistía
el
cuadro
clínico
que
había
motivado
las
actuaciones.
Después
de
cuatro
años,
Bahamondez
se
había
curado
de
su
hemorragia
digestiva,
por
lo
que
el
más
alto
Tribunal
manifestó:
Que,
en
esas
condiciones,
resulta
inoficioso
a
la
fecha
de
este
pronunciamiento
decidir
sobre
la
cuestión
planteada
en
el
remedio
federal,
ante
la
falta
de
un
interés
o
agravio
concreto
y
actual
del
apelante.
Las
sentencias
de
la
Corte
Suprema
deben
ceñirse
a
las
circunstancias
existentes
al
momento
de
ser
dictadas,
aunque
sean
sobrevinientes
al
recurso
129
extraordinario
(Fallos
301:947
La
Ley,
1980B,
704;
306:1160;
310:819);
y
la
doctrina
del
tribunal
sobre
los
requisitos
jurisdiccionales
ha
subrayado
que
la
existencia
de
estos
es
comprobable
de
oficio
y
que
su
desaparición
importa
la
del
5
poder
de
juzgar
(Fallos
307:188;
308:1489;
311:787).
(CS.
abril
6-‐1993-‐
Bahamondez
Marcelo
s/
Medida
Cautelar,
1993).
Es
decir,
que
al
no
existir
agravio
actual,
el
tribunal
no
pudo
emitir
un
fallo
ya
que
no
subsistía
la
cuestión
litigiosa
que
requería
una
sentencia
y
así
lo
entendieron
cinco
de
los
nueve
jueces
que
componían
la
Corte
Suprema.
Sin
embargo,
dos
jueces
se
unieron
a
la
opinión
de
la
minoría
y
por
ello
seis
jueces
de
la
Corte
Suprema
expresaron
su
opinión
respecto
de
los
miembros
del
culto
Testigos
de
Jehová.
Para
ello,
los
jueces
se
dividieron
en
grupos
de
a
dos,
arribando
por
distintos
caminos
a
una
misma
conclusión.
Los
ministros
Fayt
y
Barra
resaltaron
el
respeto
a
la
persona
como
valor
fundamental,
reconociendo
el
señorío
sobre
su
vida
y
su
propio
cuerpo,
invocando
el
art.
19
de
la
Constitución
Nacional
y
el
art.
19
de
la
Ley
17.132.
Los
doctores
Cavagna
Martínez
y
Boggiano
(en
disidencia),
concentraron
su
enfoque
en
la
libertad
religiosa,
que
incluye
la
posibilidad
de
ejercer
la
llamada
“objeción
de
conciencia”,
y
la
“prevalencia
de
la
dignidad
humana
frente
al
perjuicio
que
posiblemente
cause
la
referida
ausencia
de
transfusión
sanguínea”.
Por
último,
los
doctores
Petracchi
y
Belluscio
(en
disidencia),
consideraron
el
respeto
por
la
autonomía
individual,
la
privacidad
y
la
esfera
íntima
de
la
persona
de
esa
manera
la
libertad
del
individuo
solo
puede
ser
excepcionalmente
limitada
por
algún
interés
público
relevante,
reivindicando
la
tarea
de
la
Corte
como
3
garante
supremo
de
los
derechos
humanos
(ROCCA,
2004).
De
este
modo,
si
el
paciente
es
mayor
de
edad,
está
lúcido
y
manifiesta
ser
miembro
del
culto
Testigos
de
Jehová,
y
por
ello
se
rehúsa
a
ser
transfundido,
debe
manifestarlo
claramente
y
por
escrito
en
la
historia
clínica
y
sus
deseos
deben
ser
respetados.
Para
ello
cuenta
con
el
Consentimiento
Informado,
un
documento
donde
el
paciente
tiene
derecho
a
ejercer
autonomía
sobre
su
cuerpo
y
decidir
qué
es
lo
mejor
para
sí
mismo.
No
solo
la
jurisprudencia
ha
apoyado
la
tendencia
que
marcó
la
Corte
Suprema
en
el
caso
que
analizamos,
sino
que
las
leyes
han
acompañado
esa
decisión.
Por
ejemplo,
la
Ley
de
Derechos
del
Paciente,
Historia
Clínica
y
Consentimiento
Informado
N°
26529
del
año
2009,
modificada
por
la
Ley
de
Muerte
Digna
N°
26742
del
año
2012,
es
un
claro
ejemplo
de
esto.
El
art.
2°
inciso
E:
Autonomía
de
la
voluntad.
El
paciente
tiene
derecho
a
aceptar
o
rechazar
determinadas
terapias
o
procedimientos
médicos
o
biológicos,
con
o
sin
expresión
de
causa,
como
así
también
a
revocar
posteriormente
su
manifestación
de
la
voluntad.
Y
el
artículo
11:
Directivas
anticipadas.
Toda
persona
capaz
mayor
de
edad
puede
disponer
directivas
anticipadas
sobre
su
salud,
pudiendo
consentir
o
rechazar
determinados
tratamientos
médicos,
preventivos
o
paliativos,
y
decisiones
relativas
a
su
salud.
Las
directivas
deberán
ser
aceptadas
por
el
médico
a
cargo,
salvo
las
que
impliquen
desarrollar
prácticas
eutanásicas,
las
que
se
tendrán
como
inexistentes.
La
declaración
de
voluntad
deberá
formalizarse
por
escrito
ante
escribano
público
o
juzgados
de
primera
instancia,
para
lo
cual
se
requerirá
de
la
presencia
de
dos
testigos.
Dicha
declaración
podrá
ser
revocada
en
todo
momento
por
quien
la
manifestó.
Recordemos
que
los
Testigos
de
Jehová
portan
una
cartilla
firmada
ante
escribano
público
donde
manifiestan
que
no
aceptan
transfusiones.
De
tal
forma,
si
el
paciente
es
mayor
de
edad
y
al
momento
de
proceder
a
la
actuación
médica
no
se
encuentra
en
condiciones
de
prestar
su
consentimiento,
pero
posee
ese
documento
donde
indica
que
no
acepta
transfusiones,
se
le
agrega
a
la
historia
clínica
y
se
respeta
la
voluntad
del
paciente.
130
Claro
que
el
tema
pendiente
son
los
menores
de
edad
Testigos
de
Jehová.
En
1985,
un
juez
autorizó
a
transfundir
a
un
menor
de
un
mes
de
vida.
En
ese
caso
colisionaban
la
objeción
de
conciencia
de
los
padres
y
el
derecho
a
la
vida
(y
a
la
salud)
de
su
hijo
menor
de
edad.
El
sentenciante
priorizó
el
derecho
a
la
vida
por
sobre
todas
las
cosas
y
opinó
que
los
jueces
no
pueden
permitir
el
abuso
de
la
patria
potestad
cuando
está
en
juego
la
vida
del
menor,
por
respeto
a
una
creencia
religiosa.
En
la
alternativa
y
por
tratarse
de
un
menor
que
no
podía
decidir
por
sí,
era
razonable
dar
primacía
a
la
vida,
pues
se
trata
de
los
derechos
de
un
tercero,
ajeno
a
sus
3
progenitores,
que
no
tenía
discernimiento
(ROCCA,
2004).
En
general
la
jurisprudencia,
cuando
se
trata
de
menores
sin
discernimiento
para
poder
expresar
sus
deseos
es
unánime,
e
indica
en
sus
fallos,
primero
agotar
todas
las
posibilidades
para
salvar
la
vida
del
menor
sin
usar
transfusión
de
sangre;
luego,
si
no
existe
otra
posibilidad
terapéutica,
proceder
a
transfundirlo.
En
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
las
directivas
emanada
por
la
Dirección
General
Legal
y
Técnica
del
Ministerio
de
Salud
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
son
que
en
caso
de
menores
de
edad
Testigos
de
Jehová,
el
hospital
deberá
comunicar
en
forma
urgente
la
situación
a
dicha
Dirección
General
a
efectos
de
que
la
misma
dé
intervención
al
Consejo
de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes
y
a
la
Procuración
General
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
En
todos
los
casos
en
que
el
menor
posea
discernimiento
para
entender
las
consecuencias
de
sus
acciones,
es
el
juez
quien
deberá
tomar
la
decisión
final
respecto
a
respetar
su
negativa
a
transfundirse.
Los
padres
Testigos
de
Jehová
sostienen
que
son
ellos
quienes
saben
qué
es
lo
mejor
para
sus
hijos.
Pero
ante
el
dilema
ético
del
riesgo
de
muerte
de
un
menor,
en
que
se
confronta
el
valor
vida
con
el
de
las
creencias
religiosas,
y
donde
además
existe
de
por
medio
la
sentencia
de
un
juez
que
obliga
a
un
tratamiento
médico,
se
nos
desafía
a
cuestionarnos
por
los
procedimientos
que
realizamos
en
un
menor
de
edad,
y
que
marcarán
su
vida
y
su
sentido
como
persona
integrante
del
culto
Testigo
de
Jehová
que
se
ha
visto
obligado
por
terceros
a
romper
uno
de
sus
principios
fundamentales:
la
no
transfusión
sanguínea.
Hemos
avanzado
muchísimo
en
el
respeto
a
los
derechos
del
paciente
y
decisiones
sobre
su
propio
cuerpo.
Pero
como
verán,
todavía
nos
falta
un
largo
camino
por
recorrer
y
solamente
reflexionando
y
discutiendo
cuestiones
que
atañen
a
la
bioética
iremos
avanzando.
Un
paso
a
la
vez
y
con
un
horizonte,
la
libertad.
Referencias
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http://www.revistapersona.com.ar/bahamondez.htm
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Bahamondez
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Año
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la
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Gallegos,
San
Juan
de
Los
Moros;
2002.
132
PRESENTACION
DE
CASOS
DILEMÁTICOS
EN
EL
ÁMBITO
ACADÉMICO
a
b
c
d
Vukotich
C ,
Cullen
C
Jaime
E ,
Chisari
Rocha
L
d
d
d
d
d
García
Ramos
M ,
Giannerini
M ,
Laje
E ,
Molina
A ,
Rosell
S
a
Presidente
del
Comité
de
Bioética
Clínica
Hospital
General
de
Agudos
Tornú
(HGAT)
bVicepresidente
del
Comité
de
Bioética
Clínica
HGAT
c
Secretaria
del
Comité
de
Bioética
Clínica
HGAT
d
Miembro
del
Comité
de
Bioética
Clínica
HGAT
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
República
Argentina
Contacto:
[email protected]
La
tarea
relacionada
con
el
análisis
de
casos
dilemáticos
se
encuentra
a
cargo
de
comités
que,
a
pesar
de
contar
con
diferentes
denominaciones:
Comité
asistencial
de
Ética,
Comité
hospitalario
de
ética,
Comité
de
Bioética
Clínica,
Comité
de
Ética
Clínica
y
otros,
hacen
de
suyo
dicha
actividad.
A
pesar
de
iniciar
sus
experiencias
en
distintos
contextos
históricos,
en
la
actualidad,
puede
afirmarse
1
que
sus
funciones
generales
son:
las
normativas,
docentes
y
consultivas.
En
el
caso
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
de
acuerdo
a
la
Ley
N°
3302
en
su
Artículo
2°,
los
Comités
de
Bioética
son
órganos
interdisciplinarios,
intersectoriales
e
interinstitucionales
cuyo
objeto
principal
es
el
asesoramiento
y
la
docencia
sobre
la
2
problemática
hospitalaria.
Se
conducen
como
cuerpos
colegiados
que
actúan
ad-‐
honorem,
aunque
la
mayoría
cuenta
con
un
presidente,
coordinador
o
secretario
que
representa
la
voz
de
ese
cuerpo.
Respecto
a
las
consultas
que
se
hacen
al
comité,
Anguita
(2013)
explica:
La
presentación
de
casos
clínicos
a
los
Comités
de
Ética
se
ha
ido
haciendo
cada
vez
más
frecuente
y
esto
ha
estado
relacionado,
a
mi
modo
de
ver,
básicamente
con
algunas
situaciones;
a)
con
el
aumento
sistemático
de
los
dilemas
éticos
surgidos
en
torno
a
la
introducción
de
la
técnica
aplicada
a
la
salud,
b)
con
la
creciente
validación
de
los
comités
de
ética
interior
de
cada
una
de
las
instituciones
donde
éstos
existen
y
c)
como
la
búsqueda
de
un
eventual
respaldo
para
los
médicos
tratantes
frente
a
juicios
por
mala
práctica.
(p.
14)
Indudablemente,
es
a
partir
de
la
formación
específica,
cursos
y
programas
de
capacitaciones
permanentes
que
los
miembros
de
los
comités
reciben
el
conocimiento
necesario
para
la
deliberación,
toma
de
decisiones,
elaboración
de
las
recomendaciones
y
comunicación
de
las
mismas.
Sin
dejar
de
tener
en
cuenta
las
cuestiones
que
hacen
a
la
presentación
de
los
casos
dilemáticos
al
Comité
de
Bioética,
es
claro,
que
debe
establecer
una
adecuada
comunicación
para
optimizar
el
acercamiento
a
los
miembros
de
la
comunidad
hospitalaria.
No
es
posible
la
tarea
sin
algún
tipo
de
reconocimiento
institucional.
El
éxito
de
la
tarea
social
está
fuertemente
relacionada
con
la
eficacia
que
se
alcance
para
llegar
a
difundir
la
información
y
formación
de
la
bioética
como
una
disciplina.
Una
propuesta
apreciable
es
hacer
de
la
docencia
un
instrumento
que
asista
al
comité
1
Beca
J,
Kottow
M.
Orientaciones
para
comités
de
ética
hospitalaria.
Santiago,
Chile:
Programa
Regional
de
Bioética
OPS/OMS;
1996.
Ley
N°
3302.
Boletín
Oficial
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
Buenos
Aires,
República
Argentina,
15
de
enero
d e
2010.
2
133
en
la
relación
con
los
profesionales,
teniendo
en
cuenta
que
deben
ser
ellos
quienes
identifiquen
los
dilemas
éticos
en
la
asistencia,
para
luego
formalizar
las
consultas
en
la
mayoría
de
los
casos.
La
bioética
en
la
formación
de
los
profesionales
del
equipo
de
salud
ha
sido
planteada
en
diferentes
ámbitos
con
numerosas
propuestas
para
su
aplicación.
René
Favaloro
ya
en
1996
en
un
libro
sobre
“Conversaciones
sobre
Ética
y
Salud”
ha
dicho
que
la
Bioética
debería
ser
una
materia
de
enseñanza
obligatoria
en
las
universidades,
pero
lo
fundamental
es
enseñar
con
el
ejemplo
en
la
práctica
diaria,
esto
también
lo
dice
Peter
Singer
en
Toronto,
Canadá
cuando
insiste
que
la
Bioética
tiene
que
ser
un
campo
donde
3
actúen
los
roles,
donde
interactúen
los
roles,
pero
frente
al
médico
en
la
cabecera
del
paciente.
Sin
lugar
a
dudas,
una
educación
orientada
al
cuidado
de
la
persona
en
la
cual
el
conocimiento
técnico-‐científico
se
encuentre
asociada
a
otra
disciplina
como
lo
es
la
Bioética,
puede
contribuir:
a
tomar
mejores
decisiones,
a
promover
habilidades
para
una
atención
más
humanizada
e
integrada
y
a
comprender
la
importancia
de
dar
intervención
al
Comité
de
Bioética
frente
a
casos
complejos
o
dilemáticos.
Cabe
convenir,
que
el
ámbito
de
intervención
de
los
comités
son
las
instituciones
de
salud,
así
como,
las
universidad
en
las
que
se
forma
a
los
profesionales
y
empodera
a
la
comunidad.
Pero
no
es
posible
adquirir
la
experiencia
desde
un
texto
o
emitiendo
una
opinión
personal.
Es
por
eso
que
la
ejercitación
para
la
aplicación
de
la
teoría
se
hace
fundamental.
Entonces
el
comité,
debe
ponerse
especial
énfasis,
en
la
transmisión
de
la
“experiencia”
en
diversos
espacios.
Contar
con
el
conocimiento
teórico
propio
de
la
práctica
médica
y
hasta,
la
teoría
específica
de
la
materia
que
nos
ocupa,
no
garantiza
la
destreza
en
el
manejo
de
casos
dilemáticos.
La
experiencia
interdisciplinaria
de
los
comités
sobre
casos
dilemáticos
debe
exponerse
con
los
resguardos
adecuados.
La
presentación
debe
planificarse
metódicamente
para
ser
transmitida
con
claridad
para
generar
un
progresivo
grado
de
comprensión.
En
este
intercambio
se
trasluce
la
capacidad
del
grupo
para
transmitir
las
experiencias,
y
se
evidencia
el
modo
de
trabajo
en
relación
a
su
función
consultiva.
Entre
las
cuestiones
que
convienen
presentarse
en
una
exposición,
se
encuentran:
los
datos
del
comité
que
se
representa,
los
4
integrantes
o
miembros,
quienes
presentan
el
caso,
una
introducción
a
la
sistemática
de
trabajo,
el
método
adaptado
para
la
tarea
(que
proporciona
el
marco
para
la
adopción
de
decisiones
de
índole
ética
que
garantiza
que
se
tengan
en
cuenta
los
datos
5
pertinentes ),
el
caso,
discusión
y
fundamentaciones,
modo
de
tomar
las
decisiones
en
el
seno
del
comité,
comunicación
al
equipo
o
profesional
consultante
y
resolución
final
del
caso
(si
fuera
posible).
Es
vital
que
la
presentación
incluya
un
espacio
para
preguntas,
una
moderación
adecuada
del
debate
y
una
conclusión
que
se
exprese
con
propiedad
y
coherencia
para
reflejar
el
pensamiento
del
comité.
Un
aspecto
sustancial
es
el
manejo
de
la
información
de
los
casos
dilemáticos
que
se
tratan.
La
misma
se
mantiene
circunspecta
al
comité
inicialmente,
o
reservada
a
los
miembros
en
caso
que
la
consulta
sea
solicitada
desde
una
institución
que
no
cuente
con
una
3
Tanus
E.
Experiencia
de
la
enseñanza
de
bioética
en
la
Facultad
de
Medicina
de
la
Universidad
Favaloro.
Boletín
Del
Consejo
académico
de
ética
en
medicina,
5,
2014.
Consultado
de
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/bcaeem/article/view/5049/4646
4
Gracia
D.
Procedimiento
de
decisión
en
ética
clínica.
Madrid:
Tricastela;
1991.
5
Drane
J.
Métodos
de
ética
clínica.
Dificultad
de
adoptar
decisiones
de
índole
ética.
134
comisión.
Al
finalizar
el
proceso
de
evaluación,
discusión
y
reflexión,
se
deja
la
recomendación
en
la
historia
clínica
y
se
elevan
copias
al
jefe
del
área,
a
la
dirección
o
a
la
institución
consultante
en
caso
de
ser
externa.
La
mayoría
de
las
veces,
al
recibir
el
caso,
no
se
cuenta
con
todos
los
elementos
necesarios
para
tratarlo
y
emitir
una
recomendación.
La
evaluación
integral
de
los
datos
objetivos:
antecedentes,
informes,
hechos,
testimonios
y
situación
especificados
por
el
equipo
de
salud,
y
la
valoración
de
los
factores
subjetivos
de
naturaleza
personal
que
manifieste
tanto
el
paciente
como
los
consultantes,
supone
una
exploración
profunda
de
la
realidad.
Ello,
implica
el
acceso
a
antecedentes
privados
e
íntimos,
que
solo
son
expuestos
por
encontrarse
en
esa
situación
particular.
Por
lo
tanto,
se
guarda
especial
cuidado
en
el
manejo
de
esa
información.
6
Frente
a
la
obligación
de
resguardar
los
pormenores
del
caso,
los
datos
personales
se
protegen
de
acuerdo
a
la
legislación
vigente.
La
comunicación
se
establece
solo
con
los
profesionales
tratantes,
aunque
la
recomendación
queda
en
la
historia
clínica
junto
con
el
7
registro
del
pedido
de
intervención
al
comité
al
alcance
de
quienes
necesiten
informarse
sobre
la
recomendación
bioética.
Pero
entonces,
¿Hay
una
contradicción
en
presentar
los
casos
fuera
de
la
institución?
La
respuesta
a
esta
pregunta,
que
realiza
el
equipo
de
salud
incluso
para
los
ateneos,
es
no.
Pero
se
debe
aclarar,
que
el
no
se
encuentra
fuertemente
condicionado
al
modo
y
los
resguardos
que
se
tengan
para
presentar
el
caso.
Según
establece
el
la
legislación
vigente,
la
información
sanitaria
puede
ser
compartida
si
el
paciente
brinda
la
autorización
para
ello.
Si
el
paciente
no
pudiera
otorgar
esa
autorización
por
algún
tipo
de
incapacidad
que
no
le
permita
comprender
la
información
podrá
8
darla
un
representante
legal
o
la
persona
que
conviva
o
esté
a
cargo
de
la
asistencia
o
cuidado
de
él.
9
Pero
la
ley,
también
enuncia
la
permisión
para
compartir
datos
sanitarios
respecto
a
las
exposiciones
con
fines
académicos
y
establece
que
se
debe
pedir
autorización
previa
a
la
exposición
de
la
misma
forma
expresada
anteriormente.
Volviendo
a
las
actividades
académicas
y
científicas,
éstas
representan
un
espacio
de
alto
impacto
para
la
transmisión
de
las
experiencias.
Así.
los
profesionales
pueden
totalizar
la
teoría
con
la
experiencia
directa
de
los
casos
presentados
y
los
comités
logran
exteriorizar
los
conocimientos
y
hacelos
trascender
desinteresadamente.
En
en
los
cursos
de
formación
sobre
la
materia,
conjuntamente
con
los
docentes
a
cargo,
se
convoca
a
los
comités
para
transmitir
la
experiencia.
Se
presentan
los
casos
dilemáticos,
ilustrados
para
esos
encuentros.
El
Comité
de
Bioética
del
Hospital
Tornú,
participa
de
diversas
actividades
académicas,
siendo
convocado
cada
año
para
presentar
,
10
en
un
curso
en
particular,
su
experiencia
en
análisis
de
casos
dilemáticos.
Durante
el
año
2014,
se
ha
presentado
un
caso
en
el
ámbito
que
requirió
una
importante
intervención
por
parte
del
comité
con
una
resolución
satisfactoria.
6
Ley
N°
25.326.
Boletín
Oficial
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
Buenos
Aires,
República
Argentina,
2
de
noviembre
de
2000.
Ley
N°
Nº
26.742.
Derechos
del
Paciente
en
su
relación
con
los
Profesionales
e
Instituciones
de
la
Salud.
Boletín
Oficial
de
la
República
Argentina,
6
de
julio
de
2012.
8
Ley
N°
Nº
26.742.
Derechos
del
Paciente
en
su
relación
con
los
Profesionales
e
Instituciones
de
la
Salud.
Boletín
Oficial
de
la
República
Argentina,
6
de
julio
de
2012.
9
Ibídem.
7
135
Caso
EB77.
Presentación
de
un
caso
clínico
Presentación
del
caso
clínico:
Dra.
Liliana
Chisari,
Pdre.
Marcelo
Giannerini,
Sra.
Estela
Jaime,
Dra.
Diana
Klajn,
TO
Adriana
Molina,
Lic.
María
Elena
García
Ramos,
Dr.
Silvio
Rosell,
Mgt.
Claudia
Vukotich.
Presentación
del
Comité
de
Bioética
Hospital
Tornú.
Miembros:
Lic.
Clara
Cullen,
Pdre.
Marcelo
Giannerini,
Dra.
Liliana
Chisari
Rocha,
Dra.
Pilar
De
Antueno,
Sr.
Pablo
Díaz
Vukotich,
Dra.
Patricia
Di
Gioia,
Lic.
Ma.
Elena
García
Ramos,
Sra.
Estela
Jaime,
Fca.
Eva
Laje,
Dr.
Raúl
Lassizuk,
Dr.
Guillermo
Mammana,
TO
Adriana
Molina,
Dra.
Claudia
Rocca,
Dr.
Silvio
Rosell
y
la
Mgt.
Claudia
Vukotich
y
Asesores:
Dr.
Miguel
Del
Valle,
Dra.
Viviana
Denk,
Pbro.
Álvaro
Izurrieta,
Dra.
Gabriela
Peirano,
Dra.
Patricia
Sorokin
y
el
Dr.
Gerardo
Perazzo.
La
tarea
de
análisis
de
casos
complejos
o
dilemáticos
están
organizados
el
siguiente:
Presentación
Inicial
de
Caso,
Análisis
de
Caso,
Recomendación
de
Caso
y
Comunicación.
Los
pasos
implican
reunir
información
suficiente
en
las
que
se
tienen
en
cuenta
las
siguientes
fases:
Fase
I:
Valoración
de
los
factores
objetivos
(de
naturaleza
médico-‐técnica):
MÉDICO/EQUIPO
DE
ATENCIÓN
DE
LA
SALUD.
Fase
II:
Valoración
de
los
factores
subjetivos
(de
naturaleza
personal)
PACIENTE/
Equipo
de
salud.
Fase
III:
Juicio
de
síntesis
+
decisión
operativa
moralmente
adecuada:
AMBOS.
Se
considera
adecuado
para
el
proceso
de
toma
de
decisiones
el
siguiente
esquema:
El
caso
fue
presentado
por:
la
Jefa
de
una
Sala
de
Internación,
participando
también
la
residencia
médica
.
Hace
un
pedido
de
intervención
sugerida
por
un
jefe
superior
inmediato.
Factores
objetivos:
Decisiones
complejas
Factores
subjetivos:
“
No
poder
tomas
las
decisiones
del
caso
solos”
Intervenciones:
Revisión
de
HC,
Datos
del
paciente,
Consulta
con
miembros
del
equipo
y
Visita
al
paciente.
Datos:
Paciente
Masculino
de
76
años
de
edad,
EB.
Antecedentes
médicos:
HTA
(3
años
desde
el
diagnóstico),
gota.
Medicado
con
Enalapril
/
Alopurinol.
Motivo
de
Ingreso:
ACV
isquémico.
Trastorno
de
deglutorio
posterior
al
evento.
Alimentación
por
sonda
nasogástrica
e
hidratación
parenteral.
Hasta
el
momento
de
la
internación
el
paciente
vivía
solo
en
su
domicilio.
Diagnóstico
de
situación:
paciente
que
se
retira
con
violencia
la
sonda
nasogástrica
y
se
niega
sistemáticamente
a
la
recolocación.
Mal
estado
general
que
no
favorece
una
intervención
quirúrgica
para
realizarle
una
gastrostomía
endoscópica
percutánea
que
resolvería
la
dificultad
de
la
alimentación.
Mal
pronóstico.
10
Curso
Anual
de
Posgrado
de
Bioética
Médica.
Escuela
de
Graduados
de
la
Asociación
Médica
Argentina.
136
Dilema
para
el
equipo
de
salud:
Dudas
acerca
de
la
capacidad
del
paciente
para
comprender
la
importancia
de
la
alimentación
por
la
sonda
nasogástrica,
la
consecuencia
de
la
no
alimentación,
un
planteo
sobre
si
realmente
ya
no
quería
ser
tratado
y
de
ser
así
que
hacer
en
un
equipo
donde
algunos
profesionales
proponían
seguir
igual
y
otros
respetar
lo
que
pedía
el
paciente.
Parte
del
equipo
planteo
la
sensación
de
estar
incurriendo
en
un
encarnizamiento
terapéutico
y
la
presión
que
tienen
cuando
la
familia
delega
la
decisión
en
ellos
por
considerarlos
los
únicos
capaces
de
tomar
las
mejores
decisiones.
Planteo
inicial
Valoración
de
los
factores
objetivos:
se
analizan
los
datos
clínicos
de
la
historia
clínica
en
su
totalidad.
Durante
la
visita
al
paciente
se
observa
y
obtiene
la
siguiente
información:
Paciente
solo
en
una
habitación
doble,
sin
compañía.
Recibe
visitas
de
su
único
hijo
por
la
tarde
(alrededor
de
las
20
hs,
horario
de
salida
del
trabajo).
Tratamientos
activos
hasta
el
momento:
Kinesiología,
control
de
tronco
para
posición
sentado,
Fonoaudiología
por
trastornos
de
deglución
y
Terapia
Ocupacional.
No
contaba
con
la
evaluación
psiquiátrica
al
momento
de
la
presentación
del
caso
por
demora
en
los
turnos
de
interconsultas.
La
psiquiatra
del
Comité
de
Bioética
ofrece
al
equipo
realizar
la
evaluación
(lo
cual
se
aceptó
permitiendo
un
gran
alivio),
Evaluación
psiquiátrica:
El
paciente
se
encontraba
vigil,
hipolúcido,
hipoproséxico,
sin
impulsividad.
Se
comunicaba
por
gestos
o
sonidos.
No
se
podían
evaluar
correctamente
las
funciones
psíquicas
superiores
por
su
afección
de
base.
Respondía
con
monosílabos
o
gestos
a
preguntas
muy
11
puntuale
y
observación
sobre
la
autonomía
y
capacidad.
Se
solicitó
la
evaluación
por
Neurología
al
observar
una
Afasia.
De
la
12
evaluación
neurológica
surge
que:
El
paciente
se
presenta
una
hemiplejia
a
predominio
izquierdo,
Afasia
expresiva
sin
comprensión
de
las
ordenes
simples
o
complejas.
Los
datos
devenidos
del
Servicio
Social,
que
se
obtuvieron
a
partir
de
la
Trabajadora
Social
del
comité
con
otros
integrantes
fueron:
indagación
sobre
la
relación
equipo
médico-‐familia,
interferencia
en
la
comunicación,
capacidad
cuidador
en
la
familia,
evaluación
y
valoración
de
la
particularidad
histórica
y
socio-‐cultural.
Los
representantes
de
la
comunidad,
consideraron
el
caso
como
difícil,
donde
se
aparecían
diferencias
en
las
posturas
de
los
miembros.
Factores
subjetivos:
Se
indaga
acerca
de
preferencias
e
intereses.
En
este
caso
las
preferencias
eran
leer,
a
ver
TV
ó
escuchar
radio.
Se
realiza
acondicionamiento
en
la
sala
para
que
pueda
realizar
actividad
que
desarrollaba
en
su
hogar:
lectura
con
Atril
adaptado.
Su
hijo
acerca
elementos
personales,
libros
,
lentes.
Al
paciente
se
notaba
angustiado
al
interrogarlo
sobre
algunas
intervenciones;
y
se
aliviaba
al
ver
que
se
lo
comprendía
o
se
le
presentaba
alguna
opción.
Esta
comprensión
impresionaba
oscilante
por
la
afección
neurológica.
Pero
las
tres
personas
del
Comité
presentes
a
su
lado
registraban
su
padecer,
y
el
sufrimiento
que
implicaba
para
él
la
internación,
los
procedimientos
diagnósticos
y
terapéuticos.
Especialmente
por
el
hecho
de
no
poder
hacerse
entender.
Surge
allí
la
13
intervención
del
párroco
del
hospital
de
visitarlo
preocupado
por
el
sufrimiento
existencial
del
paciente.
Debate
interno
y
reflexiones
Reunido
el
comité
de
bioética
de
la
institución
se
informó
a
los
sobre
las
características
del
caso,
siguiendo
este
esquema:
11
Se
entiende
por
autonomía
de
una
persona
es
la
capacidad
o
condición
de
desarrollar
tareas
o
tomar
decisiones
de
una
manera
independiente.
Pérdida
de
los
engramas
cinéticos
entre
la
comprensión,
el
pensamiento
y
su
expresión.
Fuente:
NCBI.
13
Se
dejó
en
actas
que
las
visitas
por
parte
del
párroco
se
realizan
por
fuera
de
la
intervención
específica
relativa
al
comité.
12
137
Se
hicieron
las
consideraciones
del
caso,
evaluación
de
los
datos,
valoración
de
las
necesidades
personales,
planificación
de
la
acciones
del
comité,
estimación
de
los
resultados
que
podrían
tener
las
intervenciones
recomendadas
y
realizadas
con
el
acuerdo
de
la
unidad
de
internación.
De
los
datos
del
caso
surgió
que,
si
bien
científicamente
desde
el
punto
de
vista
neurológico
el
diagnóstico
indicaba
una
baja
respuesta
al
cumplimiento
de
las
consigna
en
el
momento
de
la
evaluación,
se
dio
una
discusión
importante
acerca
de
la
capacidad
de
comprensión
del
paciente.
Durante
las
intervenciones
de
las
terapistas
ocupacionales
(sugió
de
lo
transmitido
por
ellas)
que
el
paciente
pudo
dar
a
entender
que
libro
prefería
hojear,
sin
poder
profundizar
si
comprendía
lo
que
veía
en
las
hojas.
También
manifestaba
a
los
enfermeros
el
deseo
de
encender
o
apagar
la
radio
(surgió
de
lo
transmitido
por
el
equipo
de
enfermería
de
los
distintos
turnos).
La
alegría
ante
la
llegada
de
su
hijo
y
la
tristeza
de
su
partida.
Y
luego,
la
preferencia
de
compañía
masculina
a
la
femenina,
en
la
visita
del
voluntariado
de
cuidados
paliativos.
Algunos
miembros
consideraron,
que
si
bien,
no
podía
comunicarse
y
responder
según
lo
esperado
en
las
evaluaciones,
tenían
ciertas
dudas
sobre
la
comprensión.
Es
decir,
unos
consideraban
que
nada
podía
comprender
desde
los
elementos
científicos
y
clínicos
y
otros
que
intentaron
profundizar
la
comunicación
pensaban
que
el
paciente
tenía
un
grado
de
comprensión
mayor
a
lo
que
podía
expresar.
14
En
cuanto
a
los
principios
que
se
encontraron
en
tensión
fueron:
Beneficencia,
la
No
maleficencia
y
la
Justicia.
14
Júdez
J.
La
deliberación
moral:
el
Método
de
la
Ética
Clínica
Medicina
Clínica,
Volumen
117,
Issue
1:
18-‐23.
138
Recomendación
Acompañar
a
la
familia
en
la
toma
de
decisiones.
En
este
sentido
se
ofreció
al
equipo
la
intervención
de
la
Trabajadora
Social
del
comité
quien
pudo
establecer
un
buen
vínculo
con
el
hijo,
único
cuidador
del
paciente.
Continuar
con
la
alimentación
por
vía
enteral
por
sonda.
Maximizar
los
esfuerzos
en
las
medidas
de
confort,
hasta
tanto
pudiera
realizarse
la
cirugía.
Evaluar
la
opción
de
la
sedación
según
la
escala
de
Ramsay.
Permitir
la
continuidad
de
la
asistencia
del
voluntariado
de
cuidados
paliativos.
Facilitar
a
la
familia
el
contacto
con
instituciones
que
pudieran
recibir
al
paciente.
Seguimiento
del
caso
El
paciente,
fue
intervenido
quirúrgicamente.
Evolucionó
según
lo
esperado.
El
hijo
del
paciente
fue
acompañado
y
empoderado
por
la
trabajadora
social
del
comité
y
consiguió
una
institución
que
aceptó
recibir
en
internación
de
su
padre
en
su
situación
de
salud.
Continúa
con
rehabilitación
y
terapia
ocupacional.
No
ha
recuperado
el
habla,
pero
como
expresó
el
párroco:
“Él
se
comunica
con
lo
que
tiene…”.
139
EL
HOSPITAL
Y
LA
DIFUSIÓN
PÚBLICA
DE
INFORMACIÓN
SOBRE
SUS
PACIENTES
a
b
c
c
c
Ledesma
F ,
García
H ,
Ciruzzi
S ,
Barraza
N ,
Ferreria
JC
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Iervolino
MA ,
Marín
D ,
Mazzuchelli
T ,
Menéndez
C ,
Novali
L ,
Ortega
L ,
Ponce
C ,
Quintana
S
c
Rodríguez
E ,
Schejter
V ,
Scrigni
A ,
Selandari
J
a
Coordinadora
del
Comité
Hospitalario
de
Ética
b
Secretario
del
Comité
Hospitalario
de
Ética
c
Miembros
del
Comité
Hospitalario
de
Ética
Hospital
de
Pediatría
J.P.
Garrahan.
Buenos
Aires,
Argentina
Contacto:
[email protected]
/
[email protected]
Los
medios
de
comunicación
son
un
importante
actor
en
toda
sociedad
democrática:
ayudan
a
socializar
la
información,
permiten
la
participación
ciudadana
y
el
control
de
los
poderes
públicos
en
el
cumplimiento
de
sus
funciones.
Su
rol
social
en
las
cuestiones
de
salud,
y
en
singular
en
lo
relacionado
con
los
derechos
de
la
infancia,
merece
ser
particularmente
destacado:
desde
medidas
innovadoras
como
las
leyes
de
salud
sexual
y
procreación
responsable,
pasando
por
patologías
sociales
de
difícil
comprensión
(maltrato
y
abuso,
pornografía
y
prostitución
infantil)
o
por
situaciones
individuales
cuyos
efectos
se
socializan
(vacunación,
desnutrición,
acceso
a
la
asistencia
sanitaria),
hasta
decisiones
que
aparentan
ser
polémicas
(aborto
no
punible).
Ese
rol
social
adquiere
claros
contornos
cuando
la
información
llega
a
toda
la
comunidad
y
permite
discutir
y
pensar
distintas
alternativas
para
alcanzar
soluciones
o,
al
menos,
mejores
opciones.
La
manera
en
que
se
describen
los
niños,
niñas
y
adolescentes
(N@A)
en
los
medios
tiene
un
impacto
profundo
en
la
actitud
de
la
sociedad
hacia
la
niñez.
Los
N@A
suelen
ser
noticia,
pero
el
problema
está
en
cuál
es
el
motivo
que
los
instala
como
noticia.
¿Es
realmente
importante
que
lo
sean?
Entonces,
¿qué
debemos
priorizar?
Un
manejo
adecuado
de
la
imagen
de
la
infancia
que
mostramos
en
los
medios
de
comunicación
es
vital
para
contribuir
a
redimensionar
la
situación
de
los
niños,
niñas
y
adolescentes
en
la
sociedad
y
valorar
sus
identidades,
sus
deseos
y
preferencias,
sus
miedos
y
sus
derechos.
1-‐2
El
rol
que
le
podemos
dar
a
las
noticias
desde
el
hospital
público
puede
ser
positivo
y
tiene
un
papel
importante
no
solo
a
favor
de
los
N@A,
sino
en
favor
de
la
comunidad
para
hacerla
más
respetuosa
de
los
derechos
humanos,
en
general,
y
de
los
derechos
de
la
infancia
en
particular.
La
Convención
sobre
los
Derechos
del
Niño
(CDN)
nos
llevó
a
revisar
las
conceptualizaciones
que
manejamos
acerca
de
la
niñez
y
del
ser
niño,
así
como
de
los
valores,
conductas
y
comportamientos
en
esta
particular
y
vulnerable
etapa
vital.
Vivimos
en
una
sociedad
cada
vez
mas
mediatizada,
en
la
cual
los
hechos
adquieren
una
dimensión
significativa,
muchas
veces
distorsionada,
porque
se
ven,
se
escuchan
o
se
leen
a
través
del
particular
filtro
de
los
medios.
Esto
nos
obliga
a
reflexionar
sobre
el
rol
y
responsabilidad
del
Hospital
en
el
manejo
de
la
información
acerca
de
los
pacientes
que
se
atienden
en
él,
particularmente
en
el
rol
que
desempeñan
en
la
construcción
del
concepto
de
infancia.
Los
modos
de
comunicar
pueden
contribuir
tanto
a
la
consolidación
de
estereotipos
y
prejuicios
como
a
la
creación
de
nuevas
miradas
que
promuevan
una
concepción
del
niño
como
sujeto
de
derechos.
Esto
es
fundamental,
porque
comunicamos
no
solo
los
hechos,
sino,
a
través
de
ellos,
la
propia
definición
de
la
identidad
infantil.
Los
profesionales
de
los
medios
de
comunicación
pueden
jugar
un
papel
relevante,
creando
conciencia
social
sobre
la
responsabilidad
de
todos
los
agentes
sociales,
contribuyendo
a
una
visión
ajustada
a
la
realidad
de
la
infancia
como
colectivo.
3-‐
4
140
Como
hospital
pediátrico
nos
cabe
una
gran
responsabilidad
respecto
a
lo
que
comunicamos,
ya
que
los
N@A
y
sus
familias
son
un
grupo
vulnerable,
más
aún
cuando
son
pacientes
y
en
razón
de
todo
ello
depositan
su
confianza
en
recibir
una
muy
especial
protección,
eminentemente
asistencial
y
de
contención,
que
debe
ser
inseparable
de
los
aspectos
jurídicos
y
éticos.
Marco
Normativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Convención
de
los
Derechos
del
Niño.
Ley
Nacional
26.061
de
Protección
de
los
Derechos
de
Niños,
Niñas
y
Adolescentes.
Su
símil
local
Ley
Nº
114
CABA.
Ley
11.723
de
Propiedad
Intelectual
(en
particular
art.
31).
Ley
Nacional
26.522
sobre
Comunicación
Audiovisual
-‐
10/09
(art.
1
y
3).
Leyes
Nº25.326
y
1845
CABA
que
protegen
datos
sensibles.
Art.
19
Constitución
Nacional.
Arts.
10
y
12
inc.
3
Constitución
CABA.
Art.
11
Convención
Interamericana
de
DDHH
(PSJCR).
Art.
1071
bis
Código
Civil.
UNICEF.
The
media
and
Children´s
Rights,
2005.
UNICEF.
Dictamen
sobre
el
tratamiento
de
la
información
acerca
de
niños,
niñas
y
adolescentes.
Res.
019,
11/09.
Los
chicos,
las
chicas
y
sus
derechos
en
la
comunicación.
Guía
para
el
tratamiento
periodístico
adecuado
de
las
temáticas
de
Niñez
y
Adolescencia.
Ministerio
de
Derechos
Humanos.
Gobierno
de
Salta,
2013.
Participación
de
los
niños
Hay
que
considerar
la
diferencia
del
uso
de
la
información
con
fines
científicos
y
docentes,
de
la
que
puede
ser
utilizada
como
nota
periodística,
ya
que
van
destinadas
a
grupos
diferentes
y
persiguen
objetivos
distintos.
En
la
primera,
los
destinatarios
son
profesionales,
alumnos,
pacientes
o
familiares
de
pacientes
en
los
que
se
observa
interés
académico
y
formativo.
En
la
segunda,
los
receptores
son
la
población
en
general
o
algún
grupo
en
particular,
que
recibe
la
noticia
como
evento
que
acontece
en
la
realidad
y
cuyo
objetivo
primordial
es
la
difusión
y
divulgación.
Todos
aquellos
seres
humanos
hasta
cumplir
18
años
están
contemplados
bajo
el
concepto
de
niño,
niña
y
adolescente.
La
mirada
de
atención
sobre
los
niños,
tanto
de
los
medios
de
comunicación
como
de
la
sociedad
que
va
a
recibir
esa
mirada,
va
a
enriquecer
a
5
la
propia
sociedad,
porque
la
preocupación
por
la
infancia
es
una
apuesta
al
futuro
de
cada
comunidad .
Esta
reflexión
nos
aleja
de
la
idea
paternalista
que
solemos
tener
sobre
la
infancia
y
se
aproxima
a
una
idea
de
tener
en
cuenta
a
los
N@A
como
parte
del
entramado
social.
Como
sujetos
de
derecho,
los
ejercen
y
reclaman
participación
en
los
hechos
que
les
atañen.
Todo
ello
no
hace
más
que
fomentar
un
enriquecimiento
social,
a
partir
del
reconocimiento
del
N@A
como
un
otro
en
la
dinámica
social.
Escuchar
a
la
infancia
es
una
forma
de
educar
a
la
comunidad
para
que
integre
la
opinión
de
los
niños
en
los
procesos
que
se
dirigen
a
ellos
o
los
involucra.
Tenemos
que
fortalecer
su
derecho
a
participar
y
ser
oídos,
aunque
sin
olvidar
el
balance
entre
riesgos
y
beneficios
que
deben
ser
vigilados
permanentemente.
Esto
lleva
a
la
necesaria
difusión
de
temas
en
los
cuales
los
N@A
observan,
critican
y
aportan
a
la
construcción
de
sus
propias
identidades,
derechos,
intereses
y
relaciones
con
el
resto
de
la
sociedad.
Por
principio,
la
información
relativa
a
la
salud
forma
parte
de
lo
que
se
conoce
como
dato
sensible,
no
destinado
a
su
divulgación,
6
ya
que
forma
parte
de
la
privacidad
y
el
derecho
a
la
intimidad
de
la
persona .
Cuando
se
trata
de
un
niño
se
dispensa
una
protección
aún
más
acentuada,
no
permitiéndose
la
divulgación
de
su
identidad
(sea
a
través
de
sus
datos
personales
o
de
su
141
imagen),
aún
cuando
la
noticia
pueda
ser
de
interés
público.
Este
concepto
se
ciñe
a
aquellas
situaciones
en
las
que
existe
un
interés
7
general,
orientado
a
la
realización
del
Bien
Común,
representado
por
las
valoraciones
colectivas
en
una
sociedad
determinada .
En
este
marco
conceptual,
las
informaciones
que
traten
sobre
un
niño
solo
podrían
publicarse
en
la
medida
del
interés
público
de
los
hechos
que
lo
involucran.
Empero,
ello
no
quiere
decir
desconocer
sus
derechos,
sino
armonizar
el
interés
general
que
la
noticia
provoca
con
la
protección
especial
que
la
ley
depara
a
todos
los
niños.
En
estos
casos
se
debería
resguardar
la
identidad
y
defender
8
el
anonimato,
sin
emplear
datos
ni
imágenes
que
permitan
su
individualización.
Los
N@A
tienen
dignidad
como
seres
humanos,
así
como
derecho
al
honor,
a
la
intimidad
y
a
la
vida
privada.
La
imagen
e
integridad
moral
y
física
son
una
expresión
de
su
derecho
a
la
intimidad,
que
se
encuentra
resguardada
por
principios
constitucionales
e
internacionales.
Si
bien,
estos
derechos
no
son
absolutos,
cuando
entran
en
colisión
con
otros
derechos
constitucionalmente
relevantes
como
la
libertad
de
expresión,
hay
que
ponderar
cuándo
está
justificado
limitar
uno
u
otro.
La
tensión
entre
el
derecho
a
la
libertad
de
expresión
y
el
derecho
a
la
intimidad
de
los
niños
y
adolescentes,
se
encuentra
legalmente
resuelta
con
la
incorporación
de
instrumentos
internacionales
a
la
Constitución
Nacional
y
las
leyes
dictadas
en
su
consecuencia
que
priorizan
al
mejor
interés
del
niño
en
todo
aquello
que
lo
involucra.
Este
concepto
refiere
a
aquella
interpretación
que
mejor
proteja
y
garantice
9
los
derechos
de
los
N@A,
en
especial,
su
dignidad.
Inclusive,
en
aquellas
situaciones
que
ameriten
exponer
la
intimidad
de
un
niño
en
razón
del
interés
general
que
presenta
la
información,
habría
que
evitar
que
un
niño
sea
noticia.
Para
brindar
información
sobre
la
niñez
deben
cumplirse
algunos
requisitos
mínimos:
-‐
Que
la
información
sea
veraz.
-‐
Que
responda
a
un
interés
científico
relevante.
-‐
Que
represente
un
beneficio
para
el
niño.
-‐
Que
no
lesione
la
dignidad
del
niño.
-‐
Que
respete
los
mejores
intereses
del
niño.
Tenemos
que
ser
cautelosos,
porque
un
quebrantamiento
de
estos
derechos
puede
producir
efectos
negativos
en
el
momento
y
también
a
largo
plazo.
Hay
riesgos
imprevistos
que
si
no
son
tenidos
en
cuenta
en
el
momento
en
que
se
toman
las
decisiones,
10
pueden
producir,
por
ejemplo,
estigmatización
con
el
paso
del
tiempo.
Por
lo
tanto,
pensamos
que
la
libertad
de
prensa,
con
un
indudable
valor
en
una
sociedad
democrática,
queda
supeditada
a
la
protección
debida
a
la
infancia.
Como
hospital
público
debemos
informar
desde
el
convencimiento
de
que
proteger
a
nuestros
pacientes
y
sus
derechos
no
significa
ir
en
detrimento
de
la
calidad
de
la
información
sino
todo
lo
contrario.
Hay
que
tener
en
cuenta
que
los
niños
y
sus
familias
vinculados
con
el
hospital
se
encuentran
en
mayor
grado
de
vulnerabilidad
que
el
resto
de
la
sociedad.
La
necesidad
de
proteger
su
salud,
la
incertidumbre
que
ello
les
genera
y
la
especial
relación
de
confianza
que
establecen
con
la
Institución
y
sus
profesionales
impone
extremar
los
recaudos
11
en
la
protección
de
sus
derechos.
¿Qué
se
puede
y
que
no
se
puede
contar?
¿Qué
autorizaciones
hay
que
tener
para
hacer
pública
la
imagen
o
los
datos
personales
de
un
niño?
¿Hasta
dónde
puede
consentir
un
niño
en
la
exposición
de
su
intimidad?
Una
cuestión
que
nos
genera
varios
interrogantes
es
cuando
algunos
padres
consienten
en
la
divulgación
de
aspectos
de
la
vida
privada
de
sus
hijos
por
intereses
o
necesidades
personales.
¿Tienen
los
representantes
legales
derecho
a
hacerlo?
¿Esta
autorización
resulta
suficiente
para
que
el
medio
de
comunicación
pueda
difundir
esta
información?
Consideramos
que
es
necesario
142
aclarar
los
alcances
del
consentimiento
de
los
padres
en
estos
casos.
Reiteramos
un
concepto
fundamental:
los
niños
gozan
de
una
especial
protección
que
va
más
allá
de
sus
propios
padres
y
que
establece
límites
claros
a
la
libertad
de
expresión
cuando
la
información
los
involucra
⎯directa
o
indirectamente⎯.
Informar
es
un
acto
libre,
lo
cual
no
significa
que
sea
un
derecho
absoluto,
y
ante
la
infancia
esa
libertad
palidece,
tropieza
con
exigencias
y
responsabilidades
inmediatas,
cediendo
preponderancia
a
favor
de
12
los
derechos
e
intereses
de
los
niños
por
sobre
el
derecho
a
la
información
y
a
estar
informados.
Siempre
debemos
resguardar
el
ámbito
privado
de
los
niños,
frente
a
la
divulgación
de
aspectos
íntimos
que
a
ellos
les
pertenecen.
El
ánimo
de
denunciar
problemas
que
los
afectan
y
la
ausencia
de
mala
fe,
no
son
por
si
solas
justificaciones
para
darle
mayor
valoración
al
interés
público,
avalando
el
desconocimiento
de
los
derechos
de
este
grupo
etario.
Normativas
nacionales
e
internacionales
establecen
claramente
que
la
información
que
trate
sobre
N@A
en
general,
y
en
situaciones
de
riesgo
o
vulnerabilidad
en
particular,
debe
evitar
revelar
la
identidad
de
estos,
ya
sea
de
forma
directa
(datos
personales
o
imágenes)
como
indirecta
(identificación
de
su
ámbito
familiar,
escolar
y/o
social).
Lograr
que
la
sociedad
aprenda
a
escuchar
y
valorar
la
opinión
de
los
niños,
reconociendo
su
papel
en
la
comunidad
supone
un
gran
desafío
en
el
que
los
medios
de
13
comunicación
están
llamados
a
desarrollar
un
papel
fundamental.
Recomendaciones
•
•
•
Privilegiar
el
interés
superior
del
niño
y
sus
necesidades
personales
a
cualquier
otro
criterio
para
valorar
la
difusión
y
el
contenido
de
la
información
que
podrá
ser
publicada.
Priorizar
la
protección
de
la
intimidad
de
los
niños,
así
como
la
de
sus
familiares,
que
se
encuentren
internados
y/o
requieran
asistencia
en
esta
Institución.
Tener
una
actitud
sensible
y
respetuosa
hacia
el
niño
y
su
familia
aún
cuando
se
trate
de
la
difusión
de
una
información
de
interés
público.
•
Solo
podrán
tomarse
imágenes
de
los
niños
para
uso
científico
o
docente,
en
los
términos
de
lo
dispuesto
por
el
art.
31
Ley
1
11723 (Ley
de
propiedad
intelectual). En
este
sentido,
la
exposición
académica
o
en
un
evento
científico
de
un
caso
en
particular,
o
de
un
patología
especial,
con
la
consiguiente
ilustración,
resulta
permitida
siempre
que
se
cuente
con
el
consentimiento
de
los
interesados
y
al
solo
fin
de
esa
presentación.
En
los
casos
de
interés
público,
solo
podrán
difundirse
las
imágenes
cuando
sea
imprescindible
y
guarde
una
adecuada
relación
con
dicho
interés,
el
cual
será
evaluado
por
la
institución.
•
Teniendo
en
cuenta
las
misiones
y
funciones
del
Comité
Hospitalario
de
Ética
y
de
la
Dirección
Asociada
de
Atención
al
Paciente,
se
entiende
conveniente
la
participación
de
ambas
instancias
en
todo
aquello
que
se
refiera
a
la
protección
de
los
pacientes
internados
y/o
atendidos
en
nuestra
Institución
y
las
situaciones
que
puedan
importar
una
posible
vulneración,
desconocimiento
y/o
limitación
de
sus
derechos.
1
Art.
31.
-‐
El
retrato
fotográfico
de
una
persona
no
puede
ser
puesto
en
el
comercio
sin
el
consentimiento
expreso
de
la
persona
misma,
y
muerta
esta,
de
su
cónyuge
e
hijos
o
descendientes
directos
de
estos,
o
en
su
defecto
del
padre
o
de
la
madre.
Faltando
el
cónyuge,
los
hijos,
el
padre
o
la
madre,
o
los
descendientes
directos
de
los
hijos,
la
publicación
es
libre.
La
persona
que
haya
dado
su
consentimiento
puede
revocarlo
resarciendo
daños
y
perjuicios.
Es
libre
la
publicación
del
retrato
cuando
se
relacione
con
fines
científicos,
didácticos
y
en
general
culturales,
o
con
hechos
o
acontecimientos
de
interés
público
o
que
se
hubieren
desarrollado
en
público.
143
•
•
•
•
•
En
los
casos
de
publicación
de
retratos
o
imágenes,
deberán
disimularse
los
rasgos
fisonómicos
y
eliminarse
los
datos
personales
que
puedan
permitir
la
identificación
de
la
persona.
En
caso
de
autorizarse
la
difusión
de
una
noticia
que
involucre
a
un
paciente
de
esta
Institución,
deberá
informarse
claramente
al
niño,
niña
o
adolescente
sobre
por
qué
y
para
qué
se
le
fotografía
o
entrevista,
identificando
al
medio
en
que
se
publicará,
especificando
el
modo
de
publicación
y
las
medidas
de
protección
de
su
intimidad
que
se
adoptarán.
Obtener,
antes
de
proceder
a
la
filmación,
grabación,
fotografía
o
publicación
de
la
noticia
que
lo
involucre
directa
o
indirectamente,
el
consentimiento
del
niño,
niña
o
adolescente,
y
de
ambos
padres
o
al
menos
de
uno
de
ellos.
En
el
texto
del
Consentimiento
Informado
deberán
figurar
los
motivos
y
fundamentos
de
la
publicación,
los
responsables
de
la
misma
y
el
destino,
con
sus
limitaciones
y
prohibiciones
precisas.
Teniendo
en
cuenta
que
el
derecho
a
la
imagen,
a
la
intimidad
y
privacidad
y
al
honor
son
derechos
personalísimos,
en
caso
de
desacuerdo
entre
los
padres
del
paciente
y
el
propio
paciente,
prima
la
decisión
del
niño.
En
caso
de
controversia
acerca
de
los
alcances
del
mejor
interés
del
niño,
se
deberá
dar
intervención
al
Comité
Hospitalario
de
Ética.
Ante
cualquier
duda
o
controversia
que
se
suscite,
deberá
prevalecer
aquella
interpretación
que
mejor
resguarde
el
interés
del
niño.
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Derechos
del
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Dictamen
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Biblioteca.universia.net.
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La
información
sobre
los
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los
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deber
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veracidad,
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protección
de
la
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y
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En
de
los
Reyes
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Bioética
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Soc.
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2010:
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Hernández
Primo
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(2010).
Infancia
y
medios
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comunicación.
Recomendaciones
para
el
tratamiento
de
la
infancia
en
los
medios
de
comunicación.
Save
the
children.
1ra
edición.
11
Código
ético
periodístico
para
la
infancia
vulnerable.
Madrid:
Ed.
Aldeas
Infantiles
SOS
de
España;
2014.
12
Muleiro
H.
Por
una
comunicación
democrática
de
la
Niñez
y
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adolescencia.
Buenos
Aires.
Fondo
de
las
Naciones
Unidas
para
la
infancia;
2013.
13
Dictamen
sobre
el
tratamiento
de
la
infancia.
Comité
de
Etica.
Consejo
Nacional
de
Periodismo.
Resolución
Nº
019,11/09
UNICEF,
Panamá;
2009.
144
NUEVAS
TÉCNICAS
EN
TERAPIA
DE
GENES.
OBSERVACIONES
E
INTERROGANTES
Carolina
Ghioldi
Abogada,
Poder
Judicial
de
la
Nación.
Argentina
Alejandra
Mpolás
Andreadis
Abogada,
Poder
Judicial
de
la
Nación,
Argentina
En
el
presente
trabajo,
nos
referiremos
a
la
técnica
de
transferencia
ooplásmica
(o
citoplasmática),
la
cual
aún
resulta
novedosa
para
las
ciencias
médicas,
que
continúan
investigando
sobre
ella.
Desde
un
punto
de
vista
jurídico,
sería
una
entelequia
expresar
que
existe
ya
un
“interés”
jurídico
⎯si
tomamos
como
referencia
que
“el
interés
es
la
medida
de
la
acción
(jurídica)”.
Mencionaremos
dos
casos
⎯ya
analizados
reiteradamente⎯,
para
intentar
comprender
su
relación
con
la
técnica
referida,
así
como
nuestra
opinión
al
respecto.
Finalizaremos
esbozando
una
analogía
entre
algunas
reglamentaciones
sobre
el
ADN
cromosómico
y
el
ADN
mitocondrial
(sin
normativa
alguna
ratificada
por
la
Argentina).
Genoma
mitocondrial
Toda
vez
que
este
tema
extremadamente
múltiple,
bioético-‐jurídico,
tendremos
que
analizarlo
“sin
querer
tapar
el
sol
con
el
dedo
pulgar
derecho”,
sino
interdisciplinariamente
evitando
esquematizar
posturas
rígidas
o
extremas.
¿Qué
es
el
genoma
mitocondrial?
Es
el
material
genético
de
la
mitocondria,
los
orgánulos
citoplasmáticos
característicos
de
las
células
eucariontes,
que
generan
energía.
La
mitocondria
posee
un
gran
número
de
proteínas,
indispensables
para
realizar
las
funciones
metabólicas,
pero
también
posee
otras
para
mantener
su
estructura,
para
duplicarse.
Las
proteínas
mitocondriales
tienen
dos
orígenes:
de
origen
mitocondrial
y
de
origen
nuclear.
La
diferencia
entre
los
genomas
de
ambas
mitocondrias
es
muy
grande,
de
forma
que
el
pequeño
cromosoma
circular
conocido
tiene
6.000
millones
de
pares
de
bases
en
los
46
cromosomas.
El
número
de
genes
en
el
ADN
mitocondrial
es
de
tres,
frente
a
los
30.000-‐40.000
genes
calculados
del
ADN
cromosómico
nuclear.
El
mitocondrial
procede,
en
su
totalidad,
de
la
madre.
Es
diferente
al
ADN
de
los
cromosomas
en
el
núcleo,
que
son
los
que
dan
características
físicas
a
las
personas.
Un
buen
número
de
enfermedades
genéticas
son
causadas
por
mutaciones
que
afectan
a
este
pequeño
número
de
genes
mitocondriales.
El
ADN
mitocondrial
fue
descubierto
por
Margit
Nass
y
Sylvan
Nass.
Evolutivamente,
el
ADN
mitocondrial
desciende
de
genomas
circulares
pertenecientes
a
bacterias,
que
fueron
englobadas
por
un
antiguo
ancestro
de
las
células
eucariontes.
Se
ha
considerado
que
el
ADN
mitocondrial
humano
se
hereda
solo
por
vía
materna.
Según
este
concepto,
cuando
un
espermatozoide
fecunda
al
óvulo
penetra
en
el
núcleo
y
su
cola,
junto
con
sus
mitocondrias,
son
destruidas
en
el
óvulo
materno,
por
lo
tanto,
en
el
desarrollo
del
145
cigoto
solo
intervendrían
las
mitocondrias
contenidas
en
el
óvulo.
Sin
embargo,
se
ha
demostrado
que
las
mitocondrias
del
espermatozoide
pueden
ingresar
en
el
óvulo.
El
ADN
mitocondrial
del
padre
puede
perdurar
en
algunos
tejidos,
como
es
en
los
músculos.
Según
otros
no
llega
a
heredarse
al
ser
marcado
por
ubiquitinización
y
degradado.
El
ADN
mitocondrial
puede
ser
usado
para
identificar
individuos
junto
con
otra
evidencia.
También
es
utilizado
por
los
laboratorios
forenses
para
caracterizar
viejas
muestras
de
esqueleto
humano. Las
mutaciones
en
el
ADN
mitocondrial
pueden
llevar
al
desarrollo
de
enfermedades
genéticas
tales
como desórdenes
motores,
accidentes
cerebrovasculares,
convulsiones,
demencia,
intolerancia
al
ejercicio,
ptosis,
oftalmoplejia,
retinopatía
pigmentaria,
atrofia
óptica,
ceguera,
sordera,
cardiomiopatía,
disfunciones
hepáticas
y
pancreáticas,
diabetes,
defectos
de
crecimiento,
anemia
sideroblástica,
pseudo
obstrucción
intestinal,
nefropatías,
acidosis
metabólica
y
otras
más
secundarias,
como
ceguera,
demencia,
etc.
Es
a
partir
de
este
punto
donde
deberíamos
detenernos
a
pensar
si
es
factible
la
prohibición
para
ser
patentada
la
modificación
de
la
identidad
germinal
del
mencionado
más
pequeño
ADN.
Deberíamos
entonces
especificar
qué
se
entiende
por
identidad
germinal,
ya
que
algunos
autores
opinan
que
cuando
se
aplica
la
técnica
mencionada
dentro
del
óvulo,
se
modifica
genéticamente
la
línea
1
germinal
materna,
pero
no
se
manipula
con
técnicas
de
ingeniería
genética.
En
esta
instancia,
es
importante
referirnos
a
los
números:
a
modo
de
ejemplo,
solo
en
EE.UU.,
más
de
doce
mil
mujeres
entre
doce
y
cuarenta
y
cinco
años
se
beneficiaría
con
la
técnica.
En
el
mundo,
una
de
cada
seis
mil
quinientas.
Los
detractores
sostienen:
1.
Sería
la
primera
vez
que
se
modificaran
las
cédulas
germinales
a
pesar
del
consejo
en
la
comunidad
médica
de
no
modificar
gametos.
2.
Aunque
el
interés
es
bueno,
algunos
temen
que
este
procedimiento
abra
la
puerta
para
hacer
bebés
“a
la
carta”,
lo
que
ya
era
temido
muchos
años
atrás
cuando
se
comenzó
a
vislumbrar
el
genoma
humano.
3.
El
bebé
tendría
ADN
de
tres
personas
(padre,
madre
y
donante
de
genes
mitocondriales
sanos).
4.
Se
trata
de
una
transfusión
genética
que
no
terminará
en
esa
persona
sino
que
seguirá
transmitiéndose
por
generaciones
(identifican
la
técnica
de
tranferencia
mitocondrial
(2015)
con
el
caso
de
Enrieta
Lacks
(1951)).
5.
Aunque
la
técnica
ha
sido
probada
en
animales,
aun
no
se
la
ha
hecho
en
seres
humanos,
por
lo
que
existen
dudas
acerca
de
las
consecuencias
que
podría
tener.
A
pesar
de
las
críticas
y
vacilaciones,
de
resultar
esta
técnica
efectiva
en
seres
humanos,
creemos
que
los
beneficios
superan
a
los
argumentos
en
disconformidad.
Por
un
lado,
no
existe
relación
entre
ella
y
la
creación
de
bebés
a
la
carta,
ya
que
los
genes
mitocondriales
no
poseen
incidentcia
en
las
características
físicas
y
de
carácter
del
hijo,
transfusión
de
sangre
y
trasplante
de
órganos;
se
utilizaría
para
evitar
la
transmisión
de
enfermedades
de
madre
a
hijo.
Tampoco
sería
muy
relevante
que
el
bebé
posea
ADN
de
tres
personas;
nótese
que
hablamos
de
37
genes
mitocondriales
frente
a
más
de
20000
de
los
padres.
En
relación
a
la
transmisión
por
generaciones
de
esta
transfusión
génica,
si
evita
el
número
de
enfermedades
genéticas
transmitidas
vía
ADN
mitocondrial,
bienvenida
sea.
146
El
genoma
humano
es
Patrimonio
de
la
Humanidad
y
de
dominio
público,
por
ende,
estas
técnicas
también,
daremos
nuestro
voto
afirmativo,
porque
podríamos
hablar
de
conjunto
y
subconjunto,
siendo
matemáticamente
análogos.
El
planteo
matemático
nos
ayuda,
pero
si
la
raíz
es
matemática,
no
podrían
existir
ni
la
ética,
ni
mucho
menos,
la
bioética.
El
art.
6
de
la
Directiva
Europea
44/98/C,
excluye
de
la
patentabilidad
a
las
invenciones
contrarias
al
orden
público.
Atento
a
ello,
todo
lo
que
no
puede
ser
patentado
no
sería
éticamente
aceptable.
Bergel
enuncia
una
serie
de
casos
ejemplificativos:
los
procedimientos
de
clonación
de
seres
humanos,
los
de
modificación
de
la
identidad
genética
germinal
del
ser
humano
y
la
utilización
2
de
embriones.
El
art.
8
de
la
Declaración
Internacional
sobre
Datos
Genéticos
Humanos,
en
su
inciso
a),
señala
que
para
recolectar
datos
genéticos
humanos,
datos
proteómicos
humanos
o
muestras
biológicas,
sea
o
no
invasivo
el
procedimiento
utilizado,
y
para
su
ulterior
tratamiento,
utilización
y
conservación,
ya
sean
públicas
o
privadas
las
instituciones
que
se
ocupen
de
ello,
debería
obtenerse
el
consentimiento
previo,
libre,
informado
y
expreso
de
la
persona
interesada,
sin
tratar
de
influir
en
su
decisión
mediante
incentivos
económicos
u
otros
beneficios
personales.
Solo
debería
imponer
límites
a
este
principio
del
consentimiento
por
3
razones
poderosas
el
derecho
interno
compatible
con
el
derecho
internacional
relativo
a
los
derechos
humanos.
Nos
preguntamos
entonces,
¿cómo
se
toman
las
muestras
de
"la
mitocondria"?
y
¿cómo
se
modifican
y
de
qué
manera
se
presta
el
consentimiento?
¿El
consentimiento
debería
ser
dado
antes
o
después
de
qué
parte
del
procedimiento?,
y
¿se
podría
retirar
en
cualquier
momento?
Son
innumerables
los
interrogantes
que
podrían
surgir,
ya
que
el
tema
es
complejo
y
no
son
aceptables
pensamientos
salomónicos.
Veamos
ahora
lo
históricamente
ocurrido
A
mediados
de
la
década
del
80,
los
científicos
comenzaron
a
alabar
las
promesas
de
la
terapia
de
genes.
Conceptualmente,
la
terapia
de
genes
es
una
solución
lógica
y
directa
a
las
enfermedades
genéticas:
si
un
gen
parece
estar
causando
una
enfermedad,
los
científicos
deben
remover
a
ese
gen
“malo”
y
substituirlo
por
o
añadir
un
gen
“bueno”
⎯lo
cual
aplica
a
nuestro
tema
en
relación
al
ADN
mitocondrial.
La
realidad
es
mucho
más
compleja.
A
pesar
de
que
en
los
Estados
Unidos
se
han
aprobado
más
de
trescientos
protocolos
de
terapia
de
genes
para
pruebas
en
humanos,
que
involucran
a
más
de
cuatro
mil
pacientes,
la
terapia
de
genes
aún
falla
en
cumplir
la
promesa
de
curar
cualquier
dolencia.
Caso
Jesse
El
17
de
septiembre
de
1999,
el
joven
Jesse
Gelsinger,
de
18
años
de
edad,
falleció
como
resultado
de
su
participación
voluntaria
en
un
experimento
de
terapia
génica,
convirtiéndose
así
en
la
primera
víctima
humana
conocida
de
esta
tecnología.
La
experiencia
de
Jesse
ilumina
varios
elementos
importantes
de
la
terapia
de
genes,
los
cuales
deben
ser
seriamente
considerados
por
las
agencias
gubernamentales,
los
científicos
y
el
público
en
general,
como
evidencia
de
la
necesidad
de
supervisar
estos
procedimientos.
Volviendo
al
caso,
Jesse
tenía
una
enfermedad
genética
bastante
rara,
conocida
como
deficiencia
de
ornitina
transcarbamilasa
(OTC
en
sus
siglas
en
inglés),
la
cual
afectó
su
habilidad
de
eliminar
el
amoníaco
de
su
cuerpo.
El
amoníaco
es
un
producto
normal,
aunque
147
tóxico,
del
metabolismo
de
las
proteínas
La
mitad
de
los
niños
con
OTC
mueren
antes
del
primer
mes
de
vida
o,
en
el
mejor
de
los
casos,
antes
de
los
5
años.
Jesse
tenía
una
forma
leve
de
la
enfermedad,
pues
algunas
de
sus
enzimas
estaban
funcionando
normalmente.
Él
era
capaz
controlar
su
enfermedad
a
través
de
una
dieta
y
con
el
uso
de
medicamentos,
aunque
tenía
que
ingerir
treinta
y
dos
pastillas
por
día.
El
protocolo
experimental
para
el
cual
Jesse
se
prestó
voluntariamente,
no
tenía
posibilidad
de
proveer
ningún
beneficio,
a
él
o
a
otros
voluntarios.
El
protocolo
estaba
diseñado
solo
para
probar
la
seguridad
de
un
tratamiento
que
podría
ser
usado
en
bebés
con
la
forma
letal
de
OTC.
• Los
científicos
que
diseñaron
el
protocolo
en
el
Instituto
de
Terapia
de
Genes
de
la
Universidad
de
Pennsylvania,
los
Drs.
James
Wilson
y
Mark
Batshaw,
creían
que
el
OTC
podía
ser
superado
con
la
terapia
de
genes.
• Ellos
esperaban
poder
inocular
a
los
bebés
sufriendo
OTC
con
genes
que
les
ayudarían
a
producir
a
las
enzimas
faltantes.
• Con
el
fin
de
llevar
a
estos
genes
a
las
células
del
paciente,
Wilson
desarrolló
una
forma
débil
de
un
virus
de
la
gripe
(conocido
como
adenovirus)
el
cual
estaba
diseñado
para
entrar
a
las
células
tal
y
como
lo
hacen
los
virus,
excepto
que
en
vez
de
traer
enfermedad,
supuestamente
introduciría
el
gen
corrector
del
OTC.
• Wilson
y
Batshaw
esperaban
que
la
inoculación
de
adenovirus
y
genes
correctivos
podría
usarse
para
reducir
el
número
de
fatalidades
en
infantes
por
medio
del
control
de
los
niveles
altos
de
amoníaco
en
los
bebés
con
OTC
inmediatamente
después
del
nacimiento.
Wilson
y
Batshaw
trabajaron
juntos
en
el
desarrollo
del
protocolo
para
OTC
y,
en
1995,
presentaron
una
aplicación
al
Comité
Asesor
•
sobre
ADN
Recombinante
(RAC)
del
Instituto
nacional
de
Salud
(NIH)
y
a
la
Administración
de
Alimentos
y
Drogas
(FDA)
para
ser
revisado
y
aprobado,
tal
y
como
es
requerido
para
todos
los
experimentos
humanos
que
involucran
a
la
terapia
de
genes.
Se
determinó
que
Jesse
fue
elegible
para
el
estudio
y
fue
asignado
al
grupo
final
de
sujetos
de
prueba,
el
grupo
que
recibiría
la
dosis
mayor
de
adenovirus.
En
ese
entonces,
los
investigadores
creían
que,
en
el
peor
de
los
casos,
las
pruebas
podrían
causar
una
inflamación
del
hígado.
El
13
de
Septiembre
de
1999,
Raper
inyectó
30
mililitros
de
adenovirus
con
el
gen
correctivo
de
OTC
al
sistema
circulatorio
de
Jesse.
De
acuerdo
a
los
médicos,
Jesse
presentó
una
reacción
inmunológica
severa
a
la
inyección,
resultando
en
un
colapso
múltiple
de
sus
sistemas
de
órganos,
lo
cual
causó
su
fallecimiento
el
17
de
Septiembre
de
1999,
cuatro
días
después
de
la
inyección
de
terapia
de
genes.
A
partir
de
ello,
el
21
de
Enero
del
2000,
el
FDA
canceló
por
tiempo
indefinido
los
experimentos
de
terapia
de
genes
en
seres
humanos
en
la
Universidad
de
Pennsylvania.
Las
pruebas
se
mantendrían
a
la
espera
hasta
que
el
instituto
responda
formalmente
al
informe
del
FDA
y
convenza
al
FDA
de
que
puede
seguir
las
reglas
federales
designadas
para
asegurar
la
seguridad
de
los
voluntarios
que
participen
en
los
estudios.
En
cuanto
al
requisito
del
consentimiento
informado,
es
dable
destacar
que
algunos
de
los
voluntarios
para
este
estudio
fueron
reclutados
de
forma
coercitiva,
usando
sitios
de
internet
y
boletines
de
noticias
que
detallaban
la
promesa
de
la
terapia
si
funcionaba
bien
y
que
enfatizaban
la
necesidad
de
sujetos
humanos.
Este
tipo
de
información,
puesta
en
los
lugares
donde
sería
vista
por
una
población
sensible
a
los
problemas
de
vivir
con
una
enfermedad
genética,
también
crea
dudas
sobre
cómo
obtener
4
voluntarios
verdaderamente
informados
para
ser
usados
en
la
experimentación.
148
Caso
Enrietta
Lacks
Henrietta
Lacks,
una
joven,
de
raza
negra,
quien
vivía
en
un
sector
segregado
en
los
Estados
Unidos,
se
descubrió
un
bulto
en
el
cuello
de
la
matriz.
Debido
a
las
constantes
molestias
que
le
ocasionaba,
acudió
al
Hospital
Johns
Hopkins
en
enero
de
1951.
Aquella
institución,
fundada
en
1889
para
atender
a
los
enfermos
más
pobres,
era
el
hospital
más
cercano
y
de
mejor
nivel
en
donde
una
enferma
de
raza
negra
podía
recibir
atención
médica
sin
ser
expulsada.
El
ginecólogo
de
guardia
era
Howard
Jones,
quien
encontró
el
bulto
donde
Henrietta
le
dijo.
Ya
había
visto
muchos
cánceres
del
cuello
uterino,
pero
nunca
uno
como
aquel,
brillante
y
de
color
púrpura.
Jones
cortó
un
pequeño
fragmento
con
el
bisturí
y
lo
mandó
al
laboratorio
de
patología
para
establecer
el
diagnóstico.
Llegó
el
reporte
y
el
tumor
recibió
el
nombre
de
carcinoma
epidermoide.
En
aquel
entonces,
el
tratamiento
en
boga
para
el
cáncer
del
cuello
uterino
era
una
forma
de
radioterapia
que
consistía
en
la
inserción
de
tubos
de
radio
que
eran
fijados
con
sutura
a
la
misma
sustancia
del
tumor
o
al
tejido
vecino.
Henrietta
se
sometió
al
procedimiento
y
los
tubos
le
fueron
retirados
algunos
días
después.
Se
le
recomendó
regresar
para
un
seguimiento
y
tratamiento
adicional
con
Rayos
X.
Así
lo
hizo.
Pero
la
enfermedad
avanzó.
Henrietta
falleció
el
4
de
octubre
de
1951
con
una
grave
insuficiencia
renal
crónica
Terminal,
debido
a
5
que
el
tumor
se
había
extendido
de
manera
masiva
invadiendo
la
mayor
parte
de
sus
órganos.
Antes
de
esto,
el
6
de
febrero
de
1951
⎯un
día
después
de
que
Jones
le
comunicó
por
teléfono
el
resultado
de
su
biopsia⎯,
Henrietta
Lacks
reingresó
al
Hospital
Johns
Hopkins
para
recibir
el
tratamiento
indicado.
Como
su
tumor
era
invasor,
lo
que
procedía
era
insertarle
unos
tubos
de
material
radioactivo
⎯el
elemento
químico
radio⎯
en
el
cuello
de
la
matriz.
Una
vez
acostada
sobre
la
mesa
de
operaciones
en
posición
ginecológica
(como
para
dar
a
luz)
y
convenientemente
anestesiada,
Lawrence
Wharton
inició
el
procedimiento.
Pero
antes
y
sin
haber
informado
a
Henrietta
de
lo
que
se
proponía
hacer,
Wharton
tomó
un
bisturí
y
cortó
dos
pequeños
fragmentos
de
su
cuello
uterino.
Uno
del
tumor
y
otro
del
tejido
sano.
Los
colocó
en
una
placa
de
vidrio
y
envió
las
muestras
al
laboratorio
de
George
Gey,
experto
en
el
cultivo
de
células
humanas.
Telinde,
por
medio
del
cultivo
en
el
laboratorio
células
del
cuello
de
la
matriz,
tanto
sanas
como
cancerosas,
deseaba
demostrar
su
teoría
de
que
el
cáncer
localizado
es
siempre
la
etapa
que
antecede
el
desarrollo
de
un
cáncer
invasor.
Por
eso
buscó
la
colaboración
de
George
Gey,
jefe
de
investigación
en
cultivos
celulares
del
Hospital
Johns
Hopkins.
En
las
ocasiones
anteriores,
todas
las
células
morían
al
poco
tiempo
de
ser
cultivadas.
Sin
embargo,
en
las
células
de
Henrietta
Lacks
se
observó
la
aparición
de
una
especie
de
anillo
similar
a
la
clara
de
un
huevo
frito
en
torno
a
los
puntos
en
donde
había
depositado
las
células
cancerosas.
Aquellas
células
no
solo
estaban
vivas,
sino
que
se
estaban
multiplicando
a
una
velocidad
prodigiosa.
Las
únicas
que
murieron
fueron
las
provenientes
de
la
muestra
de
tejido
sano.
Con
las
tumorales
había
nacido
el
primer
cultivo
de
células
humanas
inmortales
de
la
historia.
Aquellas
células
se
siguieron
reproduciendo
a
pesar
de
que
su
dueña
murió
algunos
meses
después.
Y
se
han
mantenido
vivas
hasta
hoy.
Las
células
cancerosas
e
inmortales
de
Henrietta
Lacks
han
revolucionado
la
investigación
biomédica
y
otros
muchos
terrenos
del
conocimiento
humano.
Algunas
fueron
enviadas
en
las
misiones
espaciales
para
analizar
el
efecto
de
la
falta
de
gravedad
en
las
149
células
humanas.
Muchas
otras
se
encuentran
en
los
laboratorios
de
todo
el
mundo.
En
ellas
se
probó
la
vacuna
de
la
polio
desarrollada
por
Jonas
Salk
y
han
servido
para
estudiar
los
efectos
tóxicos
de
numerosos
medicamentos.
Han
sido
fundamentales
para
el
aislamiento
de
las
células
madre
y
el
desarrollo
de
la
reproducción
asistida.
En
ellas
se
probaron
y
estandarizaron
múltiples
materiales
de
laboratorio.
Sin
ellas
no
hubiese
sido
posible
el
desarrollo
de
la
genética,
la
medicina
genómica,
el
diagnóstico
prenatal,
el
conocimiento
de
las
bases
moleculares
del
cáncer
ni
el
Proyecto
Genoma
Humano.
Sin
la
involuntaria
donación
de
Henrietta
Lacks
a
la
ciencia,
Ian
Wilmut
no
habría
clonado
a
la
oveja
Dolly.
Cuando
a
Henrietta
Lacks
le
tomaron
aquellas
biopsias
del
cuello
uterino
minutos
antes
de
la
inserción
del
material
radioactivo,
nadie
le
pidió
permiso.
No
se
acostumbraba.
Además,
ella
era
negra,
pobre
y
bastante
ignorante.
Los
que
se
enriquecieron
y
se
siguen
enriqueciendo
con
el
comercio
de
sus
células
ni
siquiera
compartieron
ganancias
con
la
familia
Lacks.
5
Tanto
en
el
caso
de
Jesse
como
en
el
de
Enrietta,
no
se
cumplió
con
los
principios
normativos:
Conforme
Jiménez-‐Sánchez
y
Lara,
en
el
marco
del
Proyecto
Genoma
Humano
(PGH),
el
Consorcio
Internacional
(integrado
por
veinte
grupos
de
diferentes
países
y
por
otro
lado
la
empresa
privada
Celera),
destinó
un
5%
de
su
presupuesto
a
investigar
aspectos
éticos,
legales
y
sociales
mediante
el
programa
denominado
ELSI
(Programa
Ético,
Legal
y
Social,
o
Ethical,
Legal
and
Social
Implications
Research
Program,
en
inglés)
que
desarrolló
el
NHGRI
(National
Humane
Genome
Research
Institute,
en
inglés,
o
Instituto
Nacional
de
Investigación
del
Genoma
Humano,
de
Estados
Unidos)
en
1990.
Este
programa
permite
un
acercamiento
a
la
investigación
científica
teniendo
en
cuenta
las
implicaciones
éticas,
legales
y
sociales
que
esta
supone,
al
mismo
tiempo
que
se
está
investigando
para,
de
esta
manera,
poder
identificar
los
posibles
futuros
problemas
y
solucionarlos
antes
de
que
la
información
científica
se
extienda.
Estos
estudios
han
emitido
las
siguientes
recomendaciones:
1.
La
competencia
científica
debe
ser
un
requisito
previo
esencial
de
la
investigación
ética.
Deberá
incluir
la
formación,
la
planificación,
las
pruebas
experimentales
y
de
campo,
y
el
control
de
calidad
pertinentes.
2.
La
comunicación
no
solo
debe
ser
científicamente
exacta,
sino
también
comprensible
para
la
población,
familias
y
personas
interesadas,
y
tener
en
cuenta
el
contexto
social
y
cultural
de
las
mismas.
La
comunicación
es
un
proceso
recíproco;
los
investigadores
deben
esforzarse
en
entender
y
ser
entendidos.
3.
Previamente
al
reclutamiento
de
los
posibles
participantes
deberá
existir
un
procedimiento
de
consulta,
el
cual
deberá
mantenerse
durante
toda
la
investigación.
Se
debe
tomar
en
cuenta
las
normas
culturales.
4.
Las
decisiones
informadas
mediante
las
cuales
se
otorgue
el
consentimiento
para
participar
podrán
ser
individuales,
familiares
o
a
nivel
de
comunidades
y
poblaciones.
Es
de
crucial
importancia
la
comprensión
de
la
naturaleza
de
la
investigación,
sus
riesgos
y
beneficios.
En
este
sentido,
los
valores
personales,
culturales
y
sociales
pueden
ser
respetados.
5.
Mediante
la
confidencialidad
de
la
información
genética
deberá
garantizarse
el
reconocimiento
del
derecho
a
la
intimidad
y
la
protección
frente
al
acceso
no
autorizado
a
la
misma.
Antes
de
proceder
a
ningún
muestreo,
deberán
elaborarse
y
aplicarse
normas
150
relativas
a
la
codificación
de
la
información,
los
procedimientos
para
el
acceso
controlado
y
la
transmisión
y
conservación
de
muestras
e
información.
6.
La
colaboración
entre
individuos,
poblaciones
e
investigadores,
así
como
entre
programas,
para
que
el
flujo
e
intercambio
de
información,
al
igual
que
el
acceso
a
la
misma,
sean
libres
es
esencial
no
solo
para
el
progreso
científico,
sino
también
para
el
beneficio
presente
o
futuro
de
todos
los
participantes.
Deberá
facilitarse
la
cooperación
y
coordinación
entre
países
industrializados
y
países
en
vías
de
desarrollo.
Un
enfoque
integrado
y
la
normalización
de
requisitos
y
autorizaciones
es
esencial
para
garantizar
una
colaboración
viable
y
la
comparación
de
resultados.
7.
El
estudio
deberá
ser
examinado
por
una
comisión
de
ética
antes
del
inicio
de
cualquier
investigación.
8.
Impedir
que
se
incentive
indebidamente,
por
medio
de
remuneración
la
participación
de
personas,
familias
y
poblaciones.
En
esta
prohibición
no
se
incluirán,
sin
embargo,
los
acuerdos
con
personas,
familias,
grupos,
comunidades
o
poblaciones
en
los
que
se
prevea
la
transferencia
de
tecnología,
actividades
de
formación
a
nivel
local,
la
prestación
de
atención
sanitaria
o
la
aportación
de
infraestructuras
en
el
ámbito
informativo,
el
rembolso
de
costes
o
la
posible
utilización
de
un
porcentaje
de
cualesquiera
cánones
derivados
de
derechos
de
propiedad
industrial
con
fines
humanitarios.
Con
estos
dos
casos
nos
surge
un
temor,
o
por
lo
menos
un
interrogante:
para
poder
analizar
a
grandes
rasgos
esta
reciente
técnica,
¿debemos
remontarnos
a
un
caso
de
1951?
Tanto
en
el
caso
de
1951,
como
en
el
de
la
técnica
de
transferencia
ooplásmica
que
analizamos
en
el
presente
trabajo
(2015),
creemos
que
existen
analogías:
es
una
paradoja,
2015
hacia
1951,
o
el
siglo
pasado,
si
de
la
mano
nos
acompaña
Velez
Sarsfield
y
su
Código
Civil
de
la
Nación
Argentina,
ya
que
nuestro
bien
ponderado
nuevo
Código,
a
punto
de
adquirir
vigencia,
nada
aporta
sobre
esta
controversia.
Para
finalizar,
podemos
inferir
que,
tanto
en
los
casos
analizados,
en
los
que
existieron
consecuencias
negativas,
como
en
el
que
ahora
analizamos,
podrían
existir
beneficios
sin
precedentes
para
el
campo
de
la
medicina,
pero
¿a
qué
precio?
¿Sería
viable
aplicar
los
mismos
criterios
universales
y
de
dominio
público
del
Genoma
Humano
⎯patrimonio
de
la
humanidad?
¿Así
también
aquellas
causas
y
consecuencias
ya
referidas
en
cuanto
al
consentimiento
libre,
informado
y
autónomo?
Para
nosotras,
la
técnica
de
modificación
o
manipulación
genética
o
mitocondrial
dentro
del
óvulo
se
podría
analizar
de
forma
inversa
a
lo
ya
consensuado
para
el
Genoma
Humano.
De
esta
manera,
quedarían
más
en
claras
sus
diferencias
y
similitudes.
Demasiado
falta
aún
desde
las
Ciencias
Biomédicas.
Y
para
los
juristas
es
doblemente
controvertido,
y
más
aun
no
teniendo
la
Argentina
bases
normativas
sólidas
al
respecto.
Lo
que
sí
estamos
en
condiciones
de
afirmar
⎯dejando
de
lado
las
discusiones
sobre
aborto,
el
estatus
del
embrión
(o
pre-‐embrión,
o
crioconservado)⎯
es
que
el
tema
no
implica
cuestionamiento
ético
de
tal
magnitud
si
la
modificación
de
la
línea
germinal
del
ADN
mitocodrial
no
implica
modificación
analógica
a
las
del
ADN
cromosómico.
Si
la
modificación
de
la
que
hablamos
es
inocua
en
el
sentido
de
que
no
disminuye
el
estado
de
salud
de
las
personas
involucradas
en
la
técnica
(incluyendo
al
embrión),
sino
que,
por
el
151
contrario,
previene
enfermedades,
y
tampoco
modifica
características
hereditarias
del
aspecto
físico
y
de
carácter
(los
temidos
bebés
a
la
carta),
el
dilema
ético
se
diluye.
Ahora,
dejando
de
lado
lo
racional
y
volando
con
nuestra
imaginación
nos
animamos
a
concluir
con:
You
may
say
I´m
a
dreamer
but
I´m
not
the
only
one
I
hope
someday
you´ll
join
us
and
the
world
will
be
as
one.
John
Lennon
(fragmento
de
"Imagine").
Referencias
bibliográficas
1
Martínez-‐Conde
A,
Mayor
P.
Los
niños
modificados
genéticamente
por
la
técnica
de
transferencia
ooplásmica:
un
paso
decisivo
en
el
uso
de
la
mitocondria
como
herramienta
de
la
terapia
génica.
10/3/15,
de
Facultad
de
Medicina.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Sitio
web:
http://psicoucab.tripod.com/manuel9/manuel9.htm
2
Bergel
S.
Patentes
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y
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enfoque
jurídico
y
ético.
11/3/15,
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2012.
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3
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4
Kolehmainen
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La
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la
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5
EL
PATÓLOGO
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(2010).
MESA
DE
AUTOPSIAS:
LA
EXTRAÑA
INMORTALIDAD
DE
ENRIQUETA
(primera
de
dos
partes).
12/3/15,
de
Sitio
web:
https://elpatologoinquieto.wordpress.com/2010/03/20/mesa-‐de-‐autopsias-‐la-‐extrana-‐inmortalidad-‐de-‐enriqueta-‐primera-‐de-‐dos-‐partes/
152
GESTACIÓN
POR
SUSTITUCIÓN
Alicia
Irma
Losoviz
Médica
psicoanalista.
Contacto:
[email protected]
Marta
María
Lachowicz
Abogada.
Contacto:
[email protected]
Margarita
Bosch
Bióloga.
Contacto:
[email protected]
Isabel
Colecchia
Médica.
Contacto:
[email protected]
Ana
Beatriz
Ivenskis
Psicóloga.
Contacto:
[email protected]
Miembros
del
Capítulo
de
Bioética
y
Psicoanálisis
de
la
Asociación
Psicoanalítica
Argentina
Las
actuales
técnicas
de
fertilización
asistida,
al
permitir
la
fragmentación
del
proceso
reproductivo
con
disociación
de
los
roles
parentales,
promueven
nuevos
modelos
de
configuración
familiar
y
nuevos
paradigmas
de
filiación
e
identidad,
conllevando
a
la
creación
de
conflictos
en
diversos
ejes
de
orden
médico,
psicológico,
jurídico
y/o
social,
en
países
de
todo
el
mundo.
Estas
nuevas
tecnologías
reproductivas,
si
bien
por
un
lado
traen
soluciones
a
problemas
otrora
insolubles,
por
otro
tienden
a
cambiar
la
configuración
mental
y
social
acerca
de
la
paternidad,
los
grupos
familiares
y
estructuración
psíquica
del
niño.
De
tal
forma,
son
introducidos
nuevos
términos
como
pareja
comitente,
pareja
contratante,
mujer
portadora,
mujer
gestadora,
tercer
anónimo,
etc.,
que
vienen
a
imponer
nuevas
tensiones
en
el
mundo
de
la
reproducción
humana,
al
afectar
la
comprensión
profunda
sobre
la
gestación,
crianza
y
constitución
del
ser
humano.
Fundamento
La
gestación
por
sustitución
es
una
práctica
mediante
la
cual
una
mujer
se
compromete
a
gestar
en
su
útero
a
un
niño
mediando
un
contrato,
comprometiéndose
a
ceder
todos
los
derechos
sobre
el
recién
nacido,
a
favor
de
otra
u
otras
personas
que
asumirán
la
respectiva
paternidad
y/o
maternidad
del
mismo.
Este
"contrato
de
gestación"
difiere
de
las
prácticas
de
ceder
en
adopción,
ya
que
planea
la
concepción
y
la
gestación
que
tendrán
por
final
necesario
la
dación
del
recién
nacido,
generando
una
práctica
inexistente
y
delicada
desde
el
punto
de
vista
biopsicosocial.
(En
el
caso
de
la
adopción,
una
madre
evita
abortar
al
niño,
que
ya
ha
sido
concebido
y
no
puede
criarlo).
No
hay
que
olvidar
que
la
ciencia
ha
demostrado
desde
lo
molecular
la
íntima
relación
entre
el
recién
concebido
y
el
cuerpo
de
su
madre,
al
evidenciar
los
intercambios
celulares
que
se
instituyen
entre
el
hijo
y
la
madre
durante
todo
el
período
de
gestación,
creando
una
íntima
coexistencia
de
las
dos
vidas,
que
se
prolonga
después
de
nacido
el
niño
y
colaboraría
a
la
relación
madre
hijo.
Las
hormonas
que
se
producen
durante
la
gestación
provocan
en
la
mujer
un
rápido
proceso
neurobiológico,
que
originan
en
el
cerebro
cambios
tanto
estructurales
como
funcionales,
respondiendo
a
las
señales
que
recibe
del
feto.
Este
vínculo
se
refuerza
con
153
el
parto
y
la
lactancia,
dado
que
el
contacto
entre
los
cuerpo
potencian
los
circuitos
neuronales
más
fuertes.
Estos
se
encuentran
en
las
regiones
nerviosas
relacionadas
con
los
procesos
cognitivos
superiores
que
son
los
que
brindan
estabilidad
en
toda
la
vida
emocional.
Según
López
Moratalla:
Una
célula
sola
no
es
suficiente
para
“hablar”
o
“conocer
qué
debe
hacer”,
aunque
sí
guarda
memoria
de
las
comunicaciones
anteriores;
por
ello
cada
célula
de
un
organismo
tiene
la
historia
de
dónde
ha
estado
y
con
qué
ha
interaccionado
y
de
las
órdenes
recibidas.
La
percepción
es
intermitente,
generalmente
química,
y
con
cierta
frecuencia
célula
a
célula:
recibe
una
indicación
por
interacción
que
le
pasa
una
señal
y
la
traduce
expresando
un
gen
que
la
cambia
y
que
puede
tener
como
resultado
que
libere
una
señal
para
otra
u
otras
células.
[…]
[…]
El
diálogo
madre-‐hijo
en
la
primera
etapa
de
la
vida
es
real
e
interpersonal,
hecho
con
un
tipo
de
palabras
que
parte
de
las
señales
moleculares
que
traducen
los
cuerpos
personales.
Real
porque
es
un
diálogo
que
crea
una
unidad
de
vida,
la
más
perfecta
simbiosis,
entre
dos
seres
humanos.
El
hecho
de
que
la
biología
molecular
ya
ha
demostrado
que
existe
una
interacción
temprana
entre
el
embrión
y
la
madre,
a
partir
de
intercambios
bioquímicos
y
celulares
que
se
prolongan
durante
toda
la
gestación,
es
que
a
partir
de
la
implementación
de
estas
técnicas
se
sacude
la
naturalidad
de
la
continuidad
conceptual
de
la
díada
madre-‐feto,
pues
la
íntima
interacción
del
feto/embrión
con
su
madre
no
se
termina
con
el
parto.
Marcas
corporales,
así
como
una
inasible
interacción
psíquica
entre
gestado
y
gestante
no
pueden
ser
ignoradas
al
momento
de
legislar,
puesto
que
marcan
realidades
psicobiológicas
de
los
integrantes
de
la
Díada,
destinada
a
producir
una
diferenciación
de
ambos.
Cuando
la
tecnología
interpela
cuestiones
muy
sensibles
de
lo
humano
hay
que
detener
la
acción
y
reflexionar
profundamente,
para
encontrar
una
forma
de
insertar
los
nuevos
poderes
científicos
sin
destruir
al
hombre
en
su
propia
raíz
simbólica.
Método
Este
trabajo
procede
del
debate
sobre
temas
en
bioética
que
nuestro
grupo
interdisciplinario
viene
realizando
en
el
marco
del
Capítulo
de
Bioética
y
Psicoanálisis
de
la
Asociación
Psicoanalítica
Argentina
y
que
bajo
interrogantes
bio-‐psico-‐socio-‐legales
vamos
tratando
de
reflexionar,
intentando
superar
obstáculos
epistemológicos.
En
base
a
casos
mediáticos,
y
con
el
aporte
de
las
diversas
disciplinas
representadas
por
los
profesionales
que
constituyen
el
grupo,
expondremos
las
dificultades
prácticas,
que
se
identifican,
sabiendo
que
no
son
exhaustivas,
así
como
las
diversas
tensiones
generadas
y
los
dilemas
bioéticos
que
surgen.
Material
Algunos
títulos
mediáticos
nos
ilustran,
entre
otros
muchos,
acerca
de
la
complejidad
del
tema,
con
la
particular
mención
de
la
cantidad
de
países
en
todo
el
mundo,
se
ven
involucrados
con
estas
prácticas:
•
CASO
“BABY
M”
(Melissa).
Caso
de
gran
repercusión
pública
en
Estados
Unidos,
en
que
la
madre
biológica
y
portadora
de
Melissa
Stern
(“Baby
M”),
nacida
en
1986,
rehusó
ceder
la
custodia
de
Melissa
a
la
pareja
comitente
(matrimonio
Stern)
con
quien
habían
firmado
un
contrato.
Luego
de
una
serie
de
tensas
circunstancias,
el
tribunal
de
Nueva
Jersey
otorgó
la
custodia
a
los
padres
biológicos.
Fuente:
Beauchamp
y
Childress.
154
•
•
UN
PROBLEMA
LEGAL
IMPIDE
A
SU
PROGENITOR
LLEVÁRSELA
DE
INDIA
A
TOKIO
POR
ESTAR
SOLTERO.
Fuente:
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2008/08/14/0003_7059047.htm
UNA
“MADRE
DE
ALQUILER”
Y
SU
MARIDO
EXPLICAN
POR
QUÉ
SE
HAN
PRESTADO
A
TENER
DOS
HIJOS
PARA
OTROS.
Fuente:
http://elpais.com/diario/2010/06/12/sociedad/1276293603_850215.html
•
•
ALQUILARON
UN
VIENTRE
Y
RECHAZARON
AL
BEBE,
EN
AUSTRALIA.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1715794-‐
alquilaron-‐un-‐vientre-‐y-‐rechazaron-‐al-‐bebe
POLÉMICA
EN
MENDOZA
POR
UN
CASO
DE
ALQUILER
DE
VIENTRES.
Fuente:
http://www.infobae.com/2015/02/12/1626286-‐polemica-‐mendoza-‐un-‐caso-‐alquiler-‐vientres
•
EMBRIONES
EN
DISPUTA:
Son
producto
de
un
proyecto
de
pareja,
pero,
cuando
estas
se
disuelven,
decidir
qué
hacer
con
ellos
plantea
un
nuevo
tipo
de
conflicto
en
las
separaciones.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1680109-‐embriones-‐en-‐
disputa
•
HERMANAS:
UNA
NO
PODÍA
SER
MAMÁ
Y
OTRA
“LE
http://www.clarin.com/sociedad/alquiler_de_vientre_0_1232876854.html
•
MUJER
MEXICANA
PRESTA
VIENTRE
A
SU
HIJO
GAY.
Fuente:
http://www.sitesmexico.com/notas/2010/julio/mujer-‐presta-‐
vientre-‐hijo-‐gay.htm
PRESTA”
SU
ÚTERO.
Fuente:
Desarrollo
A
partir
del
uso
de
estas
técnicas
que
permiten
fragmentar
el
proceso
reproductivo,
debemos
considerar
en
su
análisis
diversas
variables,
tanto
políticas
como
económicas
y
fundamentalmente
psicosociales,
siendo
diversas
las
situaciones
que
pueden
plantearse:
a)
Que
la
pareja
comitente
aporte
el
material
genético
y
que
la
mujer
gestadora
reciba
el
embrión
en
su
útero
con
la
finalidad
de
llevar
a
cabo
la
gestación
y
el
nacimiento.
b) Que
la
mujer
gestadora,
además
aporte
el
material
genético,
el
cual
podrá
ser
inseminado
con
esperma
del
varón
de
la
pareja
comitente
o
de
un
tercero,
anónimo
o
conocido.
c) Que
el
material
genético
sea
aportado
por
terceros
ajenos
a
la
pareja
contratante
y
a
la
mujer
portadora,
quien
solamente
lleve
a
cabo
la
gestación
hasta
el
nacimiento.
La
gestación
podría
lograrse
por
métodos
de
diferente
complejidad;
baja
como
la
inseminación
artificial
o
alta
complejidad,
como
la
fecundación
in
vitro.
Los
sujetos
intervinientes
son:
1.
2.
3.
Padres:
biológico
(aporta
espermatozoide)
y
social
(comitente).
Madres:
ovular
(aporta
gameta
femenina),
uterina
(gestante)
y
social
(comitente).
Terceros:
médicos,
donantes
de
óvulo
y/o
esperma,
instituciones
médicas
donde
se
realizan
los
procedimientos,
agencias
de
reclutamiento,
etc.
Cabe
aclarar
que
al
mencionar
a
los
padres
o
madres
biológicos
nos
estamos
refiriendo
a
quienes
aportan
el
material
genético
(gametas)
para
la
concepción
del
embrión
que
será
posteriormente
implantado
en
el
útero
“alquilado”.
155
Si
bien
existen
razones
médicas
que
pueden
justificar
el
uso
de
estas
técnicas,
también
se
plantea
la
creación
de
novedosas
cuestiones
en
el
ámbito
psicológico,
sociológico
y
jurídico,
con
conflictos
involucrados,
problemas
legales
y
posibles
repercusiones
éticas.
La
bioética
nos
brinda
un
marco
apropiado
para
dicho
análisis.
Una
de
las
preguntas
surgidas
en
el
grupo
ante
la
pluralidad
de
figuras
maternas
emergentes
es
¿cuál
de
ellas
será
la
considerada
madre
por
la
ley?
Dicho
de
otra
manera,
la
elucidación
jurídica
reside
en
determinar
a
cuál
de
las
mujeres
debe
atribuirse
la
maternidad.
La
respuesta
estará
dada
por
la
legislación
positiva
de
cada
país.
La
ley
vigente
en
Argentina
no
contempla
la
figura
de
la
gestación
por
sustitución.
El
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
que
comenzará
a
regir
a
partir
del
1°
de
agosto
de
2015,
tampoco
la
incluye.
En
el
proyecto
de
nuevo
Código
que
fuera
enviado
al
Congreso
Nacional
para
su
debate
y
aprobación,
había
un
artículo
que
específicamente
lo
aceptaba,
estableciendo
los
requisitos
y
formalidades
que
debían
ser
cumplidos
por
todas
las
partes
intervinientes,
para
admitir
la
filiación
entre
el
niño
nacido
y
los
comitentes,
priorizando
el
criterio
de
la
voluntad
procreacional
y
el
interés
superior
del
niño.
Sin
embargo,
el
citado
artículo
fue
retirado
al
sancionarse
el
Código.
De
este
modo,
la
legislación
que
comenzará
a
regir
dentro
de
pocos
meses
mantiene
el
silencio
en
cuanto
a
la
regulación
de
la
gestación
por
sustitución,
aunque
incluye
reglas
generales
acerca
de
la
filiación
por
las
técnicas
de
reproducción
humana
asistida.
Específicamente
establece
en
el
art.
562:
Voluntad
procreacional.
Los
nacidos
por
las
técnicas
de
reproducción
humana
asistida
son
hijos
de
quien
dio
a
luz
y
del
hombre
o
de
la
mujer
que
también
ha
prestado
su
consentimiento
previo,
informado
y
libre
en
los
términos
previstos
en
los
arts.
560
y
561,
debidamente
inscripto
en
el
Registro
del
Estado
Civil
y
Capacidad
de
las
Personas,
con
independencia
de
quien
haya
aportado
los
gametos.
Los
conflictos
que
pudieran
plantearse
intentando
hacer
valer
un
contrato
de
maternidad
subrogada,
terminarán
judicializados
y
el
acuerdo
invocado
debería
ser
considerado
un
pacto
de
objeto
ilícito
por
causar
daño
en
el
niño
nacido
y
en
la
mujer
gestante.
Sería
de
aplicación
el
nuevo
art.
279:
El
objeto
del
acto
jurídico
no
debe
ser
un
hecho
imposible
o
prohibido
por
la
ley,
contrario
a
la
moral,
a
las
buenas
costumbres,
al
orden
público
o
lesivo
de
los
derechos
ajenos
o
de
la
dignidad
humana.
Tampoco
pude
ser
un
bien
que
por
un
motivo
especial
se
haya
prohibido
que
lo
sea.
Además,
viola
principios
consagrados
por
el
Derecho
Internacional
de
los
Derechos
Humanos,
especialmente
la
“Convención
contra
todas
las
formas
de
discriminación
contra
la
Mujer”
que
en
nuestro
país
tiene
jerarquía
constitucional
como
lo
establece
el
art.
75,
inc.
22.
Destacados
juristas,
como
Zannoni,
especializado
en
Derecho
de
Familia,
sostienen
que
el
alquiler
de
vientres
implica
un
pacto
de
contenido
inmoral
y
contrario
a
las
buenas
costumbres.
Además
de
la
vulnerabilidad
de
la
mujer,
resulta
cuestionable
al
derecho
la
renuncia
del
derecho/deber
a
la
patria
potestad
dado
anticipadamente
por
la
gestante,
sobre
todo
cuando,
salvo
excepción,
ha
sido
por
dinero.
En
el
proyecto
de
nuevo
Código
Civil
se
exigía
que
no
hubiese
una
retribución
monetaria
por
la
gestación.
Esto
nos
lleva
a
preguntamos:
¿cómo
se
prueba
un
hecho
negativo?
156
Por
otra
parte,
se
permitiría
la
retribución
o
ganancia
del
centro
médico,
de
los
laboratorios
que
producen
los
medicamentos
utilizados,
de
las
empresas
que
fabrican
el
instrumental
médico,
de
las
agencias
intermediarias
y
se
exigía
que
la
mujer
ponga
su
cuerpo
y
su
psiquis
¡por
altruismo!
Otras
reflexiones
Esta
práctica
consolida
al
rol
de
la
mujer
como
madre,
la
transforma
en
una
“mujer
como
receptáculo
del
germen”,
beneficia
y
asegura
la
descendencia
genética
del
varón
(sociedad
patriarcal),
favorece
la
ideología
pro
natalista
de
la
sociedad,
contradice
a
Kant
en
cuanto
establece
a
la
mujer
como
medio
o
instrumento
y
no
como
fin
o
persona
y
cuestiona
su
autonomía
para
decidir.
En
efecto,
nos
preguntamos:
¿están
libres
las
mujeres
vulnerables
para
aceptar
un
contrato
de
gestación
para
luego
entregar
al
niño?
¿Pueden
dar
un
consentimiento
informado
verdadero?
La
aceptación
por
la
ley
de
estos
convenios
de
maternidad
sustituta,
¿podría
actuar
como
“presión”
para
mujeres
pobres
que
utilizarían
sus
cuerpos
como
una
manera
de
subsistir
ellas
y
su
familia
ya
que,
salvo
casos
muy
puntuales
de
solidaridad
familiar
o
de
amistad
cercana,
la
mujer
gestadora
surgirá,
sin
dudas,
de
los
sectores
sociales
más
vulnerables?
¿Genera
esta
figura
la
profundización
de
la
asimetría
de
clases,
donde
los
más
pobres
son
quienes
ponen
su
cuerpo
y
prestan
un
servicio
en
favor
de
quienes
pueden
pagar
por
ello?
¿Constituye
esta
una
creación
novedosa
de
división
del
trabajo?
¿Actúan
como
anfitrionas
del
feto
las
madres
portadoras,
al
que
brindan
protección
y
nutrición,
pero
disociándose
de
sus
sentimientos
y
de
su
propio
cuerpo
al
que
reducen
a
un
medio
para
que,
cuando
entreguen
al
niño,
se
deshagan
de
un
aspecto
de
su
cuerpo,
que
no
le
pertenece
por
acuerdo
contractual?
En
cuanto
a
los
niños,
¿quedan
reducidos
a
condición
de
objetos
en
el
contrato
de
gestación
ignorándose
que
son
sujetos
de
derecho?
Nos
arriesgamos
a
proponer
una
aproximación
de
conceptos,
entre
el
de
plusvalía
y
el
embarazo,
como
fuente
de
trabajo
y
por
consiguiente
de
“explotación”.
Ya
no
se
pensará
en
vender
por
ejemplo
un
riñón
para
solucionar
problemas
económicos
básicos,
sino
que
se
someterá
el
cuerpo
de
la
mujer
a
una
hiperestimulación
hormonal
para
obtener
rápidamente
una
cantidad
de
óvulos
para
ser
fertilizados,
junto
a
un
tratamiento
hormonal
para
que
el
útero
alquilado
pueda
albergar
el
embrión,
gestarlo
y
luego
del
parto
entregar
al
niño
dando
por
cumplido
el
contrato.
Toda
esta
operatoria
se
encuentra,
en
una
sociedad
capitalista,
regida
por
las
leyes
de
la
oferta
y
la
demanda.
Nos
preguntamos:
¿se
habrán
mensurado
suficientemente
en
las
consecuencias?
¿A
qué
lugar
relegamos
el
mundo
de
los
valores,
en
particular,
su
incidencia
en
el
respeto
de
los
derechos
humanos
en
cuanto
a
identidad
y
filiación?
Merecería
un
más
extenso
y
profundo
planteo
ético
en
cuanto
si
el
cuerpo
de
la
mujer
quedó
convertido
en
objeto
de
consumo,
no
solo
su
imagen,
sino
también
por
su
servicio,
su
producción.
157
¿Y
dónde
quedaría
el
futuro
del
bebé?
¿Y
sus
derechos?
¿Será
cual
una
mercancía
accesible
para
los
que
puedan
pagar?
¿Cómo
enfocarlo
desde
el
psicoanálisis?
¿Cómo
se
organizarán
las
fantasías
sobre
el
origen?
¿Cómo
se
atravesará
el
complejo
de
Edipo?
¿Qué
efectos
en
la
subjetividad
se
remontarán?
¿Cómo
se
realizará
la
información
de
dichos
procedimientos
a
los
niños
nacidos
por
estos
métodos?
¿Cómo
explicar
la
fragmentación
de
los
roles
parentales?
¿Cómo
manejar
el
tema
de
los
anonimatos
de
los
donantes?
¿Advendrán
nuevas
patologías
psíquicas?
No
podemos
saberlo
y
habrá
que
esperar
que
golpeen
las
puertas
de
los
consultorios.
Está
en
cuestionamiento
el
derecho
de
conocer
con
certeza
la
verdad
acerca
de
sí
mismo
y
su
origen,
a
saberse
descendiente
de
otros
y
poderlos
identificar;
finalmente
a
rechazar
acceder
a
ese
conocimiento
pero
por
decisión
propia
y
no
por
imposición
de
una
sociedad
que
ha
osado
“fabricarlo
y
armarlo
cual
un
rompecabezas”.
Dice
Roudinesco:
La
concepción
freudiana
de
la
familia,
como
paradigma
del
surgimiento
de
la
familia
afectiva,
se
apoya
en
una
organización
de
las
leyes
de
la
alianza
y
la
filiación
que,
a
la
vez
que
postula
el
principio
de
la
prohibición
del
incesto
y
la
confusión
de
las
generaciones,
lleva
a
cada
hombre
a
descubrirse
poseedor
de
un
inconsciente
y
por
lo
tanto
distinto
de
lo
que
creía
ser,
lo
cual
lo
obliga
a
apartarse
de
cualquier
forma
de
arraigo.
En
lo
sucesivo,
ni
la
sangre,
ni
la
raza
ni
la
herencia
pueden
impedirle
acceder
a
la
singularidad
de
su
destino.
El
derecho
a
la
identidad
emana
de
una
necesidad
básica
del
hombre,
la
de
tener
un
nombre,
una
historia,
una
lengua.
La
lengua
es
esa
voz
de
la
familia
que
al
trasmitirse
nos
humaniza
como
sujetos
y
nos
da
lugar
en
un
linaje.
Conclusiones
Debemos
meditar
en
las
consecuencias
a
corto,
mediano
y
largo
plazo
de
la
implementación
de
estas
técnicas
médicas.
En
un
país
como
la
Argentina,
que
todavía
está
buscando
hijos
y
nietos
de
desaparecidos
de
la
dictadura
militar
y
que
ha
hecho
de
esto
una
de
las
banderas
de
los
Derechos
Humanos,
priorizamos
el
derecho
del
niño
a
conocer
su
identidad
y
a
una
existencia
lo
menos
fragmentada
posible
para
la
constitución
de
su
subjetividad
y
su
vida
en
general.
La
bioética
dispone
de
un
rol
importantísimo
en
la
reflexión
acerca
de
los
cambios
que
las
nuevas
tecnologías
aportan
a
la
vida
del
hombre,
con
la
misión
de
dar
protección
a
la
cuestión
de
lo
humano.
Por
ello,
su
beneficialidad
debe
tener
en
cuenta
los
múltiples
efectos
y
repercusiones
de
la
medicalización
de
la
concepción,
en
el
amplio
abanico
psicosocial.
Concluimos
resaltando
que
el
derecho
a
procrear
debe
interesar
a
toda
la
sociedad,
pues
cada
sujeto
que
ingrese
a
la
misma
será
transmisor
de
la
cultura
y
sus
valores,
a
generaciones
venideras.
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159
EL
BEBÉ
DE
TRES
PADRES
Y
LA
TOMA
DE
DECISIONES
ÉTICAS
Y
BIOÉTICAS
EN
EL
INICIO
DE
LA
VIDA
Elena
Passo
Elena
Passo.
Médica
(UBA).
Especialista
en
Medicina
Interna
y
Terapia
Intensiva.
Inmunóloga
Universitaria.
Magíster
en
Biología
Molecular
e
Ingeniería
Genética
(Universidad
Favaloro).
Magíster
en
Ética
Biomédica
(UCA).
Tan
es
así,
que
a
la
persona
resultado
de
esta
técnica
se
la
denomina:
“bebé
de
tres
padres”.
Una
de
cada
6500
personas
padece
enfermedad
mitocondrial,
la
cual
es
transmitida
por
vía
materna.
La
utilización
de
técnicas
de
fertilización
in
vitro
con
el
aporte
de
material
proveniente
de
tres
padres,
donde
una
mujer
es
utilizada
como
donante
de
un
óvulo
sano,
ha
sido
presentada
como
forma
de
obtener
un
embrión
con
mitocondrias
sanas.
Recientemente
en
el
Parlamento
Británico,
con
motivo
de
legislar
sobre
la
utilización
de
estas
técnicas,
se
ha
suscitado
un
amplio
debate.
Se
calcula
que
en
Gran
Bretaña,
serían
pasibles
de
utilización
de
esta
técnica
aproximadamente
150
parejas
por
año.
Por
supuesto,
hubo
líneas
argumentales
en
defensa
y
detracción
de
la
implementación
de
la
misma.
Quienes
están
a
su
favor
argumentan
que
la
transferencia
de
material
genético
de
la
mujer
donante
del
óvulo
es
ínfima
⎯solo
correspondería
al
0,18
%
del
ADN
del
cigoto⎯
y
además,
que
este
DNA
mitocondrial
que
codifica
para
37
genes
no
se
traduciría
en
caracteres
fenotípicos
de
la
persona.
Sostienen
además,
que
se
daría
una
respuesta
a
aquellas
mujeres
que
son
portadoras
de
enfermedades
mitocondriales
evitando
que
la
patología
se
transfiera
a
su
descendencia.
Curiosamente,
no
existe
una
presentación
al
conjunto
de
la
sociedad,
en
que
se
le
explique
con
total
claridad,
que
estamos
en
presencia
de
la
implementación
de
técnicas
de
carácter
experimental
en
el
inicio
de
la
vida
humana,
cuyos
resultados
y
consecuencias
son
impredecibles.
La
argumentación
que
sostienen
es
en
exclusividad
desde
la
ciencia,
sin
referencia
a
cuestiones
éticas.
Nos
preguntarnos:
¿Se
puede
prescindir
de
la
reflexión
bioética
en
temas
que
atañen
a
la
vida
y
a
la
integridad
humana?
¿La
pretendida
seguridad
científica
es
tal?
Y
si
no
fuera
así,
¿por
qué
es
la
única
línea
argumental
presentada?
¿Hay
detrás
de
estas
cuestiones
otro
objetivo?
Los
detractores
de
la
implementación
sostienen
fundamentalmente
planteamientos
éticos
y
la
ilicitud
de
la
experimentación
en
seres
humanos
en
el
inicio
de
la
vida.
Técnica
de
fecundación
in
vitro
con
tres
progenitores
La
técnica
de
fecundación
in
vitro
con
tres
progenitores
o
también
conocida
como
de
“Donación
de
mitocondrias”,
se
puede
realizar
de
dos
formas:
a)
Transfiriendo
el
núcleo
de
un
ovocito
inmaduro
de
la
mujer
afectada,
al
citoplasma
de
un
ovocito
de
una
donante
sana
al
que
previamente
se
le
ha
extraído
el
núcleo.
b) Primero
se
fecundan
los
ovocitos
tanto
de
la
paciente
como
de
la
donante
y
luego
se
transfiere
el
núcleo
del
cigoto
obtenido
de
la
fecundación
del
ovocito
de
la
paciente,
al
cigoto
obtenido
de
la
fecundación
del
ovocito
de
la
donante.
160
Análisis
bioético:
método
triangular
El
método
Triangular
de
la
Bioética
Personalista
ontológicamente
fundada
tiene
tres
pasos
metodológicos:
•
•
•
Análisis
científico
objetivo
Análisis
antropológico-‐filosófico
Consecuencias
éticas
para
la
praxis
operativa.
Análisis
científico
objetivo:
El
comienzo
de
la
vida
de
un
ser
humano
está
dado
desde
el
momento
de
la
penetración
del
espermatozoide
en
el
ovocito.
Se
inicia
en
ese
instante
la
constitución
del
cariotipo
de
la
especie
humana
el
cual
en
forma
gradual,
progresiva,
coordinada
e
irreversible
se
expresará.
Luego
de
incorporarse
al
ovocito
el
ADN
del
pronúcleo
masculino,
por
acción
de
factores
que
se
encuentran
en
el
citoplasma
de
dicha
célula,
cambia
su
estructura
y
se
observa
su
expansión.
Ambos
pronúcleos
se
sitúan
en
el
centro
del
cigoto,
se
reorganizan
y
comienza
la
primera
división
celular
de
este
embrión
unicelular
que
dará
lugar
a
un
embrión
de
dos
células.
Durante
este
proceso
se
observan
dos
hechos
fundamentales,
uno
es
el
proceso
de
la
impronta
génica
y
el
otro
es
el
de
la
polarización
o
asimetría
celular.
El
ovocito
y
el
espermatozoide
son
células
altamente
diferenciadas,
que
se
van
preparando
y
madurando
a
través
de
un
diálogo
molecular
con
el
medio
en
el
que
se
encuentran
y
luego
se
activan
mutuamente.
Para
que
la
fecundación
tenga
éxito,
los
gametos
femenino
y
masculino
deben
activarse
mutuamente.
Los
gametos
maduros
deben
encontrarse
en
un
estado
de
represión
de
su
actividad,
y
estar
bloqueados
de
tal
manera
que
la
inhibición
de
cada
uno
pueda
ser
eliminada
por
la
otra
célula.
El
éxito
de
la
fecundación
depende
de
que
esta
activación
se
produzca
siguiendo
las
etapas
apropiadas,
y
que
lo
haga
de
modo
ordenado,
recibiendo
señales
del
medio
y
con
un
mecanismo
de
retroalimentación.1
El
ovocito
aporta
información
no
solo
a
través
del
DNA
presente
en
el
núcleo
y
el
DNA
mitocondrial,
sino
que
en
su
citoplasma
se
encuentran
factores
de
transcripción
y
moléculas
de
RNA
mensajero
inactivas.
Cuando
el
ovocito
elimina
el
segundo
corpúsculo
polar,
y
convierte
su
núcleo
en
el
pronúcleo
femenino
con
la
mitad
de
la
dotación
genética,
se
reinicia
la
síntesis
proteica.
Lo
hace
a
partir
de
los
RNA
mensajeros
mantenidos
inactivos
o
bloqueados
por
formación
de
complejos
estructurales
con
proteínas
que
no
permiten
la
traducción.
El
cambio
de
conformación
del
RNA
mediado
por
los
iones
Ca++
permite
el
cese
de
su
estado
de
reposo
y
el
paso
a
la
traducción
proteica.
Con
la
traducción
a
proteínas
de
estos
RNA
mensajeros
se
sintetizarán
las
proteínas
necesarias
para
la
maquinaria
de
la
división
celular
y
las
proteínas
de
la
membrana
celular,
mediadoras
de
las
interacciones
intercelulares
del
embrión
temprano.
Se
argumenta
que
al
utilizar
la
técnica
de
“donación
de
mitocondrias”
o
de
fertilización
in
vitro
de
tres
padres,
el
DNA
nuclear
que
tendrá
el
embrión
es
el
de
la
paciente
y
su
pareja,
y
este
es
justamente
el
que
se
expresará
en
las
características
fenotípicas,
que
se
busca
que
estén
presentes
en
el
futuro
bebé.
Se
interpreta
que
el
DNA
mitocondrial
aportado
por
el
ovocito
de
la
donante,
es
cuantitativamente
menor
y
que
se
expresa
en
actividades
mitocondriales,
no
relacionadas
con
la
anhelada
manifestación
de
los
rasgos
fenotípicos.
En
realidad
esta
aseveración
es
en
parte
correcta,
pero
la
secuencia
de
nucleótidos
del
DNA,
es
apenas
el
primer
nivel
de
la
transmisión
de
la
información
genética.
El
orden
en
que
estos
genes
se
van
expresando
en
el
viviente,
constituye
un
programa
y
es
una
información
de
segundo
nivel.
1
López
Moratalla
N,
Iraburu
Elizalde
MJ.
Los
quince
primeros
días
de
una
vida
humana.
2da.
Ed.
EUNSA;
2006:
57.
161
La
secuencia
de
nucleótidos
constituye
el
primer
nivel
de
información.
Cada
gen
secuencia
posee
un
diseño
ordenado
y
traducible
al
lenguaje
de
las
proteínas,
es
un
mensaje
funcional.
El
orden
en
que
se
van
expresando
los
genes
a
lo
largo
de
la
vida
del
individuo
es
un
programa,
una
sucesión
ordenada
de
mensajes;
una
información
de
segundo
nivel.
Con
ese
programa
se
forman
los
órganos,
y
los
diversos
tipos
de
estructuras.
Es
la
información
epigenética:
una
ampliación
de
la
información
genética
ligada
al
desarrollo
mismo
del
organismo.
El
genoma
contiene
mucha
más
información
que
la
debida
a
los
genes.
Hay
secuencias
inicio
y
terminación
de
la
traducción
a
proteínas,
hay
secuencias
reguladoras
de
la
expresión,
etc.
Estas
secuencias
constituyen
un
mapa
de
interacciones
para
el
reconocimiento
específico
por
parte
de
moléculas
reguladoras.
Estas
moléculas
pueden
ser
proteínas
y
los
genes
que
las
codifican
se
denominan
genes
reguladores
de
la
expresión
de
otros
genes.
Es
un
control
de
la
información
que
se
retroalimenta,
y
que
permite
una
ampliación
epigenética
de
la
información
de
un
gen.
El
diseño
morfológico
emerge
de
la
información
epigenética
en
orden
al
todo,
ya
que
amplifica
la
información
genética
informando
a
las
células
del
sitio
que
ocupan,
es
información
posicional
o
información
espacial,
en
el
organismo
en
construcción.
La
mayor
complejidad
de
los
individuos
de
una
especie
está
en
función
de
la
capacidad
de
ampliar
la
información
genética,
y
controlarla
por
retroalimentación.
La
función
específica
del
segundo
nivel
de
información
es
precisamente
el
crecimiento
unitario.
Por
lo
tanto,
la
novedad
es
la
adquisición
de
una
información
de
segundo
nivel
o
epigenética,
unitaria,
y
coordinada,
que
controla
partes,
y
que
hace
que
el
resultado
sea
siempre
más
que
la
suma
de
los
componentes.2
Podemos
entonces
concluir,
que
si
la
información
epigenética
es
resultado
de
un
diálogo
molecular
entre
el
DAN
y
los
factores
de
transcripción
presentes
en
el
citoplasma
⎯ya
sea
inactivos
en
el
momento
de
la
fecundación
o
sintetizados
a
partir
de
la
información
contenida
en
RNA
mensajeros
también
presentes
en
ese
lugar
en
su
forma
inactiva
o
bloqueada
y
vuelta
activa
con
el
cambio
en
los
gradientes
de
CA++
al
ingresar
el
núcleo
del
espermatozoide⎯
el
citoplasma
del
ovocito
de
la
donante,
tendrá
una
participación
a
nivel
de
transmisión
de
información
de
segundo
nivel
o
epigenética
mucho
mayor
que
el
mero
aporte
de
su
DNA
mitocondrial.
Este
mecanismo
una
vez
iniciado
se
continúa
en
el
tiempo
y
el
espacio
a
través
de
un
proceso
de
retroalimentación
de
la
información
donde
la
inteligibilidad
es
la
consigna.
La
técnica
de
fertilización
in
vitro
con
tres
progenitores
tiene
un
grado
muy
alto
de
manipulación
y
existirá
diálogo
molecular
entre
DAN
nuclear
de
un
cigoto
con
un
cariotipo
propio
y
único
y
la
información
también
con
rango
de
información
genética
(segundo
nivel)
de
otro
ser
biológico
(donante
de
ovocito).
Por
lo
tanto,
podemos
decir
que
desconocemos
la
consecuencia
que
la
aplicación
de
esta
técnica
puede
ocasionar
al
ser
humano
objeto
de
su
instrumentación.
Hay
otro
tema
no
menor
que
despierta
nuestro
interés
y
es
el
impacto
que
como
humanidad
a
nivel
biológico
puede
ocasionar
la
aplicación
de
la
misma.
Tengamos
presente
que
los
cambios
introducidos
serán
transmitidos
a
la
herencia.
El
conocimiento
actual
de
los
seres
vivos,
la
Nueva
Biología,
da
razón
de
la
dinámica
del
cambio
de
los
seres
vivos
de
lo
simple
a
lo
complejo,
tanto
en
el
desarrollo
del
individuo
(ontogenia)
como
de
la
evolución
de
las
especies
(filogenia).
La
confluencia
de
ambas
áreas
de
la
biología
ha
dado
paso
a
la
nueva
disciplina
Evo-‐devo
(Evolución-‐Desarrollo).
La
dinámica
evolutiva
de
las
especies
hacia
la
complejidad
se
apoya
en
la
existencia
en
todo
individuo
de
dos
niveles
de
información.
La
información
genética
(la
secuencia
de
nucleótidos
de
las
hebras
de
DNA)
que
hereda
de
sus
progenitores
y
la
información
epigenética
que
surge
con
la
construcción
del
individuo
a
instancias
del
medio.
La
información
genética
es
preinformación
pero
no
es
la
única
información.
2
López
Moratalla
N,
Vazquez
CM,
Font
Arellano
M,
Santiago
Calvo
E.
La
dinámica
de
la
evolución
biológica.
Más
con
más.
EUNSA;
2009:
117-‐118.
162
La
evolución
no
tiene
un
carácter
meramente
consecutivo
como
si
solo
se
tratara
de
la
mera
expresión
de
lo
que
ya
estaba
en
su
interior.
Se
trata
de
un
proceso
de
desarrollo
epigenético:
de
la
interacción
de
unas
estructuras
con
otras,
surgen
unidades
nuevas
y
más
complejas,
con
propiedades
distintas
a
las
de
sus
componentes.
No
es
pues
ni
preinformación
ni
epigénesis.
Ni
mecanicismo
ni
organicismo.
Los
cambios
del
mensaje,
de
la
información
genética
contenida
en
el
patrimonio
genético,
constituyen
un
factor
evolutivo
principal.
Si
el
cambio
afecta
a
la
información
genética
se
habla
de
microevolución;
y
si
el
cambio
afecta
a
la
información
epigenética
se
trata
de
un
proceso
macroevolutivo
[…].
La
macroevolución
tiene
como
filtro
selectivo
la
ontogenia.
Pequeños
cambios
en
los
genes
rectores
que
controlan
el
desarrollo
embrionario
pueden
traducirse
en
cambios
radicales
que
den
lugar
a
estructuras
nuevas,
y
muy
diferentes,
aun
manteniéndose
idéntico
el
genoma.
Estas
modificaciones
tienen
lugar
independientemente
del
medio,
y
no
obedecen
a
una
necesidad
para
la
supervivencia
o
adaptación.
Obedecen
más
bien
a
la
estructura
del
genoma
y
dinámica
del
genoma
y.
por
tanto,
de
la
dinámica
de
la
expresión
del
mensaje
genético.
En
este
caso
hablamos
de
selección
interna.3
El
proceso
evolutivo
no
tiene
como
regla
la
rigidez
ni
el
determinismo,
por
el
contrario,
es
un
proceso
dinámico
que
recibe
en
forma
permanente
nueva
información
que
le
permite
la
indeterminación
y
el
cambio.
Nuevamente
podemos
preguntarnos
si
la
aplicación
de
estas
técnicas
tendrá
algún
impacto
evolutivo
ya
no
de
carácter
individual
sino
como
especie.
Solo
tenemos
interrogantes.
De
acuerdo
a
lo
presentado
hasta
aquí
podemos
inferir
que:
a)
El
ovocito
es
una
célula
altamente
diferenciada,
que
aporta
no
solo
información
genética
a
través
del
DNA
nuclear
y
mitocondrial
sino
que
contiene
en
su
citoplasma
moléculas
(proteínas
que
cumplen
el
rol
de
factores
de
transcripción
y
RNA
mensajeros
inactivos)
que
serán
fundamentales
en
la
transmisión
del
segundo
nivel
de
información
o
epigenético,
que
es
el
que
dejará
su
impronta
en
el
proceso
de
embriogénesis.
b) Existirá
necesariamente
un
diálogo
a
nivel
molecular
entre
el
núcleo
del
ovocito
o
del
cigoto
implantado
y
los
componentes
del
citoplasma
del
ovocito
de
la
donante
o
del
cigoto
resultado
de
la
fecundación
de
la
donante.
En
ese
nivel
ya
existe
transmisión
de
información
epigenética.
c) El
ovocito
de
la
donante
no
aporta
solamente
las
mitocondrias
al
nuevo
embrión,
sino
que
el
nuevo
ser
tendrá
en
su
constitución
una
participación
real
de
tres
progenitores.
d) No
tenemos
información
científica
de
las
consecuencias
de
esta
experimentación,
pero
es
probable
que
la
información
de
segundo
nivel
pueda
verse
afectada.
e) Al
realizar
la
técnica,
por
arrastre
se
puede
traspasar
al
ovocito
de
la
donante
o
al
cigoto
resultado
de
la
fecundación
del
ovocito
de
la
donante
material
citoplasmático.
Por
ejemplo
mitocondrias
con
su
correspondiente
DNA
circular
de
doble
hélice,
RNA
mensajero,
factores
de
transcripción.
Es
impredecible
la
consecuencia
de
la
simultaneidad
de
estas
estructuras
y
moléculas
en
la
embriogénesis.
f) Los
cambios
y
la
carga
genética
se
transmitirán
a
la
descendencia.
g) Los
cambios
de
la
información
genética
constituyen
un
factor
evolutivo
principal.
Si
la
modificación
afecta
a
la
información
genética
(contenida
en
la
secuencia
de
nucleótidos)
se
habla
de
microevolución,
pero
si
el
cambio
afecta
a
la
información
epigenética
se
trata
de
un
proceso
macroevolutivo.
Es
por
lo
tanto
impredecible,
si
tal
nivel
de
experimentación
y
manipulación
sobre
embriones
humanos,
pueda
llegar
a
tener
alguna
incidencia
en
términos
macroevolutivos.
Análisis
antropológico
–
filosófico
El
tema
de
fondo
es
establecer
el
estatus
moral
del
embrión
humano.
Llegar
a
ver
en
profundidad
cuál
es
su
realidad
objetiva.
3
López
Moratalla
N,
de
Miguel
Vazquez
C,
Font
Arellano
M,
Santiago
Calvo
E.
La
dinámica
de
la
evolución
biológica.
Más
con
más.
EUNSA;
2009:
Cap.
1,
65.
163
Ya
hemos
establecido
desde
el
aporte
de
la
ciencia
que
se
trata
-‐desde
el
mismo
momento
de
la
concepción-‐
de
un
ser
humano.
Inicialmente,
su
corporeidad
es
unicelular,
pero
no
por
ello
deja
de
ser
la
forma
de
un
ser
humano.
No
existen
saltos
en
su
realidad
biológica.
Es
el
mismo
ser
biológico
que
se
desarrolla
en
el
tiempo.
Desde
el
aporte
de
la
antropología
filosófica
hablamos
de
persona
humana,
considerando
a
la
misma
-‐tal
como
fuera
definida
por
Boecio-‐
como
“unidad
substancial
de
naturaleza
racional”.
En
esa
unidad
substancial
de
cuerpo
y
alma
espiritual
radica
la
esencia
del
ser
de
la
persona.
¿Desde
cuándo
hablamos
de
persona
humana?
Desde
el
momento
de
la
concepción,
no
existen
saltos
en
su
realidad
ontológica.
Es
la
misma
persona
que
se
presenta
en
el
tiempo.
Desde
su
concepción
hasta
su
muerte
natural.
El
valor
que
se
encuentra
en
juego
es
la
dignidad
humana
y
su
expresión
que
es
el
resguardo
de
la
vida
y
la
integridad,
en
este
caso
del
embrión
humano.
El
embrión
humano
es
persona
desde
la
concepción
y
por
lo
tanto
tiene
dignidad
humana.
Esta
⎯como
todo
bien
inherente⎯
se
encuentra
también,
desde
el
inicio
de
su
vida.
Consecuencias
éticas
para
la
praxis
operativa
La
técnica
de
fertilización
in
vitro
con
tres
progenitores,
constituye
desde
la
medicina
asistencial
un
medio
desproporcionado
y
por
lo
tanto
ilícito
como
forma
de
tratamiento
del
grupo
de
enfermedades
conocidas
como
mitocondriales.
Es
desproporcionada
su
implementación
ya
que
utiliza
al
embrión
humano,
como
medio
experimental
sometiéndolo
a
manipulación
y
destrucción.
El
marco
referencial
de
la
dignidad
humana
es
abolido
y
la
vida
y
la
integridad
pasan
a
ser
objetos
de
rentabilidad.
Si
consideramos
que
los
representantes
legales
autorizan
la
aplicación
de
la
misma,
considerando
que
es
un
medio
ordinario,
esto
no
puede
rebatir
el
análisis
de
desproporcionalidad
dado
desde
la
medicina,
ya
que
la
ilicitud
en
la
praxis
surge
como
consecuencia
de
realizar
actos
sobre
seres
humanos
que
finalizan
con
la
manipulación
de
su
patrimonio
genético,
ponen
en
riesgo
su
integridad
y
en
la
mayoría
de
los
casos
los
embriones
utilizados
son
destruidos
y
descartados.
Desde
la
investigación
médica
la
fertilización
in
vitro
con
tres
progenitores
es
una
técnica
experimental
y
es
ilícita
la
experimentación
sobre
embriones
humanos,
como
sobre
cualquier
persona
en
cualquier
circunstancia
o
etapa
de
su
existencia.
Todas
las
personas
somos
iguales
en
dignidad
y
no
existen
saltos
cualitativos
ni
cuantitativos
sea
cual
sea
la
circunstancia
individual.
Este
principio
de
igualdad
nos
hermana
y
protege
sobre
el
intento
de
unos
de
apropiarse
de
la
vida
y
la
integridad
de
otros.
Pero
en
este
caso
es
la
vida
naciente
la
que
es
avasallada.
Hay
otro
tema
de
consideración
y
es
la
experimentación
sobre
el
patrimonio
genético
de
seres
humanos,
en
este
caso
en
la
etapa
inicial
de
la
vida,
y
su
impacto
sobre
la
especie
humana
como
tal.
¿Es
lícito
experimentar
sobre
cuestiones
que
nos
definen
como
humanidad?
Contexto
cultural
actual:
“umbrales
de
humanidad”
En
el
año
2010
en
ocasión
de
la
redacción
del
libro
El
embrión
humano
un
fin
en
sí
mismo,
realizamos
un
análisis
del
contexto
cultural
en
referencia
al
inicio
de
la
vida.
Por
su
vigencia
lo
compartimos
en
este
trabajo:
164
La
situación
cultural
actual
atraviesa
una
profunda
crisis
de
valores
observándose
que
la
referencia
para
la
toma
de
decisiones
deja
de
ser
la
verdad
objetivamente
fundada
y
pasa
a
estar
determinada
por
la
opinión
subjetiva
y
muchas
veces
cambiante
de
algunos.
El
anhelo
por
alcanzar
la
verdad
se
desvirtúa
y
el
objetivo
se
convierte
en
la
satisfacción
de
las
aspiraciones
individuales.
El
concepto
mismo
de
libertad
pero
como
libertad
relacionada
a
la
responsabilidad
y
referida
a
la
vida
se
pierde,
y
prevalece
en
forma
exclusiva
la
autonomía.
Es
entonces
que
la
libertad
disociada
de
su
esencia,
o
sea
su
hermandad
con
la
verdad,
se
torna
en
mera
satisfacción
de
los
deseos
personales.
Al
perderse
el
vínculo
constitutivo
de
la
libertad
con
la
verdad,
el
hombre
se
transforma
en
un
ser
destructivo
del
otro
y
de
sí
mismo;
reniega
de
su
esencia,
de
ser
mejor
persona
y
de
su
vocación
a
la
trascendencia
desconociendo
que
no
es
la
opinión
subjetiva
lo
que
determina
el
accionar
ético
sino
su
orientación
a
la
verdad.
El
hombre
actúa
libremente
cuando
su
acción
está
referida
a
la
verdad
y
es
esta
la
que
lo
moviliza,
lo
saca
de
la
indiferencia
y
lo
compromete
con
su
mismísima
interioridad,
ser
libre
es
justamente
respetar
la
propia
esencia,
es
orientar
la
acción
exclusivamente
a
la
verdad.
Pero,
¿cuál
es
la
verdad
en
el
tema
de
la
vida?
La
verdad
es
descubrir
a
través
de
una
mirada
contemplativa
la
acción
de
Dios,
su
presencia
en
la
obra
creada
y
especialmente
ver
en
el
hombre
a
un
ser
creado
a
su
imagen
y
semejanza,
sin
saltos
cualitativos
de
ningún
tipo.
Sin
grados
de
cualificación
antropológica
ni
cronológica.
Sin
saltos
en
la
valoración
ontológica,
sin
ningún
tipo
de
gradación
ni
de
discriminación,
sin
umbrales
de
humanidad.
¿Cuál
es
límite
de
la
condición
humana
que
nos
permite
apoderarnos
de
la
vida
del
otro,
instrumentalizarlo
y
someterlo
a
nuevas
formas
de
esclavitud
para
nuestro
beneficio?
¿Quién
puede
determinar
y
en
virtud
de
qué
concepto
cuál
es
el
umbral
de
la
humanidad?4
El
embrión
humano:
un
fin
en
sí
mismo
La
persona
es
un
fin
en
sí
misma,
nunca
un
medio.
Ser
fin
en
sí
mismo
es
inherente
a
la
persona
y
por
lo
tanto
a
su
dignidad
de
origen
y
de
fin.
Pero
podemos
preguntarnos:
¿Qué
significa
ser
fin
en
sí
mismo?
Ser
fin
en
sí
mismo
significa
ser
un
ser
al
que
se
le
ha
dado
como
fin
participar
de
la
esencia
divina.
Ser
fin
en
sí
mismo
es
inherente
al
ser
y
no
reviste
relación
alguna
con
ninguna
circunstancia
externa
al
ser,
ni
con
elementos
temporales
de
la
condición
física
como
lo
puede
ser
la
fase
del
desarrollo.
Se
es
fin
en
sí
mismo
desde
la
concepción
hasta
la
muerte
natural
y
aún
más
allá
del
tiempo.
Hemos
visto
como
la
persona
humana
es
fin
en
sí
mismo
y
cómo
en
ninguna
fase
del
desarrollo
puede
constituirse
en
un
objeto
de
uso
instrumental,
por
lo
tanto,
el
embrión
humano,
persona
desde
la
misma
concepción,
es
fin
en
sí
mismo
y
solo
desde
su
mismísima
realidad
ontológica
debe
ser
considerado.
La
mirada
de
la
humanidad
frente
a
este
ser
debe
ser
la
que
promueve
el
respeto
a
su
dignidad,
cuida
su
integridad
y
tutela
el
valor
fundamental
del
don
de
la
vida.
¿Qué
otra
actitud
que
no
sea
el
respeto
puede
suscitar
en
la
conciencia
del
otro,
un
ser
cuya
realidad
humana
natural
se
caracteriza
por
poseer
una
inteligencia
que
busca
la
verdad
y
una
voluntad
que
ama
el
bien?
Un
embrión
humano
de
pocas
células
es
en
cuanto
persona
un
fin
en
sí
mismo,
y
no
un
medio
que
puede
ser
utilizado
en
función
de
expectativas
de
otros,
ni
siquiera
las
de
los
propios
padres.
Ser
fin
en
sí
mismo
implica
ser
un
ser
cuya
vocación
es
la
trascendencia
y
la
libertad
su
herramienta,
pero
una
libertad
cualificada
en
el
sentido
del
bien.5
4
Passo
ER.
El
embrión
humano:
un
fin
en
sí
mismo.
Editorial
Dunken;
2010:
47
Y
48.
Ibidem,
103-‐104.
5
165
Conclusiones
La
implementación
de
técnicas
de
fertilización
in
vitro
con
tres
progenitores
es
muestra
de
cómo
a
modo
de
“pendiente
resbaladiza”
se
han
ido
corriendo
los
límites
éticos
del
respeto
a
la
dignidad
humana.
La
vida
y
la
integridad
en
la
fase
inicial
de
la
vida
carece
de
valor
y
los
embriones
humanos
se
constituyen
en
un
medio
a
utilizar
en
el
rango
de
la
rentabilidad
al
sistema.
No
solo
son
los
embriones
humanos
los
que
han
sido
reducidos
a
ser
objeto
de
uso
para
cumplir
intereses
de
terceros,
también
lo
es
la
mujer
que
participa
como
donante
de
ovocitos,
el
varón
que
podría
eventualmente
participar
como
donante
de
espermatozoides
sin
ser
en
realidad
miembro
de
la
pareja,
los
propios
progenitores
que
podrían
desconocer
las
implicancias
biológicas
reales
de
tal
procedimiento.
En
fin,
todos
de
algún
modo,
con
conocimiento
o
careciendo
del
mismo,
han
sido
reducidos
y
puestos
al
servicio
de
una
cadena
de
producción.
El
fin
es
obtener
el
mejor
bebé
de
diseño
y
el
medio
es
el
embrión
humano.
Hasta
la
ciencia
es
utilizada
con
un
criterio
de
productividad
al
ser
manipulada
en
la
comunicación
de
datos
que
necesariamente
tendrían
que
ser
dados
a
aquellos
que
legislarán
sobre
el
tema
y
a
aquellas
familias
que
padecen
de
formas
implacables
de
enfermedad,
en
este
caso
mitocondrial.
La
ciencia
con
el
tiempo
seguramente
llegará
a
dar
una
respuesta,
que
utilice
medios
éticos,
a
esta
problemática.
Si
con
la
información
dada
por
la
bibliografía
científica
⎯al
alcance
de
los
profesionales
que
trabajan
en
el
área⎯
se
puede
concluir
que
las
técnicas
son
altamente
inseguras
para
los
embriones
y
es
impredecible
su
impacto
a
corto
plazo
en
forma
individual
y
a
largo
plazo
para
la
humanidad
¿por
qué
se
insiste
con
su
implementación?
¿Hasta
dónde
llegará
esta
peligrosa
pendiente
resbaladiza?
Desde
la
ética
la
única
argumentación
válida
es
que
todos
⎯por
ser
personas⎯
somos
iguales
en
dignidad
y
por
lo
tanto,
es
la
vida
y
la
integridad
de
todos
la
que
se
debe
respetar.
No
importan
las
notas
circunstanciales.
En
el
tratamiento
que
le
demos
al
más
pequeño
de
nuestros
hermanos,
la
humanidad
entera
es
interpelada.
Solo
tenemos
que
tener
en
cuenta
que
siempre
es
un
fin
y
nunca
un
medio.
Referencias
bibliográficas
López
Moratalla
N,
de
Miguel
Vazquez
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Font
Arellano
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La
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Más
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Los
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Segunda
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EUNSA;
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El
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sí
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Primera
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Editorial
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2010.
166
ASPECTOS
ÉTICOS,
LEGALES,
Y
SOCIALES
DEL
DIAGNÓSTICO
GENÉTICO
PRE-‐IMPLANTACIONAL
PROPUESTA
DE
REGULACIÓN
PARA
CHILE
Sofía
P.
Salas
Programa
Ética
y
Políticas
Públicas
en
Reproducción
Humana
Facultad
de
Medicina,
Universidad
Diego
Portales
Médico
cirujano
de
la
Pontificia
Universidad
Católica
de
Chile.
Coordinadora
Académica
del
Programa
de
Ética
y
Políticas
Públicas
en
Reproducción
Humana
y
Profesor
Titular
de
la
Facultad
de
Medicina
de
la
Universidad
Diego
Portales
(Santiago
de
Chile).
Contacto:
[email protected]
En
la
actualidad,
las
técnicas
de
reproducción
asistida
(TRA),
incluyendo
la
fecundación
in
vitro
(FIV)
y
la
criopreservación
de
embriones,
son
procedimientos
aceptados
por
todos
los
países,
puesto
que
se
considera
que
negar
el
acceso
a
estas
técnicas
a
las
personas
que
no
pueden
concebir
sin
asistencia
médica
constituye
un
grave
atentado
a
sus
derechos
humanos,
tal
como
lo
señalara
el
reciente
fallo
de
la
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos
(CIDH)
en
el
caso
Artavia
Murillo
y
Otros
vs
Costa
Rica1.
Dicha
Corte
reconoció
que
existe
controversia
en
relación
a
cuándo
empieza
la
vida
humana;
no
obstante,
el
conferirle
“ciertos
atributos
metafísicos
a
los
embriones
[…]
no
puede
justificar
que
se
otorgue
prevalencia
a
cierto
tipo
de
literatura
científica
al
momento
de
interpretar
el
alcance
del
derecho
a
la
vida
consagrado
en
la
Convención
Americana,
pues
ello
implicaría
imponer
un
tipo
de
creencias
específicas
a
otras
personas
que
no
las
comparten”.
Concordante
con
esta
postura,
dicha
Corte
señala
que
diversos
otros
tratados
o
Declaraciones
no
han
pretendido
“tratar
al
no
nacido
como
persona
y
otorgarle
el
mismo
nivel
de
protección
que
a
las
personas
nacidas”.
En
este
mismo
Fallo,
se
hace
referencia
al
Caso
Vo.
vs.
Francia,
por
el
cual
el
Tribunal
Europeo
dictaminó
que
si
bien
hay
acuerdo
en
que
el
embrión/feto
es
parte
de
la
raza
humana,
y
que
por
esta
potencialidad
requiere
protección
en
nombre
de
la
dignidad
humana,
esto
no
lo
convierte
en
una
“persona”
con
el
“derecho
a
la
vida”.
Por
lo
tanto,
para
el
desarrollo
de
este
artículo,
consideraremos
que
es
moralmente
lícito
realizar
TRA
que
incluyan
FIV
y
la
consiguiente
criopreservación
de
embriones.
Existen
otras
cuestiones
más
complejas
de
resolver
desde
el
punto
de
vista
bioético,
como
son
aquellas
relacionadas
con
el
diagnóstico
genético
pre
implantacional
(DGP)
para
decidir
qué
embriones
transferir
y
cuáles
descartar.
Las
nuevas
posibilidades
que
permiten
los
avances
científicos
en
genética
obliga
a
la
sociedad
a
reflexionar
respecto
de
los
límites
que
se
pueden
establecer
entre
lo
que
la
ciencia
permite
hacer
y
lo
que
es
ético
realizar
en
este
campo.
Como
es
sabido,
en
el
proceso
reproductivo
humano
existe
un
alto
porcentaje
de
muertes
embrionarias
precoces,
las
que,
en
su
mayoría,
se
originan
en
errores
cromosómicos,
secundarios
a
aneuploidía
ovocitaria,
que
aumenta
según
la
edad
materna,
llegando
a
frecuencias
de
alteraciones
cromosómicas
superiores
a
un
70%
en
mujeres
mayores
de
40
años
2.
La
presencia
de
estas
alteraciones
cromosómicas
en
los
óvulos
no
impide
su
fecundación
ni
el
posterior
desarrollo
embrionario,
pero
sí
condiciona
un
elevado
número
de
muertes
embrionarias
o
fetales,
y
también
el
nacimiento
de
niños
con
severas
limitaciones.
El
desarrollo
de
la
técnica
de
DGP
proveyó
a
las
parejas
en
riesgo
de
transmitir
una
anormalidad
genética
a
su
descendencia
de
la
posibilidad
de
tener
un
hijo
sano,
sin
tener
que
usar
técnicas
de
diagnóstico
genético
prenatal
,
seguida
de
aborto,
si
el
feto
expresa
la
condición
no
deseada.3 4
La
realización
de
procedimiento
no
altera
las
células
que
forman
la
masa
celular
interna
que
darán
origen
a
las
estructuras
fetales,
por
lo
que
no
produce
daño
ni
se
ha
reportado
alteraciones
en
los
,
hijos
nacidos
luego
de
esta
selección
genética
embrionaria.5 6
La
pregunta
bioética,
entonces,
se
refiere
a
si
es
lícito
utilizar
DGP
para
mejorar
las
posibilidades
de
que
una
pareja
tenga
un
hijo
y,
a
su
vez,
disminuir
las
posibilidades
que
ese
hijo
nazca
son
severas
limitaciones.
Adicionalmente,
dado
los
múltiples
usos
de
esta
167
técnica,
es
necesario
analizar
si
otras
indicaciones
del
DGP
son
o
no
moralmente
lícitas
y
hasta
qué
punto
la
autonomía
de
los
padres
y
el
derecho
a
tener
hijos
sanos
entra
en
conflicto
con
el
derecho
de
los
futuros
hijos
a
no
ser
discriminados
por
la
presencia
de
alteraciones
genéticas
que
pueden
expresarse
en
la
adultez
o
por
poder
expresar
una
discapacidad.
El
objetivo
de
este
artículo
será
revisar
los
dilemas
éticos,
legales
y
sociales
asociados
a
los
distintos
usos
del
DGP.
En
este
análisis,
de
manera
deliberada
soslayaremos
la
pregunta
filosófica
respecto
del
estatuto
del
embrión
humano
pre-‐implantacional.
Intentaremos
responder
si
acaso
es
lícito,
desde
el
punto
de
vista
bioético,
descartar
embriones
humanos
severamente
enfermos,
aún
cuando
consideremos
que
estos
embriones
“merecen
protección
especial”,
por
ser
algo
más
que
un
cúmulo
de
células
organizadas.
A
su
vez,
discutiremos
que
ciertos
usos
del
DGP
para
selección
de
embriones,
aún
cuando
no
les
otorguemos
valor
alguno,
tienen
importantes
cuestionamientos
éticos
y
debiesen
ser
prohibidos.
Entre
estos
dos
extremos,
existen
indicaciones
en
la
cuales
es
más
difícil
lograr
consenso
respecto
de
la
licitud
ética
de
efectuar
o
no
DGP,
las
que
serán
moduladas
por
nuestra
particular
visión
del
grado
de
protección
que
merece
el
embrión
humano
y
las
consecuencias
para
la
sociedad
de
realizar
o
no
dicha
selección
genética.
Aplicaciones
del
DGP
en
medicina
reproductiva
Como
ya
se
mencionó,
es
necesario
considerar
que
el
DGP
solo
es
posible
de
efectuar
una
vez
que
se
ha
aceptado
realizar
técnicas
de
reproducción
médicamente
asistida
que
impliquen
fecundación
in
vitro
(FIV)
o
inyección
intracitoplasmática
de
espermatozoides
(ICSI,
de
su
sigla
en
inglés),
como
un
medio
para
lograr
fecundación
y
que
también
existe
acuerdo
respecto
de
criopreservar
embriones
para
una
transferencia
posterior.
Tal
como
se
muestra
en
la
Tabla
1,
los
usos
más
aceptados
de
esta
técnica
son
para
detectar
anormalidades
cromosómicas,
enfermedades
genéticas
ligadas
al
sexo
o
desórdenes
monogénicos
que
tienen
impacto
en
la
sobrevida
o
que
severamente
limitan
la
calidad
de
vida
del
futuro
niño
y
también
para
detectar
susceptibilidad
a
desarrollar
enfermedades
en
la
adultez.
Otros
usos,
como
selección
de
sexo
por
fines
sociales
(no
médicos),
son
expresamente
prohibidos
en
Europa
7
y
en
la
mayoría
de
las
legislaciones.
En
Inglaterra,
la
Human
Fertilisation
and
Embryology
Authority
(HFEA)
ha
otorgado
licencia
para
realizar
estos
procedimientos
para
condiciones
genéticas
altamente
penetrantes,
que
se
expresan
a
partir
de
la
niñez,
y
para
las
cuales
existen
opciones
terapéuticas
limitadas.8
Entre
este
extenso
listado,
se
encuentran
condiciones
que
limitan
severamente
el
desarrollo
relacional
del
niño
y/o
disminuyen
su
expectativa
de
vida
futura;
otras,
en
cambio,
implican
susceptibilidad
a
enfermar
o
presencia
de
grados
variables
de
discapacidad.
Esta
misma
regulación
señala
expresamente
que
no
se
puede
usar
el
DGP
para
seleccionar
embriones
que
expresen
la
condición
de
discapacidad
física
o
mental
u
otra
enfermedad
seria,
por
sobre
otros
embriones
que
no
expresen
dicha
anormalidad
y
expresamente
prohíbe
la
selección
de
sexo
por
motivos
sociales.
Análisis
jurídico
y
de
derechos
humanos
En
términos
generales,
la
gran
mayoría
de
declaraciones
y
convenciones
internacionales
expresamente
resguardan
el
derecho
de
los
padres
para
fundar
una
familia,
libre
de
presiones
externas,
protegen
la
intimidad
de
las
personas
en
lo
que
son
sus
derechos
sexuales
y
reproductivos
y
reconocen
también
como
un
derecho
el
poder
tener
libre
acceso
al
avance
del
conocimiento
científico.
En
concordancia
con
esto,
la
mayoría
de
las
legislaciones
permiten
el
DGP
o
no
lo
prohíben,
aunque
estas
mismas
normas
y
declaraciones
suelen
tener
artículos
que
específicamente
prohíben
la
discriminación
arbitraria
de
las
personas
en
base
a
su
sexo
o
168
sus
características
genéticas.
La
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos9,
promulgada
el
año
1948,
tiene
varios
artículos
que
consagran
el
derecho
fundamental
de
fundar
una
familia,
y
también
contempla
disposiciones
que
van
en
contra
de
la
discriminación
de
las
personas,
aunque
se
ha
entendido
que
esta
protección
comienza
cuando
luego
del
parto.
A
su
vez,
esta
Declaración
plasma
en
su
Art.
16
un
reconocimiento
especial
a
la
libertad
de
las
personas
a
fundar
una
familia,
recalcando
la
importancia
de
esta
como
un
elemento
fundamental
de
la
sociedad.
A
su
vez,
la
Declaración
Universal
sobre
Bioética
y
Derechos
Humanos
de
la
UNESCO
10
(año
2005),
establece
como
principio
general
en
su
Art.
11,
referido
a
la
No
discriminación
y
no
estigmatización,
señala
que:
Ningún
individuo
o
grupo
debería
ser
sometido
por
ningún
motivo,
en
violación
de
la
dignidad
humana,
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales,
a
discriminación
o
estigmatización
alguna.
El
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales,
adoptado
en
196611,
en
el
Art.10,
también
hace
referencia
a
la
importancia
de
la
familia,
y
en
el
Art.
12,
señala
dos
aspectos
relevantes
respecto
del
cuidado
materno
infantil:
1.
Los
Estados
Partes
en
el
presente
Pacto
reconocen
el
derecho
de
toda
persona
al
disfrute
del
más
alto
nivel
posible
de
salud
física
y
mental.
2.
Entre
las
medidas
que
deberán
adoptar
los
Estados
Partes
en
el
Pacto
a
fin
de
asegurar
la
plena
efectividad
de
este
derecho,
figurarán
las
necesarias
para:
a)
La
reducción
de
la
mortinatalidad
y
de
la
mortalidad
infantil,
y
el
sano
desarrollo
de
los
niños.
Mientras
que
el
Art.
15
expresamente
reconoce
el
derecho
de
toda
persona
a:
b) Gozar
de
los
beneficios
del
progreso
científico
y
de
sus
aplicaciones.
En
este
sentido,
se
puede
argumentar
que
si
se
negara
el
uso
de
DGP
para
descartar
embriones
severamente
enfermos,
se
estaría
contraviniendo
estos
artículos
del
Pacto,
puesto
que
se
negaría
a
los
padres
el
derecho
de
fundar
una
familia,
con
hijos
que
tengan
la
capacidad
del
máximo
disfrute
de
salud
física
y
mental,
permitiendo
a
su
vez
reducir
la
mortinatalidad.
También
se
incumpliría
el
Art.
15,
al
negar
a
las
parejas
que
así
lo
requieren
de
gozar
de
los
beneficios
del
progreso
científico.
En
la
actualidad,
existen
países
que
prohíben
explícitamente
el
DGP
(Austria),
otros
que
no
permiten
el
posterior
descarte
de
embriones
defectuosos
(Alemania),
otros
que
lo
permiten
y
otros
que
no
han
regulado
explícitamente
sobre
el
tema,
como
sería
el
caso
de
Chile,
que
no
cuenta
con
Ley
de
Reproducción
Asistida.
Es
interesante
señalar
que
ya
hay
jurisprudencia
internacional
que
sancionó
a
Italia
por
prohibir
el
DGP
en
una
pareja
fértil
portadora
de
fibrosis
quística.
En
el
caso
de
Costa
y
Pavan
vs
Italia,12
la
pareja
demandó
al
Estado
por
esta
prohibición
que
los
obligaba
a
embarazarse
de
manera
natural
para
luego
poder
recurrir
a
un
aborto
si
se
confirmaba
que
el
feto
era
portador
del
gen
de
la
fibrosis
quística.
El
fundamento
de
la
negativa
era
que
bajo
la
ley
italiana
Nº
40
de
2004,
las
TRA
solo
estaban
disponibles
para
parejas
infértiles
y
aunque
posteriormente
se
amplió
su
uso
a
parejas
fértiles
en
las
cuales
el
hombre
era
portador
del
virus
del
VIH,
la
legislación
no
permitía
el
acceso
a
TRA
en
otras
circunstancias.
La
Corte
Europea
estableció
que
esta
negativa
violaba
el
Art.
8º
de
la
Convención
Europea13
al
considerar
que
era
un
injerencia
de
la
autoridad
al
derecho
de
las
personas
al
respeto
de
su
vida
privada
y
familiar.
A
su
vez,
las
Normas
uniformes
sobre
la
igualdad
de
oportunidades
para
las
personas
con
discapacidad,
aprobada
por
la
Asamblea
General
de
las
Naciones
Unidas
en
el
año
1986,14
también
se
han
referido
al
tema
de
la
igualdad
de
oportunidades
que
deben
tener
169
las
personas
con
alguna
discapacidad,
teniendo
como
fundamento
político
y
moral
“la
Carta
Internacional
de
Derechos
Humanos”,
que
comprende
la
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos,
el
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales,
y
el
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos,
y
también
en
la
Convención
sobre
los
Derechos
del
Niño
y
la
Convención
sobre
la
eliminación
de
todas
las
formas
de
discriminación
contra
la
mujer,
así
como
en
el
Programa
de
Acción
Mundial
para
los
Impedidos,
que
tienen
como
objetivo
principal
permitir
que
personas
con
discapacidad,
incluyendo
a
niñas
y
niños,
como
miembros
de
sus
respectivas
sociedades,
puedan
tener
los
mismos
derechos
y
obligaciones
que
los
demás,
removiendo
los
obstáculos
que
impiden
que
estas
personas
ejerzan
sus
derechos
y
libertades.
Una
de
las
preocupaciones
recogidas
por
estas
Normas
se
refiere
a
la
necesidad
de
lograr
una
mayor
toma
de
conciencia
por
parte
de
la
sociedad
de
“sus
derechos,
sus
necesidades,
sus
posibilidades
y
su
contribución
a
la
sociedad”.
A
su
vez,
el
Convenio
sobre
los
derechos
humanos
y
la
Biomedicina,
promulgado
en
Oviedo
en
1997
15,
hace
dos
alcances
relevantes
respecto
de
la
no
discriminación
en
base
el
genoma
humano:
Art.
11:
“No
discriminación.
Se
prohíbe
toda
forma
de
discriminación
de
las
personas
por
su
patrimonio
genético”.
Art.
14:
“No
selección
de
sexo.
La
utilización
de
técnicas
de
procreación
médicamente
asistida
no
se
pueden
admitir
para
escoger
el
sexo
del
niño,
excepto
en
el
caso
de
que
se
trate
de
evitar
una
enfermedad
hereditaria
grave
ligada
al
sexo”.
La
Declaración
Universal
sobre
Genoma
Humano
y
Derechos
Humanos
16,
junto
con
reconocer
la
importancia
que
tienen
las
investigaciones
sobre
el
genoma
humano,
considera
que
en
la
aplicación
de
estos
nuevos
descubrimientos
se
debe
“respetar
plenamente
la
dignidad,
la
libertad
y
los
derechos
de
la
persona
humana,
así
como
la
prohibición
de
toda
forma
de
discriminación
fundada
en
las
características
genéticas”:
Siguiendo
con
esta
misma
línea
de
pensamiento,
tanto
la
Ley
20.120,17
promulgada
en
Chile
el
año
2006,
y
su
posterior
Reglamento,18
señalan:
Art.
1°.-‐
Esta
ley
tiene
por
finalidad
proteger
la
vida
de
los
seres
humanos,
desde
el
momento
de
la
concepción,
su
integridad
física
y
psíquica,
así
como
su
diversidad
e
identidad
genética,
en
relación
con
la
investigación
científica
biomédica
y
sus
aplicaciones
clínicas.
Art.
3º
Prohíbese
toda
práctica
eugenésica,
salvo
la
consejería
genética.
El
Reglamento
respectivo
profundiza
en
el
tema
al
señalar
que
“Se
prohíbe
toda
práctica
eugenésica,
entendida
como
la
aplicación
de
las
leyes
biológicas
de
la
herencia
al
perfeccionamiento
de
la
especie
humana.
Lo
anterior
no
obsta
a
la
consejería
genética
u
orientación
entregada
por
un
profesional
de
la
salud
a
individuos
con
riesgo
aumentado
de
tener
descendencia
con
trastorno
genético
específico,
incluyendo
entrega
de
información
respecto
de
la
probabilidad
de
tener
descendencia
con
la
enfermedad
de
que
se
trate”.
En
la
historia
de
esta
Ley
quedó
consignado
en
el
Art.
11
de
la
redacción
original
que
“La
utilización
de
técnicas
de
procreación
médicamente
asistida
no
se
puede
admitir
para
escoger
el
sexo
del
niño
por
nacer”,
aspecto
que
fue
eliminado
en
la
versión
definitiva.
Por
otra
parte,
la
Comisión
“dejó
constancia
de
que
las
normas
sobre
investigación
genética
son
igualmente
aplicables
a
los
embriones
humanos”.
Adicionalmente,
la
Ley
20.609
(conocida
como
Ley
anti
discriminación),19
sanciona
cualquier
acto
de
discriminación
arbitraria
que
amenace
el
ejercicio
legítimo
de
los
derechos
fundamentales
establecidos
en
la
Constitución
Política
de
la
República
y
estima
como
discriminación
arbitraria
cuando
se
funda
en
motivos
tales
como
“la
raza
o
etnia,
[…],
el
sexo,
la
orientación
sexual,
[...]
y
la
170
enfermedad
o
discapacidad”
y
hace
referencia
a
la
Constitución
Política,
20
que
en
su
artículo
19
dice
proteger
la
vida
del
que
está
por
nacer.
En
consecuencia,
de
acuerdo
a
la
interpretación
que
hacemos
de
la
Constitución
y
de
estas
leyes
chilenas,
no
es
posible
realizar
discriminación
arbitraria
de
embriones
en
base
a
sexo
o
discapacidades
futuras.
Análisis
bioético
Uso
de
DGP
para
descartar
embriones
con
alteración
genética
incompatible
con
la
vida
El
uso
de
técnicas
de
FIV
no
produce
daño
o
muerte
embrionaria
distinta
a
lo
que
ocurre
en
la
naturaleza
21,
pero
en
el
caso
del
descarte
de
embriones
por
tener
alteraciones
genéticas,
estos
inevitablemente
serán
destruidos
o
dejados
al
deterioro
natural
en
la
placa
de
cultivo,
o
criopreservados
de
manera
permanente,
lo
que
hace
cuestionable
la
técnica
de
DGP
por
quienes
consideran
al
embrión
humano
pre
implantacional
como
“persona
en
potencia”
y
sujeto
de
derechos.
No
obstante,
si
se
piensa
respecto
del
deber
primario
del
médico
hacia
la
pareja
infértil,
que
ya
ha
tomado
la
decisión
de
que
en
el
contexto
de
un
proceso
de
FIV
desea
congelar
embriones
para
futuros
ciclos,
la
perspectiva
de
mejorar
la
eficiencia
de
la
técnica
mediante
DGP
y
selección
embrionaria
aparece
como
un
acto
beneficiente
y
que
respeta
plenamente
la
autonomía
de
la
pareja.
Si
uno
considera
los
intereses
de
los
futuros
hijos
que
expresan
una
condición
genética
incompatible
con
la
vida,
se
puede
argumentar
que
es
mejor
nunca
haberse
desarrollado
que
enfrentar
una
corta
vida
plena
de
sufrimientos
(si
llegasen
a
nacer)
y
a
su
vez
el
uso
de
esta
técnica
–al
descartar
el
embrión
afectado
por
la
condición-‐
solo
adelanta
el
curso
inevitable
de
su
destino.
Aún
más,
al
poder
seleccionar
para
transferir
a
los
embriones
que
no
expresan
la
condición
letal,
se
privilegia
el
derecho
a
la
vida
de
los
embriones
sanos.
Es
decir,
esta
indicación
de
uso
del
DGP
respeta
la
autonomía
de
las
parejas
que
buscan
tener
un
hijo
sano,
el
procedimiento
no
daña
a
los
embriones,
otorga
mayor
posibilidad
de
llegar
a
nacer
a
los
embriones
sanos,
y
no
agrava
el
curso
inevitable
de
la
muerte
de
los
embriones
afectados
por
la
condición.
Asimismo,
como
solo
se
criopreservarán
los
embriones
no
afectados
con
la
condición,
mejoran
las
posibilidades
de
futuros
embarazos
exitosos,
lo
que
significa
además
menor
riesgo
materno
y
un
balance
costo/beneficio
favorable.
Uso
de
DGP
para
descartar
embriones
portadores
de
enfermedades
genéticas
no
letales
o
por
presentar
susceptibilidad
genética
a
enfermar
El
uso
de
DGP
para
determinar
qué
embriones
serán
transferidos
y
cuáles
serán
descartados
por
presentar
una
condición
no
letal
que
genera
carga
de
enfermedad
o
discapacidad,
genera
sin
duda
conflictos
éticos,
puesto
que
entran
en
tensión
diversos
intereses
contrapuestos.
Por
un
lado,
está
el
respeto
al
derecho
de
la
pareja,
especialmente
la
mujer,
para
tomar
decisiones
reproductivas
libre
de
injerencias
externas,
versus
el
derecho
a
la
vida
del
embrión
(en
el
caso
del
DGP)
o
del
embrión/feto
si
se
utiliza
diagnóstico
genético
prenatal;
el
derecho
de
los
individuos
discapacitados
versus
la
promoción
de
la
salud
pública;
y
los
derechos
de
los
individuos
versus
los
intereses
de
la
sociedad.
Cuando
la
discusión
respecto
del
uso
de
DGP
se
circunscribe
a
evitar
el
nacimiento
de
hijos
que
a
futuro
podrán
expresar
susceptibilidad
de
desarrollar
una
cierta
condición,
las
decisiones
de
la
pareja
estarán
fuertemente
influidas
por
su
experiencia
personal
de
haber
tenido
a
alguien
cercano
que
expresó
la
condición
genética
y
por
la
severidad
de
la
condición
y
la
capacidad
para
hacerle
frente.
En
este
contexto,
la
posibilidad
de
DGP
para
aquellas
condiciones
en
las
cuales
se
permite
aborto
legal,
aparece
bastante
menos
invasiva
y
de
menor
riesgo
para
la
mujer
y,
por
lo
tanto,
es
una
alternativa
preferible.
Tal
como
lo
expone
Clancy
22,
es
difícil
lograr
consenso
respecto
de
qué
se
considera
limitación
tan
relevante
como
para
justificar
realizar
DGP
y
posterior
descarte
de
los
embriones
afectados,
aunque
hace
una
propuesta
del
tipo
de
condiciones
en
las
171
cuales
se
justificaría
realizar
este
examen
(ver
Tabla
1).
La
pregunta
relevante
es
si
es
mejor
no
nacer
que
hacerlo
con
esta
susceptibilidad
a
enfermar
o
con
discapacidad;
dependiendo
de
la
respuesta
a
esta
pregunta,
se
podrá
justificar
o
no
el
realizar
FIV/ICSI
y
posterior
DGP.
Tabla
1.
Condiciones
para
justificar
diagnóstico
genético
prenatal
o
pre
implantacional
Valoración
del
impacto
de
la
condición
para
el
individuo
afectado
y
su
familia.
Consideraciones
personales
y
experiencia
de
la
mujer/pareja
con
la
condición.
Nivel
de
riesgo
de
tener
un
hijo
afectado
por
la
condición.
Estado
de
desarrollo
embrionario
en
el
cual
se
puede
realizar
el
diagnóstico
(considerando
no
solo
DGP
sino
que
también
diagnóstico
prenatal).
Adaptado
de
Clancy
Algunos
argumentarán
que
el
uso
del
DGP
permite
que
parejas
que
en
otras
condiciones
hubiesen
optado
por
no
tener
hijos
(por
el
riesgo
elevado
de
tener
hijos
afectados
por
la
condición
y/o
por
el
riesgo
de
traspasar
la
condición
a
la
descendencia),
ahora
puedan
reproducirse;
otros
han
considerado
que
existe
una
fuerte
obligación
moral
de
prevenir
el
sufrimiento
en
los
futuros
hijos
y
los
padres
pueden
sentir
la
responsabilidad
de
evitar
que
sus
hijos
sean
sometidos
a
intervenciones
frecuentes
o
exámenes
invasivos
para
prevenir
el
desarrollo
de
una
condición
que
se
expresa
en
la
adultez.
Por
lo
tanto,
el
hecho
que
la
condición
se
exprese
tardíamente
no
sería
moralmente
relevante
para
tomar
la
decisión
de
permitir
o
no
DGP.
23
Otros
han
propuesto
que
una
manera
de
dirimir
respecto
de
qué
condiciones
genéticas
justifican
realizar
DGP
sería
tomando
en
consideración
el
grado
de
complicaciones
médicas
y
sociales
asociadas.
No
obstante,
en
la
práctica
se
ha
visto
que
es
imposible
lograr
un
consenso
respecto
de
cómo
se
definiría
a
una
condición
genética
como
“seria”,
puesto
que
la
valoración
de
estos
aspectos,
la
carga
médica
y
social,
dependerán
muchas
veces
de
factores
externos
(por
ejemplo,
acceso
a
seguridad
social,
financiamiento
de
tratamientos
necesarios
por
parte
del
Estado,
red
de
apoyo,
entre
múltiples
otros
factores).
Como
ya
mencionamos,
la
estrategia
que
ha
seguido
el
Reino
Unido
es
elaborar
recomendaciones
específicas
respecto
de
qué
alteraciones
son
consideradas
como
carga
excesiva
para
justificar
el
DGP
24,
prohibiendo
el
uso
de
la
técnica
en
condiciones
que
no
están
en
dicho
listado,
lo
que
a
nuestro
juicio
es
un
límite
razonable
a
la
autonomía
de
los
padres.
En
todo
caso,
es
importante
señalar
que
el
elemento
crucial
para
plantear
esta
técnica
no
es
la
visión
eugenésica
de
erradicar
la
enfermedad
de
la
humanidad,
sino
que
evitar
a
los
futuros
hijos
la
carga
que
significa
esta
enfermedad
y
la
posibilidad
a
su
vez
de
traspasarla
a
la
descendencia.
25
Existe
otro
argumento
poderoso
en
contra
de
evitar
de
manera
sistemática
que
se
produzcan
nacimientos
con
personas
con
discapacidad,
pero
que
pueden
crecer
y
desarrollarse
interactuando
con
su
medio,
como
sería
el
caso
de
DGP
para
evitar
transferir
,
embriones
con
trisomía
XXI,
como
lo
propone
Adrienne
Asch
en
una
serie
de
artículos
sobre
DGP
y
discapacidad.
26 27
Ella
argumenta
a
favor
de
una
perspectiva
“pro-‐elección”
por
parte
de
las
mujeres,
pero
sugiere
que
el
uso
no
reflexivo
de
estos
tests
prenatales
disminuiría
en
realidad
las
posibilidades
de
elección
de
las
mujeres,
puesto
que
esta
posibilidad
que
otorga
la
técnica
se
funda
en
percepciones
erróneas
respecto
de
cuál
es
el
impacto
real
de
la
discapacidad.
En
uno
de
sus
artículos
señala
que
mientras
la
sociedad
se
opone,
en
general,
al
uso
de
estos
tests
para
seleccionar
niños
o
niñas
y
potencialmente
lo
haría
si
se
desarrollan
tests
diagnósticos
para
seleccionar
embriones
que
expresen
una
determinada
orientación
sexual,
promueve
en
cambio
los
esfuerzos
que
realizan
las
personas
para
evitar
el
nacimiento
de
niños
con
discapacidad,
puesto
que
tanto
la
medicina
como
la
salud
pública
visualizan
la
discapacidad
de
una
manera
muy
negativa,
que
sería
“incompatible
con
una
vida
satisfactoria”.
Su
oposición
moral
a
las
172
pruebas
de
selección
genética
para
evitar
nacimiento
de
niños
con
discapacidad
se
funda
en
su
convicción
de
que
la
vida
con
discapacidad
vale
la
pena
y
en
la
creencia
de
que
una
sociedad
justa
debe
apreciar
y
nutrir
la
vida
de
todas
las
personas,
independiente
de
cual
es
el
legado
que
reciben
de
la
“lotería
natural”.
En
este
sentido,
Asch
argumenta
que
muchos
de
los
problemas
asociados
a
tener
una
discapacidad
se
originan
de
constructos
sociales
que
son
modificables,
así
como
en
el
pasado
las
personas
homosexuales
encontraron
dificultades
no
por
su
condición
per
se,
sino
que
por
las
dificultades
que
encontraron
en
su
entorno.
Uso
de
DGP
para
selección
de
“hermano
compatible”
Existen
ciertas
enfermedades
cuyo
único
tratamiento
conocido
es
el
efectuar
transplante
de
células
madres
hematopoyéticas
tales
como
algunos
tipos
de
anemias
(anemia
de
Falconi,
anemia
aplástica,
anemia
de
Diamond-‐Blackfan),
talasemia,
leucemias,
linfomas,
entre
otras.
En
estos
casos,
padres
de
niños
afectados
por
la
condición
pueden
querer
tener
un
hermano
compatible
que
sirva
de
potencial
donante
de
células
de
cordón
umbilical
o
médula
ósea,
para
lo
cual
recurren
al
DGP
para
tipificar
el
sistema
de
antígenos
leucocitarios
humanos
(HLA).28
Como
es
comprensible,
este
tipo
de
selección
genética,
llamada
coloquialmente
“hermano
salvador”
o
“bebé
medicamento”,
ha
producido
importante
discusión
ética,
principalmente
por
los
intereses
en
conflicto
entre
el
hermano
enfermo
que
puede
recibir
un
tratamiento
potencialmente
curador,
y
aquellos
del
bebé
que
será
seleccionado
como
donante
de
células
hematopoyéticas,
además
del
problema
de
la
destrucción
de
embriones
sanos,
por
el
solo
hecho
de
no
expresar
el
HLA
adecuado
y
los
eventuales
riesgos
de
repetidos
ciclos
de
estimulación
ovárica,
en
mujeres
que
no
son
infértiles.29
En
todos
los
casos
en
que
se
ha
reportado
el
uso
de
DGP
para
estos
fines,
la
primera
indicación
es
evitar
transferir
un
embrión
que
exprese
la
enfermedad
(por
ej,
B
talasemia)
y
luego
seleccionar,
entre
aquellos
sanos,
el
que
tenga
la
mejor
histocompatibilidad
con
el
hermano
afectado
por
la
condición.30
La
técnica
se
ha
expandido
para
hacer
DGP
con
el
fin
exclusivo
de
seleccionar
el
embrión
que
expresa
la
mejor
histocompatibilidad
con
el
hermano
afectado
de
condiciones
no
genéticas,
como
por
ejemplo,
cierto
tipo
de
leucemia.
Algunos
argumentos
en
contra
de
este
uso
del
DGP
se
fundan
en
el
imperativo
kantiano
“Obra
de
tal
modo
que
uses
la
humanidad,
tanto
en
tu
persona
como
en
la
de
cualquier
otro,
siempre
como
un
fin,
y
nunca
solo
como
un
medio”,
pero
como
muy
bien
lo
reconocen
los
críticos
a
este
argumento,
los
padres
tienen
múltiples
razones
para
querer
reproducirse,
que
no
siempre
consideran
al
hijo
como
un
fin
y,
por
otra
parte,
el
seleccionar
de
esta
manera
al
embrión
histocompatible
no
significa
que
ese
hijo
no
vaya
a
ser
querido,
por
lo
que
no
son
solo
un
medio.
31
A
pesar
de
ello,
el
uso
de
esta
técnica
sigue
planteando
el
dilema
de
qué
hacer
con
los
embriones
sanos,
pero
que
no
son
histocompatibles.
El
reciente
fallo
de
la
CIDH
podría
zanjar
este
asunto,
al
establecer
que
la
protección
al
producto
de
la
fecundación
comienza
luego
de
la
implantación
y
no
antes,
aunque
otras
legislaciones,
como
la
chilena,
no
permiten
destrucción
de
embriones.
La
alternativa
de
donarlos,
que
se
considera
para
embriones
criopreservados
que
no
serán
utilizados
por
la
pareja
progenitora,
no
sería
factible
toda
vez
que
estos
embriones
han
experimentado
una
biopsia
cuyas
consecuencias
a
largo
plazo
aún
se
desconocen.
El
Consenso
de
la
Sociedad
Europea
de
Reproducción
Humana
y
Embriología
señala
que
el
uso
de
DGP
para
producir
un
hermano
con
haplotipo
compatible
para
curar
a
un
niño
que
tiene
una
enfermedad
severa
es
admisible,
aunque
debido
a
la
relativa
baja
tasa
de
éxito
del
procedimiento,
no
sería
apropiado
recomendarla
en
parejas
con
problemas
de
infertilidad
o
edad
materna
avanzada.
Dado
lo
expuesto,
los
principales
reparos
éticos
para
este
uso
del
DGP
provendrán
de
la
particular
visión
que
se
tenga
respecto
del
grado
de
protección
que
merece
el
embrión
humano,
para
lo
cual
no
hay
consenso.
En
todo
caso,
si
ya
se
acepta
realizar
DGP
para
no
seleccionar
un
embrión
afectado
por
la
condición
genética
que
se
desea
evitar,
elegir
entre
los
embriones
sanos
remanentes
aquél
que
mejor
exprese
histocompatibilidad
con
el
hermano
enfermo,
no
daña
a
nadie
y
produce
potencialmente
un
bien.
Cabe
señalar,
sin
embargo,
que
la
173
eficiencia
de
la
técnica
es
relativamente
baja,
como
lo
muestra
un
reporte
de
9
familias
que
buscaron
un
hermano
sano,
para
lo
cual
se
fecundaron
199
embriones,
se
seleccionaron
45
y
solo
nacieron
5.32
Usos
controversiales
del
DGP
Existen
otros
potenciales
usos
del
DGP
que
son
más
controversiales
o
que
directamente
están
prohibidos,
los
que
se
discutirán
brevemente
a
continuación.
DGP
para
selección
positiva
de
gen
defectuoso
La
búsqueda
de
una
pareja
de
lesbianas
sordas,
de
un
donante
de
semen
sordo
con
quien
engendrar
un
hijo
también
sordo,
produjo
comprensible
debate
bioético.
La
historia
da
cuenta
que
esta
pareja
había
buscado
un
donante
de
semen
sordo,
pero
dado
que
la
mayoría
de
los
bancos
de
semen
rechazan
recibir
donantes
con
estas
características,
habían
tenido
dos
hijos
con
un
amigo
con
una
historia
de
sordera
familiar.33
En
este
caso,
la
pareja
que
era
fértil
buscaba
aumentar
la
posibilidad
de
tener
un
hijo
de
estas
características;
de
hecho,
algunos
trabajos
muestran
que
aproximadamente
un
90%
de
las
personas
que
se
identifican
con
la
cultura
de
los
sordos,
eligen
parejas
sordas.34
Si
solo
consideramos
el
respeto
a
la
autonomía
de
los
padres,
debiese
permitirse
que
accedan
a
FIV
(sean
o
no
infértiles)
y
puedan
usar
DGP
para
seleccionar
el
embrión
con
la
mutación
deseada.
Pero
si
pensamos
además
en
el
futuro
de
este
niño,
podemos
preguntarnos
si
en
esta
elección
de
un
hijo
con
sordera,
existe
un
menoscabo
al
niño,
para
lo
cual
existen
argumentos
a
favor
y
otros
en
contra.
Nuestra
postura
es
que
no
debiera
permitirse
⎯ex
profeso⎯
buscar
tener
un
hijo
con
determinado
handicap
negativo.
Al
respecto,
el
Consenso
Europeo
señala
que
el
funcionamiento
de
este
niño
en
la
sociedad
se
vería
alterado
por
esta
discapacidad,
lo
que
iría
en
contra
de
la
autonomía
del
futuro
niño.35
La
petición
de
padres
que
tienen
una
discapacidad
genética
para
seleccionar
un
embrión
que
exprese
dicha
condición
produce
razonable
preocupación
del
equipo
médico.
Al
respecto,
la
HFEA
no
permite
realizar
DGP
para
estos
fines,
en
la
medida
que
esto
signifique
dejar
de
lado
embriones
sanos,
aunque
no
prohíbe
que
se
puedan
transferir
aquellos
con
la
condición
si
son
los
únicos
disponibles
36.
El
debate
bioético
se
ha
enfocado
como
un
conflicto
entre
beneficencia
y
autonomía;
no
obstante,
tal
como
lo
propone
Davis,
el
enfoque
debiese
ser
entre
el
respecto
a
la
autonomía
reproductiva
de
los
padres
y
la
autonomía
futura
del
hijo,
quien
merece
tener
“un
futuro
abierto”.
37
Uso
de
DGP
para
selección
social
de
sexo
Prácticamente
todas
las
legislaciones,
normas
y
recomendaciones
prohíben
expresamente
el
uso
de
DGP
para
selección
del
sexo
del
embrión
por
razones
sociales,
permitiéndola
solo
para
evitar
una
enfermedad
ligada
al
sexo;
esta
es
también
la
posición
de
la
Federación
Internacional
de
Ginecología
y
Obstetricia
(FIGO.)38
El
argumento
se
base
en
la
desventaja
que
habitualmente
encuentran
la
mayoría
de
las
mujeres
“en
cuanto
al
disfrute
de
derechos
económicos,
sociales,
educativos,
sanitarios
y
otros”
y
los
abusos
sistemáticos
que
han
ocurrido
por
el
deseo
de
seleccionar
sexo,
como
abortos
selectivos
de
fetos
femeninos
e
infanticidio
femenino
y
descuido
de
las
niñas.
Existe
preocupación
de
que
la
selección
de
sexo
se
realice
en
base
a
supuestas
características
que
desean
los
padres,
“en
lugar
de
considerar
a
los
niños
como
un
fin
por
sí
mismos”.
Es
interesante
señalar
que
en
estas
directrices,
FIGO
no
establece
diferencias
éticas
entre
usar
DGP
para
selección
social
de
sexo
o
realizar
aborto
selectivo
por
igual
motivo;
argumenta
que
la
libertad
reproductiva
tiene
como
límite
la
discriminación
sexual,
instando
a
proteger
la
igualdad
de
mujeres
y
niños.
No
obstante,
este
argumento
de
no
discriminación
no
se
sostiene
si
se
restringe
esta
técnica
para
elección
del
segundo
hijo
y
174
no
para
el
primero;
si
solo
se
permite
cuando
existe
en
la
familia
un
desbalance
entre
ambos
sexos
y
cuando
siempre
se
obligue
a
elegir
el
sexo
que
está
en
minoría,
como
propone
Pennings.39
Otro
argumento
a
favor
de
la
selección
social
de
sexo
es
el
respeto
a
la
autonomía
de
la
pareja
que,
por
ejemplo,
desea
tener
solo
un
hijo
y
que
este
sea
de
un
determinado
sexo,
en
la
medida
que
esta
decisión
no
dañe
a
terceros.
Asimismo,
se
considera
adecuado
que
las
parejas
deseen
tener
una
familia
balanceada,
con
hijos
de
ambos
sexos,
puesto
que
no
es
lo
mismo
criar
niños
que
niñas;
incluso
algunas
legislaciones,
como
la
israelí,
permiten
la
selección
de
sexo
cuando
los
padres
ya
tienen
cuatro
o
más
hijos
de
un
mismo
sexo.40
Pennings
señala
que
en
esta
decisión
debe
siempre
prevalecer
la
razón
médica
por
sobre
la
no-‐médica
y
que
las
razones
no
médicas
no
deben
obtener
financiamiento
estatal
ni
tampoco
deben
utilizar
recursos
técnicos
escasos
en
desmedro
de
parejas
que
requieren
DGP
por
razones
médicas
e
incluso
propone
una
suerte
de
impuesto
que
sea
pagado
por
estas
parejas,
que
vaya
en
beneficio
de
otros
que
no
pueden
financiar
estas
técnicas.41
En
su
interesante
argumento,
considera
que
no
existen
diferencias
moralmente
relevantes
entre
los
deseos
de
tener
un
hijo
sano
y
que
este
sea
genéticamente
relacionado
(deseo
que
la
mayoría
de
las
sociedades
consideran
adecuados
por
lo
que
permiten
las
TRA)
o
que
sea
de
un
determinado
sexo.
No
obstante,
a
nuestro
parecer,
son
más
las
objeciones
éticas
a
esta
práctica,
que
no
se
resuelven
mediante
simples
acuerdos
económicos,
por
lo
que
tal
como
lo
propone
FIGO,
no
debiese
ser
permitido
utilizar
una
compleja
técnica
médica
por
meros
fines
sociales.
Otro
argumento
en
contra
de
la
selección
social
de
sexo
lo
da
McDougall,
al
proponer
un
argumento
desde
la
ética
de
la
virtud,
según
la
cual
un
acto
sería
correcto
si
es
lo
que
“el
padre
virtuoso”
haría
para
lograr
el
florecimiento
del
hijo.42
Por
último,
cabe
señalar
que
esta
práctica
implica
necesariamente
descarte
de
embriones
sanos
por
no
cumplir
con
la
proyección
del
ideal
de
hijo
que
desea
la
pareja,
lo
que
no
es
aceptable
por
aquellos
que
consideran
que
el
embrión
humano
posee
valor.
A
nuestro
parecer,
las
principales
objeciones
a
la
selección
de
sexo
por
motivos
sociales
se
mantienen,
aún
cuando
se
seleccionen
espermatozoides
y
no
embriones.
Conclusiones
y
recomendaciones
para
una
propuesta
legislativa
Una
vez
que
se
ha
aceptado
que
es
lícito
que
las
personas
que
no
pueden
concebir
hijos
sin
la
asistencia
médica
puedan
hacer
uso
de
los
avances
que
provee
la
ciencia,
los
que
incluyen
FIV/ICSI
y
criopreservación
de
embriones
remanentes,
parece
razonable
elegir
aquellos
que
con
mayor
probabilidad
lograrán
permitirán
el
nacimiento
de
un
recién
nacido
vivo.
En
este
sentido,
el
uso
de
técnicas
de
diagnóstico
genético
preimplantacional
permiten
aumentar
la
posibilidad
de
lograr
un
embarazo
exitoso,
cumpliendo
así
con
el
deber
primario
del
médico
hacia
la
persona
o
pareja
que
busca
tener
un
hijo.
El
poder
seleccionar
embriones
que
no
expresan
una
condición
genética
letal
o
que
confiere
grave
sufrimiento
al
futuro
hijo,
no
solo
respeta
la
autonomía
reproductiva
de
los
padres,
sino
que
también
se
puede
argumentar
que
es
un
acto
beneficiente
respecto
de
los
futuros
hijos
(los
con
enfermedad
mortal,
porque
les
evita
el
sufrimiento
asociado
a
la
condición
y
a
los
sanos,
porque
les
aumenta
la
posibilidad
de
ser
transferidos
y
poder
desarrollarse
y
nacer).
No
obstante,
el
descarte
de
embriones
que
expresan
riesgos
futuros
de
enfermar
o
porque
darán
origen
a
niños
con
discapacidad
(por
ej,
síndrome
de
Down),
plantean
serios
cuestionamientos
éticos.
A
su
vez,
el
solo
deseo
de
los
padres
de
tener
un
hijo
de
determinado
sexo
(selección
de
sexo
por
causa
social),
o
para
seleccionar
fenotipos
con
iguales
características
que
los
progenitores
(ie.
sordera)
o
potencial
selección
de
características
deseables,
parece
argumento
insuficiente
para
justificar
realizar
FIVy
DGP.
En
consecuencia,
dado
el
avance
del
conocimiento
en
esta
materia
y
el
potencial
uso
de
las
técnicas
de
DGP
para
aumentar
las
posibilidades
de
éxito
reproductivo,
una
propuesta
legislativa
de
TRA
debiese
necesariamente
contemplar
DGP,
con
sus
indicaciones
bien
precisas;
debiese
prohibir
su
uso
para
fines
sociales,
no
médicos
y
se
debiese
establecer
un
debate
amplio
para
determinar
qué
175
condiciones
no
letales
justificarían
realizar
este
procedimiento,
tomando
en
consideración
otro
tipo
de
valores
(por
ejemplo,
no
discriminación),
además
de
la
autonomía
reproductiva
de
los
padres.
Referencias
bibliográficas
1
Artavia
Murillo
y
otros
(“Fecundación
in
vitro”)
vs.
Costa
Rica.
Resumen
oficial
emitido
por
la
Corte
Interamericana
de
la
sentencia
de
28
de
noviembre
de
2012
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preliminares,
fondo,
reparaciones
y
costas).
Disponible
en
2
Fabres
C,
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Zegers-‐Hochschild
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3
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and
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Technology
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marzo
2005.
4
Basille
C,
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Hesters
L,
Fanchin
R,
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G,
Steffann
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M,
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5
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Reproductive
Technologies,
obra
citada.
6
Montag
M,
van
der
Ven
K,
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B,
van
der
Ven
H.
Polar
body
biopsy:
a
viable
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to
preimplantation
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diagnosis
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18
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7
Basille
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8
Human
Fertilisations
and
Embriology
Authority.
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conditions
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by
the
HFEA.
Disponible
en
http://guide.hfea.gov.uk/pgd/.
Fecha
acceso
25
octubre
de
2014.
9
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos,
adoptada
y
proclamada
por
la
Asamble
General
de
las
Naciones
Unidas,
en
su
resolución
217
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Disponible
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http://www.un.org/es/documents/udhr/.
Fecha
de
acceso
20
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2014.
10
Declaración
Universal
sobre
Bioética
y
Derechos
Humanos
de
la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
Educación,
Ciencia
y
la
Cultura,
promulgada
el
año
2005.
Disponible
en
http://portal.unesco.org/es/ev.php-‐URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Fecha
de
acceso,
20
octubre
2014.
11
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales.
Adoptado
y
abierto
a
la
firma,
ratificación
y
adhesión
por
la
Asamblea
General
en
su
Resolución
2200
A
(XXI),
de
16
de
diciembre
de
1966.
Entrada
en
vigor:
3
de
enero
de
1976,
de
conformidad
con
el
artículo
27.
Disponible
en
www.migracion.gob.bo/web/upload/ddhh5.pdf.
Fecha
de
acceso
el
20
octubre
2014.
12
Caso
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Costa
y
Pavan
vs
Italia.
Corte
Europea
de
Derechos
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Estrasburgo
2012.
Disponible
en
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-‐112993.
Fecha
de
acceso
24
de
octubre
2014.
13
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos.
Tribunal
Europeo
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Derechos
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Vilnius
2002.
Disponible
en
www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf.
Fecha
de
acceso
23
octubre
de
2014.
14
Normas
Uniformes
sobre
la
igualdad
de
oportunidades
para
las
personas
con
discapacidad.
Aprobadas
por
la
Asamblea
General
de
las
Naciones
Unidas,
el
20
de
diciembre
de
1993,
resolución
48/96.
Disponible
en
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498.
Fecha
de
acceso
20
octubre
2014.
15
Convenio
sobre
los
derechos
humanos
y
la
Biomedicina,
promulgado
por
el
Consejo
de
Europa,
Oviedo,
abril
de
1997.
Disponible
en
www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf.
Fecha
de
acceso
20
octubre
2014.
16
Declaración
Universal
sobre
Genoma
Humano
y
Derechos
Humanos.
Aprobada
por
la
Conferencia
General
de
la
UNESCO,
11
noviembre
1997.
Disponible
en
http://portal.unesco.org/es/ev.php-‐URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Fecha
de
acceso
23
octubre
de
2014.
17
Ley
20.120
Sobre
la
investigación
Científica
en
el
Ser
Humano,
su
Genoma
y
Prohíbe
la
Clonación.
Promulgada
el
7.07.2006
por
el
Ministerio
de
Salud
de
Chile.
Disponible
en
Biblioteca
Nacional
del
Congreso:
176
http://www.leychile.cl/Consulta/listaresultadosavanzada?stringBusqueda=2%23normal%23XX1||3%23normal%2320120||117%23normal%23on||
48%23normal%23on&tipoNormaBA=&o=experta.
Fecha
acceso
22
octubre
2014.
18
Reglamento
de
la
Ley
Nº
20.120,
Sobre
la
investigación
Científica
en
el
Ser
Humano,
su
Genoma
y
Prohíbe
la
Clonación.
Última
modificación
del
14-‐enero
2013,
Decreto
30.
Disponible
en
http://bcn.cl/1m19s.
Fecha
acceso
el
22
octubre
2014.
19
Ley
20.609
Establece
medidas
contra
la
discriminación.
Promulgada
por
el
Ministerio
Secretaría
General
de
Gobierno
el
12
julio
2012.
Disponible
en
http://bcn.cl/1m02k.
Fecha
de
acceso
25
octubre
de
2014.
20
Fija
el
texto
refundido,
coordinado
y
sistematizado
de
la
Constitución
Política
de
la
República
de
Chile.
Ministerio
Secretaría
General
de
la
Presidencia.
Promulgada
el
17
septiembre
2005.
Disponible
en
http://bcn.cl/1du9r.
Fecha
de
acceso
25
de
octubre
de
2014.
21
Zegers-‐Hochschild,
Crosby
JA,
Salas
SP.
Fundamentos
biomédicos
y
éticos
de
la
criopreservación
de
embriones.
Rev
Med
Chile
2014;
142:
896-‐
902.
22
Clancy
T.
A
clinical
perspective
on
ethical
arguments
around
prenatal
diagnosis
and
preimplantation
genetic
diagnosis
for
later
onset
inherited
cancer
predispositions.
Familial
Cancer
2010;
9:9–14
23
Clancy
T.
Obra
citada
24
Human
Fertilisations
and
Embriology
Authority.
Obra
citada.
25
Shenfield
F,
Pennings
G,
Devroey
P,
Sureau
C,
Tarlatzis
B,
Cohen
J.
Taskforce
5:
preimplantation
genetic
diagnosis.
Hum
Reprod
2003;
18:
649-‐51.
26
Asch
A.
Prenatal
Diagnosis
and
Selective
Abortion:
A
Challenge
to
Practice
and
Policy.
American
Journal
of
Public
Health
1999;
89:1649-‐57.
27
Asch
A
&
Geller
G.
Feminism,
Bioethics
and
Genetics
(1996).
In
S.
M.
Wolf
(Ed.),
Feminism
and
Bioethics:
Beyond
Reproduction
(pp.
318-‐350).
New
York:
Oxford
University
Press.
28
Arango
Restrepo
A,
Sánchez
Abad
JS,
Pastor
LM.
Diagnóstico
genético
preimplantatorio
y
el
“bebé
medicamento”:
Criterios
éticos
encontrados
en
la
literatura
biomédica
y
bioética.
Cuad.
Bioét.
XXIII
2012;
201:
301-‐320.
29
Magalhães
S,
Carvalho
AS.
Searching
for
otherness:
the
view
of
a
novel.
Hum
Reprod
Genet
Ethics.
2010;16(2):139-‐64.
30
Boyle
RJ
y
Savulescu
J.
Ethics
of
using
preimplantation
genetic
diagnosis
to
select
a
stem
cell
donor
for
an
existing
person.
BMJ
2001;
323:
1240–
1243.
31
Boyle
RJ.
Obra
citada.
32
Arango
Restrepo.
Obra
citada.
33
Couple
'choose'
to
have
deaf
baby.
BBC
news,
8
abril
2002.
Disponible
en
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1916462.stm.
Fecha
de
acceso
24
octubre
2014.
34
Marin
RS,
Arnos
KS.
Ethical
Issues
in
Genetics
Related
to
Hearing
Loss.
The
ASHA
Leader
2006.
Disponible
en
http://www.asha.org/publications/leader/2006/060228/f060228b.htm.
Fecha
de
acceso
23
de
octubre
2014.
35
Shenfield
F.
Obra
citada.
36
Human
Fertilisations
and
Embriology
Authority.
Obra
citada.
37
Davis
DS.
Genetic
dilemmas
and
the
child’s
right
to
an
open
future.
Hastings
Cent
Rep
1997;
27:7–15.
38
FIGO
Committee
for
the
Ethical
Aspects
of
Human
Reproduction
and
Women's
Health.
Ethical
guidelines
on
sex
selection
for
non-‐medical
purposes.
Intl
J
Gynaecol
Obstet.
2006;92:329-‐330.
39
Pennings
G.
Personal
desires
of
patients
and
social
obligations
of
geneticists:
applying
preimplantation
genetic
diagnosis
for
non-‐medical
sex
selection.
Prenat
Diagn
2002;
22:
1123–1129.
40
King
LP.
Sex
selection
for
nonmedical
reasons.
Virtual
Mentor
2007;
9:418-‐422.
177
41
Pennings
G.
Obra
citada.
42
McDougall
R.
Acting
parentally:
an
argument
against
sex
selection.
J
Med
Ethics
2005;
31:601–605.
Nota.
El
presente
artículo
tiene
directa
relación
con
los
aspectos
tratados
en
el
trabajo
de
idéntico
nombre,
desarrollado
en
el
marco
de
la
Beca
Fogarty
2014,
con
sede
en
FLACSO,
Argentina.
178
TRATAMIENTO
DEL
CUERPO
HUMANO
EN
EL
NUEVO
PARADIGMA
DE
LA
LEGISLACIÓN
CIVIL
Y
COMERCIAL
ARGENTINA
Adolfo
Saglio
Zamudio
Abogado
–
UBA.
Profesor
ordinario
de
Práctica
Forense
Laboral
-‐
UBA.
Doctorando
–
UMSA.
Profesor
invitado
en
la
Maestría
en
Bioética
–
UMSA
Andrea
Stefanutto
Abogada
–
UBA.
Especialista
en
Derecho
del
Trabajo-‐UBA.
Especialista
en
Derecho
Administrativo-‐UBA
Teodora
Zamudio
Abogada
y
Doctora
en
Filosofía
del
Derecho
–
UBA.
Profesora
ordinaria
en
UBA,
UNLZ.
Directora
del
Doctorado
en
Ciencias
Sociales
y
Jurídicas
UMSA
Antecedentes
El
anterior
CCiv.
carecía
de
una
norma
explícita
del
tenor
de
la
establecida
ahora
en
el
CCivCom.1
La
persona
es
condición
de
operatividad
del
ordenamiento
jurídico.
Justamente,
por
y
para
proteger
a
la
persona
es
que
la
ley
protege
su
cuerpo.
La
personalidad
que
“es”
en
el
cuerpo
justifica
la
protección
jurídica
de
éste
y
de
su
integridad.
2
El
cuerpo
no
es
una
individualidad
de
la
que
la
persona
es
propietaria
sino
un
requisito
que
permite
que
la
persona
humana
exista
jurídicamente
y
se
vincule
(adquiera
derechos
y
contraiga
obligaciones).
Así
entonces,
el
cuerpo
y
sus
partes
son
objeto
fuera
de
comercio,
protegidos
por
la
norma
jurídica
mientras
y
en
tanto
la
persona
lo
habite.
Sin
embargo
la
norma
no
puede
ser
leída
a
solas.
Será
⎯y
ya
lo
es⎯
refinada
por
leyes
especiales,
tal
como
la
ley
de
trasplante
de
órganos
y
materiales
anatómicos;3
el
nuevo
CCivCom
argentino
que
decreta
la
inviolabilidad
de
la
persona
humana4
y
la
prohibición
de
los
actos
que
ocasionen
una
disminución
permanente
de
la
integridad
del
cuerpo
o
resulten
contrarios
a
la
ley,
la
moral
o
las
buenas
costumbres,5
tampoco
pueden
ser
objeto
de
los
contratos
los
derechos
sobre
el
cuerpo
humano.6
Más
discutible
resulta
la
prohibición
de
alterar
el
patrimonio
genético
heredable,7
volveremos
sobre
el
tema.
1
Artículo
17
Los
derechos
sobre
el
cuerpo
humano
o
sus
partes
no
tienen
un
valor
comercial,
sino
afectivo,
terapéutico,
científico,
humanitario
o
social
y
solo
pueden
ser
disponibles
por
su
titular
siempre
que
se
respete
alguno
de
esos
valores
y
según
lo
dispongan
las
leyes
especiales.
del
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Argentina.
Ley
26.994,
publicada
en
Boletín
Oficial
Nº
32.985
del
08
de
octubre
de
2014,
que
entrará
a
regir
el
1°
de
Agosto
de
2016.
2
En
contrario,
BROEKMAN,
J.,
Encarnaciones.
Bioética
en
formas
jurídicas.
Editorial
Quirón,
La
Plata,
1994,
p.
34;
quien
afirma:
“cada
ser
humano
se
convierte
en
portador
de
una
individualidad,
el
propietario
de
una
individualidad
y,
en
tanto
individuo,
propietario
de
sí
mismo”.
Asimismo:
EDELMAN,
B.
Le
droit
saisi
par
la
photographie,
Editorial
Flammarion,
Paris,
1973
y
DIJON,
X.
Le
sujet
de
droit
en
son
corps,
Editorial
Larcier,
Bruselas,
1982;
citados
por
Broekman.
3
Ley
24.193,
actualizada
por
las
leyes
25.281
B.O.
02/08/2000,
y
26.006,
B.O.
22/12/2005.
4
Articulo
51.-‐
Inviolabilidad
de
la
persona
humana.
La
persona
humana
es
inviolable
y
en
cualquier
circunstancia
tiene
derecho
al
reconocimiento
y
respeto
de
su
dignidad.
5
Articulo
56.-‐
Actos
de
disposición
sobre
el
propio
cuerpo.
Están
prohibidos
los
actos
de
disposición
del
propio
cuerpo
que
ocasionen
una
disminución
permanente
de
su
integridad
o
resulten
contrarios
a
la
ley,
la
moral
o
las
buenas
costumbres,
excepto
que
sean
requeridos
para
el
mejoramiento
de
la
salud
de
la
persona,
y
excepcionalmente
de
otra
persona,
de
conformidad
a
lo
dispuesto
en
el
ordenamiento
jurídico.La
ablación
de
órganos
para
ser
implantados
en
otras
personas
se
rige
por
la
legislación
especial.
El
consentimiento
para
los
actos
no
comprendidos
en
la
prohibición
establecida
en
el
primer
párrafo
no
puede
ser
suplido,
y
es
libremente
revocable.
Nuevo
CCivCom
argentino
6
Articulo
279.-‐
Objeto.
El
objeto
del
acto
jurídico
no
debe
ser
un
hecho
imposible
o
prohibido
por
la
ley,
contrario
a
la
moral,
a
las
buenas
costumbres,
al
orden
público
o
lesivo
de
los
derechos
ajenos
o
de
la
dignidad
humana.
Tampoco
puede
ser
un
bien
que
por
un
motivo
especial
se
haya
prohibido
que
lo
sea.
Nuevo
CCivCom
argentino,
y
más
específicamente
el
Articulo
1004.-‐
Objetos
prohibidos.
No
pueden
ser
objeto
de
los
contratos
los
hechos
que
son
imposibles
o
están
prohibidos
por
las
leyes,
son
contrarios
a
la
moral,
al
orden
público,
a
la
dignidad
de
la
persona
179
Advertía
ya
Orgaz
que
el
cuerpo
de
una
persona
viva
no
es,
ni
en
el
todo
ni
en
cualesquiera
de
sus
partes,
aún
de
aquellas
renovables,
una
“cosa”
en
el
sentido
jurídico
de
objeto
material
susceptible
de
apreciación
económica,
y
por
lo
tanto
eran
nulos
los
8
actos
que
tuviesen
por
objeto
el
cuerpo
humano
o
sus
partes
no
separadas
del
mismo.
Pero,
continuaba
Llambías,
luego
de
la
separación
del
cuerpo
de
algunas
partes
renovables
del
mismo,
tales
elementos
pueden
ser
objeto
de
actos
jurídicos,
con
tal
que
la
separación
y
el
acto
ulterior
se
haya
efectuado
por
la
voluntad
del
propio
interesado
o
de
las
personas
autorizadas
para
suplir
su
voluntad.9
Esta
protección
de
la
vida
(en
el
“cuerpo
personal”
del
sser
humano)
llevaba
ya
consigo
la
protección
de
la
salud,
comprendida
y
10
contemplada
en
aquélla
y
mientras
que
la
misma
sea .
Sin
embargo,
la
indisponibilidad
no
era
(ni
es)
absoluta:
se
incluían
(e
incluyen)
los
principios
racionales
necesarios
para
hacer
una
elección
o
para
tomar
decisiones
en
las
situaciones
dilemáticas.11
Así,
los
centros
científicos
de
enseñanza
que
hacen
uso
de
los
restos
humanos.
La
disposición
pos-‐mortem
del
cuerpo
humano
y
sus
partes
es
una
evidencia
de
que
deben
ser
vistos
como
“reshumana”
y
no
objetos
cualesquiera
de
uso,
por
el
significado
afectivo
que
en
la
memoria
se
dispensa
al
ser
humano
por
quienes
establecieron
vínculos
emocionales
con
él,12
y
la
propia
voluntad
de
la
persona,
expresada
en
vida.
Así,
la
disposición
posterior
al
deceso
está
también
regulada
expresamente.13
En
todos
los
casos
en
que
el
cuerpo
humano
sea
objeto
de
intervención
de
cualesquiera
de
las
permitidas
(investigaciones
científicas,
directivas
médicas
anticipadas)
exigen
el
consentimiento
informado
previo
sobre
los
procedimientos,
beneficios
esperables,
riesgos
y
otros
efectos,
como
así
también
el
derecho
a
atención
médica
para
las
derivaciones
colaterales
o
evenetuales
propias
del
estado
de
salud
de
la
persona.14
humana,
o
lesivos
de
los
derechos
ajenos;
ni
los
bienes
que
por
un
motivo
especial
se
prohíbe
que
lo
sean.
Cuando
tengan
por
objeto
derechos
sobre
el
cuerpo
humano
se
aplican
los
artículos
17
y
56
Nuevo
CCivCom
argentino
7
Articulo
57.-‐
Prácticas
prohibidas.
Está
prohibida
toda
práctica
destinada
a
producir
una
alteración
genética
del
embrión
que
se
transmita
a
su
descendencia.
Nuevo
CCivCom
argentino
8
ORGAZ,
A.,
Personas
Individuales,
Buenos
Aires,
Editorial
Depalma,
1946,
ps.140
y
ss.
9
LLAMBÍAS,
J.,
Tratado
de
Derecho
Civil.
Parte
General.
Buenos
Aires,
Editorial
Perrot,
1960,
Tº
1,
p.
280.
10
Es
aquí
donde
la
defensa
de
la
salud
del
cuerpo
humano
se
convierte
en
asunto
de
un
mundo-‐ambiente,
que
se
manifiesta
tanto
en
el
cuerpo
como
entorno
a
él.
La
defensa
del
mundo-‐ambiente
es,
entonces,
una
autodefensa
de
la
persona
en
preservación
de
su
propia
especie.
11
ZAMUDIO,
Teodora
y
SAGLIO
ZAMUDIO,
Adolfo.
“Comentario
al
Capítulo
IV
del
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación.
En
CURÁ,
José
M.
(dir.)
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
Comentado.
Editorial
La
Ley,
Buenos
Aires,
2015.
12
COHEN,
C;
GOBBETTI,
G.
Bioética
e
morte:
respeito
aos
cadáveres.
Rev
Assoc
Med
Bras.
2003.
BATISTA
FERREIRA
DA
COSTA
Gilliene
et
al.
“O
cadáver
no
ensino
da
anatomia
humana:
uma
visão
metodológica
e
bioética”
En
Revista
Brasileira
de
Educação
Médica
Rio
de
Janeiro
July/Sept.
2012.
Vol.36
N°.3
13
Articulo
61.-‐
Exequias.
La
persona
plenamente
capaz
puede
disponer,
por
cualquier
forma,
el
modo
y
circunstancias
de
sus
exequias
e
inhumación,
así
como
la
dación
de
todo
o
parte
del
cadáver
con
fines
terapéuticos,
científicos,
pedagógicos
o
de
índole
similar.
Si
la
voluntad
del
fallecido
no
ha
sido
expresada,
o
esta
no
es
presumida,
la
decisión
corresponde
al
cónyuge,
al
conviviente
y
en
su
defecto
a
los
parientes
según
el
orden
sucesorio,
quienes
no
pueden
dar
al
cadáver
un
destino
diferente
al
que
habría
dado
el
difunto
de
haber
podido
expresar
su
voluntad
Nuevo
CCivCom
argentino
14
Articulo
59.-‐
Consentimiento
informado
para
actos
médicos
e
investigaciones
en
salud.
El
consentimiento
informado
para
actos
médicos
e
investigaciones
en
salud
es
la
declaración
de
voluntad
expresada
por
el
paciente,
emitida
luego
de
recibir
información
clara,
precisa
y
adecuada,
respecto
a:
a)
su
estado
de
salud;
b)
el
procedimiento
propuesto,
con
especificación
de
los
objetivos
perseguidos;
c)
los
beneficios
esperados
del
procedimiento;
d)
los
riesgos,
molestias
y
efectos
adversos
previsibles;
e)
la
especificación
de
los
procedimientos
alternativos
y
sus
riesgos,
beneficios
y
perjuicios
en
relación
con
el
procedimiento
propuesto;
f)
las
consecuencias
previsibles
de
la
no
realización
del
procedimiento
propuesto
o
de
los
alternativos
especificados;
g)
en
caso
de
padecer
una
enfermedad
irreversible,
incurable,
o
cuando
se
encuentre
en
estado
terminal,
o
haya
sufrido
lesiones
que
lo
coloquen
en
igual
situación,
el
derecho
a
rechazar
procedimientos
quirúrgicos,
de
hidratación,
alimentación,
de
reanimación
artificial
o
al
retiro
de
medidas
de
soporte
vital,
cuando
sean
extraordinarios
o
desproporcionados
en
relación
a
las
perspectivas
de
mejoría,
o
produzcan
sufrimiento
desmesurado,
o
tengan
por
único
efecto
la
prolongación
en
el
tiempo
de
ese
estadio
terminal
irreversible
e
incurable;
h)
el
derecho
a
recibir
cuidados
paliativos
integrales
en
el
proceso
de
atención
de
su
enfermedad
o
padecimiento.
Ninguna
persona
con
discapacidad
puede
ser
sometida
a
investigaciones
en
salud
sin
su
consentimiento
libre
e
informado,
para
lo
cual
se
le
debe
garantizar
el
acceso
a
los
apoyos
que
necesite.
Nadie
puede
ser
sometido
a
exámenes
o
tratamientos
clínicos
o
quirúrgicos
sin
su
consentimiento
libre
e
informado,
excepto
disposición
legal
en
contrario.
Si
la
persona
se
encuentra
absolutamente
imposibilitada
para
expresar
su
voluntad
al
tiempo
de
180
La
problemática
de
otorgar
valor
comercial
al
cuerpo
humano
y
sus
partes
Con
la
entrada
en
vigor
de
la
Convención
sobre
la
Esclavitud15
y
de
estar
'oficialmente
prohibida'
parece
indiscutible
que,
el
ser
humano
no
se
encuentra
“en
comercio”.16
Mundialmente
se
salvaguarda
la
extracomercialidad
de
la
persona
y
su
cuerpo.
El
cuerpo
y
los
tejidos
anatómicos
humanos
no
constituyen
“materias
primas”
utilizables
en
la
industria
médica
o
científica17,
y
no
tienen
valor
comercial.
Los
órganos,
tejidos,
células
y
genes,
no
pueden
ser
separados
del
cuerpo
para
ser
patentados,
enajenados
o
comercializados.18
El
derecho
a
la
disposición
del
propio
cuerpo
y
sus
partes,
se
encuentra
emparentado
con
el
derecho
a
la
vida,
a
la
integridad
física
y
a
la
dignidad
del
ser
humano.
El
derecho
a
la
disposición
de
las
partes
del
propio
cuerpo
supone
una
atribución
disponible
para
su
titular,
de
carácter
excepcional,
siempre
que
tal
acto
de
disposición
no
resulte
contrario
a
la
moral
y
las
buenas
costumbres,
frente
a
la
irrenunciabilidad
del
principio
de
plenitud
física
o
corporal
como
derecho
personalísimo
inquebrantable.19
La
valoración
del
cuerpo
humano
radica
en
su
reconocimiento
como
parte
integrante
e
inviolable
de
la
personalidad
del
“ser”.
Por
ello,
por
mucho
tiempo
ya,
la
sociedad
occidental
demostró
una
fuerte
necesidad
ético-‐moral
de
evitar
el
turismo,
tráfico
o
comercio
de
órganos
y
tejidos
anatómicos.
Se
prohíbe
todo
acto
oneroso
de
dación
de
órganos
con
fundamento
en
el
principio
de
integridad
física
como
derecho
personalísimo
irrenunciable,
y
como
limitación
inderogable
al
derecho
de
disposición
del
propio
cuerpo.
Así,
la
Declaración
de
Estambul
sobre
el
tráfico
de
órganos
y
el
turismo
de
trasplantes 20
define
al
comercio
o
tráfico
de
órganos
como
la
obtención,
transporte,
transferencia,
encubrimiento
o
recepción
de
personas
vivas
o
fallecidas
o
sus
órganos
mediante
una
amenaza,
uso
de
fuerza
u
otras
formas
de
coacción,
secuestro,
fraude,
engaño
o
abuso
de
poder
o
de
posición
vulnerable,
o
la
entrega
o
recepción
de
pagos
o
beneficios
por
parte
de
un
tercero
para
obtener
el
traspaso
de
control
sobre
el
donante
potencial,
dirigido
a
la
explotación
mediante
la
extracción
de
órganos
para
trasplante.
Asimismo,
establece
que
la
comercialización
de
trasplantes
“es
una
política
o
práctica
en
la
que
un
órgano
se
trata
como
una
mercadería,
incluida
la
compra,
venta
o
utilización
para
conseguir
beneficios
materiales”21
y,
que
existe
turismo
de
trasplantes
cuando
“implica
el
tráfico
de
órganos
o
la
comercialización
de
trasplantes,
o
si
los
recursos
(órganos,
profesionales
y
centros
de
la
atención
médica
y
no
la
ha
expresado
anticipadamente,
el
consentimiento
puede
ser
otorgado
por
el
representante
legal,
el
apoyo,
el
cónyuge,
el
conviviente,
el
pariente
o
el
allegado
que
acompañe
al
paciente,
siempre
que
medie
situación
de
emergencia
con
riesgo
cierto
e
inminente
de
un
mal
grave
para
su
vida
o
su
salud.
En
ausencia
de
todos
ellos,
el
médico
puede
prescindir
del
consentimiento
si
su
actuación
es
urgente
y
tiene
por
objeto
evitar
un
mal
grave
al
paciente
Nuevo
CCivCom
argentino
15
La
Convención
sobre
la
Esclavitud,
promovida
por
la
Sociedad
de
Naciones
y
firmada
el
25
de
septiembre
de
1926,
entra
en
vigor
desde
el
9
de
marzo
de
1927.
Termina
oficialmente
con
la
esclavitud
y
crea
un
mecanismo
internacional
para
perseguir
a
quienes
la
practican.
Las
Naciones
Unidas,
como
heredera
de
la
Sociedad
de
Naciones,
asume
los
compromisos
de
la
Convención
16
Sin
embargo
la
esclavitud
sigue
existiendo
en
gran
escala,
tanto
en
sus
formas
tradicionales
como
en
forma
de
'nueva
esclavitud'.
Según
un
estudio
publicado
en
el
año
2000
podría
haber
unos
27
millones
de
esclavos
en
todo
el
mundo.
En
el
estudio
publicado
por
la
Organización
Internacional
del
Trabajo
(OIT)
en
2012
se
estimaba
que
cerca
de
20,9
millones
eran
víctimas
de
trabajo
forzado.
BALES,
Kevin.
La
Nueva
Esclavitud
en
el
Mundo
Global
-‐
Editorial
Siglo
XXI;
España;
2000
17
HERMITTE,
M.
A.
“Comercialisation
du
corps
et
de
ses
produits”,
en:
HOTTOIS,
Gilbert
y
MISA,
Thomas
J.
(edit.),
Nouvelle
Encyclopédie
de
Bioéthique,
Editorial
Deboeck
University,
Bruselas,
Bélgica,
2001,
p.
207.
18
BERGEL,
Salvador
D.,
“Notas
sobre
la
bioética
en
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación”,
Revista
Derecho
de
Familia
y
de
las
Personas,
Editorial
La
Ley
Argentina
2014
(noviembre),
03/11/2014,
135.
19
BUERES,
Alberto
J.
(dir.)
Rivera,
Julio
César,
“Dación
de
órganos
entre
vivos:
¿Interpretación
o
apartamiento
de
la
ley?”,
La
Ley1984-‐B,
188.
20
Declaración
de
Estambul
sobre
el
tráfico
de
órganos
y
el
turismo
de
trasplantes,
redactada
en
la
Cumbre
internacional
sobre
turismo
de
trasplantes
y
tráfico
de
órganos
convocada
por
la
Sociedad
de
trasplantes
y
la
Sociedad
Internacional
de
Nefrología
en
Estambul,
Turquía,
del
30
de
abril
al
2
de
mayo
de
2008.;
Véase,
SCHEPER
HUGHES,
N.,
“El
comercio
infame:
capitalismo
milenarista;
valores
humanos
y
justicia
global
en
el
tráfico
de
órganos”,
Revista
de
Antropología
social
2005
(195-‐
236)
.
Véase
también,
MILMANIENE,
Magalí,
“Reflexiones
sobre
transplantes
de
órganos”,
En
Revista
Derecho
de
Familia
y
de
las
Personas,
Editorial
La
Ley
Argentina
2013
(julio),
19/07/2013,
158
y
(cont.)
(diciembre),
02/12/2013,
195.
21
Concordantemente,
el
artículo
27
de
la
Ley
24.193
de
Trasplante
de
Órganos
y
Materiales
Anatómicos,
prohíbe
“toda
contraprestación
u
otro
beneficio
por
la
dación
de
órganos
o
materiales
anatómicos,
en
vida
o
para
después
de
la
muerte,
y
la
intermediación
con
fines
de
lucro”
181
trasplantes)
dedicados
a
suministrar
trasplantes
a
pacientes
de
otro
país
debilitan
la
capacidad
del
país
de
ofrecer
servicios
de
trasplantes
a
su
propia
población”.
Las
consecuencias
de
la
comercialización
del
cuerpo
y
sus
órganos
repugnan
al
principio
de
dignidad
humana
y
justicia.
Su
desmercantilización
previene
especialmente
a
poblaciones
de
escasos
recursos
económicos
de
la
vergonzosa
actividad
de
verse
obligadas
a
comercializar
partes
de
su
cuerpo
por
dinero.
Es
claro
que,
quien
vende
su
cuerpo
o
un
órgano
con
el
objeto
de
subsistir
o
alimentar
a
sus
hijos,22
no
hace
uso
de
su
voluntad
y
autonomía,
por
ello
no
habría
en
ese
acto
valoración
afectiva,
ni
humanitaria,
ni
social,
no
existe
competencia,
ni
libertad.
No
obstante,
en
objeción
a
la
exigencia
de
gratuidad,
hay
quienes
aceptan
la
posibilidad
de
que
los
dadores
de
órganos
en
vida,
o
sus
herederos
post
mortem,
reciban
algún
tipo
de
beneficio.
Podría
decirse
que,
el
altruismo,
el
humanismo,
la
generosidad
y
la
solidaridad
del
donante
en
vida
y
post
mortem
de
un
órgano,
no
es
menor
por
el
hecho
de
recibir
una
compensación
de
cualquier
tipo,
aunque
alguna
doctrina
insinúa
que
podría
aceptarse
una
compensación
del
receptor
o
su
familia
⎯hacia
el
dador⎯
a
modo
de
agradecimiento
por
la
acción
heroica
y
altruista
cometida.23
No
obstante,
claro
está,
un
contrato
de
tal
índole
no
podría
prosperar
en
nuestra
legislación.
Respecto
de
este
punto,
se
debe
traer
a
comentario
otro
escenario:
la
mercantilización
de
la
fuerza
de
trabajo,
es
decir,
el
“desgaste”
acelerado
y
más
allá
del
natural,
del
cuerpo
del
trabajador.
Los
estudios
sobre
la
denominada
“salud
ocupacional”
o
“salud
laboral”,
relativa
al
cuidado
del
cuerpo
y
la
salud
de
los
trabajadores,
son
materia
central
para
la
continuidad
de
una
sociedad
basada
en
el
respeto
por
la
dignidad
humana
como
principio
jurídico.
Según
el
Comité
Mixto
OIT/OMS,
la
“salud
laboral”
o
“salud
ocupacional”
es
“aquella
actividad
que
tiene
por
finalidad
fomentar
y
mantener
el
más
alto
nivel
de
bienestar
físico,
mental
y
social
de
los
trabajadores
en
todas
las
profesiones,
prevenir
todo
daño
o
la
salud
derivado
de
las
condiciones
de
trabajo,
protegerlos
en
su
empleo
contra
los
riesgos
para
la
salud
y
colocar
y
mantener
al
trabajador
en
un
empleo
que
convenga
a
sus
aptitudes
psicológicas
y
fisiológicas.
En
suma,
adaptar
el
trabajo
a
la
persona
y
a
cada
persona
a
su
trabajo”.24
El
concepto
de
salud
laboral
abarca
entonces,
no
sólo
la
ausencia
de
afecciones,
sino
también
el
control
de
los
elementos
físicos
y
materiales
que
afecten
a
la
salud
del
trabajador25,
y
que
puedan
producir
el
deterioro
de
su
cuerpo.
En
la
economía
de
mercado,
la
fuerza
de
trabajo
se
convierte
en
una
mercancía,
que
es
vendida
y
comprada26.
El
trabajador
enajena
sus
capacidades
físicas,
intelectuales
y
psíquicas.
Lo
único
que
posee
para
poder
subsistir
es
su
capacidad
de
trabajo…
“son
vendedores
de
su
fuerza
de
trabajo”,27
vende
su
potencia,
su
capacidad,
su
habilidad,
y
su
cuerpo
se
desgasta.
Este
desgaste
es
“la
pérdida
de
la
capacidad
biológica,
psíquica
potencial
y/o
efectiva
del
trabajador”.28
Por
lo
tanto,
se
considera
desgaste
“tanto
la
22
RABINOVICH-‐BERKMAN,
Ricardo
D.
“De
riñones
y
de
asombros.
Sobre
los
límites
a
la
donación
de
órganos
en
vida”.
En
LLBA-‐2006,
299.
ENGELHARDT,
H.
Tristram,
The
Fundations
of
Bioethics,
Nueva
York,
Oxford
Univerity
Press,
1986,
ps.
17-‐56.
24
Comité
Mixto
OIT/OMS
de
Salud,
año
1950.
25
Convenio
155
sobre
Seguridad
y
Salud
de
los
Trabajadores,
y
Medio
Ambiente
de
Trabajo,
OIT,
1981.
26
MARX,
K.
El
Capital,
Crítica
de
la
economía
política.
Traductor
Vicente
Romano
García.
Editorial
Akal;
Colección
Básica
de
Bolsillo,
Serie
Clásicos
del
Pensamiento
Político.
Madrid,
España.
2000;
p.
1.
27
MARX,
K.
Ob.cit.,
T°
I,
Capítulo
XXIV.
28
LAURELL
Asa
Cristina,
“Trabajo
y
Salud:
Estado
del
Conocimiento.
En:
Debates
en
Medicina
Social,
OPS-‐ALAMES,
Quito,
1991,
p.
260.
23
182
destrucción
lenta
o
abrupta
de
órganos,
como
la
imposibilidad
de
desarrollar
una
potencialidad”,29
es
decir,
que
podría
expresarse
como
envejecimiento
prematuro
o
muerte
precoz.
Dicho
deterioro
⎯incompatible
con
la
dignidad
humana⎯
no
sólo
es
producto
de
la
denominada
“explotación
laboral
forzosa”
y/o
“trata
de
personas”,
donde
el
elemento
principal
es
la
coerción30,
aún
sin
coacción,
la
sola
ampliación
de
la
jornada
de
trabajo,
observándose
o
no
el
correspondiente
aumento
salarial
que,
desde
ya,
no
compensa
el
decadencia
que
experimenta,
agota
el
cuerpo
del
obrero
y
causa
daños
en
su
salud
e
integridad
física.
Del
mismo
modo,
una
presión
laboral
excesiva
durante
amplias
jornadas
de
trabajo,
acelera
el
perverso
proceso,
y
aumenta
las
posibilidades
de
enfermedades
profesionales
y/o
el
número
de
accidentes
de
trabajo.31
En
suma,
los
valores
afervorados
socialmente
que
impiden
al
hombre
la
comercialización
de
sus
órganos
con
el
fin
de
su
propia
subsistencia,
junto
con
el
nuevo
artículo
17
del
CCivCom
argentino
que
prohíbe
otorgar
valor
comercial
del
cuerpo
humano,
debe,
asimismo,
aplicarse
en
procura
del
mejoramiento
de
las
condiciones
de
trabajo,
evitando
la
ruina
acelerada
e
innecesaria
del
cuerpo
del
trabajador.
Los
valores
jurídicos
instaurados
por
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
El
nuevo
CCiv.Com.
argentino
incorpora
⎯de
acuerdo
a
lo
expresado
en
sus
Fundamentos⎯
un
“diálogo
de
fuentes”32
donde
los
valores
permitirán
obtener
la
expresión
precisa
y
eficaz
de
la
norma,
ello
así,
pues
al
sistema
tradicional
de
fuentes
se
le
incorporan
esos
valores
contenidos
especialmente
en
los
Tratados
de
Derechos
Humanos
que
han
impactado
sobre
el
sistema
jurídico
produciendo
un
cambio
de
paradigm.33
34
Dentro
de
las
acciones
posibles,
de
acuerdo
a
la
teoría
de
la
elección
racional
de
Gauthier,
existe
algo
que
restringe
de
manera
imparcial
la
acción
del
actor
que
persigue
su
propio
interés
comercial
o
egoísta.
A
ello
llama
el
autor
citado
valores
o
“principios
morales”
que
⎯para
la
normativa
en
análisis⎯
pueden
tener
carácter
afectivo,
terapéutico,
científico,
humanitario
o
social.
Tales
valores
han
sido
elegidos
por
los
codificadores
haciéndose
eco
de
aquellos
que
la
sociedad
ha
establecido.
De
este
modo,
una
concepción
del
derecho,
entendido
como
ideal
público,
habla
en
favor
de
las
leyes
contrarias
a
la
apropiación
de
material
viviente
afirmando
la
aspiración
ética
de
constituir
una
sociedad
en
la
que
la
gente
no
se
“adueña”
de
la
vida
en
general
y
de
la
humana
en
especial.
Sin
embargo
da
cabida
a
actos
que
conlleven
los
valores
jurídicos
explicitados.
Al
tratarlos,
se
comprueva
que
pueden
apareccer
imbricados
o
plantear
circunstancias
dilemáticas
ante
las
cuales
debe
mantenerse
una
actitud
interpretativa
sistémica
y
dinámica.
29
MARTÍN
BLANDÓN,
María
Elena
y
PICO
MERCHÁN,
María
Eugenia,
Fundamentos
de
Salud
Ocupacional,
Universidad
de
Caldas,
Colombia
2004,
p.
30.
30
PLANT,
Roger,
“Explotación
Laboral
en
el
Siglo
XXI”,
Revista
Nexos
N°
372,
Diciembre
2008,
p.
47.
31
BORISOV,
ZHAMIN
y
MAKÁROVA
Diccionario
de
Economía
Política
Traducción
de
VIDAL
ROGET,
Augusto
1965,
Eumed.Net,
1965
32
Articulo
1°.-‐
Fuentes
y
aplicación.
Los
casos
que
este
Código
rige
deben
ser
resueltos
según
las
leyes
que
resulten
aplicables,
conforme
con
la
Constitución
Nacional
y
los
tratados
de
derechos
humanos
en
los
que
la
República
sea
parte.
A
tal
efecto,
se
tendrá
en
cuenta
la
finalidad
de
la
norma.
Los
usos,
prácticas
y
costumbres
son
vinculantes
cuando
las
leyes
o
los
interesados
se
refieren
a
ellos
o
en
situaciones
no
regladas
legalmente,
siempre
que
no
sean
contrarios
a
derecho.
Nuevo
CCivCom
argentino
Articulo
2°.-‐
Interpretación.
La
ley
debe
ser
interpretada
teniendo
en
cuenta
sus
palabras,
sus
finalidades,
las
leyes
análogas,
las
disposiciones
que
surgen
de
los
tratados
sobre
derechos
humanos,
los
principios
y
los
valores
jurídicos,
de
modo
coherente
con
todo
el
ordenamiento
Nuevo
CCivCom
argentino.
33
CALVO
COSTA,
Carlos
(dir.).
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación.
Editorial
La
Ley
(Thomson
Reuters)
Buenos
Aires;
2015.
T°
1Comentario
al
Titulo
Preliminar.
Capítulo
1.
34
GAUTHIER,
D..
La
Moral
por
Acuerdo.
Barcelona,
Editorial
Gedisa,
1994,
ps.
17
y
siguientes;
quien
ve
la
teoría
de
la
moral
como
parte
de
la
teoría
de
la
elección
racional.
183
Valor
afectivo
El
vocablo
afectivo
permite
referir
a
todo
aquello
que
es
propio,
relativo
o
concerniente
al
afecto
y
la
sensibilidad35.
El
término
afecto
da
cuenta
de
la
inclinación
hacia
una
persona,
animal
o
cosa.
Se
trata
de
una
pasión
del
ánimo
como
el
amor,
el
cariño,
la
amistad,
el
apego,
o
la
simpatía
que
suele
demostrarse
a
través
de
diferentes
acciones:
como
abrazos,
caricias,
besos
y,
por
qué
no,
mediante
la
donación
de
un
órgano
a
un
ser
querido.
El
valor
afectivo
satisface
en
la
persona
la
necesidad
de
amar
(en
todas
sus
formas)
y
sentirse
amado.
El
valor
afectivo
supone
un
concepto
más
amplio
que
la
noción
de
familia
como
valor,
siendo
aquél
el
género
y
ésta,
la
especie..
Como
valores
afectivos
puede
enunciarse
el
amor,
la
amistad,
el
compañerismo
y
la
solidaridad.36
Aunque
con
matices
propios,
desde
el
año
1977,
la
legislación
argentina
ha
conservado
ciertas
restricciones
para
la
ablación
y
trasplante
de
órganos
entre
personas
vivas,
admitiéndola
solamente
entre
un
reducido
grupo
de
personas
con
relaciones
de
parentesco
entre
sí.
Entre
los
motivos
elaborados
para
dar
fundamento
a
ésta
limitación
se
ha
sostenido
(sin
basamento
real)
que:
a)
en
caso
contrario
se
promovería
el
tráfico
de
órganos;
b)
lazos
de
sangre
incuestionables
que
hagan
admisible
la
motivación
del
dador;
y
c)
la
compatibilidad
genética
entre
familiares
consanguíneos,
con
el
fin
de
evitar
inmolaciones
inútiles.
En
los
comienzos
de
la
reglamentación
de
la
materia,
el
art.
13
de
la
Ley
(B.O.
18/03/1977)
limitó
la
dación
de
órganos
entre
vivos
a
las
relaciones
parentales
de
padre,
madre,
hijo
o
hermano
consanguíneo,
o
cuando
circunstancias
excepcionales
lo
justificaran,
al
cónyuge
y
padres
con
hijos
adoptivos.
Dicha
norma,
luego
de
diez
años
en
vigencia,
fue
totalmente
derogada
y
reemplazada
por
la
Ley
23.464
(B.O.
25/03/1987),
donde
se
agregó
a
los
parientes
consanguíneos
en
línea
recta
de
segundo
grado
y
a
los
colaterales
hasta
el
cuarto
grado
(art.
13).
Posteriormente,
se
sucedieron
cambios,37
aunque
sin
alteraciones
respecto
al
tema
en
comentario.
Por
lo
tanto,
la
legislación
actual
restringe
los
casos
de
admisibilidad
a
parientes
consanguíneos
o
por
adopción
hasta
el
cuarto
grado,
y
personas
que
convivan
en
relación
de
tipo
conyugal
en
forma
inmediata,
continua
e
ininterrumpida
por
tiempo
no
menor
a
tres
años,
o
dos
años
si
de
dicha
relación
hubiesen
nacido
hijos.38
Si
bien
uno
de
los
principales
fundamentos
utilizados
para
la
restricción
basada
en
lazos
de
parentesco,
es
la
posibilidad
de
rechazo
del
órgano
es
menor
cuanto
mayor
sea
la
histocompatibilidad
entre
dador
y
receptor;
no
obstante,
el
régimen
permite
efectuar
35
Afectivo,
va.
(Del
lat.
affectīvus).
1.
adj.
Perteneciente
o
relativo
al
afecto.
2.
adj.
Perteneciente
o
relativo
a
la
sensibilidad.
Fenómeno
afectivo.
Diccionario
de
la
lengua
española
(DRAE)
22.ª
edición,
2001.
36
Diccionario
Espasa-‐Calpe,
Madrid
1989,
p.
25.
37
La
Ley
23.464
fue
modificada
por
la
Ley
23.885
(B.O.
01/11/1990),
y
en
1993,
fue
derogada
por
la
Ley
24.193
(B.O.
26/04/1993).
Finalmente,
la
Ley
de
Trasplantes
fue
reglamentada
mediante
el
Decreto
521
(B.O.
17/04/1995),
y
modificada
por
la
Ley
25.281
(B.O.
02/08/2000),
y
Ley
26.066
(B.O.
22/12/2005).
38
El
art.
15
de
la
Ley
24.193
de
Trasplantes
de
Órganos
y
Materiales
Anatómicos
dispone
que:
“Solo
estará
permitida
la
ablación
de
órganos
o
materiales
anatómicos
en
vida
con
fines
de
trasplante
sobre
una
persona
capaz
mayor
de
dieciocho
(18)
años,
quien
podrá
autorizarla
únicamente
en
caso
de
que
el
receptor
sea
su
pariente
consanguíneo
o
por
adopción
hasta
el
cuarto
grado,
o
su
cónyuge,
o
una
persona
que,
sin
ser
su
cónyuge,
conviva
con
el
donante
en
relación
de
tipo
conyugal
no
menos
antigua
de
tres
(3)
años,
en
forma
inmediata,
continua
e
interrumpida.
Este
lapso
se
reducirá
a
dos
(2)
años
si
de
dicha
relación
hubieran
nacido
hijos…”.
A
tal
efecto,
agrega
el
artículo
30
de
la
misma
ley,
que:
“Será
reprimido
con
prisión
o
reclusión
de
cuatro
(4)
años
a
perpetua
el
que
extrajere
órganos
o
materiales
anatómicos
de
humanos
vivos,
sin
dar
cumplimiento
a
los
requisitos
y
formalidades
exigidos
en
el
artículo
15…”.
El
artículo
15
de
la
Ley
24.193
dispone
que:
“…cualquier
persona
capaz
mayor
de
dieciocho
(18)
años
podrá
disponer
ser
dador
sin
limitaciones
de
parentesco
establecidas
en
el
primer
párrafo
del
presente
artículo.
Los
menores
de
dieciocho
(18)
años,
previa
autorización
de
su
representante
legal,
podrán
ser
dadores
solo
cuando
los
vincule
al
receptor
un
parentesco
de
los
mencionados
en
el
citado
precepto…”.
184
donaciones
de
órganos
entre
convivientes,
cónyuges
y
entre
padres
e
hijos
adoptivos,
sobre
la
base
del
principio
o
sentimiento
de
solidaridad
familiar.39
Pero,
¿por
qué
no
pueden
donarse
órganos
en
vida
a
los
amigos,
los
vecinos,
los
socios,
o
los
novios?40
A
pesar
de
los
diferentes
proyectos
ampliatorios
de
la
mencionada
norma,
intentando
admitir
la
ablación
y
trasplantes
entre:
padres
e
hijos
afines
en
familias
ensambladas,
persona
con
quien
se
posea
una
relación
afectiva,
y
hasta
la
dación
sin
limitación
alguna
de
parentesco,41
no
se
logró
su
sanción.
Sin
embargo,
con
la
redacción
del
artículo
17
del
nuevo
CCivCom,
se
sortea
la
prohibición
genérica
dispuesta
por
el
artículo
15
de
la
Ley
24.193
con
fundamento
en
el
valor
afectivo
quedando
entonces
habilitada
la
ablación
y
donación
de
órganos
o
materiales
anatómicos
en
vida
con
fines
de
trasplante,
entre
quienes
acrediten
una
relación
de
profunda
amistad,
trato
familiar
y
cariño
existente;
dejando
relegada
entonces
la
limitación
de
parentesco,
bastando
la
existencia
y
demostración
de
un
grado
de
convivencia
familiar
o
afecto.42
Desde
la
década
de
1980,
la
jurisprudencia
argentina
no
ha
hecho
otra
cosa
que
pronunciarse
pacíficamente
en
igual
sentido,
admitiendo
la
dación
de
órganos
entre
vivos
en
los
casos
que,
entre
dador
y
receptor
existiere
un
profundo
afecto.
Si
bien,
además
de
la
histocompatibilidad,
otro
de
los
principales
basamentos
del
artículo
15
de
la
Ley
24.193,
es
impedir
la
comercialización
del
cuerpo
y
sus
órganos,
sin
embargo,
la
jurisprudencia
mayoritaria,
acepta
daciones
de
órganos
entre
personas
vinculadas
por
lazos
afectivos.43
En
el
caso
“R.,
I.
B.
y
B.,
M.
D.”,44
el
Juzgado
en
lo
Criminal
y
Correccional
N°
3
de
Mar
del
Plata,
el
06/06/1995,
hizo
lugar
a
la
acción
de
amparo
promovida
por
dos
personas
divorciadas
(con
una
hija
menor
de
edad
en
común),
y
autorizó
a
la
mujer
como
dadora
de
un
riñón
para
su
ex
marido.45
39
BUERES,
A.
ob.
y
loc.
cit.
y
NOBILI,
A.
ob.
y
loc.
cit.
CIFUENTES,
Santos
E.
(h.),
“Estudio
jurídico
civil
sobre
transplante
de
órganos
humanos”,
Acad.Nac.
de
Derecho
2006
(agosto),
29/08/2006,
1.
41
Proyecto
de
Julio
César
Ahumada.
D.
A.
E.
E.
43/1999,
p.
1017.
Proyecto
de
Elisa
M.
Carrió
-‐Miriam
B.
Curletti
de
Wajsferd-‐
Angel
O.
Geijo.
Exp.-‐
Dip.:
689-‐DOO.
Proyecto
de
Antonio
F.
Cafiero.
Exp.
Sen:
2011-‐S-‐97,
DAE
105.
42
Al
respecto,
el
artículo
5
de
la
Declaración
Universal
de
Bioética
y
Derechos
Humanos
aprobada
en
Octubre
de
2005
en
la
Asamblea
de
la
UNESCO,
dispone
que:
“Se
habrá
de
respetar
la
autonomía
de
la
persona
en
lo
que
se
refiere
a
la
facultad
de
adoptar
decisiones,
asumiendo
la
responsabilidad
de
estas
y
respetando
la
autonomía
de
los
demás…”.
43
WEINGARTEN,
Celia,
"Los
actos
de
Disposición
de
Órganos
o
Materiales
Anatómicos
Provenientes
de
Personas
Vivas",
en
GHERSI,
Carlos
(Dir.)
Transplante
de
Órganos.
Editorial
La
Ley,
Buenos
Aires;
2003.;
p.
47.
44
LLBA1995,
847
–
Colección
de
Análisis
Jurisprudencial
Derecho
Civil
–
Parte
General
–
AR/JUR/3764/1995.
45
Se
distinguen
las
siguientes
consideraciones:
1)
“El
principio
de
autonomía
personal
constituye
uno
de
los
principios
bioéticos
de
reconocimiento
universal,
derivándose
de
dicha
autonomía
la
denominada
regla
del
consentimiento
informado
o
esclarecido,
de
modo
que
aquí
se
conjuga
la
autonomía
personal,
de
raigambre
constitucional,
y
pleno
reconocimiento
en
nuestro
derecho
vigente,
con
el
principio
bioético
de
igual
denominación”;
2)
“El
artículo
15
de
la
ley
24.193…no
debe
ser
interpretado
en
sentido
estrictamente
literal,
sino
en
armonía
con
los
valores
constitucionales
en
juego
y
los
fines
contemplados
en
nuestra
actual
legislación”;
3)
“La
vida
y
la
salud
son
bienes
muy
valiosos
protegidos
constitucionalmente,
y
ante
la
existencia
de
dos
intereses
jurídicamente
tutelados
por
la
Constitución
Nacional,
dos
derechos
cuya
protección
y
coordinación
no
admitía
demoras,
las
formas
son
serviciales
para
la
justicia,
y
no
deben
actuar
como
obstáculos,
lo
que
lleva
a
propiciar
obviar
eventuales
ápices
procesales,
puesto
que
las
formas
están
al
servicio
de
la
solución
objetivamente
justa”;
4)
“El
principio
bioético
de
justicia,
en
nada
se
ve
afectado
de
otorgarse
la
autorización
de
ablación
y
trasplante,
por
el
contrario,
el
principio
de
justicia
se
ve
realizado,
al
brindarse
tutela
jurisdiccional
al
valor
solidaridad,
que
permite
así
la
protección
de
valores
reconocidos
constitucionalmente”;
5)
“Mediando
razonables
controles
de
seguridad,
riesgos,
salubridad
y
compatibilidad,
una
donación
de
órganos
entre
personas
vivas,
aún
más
allá
del
parentesco
establecido
en
la
ley
debe
ser
admitida,
ya
que
no
afecta
ni
el
orden,
ni
la
moral
pública,
ni
derechos
ajenos”;
6)
“El
bienestar
de
la
hija
menor,
se
verá
favorecido
autorizándose
la
ablación
y
el
trasplante
de
órganos,
no
obstante
el
divorcio
vincular
decretado
entre
donante
y
receptor,
habida
cuenta
de
los
vínculos
armoniosos
preservados
entre
los
ex
cónyuges,
quienes
en
forma
conjunta
ejercen
la
patria
potestad”;
y
7)
“Los
arts.
207,
208,
209
y
concs.
del
Cód.
Civil,
ofrecen
criterios
orientadores
que
apuntan
a
una
resolución
favorable
de
la
acción
entablada,
en
la
medida
en
que
prevén
40
185
En
el
caso
“Sánchez,
Isidro”,46
el
Juzgado
en
lo
Criminal
y
Correccional
Nro.
3
de
Mar
del
Plata,
el
28/06/1996,
hizo
lugar
a
la
acción
planteada
por
dos
hermanos
no
reconocidos
en
vida
expresamente
por
su
padre
biológico,
autorizando
la
ablación
e
implante
de
un
riñón
entre
ellos.47
En
el
precedente
“L.M.,
E.D.
s/medida
autosatisfactiva
trasplante
de
órgano”,48
la
Sala
I
de
la
Cámara
de
Apelaciones
en
lo
Civil
de
Salta
autorizó
la
ablación
y
donación
de
un
riñón
entre
personas
que
mantenían
una
relación
de
Amistad.49
En
el
caso,
fueron
patentes
los
motivos
de
afecto
en
que
se
fundó
la
donación,
luego
de
acreditada
la
relación
de
profunda
amistad
y
familiaridad
entre
la
donante,
el
receptor
y
su
familia.
Para
ello,
la
donante,
bajo
juramento
de
decir
la
verdad,
manifestó
el
origen
de
la
relación
que
la
unía
con
el
receptor,
haciendo
expresa
alusión
a
la
actitud
de
éste
de
donarle
sangre
cuando
ella
enfermó
de
leucemia.
Similares
fundamentos
utilizó
el
Juzgado
Civil
Comercial
y
de
Minería
N°
1
de
Neuquén
en
el
fallo
“V.L.A
s/
medida
autosatisfactiva”,50
donde
una
vez
corroborada
la
inexistencia
de
inducción
o
coacción
de
la
voluntad,
se
autorizó
la
ablación
de
un
riñón
y
su
donación
entre
personas
que
mantenían
una
relación
de
amistad
y
trato
familiar
frecuente.51
Asimismo,
ilustrativamente,
pueden
citarse
algunas
soluciones
adoptadas
a
lo
largo
del
tiempo
en
el
derecho
comparado.52
En
el
año
1967,
en
Italia,
se
permitió
al
enfermo
recibir
el
riñón
de
un
dador
extraño,
cuando
no
existieran
parientes
consanguíneos
o
sus
órganos
no
sean
compatibles.
• En
el
año
1971,
la
ley
uruguaya,
admitió,
únicamente,
la
dación
de
órganos
despersonalizada,
cuando
la
misma
sea
a
favor
de
un
pariente
por
consanguinidad
o
afinidad
en
línea
recta
o
colateral
hasta
el
segundo
grado.
• En
el
año
1975,
en
Alemania,
se
autorizó
por
decreto
la
extracción
del
órgano
del
dador,
mediando
su
asentimiento,
con
la
condición
de
que
el
implante
se
realice
a
favor
de
una
persona
determinada.
No
obstante,
si
luego
de
la
ablación
ello
resultara
imposible,
el
órgano
podrá
implantarse,
nuevamente,
en
el
mismo
dador
o
en
tercero.
• En
el
año
1976,
la
ley
francesa,
restringió
solamente
los
casos
en
que
el
dador
del
órgano
fuera
menor,
limitándolo
a
la
implantación
en
un
hermano
o
hermana
receptor.
Con
ello,
se
observa,
desde
el
siglo
pasado,
una
tendencia
mundial
de
aumentar
las
posibilidades
de
daciones
de
órganos
entre
•
personas
vivas,
impulsadas
por
el
simple
y
profundo
“afecto”.
deberes
asistenciales
entre
los
cónyuges,
aún
después
de
la
sentencia
de
divorcio,
con
la
salvedad
que
en
el
caso
particular
de
autos
dichos
deberes
se
transforman
en
derechos”.
46
LLBA1997,
387
-‐
AR/JUR/1410/1996.
47
Considerando
que:
“Si
bien
una
interpretación
estricta
y
formal
requeriría
que
el
lazo
de
parentesco
exigido
por
el
artículo
15
de
la
Ley
24.193
se
acreditase
conforme
la
previsión
del
artículo
247
del
Cód.
Civil,
las
formas
son
serviciales
para
la
justicia
y
no
deben
actuar
como
obstáculos
siendo
esta
interpretación
la
que
debe
primar
porque
resulta
más
compatible
con
la
dignidad
humana,
que
exige
que
se
respeten
las
decisiones
personales,
en
la
medida
que
ello
no
perjudique
a
terceros,
constituyendo
este
el
principio
de
autonomía
personal
de
raigambre
constitucional”.
48
18/12/2013,
LLNOA
2014
(marzo),
214
DFyP
(abril),
217,
LLO,
DFyp
2014
(junio),
AR/JUR/85742/213
–
La
Ley
49
Entendiendo
que:
“Quien
padece
una
insuficiencia
renal
debe
ser
autorizado
a
recibir
un
órgano
de
un
donante
vico
con
quien
mantiene
una
relación
de
amistad,
pues
se
acreditó
que
este
último
está
impulsado
por
motivos
altruistas,
que
tomó
su
decisión
con
total
discernimiento
y
libertad,
que
conoce
los
riesgos
que
pueden
generarse
y
que
están
cumplidos
todos
los
recaudos
médicos
necesarios
para
la
ablación
y
el
trasplante”,
y
que
“Un
acto
realizado…con
plena
conciencia
de
su
realización,
y
habiendo
manifestado
que
“no
tiene
temor,
sino
que
por
el
contrario,
el
paso
que
va
a
dar
lo
realiza
con
una
intención
de
altruismo
y
con
total
discernimiento
y
libertad”,
vuelve
inobjetable
la
decisión
de
donar
en
concordancia
con
lo
dispuesto
por
los
arts.
19
de
la
Constitución
Nacional
y
12
de
la
Constitución
Provincia
que
dicen:
“las
acciones
privadas
de
los
hombres
que
de
ningún
modo
ofendan
a
la
moral
y
al
orden
público
ni
perjudiquen
a
terceros,
están
reservadas
a
Dios
y
exenta
de
la
autoridad
de
los
magistrados”,
por
lo
que
concluimos
que
no
existen
circunstancias
que
permitan
cuestionar
la
conformación
de
la
decisión”.
50
51
16/07/2014 – AR/JUR/46355/2014 – La Ley
En
el
mismo,
se
sostuvo
que:
“Encontrándose
acreditada
la
relación
de
profunda
amistad,
trato
familiar
y
cariño
existente
entre
el
donante
de
un
órgano,
el
receptor
y
sus
respectivas
familias,…
existe
certeza
sobre
la
inexistencia
de
inducción,
coacción,
o
cualquier
elemento
o
circunstancia
que
permita
cuestionar
la
conformación
de
la
decisión,
que
permite
autorizar
la
ablación”.
Por
su
parte,
en
el
caso,
la
asistente
social
designada
concluyó
que
debía
aprobarse
la
autorización
requerida
dada
la
“historia
personal,
de
convivencia
familiar
y
afecto
a
lo
largo
de
estos
años
vitales
que
han
tenido
el
Sr.
L.A.V.
y
la
Sra.
M.L.O.,
sumado
a
su
decisión
de
adultos
informados
y
convenientemente
asesorados”.
52
BUERES,
A.
ob.
y
loc.
cit.
186
Por
otra
parte,
en
lo
que
respecta
al
valor
afectivo,
debe
observarse
la
necesidad
imperiosa
que
existe
en
el
derecho
argentino
de
una
regulación
específica
sobre
la
denominada
“gestación
asistida”,
donde
se
determinen
vínculos
filiales
y
se
acorte
la
brecha
entre
los
adelantos
de
la
ciencia
médica
y
el
bien
común.
Para
alguna
doctrina53
no
habría
impedimento
alguno
para
permitir
la
gestanción
subrogada
o
sustitutiva
como
técnica
de
reproducción
humana
asistida,
siempre
y
cuando
se
realice
sin
fines
de
lucro,
sobre
la
base
de
la
solidaridad.54
Más
aún,
desde
la
sanción
de
la
Ley
26.618,
que
autoriza
matrimonios
entre
personas
del
mismo
sexo,
en
concordancia
con
la
Ley
26.862
de
Reproducción
Medicamente
Asistida,
que
habilita
técnicas
de
asistencia
tanto
con
componentes
homólogos
como
heterólogos,
es
decir,
aquellas
en
las
cuales
el
material
genético
utilizado
en
la
gestación
proviene
de
un
tercero
ajeno
a
los
beneficiarios,
se
hace
evidente
tanto
el
vacío
⎯como
la
incongruencia⎯
legal
que
existen
en
la
materia,
al
no
estar
expresamente
prohibida,
ni
regulada.
El
mayor
inconveniente
que
da
origen
a
múltiples
discusiones
doctrinales
deriva
del
conflicto
de
intereses
suscitado
entre
lo
“genético”
y
lo
“afectivo”
o
“volitivo”.
¿Prevalece
la
maternidad
y
paternidad
genética
o
la
buscada
y
querida?
Optamos
por
el
valor
del
afecto
como
vínculo
filial.55
El
aspecto
afectivo
como
valor
supremo
frente
a
la
base
genética
para
determinar
el
vínculo
filial
que
unirá
al
niño
con
sus
padres.
Conforme
lo
dicho,
la
gestación
por
sustitución
altruista,
debe
ser
expresamente
reconocida
como
práctica
necesaria.56
No
puede
negarse,
a
ningún
ciudadano,
la
posibilidad
de
someterse
a
técnicas
de
fertilización
de
carácter
heterólogo.
Aun
un
hombre
sólo
debe
tener
el
derecho
de
concebir
un
hijo
propio
sin
la
necesidad
de
que
la
mujer
gestante
asuma
la
maternidad
del
mismo.
Caso
contrario,
se
violaría
los
principios
constitucionales
de
igualdad
y
no
discriminación57.
De
esta
forma,
se
evitarían
intrincadas
decisiones
judiciales
como
las
recaídas
en
casos
aislados,
donde,
luego
del
nacimiento
del
niño,
han
aparecido
todo
tipo
de
obstáculos
para
reconocer
el
vínculo
filial
afectivo.
53
GONZÁLEZ
MAGAÑA,
Ignacio,
“La
tácita
inclusión
de
la
gestación
por
sustitución
en
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación.
Preámbulo
necesario
de
una
norma
expresa
que
la
regule”,
Revista
Derecho
de
Familia
y
de
las
Personas,
Editorial
La
Ley
Argentina.
03/11/2014,
181.
54
Si
bien,
la
gestación
por
sustitución
fue
incluida
en
el
artículo
562
del
Anteproyecto
del
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Argentina
del
año
2012,
donde
se
prescribía
que:
“El
consentimiento
previo,
informado
y
libre
de
todas
las
partes
intervinientes
en
el
proceso
de
gestación
por
sustitución
debe
ajustarse
a
lo
previsto
por
este
Código
y
la
ley
especial.
La
filiación
queda
establecida
entre
el
niño
nacido
y
el
o
los
comitentes
mediante
la
prueba
de
nacimiento,
la
identidad
del
o
los
comitentes
y
el
consentimiento
debidamente
homologado
por
autoridad
judicial.
El
juez
debe
homologar
solo
si,
además
de
los
requisitos
que
prevea
la
ley
especial,
se
acredita
que:
a)
se
ha
tenido
en
miras
el
interés
superior
del
niño
que
pueda
nacer;
b)
la
gestante
tiene
plena
capacidad,
buena
salud
física
y
psíquica;
c)
al
menos
uno
de
los
comitentes
ha
aportado
sus
gametos;
d)
el
o
los
comitentes
poseen
imposibilidad
de
concebir
o
de
llevar
un
embarazo
a
término;
e)
la
gestante
no
ha
aportado
sus
gametos;
f)
la
gestante
no
ha
recibido
retribución;
g)
la
gestante
no
se
ha
sometido
a
un
proceso
de
gestación
por
sustitución
más
de
dos
(2)
veces;
h)
la
gestante
ha
dado
a
luz,
al
menos;
un
(1)
hijo
propio.
Los
centros
de
salud
no
pueden
proceder
a
la
transferencia
embrionaria
en
la
gestante
sin
la
autorización
judicial.
Si
se
carece
de
autorización
judicial
previa,
la
filiación
se
determina
por
las
reglas
de
la
filiación
por
naturaleza”.
Finalmente,
debido
a
los
complejos
debates
generados
en
el
Congreso
de
la
Nación,
se
optó
por
suprimirlo
de
la
codificación
55
RUBAJA,
Nieve,
Derecho
Internacional
Privado
de
Familia,
Editorial
AbeledoPerrot,
Buenos
Aires,
2012,
p.
325
y
ss.
56
Se
advierte
que
un
contrato
oneroso
de
gestación
por
sustitución
queda
descartado,
más
allá
de
responsabilidad
de
los
comitentes
de
cubrir
los
costos
por
los
cuidados
correpondientes.
Contrariamente,
la
gestación
por
sustitución
onerosa
se
permite,
por
ejemplo,
en
India,
Rusia
y
Ucrania.
57
El
22
de
marzo
de
2012
,
en
el
marco
de
dos
supuestos
de
gestación
por
sustitución
llevados
a
cabo
en
el
extranjero
por
matrimonios
del
mismo
sexo
(Trib.
Cont.
Adm.
y
Trib.,
CABA,
22/03/2012,
D.
C
.G
y
G.
A.
M.
c/GCBA,
s/Amparo;
ídem
autos
"G.
B.
F.
D
y
M.
D.
C.d
GCBA
s/
Amparo)
que
sobre
la
base
de
la
llamada
voluntad
procreacional,
asi
como
también,
teniendo
fundamentalmente
en
cuenta
el
derecho
a
la
no
discriminación
por
razón
de
orientación
sexual
y
el
interés
superior
del
niño
respecto
del
derecho
a
la
identidad
y
a
la
protección
de
las
relaciones
familiares
se
resolvió
ordenar
la
inscripción
del
nacimiento
de
los
niños,
estableciendo
en
dicho
momento
la
co-‐paternidad
de
ambos
padres
conforme
lo
establece
la
Resolución
38/12.
Véase
también
GONZÁLEZ
MAGAÑA,
I.
ob.
y
loc.
cit.
187
Prevalecerá,
entonces,
hasta
la
modificación
y
regulación,
respectivamente
en
uno
y
otro
caso,
la
fuerza
del
sentimiento
de
afecto
(junto
con
el
citado
artículo
17
del
nuevo
CCivCom)
por
encima
de
las
consideraciones
que
el
legislador
pudo
tener
en
cuenta
al
estructurar
el
sistema
de
la
ley.58
Valor
terapéutico
El
vocablo
terapéutico
supone
una
terapia
médica,
tratamiento
o
método
curativo
destinado
a
la
curación,
mejoramiento
o
el
alivio
de
las
enfermedades.
Permite
referir
a
todo
aquello
relativo
a
la
terapéutica,
es
decir,
la
parte
de
la
medicina
que
tiene
por
objeto
el
tratamiento
de
las
enfermedades.59
El
significado
del
valor
terapéutico
amplia
el
concepto
de
curación,
e
incluye
resultados
que
van
más
allá
de
los
efectos
clínicos,
siendo
importantes
desde
un
punto
de
vista
social,
de
los
pacientes,
sus
familias
y
la
sociedad
toda.60
El
gran
avance
de
las
prácticas
médicas
deja
en
evidencia
el
retraso
de
la
ciencia
jurídica,
a
la
hora
de
hacer
frente
a
los
cuestionamientos
actuales61.
Es
así
como,
las
necesidades
que
plantearon
los
dilemas
ético-‐morales
en
la
medicina
dieron
origen
a
la
bioética62.
Consecuentemente,
en
la
actualidad,
los
actos
de
disposición
del
cuerpo
y
sus
partes
han
tenido
respuestas
interpretativas
nuevas
y
la
normativa
del
nuevo
CCiv.Com.
las
incorpora
a
través
de
los
valores
que
venimos
comentando.
Así,
la
doctrina
ha
entendido
que
el
artículo
17
del
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Argentina,
regula
el
derecho
a
la
disposición
del
propio
cuerpo
humano
sobre
la
base
de
valores
bioéticos-‐jurídicos63,
centrados
en
el
respeto
irrestricto
de
la
persona
humana
y
la
veneración
de
la
vida64.
No
obstante,
la
autonomía
individual
podría
ser
menoscabada
frente
al
tenor
del
art.
57
del
CCiv.Com.
que
expresamente
prohibe
producir
una
alteración
genética
del
embrión
que
se
transmita
a
su
descendencia
.
La
tensión
entre
el
derecho
a
la
identidad
personal
y
el
derecho
colectivo
a
la
identidad
humana
en
el
contexto
de
los
derechos
humanos
tal
como
se
aplica
a
posibles
modificaciones
genéticas
humanas
emergentes
de
las
relaciones
de
filiación
humana
tanto
en
sentido
familiar
como
colectiva.65
58
En
el
caso
“MJ-‐JU-‐M-‐79552-‐AR
|
MJJ79552”
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia
en
lo
Civil
N°
86;
18-‐jun-‐2013
se
legitimó
la
práctica
de
la
maternidad
subrogada
ante
el
hecho
consumado
y
se
invocó
la
tarea
judicial
para
imponer
la
filiación
biológica
a
una
niña
nacida
de
un
vientre
diferente
al
de
su
madre
biológica.
Los
hechos
indican
que
una
pareja
heterosexual
casada
legalmente,
ante
la
imposibilidad
de
tener
hijos
propios
por
extirpación
de
útero
de
la
mujer,
aceptó
los
servicios
de
una
amiga
de
la
pareja
que
se
ofreció
para
gestar
a
un
eventual
futuro
bebé
de
la
amiga
y
de
su
esposo.
La
portadora
ya
era
madre
de
dos
hijos
y
separada
de
su
cónyuge,
y
manifestó
de
varias
maneras
su
completo
consentimiento
a
gestar
un
niño
para
terceros.
Producido
el
nacimiento,
se
planteó
la
cuestión
jurídica:
¿de
quién
es
hija
esta
niña?
La
solución
a
este
interrogante
se
halla
en
el
código
civil
y
en
algunas
leyes
relacionadas:
a
pesar
de
la
norma
que
reza
que
“madre
es
quien
tiene
el
parto”,
otro
principio
legal
favorece
“la
correspondencia
con
la
realidad
biológica”.
Habitualmente
la
mujer
que
tiene
el
parto
también
guarda
relación
biológica
con
el
niño;
pero
en
los
casos
de
maternidad
subrogada
esto
no
sucede.
Ante
esta
disyuntiva,
la
jueza
del
tribunal
decidió
privilegiar
el
nexo
biológico
entre
la
niña
y
los
aportantes
de
material
genético,
sumado
a
otro
principio
que
sostiene
que
la
“voluntad
procreacional”
debe
tener
un
rol
preponderante
en
estos
casos.
La
“voluntad
procreacional”
es
un
principio
según
el
cual
la
voluntad
de
los
padres
para
procrear
al
niño
mediante
tratamientos
de
fertilidad
debe
ser
particularmente
tenida
en
cuenta.
59
Terapéutica.
(Del
lat.
tardío
therapeutĭca,
-‐ōrum
'tratados
de
medicina',
y
este
del
gr.
θεραπευτικόν
'terapéutica').
1.
f.
Parte
de
la
medicina
que
enseña
los
preceptos
y
remedios
para
el
tratamiento
de
las
enfermedades.
2.
f.
Ese
mismo
tratamiento.
Diccionario
de
la
lengua
española
(DRAE)
avance
de
la
23.ª
edición.
60
Rev.
Espa.
Salúd
Pública
2009;
83:
59-‐70
N°
1,
Enero-‐Febrero
2009
“De
la
utilidad
de
los
medicamentos
al
valor
terapéutico
añadido
y
a
la
relación
coste-‐efectividad
incremental”.
61
NOBILI,
Alejandro
Jorge,
“Transplantes
entre
personas
no
emparentadas”,
Editorial
La
Ley
2004-‐A,
1216.
62
Tradicionalmente
se
entiende
por
Bioética
al
estudio
sistemático
de
la
conducta
humana
en
el
campo
relativo
a
la
atención
de
la
salud,
siendo
examinada
dicha
ciencia
a
la
luz
de
principios
y
valores
morales.
REICH,
Warren
T.,
"Encyclopedia
of
Bioethics",
New
York,
1978.
63
GARAY,
Oscar
Nestor,
“Protección
de
la
Persona
y
Temas
de
Salud
en
el
Código
Civil
y
Comercial”,
La
Ley
2014-‐F,
895.
64
FLAH,
Lily
R.,
“La
incorporación
de
la
Bioética
en
el
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación”,
Sup.
Especial
Nuevo
Código
Civil
y
Comercial
2014
(Noviembre),
17/11/2014,
1.
65
El
genoma
humano
es
el
término
utilizado
para
describir
colectivamente
todos
los
genes
(aproximadamente
30.000)
encontrado
en
los
seres
humanos.
Constituye
la
secuencia
de
ADN
completa
de
un
humano,
que
comprende
todos
de
la
genética
materiales
que
componen
una
persona
188
Si
bien
el
derecho
a
la
identidad
personal
puede
justificar
un
interés
válido
en
la
modificación
de
su
genoma
individual,
el
derecho
colectivo
a
la
identidad
defiende
un
interés
universal
a
la
preservación
del
genoma
humano.
Ante
esta
tirantez,
este
trabajo
identifica
una
serie
de
contradicciones
y
cuestiones
problemáticas
en
la
actual
regulación
jurídica
internacional
del
genoma
humano
que
atentan
contra
el
derecho
a
la
identidad
personal,
y
así
también
parece
plantearse
en
el
futuro
derecho
civil
argentino.
Estas
discordancias
se
derivan
de
la
adopción
de
la
noción
de
genoma
humano
como
patrimonio
común
de
la
humanidad
y
la
idea
fundada
en
la
integridad
de
las
especies
básicamente
genética,
aunque
existen
otros66.
La
Declaración
Universal
sobre
el
Genoma
Humano
y
los
Derechos
Humanos
(UDHGHR)
y
el
Convenio
de
Oviedo,
que
junto
con
la
de
la
UNESCO
adoptan
una
"identidad
genética-‐marco"
que
favorecen
una
concepción
de
la
identidad
humana
basada
únicamente
en
los
componentes
genéticos
(al
prohibir
cualquier
cambio
a
la
constitución
de
esa
herencia
genética
compartida),
colocarían
un
freno
no
justificado
–
o
al
menos
sin
fundamentos
razonables-‐
a
la
posibilidad
de
la
modificación
genética
humana67
que
pasaría
de
ser
una
composición
personal
para
serlo
familiar
y
colectiva.
Esto,
como
lo
explica
de
Andrade,
está
en
contradicción
con
la
“personalidad-‐identidad”
de
la
Convención
Europea
sobre
la
Ley
Marco
de
Derechos
Humanos
(CEDH),
que
privilegia
la
idea
del
desarrollo
de
la
identidad
individual.
En
este
sentido,
se
pone
en
evidencia
el
desequilibrio
actual
entre
el
interes
del
individuo
y
el
interés
colectivo,
ambos
involucrados
en
la
regulación
del
genoma
humano.
Así,
debe
de
examinarse
la
proporcionalidad
y
razonalibilidad
de
la
prioridad
dada
a
un
“colectivo
estático”
y
la
identidad
genética
heredable,
familiar
(enmarcada
de
una
manera
bastante
determinista).68
Un
enfoque
más
equilibrado
debería
tener
en
cuenta
el
derecho
a
la
identidad
personal
(y
no
sólo
la
identidad
familiar
y
colectiva)
en
el
uso
de
las
posibles
bio-‐geno-‐tecnologías.
A
tal
fin,
el
marco
jurídico
internacional
(y
los
nacionales
que
se
hagan
eco)
que
regula
el
genoma
humano
deben
mantener
a
la
vista
ambos
intereses.
Resta
señalar
que
tampoco
parece
exacto
traducir
esas
Declaraciones
en
un
deber
de
la
Humanidad
que
ha
recibido
el
genoma
69
como
un
bien
heredado
para
preservarlo
y
retransmitirlo ,
pues
esta
información
podría
ser
alterada
por
razones
“terapéuticas”
para
un
determinado
núcleo
familiar,
poblacional
o
universal;
información,
que
de
hecho
viene
transformándose
desde
el
origen,
por
obra
de
la
misma
naturaleza
como
respuesta
y
adaptación
a
la
alteración
del
medio.
Otros
supuestos
teóricos
importantes
se
refieren
a
la
salud
y
los
riesgos
de
seguridad
y
el
escrutinio
del
debate
público.
En
este
trabajo
se
asume
que
estas
intervenciones
genéticas
pueden
ser
(en
un
futuro
previsible)
realizadas
con
éxito
y
de
forma
segura,
sin
causar
problemas
de
salud
o
riesgos
no
individual.
De
esta
manera,
la
definición
del
genoma
humano
abarca
no
solo
el
conjunto
completo
de
genes
de
cada
individuo,
sino
también
toda
la
gama
de
genes
constituyentes
de
la
especie
humana.
66
ZAMUDIO,
Teodora
y
SAGLIO
ZAMUDIO,
Adolfo
“Filiación
familiar
en
el
marco
de
los
Tratados
internacionales
de
Derechos
Humanos
relativos
a
la
genética”.
En
Derecho
Moderno.
Liber
Amicorum
en
homenaje
a
Marcos
Córdoba.
T°
III.
Ed.
Rubinzal
–
Culzzoni.
ISBN
978-‐987-‐30-‐0411-‐7.
Santa
Fe,
Argentina.
(en
prensa).
67
NUNO
GOMES
DE
ANDRADE,
Norberto.
Manipulación
Genética
Humana
y
el
Derecho
a
la
Identidad:
Las
contradicciones
de
las
leyes
de
Derechos
Humanos
en
la
regulación
del
Genoma
Humano.
Instituto
de
la
Universidad
Europea,
Departamento
de
Derecho,
Florencia,
Italia,
2010.
68
Ibid.
Esta
posición
–según
el
autor
citado
ut
supra-‐
pasa
por
alto
el
valor
y
el
interés
de
la
identidad
individual,
al
prohibir
cualquier
cambio
del
genoma
humano
individual
bajo
el
pretexto
de
una
necesidad
absoluta
de
preservar
un
genoma
humano
colectivo
que
se
consideraría
como
la
base
fundamental
de
los
derechos
humanos
a
la
identidad
humana.
69
MAINETTI,
J.
A..
Fenomenología
de
la
intercorporeidad,
en
Revista
Quirón.
La
Plata,
Editorial
Quirón,
1995,
vol.
26,
nota
(26),
p.
44.
189
deseados;
que,
asimismo,
suponen
han
pasado
la
prueba
del
debate
público,
han
sido
sometidos
a
una
rigurosa
evaluación
de
sus
impactos
potenciales,
y
tienen
aprobación
explícita,
pública70.
Además,
hay
que
señalar
que
las
críticas
sobre
la
concepción
comunitaria
del
patrimonio
genético
debe
ser
vista
desde
el
individuo,
que
la
identidad
colectiva
parte
del
diálogo
sobre
los
derechos
y
no
son
extrapolables
a
las
preguntas
relativas
a
patentar
genes
humanos
y
otros
temas
de
comercialización
y
de
derechos
de
propiedad
intelectual.
Valor
científico
El
vocablo
científico
permite
referir
a
todo
aquello
que
es
propio,
relativo
o
concerniente
a
la
ciencia.71
El
término
ciencia
supone
la
erudición,
el
saber
o
conocimiento
cierto
de
las
cosas
por
sus
principios
y
causas.72
Por
su
parte,
el
valor
científico
atraviesa
la
ciencia
en
un
sentido
ético
y
le
otorga
una
función
social.
El
conocimiento
y
la
investigación
científica
deben
mantener
un
fuerte
compromiso
social.
Los
fines
y
usos
de
las
prácticas
científicas
no
pueden
apartarse
de
las
prescripciones
morales.73
Como
se
viene
exponiendo,
las
nuevas
biotecnociencias
suscitan,
para
algunos
pensadores,
una
violenta
controversia
entorno
de
la
noción
de
lo
“científico”
(valor
incluido
en
la
norma
bajo
examen);
así,
la
habilidad
de
operar
la
mutación
biológica
(que
presupondría
que
la
condición
presente
de
los
seres
humanos
es
de
mala
calidad)
es
vista
como
la
libertad
de
operar
la
“muerte/[transformación]”
de
la
persona
tal
como
hoy
la
conocemos.74
Pero
también
es
considerada
como
vital
para
el
avance
de
la
investigación
científica (posibilitando
a
través
de
una
medida
de
efecto
equivalente
la
apropiación
del
cuerpo
humano,
dependiente
75
al
fin
de
los
progresos
que
comprometen
su
más
íntima
naturaleza ).
El
alcance
de
lo
“científico”
deberá
seguramente
ser
fijado
por
una
de
las
aludidas
⎯en
el
CCiv.Com.⎯
leyes
especiales,
que
se
esperan
acompañarán
el
desenvolvimiento
del
conocimiento
en
estas
áreas.
La
información
genética
se
presenta,
en
principio,
como
una
información
de
tipo
personal
y
participa
del
campo
de
la
vida
privada
de
la
persona,
bien
que
por
otra
parte,
cuando
esa
información
genética
no
tenga
el
señalado
estatuto
personal,
cuando
efectivamente
70
FRANKEL,
M.
“Inheritable
Genetic
Modifications
and
a
Brave
New
World:
Did
Huxley
Have
It
Wrong?”
En
Hastings
Center
Report
31-‐36.
2003.
Estos
dos
supuestos
expuestos
son,
por
otra
parte,
de
conformidad
con
el
informe
emitido
por
la
Asociación
Americana
para
el
Avance
de
la
Ciencia
(AAAS)
en
la
modificación
genética
hereditaria.
Ver
FRANKEL
M.S.
y
CHAPMAN
A.R,
“Human
Inheritable
Genetic
Modifications”
En
American
Association
for
the
Advancement
of
Science,
Washington,
DC:
2000.
Frankel
también
concluyó
que
"no
hay
modificaciones
genéticas
que
afectan
a
la
línea
germinal,
ya
sean
intencional
o
involuntaria,
y
no
deben
llevarse
a
cabo
hasta
que
la
seguridad,
la
eficacia
de
la
tecnología
y
sus
consecuencias
sociales
hayan
sido
objeto
de
una
amplia
discusión
pública".
71
Científico,
ca.
(Del
lat.
scientifĭcus).
1.
adj.
Perteneciente
o
relativo
a
la
ciencia.
2.
adj.
Que
se
dedica
a
una
o
más
ciencias.
U.
t.
c.
s.
3.
adj.
Que
tiene
que
ver
con
las
exigencias
de
precisión
y
objetividad
propias
de
la
metodología
de
las
ciencias.
Diccionario
de
la
lengua
española
(DRAE)
22.ª
edición,
2001.
72
Diccionario
Espasa-‐Calpe,
Madrid
1989,
p.
287
y
288.
73
JONAS,
Hans.
El
principio
de
la
responsabilidad
:
ensayo
de
una
ética
para
la
civilización
tecnológica.
Editorial
Herder.
Buenos
Aires;
1995.
74
EDELMAN,
B..
Génétique
et
Liberté,
en
Droits.
Revue
française
de
théorie
juridique:
Biologie,
personne
et
droit,
Paris,
Editorial
Presses
Universitaires
de
France,
1991,
Vol.3,
p.31.
Plantea
estas
conclusiones
al
realizar
el
análisis
de
las
posiciones
del
filosofo
P.A.
Targuieff
y
del
médico
RT.
Frydman
sobre
la
manipulación
genética
prenatal.
También,
más
recientemente,
del
mismo
autor
Ni
chose,
ni
personne.
Le
corps
humain
en
question.
Editorial
Hermann,
Paris,
2009.
75
Así
la
Asociación
Americana
de
Microbiología
dijo
a
la
Suprema
Corte
(escrito
de
amiens
por
la
A.S.M.
en
el
caso
Chakrabarty):
“la
disponibilidad
de
un
subcultivo
es
especialmente
importante
para
las
investigaciones
científicas,
porque
las
estirpes
actuales
son
necesarias
para
los
experimentos.
Y,
es
improbable
que
firmas
comerciales
depositen
los
novísimos
cultvos
de
microorganismos
descubiertos
en
un
depositario
reconocido
sin
una
adecuada
protección
por
patentes.
Más
aún,
la
ausencia
de
patentamiento
podría
impedir
la
adquisición
de
estirpes
por
parte
de
los
investigadores
y
podría
inhibir
el
intercambio
de
información
que
es
vital
a
la
investigación”.
Writ
of
Certiorari
de
la
Asociación
Americana
de
Microbiología
a
la
United
States
Court
of
Customs
and
Patent
Appeals.
Diamond,
Comisionado
de
Patentes
y
Marcas
v.
Chakrabarty,
No.
79-‐136.
Corte
Suprema
de
los
EEUU.
447
U.S.
303;
100
S.
Ct.
2204;
1980
U.S.
Lexis
112;
65
L.
Editorial
2d
144;
206
U.S.P.Q.
(BNA)
193
17
de
marzo
de
1980
-‐
16
de
junio
de
1980.
190
pierda
su
capacidad
de
identificar
a
la
persona
humana,
cuando
la
utilización
de
una
parte
de
la
información
genética
se
sitúe
en
un
proceso
de
aplicación
industrial
es,
en
principio,
no
sólo
disponible
sino,
apropiable.
Y
esta
última
condición
es
la
que
le
ha
brindado
a
estas
tecno-‐ciencias
el
respaldo
necesario
para
desarrollarse
con
rapidez
más
allá,
incluso,
de
las
promesas
iniciales
a
fines
del
siglo
pasado.76
Por
otra
parte,
al
ser
declarado
por
la
UNESCO
⎯a
partir
de
la
Declaración
Universal
sobre
el
Genoma
Humano
y
los
Derechos
Humanos
del
11
de
noviembre
de
1997
y
Declaración
Internacional
sobre
los
Datos
Genéticos
Humanos
del
16
de
octubre
de
2003⎯
patrimonio
común
de
la
humanidad
⎯al
modo
de
una
“res
communis”
o
cosa
común,
de
propiedad
o
disposición
común,
de
todos,
el
genoma
humano
queda
entonces
expuesto
al
abordaje
generalizado
en,
por
ejemplo,
la
investigación
científica
referenciada
en
el
CCiv.Com.
Esta
puede,
entonces,
disponer
(en
realidad,
mejor
sería
decir
usar)
de
él
(puede
leer
en
sus
enlaces)
para
el
aprendizaje
de
las
reglas
genéticas
de
las
que
las
podrán
derivar
productos
duplicados,
alterados
o
modificados
que
estarían
fuera
del
objeto
de
aquellas
Declaraciones.
Por
lo
que
colegir
la
indisponibilidad
absoluta,
es
una
conclusión
equívoca,
o
por
lo
menos
apresurada.
Si
bien
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Argentina
imprimió
a
la
ciencia
un
valladar
contra
las
técnicas
experimentales
en
seres
humanos;77
no
obstante,
el
tema
no
es
materia
original
o
exclusiva
de
nuestros
días.78
Debemos
avanzar
de
una
ciencia
éticamente
libre
hacia
otra
éticamente
responsable,
“de
una
tecnocracia
que
domina
el
hombre
para
una
tecnología
que
sea
al
servicio
de
la
humanidad
del
propio
hombre
(...)
de
una
democracia
jurídico-‐formal
a
una
democracia
real
que
concilie
libertad
e
justicia”.79
76
El
Índice
NASDAQ
(National
Association
of
Securities
Dealers
Automated
Quotation)
es
la
bolsa
de
valores
electrónica
y
automatizada
más
grande
de
los
Estados
Unidos,
con
más
de
3.800
compañías
y
corporaciones.
Uno
de
sus
índices
es
el
NASDAQ-‐Biotechnology
que
incluye
acciones
de
empresas
que
cotizan
en
el
NASDAQ
clasificadas
de
acuerdo
al
Industry
Classification
Benchmark,
las
cuales
pueden
ser
de
biotecnología
o
farmacéuticas
y
que
cumplan
también
con
otros
criterios
de
elegibilidad.
Este
índice
registró
el
30
de
enero
de
2015
una
capitalización
de
3.364,85
millones
de
dólares
estadounidenses.
Fuente:
http://esbolsa.com/blog/bolsa-‐americana/que-‐es-‐el-‐nasdaq/
77
Artículo
58
La
investigación
médica
en
seres
humanos
mediante
intervenciones,
tales
como
tratamientos,
métodos
de
prevención,
pruebas
diagnósticas
o
predictivas,
cuya
eficacia
o
seguridad
no
están
comprobadas
científicamente,
solo
puede
ser
realizada
si
se
cumple
con
los
siguientes
requisitos:
a)
describir
claramente
el
proyecto
y
el
método
que
se
aplicará
en
un
protocolo
de
investigación;
b)
ser
realizada
por
personas
con
la
formación
y
calificaciones
científicas
y
profesionales
apropiadas;
c)
contar
con
la
aprobación
previa
de
un
comité
acreditado
de
evaluación
de
ética
en
la
investigación;
d)
contar
con
la
autorización
previa
del
organismo
público
correspondiente;
e)
estar
fundamentada
en
una
cuidadosa
comparación
de
los
riesgos
y
las
cargas
en
relación
con
los
beneficios
previsibles
que
representan
para
las
personas
que
participan
en
la
investigación
y
para
otras
personas
afectadas
por
el
tema
que
se
investiga;
f)
contar
con
el
consentimiento
previo,
libre,
escrito,
informado
y
específico
de
la
persona
que
participa
en
la
investigación,
a
quien
se
le
debe
explicar,
en
términos
comprensibles,
los
objetivos
y
la
metodología
de
la
investigación,
sus
riesgos
y
posibles
beneficios;
dicho
consentimiento
es
revocable;
g)
no
implicar
para
el
participante
riesgos
y
molestias
desproporcionados
en
relación
con
los
beneficios
que
se
espera
obtener
de
la
investigación;
h)
resguardar
la
intimidad
de
la
persona
que
participa
en
la
investigación
y
la
confidencialidad
de
su
información
personal;
i)
asegurar
que
la
participación
de
los
sujetos
de
la
investigación
no
les
resulte
onerosa
a
estos
y
que
tengan
acceso
a
la
atención
médica
apropiada
en
caso
de
eventos
adversos
relacionados
con
la
investigación,
la
que
debe
estar
disponible
cuando
sea
requerida;
j)
asegurar
a
los
participantes
de
la
investigación
la
disponibilidad
y
accesibilidad
a
los
tratamientos
que
la
investigación
haya
demostrado
beneficiosos.
78
Conocida
es
la
finalidad
del
Código
de
Núremberg
del
año
1947
en
impedir
experimentos
médicos
contrarios
a
toda
moral
como
los
llevados
a
cabo
durante
la
Segunda
Guerra
Mundial
por
el
Tercer
Reich.
Asimismo,
el
artículo
7
del
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos
prescribe
que:
“...nadie
será
sometido
sin
su
libre
consentimiento
a
experimentos
médicos
o
científicos”.
También
en
Argentina
se
han
dictado
diversas
normas
jurídicas
al
respecto,
como
ser
las
resoluciones
1480/2011
y
35/2007
del
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación
79
GARRAFA,
Volnei.
Iniciação
à
Bioética.
Brasília:
Conselho
Federal
de
Medicina,
Brasil
1998.
191
Valor
humanitario.
El
derecho
al
heroísmo
“Amarás
a
tu
prójimo
como
a
ti
mismo”
El
vocablo
humanitario
permite
describir
todo
aquello
que
se
refiere
al
valor
del
género
humano.
Puede
utilizarse
como
sinónimo
de
los
conceptos
benéfico,
caritativo
o
bondadoso.80
No
obstante,
el
valor
humanitario
no
se
limita
a
brindar
ayuda
desinteresada
a
víctimas
de
una
catástrofe,
desastre
natural
o
guerra.
La
donación
de
material
anatómico
humano
resulta
de
un
valor
humanitario.
Tal
filantropía
evita
cualquier
mercantilización
del
cuerpo
humano
y
sus
partes,
impidiendo
el
tráfico
de
órganos.
Consecuentemente,
da
respaldo,
desde
la
moral
y
la
ética,
a
los
trasplantes
de
órganos
por
puro
altruísmo,
donde
el
dador
no
persigue
otra
cosa
más
que
“amar
al
prójimo
como
a
sí
mismo”81.
Se
trata
de
socorrer
al
prójimo
mediante
una
acción
caritativa.
a
Así,
en
el
caso
“Colombo,
Marta
I”82
el
Juzgado
de
Primera
Instancia
de
Distrito
en
lo
Civil
y
Comercial
de
13
Nominación
de
Rosario,
el
09/05/1983,83
autorizó
la
ablación
y
posterior
implantación
de
un
riñón
entre
sujetos
sin
parentesco
ni
vínculo
alguno,
a
considerando
que
la
falta
de
relación
parental
que
en
aquel
entonces
exigía
el
artículo
13
de
l
Ley
21.541,
cuando
se
trata
de
un
traspaso
de
órganos
entre
personas
vivas,
es
susceptible
de
sustituirse
por
la
autorización
judicial.
Entre
los
fundamentos,
se
proclamó
la
existencia
del
derecho
al
heroísmo
reconocido
constitucionalmente.84
En
concordancia,
en
el
fallo
“Snidero
de
Pietrobon
Teresa
B”85
del
21/02/2006,
la
Sala
II
de
la
Cámara
de
Apelaciones
en
lo
Civil
y
Comercial
de
San
Isidro
autorizó
la
ablación
de
un
riñón
entre
personas
no
relacionadas
genéticamente.
En
el
caso
en
comentario,
se
entendió
que
existía
una
libre
determinación
de
la
actora
(dadora),
motivada
por
un
designio
altruista,
destacando
las
actividades
generosas
llevadas
a
cabo
por
la
misma
(padrinazgo
y
asistencia
a
escuelas
de
frontera).
Para
así
decidir,
el
Tribunal
tomó
en
consideración
los
propios
dichos
de
la
dadora.
Según
la
misma,
luego
de
la
adopción
de
sus
hijos,
y
tras
la
muerte
de
su
padre
por
insuficiencia
renal,
quiso
transformarse
en
donante
de
un
riñón,
ya
que
“donar
un
riñón
sería
hacerle
un
homenaje
a
su
padre”.86
80
Humanitario,
ria.
(Del
lat.
humanĭtas,
-‐ātis).
1.
adj.
Que
mira
o
se
refiere
al
bien
del
género
humano.
2.
adj.
Benigno,
caritativo,
benéfico.3.
adj.
Que
tiene
como
finalidad
aliviar
los
efectos
que
causan
la
guerra
u
otras
calamidades
en
las
personas
que
las
padecen.
Diccionario
de
la
lengua
española
(DRAE)
22.ª
edición,
2001.
81
GROSSEN,
Jacques
M.,
"La
protection
de
la
personalité
en
droit
privé.
Quelques
problems
actuels",
Sociedad
Suiza
de
Juristas,
"Sección
relaciones
y
comunicaciones",
fasc.
I;
BORREL
MACIA,
Antonio,
La
persona
humana.
82
AR/JUR/2584/1983
–
La
Ley
1984-‐B.
189
Colección
de
Análisis
Jurisprudencial
Derecho
Civil-‐
Parte
General.
83
VIQUEIRA,
Mirtha,
“Actos
de
disposición
del
propio
cuerpo.
Ley
de
transplantes.
Dación
de
órganos
entre
vivos
y
la
exigencia
legal
del
vínculo
familiar”,
TOBÍAS,
José
W.
(Dir.)
Colección
de
Análisis
Jurisprudencial
Derecho
Civil
-‐
Parte
General
-‐
Editorial
La
Ley,
2003,
01/01/2003,
66.
84
Entre
los
fundamentos,
se
sostuvo
que:
1)
“De
conformidad
con
la
doctrina
de
la
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación
el
art.
13
de
la
Ley
21.541,
ha
de
ser
interpretado
armónicamente
considerando
la
totalidad
del
ordenamiento
jurídico
y
los
principios
y
garantías
de
raigambre
constitucional,
para
obtener
un
resultado
adecuado
pues
la
admisión
de
soluciones
notoriamente
disvaliosas
no
resulta
compatible
con
el
fin
común
tanto
de
la
tarea
legislativa
como
de
la
judicial”;
2)
“Entre
dos
interpretaciones
posibles
del
artículo
13
de
la
Ley
21.451,
una
entendiendo
que
es
irremediable
la
exigencia
de
un
determinado
parentesco
entre
dador
y
receptor,
y
otra
admitiendo
la
autorización
judicial
supletoria,
hay
que
preferir
esta
última,
pues
estando
a
la
primera
habría
que
concluir
en
que
esa
norma
es
inconstitucional.
La
declaración
de
la
misma
es,
como
se
sabe,
la
"última
ratio”
del
orden
jurídico,
y
por
ello
hay
que
procurar
encontrarle
a
las
leyes
un
sentido
acorde
con
la
Carta
Magna,
pues
se
debe
presumir
que
los
legisladores
quisieron
acatar
la
Constitución
Nacional,
y
no
infringirla”;
y
3)
“La
“ratio
legis”
de
la
exigencia
sería
evitar
la
comercialización,
pero
ese
riesgo
se
descarta
ante
el
juramento
de
la
solicitante
y
frente
a
la
prueba
testimonial
rendida
sobre
la
reconocida
probidad
e
integridad
moral
del
donante”.
85
AR/JUR/41/2006.
86
El
fallo
sostuvo
que:
“Debe
permitirse
a
una
persona
donar
uno
de
sus
riñones
aun
cuando
no
tenga
con
el
receptor
la
relación
parental
exigida
por
el
artículo
15
de
la
Ley
24.193,
si
de
los
elementos
de
convicción
aportados
a
la
causa
se
comprueba
que
es
una
persona
adulta
con
un
fin
altruista,
sin
motivo
en
la
apetencia
de
un
dinero,
y
su
decisión
ha
sido
consciente,
mediata,
espontánea
y
admitida
por
su
familia”.
192
En
el
derecho
comparado,
la
ley
española
de
1979
admite
únicamente
la
dación
despersonalizada
de
órganos,
con
anonimato
del
dador,
prohibiendo
implícitamente
la
creación
de
bancos
de
órganos.
A
su
turno,
hemos
examinado
la
regulación
sobre
las
llamadas
directivas
anticipadas.
Las
mismas
encuentran
ya
fundamento
jurídico
suficiente
en
el
artículo
19
de
la
Constitución
Nacional,
y
en
el
principio
de
autonomía
individual
y
aunque
las
directivas
médicas
anticipadas
se
encuentran
reguladas
en
el
art.
11
de
la
Ley
26.529
de
Derechos
del
Pacientes
en
su
Relación
con
los
Profesionales
e
Instituciones
de
la
Salud,87
el
nuevo
CCivCom
codifica
sobre
el
punto88
manteniendo
la
prohibición
de
sobre
prácticas
eutanásicas
pero
ampliando
la
competencia
para
decidir
sobre
las
condiciones
de
tratamiento
médico
a
personas
previamente
designadas
por
la
persona.
Más
allá
de
las
características
reglamentarias,
vemos
en
ellas
un
valor
humanitario
por
parte
ya
no
de
un
individuo
sino
del
Estado
que
con
las
normas
señaladas
permite
el
“buen
morir”
llegado
el
caso,
más
allá
de
los
férreos
principios
no
eutanásicos.
Valor
social
Por
su
parte,
el
término
social
indica
todo
aquello
que
pertenece
o
es
relativo
a
la
sociedad.89
En
tanto
que
ésta
supone
una
agrupación
natural
o
pactada
de
personas,
constituyendo
una
unidad
distinta
de
cada
uno
de
sus
individuos,
con
el
fin
de
cumplir,
mediante
la
mutua
cooperación,
todos
o
algunos
de
los
fines
de
la
vida.90
Al
igual
que
el
valor
humanitario,
el
valor
social
expresa
la
capacidad
individual
para
velar
y
obrar
por
el
bien
de
todos.
Ambos
valores
combaten
el
sufrimiento
humano,
protegen
la
vida
y
la
salud,
y
garantizan
el
respeto
por
la
dignidad
de
la
persona.
Fundamentalmente,
entendemos
que,
el
valor
social
se
encuentra
emparentado
con
la
promoción
que
realiza
el
Preámbulo
de
nuestra
Carta
Magna
por
el
“bienestar
general”,
y
con
los
conceptos
de
solidaridad,
responsabilidad
social
a
partir,
por
supuesto,
de
la
autonomía
individual.
Al
respecto,
la
Declaración
Universal
de
Bioética
y
Derechos
Humanos,
comentada
previamente,
indican
en
los
preceptos
13
y
14
de
que:
“Se
habrá
de
fomentar
la
solidaridad
entre
los
seres
humanos
y
la
cooperación
internacional
a
ese
efecto”;
y
que
“La
promoción
de
la
salud
y
el
desarrollo
social
para
sus
pueblos
es
un
cometido
esencial
de
los
gobiernos…La
salud
es
esencial
para
la
vida
misma
y
debe
considerarse
un
bien
social
y
humano…”.
Pero
no
puede
negarse
el
gran
narcisismo
e
individualismo
que
prima
actualmente
en
la
sociedad91,
lo
que
se
refleja
en
la
escasez
de
dadores
de
órganos
y
los
largos
listados
de
pacientes
en
espera,
y
que
evidencian
que
aún
existe
una
gran
resistencia
a
la
hora
de
87
Artículo
11.
“Toda
persona
capaz
mayor
de
edad
puede
disponer
directivas
anticipadas
sobre
su
salud,
pudiendo
consentir
o
rechazar
determinados
tratamientos
médicos,
preventivos
o
paliativos,
y
decisiones
relativas
a
su
salud.
Las
directivas
deberán
ser
aceptadas
por
el
médico
a
cargo,
salvo
las
que
impliquen
desarrollar
prácticas
eutanásicas,
las
que
se
tendrán
como
inexistentes”
88
Articulo
60.-‐
Directivas
médicas
anticipadas.
La
persona
plenamente
capaz
puede
anticipar
directivas
y
conferir
mandato
respecto
de
su
salud
y
en
previsión
de
su
propia
incapacidad.
Puede
también
designar
a
la
persona
o
personas
que
han
de
expresar
el
consentimiento
para
los
actos
médicos
y
para
ejercer
su
curatela.
Las
directivas
que
impliquen
desarrollar
prácticas
eutanásicas
se
tienen
por
no
escritas.
Esta
declaración
de
voluntad
puede
ser
libremente
revocada
en
todo
momento
89
Social.(Del
lat.
sociālis).1.
adj.
Perteneciente
o
relativo
a
la
sociedad.2.
adj.
Perteneciente
o
relativo
a
una
compañía
o
sociedad,
o
a
los
socios
o
compañeros,
aliados
o
confederados.
3.
adj.
Der.
Dicho
de
un
orden
jurisdiccional:
Competente
en
materia
laboral
y
de
seguridad
social.
Diccionario
de
la
lengua
española
(DRAE)
avance
de
la
23.ª
edición.
90
Diccionario
Espasa-‐Calpe,
Madrid
1989,
p.
668
y
1183.
91
MILMANIENE,
M.
ob
y
loc.
cit.
193
donar,
en
simples
palabras:
impera
una
falta
de
conciencia
social.
Por
ello
los
casos
de
disposición
del
propio
cuerpo,
en
bien
de
otra
persona,
son
desde
ya
un
acto
con
gran
solidaridad
y
se
entronca
con
el
ya
visto
valor
humanitario.
Reflexiones
finales
La
génesis
del
derecho
reposa
en
la
idea
de
justicia
como
valor
supremo,
y
en
otros
valores
relativos
a
la
misma,
tales
como
la
seguridad
jurídica,
el
orden,
la
paz
social,
etc.92
La
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación
(Argentina),
en
forma
unánime,
ha
considerado
que
el
derecho
a
la
vida
es
el
primer
derecho
fundamental
de
la
persona
humana
que
reconoce
y
garantiza
la
Constitución
de
la
Nación,
estableciendo
un
valor
fundamental
con
respecto
al
cual
los
restantes
valores
tienen
carácter
instrumental.
La
normativa
en
análisis
codifica
cuáles
serán
los
valores
jurídicos
aplicables
a
determinados
temas
relacionados
con
la
persona
humana,
y
que
darán
sustrato
a
decisiones
en
situaciones
dilemáticas,
asegurando
tanto
la
continuidad
de
la
vida
como
el
respeto
por
la
autonomía
del
individuo.
Dichos
valores
receptados
por
el
nuevo
CCiv.Com
argentino
en
su
“diálogo
de
fuentes”,
resultan
afines
y
concordantes
con
principios
constitucionales
y
con
los
Tratados
Internacionales
de
Derechos
Humanos,
tales
valores
como:
la
promoción
del
bienestar
general,
el
derecho
a
la
preservación
de
la
salud,
la
protección
de
la
dignidad
humana,
la
autonomía
del
individuo,
y
el
derecho
a
la
intimidad
y
privacidad
en
relación
con
la
protección
de
las
conductas
de
disposición
del
propio
cuerpo.93
La
Declaración
Universal
sobre
Bioética
y
Derechos
Humanos,
estable
que
en
el
ámbito
de
dicha
Declaración,
cuando
se
trate
de
decisiones
adoptadas
o
de
prácticas
ejecutadas
en
cuestiones
éticas
relacionadas
con
la
medicina,
las
ciencias
de
la
vida
y
las
tecnologías
conexas
aplicadas
a
los
seres
humanos,
teniendo
en
cuenta
sus
dimensiones
sociales,
jurídicas
y
ambientales,
se
habrán
de
respetar
planamente
los
siguientes
principios:
“la
dignidad
humana,
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales”,
y
que
“los
intereses
y
el
bienestar
de
la
persona
deberían
tener
prioridad
con
respecto
al
interés
exclusivo
de
la
ciencia
o
la
sociedad”
(artículo
3°)
Concordantemente,
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Argentina
dispone
su
plena
vigencia
interna.
El
artículo
17
del
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
ensambla
lo
jurídico
con
lo
bioético
a
través
del
reconocimiento
de
los
valores
que
han
venido
gestándose
a
la
luz
de
la
doctrina
y
jurisprudencia
dándole
al
sistema
la
inter-‐
y
tras-‐
disciplina
que
le
permita
comprender
y
resolver
las
situaciones
dilemáticas
que
el
Derecho
enfrenta
ya
y
que
se
avizora
se
desarrollarán
en
el
futuro.
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toma
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Fe,
Argentina
(en
prensa).
196
SOBRE
EL
PUDOR
Y
EL
HONOR.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Y
UTILIZACIÓN
PÚBLICA
DE
IMÁGENES
PERSONALES
Fabiola
Czubaj
Periodista
del
diario
La
Nación.
Se
especializó
en
el
país
y
en
el
exterior
en
la
cobertura
de
temas
de
ciencia
y
de
salud.
Argentina
Laura
Rueda
Castro
Profesora
Asociada
(Universidad
de
Chile).
Miembro
del
Comité
Ética
Institucional
(Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Chile).
Docente
-‐
Investigadora
(Centro
Interdisciplinario
de
Estudios
en
Bioética,
CIEB,
Universidad
de
Chile).
Directora
del
Departamento
de
Terapia
Ocupacional
y
Ciencia
de
la
Ocupación
(Universidad
de
Chile)
Patricia
Sorokin
Magíster
en
Bioética
(Universidad
de
Chile-‐OPS).
Magíster
en
Salud
Pública
y
Doctora
en
Ciencias
Sociales
(Universidad
de
Buenos
Aires,
UBA).
Docente-‐Investigadora
(Dpto.
de
Humanidades
Médicas,
Facultad
de
Medicina-‐UBA),
Profesora
del
Diplomado
en
Bioética
(FLACSO),
Argentina
Leonor
Suárez
Psicoanalista.
Coordinadora
de
la
Comisión
de
Investigación
del
Centro
de
Salud
Mental
Arturo
Ameghino
Ciudad
de
Buenos
Aires,
Argentina
Contacto:
[email protected]
Si
tomamos
los
aportes
que
desde
la
sociología
y
la
antropología
analizaron
el
cuerpo
podremos
ver
que
no
es
posible
reducirlo
únicamente
a
su
expresión
biológica.
Tal
como
señaló
Marcel
Mauss
(1979)
fundacionalmente
en
este
ámbito
de
la
investigación,
el
cuerpo
es
un
producto
social,
el
primer
instrumento
a
partir
del
cual
los
grupos
humanos
transmiten
los
arbitrarios
culturales
que
garantizan
la
reproducción
social.
Así,
en
los
modos
de
usar
el
cuerpo,
de
presentarlo
y
de
percibirlo,
se
encuentra
expresada
toda
la
1
cosmología
política
de
un
orden
social
(Mauss,
1979;
Bourdieu,
1991).
Algunas
fotografías
que
recorrieron
el
mundo
La
imagen
de
Kim
Phuc
dio
la
vuelta
al
mundo
el
8
de
junio
de
1972.
Esto
originó
un
intenso
debate
en
torno
del
rol
social
de
los
fotógrafos,
los
cronistas
y
los
investigadores
frente
a
una
catástrofe:
¿deben
estos
auxiliar
a
quien
los
necesita
o
ser
meros
observadores
(calificados,
por
cierto)
que
a
través
de
la
lente
de
su
cámara
(o
por
medio
de
sus
notas)
pueden
abogar
a
gran
escala
2
haciendo
visible
lo
invisibilizado?
1
Bourdieu
P.
El
sentido
práctico.
Madrid:
Taurus;
1991.
Bourdieu
P.
Meditaciones
Pascalianas.
Barcelona:
Anagrama;
1999.
Mauss
M.
Sociología
y
Antropología.
Madrid:
Tecnos;
1979.
197
¿Cómo
se
sentirá
hoy
Kim
(aquella
niña
que
a
los
nueve
años
de
edad
huyó
corriendo
en
medio
de
un
ataque
de
napalm
a
su
aldea)
al
ser
globalmente
identificada
y
compelida
a
recordar
por
siempre
aquel
episodio
de
vulnerabilidad
extrema
que
la
convirtió
sin
3
quererlo
en
“símbolo
de
la
guerra
de
Vietnam”?
Probablemente
se
sienta
tan
desnuda
como
en
aquella
fotografía
que
la
mostraba
completamente
sin
ropas,
llorando,
en
shock
junto
a
otros
niños
y
soldados,
delante
de
un
fotógrafo,
todos
con
prendas
que
por
lo
menos
dejaban
a
resguardo
su
pudor.
Ella
no
tenía
esa
posibilidad
ni
podía
decidir
al
respecto.
En
ese
momento,
solo
huía,
después
de
haberse
arrancado
la
ropa
en
llamas.
El
fotógrafo
vietnamita
Nick
Ut,
de
la
agencia
AP,
tomó
la
fotografía
y
llevó
a
la
niña
al
hospital
para
que
recibiera
asistencia
antes
de
enviar
el
material
que
acababa
de
obtener.
La
publicación
de
la
imagen
generó
debate
entre
los
editores
de
la
agencia
y,
si
bien
"un
editor
de
AP
rechazó
la
foto
de
Kim
Phuc
corriendo
carretera
abajo
y
sin
ropas
debido
a
que
mostraba
un
desnudo
frontal
(y)
las
fotos
de
desnudos
de
cualquier
edad
y
sexo,
y
en
especial
las
vistas
frontales
habían
recibido
un
rotundo
no
en
la
Associated
Press
en
1972
(…)
el
editor
de
NY,
Hal
Buell,
argumentó
que
el
valor
de
la
noticia
de
la
fotografía
eliminaba
cualquier
reserva
sobre
el
desnudo”
(http://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Ut).
La
discusión,
que
respondió
a
los
mismos
criterios
aún
vigentes
para
la
divulgación
de
imágenes
de
menores,
también
tuvo
en
cuenta
el
contexto,
la
guerra,
y
una
práctica
inhumana
difícil
de
comprobar
a
tiempo
como
para
poder
evitar
un
daño
mayor:
el
uso
de
armas
químicas
en
sobre
la
población.
“(…)
Es,
desde
luego,
imposible
caracterizar
con
palabras
lo
que
puede
revelar
una
4
fotografía”.
2
Solari
M,
Sotomayor
MA.
Contribución
realizada
en
el
marco
del
Curso-‐Taller
Internacional
“Reflexiones,
Propuestas,
Acciones
y
Perspectivas
de
la
Bioética
en
América
Latina
y
el
Caribe”.
Universidad
Autónoma
de
Yucatán
(UAY),
México;
2009.
3
Himitián
E.
Llega
el
símbolo
de
la
guerra
de
Vietnam.
La
Nación,
Buenos
Aires,
23/04/2009,
p.
10.
4
Así
lo
señala
el
Manual
de
Estilo
y
Ética
Periodística
del
diario
La
Nación
(Espasa,
1997).
Allí,
al
referirse
a
la
fotografías,
los
principios
éticos
y
de
conducta
profesional
que
rigen
para
sus
redactores
se
lee
también:
“La
función
de
la
fotografía
periodística
es
identificar
al
protagonista
de
un
suceso
y,
de
ser
posible,
captarlo
de
modo
que
la
imagen
revele
su
estado
de
ánimo,
el
momento
dramático
de
la
acción
en
que
está
198
Cabe
preguntarse,
asimismo,
¿cómo
se
sentirán
al
verse
retratadas
en
condiciones
infrahumanas
las
personas
que
aún
en
nuestros
días
tienen
que
sobrevivir
no
solo
al
Holocausto
(“Shoá”)
sino
también
a
los
recuerdos
que
prefieren
olvidar?
O
¿querrán
sus
familiares
que
esas
fotos
sean
expuestas
como
un
ejemplo
de
resistencia
y
de
resiliencia
aún
cuando
al
verlas
ellos
no
puedan
resistir
el
dolor
y
la
impotencia
que
les
causa
ver
esa
imagen?
5
Grupo
de
niños
judíos
después
de
experimentos
médicos
en
los
campos
de
concentración
nazi
Estos
casos,
al
igual
que
otros
citados
en
este
artículo
como
ejemplo,
dan
cuenta
de
una
realidad
cada
vez
más
amplia
por
el
uso
de
las
redes
sociales
como
medio
de
comunicación
más
inmediato
que
la
radio
y
la
televisión,
y
sin
normas
que
regulen
qué
imagen
se
puede
difundir
sin
siquiera
pedir
el
consentimiento
del
dueño,
plantea
una
discusión
que
algún
día
habría
que
dar
en
nuestras
sociedades,
con
honestidad
y
sin
el
falso
argumento
de
lesionar
la
libertad
de
expresión.
Esa
discusión
se
presume
superadora
de
ideologías
y
de
fundamentalismos.
Todo
lo
contrario.
En
ese
sentido,
nos
parece
interesante
dar
una
primera
mirada
para
abrir
camino
a
ese
debate
en
el
que
puede
o
no
surgir
una
real
colisión
de
derechos
en
juego.
Al
“seguir
la
pista”
observando
“un
fenómeno
sin
interferir
directamente
en
él
[…]
las
dificultades
se
refieren
a
que,
cuando
se
es
totalmente
observador,
se
pueden
tener
malas
interpretaciones
de
los
fenómenos
sociales
que
acaecen,
y
cuando
se
es
totalmente
participante,
se
pierde
el
extrañamiento
que
permite
el
análisis
de
situación”
(Mondragón
Barrios
et
al
2006,
p.
96).
Todo
instrumento
(sondeo
de
opinión,
entrevista
periodística,
relato
de
una
historia
de
vida,
entre
otros)
que
permita
acceder
a
información
de
primera
mano,
siempre
implica
riesgos
habida
cuenta
de
que
no
solo
invade
la
privacidad
y/o
la
intimidad,
sino
que
comprometido
o
denote
con
el
gesto
lo
que
está
diciendo”
(p.50).
La
enumeración
de
principios
aclara
especialmente
la
prohibición
de
fotografiar
a
menores
sin
el
consentimiento
de
sus
padres
o
las
autoridades
escolares,
e
identificarse
en
un
hospital
para
realizar
entrevistas
u
obtener
fotografías
en
áreas
que
no
sean
de
acceso
público.
En
todo
análisis
de
este
delicado
equilibrio
de
derechos
rige
el
valor,
ponderado
de
manera
honesta
y
profesional,
del
interés
público
de
información
que
no
podría
obtenerse
o
comprobarse
de
otra
manera.
5
Imagen
citada
por
Iglesias
Benavides,
J.
L.
(2007)
“Voces
de
médicos
y
pacientes.
El
Juramento
de
Hipócrates
¿Aún
vive?”,
en
Medicina
Universitaria:
9
(37):219-‐30.
199
podría
lesionar
severamente
su
integridad
y
su
honor
hasta
causarle
oprobio
al
protagonista
si
se
dieran
a
conocer
esos
datos,
aun
cuando
no
fueran
su
nombre
ni
su
apellido,
ni
tampoco
su
imagen
personal.
Otra
situación
que
permite
reflexionar
acerca
de
la
divulgación
pública
de
datos
que
refieren
inequívocamente
a
características
6
sociales,
culturales
o
a
los
roles
que
desempeñan
ciertas
personas,
cuya
identidad
luego
podría
tornarse
determinable ,
es
la
siguiente:
“Entre
los
años
2000
y
2003
en
Antioquia
y
Medellín
(Colombia,
se
llevó
a
cabo
un
estudio
que)
tenía
como
objetivo
diseñar
una
política
y
modelo
de
atención
específica
y
calificada
para
las
mujeres
violadas
en
el
contexto
de
guerra.
Colaboraron
con
el
estudio
líderes
comunitarios,
funcionarios
públicos
y
privados
vinculados
a
la
atención
de
la
violencia
sexual
y
miembros
de
organizaciones
no
gubernamentales.
Al
momento
de
realizarse
la
investigación,
se
desconocían
las
actuales
recomendaciones
de
ética
de
la
investigación,
es
por
esto
que
no
hubo
un
proceso
formal
de
consentimiento
informado.
Con
el
fin
de
que
la
investigación
tuviera
un
mayor
impacto
se
dieron
a
conocer
ciertos
detalles
del
lugar
donde
sucedieron
estos
hechos,
así
como
de
los
presuntos
autores
de
los
delitos.
La
investigación
permitió
denunciar
públicamente
algunos
crímenes
de
guerra
cometidos
contra
personas
que
no
participaban
en
las
hostilidades,
pero
produjo
daños
a
las
mujeres
porque
no
fue
posible
asegurar
la
confidencialidad
de
la
información
brindada
ni
resguardar
su
identidad”
(González
Montoya
2007,
p.
103-‐104).
Nótese
que
la
investigación
transcripta
arriba,
sobre
violencia
en
Colombia,
no
solo
invade
la
intimidad
de
las
participantes
al
7
divulgar
información
confidencial
y
por
ende
sensible.
“Es
frecuente
que
[…]
se
utilicen
expresiones
como
sinónimas
aun
teniendo
significados
diferentes.
Es
el
caso
de
las
palabras
‘anónimo’
y
‘confidencial’”
(Anguita
y
Sotomayor
2011,
p.
200).
Pero
aquí
surge
a
simple
vista
una
primera
diferencia
que
sería
oportuno
plantear
en
este
debate
sobre
la
responsabilidad
social
de
la
utilización
pública
de
las
imágenes
personales.
Por
lo
menos
en
los
medios
de
comunicación.
Queda
claro
que,
desde
el
punto
de
vista
del
interés
público,
la
desprotección
de
los
datos
de
las
participantes
del
estudio
colombiano
no
tenía
justificación
alguna.
La
fotografía
de
“la
niña
del
napalm”
fue
y
es,
a
juicio
de
gran
parte
de
los
historiadores,
el
impulso
que
faltaba
para
detener
definitivamente
la
guerra
de
Vietnam.
Hoy,
la
propia
Kim
Phuc
utiliza
la
imagen
ganadora
de
un
Premio
Pulitzer
en
la
página
principal
del
sitio
de
Internet
de
su
fundación
para
la
asistencia
de
los
niños
víctimas
de
conflictos
armados
(www.kimfoundation.com).
No
obstante,
debe
alertarse
respecto
de
ciertas
prácticas
que,
en
aras
de
lograr
“objetividad”,
podrían
incurrir
en
severas
transgresiones
éticas
al
revictimizar
a
una
víctima,
sea
esta
una
figura
privada
o
pública.
El
Diccionario
de
la
Lengua
de
la
Real
Academia
Española
define
al
estigma
como
“una
marca
o
señal
en
el
cuerpo”.
Goffman
(1963)
plantea
que
el
estigma
se
identifica
como
una
marca,
señal
o
signo,
manifiesta
o
no,
que
hace
que
el
titular
de
la
misma
sea
incluido
en
una
categoría
social
hacia
cuyos
miembros
se
podría
generar
una
respuesta
negativa.
En
tal
sentido,
una
investigación
social
en
salud
fue
diseñada
con
el
objetivo
de
comprender
el
significado
de
ser
mujer,
estar
embarazada
y
ser
VIH
positiva.
Los
investigadores
querían
conocer,
también,
los
comportamientos
adoptados
por
las
mujeres
con
respecto
a
la
confidencialidad,
relacionados
con
la
pareja
(positiva
o
no),
la
familia,
los
amigos,
los
vecinos
y
los
colegas
de
trabajo.
La
recolección
de
datos
sería
realizada
a
través
de
entrevistas
con
las
mujeres
y
de
información
6
La
Ley
argentina
Nº
25.326
(2000)
entiende
por
disociación
a
todo
tratamiento
de
datos
personales
efectuado
de
manera
tal
que
la
información
obtenida
no
pueda
ser
asociada
a
una
persona
determinada
o
determinable.
7
Según
la
Ley
argentina
Nº
25.326
(2000)
son
sensibles
los
datos
referidos
al
origen
étnico,
tanto
como
a
las
opiniones
políticas,
convicciones
religiosas,
filosóficas
o
morales,
la
afiliación
sindical
y
la
información
referente
a
la
salud
o
a
la
vida
sexual.
Los
destacados
en
bastardilla
nos
pertenecen.
200
recogida
en
sus
carpetas
médicas.
Todas
las
participantes
frecuentaban
Servicios
de
Salud,
conocidos
como
centros
de
referencia
para
la
atención
de
personas
portadoras
de
VIH.
La
divulgación
de
los
resultados
del
estudio
fue
planeada
de
la
siguiente
forma:
publicaciones
científicas,
periódicos
y
una
entrevista
del
investigador
principal
difundida
por
la
TV
el
1º
de
diciembre
–Día
Internacional
de
la
Acción
contra
el
SIDA–.
Al
conceder
una
entrevista
sobre
mujeres
VIH
positivas,
que
frecuentaban
servicios
de
salud
de
referencia
para
el
tratamiento
del
virus
en
un
período
de
tiempo
definido,
el
status
de
las
mujeres
podría
ser
divulgado
por
su
vinculación
con
los
servicios
de
salud.
En
este
estudio,
el
riesgo
social
para
las
mujeres
estaría
relacionado
con
la
posibilidad
de
que
sean
identificadas
y
sean
víctimas
de
discriminación
y/o
estigmatización
(caso
elaborado
a
partir
de
una
situación
real,
Zicker
et
al,
2006)
Otro
punto
interesante
para
aportar
es
el
concepto
de
integridad,
que
da
cuenta
tanto
de
la
cualidad
de
íntegro
como
del
estado
de
aquel
que
no
sufrió
alteración
o
degradación.
Figuradamente,
se
la
asocia
con
las
nociones
de
honestidad,
probidad,
virtud.
Este
podría
relacionarse
con
otro
concepto:
el
de
“calidad
de
vida”.
El
ejemplo
es
el
siguiente:
un
grupo
de
estudiantes
está
fumando
en
la
puerta
de
una
facultad.
Un
fotógrafo
capta
la
escena
con
su
cámara
y
esta
aparece
en
la
primera
plana
de
una
revista
de
actualidad
para
ilustrar
el
consumo
de
drogas
en
la
universidad.
Una
de
las
personas
fotografiadas,
que
“para
colmo
de
males
jamás
8
en
su
vida
tomó
drogas”,
decide
no
asistir
más
a
la
facultad
y
se
aísla
en
su
casa
por
temor
a
ser
identificada
si
sale
a
la
calle.
Ciertas
imágenes
extraídas
de
fuentes
de
dominio
público
no
explicitan
si
su
divulgación
fue
consensuada
o
si
están
allí
sin
que
hayan
mediado
el
conocimiento
y
el
consentimiento
de
quienes
son
exhibidos
y
expuestos
a
la
mirada
de
todos.
El
espectador
ignora
si
existió
una
autorizaron
previa
y
la
comprensión
o
el
conocimiento
acabados
de
dónde
y
cómo
se
almacenarán
tales
datos
(registros
fotográficos,
audio,
videos),
como
así
también
bajo
la
responsabilidad
de
qué
persona
estarán
y
qué
uso
se
les
dará.
Los
estudios
científicos
orientados
a
aumentar
el
conocimiento
médico
disponible
y
las
presentaciones
de
casos
en
congresos
científicos
con
imágenes
son
un
campo
interesante
para
bucear
y
comprobar
el
buen
uso
del
consentimiento
a
prestar
la
propia
imagen.
El
campo
de
la
estética,
donde
puede
darse
una
contraprestación
de
servicios
a
cambio
de
una
imagen,
también
podría
sumarse
a
ese
campo
de
futuro
relevamiento,
como
se
verá
más
abajo.
¿Solo
hay
que
pedir
permiso
a
una
persona
cuando
se
le
va
a
introducir
un
tubo,
o
se
le
va
a
sacar
un
trozo
de
piel,
o
se
le
va
a
dar
un
fármaco
nuevo?
y
¿qué
pasa
cuando,
como
ocurre
en
las
ciencias
sociales,
no
nos
introducimos
en
su
cuerpo
físico,
sino
en
su
mente,
sus
sentimientos,
sus
deseos,
sus
valores
su
alma,
su
espíritu
como
se
quiera
llamar?
¿Acaso
no
es
una
`intervención´
sobre
una
persona?
¿No
es
una
intromisión
en
su
intimidad,
como
para
permitirnos
no
deliberar,
sobre
la
utilidad
de
esa
investigación
para
los
sujetos
o
la
sociedad?
¿Para
no
hacerle
ver
los
riesgos
y
beneficios
y
a
pedirles
autorización
para
hacerlo?
(Michaud
Chacón
2008,
p.
13)
Si
bien
el
artículo
114
del
Código
de
Ética
de
para
el
Equipo
de
Salud
de
la
Asociación
Médica
Argentina
(AMA)
establece
que
“constituye
violación
de
normas
del
secreto
médico,
hacer
referencia
a
casos
clínicos
identificables,
exhibir
fotografías
de
sus
pacientes
en
anuncios
profesionales
o
en
la
divulgación
de
asuntos
médicos
en
programas
de
radio,
televisión,
a
través
del
cine
o
en
artículos,
entrevistas
o
reportajes
en
diarios,
revistas
o
cualquier
otro
medio
de
difusión
de
carácter
no
médico”;
es
usual
que
en
ateneos
clínicos
y/o
en
“presentaciones
científicas”
se
acompañen,
además
de
la
historia
clínica
de
una
cierta
persona,
algunos
estudios
complementarios
(ocasionalmente
pueden
observarse
datos
tales
como
su
apellido,
centro
asistencial,
número
de
la
seguridad
social
o
prepaga).
E
incluso
en
ciertas
especialidades
como
la
oftalmología,
la
odontología
o
la
cirugía
plástica
se
muestran
incluso
los
rostros
de
las
personas
“antes”
y
“después”
a
efectos
de
poner
en
evidencia
los
cambios
producidos
en
su
respectiva
8
Caso
real
comentado
por
participante
en
el
taller
realizado
durante
el
I
Encuentro
Internacional
de
Proyectos
de
Investigación
Ética,
Derechos
Humanos,
Educación
y
Ciudadanía.
Facultad
de
Filosofía
y
Letras-‐UBA,
Biblioteca
Nacional,
Buenos
Aires,
mayo
29-‐30
de
2009.
201
fisonomía.
Este
tipo
de
práctica
expone
a
las
personas
a
perder
parte
de
su
intimidad,
muchas
veces
sin
estar
al
tanto
de
que
serán
usadas
como
“modelos”.
El
artículo
12
de
la
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos
dispone
que
“nadie
será
objeto
de
injerencias
arbitrarias
a
su
vida
privada
[…]
ni
de
ataques
a
su
honra
o
a
su
reputación.
Toda
persona
tiene
derecho
a
la
protección
de
la
ley
contra
tales
injerencias
9
o
ataques”.
Términos
similares
contienen
el
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos ,
la
Convención
sobre
los
Derechos
10
11
del
Niño
y
la
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos .
De
acuerdo
con
estos
instrumentos,
el
respeto
a
la
vida
privada
constituye
uno
de
los
derechos
humanos,
anterior
y
superior
al
Estado,
al
que
le
compete
el
deber
de
reconocerlo
y
ampararlo.
Asimismo,
es
un
límite
a
las
libertades
públicas
y
puede
subsistir
inclusive
más
allá
del
fallecimiento
de
la
persona.
Comprende,
en
general,
el
derecho
a
la
propia
imagen;
a
la
intimidad
personal
y
familiar;
al
anonimato
y
reserva;
a
una
vida
tranquila,
sin
acosos,
hostigamientos
y
perturbaciones
y
a
la
inviolabilidad
del
hogar
y
de
toda
forma
de
comunicaciones
privadas.
Los
principales
medios
de
comunicación
del
mundo
adhieren
a
un
conjunto
de
normas
de
ética
profesional
que,
en
el
caso
de
las
imágenes,
queda
librado
explícitamente
a
los
principios
que
protegen
las
normas
legales
madre
de
cada
país,
léase
la
Constitución
Nacional
en
la
Argentina,
como
así
también
los
tratados
internacionales
con
rango
constitucional.
Así,
el
derecho
a
la
intimidad,
el
resguardo
de
la
privacidad,
el
derecho
a
la
imagen
y
la
protección
de
la
identidad
de
los
menores
surgen
espontáneamente
en
las
discusiones
que
surgen
en
las
redacciones
en
los
niveles
responsables
de
la
decisión
de
publicar
o
no
una
determinada
imagen.
Pero
siempre
hay
excepciones,
sobre
todo
en
un
mundo
de
comunicación
de
masas,
en
el
que
el
periodismo
aún
se
sigue
definiendo
como
un
“oficio”
y
no
una
“profesión”.
La
línea
que
separa
el
morbo,
el
mal
gusto
y
la
invasión
a
la
privacidad
con
el
errado
argumento
de
que
“una
imagen
vale
más
que
mil
palabras”
cuando
esa
información
personal
no
agrega
absolutamente
nada
al
hecho
noticioso,
parecería
ser
cada
vez
más
delgada.
Las
imágenes
de
la
muerte
y
la
enfermedad,
en
ese
sentido,
parecerían
volverse
cada
vez
más
atractivas
para
aumentar
el
rating
o
la
venta
de
ejemplares.
La
sociedad
también
tendría
que
revisar
sus
preferencias.
El
actual
vacío
deontológico
en
ese
sentido
favorece
actuaciones
que
lesionan
la
práctica
profesional
de
calidad
e
instala
tendencias
finalmente
nocivas
para
el
rol
del
periodismo.
Su
responsabilidad
social
va
de
la
mano
con
el
concepto
de
responsabilidad
moral.
Como
lo
planteó
María
Teresa
Aubach,
primera
decana
de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Información
de
la
Universidad
de
Salamanca,
España,
en
su
participación
en
una
compilación
de
los
códigos
de
ética
periodísticos
que
surgieron
en
los
años
90:
9
Adoptado
y
abierto
a
la
firma,
ratificación
y
adhesión
por
la
Asamblea
General
de
las
Naciones
Unidas
en
su
resolución
2200
A
(XXI),
de
16
de
diciembre
de
1966.
Entrada
en
vigor:
23
de
marzo
de
1976.
10
Adoptada
y
abierta
a
la
firma
y
ratificación
por
la
Asamblea
General
de
las
Naciones
Unidas
en
su
resolución
44/25,
de
20
de
noviembre
de
1989.
Entrada
en
vigor:
2
de
septiembre
de
1990.
11
También
conocida
como
“Pacto
de
San
José
de
Costa
Rica”.
Suscripta
en
la
Conferencia
Especializada
Interamericana
sobre
Derechos
Humanos,
adoptada
en
San
José,
Costa
Rica
el
22
de
noviembre
de
1969.
Entrada
en
Vigor:
18
de
julio
de
1978.
202
Cuando
la
libertad
de
información
se
convierte
en
pieza
clave
de
toda
sociedad
democrática,
cuando
las
diversas
funciones
sociales
de
la
prensa
son
continuamente
atacadas
por
el
poder
político,
cuando
la
vida
privada
de
tantas
personas
está
sujeta
a
la
investigación
periodística,
cuando
los
mensajes
de
los
medios
de
comunicación
bombardean
las
mentes
y
los
corazones
de
tantos
millones
de
personas,
no
es
extraño
que
las
exigencias
de
la
responsabilidad
moral
a
la
profesión
periodística
crezca
considerablemente.
(Bonete
Perales
1995,
p.
13)
En
esa
compilación
ya
trascendía
ese
vacío
ético
asociado
con
la
difusión
de
imágenes
en
los
medios
de
comunicación
masivos
que
aún
persiste
y
queda,
en
definitiva,
librado
al
juicio
(o
la
ética)
de
cada
individuo,
sobre
todo
frente
a
un
potencial
conflicto
de
derechos.
Es
común
en
las
redacciones,
por
lo
menos
de
los
principales
diarios
del
mundo,
debatir
si
la
publicación
de
una
imagen
relacionada
con
el
protagonista
de
una
noticia
lesionaría
valores
como
la
intimidad
y
la
dignidad,
y
cómo
esto
compite
con
el
derecho
a
una
información
verdadera
(Blázquez
1995,
p.
232).
La
aparición
de
las
redes
sociales
en
la
comunicación
de
masas
debería
acelerar
el
debate.
En
principio,
hay
que
aplicar
a
la
información
digital
los
mismos
criterios
éticos
que
rigen
para
el
manejo
de
otras
fuentes.
Así,
en
una
entrevista
que
en
2013
concedió
Javier
Darío
Restrepo,
director
del
Consultorio
Ético
y
maestro
de
la
Fundación
Nuevo
Periodismo
Iberoamericano
(FNPI),
al
portal
venezolano
Últimas
Noticias,
sostuvo
que
en
realidad,
no
se
trata
de
construir
una
ética
digital.
¿Hay
una
ética
de
la
radio?
¿O
de
la
televisión?
¿O
de
los
periódicos?
No
es
una
nueva
ética,
son
nuevas
aplicaciones
de
la
ética
las
que
se
hacen
en
la
era
Internet;
no
es
cuestión
de
adecuaciones
con
lo
que
esta
palabra
alude
a
oportunismos
utilitarios;
son
respuestas
de
la
ética
a
circunstancias
nuevas
(…)
El
tiempo
se
convierte
en
un
problema
ético
cuando
prefieres
lo
rápido
a
lo
correcto,
la
publicación
inmediata,
a
la
lentitud
de
las
confirmaciones.
Esto
tiene
que
ver
con
el
manejo
de
las
fuentes,
una
de
las
debilidades
de
Internet.
Desde
el
Consultorio
de
Ética
de
la
FNPI,
creada
por
el
periodista
y
escritor
colombiano
Gabriel
García
Márquez,
su
director,
Javier
12
Darío
Restrepo,
aseguró
ya
en
2013
que
“Internet
crea
la
necesidad
de
hacer
periodismo
de
mayor
calidad”.
Lo
sucedido
el
24
de
enero
de
ese
mismo
año
era
un
ejemplo
de
la
actual
interacción
entre
la
información
que
circula
en
Internet
y
las
redes
sociales,
y
los
medios
de
comunicación
tradicionales.
Fue
el
día
en
el
que
el
diario
El
País,
de
España,
se
disculpó
por
haber
publicado
el
día
anterior
en
su
portal
online
lo
que
consideró
una
primicia
mundial:
una
fotografía
del
ex
Presidente
venezolano
Hugo
Chávez
durante
su
internación
en
Cuba.
El
mandatario
padecía
cáncer
y
no
se
difundía
información
sobre
su
estado
de
salud
real.
12
http://eticasegura.fnpi.org/2013/06/13/internet-‐esta-‐creando-‐la-‐necesidad-‐de-‐hacer-‐periodismo-‐de-‐mayor-‐calidad-‐javier-‐dario-‐restrepo/
203
13
La
fotografía
que
publicó
El
País
y
la
imagen
original
real
de
YouTube
“El
País
pide
disculpas
a
sus
lectores
por
el
perjuicio
causado.
El
diario
ha
abierto
una
investigación
para
determinar
las
circunstancias
de
lo
sucedido
y
los
errores
que
se
hayan
podido
cometer
en
la
verificación
de
la
fotografía.
Gtres
Online
es
una
agencia
gráfica
con
la
que
EL
PAÍS
trabaja
desde
hace
varios
años
y
que
representa
en
España
a
otras
agencias
internacionales",
explicó
el
diario
a
través
de
un
comunicado
que
difundió
al
mundo.
La
imagen
pertenecía,
en
realidad,
a
un
video
subido
a
YouTube
en
2008
en
el
que
se
describía
un
procedimiento
médico
(intubación).
"(El
diario)
no
ha
podido
verificar
de
forma
independiente
las
circunstancias
en
que
fue
tomada
la
imagen,
ni
el
momento
preciso,
ni
el
lugar.
Las
particularidades
políticas
de
Cuba
y
las
restricciones
informativas
que
impone
el
régimen
lo
han
hecho
imposible",
agregó
el
diario.
Bien
observa
Victoria
Camps
(1995,
p.
58),
excatedrática
de
filosofía
del
derecho,
la
moral
y
la
política
de
la
Universidad
Autónoma
de
Barcelona,
cuando
en
los
años
90
presidía
en
España
la
Comisión
Especial
de
Contenidos
Televisivos
del
Senado,
sobre
cuestiones
que
una
lectura
ligera
y
alejada
de
la
cabal
comprensión
de
las
tensiones
entre
el
ámbito
privado
y
la
libertad
de
un
medio
de
comunicación
de
revelar
lo
que
ocurre
allí
cuando
juzga
que
es
de
interés
general.
Su
planteo
parece
no
tener
fronteras:
El
derecho
al
honor,
a
la
intimidad
personal
y
a
la
propia
imagen
está
refrendado
por
una
ley
específica
que
prohíbe
las
intromisiones
ilegítimas
en
el
ámbito
privado.
Pero,
¿qué
hay
que
entender
por
intromisión
ilegítima?
La
ley
es
rigurosa
solo
hasta
el
punto
en
que
una
ley
puede
serlo.
Se
refiere,
en
efecto,
a
la
ilicitud
de
métodos
(como
aparatos
de
escucha
o
filmación)
para
entrar
en
la
vida
íntima
de
las
personas,
o
a
la
de
divulgar
hechos
o
datos
relativos
a
la
vida
privada
que
afecten
la
reputación
de
alguien.
Pero
no
puede
dejar
absolutamente
claro
dónde
empieza
o
dónde
acaba
el
ámbito
de
lo
privado
y
lo
íntimo,
ni
en
qué
momento
la
revelación
de
un
dato
mancha
la
reputación
personal.
Y
eso
no
escapa
al
mundo
virtual,
en
el
que
no
hay
regulaciones.
Allí,
la
libertad
es
absoluta.
Y
esto,
interesantemente,
desplaza
la
discusión
a
un
campo
más
amplio.
Imágenes
de
miles
de
millones
de
personas
circula
a
diario
por
un
mundo
virtual
sin
fronteras
e
inmediato
que
crece
sin
parar
con
los
mensajes
y
los
muros
de
Twitter
y
Facebook.
Allí,
nadie
pide
permiso
para
sacar
una
fotografía
13
http://www.clarin.com/mundo/Afirman-‐publicara-‐Chavez-‐internado-‐Cuba_0_852514996.html
204
y
publicarla.
Su
origen
poco
importa.
No
hay
chequeo
de
fuentes.
Cientos
de
casos
demuestran
ya
que
borrarla
no
la
elimina
para
siempre
ni
repara
un
daño
o
disculpa
un
error.
También,
en
ese
mundo
virtual
al
que
se
conectan
miles
de
millones
de
teléfonos,
computadoras
y
tabletas
en
el
mundo
real,
es
común
la
difusión
de
imágenes
que
“movilicen
a
la
comunidad”
para
acceder
a
un
tratamiento
médico
o
pedir
algún
otro
tipo
de
ayuda.
Algunas
imágenes
pueden
ser
tan
descriptivas
de
un
drama
o
un
problema
de
salud
que
valdría
la
pena
preguntarse,
de
nuevo,
como
Kim
Phuc
o
los
niños
que
participaron
en
los
experimentos
nazis,
qué
pensarán
sus
protagonistas
más
adelante
cuando
se
vean
en
una
situación
de
vulnerabilidad
semejante.
¿Habrían
elegido
algo
no
tan
explícito
para
resguardar,
aunque
sea
un
poco,
su
intimidad?
En
muchos
casos
son
menores
de
edad
o
personas
con
discapacidad.
Discusión
ética
14
Aquella
fotografía
del
“falso
Chávez”
nos
retrotrae
al
fallo
“Ponzetti
de
Balbín”
que
fue,
en
(Argentina),
la
divisoria
de
aguas
para
el
debate
y
la
reflexión
sobre
los
límites
de
la
intromisión
indebida
en
la
intimidad
de
las
personas;
pese
a
ello,
aún
persisten
situaciones
abusivas
al
respecto
que
requieren
un
intenso
proceso
de
reflexión
social
y
ética
en
torno
de
qué
se
entiende
por
esfera
pública
y
qué
por
esfera
privada
en
el
campo
de
la
salud
(Sorokin,
2013).
La
fotografía
es
definida
como
el
arte
y
la
técnica
de
obtener
imágenes
duraderas.
El
desarrollo
de
la
técnica
fotográfica
y
de
la
tecnología
pasa
de
la
película
a
lo
digital.
De
la
impresión
de
la
imagen
a
la
traducción
de
la
imagen
en
píxeles.
La
pregunta
es
sobre
el
uso
de
las
herramientas
que
el
progreso
nos
brinda.
Una
aproximación
a
esa
discusión
plantea
que
la
imagen
como
texto
fijo
implicaría
que
la
imagen
dice
“todo”.
Pero
no
es
así.
Se
hace
necesario
el
contexto,
los
elementos
en
juego
que
permitan
una
lectura.
El
contexto
permite
abrir
a
la
reflexión,
vemos
aquí
la
importancia
de
las
palabras
para
entenderlo.
“Ver
para
creer”
puede
convertirse
en
una
violencia
que
se
va
a
satisfacer
solo
con
más
violencia
por
sobre
el
resguardo
de
la
privacidad
o
la
intimidad.
Y
en
ese
círculo
vicioso,
la
responsabilidad
es
compartida
entre
quienes
publican
la
noticia
(los
medios)
y
quienes
“consumen
morbo”
(el
público),
lo
que
contribuye
con
la
divulgación
y
favorece
la
búsqueda
de
cada
vez
más
detalles
que
permitan
mantener
el
interés
durante
algo
más
de
los
escasos
segundos
que
dura
el
impacto
al
ver
esas
imágenes.
La
responsabilidad
es
un
valor
que
implica
responder
por
los
actos
propios
en
un
plano
moral
y
establecer
la
magnitud
de
dichos
actos
en
un
plano
ético.
No
obstante
ello,
la
cultura
actual
parecería
tender
a
disolver
valores
e
ideales
supuestamente
antiguos,
en
nombre
de
la
libertad
de
soltar
amarras,
disolver
la
vergüenza.
Todo
puede
ser
dicho,
todo
puede
ser
mostrado.
Si
el
pudor
nos
dice
que
el
cuerpo
debe
ser
privado
de
la
mirada
intrusiva
de
los
otros,
el
honor
diría
del
respeto
al
prójimo
y
a
sí
mismo.
14
Tanto
interés
despierta
el
“deber
hacer”
en
la
divulgación
de
las
fotografías
de
personas
públicas
y
privadas,
como
así
también
de
situaciones
consideradas
noticiosas,
que
la
Fundación
Nuevo
Periodismo
Iberoamericano
(FNPI)
en
su
sitio
http://eticasegura.fnpi.org
posee
un
apartado
denominado
Ética
de
la
Imagen
205
Teniendo
en
cuenta
la
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos
y
el
Estatuto
de
Roma
de
la
Corte
Penal
Internacional,
que
comprende
las
conductas
tipificadas
como
crímenes
de
lesa
humanidad
y
los
declaran
imprescriptibles,
podemos
intentar
pensar
que
la
ley,
que
fija
los
límites
y
las
relaciones
entre
los
Estados
y
los
ciudadanos
para
garantizarles
a
los
pueblos
el
respeto
de
sus
derechos
y
sus
libertades,
es
la
vía
para
acotar
y
responsabilizar
a
los
responsables
de
los
agravios.
La
ley
y
el
tiempo
como
garantía
contra
la
impunidad.
En
nuestros
días,
Internet
se
erige
en
espacio
privilegiado
para
la
divulgación
(de
imágenes
y
comentarios…)
que
incluyen
notas
de
opinión
sin
firma,
y
por
tratarse
de
un
campo
que
aún
no
cuenta
con
regulaciones
claras
y
consistentes
admite
la
ofensa
directa
o
potencial
a
los
terceros
involucrados.
En
consecuencia,
¿qué
derecho
tienen
las
personas
cuando
son
ofendidas
e
injuriadas
por
el
ejercicio
abusivo,
en
exacto
agraviante
de
la
información
mediática?...
si
en
ese
afán
por
obtener
un
alto
impacto
se
involucrara
injustamente
a
una
persona
“inocente”
¿sería
posible
luego
reparar
el
daño
que
le
comportaría
el
sentirse
impunemente
vulnerada?,
¿alcanzaría
con
fijar
una
compensación
económica
a
modo
de
desagravio
por
las
calumnias
e
injurias
padecidas?,
¿obtendría
el
afectado
un
merecido
resarcimiento
moral
que
implique
una
aclaración
en
la
cual
se
deje
expresa
constancia
de
que
las
versiones
vertidas
con
anterioridad
fueron
difamatorias
y/o
de
falsedad
absoluta?,
¿aún
obteniendo
una
retractación
por
escrito
en
idéntico
espacio
y
con
idénticas
letras
y
tamaño
y
firmada
por
quien
cometió
la
intromisión
en
la
intimidad,
se
subsanaría
el
daño?,
¿No
es
acaso,
el
ejercicio
de
acciones
penales,
oportunidad
para
que
las
injurias
se
repitan
y
el
daño
se
reitere
en
el
tiempo?
(Sotomayor
et.
al
2008,
p.
11)
A
modo
de
propuesta,
sería
interesante
promover
la
construcción
consensuada
de
un
código
de
ética
para
la
práctica
periodística.
Un
compendio
unificado
de
normas
que,
como
en
otras
profesiones,
orienten
el
ejercicio
profesional,
establezcan
claramente
las
excepciones
si
existieran
y
desalienten
las
conductas
reñidas
con
las
buenas
prácticas
para
respaldar,
en
definitiva,
al
periodismo
de
calidad.
La
promoción
de
la
especialización
profesional
también
garantizará
mejores
resultados
en
un
mundo
con
asuntos
cada
vez
más
complejos,
que
exigen
una
aproximación
a
la
verdad
lo
más
sólida
posible
en
poco
tiempo.
La
guerra
de
Vietnam,
los
experimentos
médicos
en
los
campos
de
concentración
nazi
y
otras
imágenes
más
actuales,
son
ejemplos
de
agravio
a
la
humanidad
en
su
conjunto:
las
fotografías
testimonian
el
grado
de
inhumanidad
al
que
se
puede
llegar
y,
también,
la
responsabilidad
ética,
social
y
legal
que
debe
ponderarse
dado
que
el
ojo
crítico
de
una
lente
devela
y
revela
una
realidad
que
hasta
entonces
estaba
oculta,
silenciada,
invisible.
Y
al
convertirse
esas
imágenes
en
“patrimonio
de
la
humanidad”,
la
sociedad
tiene
a
su
alcance
diversas
opciones:
no
querer
enterarse
de
lo
que
sucede,
ser
un
simple
observador,
empatizar
con
el
dolor
ajeno
y
tratar
de
mitigarlo,
involucrarse
activamente
o,
inclusive,
mandar
la
imagen
a
un
concurso.
Referencias
bibliográficas
Anguita
V,
Sotomayor
MA.
¿Confidencialidad,
anonimato?
las
otras
promesas
de
la
investigación.
Acta
Bioethica
2011;
17(2):
20.
206
Referencias
bibliográficas
Anguita
V,
Sotomayor
MA.
¿Confidencialidad,
anonimato?
las
otras
promesas
de
la
investigación.
Acta
Bioethica
2011;
17(2):
20.
Bonete
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la
información
y
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Citado
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Análisis
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Chile:
CONICYT-‐Gobierno
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2008:
13.
Los
destacados
en
bastardilla
nos
pertenecen.
Mondragón
Barrios
L,
Rodríguez
Yunta
E,
Valdebenito
Herrera
C.
Ética
de
la
Investigación
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Ciencias
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En
Lolas
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Quezada
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Salud.
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Chile:
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2006:
96.
Rueda
L,
Rueda
J.
El
enfoque
comunicacional
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la
formación
de
Terapeutas
Ocupacionales:
Aspectos
teóricos
y
propuestas
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aplicación.
Rev
Chil
Ter
Ocup.
2005;
1(1):
53-‐60.
Sorokin
P.
El
resguardo
de
la
intimidad
“es
necesario
para
mantener
una
calidad
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vida.
En
Gil
Domínguez
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(Dir.).
Muerte
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2013:
75-‐86.
Sotomayor
MA,
Ghioldi
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Mpolás
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A
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Derechos
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y
prensa
escrita
¿intimidad
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En
Sorokin
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(Coord.).
Número
Especial
de
Jurisprudencia
Argentina
sobre
Derechos
personalísimos,
VIH/sida
y
prensa
escrita.
Buenos
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LexisNexis,
I
(8);
2008:
8-‐13.
Suárez
L,
Feinholz
D,
Czubaj
F.
Los
medios
y
el
VIH/sida.
En
P.
Sorokin
(Coord.)
Número
Especial
de
Jurisprudencia
Argentina
sobre
Derechos
personalísimos,
VIH/sida
y
prensa
escrita.
Buenos
Aires:
LexisNexis,
I
(8);
2008:
92-‐96.
Zicker
F
(Coord.),
Guilhem
D,
Diniz
D
(Orgs.).
Bioética
e
investigación
con
seres
humanos:
programas
académicos
y
de
extensión.
LetrasLivres
con
apoyo
de
(TDR)/OMS,
Anis,
Universidad
de
Brasilia,
Ministerio
de
Salud
de
Brasil
y
FLACEIS,
Brasilia-‐DF
2006.
Parte
Tercera
BIOÉTICA
Y
SALUD
PÚBLICA
208
ALGUMAS
REFLEXÕES
BIOÉTICAS
EM
SITUAÇÃO
DE
CATÁSTROFES
Leo
Pessini
“Lembre-‐se
de
que
voce
é
um
simples
`hóspede`
no
país,
e
que
você
está
aí
para
ajudar
as
pessoas
a
se
ajudarem
a
si
mesmas,
e
não
para
criar
dependência.
Trate
a
todos
com
igual
dignidade,
especialmente
os
mortos,
que
talvez
morreram
exatamente
por
falta
de
dignidade
em
vida.
Estimule
cooperação,
a
mútua-‐ajuda
e
a
restauração
da
motivação,
a
auto-‐estima
e
a
auto
subsistência“
(PALMER
2005,
p.
74).
Vivemos
num
momento
histórico
caracteriado
por
intenso
de
processo
globalização
que
afeta
a
vida
de
todos.
Este
fenônemo
é
impulsionado
principalmente
pelos
meios
de
comunicação
(TVs,
jornais,
viagens,
meios
de
transporte),
pelos
processos
migratórios
de
gente
dos
países
pobres
para
países
ricos,
e
pela
economia
que
se
apresente
sempre
mais
globalizada.
Neste
contexto,
vários
âmbitos
da
vida
humana,
são
impactados
e
transformados,
tais
como
cultura,
estilo
de
vida,
valores
comunitários
locais
e
nacionais.
Eticamente
falando
nos
empenhamos
pela
globalização
da
solidariedade,
mas
oque
de
fato
está
ocorrendo
é
a
globalização
da
indiferença.
Os
perigos
e
riscos
de
desastres
e
catástrofes
em
termos
de
saúde
pública
por
exemplo,
que
antes
podiam
ser
cirscunscritos
a
uma
determinada
comunidade,
e
aí
controlados,
agora
também
são
globalizados
(H1N1,
Ébola,
etc.)
e
colocam
a
humanidade
inteira
em
estado
de
alerta.
No
risco
do
perigo
de
morte,
nos
sentimos
como
uma
humanidade
unida.
Através
Organizações
e
agências
e
ONGs
governamentais,
intergovernamentais
e
civis,
tais
como
ONU,
UNICEF,
UNAIDS,
Médicos
sem
fronteiras,
Cruz
vermelha
Internacional,
entre
outras
mais
autantes,
tomam
medidas
de
segurança
e
proteção
para
proteger
a
vida
e
a
saúde
da
população
mundial,
vulnerabilizada
por
estas
ameaças.
No
campo
dos
desastres,
assim
chamados
naturais,
que
aparentemente
não
teriam
nenhuma
intervenção
humana,
a
ocorrência
do
Tsunami,
no
Oceano
Índico
em
dezembro
de
2004,
é
um
marco
importante
na
contemporaneidade.
Este
desastre
afetou
mais
de
12
países
da
região
asiática,
deixando
um
lastro
de
mais
de
250
mil
mortes
e
com
prejuízos
materiais
incalculáveis,
serviu
como
que
um
despertador
para
a
humanidade
se
acordar
e
se
unir
em
termos
de
ajuda
humanitária
internacional.
Em
muitas
instâncias
mais
do
que
ajuda
solidária,
o
processo
atrapalhou,
e
até
prejudicou.
Isto
é
o
que
se
descobriu
em
pesquisas
realizadas
pós-‐desastres!
Isto
levou
a
um
processo
de
repensamento
das
estratégias
de
resgate
e
salvamento
das
vítimas,
bem
com
ao
surgimento
de
uma
reflexão
sobre
ética
e
bioética
neste
contexto.
O
que
fazer
em
termos
priorizaçao
de
ações
perante
a
escassez
de
recursos,
a
pesquisa
conduzida
neste
contexto,
que
valores
éticos
deveriam
ser
implementados.
Estas
e
outras
questões
são
hoje
pauta
obrigatória
quando
falamos
em
bioética
global.
É
certo
que
grande
parte
da
história
de
quase
meio
século
de
bioética,
esta
foi
pensado
em
termos
e
microética,
vendo
somente
o
indivíduo,
e
agora
é
desafiada
a
enfocar
as
questões
de
macroética,
valorizando
a
dimensão
sócio-‐político-‐cultural
e
econômica.
Não
há
como
não
negar
o
contexto
no
qual
a
vida
é
afirmada
ou
negada!
Nesta
perspectiva
já
foram
realizados
inúmeros
encontros
acadêmicos
e
eventos
em
que
as
questões
éticas
e
bioéticas
estiveram
no
centro
das
discussões
da
temática
dos
desastres.
Várias
publicações
referenciais
na
área
da
bioética
também
surgiram.
Uma
obra
recentemente
publicada,
que
fundamenta
em
grande
parte
estas
reflexões,
tem
como
Editores
P.
O`Mathaúna,
Bert
Gordijn
e
Mike
Clarke,
entitula-‐se,
Disaster
Bioethics:
normative
Issues
When
Nothing
is
Normal
(A
Bioética
em
contexto
de
desastres:
questões
normativas
quando
nada
é
normal).
Inúmeros
eventos
de
treinamento
e
discussões
éticas
também
estão
sendo
realizados,
em
nível
de
comitês
nacionais
de
bioética,
centros
prestigiosos
de
bioética,
tais
como
o
The
Hasting
Center
(EUA).
A
Faculdade
de
Medicina
da
Universidade
do
Porto,
realizou
de
9-‐10
de
outubro
2014,
um
congresso
sobre
a
biética
em
contexto
de
209
desastre
com
a
temática,
o
proceso
de
tomada
de
decisões
bioéticas
em
situações
de
desastres.
Basta
esta
indicações,
para
se
perceber
da
importância
da
temática
relacionada
com
ética
e
bioética
num
contexto
de
desastres.
Este
texto
enseja
apresentar
algumas
reflexões
éticas
bioéticas
introdutórias
neste
cenário
supra
apresentado.
O
roteiro
de
nossa
jornada
reflexiva
se
incia
com
a
apresentação
de
alguns
dados
estatísticos
sobre
desastres
(1),
a
seguir
busca
um
entendimento
sobre
o
que
entender
sobre
desastres
e
como
estes
se
transformam
numa
numa
questão
bioética
(2),
alguns
princípios
éticas
da
juda
humanitária
(3)
e
algumas
diretrizes
ética
da
pesquisa
neste
contexto
(4).
A
seguir
procura-‐se
definir
três
coneitos
de
amplo
uso
nesta
área:
macro,
triagem
e
planejamento
das
respostas
(6).
Aprofundando
a
discussão,
discorremos
sobre
a
emergência
da
responsabilidade
ética,
a
ética
de
emergência
e
o
humanitarismo
como
política
de
vida
(7)
,
e
o
valor
da
vida
humana,
justiça
e
direitos
humanos
(8).
Não
ná
como
não
refletir
e
desconhecer
o
que
é
feito
pelas
organizações
internacionais
intergovernamentais
e
não
governamentais
que
atuam
como
resposta
aos
grandes
desafios
globais
dos
desastres.
Destacamos
especificamente
algumas
organizações
não
governamentias
internacionais,
a
organização
Médicos
Sem
fronteira
(MSF),
A
Cruz
Vermelha
Internacional
e
o
Greenpeace
(9).
Finalizamos
apontando
para
o
desafio
ético
de
lidar
e
respeitar
os
valores
e
crenças
das
culturas
locais
(10)
e
a
nessidade
de
mais
reflexão
de
cunho
ética
e
bioética
nesta
área
de
catástrofes.
I
-‐
Alguns
dados
estatísticos
sobre
desastres
ocorridas
nos
últimos
anos
Em
2013
foram
registrados
330
desastres
naturais
que
provocaram
a
morte
de
16.610
pessoas,
afetando
a
vida
de
96.5
milhões
de
pessoas
e
causando
danos
econômicos
estimados
em
US$
118,6
bilhões.
A
geografia
destes
desastres
apresenta
o
seguinte
panorama:
A
Ásia
foi
a
mais
afetado
por
desastres
naturais,
40,7¨%;
seguido
pelas
Américas
com
22,2%;
Europa
com
18,3%;
África
com
17,7%;
e
Oceania
com
3,1%.
Estas
catástrofes
causaram
um
grande
impacto
na
saúde
pública
dos
países
afetados.
Segundo
o
Climate
Risk
Index
(1993-‐2012)
os
dez
países
mais
afetados
nos
últimos
20
anos,
por
eventos
metereológicos
extremos
são
os
seguintes:
Honduras,
Haiti,
Myamar,
Haiti
Nicarágua,
Bangladesh,
Vietnam,
Filipinas,
República
Dominicana,
Mongólia
e
Tailandia
(ANNUAL
DISASTER
STATISTICAL
REVIEW
–
2013).
Segundo
recente
relatório
do
Painel
Intergovernamental
de
Mudanças
climáticas
(IPCC)
existe
causas
antropogênicas
envolvidas
nas
mudanças
de
clima
que
já
causaram
e
continuam
a
afetar
o
ser
humano
e
os
sistemas
naturais.
A
emissão
dos
chamados
gases
de
efeito
estupa
é
causada
principalmente
pela
ação
do
ser
humano.
Toda
a
humanidade
deve
cooperar
urgentemente
na
redução
da
emissão
de
CO2
através
da
adaptação
e
mitigação.
Ambas
são
estratégias
complementares
para
reduzir
os
riscos
de
mudança
do
clima.
O
objetivo
é
de
limitar
o
aquecimento
global
abaixo
de
2o.
C
(IPCC,
2014).
As
variaçoes
extremas
de
temperatura,
tais
como,
chuvas,
ventos
e
outros
de
de
fenomenos
da
natureza
continuam
a
ser
um
risco
sério
para
a
humanidade.
Assim
temos
alguns
fortes
ciclones
tropicais
(Ex.
Filipinas,
2013),
enchentes,
ondar
de
calor,
secas
severas,
etc.
Estas
mudanças
climáticas
afetam
profundamente
a
saúde
e
o
bem
estar
das
populações.
Os
estudiosos
da
área
prevêem
que
as
mudanças
climáticas
causaram
aproximadamente
250
mil
mortes
adicinais
anualmente
entre
2020
e
2050;
sendo
que
seriam:
38
mil
idosos
devido
à
exposição
ao
calor;
48
mil
devido
à
diarreia;
60
mil
devido
à
malária
e
95
mil
de
crianças
desnutridas.
Estes
números
indicam
que
o
penso
maior
da
doença
e
mortes
causadas
pelas
mudanças
climáticas
no
futuro
continuarão
a
afetar
principalmente
crianças
em
países
em
desenvolvimento,
mas
que
também
outros
grupos
populacionais
serão
fortemente
afetados
(WHO,
2014).
Nos
ultimos
dez
anos
mais
de
7
mil
desastres
foram
registrados
no
planeta
Mais
de
1.1
milhão
de
pessoas
morreram
e
mais
que
2.5
milhões
de
pessoas
foram
atingidas
.
Esta
classificação
não
inclui
as
guerras,
conflitos
relacionados
com
fome,
doenças
e
epidemias.
O
ano
de
2010
foi
considerado
o
ano
mais
mortífero
de
todos
nas
útimas
decadas.
Naquele
ano
ocorreram
373
desastres
naturais
que
afetaram
a
vida
de
207
milhões
de
pessoas
resultando
em
296.300
mortes.
210
Na
última
década,
China
EUA,
Indonésia,
Filipinas
e
Índia
juntos
são
os
cinco
países
que
mais
foram
afligidos
por
desastres
naturais.
Em
2013
na
China
ocorreu
o
número
maior
de
desastres
naturias
da
última
década.
O
pais
foi
afetado
por
uma
variedade
de
tipos
de
desastres.
Incluindo
17
enchntes
e
avanlanches
de
terra,
15
tempestades,
7
terremotos,
um
grande
movimento
estrandoso
de
terra
de
origem
geológica,
uma
seca
e
um
período
de
temperaturas
extremas.
Entre
os
dez
países
mais
atingidos
em
termos
de
mortalidade
por
causa
de
desastres
em
2013,
5
pa´sies
são
classificados
como
países
economicamente
falando
de
de
baixa
renda
ou
baixa
e
média
renda.
Estes
países
contabilizam
por
88%
de
todas
as
mortes
registradas
em
2013.
Dois
desastres
mataram
mais
de
mil
pessoas:
o
Cliclone
Haihan
nas
Filipinas
em
novembro
com
7.354
mortes
e
as
enchentes
em
junho
na
ìndia,
com
6.054
mortes
(ANNUAL
DISASTER
STATISTICAL
REVIEW
2013).
Entre
os
maiores
desastres
recentes
na
historia
da
humanidade,
amplamente
divulgados
e
explorados
pela
mídia
mundial,
elencamos
os
seguintes:
Em
26
de
dezembro
de
2004,
Tsunami
no
Oceano
Índico.
Um
terremoto
de
magnitude
de
9.3,
ocorreu
resultando
num
Tsunami
que
afetou
12
países.
Os
mais
afetados
foram
Indonésia,
Sri
Lnaka,
India
e
Tailandia.
Mais
de
200
mil
pessoas
perderam
a
vida
e
quase
dois
milhões
perderam
suas
casas.
No
Siri
Lanka,
ocorreram
30
mil
mortes,
com
milhares
de
pessoas
desaparecidas.
Em
29
de
agosto
de
2005,
o
furacão
Katrina,
um
dos
mais
avassaladores
da
história
dos
Estados
Unidos,
destruiu
a
região
metropolitana
de
Nova
Orleans,
causou
mais
de
mil
mortes,
com
perdas
econômicas
incalculáveis.
O
Katrina
começou
como
uma
tempestade
tropical
que
se
formou
sobre
as
Bahamas.
O
furacão
Katrina
alcançou
os
estados
de
Louisiana,
Mississipi
e
Alabama.
A
região
metropolitana
de
Nova
Orleans
foi
a
mais
atingida,
onde
mais
de
um
milhão
de
pessoas
deixaram
suas
casas,
com
prejuizos
materiais
incalculáveis.
Em
janeiro
de
2010,
um
terremoto
no
Haiti,
com
magnitude
de
7.0
ceifou
a
vida
de
mais
de
316
mil
pessoas
com
1.5
milhão
de
haitianos
sem
residência,
que
foram
completamente
destruídas.
Em
fevereiro
de
2010,
na
costa
do
pacífico,
no
Chile,
um
terremoto
com
magnitude
de
8.8.
ceifou
a
vida
de
aproximadamente
500
pessoas
e
370
mil
casas
foram
danificadas.
Em
fevereiro
de
2011,
terremoto
no
Japão,
na
região
de
Fukuchima,
um
dos
maiores
terremotos
já
registrados,
com
uma
magnitude
de
9.0.
O
exato
número
de
vítimas
é
ainda
desconhecido,
mas
calcula-‐se
que
são
aproximadamente
25
mil,
com
100
mil
casas/edifícios
danificados
ou
destruídos.
Além
disso,
ocorreram
danos
nos
reatores
nucleares
da
usina
nuclear
de
Fukuchima
espalhando
o
terror
de
irradiacão
atômica
na
população
local,
que
foi
retirada
do
local
por
um
periodo
de
tempo.
2
-‐
O
que
entender
por
desastres
e
os
desastres
como
uma
questão
bioética
O
Escritório
das
Nações
Unidas
para
a
Redução
do
Risco
de
Desastres,
2007,
assim
define
o
que
é
se
entende
por
desastes:
“O
desastre
é
definido
como
a
consequência
de
eventos
provocados
por
fenômenos
naturais,
tais
como
terremotos,
vulcões,
deslizamentos
de
terra,
tsunamis,
enchentes,
secas,
etc.,
que
superam
a
capacidade
de
resposta
da
comunidade
local,
comprometendo
gravemente
o
funcionamento
desta
(…),
causando
destruições
humanas,
materiais,
perdas
econômicas
ou
ambientais,
que
superam
a
capacidade
da
comunidade
afligida,
de
enfrentar
com
seus
próprios
recursos
(Escritório
das
Nações
Unidas
para
a
Redução
do
Risco
de
Desastres,
2007).
Os
desastres
são
classificados
em
três
grupos
a
saber:
a)
naturais,
por
exemplo
inundaçôes,
terremotos,
quedas
de
avalanches);
b)
tecnológicos,
por
exemplo,
acidentes
industriais¸nucleares
(Chernobil)
e
de
transporte
de
produtos
qüimicos);
e,
c)
os
chamados
de
emergencias
complexas,
que
envolvem
causas
naturais
e
humanas.
Os
desastres
podem
estar
relacionados
com
conflitos
causados
pelo
próprio
ser
humano,
tais
como
guerras
e
terrorismo,
(ex.
Queda
das
torres
gêmeas
de
Nova
York
com
mais
de
três
mil
mortes
pela
organização
de
Bin
Laden,
Alcaida,
em
11
de
setembro
de
20101).
211
Os
desastres
causam,
o
que
popularmente
ficou
conhecido
em
inglês
como
“os
seis
Ds“,
ou
seja:
destruição,
morte
(death),
deslocamento,
desaparecimento,
doencas/desordens
e
disarranjos.
Os
desastres
causam
muito
dano
e
infligem
muito
sofrimento
humano.
Eles
causam
um
desequilibrio
entre
necessidades
humanas
e
os
recursos
imediatamente
disponiveis
para
atender
as
necessidades
humanas.
Ocorrem
de
maneira
muito
diferentes
e
intensidade
variáavel,
em
diversas
partes
do
planeta.
Para
a
Cruz
Vermelha
internacional,
o
desastre
é
um
evento
calamitoso
que
resulta
em
perdas
de
vidas,
intenso
sofrimento
humano,
angustia
e
stress,
e
perdas
materias
em
grande
escala.
Do
ponto
de
vista
médico,
as
situçoes
desastrosas
se
caracterizam
por
um
agudo
e
imprevisto
desequilibrio
entre
a
capacidade
e
os
recursos
de
saúde
e
as
necessidades
dos
sobreviventes,
que
estao
feridos
e
cuja
vida
está
ameacada,
por
um
determinado
período
de
tempo.
Os
desastres,
independentemente
de
sua
causa,
apesentam
algumas
características
comuns,
que
podem
ser
identificadas
:
a)
Ocorrência
rápida
e
inesperada,
que
exige
uma
resposta
imediata;
b)
Danos
materiais
que
tornam
o
acesso
aos
sobreviventes
difícil
e/ou
perigoso;
c)
Efeitos
adversos
para
a
saúde
e
vida
da
população;
com
risco
de
epidemias
e
pandemias;
d)
Um
contexto
de
inseguranca
que
por
vezes
exigem
medidas
policiais
e
militares
para
manter
a
ordem;
e)
Cobertura
midiática.
O
Forum
Europeu
para
redução
de
riscos
de
desastres,
do
Conselho
da
Europa,
realizado
em
2011,
apontou
como
prioridade
fundamental
a
ser
implementada
através
de
ações
no
processo
de
redução
dos
riscos
de
desastre,
“colocar
as
pessoas
em
primeiro
lugar!“.
Se
olharmos
para
a
história
da
bioética
ocidental
identificaremos
imediatamente
algumas
importantes
limitações
quando
se
tenta
aplicá-‐la
ao
contexto
de
desastres.
Uma
das
razões
é
que
a
bioética
sempre
privilegiou
o
indivíduo
e
direitos
individuais
e
a
situação
de
desastres
nos
coloca
numa
perspectiva
muito
mais
ampla
que
aquela
dos
direitos
individuais,
honrando
estes,
mas
indo
para
além
destes,
foca
a
saúde
das
populaçoes,
levando
em
conta
o
contexto
sócio-‐político-‐ecnômico.
Existem
muitas
questões
éticas
na
ocorrência
de
um
desastre,
na
administração
do
socorro
e
resposta
global
que
se
dá
em
termos
de
salvamento
de
vidas
e
recursos.
A
Cruz
vermelha
internacional,
os
Médicos
Sem
Fronteira,
a
Associação
Médica
Mundial,
todos
essas
organizações
tem
claro
que
suas
ações
e
intervenções
humanitárias
neste
âmbito
têm
uma
clara
orientação
ética,
como
veremos
mais
adiante.
Qual
seria
o
papel
bioética
em
situação
de
desastres?
Ela
examina
as
questões
de
conduta
moral
a
respeito
do
certo
e
do
errado,
relacionadas
com
as
pessoas
e
organizações
na
medida
em
que
elas
respondem
as
necessidades
das
pessoas
vitimadas
pelos
desastres.
Muitas
destas
questões
emergem
no
contexto
de
necessidades
vitais
e
processos
de
provisões
de
cuidados
de
saúde.
Além
disso,
uma
vez
que
estas
necessidades
implicam
em
pesquisa
em
como
melhor
intervir,
a
bioética
num
contexto
de
desastres
também
estuda
as
questões
éticas
que
surgem
na
realização
de
pesquisa
neste
contexto.
A
missão
da
bioética
neste
contexto
seria
de
elaborar
normas
éticas
salutares,
quando
nada
aparenta
normal.
Os
desastres
podem
destruir
muitas
coisas,
mas
não
deveríamos
deixar
que
destruam
a
dignidade
humana.
Neste
sentido
a
bioética
objetivaria
identificar
meios
para
salvaguardar
a
dignidade
humana.
3-‐
A
ética
em
situações
de
desastres:
alguns
princípios
éticos
fundamentais
da
ajuda
humanitária
A
pesquisa
em
sitauções
de
desastres
cobre
uma
ampla
gama
de
tipos
de
estudo,
que
vai
desde
perguntar
as
pessoas
sobre
sua
experiência,
que
necesidades
apresentam,
até
a
realização
de
intervenções
médicas
com
projetos
de
pesquisa
randomizados
e
controlados.
Vários
tipos
de
estudos
levantam
diferentes
tipos
de
questões
éticas,
com
o
questionamento
se
alguns
tipos
de
pesquisa
não
deveriam
ser
conduzidas
durante
os
desastres.
Argumenta-‐se
que
o
foco
prioritário,
pelo
menos
na
fase
aguda,
é
sempre
resgatar
e
cuidar
dos
sobreviventes.
212
Necessitamos
de
mais
pesquisa
neste
âmbito
de
tragédias
para
compreender
os
desastres
e
encontrar
os
melhores
caminhos
para
reduzir
os
riscos
bem
como
para
aprimorar
as
respostas
de
socorro
e
ajuda
humanitária.
Em
geral
a
pesquisa
é
eticamente
justificada
pelo
fato
de
que
ela
tratá
resultados
importantes
que
beneficiarão
futuramente
as
pessoas
que
estarão
expostas
ao
risco
de
eventos
adversos
da
natureza.
Ainda
näo
existem
diretrizes
internacionais
comuns
a
todos
os
que
atuam
num
contexto
de
desastre
sobre
pesquisa
em
contexto
catastrófico.
Apenas
recentemente
organizações
internacionais,
tais
como
a
Cruz
Vermelha
Internacional,
e
a
organização
Médicos
sem
Fronteiras
elaboraram
algumas
normas
éticas,
e
criaram
comitês
de
revisão
ética,
neste
sentido.
Utizam-‐se
normalmente
as
normas
éicas
para
a
pesquisa
em
humanos
elaboradas
pela
Associação
Médica
Mundial
(Declaração
de
Helsinque)
e
o
documento
Organização
Mundial
da
Saúde
(OMS)/CIOMS,
com
diretrizes
específicas
para
a
pesquisa
em
seres
humanos
conduzida
nos
países
em
desenvolvimento.
Existem
importante
lições
a
serem
aprendidas
pela
comunidade
internacional
a
partir
das
intervenções
realizadas
em
situações
de
catastróficas
recentes,
em
que
pesquisadores
inescrupulosos
exploraram
os
sobreviventes.
Os
sobreviventes
traumatisados
não
devem
ser
re-‐traumatizados
ao
ter
que
se
submeter
a
uma
pesquisa
que
em
nada
respeita
seus
valores
e
necessidades.
Ao
se
entrar
numa
outra
cultura
para
ajudar,
deve-‐se
assegurar
que
as
pessoas
serão
tratadas
com
respeito.
O
objetivo
primárico
em
toda
e
qualquer
assistência
humanitária
neste
contexto
de
desastres,
é
o
de
realizar
o
melhor
bem
possível
para
o
maior
número
possivel
de
pessoas.No
imediato
após-‐
desastre,
isto
envolve
em
salvar
vidas
e
alivar
o
sofrimento.
Contudo
existem
alguns
mitos
e
falácias
em
relação
aos
riscos
e
necessidades
de
saúde
durante
os
desastres,
que
precisamos
superar
(Wang
2009).
Por
exemplo,
acredita-‐se
que
o
pânico
é
generalizado
na
população
no
imediato
após
desastre.
Existem
evidências
que
mostram
que
os
sobreviventos
não
entram
em
pânico.
Pesquisas
empíricas
mostram
que
os
sobreviventes
permanecem
calmos
e
têm
um
papel
crucial
como
sendo
os
primeiros
em
ajudar
a
resgatar
as
pessoas
e
tratar
de
seus
ferimentos.
Embora
a
ajuda
externa
seja
importante,
pesquisa
empírica
realizada
na
China,
México
e
nos
EUA,
revelou
que
mais
de
80%
das
pessoas
são
localizadas
e
resgatadas,
pelos
outros
sobreviventes.
Isto
tem
uma
importante
implicação
em
termos
de
preparação
e
planejamento
para
agir
e
intervir
neste
contexto,
sublinhando
a
importância
da
condução
de
pesquisa
imediatamente
após
os
desastres.
Por
exemplo,
enfrentar
o
trauma
associado
com
desastres.
Existem
diferentes
tipos
de
intervenções
psicológicas
que
tem
sido
uadas
amplamente.
A
pesquisa
está
identificando
que
tipo
de
intervenção
é
realmente
de
ajuda
e
quais
são
as
pessoas
necessitadas,
antes
de
assumir
que
qualquer
tipo
de
intervenção
feita
por
um
Conselheiro
psicológico
sensível
e
competente,seria
de
ajuda.
Outro
princípio
ético
importante
é
evitar
dano.
As
respostas
aos
desastres
devem
ser
examanidadas
numa
perspectiva
de
longo
prazo
e
não
simplesmente
a
curto
prazo.
Uma
pesquisa
de
avaliação
a
respeito
da
resposta
ao
Tsunami
que
ocorreu
em
2004
no
oceano
Índico,
descobriu-‐se
que
o
influxo
da
ajuda
externa,
minou
os
esforços
locais
de
resposta
ao
Tsunami,
e
em
certos
lugares,
comprometeu
sua
estrutura
organizacional.
Tais
resultados
certamente
não
eram
esperados,
mas
“boas
intenções
não
perdoam
resultados
ruins“.
Pesquisas
de
excelente
qualidade
podem
ajudar
a
identificar
porque
estes
danos
ocorreram
e
como
eles
podem
ser
evitados
com
diferentes
intervenções.
Outra
descoberta
feita
é
que
as
comunidades
locais
fizeram
muito
para
salvar
vidas
no
imediato
após
do
Tsunami.
Isto
coloca
em
evidencia
a
importancia
de
investir
na
redução
de
reiscos
de
desastres
e
na
prepração
como
um
meio
efeitivo
para
reduzir
turuos
danos.
A
importância
das
comunidades
locais
com
frenquencia
tem
sido
negligenciada,
mas
agora
existeevidencia
de
excelente
qualidade
que
indicam
sua
importância.
Um
outro
princípio
ético
central
da
ajuda
humanitária
é
que
os
rescursos
devem
ser
distribuídos
segundo
as
necessidades.
Uma
das
razões
desta
abordagem
é
a
de
minimar
a
provisão
de
recursos
segundo
certas
tendências
ou
preconceitos,
tais
como
quando
um
grupo
recebe
mais
ou
menos
ajuda
por
causa
da
raça,
religião,
genero,
idade,
classe
social,
ou
outros
atributos
menos
213
relevantes.
Se
a
ajuda
não
for
segundo
a
necessidade,
pode-‐se
impor
danos
em
relação
a
aqueles
com
maiiores
necessidades
quem
não
receberão
ajuda
suficiente
que
necessitam.
Esta
abaordagem
de
assistir
a
partir
das
necessidades
é
um
caminha
justo
de
distruir
de
forma
equitativa
os
escassos
recursos
disponívies.
Uma
das
questões
muito
importantes
da
bioética
em
nível
de
saúde
pública.
Prover
ajuda
segundo
as
necessidades,
exige
uma
compreensão
anterior
das
necessidades
da
populção
afligida,
no
entanto
estas
informações
das
necessidades
da
população
com
frequência
é
limitada,
especialmente
no
imediato
após
dos
desastres.
A
avaliação
das
necesidades
em
conextos
de
desastres
é
um
grande
desafio
e
aponta
para
a
importância
de
consciencia
de
recursos
e
infraestrutura
na
fase
pré-‐desastre.
Isto
nos
mostra
a
justificação
ética
de
se
fazer
estudos
para
termos
evidência
de
tais
avaliações
de
recursos
e
necessidades.
Coletar
dados
acurados
é
de
vital
importancia,
mas
uma
tarefa
muito
difícil
durante
o
desastre.
Um
equilíbrio
deve
ser
mantido
entre
as
necessidades
imediatas
de
sobrevivencia
das
pessoas
e
as
necessidades
a
longo
prazo
da
população
atingida
como
um
todo.
Mas
o
maior
fator
limitante
para
uma
resposta
humanitária
efetiva,
“
foi
a
falta
de
uma
vontade
política
e
organizacional
de
agir
a
partir
deste
conhecimento
e
utilizar
os
recursos
necessários
para
enfrentar
os
problemas,
utilizando
as
melhores
soluções
indicadas
“
(Bradt
2009b,
p.
482).
4
-‐
Diretrizes
éticas
de
pesquia
em
contexto
de
catástrofes
humanitárias
As
primeiras
diretrizes
éticas
específicas
para
a
pesquisa
em
situações
de
desastres
foram
elaboradas
por
um
Grupo
de
Trabalho
(Working
Group
on
Disaster
Research
and
Ethics)
de
especialistas,
como
resposta
a
dramática
situação
provocada
pelo
Tsunami
de
2004
que
assolou
inúmeros
países
do
Oceano
Índico.
Estas
diretrizes
não
substituem
as
atuais
diretries
existentes
no
campo
da
pesquisa,
mas
tão
somente
sublinham
as
questões
éticas
de
importancia
singular
em
contexto
de
desastres.
São
apresentados
doze
princípios
gerias,
que
apresentamos
sumariamente
a
seguir.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Toda
pesquisa
em
situações
de
desastre
deve
ser
relevante
para
aqueles
que
são
afetados
pelos
desastres
e
seria
impossível
conduzi-‐la
em
situações
de
não-‐disastres.
O
Consentimento
informado
para
a
pesquisa
é
mandatorio.
Se
o
consentimento
livre
e
voluntário
já
é
difícil
de
obtê-‐lo
em
circunstâncias
normais,
é
particularmente
um
grande
desafio
consegui-‐lo
em
situação
de
desastres.
As
equipes
de
pesquisa
devem
identificar
as
barreiras
potenciais
para
a
obtenção
do
consentimento
e
fazer
todo
o
esforço
para
superá-‐las.
Deve-‐se
evitar
qualquer
tipo
de
indução
e
nenhuma
tentativa
deve
ser
feita
para
encobrir,
ou
fazer
passar
a
pesquisa
como
parte
como
ajuda
humanitária.
A
participação
e
consulta
à
comunidade
deve
ser
encorajada
em
todos
os
estágio
do
processo
de
pesquisa.
Ao
mesmo
tempo,
acordos
coletivos
comunitários
não
devem
substituir
o
consentimento
informado
individual.
Os
participantes
da
pesquisa
devem
ser
selecionados
por
razões
científicas
relacionadas
com
o
projeto
de
pesquisa.
A
pesquisa
não
deve
colocar
extra
peso
naqueles
que
já
estão
traumatizados
ou
na
infraestrutura
local
já
fragilizada.
Cuidados
especiais
devem
ser
tomados
para
proteger
a
privacidade,
confidencialidade
e
a
dignidade
dos
sobreviventes.
Embora
os
sobreviventes
de
desastres
não
podem
ser
definidos
legalmente
como
uma
população
vulner´vel,
seua
vulnerabilidade
aumentada
deve
levar
a
esforços
adicionais
para
minimizar
os
riscos
provenientes
da
pesquisa.
As
instituições
que
patrocinam
a
pesquisa
em
situações
de
desastre
devem
reconhecer
sua
obrigação
ética
e
ajudar
a
coordenar
a
pesquisa
com
ajuda
frente
ao
desastre.
Os
mais
altos
standards
de
competencia
profissional
e
rigor
científicos
devem
ser
mantidos
junto
a
equipe
de
pesquisadores.
A
pesquisa
deve
prover
benefícios
direitos
e
indiretos
para
os
sujeitos
pesquisados,
a
comundiade
afetada
pelo
dessastre
ou
vítimas
de
futuros
desastres.
A
comunidade
local
deve
ser
consultada
no
que
tange
aos
benefícios.
Os
resultados
da
pesquisa
devem
ser
divulgados
de
uma
forma
ampla
e
transparente
após
a
revisão
por
pares
(peer-‐
review),
e
utilizá-‐los
para
influenciar
políticas.
Comitês
de
ética
independentes,
multidisciplinares
e
pluralistas
devem
rever
todas
as
propostas
de
pesquisa.
Representantes
da
comunidade
afligida
pelo
desastre
deve
ser
incluído.
Arranjos
novos
e
diferentes
estágios
de
revisão
podem
ser
necessários
desenvolver.
214
10. A
colaboração
internacional
em
pesquisa
deve
basear-‐se
no
respeito
mútuo
e
parceria,
envolvendo
várias
organizações,
bem
como
a
comunidade
local
(SUMATHIPALA
ET
AL.
2010).
5
-‐
Definindo
alguns
conceitos
utilizados
neste
contexto.
Macro,
triagem
e
planejamento
Na
perspectiva“macro“
direcionamos
nosso
enfoque
para
o
contexto
social
dos
eventos.
O
conceito
de
“macro
ética“
é
um
conceito
recente
no
âmbito
da
engenharia.
A
ética
engenheiristica,
mais
que
a
ética
dos
cuidados
de
saúde
é
a
que
é
utilizada
para
lidar
com
uma
lista
de
desastres
tais
como
queda
de
aviões,
vazamento
de
gazes
letais
que
por
acidente
pegam
fogo
e
acidentes
nucleares
(Chernobil).
Perante
falhas
tecnológicas
éimportante
distinguir
entre
responsabilidade
individual,
social
ou
organizacional.
Quanto
ao
conceito
de
triagem,
trata-‐se
de
um
conceito
muito
utilizado
na
medicina
de
emergência.
Em
circunstâncias
normais
a
triagem
classifica
as
pessoas
feridas
de
maeira
tal
que
elas
recebam
o
melhor
cuidado.
Ela
implica
em
decisoes
que
se
relacionam
com
o
tratamento
baseados
nas
urgências
das
necessidades.
Em
circunstâncias
extraordinárias
a
triagem
implica
que
nem
todas
as
vítimas
podem
ser
tratadas
e
ou
resgatadas.
Em
outras
palavras,
a
triagem
ou
a
necessidade
de
priorizar
acões,
ja
está
incluída
no
conceito
de
desastre.
Tanto
a
atuação
ordinária,
quanto
a
extraordinário,
atuam
no
nível
de
“micro
ética“,
isto
é,
as
decisões
são
tomadas
em
funçao
de
pessoas
individuais.
Pergunta-‐se
então
o
que
significa
por
macro-‐triagem?
Em
se
falando
de
planejamento
de
respostas
aos
desastres,
a
idéia
básica
é
que
os
eventos
catastróficos
tais
como
pândemias,
mas
também
desastres
naturais,
não
podem
ser
prevenidos.
Contudo
sabemos,
que
um
dia
ou
outro,
eremos
de
enfrentá-‐los,
de
maneiras
que
não
só
podemos,
mas
antes
de
tudo,
devemos
nos
preparar.
Planejamento
e
preparação
normalmente
são
realizados
pelos
Estados.
Hoje
a
tendência
em
termos
de
planejamento
é
de
considerar
as
ameaças
de
catástrofes,
primariamente
como
ameaças
a
seguranca
nacional
e
não
mais
como
um
problema
de
saúde
pública,
ou
seja,
não
mais
preocupações
com
pandemias,
bioterrorrismo,
terremotos,
ou
proliferação
nuclear.
Enquanto
a
racionalidade
da
prevenção,
liga-‐se
mais
com
saúde
pública,
no
contexto
e
perspectiva
de
seguranca,
exige-‐se
vigilância
continua.
A
abordagem
da
sociedade
em
relaço
à~s
ameaças
é
diriga
pelo
que
Andrew
Lakoff
denominou
de
“sistema
de
segurança
vital“.
A
preparaçâo,
em
política
de
segurança,
não
se
deve
proteger
primeiramente
o
território
ou
a
populaçao,
mas
os
sistemas
críticos
que
são
essenciais
para
a
vida
social
e
econômica.
Esta
abordagem
de
segurança
foi
desenvolvida
a
partir
da
prática
de
defesa
vital
nos
anos
1950
e
1960.
Lakoff
mostra
a
maneira
como
as
sociedades
estavam
lidando
com
a
ameaça
de
uma
catástrofe
natural
foi
gradualmente
se
extendendo
para
aproximar-‐se
dos
desastres
naturais,
acidentes
tecnológicos,
ataques
terroristas
e
mais
tarde
epidemias
de
doenças.
Podemos
distingur
diferentes
estágios
de
ameaças
globais.
Nos
anos
1980
com
o
surgimento
e
ameças
de
doenças
epidemicas
virais,
(HIV
/AIDS).
Nos
anos
1990
as
ameaças,
e
portatnto
o
medo
consequente,
voltou-‐se
predominantemente
para
o
bioterrorismo,
ligados
a
agentes
de
doença
com
possíveis
ataques
de
varíola.
Falou-‐se
muito
também
em
ataques
com
Antrax
via
correio,
principalmente
nos
EUA.
Nos
anos
2000
o
enfoque
foi
mais
direcionado
para
desastres
naturais
e
pandemias.
Ocorre
sempre
mais
um
alargamento
da
gama
de
possíveis
ameaças,
de
formas
que
o
planejamento
em
termos
de
preparação
para
o
enfrentamento
agora
tem
que
incluir,
todas
as
possíveis
perigos
e
ameaças.
Mas,
como
podemos
responder
a
todas
esta
ampla
gama
de
ameaças
de
eventos
catastróficos.
A
única
resposta
imaginável
é
que
seja
uma
resposta
global.
Isto
implica
que
somente
agencias
de
Estado
ou
Departmentos
que
tenham
capacidade
de
planejamento,
logistica
e
recursos
para
conduzir
operações
de
salvamento
são
os
Departamentos
de
Defesa.
As
agencias
não
militares
como
Nações
Unidas,
Organização
215
Munidal
da
Saúde,
não
podem
enfrentar
este
desafio,
porque
não
tem
a
infraestrutura
logística,
a
não
ser
que
esta
seja
provido
pelos
Estados
membros,
que
assumirão
a
coordenação.
Esta
noção
de
planejamento
apresenta
uma
perspectiva
específica
e
uma
lógica
de
ação
particular.
Somente
certos
tipos
de
problemas
tornam-‐se
visíveis
como
alvos
de
intervenção.
Se
os
esforços
preparatórios
estão
concentrados
primariamente
com
a
infraestrutura
vital
e
não
com
a
segurança
da
população,
então
as
condições
globais
de
vida
da
população,
determinada
pela
pobreza
e
falta
de
infraestrutura
básica
de
saúde
pública,
permanecem
fora
do
objetivo
de
planejamento.
Neste
caso
a
única
resposta
possível
e
imaginável
é
a
global
e
sob
supervisão
militar.
A
questão
que
foi
levantada
é
qual
seria
a
contribuição
dos
bioeticistas
nesta
nova
área
de
responder
em
termos
de
planejamento
a
situações
de
desastres
(Berg
and
King
2006).
Uma
primeira
observação
a
ser
feita
é
que
os
bioeticistas
têm
muita
experiência
por
exemplo,
em
decidir
em
situações
complexas
de
urgencia.
Eles
também
promoveram
ativamente
o
planejamento
das
diretivas
avançadas
de
vida,
que
diz
respeito
a
tomada
de
decisões
em
relação
ao
final
da
vida.
Estas
experiencias
podem
portanto
também
ser
utilizadas
neste
novo
planejamento
em
relação
à
situações
de
desastres,
mas
todas
estas
contribuições
focam
em
“microética“.
De
fato,
um
número
grande
de
problemas
éticos
foram
identificados
no
nível
de
intervenções
pessoais,
entre
provedores
de
cuidado
e
pacientes
receptores
de
cuidados.
Numa
perspectiva
de
macro
ética
por
outro
outro
lado,
necessita
levantar
questões
críticas
sobre
as
suposições
subjacentes
em
se
planejar
uma
resposta
a
uma
situação
catastrófica
e
sobre
as
implicações
morais
de
conceitos
tais
como
desastre
e
planejamento,
ou
preparação
para
o
enfrentamento
de
catástrofes.
6
-‐
A
emergência
da
responsabilidade
ética:
interface
entre
intervenção
humana
e
natureza
Os
desastres
causados
pelo
ser
humano,
por
exemplo
uma
guerra
civil,
que
causa
centenas
de
milhares
de
mortos
e
muito
sofrimento
entre
os
sobreviventes,
sem
dúvida
alguma
tem
o
protagonismo
da
maldade
humana.
Existe
uma
responsabilidade
moral
diferente
ao
se
identificar
um
desastre
como,
natural
ou
não,
porque
esta
perspcetiva
introduz
um
discurso
moral
distinto.
Os
desastres
naturais
criam
vítimas
inocentes
e
despertam
nossa
sensibilidade
humana,
ao
nos
comovemos
frente
aos
nossos
semelhantes
seriamente
feridos
e
que
passam
por
necessidades.
Hoje
os
desastres
tem
um
impacto
global
e
clamam
por
nossa
simpatia,
solidariedae
e
generosidade.
Acabamos
sendo
tocados
pela
histórias
pessoais
de
como
seres
humanos
são
cuidados
heroicamente
por
outros.
De
repente
o
esquema
de
interação
humana
baseada
em
troca
e
interesse
é
repentinamente
transformado.
Nosso
mundo
fica
perturbado
pelas
imagens
mesmo
que
distantes
do
sofrimento,
tornando-‐nos
conscientes
de
que
todos
somos
frágeis
e
expostos
a
vulnerabiliade
como
seres
humanos
e
fazendo
expontanemente
surgir
ajuda
incondicional
e
reciprocidade.
Os
desastres
naturais
são
portanto
um
caso
paradigmático
de
ajuda
humanitária.
Eles
acabam
por
colocar
em
destaque
a
verdadeira
essência
da
ética.
Socorrer
o
semelhante,
principalmente
quanto
este
corre
risco
de
vida.
Qual
seria
o
valor
da
ética
se
não
nos
preocupássemos
e
cuidássemos
das
vítimas
de
tais
eventos
catastróficos.
O
que
transforma
um
evento
em
desastre
é
o
seu
impacto
sobre
os
seres
humanos.
Por
exemplo,
se
ocorresse
um
terremoto
numa
área
completamente
desértica
e
inabitada,
sem
nenhum
efeito
negativo
sobre
os
seres
humanos,
isto
seria
um
evento
geofísico,
mas
não
seria
considerado
um
desastre.
Hoje
no
entante
num
mundo
sempre
mais
interconectado
é
difícil
de
ver
que
um
desastre
natural
em
larga
escala
não
cause
impacto
sobre
os
humanos.
Mas
se
o
impacto
humano
é
que
transforma
um
evento
em
desastre,
ao
mesmo
tempo
fica
claro,
que
este
impacto
negativo
é
frequentemente
o
resultado
de
intervenções
humanas
anteriores
que
criaram
tais
condições
de
vulnerabilidade.
Uma
comparação
entre
recentes
terremotos,
evidencia
que
os
países
mais
pobres
e
subdesenvolvidos
são
desproporcionalmente
impactados.
Tomemos
o
caso
do
terremoto
no
Haiti
(2010),
o
país
mais
pobre
das
Américas.
216
Independentemente
da
magnitude
do
terremoto
o
desastre
no
Haiti
foi
o
maior,
mais
destrutivo
e
mais
mortífero.
Isto
é
atribuído
ao
estado
de
desenvolvimento
do
país,
que
tem
80%
da
população
abaixo
da
linha
da
pobreza.
O
enorme
número
de
mortes,
mais
de
300
mil
não
é
somente
devido
ao
terremoto,
mas
também
devido
a
extrema
precariedade
das
condições
de
vida
da
população
e
falta
de
recursos
do
Estado
em
prover
medidadas
protetivas.
O
Haiti
foi
a
mais
rica
colônia
Francesa
no
Novo
Mundo.
Quando
declarou
independència
da
França
em
1804,
formando
orgulhosamente
a
primeira
democracia
negra
nas
Américas,
teve
que
assumir
uma
pesada
dívida
que
levaria
os
próximos
143
anos
para
pagá-‐la.
Todas
as
receitas
do
país
foram
utilizadas
para
pagar
os
antigos
colonizadores.
Por
volta
de
1900
em
torno
de
80%
do
Produto
Nacional
era
utilizado
para
pagar
a
dívida
francesa.Em
1947
quando
a
dívida
finalmente
terminou,
a
economia
local
estava
em
ruínas,
a
terra
deflorestada,
a
popuação
vivendo
na
pobreza
e
nenhuma
infraestrutura
construída.
Nesta
perspectiva,
o
terremoto
não
se
trata
de
um
fenômeno
geofísico,
causado
por
um
desastre
no
Haiti,
mas
tem
a
ver
com
a
história
colonial
depredadora
dos
recursos
e
riquezas
deste
país.
Os
desastres
são
sempre
complexos
e
envolvem
uma
conjunção
entre
processos
naturais
e
atividades
humanas.
É
curioso
que
os
mesmo
países
que
por
primeiro
proveram
assitência
humanitária
ao
Haiti,
foram
também
aqueles
que
criaram
as
condições
a
longo
prazo
para
que
ocorresse
uma
severo
impacto
do
terremoto.
O
mesmo
raciocínio
vale
para
o
furação
Katrina,
um
dos
piores
desastres
na
história
dos
EUA.
Para
muitos
o
furação
Katrina
foi
um
evento
natural
Se
houvesse
havido
falhas
no
sistema
de
proteção
de
furações,
alguém
poderia
ser
culpado
pela
devastação
de
Nova
Orleans.
Isto
significa
que
não
é
um
problema
para
ser
distutido
eticamente,
porque
estamos
simplesmente
diante
de
uma
questão
técnica.
A
força
da
natureza
tem
sido
tão
extraordinária
que
inibiu
o
surgimento
de
qualquer
questão
relacionada
com
negligência
ou
comportamento
irresponsável
de
engenheiros.
O
vocabulário
da
ética
apontando
para
condutas
não
éticas,
responsabilidade,
deveres,
não
se
aplica
aqui
neste
caso,
mas
para
o
nível
micro
das
relações
interpessoais.
É
no
nível
da
macro
ética,
que
somos
convidados
a
nos
posicionar,
isto
é,
a
partir
de
uma
visão
que
enfoca
na
complexidade
dos
sistemas
sóciais
e
técnicas
em
que
se
localizam
as
responsabilidades
nos
vários
níveis
de
políticas
públicas,
avaliação
de
riscos
e
comportamentos
organizacionais.
Os
eventos
catastróficos
não
ocorrem
como
resultado
de
decisão
não
éticas
dos
indivíduos,
mas
como
consequència
da
confluència
de
muitos,
e
aparentemente
insignificantes
decisões
des
vários
níveis.
Newsberry
por
exemplo,
exemplifica
como
os
murros
para
conter
a
água
foram
construidos
inadequadamente,
baseados
em
pressupostos
errados
a
respeito
de
possíveis
riscos.
Informações
sobre
o
sistema
de
proteçlão
de
furações
era
vulnerável
e
simplesmente
não
foi
utilizado,
talvez
por
ser
demais
custoso
e
além
do
mais
foi
construído
ao
longo
do
tempo
utilizand
oas
especificações
originais.
Contudo
o
meio
ambiente
continuou
a
mudar,
de
formas
que
o
sistema
estava
complementamente
inadequado
quando
ficou
completo.
Apesar
disto,
um
falso
senso
de
segurança
foi
criado,
ao
se
sugerir
que
a
natureza
estava
sob
o
controle
humano.
A
susceptibilidade
para
desastres
na
região
da
cidade
de
New
Orleans
é
consequência
de
séculos
de
desenvolvimento,
engenharia
humana
e
decisões
políticas.
O
estabelecimento
da
cidade
ocorreu
300
anos
atrás
em
condições
precárias,
começando
com
um
longa
história
para
defendê-‐la
de
tempestades
e
enchentes.
A
cidade
não
pode
ser
riscada
do
mapa
e
colocada
em
outro
lugar.
Isto
significa
que
o
problema
da
proteção
de
enchentes
nunca
pode
ser
revolvido,
e
isto
exigirá
sempre
um
contínuo
e
maiores
esforços
e
inverstimentos.
Canalizar
o
rio
por
exemplo,
permitiu
o
desenvolvimento
econômico
da
terra
que
ficou
atrás
das
barragens
,
mas
tornou
o
sistema
muito
mais
vulnerável.
O
que
está
em
jogo
é
o
esforço
humano
para
preservar
New
Orleans
como
um
grande
porto
de
rio.
Sabe-‐se
que
o
Delta
do
Mississippi
muda
a
cada
mil
anos.
A
intervenção
humana
está
evitando
esta
mudança
do
delta
que
normalmente
já
deveria
ter
ocorrido.
Este
contexto
em
que
se
conjugam
a
intervenção
humana
e
a
natureza,
está-‐se
criando
inevitavelmente
a
vulnerabilidade
para
desastres.
Todos
de
certa
forma
sabemos
que
um
dia,
ou
outro
um
desastre
poderá
ocorrer,
mas
não
podemos
somente
culpar
217
a
natureza,
se
nós
estamos
continaumente
tentando
domesticá-‐la.
A
interação
entre
processos
naturais
da
natureza
e
a
atividade
e
intervenção
humana,
implica
que
sempre
existe
um
problema
ético
de
responsabilidade
humana.
7
–
Os
limites
de
ética
de
emergência
e
o
humanitarismo
como
uma
política
de
vida
A
guerra
da
Biafra
(1967-‐1970)
de
origem
a
chamada
segunda
fase
do
modeno
humanitarismo.
Sendo
que
o
governo
Nigeriano
não
permitou
qualquer
tipo
de
ajuda
na
área
onde
esta
ajuda
era
mais
necessária,
alguns
médicos
da
Cruz
Vermelha
abandonaram
o
princípio
da
neutralidade
e
começaram
a
falar
em
nome
das
vítimas.
Isto
levou
ao
estabelecimento
de
uma
nova
organização
de
ajuda,
Medecins
sans
Frontières
em
1971.
A
Cruz
Vermelha
tem
sido
criticada
por
sua
posição
de
imparcialidade
e
neutralidade,
por
exmeplo
quando
ela
visitou
os
campos
de
concentração
nazista
durante
da
II
guerra
mundial
e
não
reportou
nada
a
respeito
do
que
lá
estava
ocorrendo.
A
idéia
básica
da
Organização
Médicos
sem
Fonteiras,
é
que
em
algumas
circunstâncias
levando-‐se
em
conta
a
perspectiva
das
vítimas
não
se
deve
silenciar
mas
denunciar.
Não
podemos
fechar
os
olhos
para
violações
de
direitos
humanos,
especialmente
quando
as
partes
que
cometem
aquelas
violações
estão
também
em
controlde
dos
esforços
de
socorro
e
ajuda.
Não
tomar
partido
e
permanecer
em
silêncio,
não
ajuda
a
ninguém
e
muito
menos
as
vítimas.
Em
tais
condições,
algém
tem
que
testemunhar
sobre
as
injustiças
e
violações.
Desve-‐se
intervir
através
de
um
ética
para
situações
de
emergência,
na
expressão
do
francês
Bernad
Kouchner.
A
fundação
da
organização
Médicos
em
Fronteiras,
representa
uma
mudança
da
ajuda
para
a
ação.
Representa
uma
ética
em
ação,
promovendo
humanitarismo
como
um
reoertoire
de
ação
pública.
O
argumento
moral
que
embasa
uma
ação
humanitária
é
de
proteger
as
populações,
salvar
vidas,
e
aliviar
o
sofrimento.
O
Humanitarismo
exige
proteger
e
cuidar
de
todas
as
vítimas.
Não
existem
vítimas
boas
ou
más,
mas
precisamos
ser
realistas
de
que
nunca
poderemos
ajudar
a
todas
as
vítimas.
Idealmente
procura-‐se
salvar
e
resgatar,
na
luta
entre
o
bem
e
o
mal,
Escolhas
trágicas
necessitam
ser
feitas
neste
conexto,
sempre
visando
o
bem.
O
humanitarismo
contemporaneo,
como
ética
em
ação,
não
somente
provê
cuidados,
mas
também
torna-‐se
testemunho,
isto
é,
ele
fala
em
favor
das
vítimas.
Dá
um
testemunho
humanitário
comprometido
e
introduz
a
distinção
entre
aqueles
que
são
sujeitos
(os
que
testemunham,
geralmente
são
os
trabalhadores
humanitários)
e
aqueles
que
são
objeto
(as
vítimas
cujo
sofrimento
é
testemunhado).
Aqueles
que
demonstram
compaixão
assumem
um
papel
de
testemunho
em
relação
aqueles
que
são
assistidos.
O
testemunho
desta
forma
reitera
duas
formas
de
humanidade:
aqueles
que
podem
contar
histórias
e
aqeules
cujas
histórias
somente
podem
ser
contadas
pelos
outros.
A
vida
na
sua
dimensão
real,
nua
e
crua
é
tranformada
em
“vida
política
qualificada“.
Através
do
testemunho
humanitário
uma
mera
sobrevivência
física
tornar-‐se-‐á
uma
existência
social
que
é
mais
poderosa
em
exigir
compaixão
e
necessidade
de
assistência.
Mas
o
ato
transformador
é
realizado
por
uma
terceira
pessoa,
o
sujeito
transformador,
isto
é
o
trabalhador
humanitário,
ao
mesmo
tempo
que
o
objeto
de
transformação
é
reduzido
à
vítima.
O
humanitarismo
como
política
da
vida
é
hoje
a
linguagem
mais
poderosa
para
uma
ação
pública.
Ele
restabelece
a
solidaridade
entre
os
seres
humanos
e
valoriza
igualmente
a
todas
a
vidas.
É
a
expressão
contemporânea
de
uma
ética
cosmopolita
em
que
as
fronteiras
internacionais,
diversidades
culturais
e
ideologias
políticas
são
irrelevantes
em
face
do
sofrimento
humano.
Mas
na
prática
este
humanitarismo
é
problemático
uma
vez
que
não
somente
sublinha
o
valor
da
vida
humana
mas
também
está
associado
com
uma
complexa
ontologia
da
iniquidade
(Fassin
2007).
Ele
distingue
entre
vidas
que
podem
correr
risco
e
vidas
que
podem
ser
sacrificadas,
distingue
entre
vidas
que
tem
valor
maior
e
aquelas
que
tem
proteção
limitada,
É
problemático
porque
como
política
introduz
moralidade
na
esfera
política.
Fassin
fala
de
um
novo
tipo
de
governo,
governo
humanitário.
Agora
que
a
ideologia
política
se
retraiu
desde
o
final
da
guerra
fria,
o
espaço
foi
preenchido
pelo
humanitarismo,
e
que
agora
é
o
apogeu
do
ideal
de
uma
solidarieade
humana.
O
novo
discurso
exige
que
demos
assistencia
e
se
necessário,
interviremos,
visto
que
se
trata
de
218
uma
obrigação
moral,
antes
que
um
princípio
legal
ou
político.
A
política
de
assistência
e
intervenção
são
agora
justificada
em
nome
de
uma
moralidade
humanitária.
A
proteção
das
pessoas
e
o
salvar
vidas
é
mais
importante
que
o
respeito
pela
soberania
das
Estados.
A
moralidade
se
justifica
pela
suspensão
das
regras
da
lei.
A
ética
de
emergência
pressupõe
que
vivemos
num
estado
de
excecão
estabalecido
em
nível
global.
Existem
emergências
perenes.
Nada
é
normal
.O
contínuo
estado
de
exceção
é
justificado
pela
urgência
das
situações
de
emergências
bem
como
pelo
perigo
que
correm
as
vítimas
(resgate,
proteção,
segurança).
A
mesma
lógica
de
intervenção
pode
ser
aplicada
em
assistir
as
vítimas
de
uma
guerra
civil
na
Somalia,
como
ajudar
as
vítimas
do
Tsunami
no
Sri
Lnaka.
O
paradigma
de
desastre
prevalece
sobre
o
paradigma
da
guerra.
Nesta
lógica
não
existe
diferenças
entre
desastres
e
conflitos.
As
desordens
do
mundo
tornam-‐se
humanizadas.
Os
desastres
naturais
tornam-‐se
humanizados
e
não
somente
o
simples
resultado
das
forças
brutas
da
natureza.
Enquanto
a
violência
e
o
conflito
tornam-‐se
naturalizados,
e
não
meralmente
o
resultado
das
forças
brutas
da
natureza.
O
equaciomento
deste
dois
tipos
de
emergências,
a
única
questão
é
ajudar
as
vítimas.
O
contexto
local
com
suas
histórias
e
tensões
sócio
econômicas
não
é
relevante.
Os
conflitos
humanos
tornam-‐se
despolitizados,
o
contexto
histórico
e
conflitivo,
e
são
deslocados
pela
urgência
e
compaixão.
Mas
isto
também
signfica
que
as
questões
de
“macro
ética“
em
relação
aos
desastres
não
são
mais
relevantes.
8
-‐
O
valor
da
vida
humana,
justiça
e
direitos
humanos
Os
esforços
humanitários
não
podem
aliviar
todo
o
sofrimento
em
todos
os
lugares
em
que
este
está
presente.
Realidades
em
que
as
violações
da
dignidade
humana
não
ocorrem
são
uma
gota
no
oceno
neste
nosso
“injusto“
mundo.
A
vida
humana
não
é
somente
o
único
valor
relevante
que
está
em
jogo,
a
justiça
é
outro
valor
também
a
ser
considerado.
O
valor
da
vida
continuamente
compete
com
os
valores
tais
como
dignidade
humana
e
justiça.
O
foco
exclusivo
em
relação
a
vida
humana
tranforma
as
pessoas
em
vítimas.
Esta
perspectiva
as
colocará
como
pessoas
traumatizadas
em
necessidade,
colocando
o
contexto
sócio-‐político
entre
parenteses.
O
humanitarismo
como
política
de
vida
também
continuamente
evocará
os
nossos
sentimentos
de
compaixão.
Ao
suplicarem
por
filantropia,
a
generosidade
e
a
caridade
basicamente
nunca
desafiarão
as
políticas
que
permitem
ou
promovem
a
guerra,
a
fome
e
o
sofrimento.
A
ética
do
humanitarismo
é
tão
forte
e
interpelativa
que
dificilmente
pode
ser
criticada.
Ao
mesmo
tempo,
ela
dirige
o
foco
no
socorro
imediato
para
vítimas
individuais
e
geralmente
esquece
outras
dimensões
que
também
são
importantes.
Uma
dimensão,
comumente
negligenciada
é
o
contexto
social,
que
com
muita
frequência
é
injusto.
Outra
dimensão
é
a
perspectiva
de
quem
é
ajudado.
Em
muitas
operações
humanitárias
as
pessoas
que
recebem
assistência,
estão
ausentes
e
silenciosas.
A
falha
em
dar
voz
aos
vulneráveis
é
simplesmente
lamentável,
uma
vez
que
a
ética
do
humanitarismo
baseia-‐se
no
conceito
de
dignidade
humana.
Consequentemente
argumenta-‐se
que
o
humanitarismo
deve
ser
redefinido
em
termos
de
direitos
humanos.
Ao
invés
da
linguagem
das
necessidades
e
compaixão,
deveríamos
utilizar
a
linguagem
dos
direitos
humanos
e
dignidade.
No
contexto
recente
dos
discursos
nas
Nacões
Unidas,
Cruz
Vermelha
e
ONGs,
da-‐se
mais
ênfase
num
humanitarismo
baseado
nos
direitos.
A
pobreza
e
o
desenvolvimento
estão
sendo
redefinidos
em
termos
de
direitos
humanos.
Uma
primeira
vantagem
desta
abordagem
é
que
o
humanitarismo
estará
embasado
num
esquema
moral
legal
integrado
a
legislação
dos
direitos
humanos
internacionais.
O
humanitarismo
será
muito
mais
do
que
um
simples
esforço
moral
de
gente
idealista
e
solidária,
mas
está
ancorado
em
instituições
(cortes,
tribunais,
comissões
de
verdade)
mesmo
no
caso
de
elas
não
serem
reconhecidos
por
todos
os
Estados.
Uma
segunda
vantagem
é
que
a
perspectiva
ética
dos
direitos
promove
a
dignidade.
As
pessoas
não
são
mais
vistas
como
vítimas
em
estado
de
necessidade,
mas
como
cidadãos
do
mundo,
com
os
mesmos
reclamos
e
direitos
de
todos
os
outros.
Os
direitos
humanos
colocam
em
evidencia
a
igualdade
entre
todos
os
humanos.
Eles
nos
dão
uma
medida
universal
e
objetiva
para
avaliar
o
comportamento
humano.
Isto
não
ignora
os
muitos
problemas
na
aplicação
global
desta
perspectiva.
Uma
terceira
vantagem
da
abordagem
dos
219
direitos
humanos
é
que
ela
gera
uma
política
externa
de
imperativos
como
expressão
da
responsabilidade
internacional.
Ser
membro
da
comunidade
internacional,
implica
um
reconhecimento
da
urgência
moral
dos
direitos
humanos.
Esta
modalidade
de
humanitarismo
é
guiada
pela
preocupação
partilhada
por
todos,
de
respeito
pelos
direitos
humanos.
9-‐
Organizações
Internacionais
Intergovernamentais
e
não
governamentais
como
resposta
aos
grandes
desafios
globais
da
humanidade
9.
1
–
As
organizações
Internacionais
intergovernamentais
Temos
inúmeras
organizaçoes
intergovernamentais,
criadas
no
após
guerra
(1945)
com
o
surgimento
da
Organização
das
Nações
Unidas
(ONU).
Temos
agências
especialidas,
tais
como
a
Organizacao
mundial
da
Saúde
(OMS),
fundada
em
7
de
abril
de
1948,
sendo
responsável
pela
liderança
e
coordenação
da
ação
sanitária
no
mundo.
A
Organização
Mundial
do
Comércio
(OMC)
criada
em
1995.
O
Banco
Mundial
(BM),
criado
em
1944,
na
Conferência
de
Bretton
Woods,
nos
EUA,
com
o
jetivo
de
auxiliar
na
recuperação
e
reconstrução
dos
países
europeus
afetadas
pela
II
Guerra
Mundial.
Desde
1979
a
saúde
passa
a
ser
um
dos
componentes
dos
projetos
apoiados
pela
instituição.
Desde
os
anos
80,
a
influência
e
participação
do
BM
em
questões
de
saúde
global
vem
aumentando
e
chegando
a
ultrapassar
a
importância
da
OMS
em
questões
de
saúde
global,
em
razão
de
seu
poder
econômico.
O
Fundo
das
Nações
Unidas
para
a
Infância
(UNICEF)
A
Unicef
é
a
agência
especializada
da
ONU
que
responde
pela
proteção
dos
direitos
da
criança.
Foi
fundada
em
1946,
tem
sua
sede
em
Nova
York.
No
campo
da
saúde
promove
ações
orientadas
para
o
sanemaento
básico,
a
qualidade
da
alimentaçcao
infantil
e
a
imunização
contra
doenças
comuns
da
infância,
também
atuando
na
prevenção
e
tratamento
do
HIV/Aids
entre
as
crianças
e
os
adolescentes.
Participa
também
no
Programa
das
Nações
Unidas
sobre
o
HIV
Aids
(Unaids).
Temos
ainda
a
Organização
das
Naçoes
Unidas
para
a
Educação
e
a
Ciência
e
a
Cultura
(UNESCO).
Foi
fundada
no
final
da
II
Guerra
mundial,
em
1945,
atua
nos
âmbitos
da
educação,
ciências,
cultura,comunicação
e
informação.
Desde
os
anos
80,
a
organização
tem
se
debruçado
sobre
o
campo
da
bioética,
tendo
emitido
importantes
declarações
como
a
Declaração
Universal
sobre
Bioética
e
Direitos
Humanos
(2005);
a
Declaração
Internacional
sobre
Dados
Genéticos
Humanos
(2003)
e
a
Declaração
Universal
sobre
o
Genoma
Humano
e
os
Direitos
Humanos
(1999).
Mantem
ativo
um
importante
comitê
Internacional
de
bioética
com
representantes
das
várias
partes
do
mundo.
No
campo
da
saúde,
tem
se
dedicado
à
questão
do
HIV/Aids
e
das
hepatites
virais,
principalmente
no
apoio
à
integração
da
educação
preventiva
na
agenda
do
desenvolvimento
global
e
nas
políticas
nacionais,
adpatando
a
educação
preventiva
às
diferentes
necessidades
e
contextos.
9.
2.
Organizações
não
governamentais
internacionais
Seriam
as
ONGs
as
vias
do
agir
da
sociedade
civil
frente
às
questões
mundiais?
Esta
é
uma
expectativa
apresentada
desde
a
útima
década
do
século
XX.
Estas
organizações
em
geral
são
independentes
do
Estado,
mantem
uma
forte
identidade
originária
dependendo
de
seus
objetivos
de
ação,
seja
na
proteção
dos
direitos
humanos,
meio
ambiente,
idosos,
crianças,
mulheres,
e
saúde
etc.
Em
geral
foram
criadas
por
filantropos
como
Rockefeller,
Ford,
Bill
e
Melinda
Gates,
Muhammad
Yunus
(Prêmio
Nobel
da
Paz
em
2006),
criando
na
Índia
o
chamado
“
banco
dos
pobres“.
Estas
organizações
no
início
tinham
como
meta
dos
direitos
humanos
tão
barbaramente
desrespietados
(estamos
no
início
dos
anos
pós-‐guerra),
tendo
ampliado
sua
atuação
para
as
questões
sociais
e
ambientasis
a
partir
dos
anos
1979,
com
forte
participação
na
luta
contra
o
vírus
HIV/Aids
a
partir
de
meados
dos
anos
1980.
220
Vejamos
um
pouco
mais
alguns
detalhes
sobre
três
ONGs,
históricas
de
grande
importancia
mundial
ainda
hoje.
A
o
orgnização
Médicos
Sem
Fronteiras
(MSF),
a
Cruz
Vermelha
Internacional
(CVI)
e
o
Greenpace.
9.2.1.
A
organizacão
Médicos
sem
fronteiras
(MSF)
Nasce
na
França
em
1971,
inicalmente
formada
por
um
grupo
de
médicos
e
jornalistas
que
visando
a
ajuda
humanitária
na
área
de
assistencia
à
saúde,
na
guerra
civil
da
Biafra,
na
Nigéria.
Em
2012
contava
com
cerca
de
11
mil
profissionais
de
diferentes
áreas
espalhados
em
65
países,
oferecendo
cuidados
de
saúde
em
situacoes
de
crise.
Esta
ONG
internacional
deseja
manter
suas
ações
em
total
liberdade
e
com
independência
dos
Estados
nos
quais
intervem.
As
intervenções
ocorrem
sobretudo
naqueles
lugares
em
que
a
população
tem
suas
vidas
ou
saúde
ameaçadas,
seja
por
viverem
situações
de
guerra,
seja
por
desastres
socioambientais,
epidemias,
pandemias,
atuando
também
no
combate
a
doenças
negligenciadas.
O
que
faz
a
organização
a
Organização
Médicos
Sem
Fronteiras
(MSF)
leva
cuidados
de
saúde
a
pessoas
em
necessidade
de
ajuda
médico-‐humanitária
em
meio
a
conflitos
armados,
epidemias,
desastres
naturais,
desnutrição
e
pessoas
excluídas
do
acesso
a
cuidados
de
saúde.
A
sua
atuação
é
pautada
pelos
seguintes
princípios
éticos:
Todos
os
profissionais
que
atuam
com
MSF,
sejam
médicos,
especialistas
em
saúde
ou
de
outras
áreas,
honraram
a
carta
de
princípios
da
organização,
cujos
valores
éticos
são
os
seguintes
:
Independência
-‐
não
está
atrelada
a
poderes
políticos,
militares,
econômicos
ou
religiosos
e
tem
liberdade
de
ação,
decidindo
onde,
como
e
quando
atuar
com
base
em
sua
própria
avaliação
do
contexto
e
das
necessidades.
Essa
independência
de
ação
é
garantida
por
sua
independência
financeira,
já
que,
de
todo
o
financiamento
de
MSF,
pelo
menos
80%
é
proveniente
de
doações
de
indivíduos
e
da
iniciativa
privada.
Imparcialidade
–
Presta
cuidados
de
saúde
àqueles
que
mais
precisam,
sem
discriminação
de
raça,
religião,
nacionalidade
ou
convicção
política.
A
organização
define
o
público
que
será
priorizado
com
base,
exclusivamente,
na
avaliação
das
necessidades
de
saúde
identificadas.
A
possibilidade
de
aliviar
o
sofrimento
de
indivíduos
por
meio
da
ação
médica
é
o
que
determina
a
norteia
as
atividades
de
Médicos
Sem
Fronteiras.
Neutralidade
-‐
Em
situações
de
conflito,
MSF
não
toma
partido.
A
neutralidade
é
crucial
para
as
equipes
conseguirem
chegar
a
qualquer
pessoa
afetada,
independentemente
do
lado
do
conflito
em
que
esteja.
A
neutralidade
de
MSF
é
possibilitada
pela
sua
total
independência
financeira
de
governos
ou
partes
envolvidas
em
conflitos.
Transparência
–
A
organizçaão
MSF
avalia
constantemente
os
projetos
que
implementa
e
presta
contas
à
sociedade
e
aos
doadores
sobre
a
gestão
dos
recursos
captados
e
resultados
de
suas
ações.
A
origem
e
utilização
dos
recursos
são
apresentadas
de
forma
clara
e
acessível.
Para
reforçar
esse
compromisso,
os
relatórios
financeiros
são
auditados
por
empresas
independentes.
A
ONG
MSF
também
preza
pela
transparência
na
relação
com
seus
pacientes
e,
coerente
com
essa
transparência,
informa-‐os
sobre
as
escolhas
que
faz
e
sobre
as
decisões
que
toma
no
que
se
refere
à
sua
atuação
médica.
Ética
médica
-‐
As
ações
de
MSF
são,
acima
de
tudo,
médicas.
O
trabalho
da
organização
é
norteado
pelas
regras
da
ética
médica
universal.
Em
primeiro
lugar,
vem
o
dever
de
prestar
assistência
a
quem
precisa,
sem
prejudicar
indivíduos
ou
grupos.
Cada
indivíduo
é
tratado
com
dignidade
e
respeito
e
recebe
cuidados
médicos
de
qualidade.
As
principais
atividades,
se
relacionam
com
a
assistência
de
saúde
primária
em
centros
de
saúde
e
clínicas
móveis;
alimentação
e
nças
específicas
(malária,
tuberculose,
doença
de
hagas,
HIV/
Aids
etc.);
atendimentos
aos
feridos
e
cirurgias
de
guerra;
cuidados
de
saúde
mental;
atendimento
as
vítimas
de
violência
sexual;
distribuição
de
alimentos
e
de
ítens
de
abrigo
de
221
primeira
necessidade;
construção
e
manutenção
de
estruturas
de
água
e
saneamento;
recuperação
de
hospitais
e
clínicas,
bem
como
o
treinamento
de
profissionais
da
saúde.
Em
1999,
esta
organização
recebeu
o
Prêmio
Nobel
da
Paz.
9.2.2.
A
Cruz
Vermelha
Internacional
Em
1862,
um
comerciante
e
filantropo
de
genebra,
Henri
Duant,
frente
aos
horrores
presenciados
na
Batalha
de
Solferino
(França
e
Áustria,
1859)
propôs
a
criação
de
uma
organização
que
atendesse
aos
feridos
de
guerra,
independentemente
da
nacionalidade.
A
organizaçcao,
primeiramente
chamou-‐se
Comitê
Internacional
e
Permanente
de
Socorro
aos
Militares
Feridos.
Ganho
o
nome
de
Cruz
Vermelha
em
ouburo
de
1963,
na
Primeira
Conferência
de
Genebra.
Como
todas
as
ONGs,
ela
é
considerada
Internacional
por
sua
área
de
atuação,
mas
responde
ao
direito
positivo
suiço
em
que
está
instalada.
A
Cruz
Vermelha
fundamenta
suas
ações
a
partir
desete
princípios
fundamentais:
Humanidade
-‐
socorre,
sem
discriminação,
os
feridos
no
campo
de
batalha
e
procura
evitar
e
aliviar
os
sofrimentos
dos
homens,
em
todas
as
circunstâncias.
Imparcialidade
-‐
não
faz
nenhuma
distinção
de
nacionalidade,
raça,
religião,
condição
social
e
filiação
política.
Neutralidade
-‐
para
obter
e
manter
a
confiança
de
todos,
abstém-‐se
de
participar
das
hostilidades
e
nunca
intervém
nas
controvérsias
de
ordem
política,
racial,
religiosa
e
ideológica.
Independência
-‐
as
Sociedades
Nacionais
devem
conservar
sua
autonomia,
para
poder
agir
sempre
conforme
os
princípios
do
Movimento
Internacional
da
Cruz
Vermelha
e
do
Crescente
Vermelho.
Voluntariado
-‐
instituição
de
socorro
voluntário
e
desinteressado.
Unidade
-‐
só
pode
haver
uma
única
Sociedade
Nacional
em
um
país.
Universalidade
-‐
instituição
universal,
no
seio
da
qual
todas
as
Sociedades
Nacionais
têm
direitos
iguais
e
o
dever
de
ajudar
umas
às
outras
(WORLD
DISASTERS
REPORT
2014
–
CULTURE
AND
RISK,
p.
274).
Atualmente,
suas
atividades
estão
organizadas
mundialmente
no
Comitê
Internacional
da
Cruz
Vermelha,
com
ações
em
conflitos
armados
e
outras
situações
de
violência
internacionais,
na
orientação
e
coordenação
de
assistência
internacional
para
vítimas
de
desastres
naturais,
catástrofes
tecnológicas
e
emergências
de
saúde
e
aos
refugiados.
A
Cruz
Vermelha
tem
uma
marcante
atuação
junto
a
OMS,
nas
campanhas
anti
tuberculose.
9.2.3.
O
Greenpeace:
os
“guerilheiros
verdes
da
causa
ambiental”
O
Greenpeace
foi
criado
em
1971
com
o
objetivo
de
impedir
que
os
Estados
Unidos
realizassem
testes
nucleares
na
ilha
de
Amchitka,
na
costa
do
Alasca.
O
foco
inicial
do
Greenpeace
era
participa
de
protestos
ecológicos
pacíficos,
similares
ao
da
ilha
de
Amchitka,
como,
por
exemplo,
fazer
visitas
às
zonas
proibidas
das
áreas
de
testes
nucleares
para
atrair
a
atenção
do
público.
O
ciberativismo
é
sua
principal
estatégia,
atuando
por
meio
da
internet
e
das
redes
globais
de
comunicação.
Ao
longo
do
tempo,
o
Greenpeace
expandiu
seus
objetivos
e,
atualmente,
pode-‐se
dizer
que
a
organização
luta
por
seis
grandes
causas.
Mudança
climática
-‐
como
a
maioria
das
organizações
ambientais,
tem
como
um
de
seus
principais
objetivos
a
luta
contra
a
mudança
climática.
A
ONG
adota
uma
posição
bastante
radical
no
que
se
refere
às
fontes
de
energia:
ela
considera
que
a
energia
nuclear
e
a
tecnologia
do
carvão
limpo,
alternativas
bastante
populares
para
os
tradicionais
combustíveis
fósseis,
são
desnecessárias
e
perigosas.
Ela
é
a
favor
da
energia
eólica,
da
energia
solar
e
dos
biocombustíveis.
Além
disso,
o
Greenpeace
quer
que
os
governos
reduzam
as
emissões
de
carbono
através
do
comércio
de
carbono
e
dos
impostos
sobre
o
carbono.
222
Proteção
dos
oceanos
-‐
talvez
o
Greenpeace
seja
mais
conhecido
por
suas
campanhas
de
proteção
às
baleias
e
a
outros
animais
marinhos.
Os
programas
do
Greenpeace
têm
diversas
frentes
de
defesa
dos
oceanos,
em
especial,
a
luta
contra
a
poluição
e
contra
a
pesca
abusiva
e
predatória.
Proteção
das
florestas
antigas
-‐
o
desflorestamento
e
o
desmatamento
das
florestas
antigas
provocam
a
extinção
de
diversas
espécies
de
plantas
e
animais
e
ameaçam
a
vida
das
comunidades
cuja
sobrevivência
depende
dos
recursos
da
floresta.
O
Greenpeace
protege
as
florestas
educando
a
população
sobre
a
origem
das
florestas
tropicais,
responsabilizando
os
governos
pelo
desmatamento,
denunciando
a
exploração
ilegal
de
madeira
e
até
acampando
em
cima
das
árvores
para
evitar
que
sejam
cortadas.
No
Brasil,
a
defesa
da
Amazônia
é
um
dos
principais
objetivos
do
grupo.
Paz
e
desarmamento
-‐
Desde
sua
criação,
o
Greenpeace
vem
lutando
pela
paz
e
pelo
desarmamento.
As
pesquisas
de
opinião
pública
organizadas
pela
ONG
mostram
o
alto
índice
de
desaprovação
das
armas
nucleares
em
nações
armadas
e
desarmadas
e
é
com
base
nesses
números
que
a
organização
avança
na
luta
pelo
desarmamento.
Redução
de
materiais
tóxicos
nos
produtos
-‐
muitos
produtos,
incluindo
os
eletrônicos,
contêm
materiais
tóxicos
e
metais
pesados
difíceis
de
eliminar
e
de
reciclar.
O
Greenpeace
estuda
os
efeitos
desses
produtos
químicos
na
água,
no
ar
e
no
corpo
humano
e
propõe
alternativas
mais
seguras
para
substituir
os
materiais
perigosos.
Agricultura
sustentável
-‐
o
Greenpeace
acredita
que
as
plantações
geneticamente
modificadas
reduzem
a
biodiversidade
e
representam
uma
ameaça
ao
abastecimento
de
alimentos.
A
organização
sugere
etiquetar
todos
os
ingredientes
transgênicos
e
separar
as
colheitas
modificadas
para
evitar
produtos
híbridos
indesejados.
10
–
O
desafio
ético
de
lidar
e
respeitar
os
valores
e
crenças
das
culturas
locais
É
importante
entender
o
que
se
entende
por
cultura,
para
compreendermos
a
discussão
ética
decorrente
desta
visão.
O
relatório
mundial
sobre
desastres
2014,
define
cultura
especialmente
em
relação
às
questões
do
risco
e
como
o
risco
pode
ser
percebido
diferentemente:
“A
cultura
consiste
em
crenças,
atitudes
e
valores
e
seus
comportamentos
que
são
partilhados
por
um
número
significativo
de
pessoas
em
lugares
afetados
por
ameças.
A
cultura
em
relação
aos
riscos,
diz
respeito
a
forma
pelas
quais
as
pessoas
interpretam
e
vivem
com
o
risco,
e
como
suas
percepções,
atitudes
e
comportamentos
influenciam
a
sua
vulnerabilidade
frente
às
ameaças“
(WORLD
DISASTERS
REPORT
2014,
p.
14).
Enfim
em
termos
de
perspectivas,
olhando
para
o
futuro
temos
desafios
gigantescos
de
provêr
ações
de
cunho
humanitário
orientadas
a
partir
de
princípios
éticos
transparente
e
assumidos
por
todos
a
partir
de
uma
visão
de
macroética,
coordenadas
e
não
competindo
entre
si
no
campo
emergencial
dos
cuidados
das
vítimas.
A
condução
de
pesquisas
neste
contexto
se
abre
como
uma
grande
área
a
ser
trabalhada
em
termos
de
vigilância
ética,
para
não
transformar
as
já
vítimas
dos
desastas,
também
vítimas
de
intervenções
de
cunho
de
pesquisa
científica
que
violam
os
princípios
mais
básicos
de
respeito
à
dignidade
humana.
Quando
a
vítima
não
é
levada
em
conta
ou
silenciada,
algo
de
errado
está
ocorrendo
e
que
deve
ser
urgentemente
evitado.
Outra
área
de
crescente
sensibilidade
ética
neste
contexto
está
liga-‐se
ao
respeito
às
crencas
e
valores
culturais
das
comunidades
locais
atingidas.
Os
desastres
geralmente
ocorrem
numa
cultura
e
as
respostas
de
socorro
provêm
de
outras
culturas.
Os
dilemas
éticos
surgem
quando
valores
e
crenças
importante
são
vistas
e
valorizadas
diferentemente
nas
diferentes
culturas.
Por
exemplo,
no
Tsunami
que
atingiu
o
Sri
Lanka
(2004)
muitas
das
pessoas
necessitadas,
preferiram
a
busca
de
ajuda
“templo
de
culto,
antes
que
de
uma
terapeuta“.
Quando
o
furação
Katrina
atingiu
os
EUA
na
região
de
Nova
Orleans
em
2005,
muito
políticos
e
e
muitos
dos
que
foram
afetados
acreditaram
que
o
furação
era
uma
punição
de
Deus
pelos
pecados
cometidos
em
Nova
Orlaes.
Muitos
Japoneses
responsabilizarem
os
deuses
pelo
terremoto
e
tsunami
de
2011
que
afetou
a
região
de
Fukuchima.
No
Oeste
da
África,
quando
223
ocorre
a
errupção
do
vulcão
do
Monte
Cameroon
a
cada
poucos
anos,
um
chefe
da
tribo
reflete
a
crença
de
muitas
pessoas
ao
afirmar:
“quando
o
deus
da
montanha
fica
irritado
éle
causa
a
errupção“.
No
mundo
inteiro
as
pessoas
respondem
aos
riscos
e
ameças
baseando-‐se
em
suas
culturas.
Outro
exemplo
liga-‐se
ao
respeito
pelos
mortes.
Os
costumes
culturais
e
ritos
religiosos,
ligados
aos
mortos
e
ritos
funerais
são
muito
importantes
para
as
populaçõs
locais.
Aqueles
que
vêm
de
outras
culturas
para
prestar
ajuda,
podem
procurar
ritos
sumários
ou
valas
comuns
para
os
corpos,
por
motíviso
pragmáticos
de
se
evitar
doenças.
Mas
isto
traz
consequências
sérias
em
termos
de
sofrimentos
para
a
população
local,
que
não
teve
tempo
de
fazer
os
seus
ritos
culturais
e
religiosos
de
despedida
do
membro
familiar
que
faleceu.
É
importante
levar
em
conta
o
que
aponta
Irina
Bokova,
Diretor-‐Geral
da
UNESCO,
ao
apresentar
o
Relatório
2014,
da
Cruz
Vermelha
Internacional,
sobre
os
Desastres
no
Mundo,
que
enfoca
sobre
cultura
e
risco
:
“
Existe
hoje
no
mundo
uma
consciência
crescente
do
papel
dos
fatos
humanos
em
desastres
e
a
importância
crítica
de
uma
abordagem
sensível,
aos
valores
culturais,
no
manejo
dos
riscos.
A
cultura
modela
as
percepções
e
comportamentos,
dá
forma
aos
relacioamentos
das
pessoas
em
relação
aos
outros
e
em
relação
ao
seu
contexto.
As
culturas
tradicionais
com
frequência
incluem
habilidades
para
mitigar
os
riscos
associados
com
ameaças
naturais.
Preservar
estes
marcos
culturais
e
esta
tradição
viva,
contribui
para
a
resiliença,
constrói
um
senso
de
continuidade
e
esperança
entre
as
pessoas
vítimas
dos
desastres.
A
Unesco
nos
seus
esforços
de
fortalecer
e
capacitar
os
mais
vulneráveis
para
melhor
se
antecipar
e
se
adaptar
aos
disastres
–
através
de
sistemas
de
alarmes
que
avisam
do
perigo,
kits
de
treinamento
ou
competência
científica,
pode
testemunhr
o
papel
fundmental
das
culturas
locais
em
desenhar
respostas
mais
efetivas.
Ao
se
jogar
luz
nesta
relação
vital,
esta
edição
do
relatório
sobre
os
desastres
mundiais
provê
um
modelo
muito
necessário
parara
a
intgegração
da
cultura
na
redução
de
riscos
desastres,
bem
como,
na
mitigação
de
mudanças
climáticas
em
todos
os
níveis“
(WORLD
DISASTERS
REPORT
2014,
contracapa).
Aos
que
se
comprometem
numa
ajuda
profissional
e
humanitária
de
socorrer
a
vítimas,
em
diferentes
países
é
bom
lembrar
o
que
diz
Palmer:
“Lembre-‐se
de
que
voce
é
um
simples
`hóspede`
no
país,
e
que
você
está
aí
para
ajudar
as
pessoas
a
se
ajudarem
a
si
mesmas,
e
não
para
criar
dependência.
Trate
a
todos
com
igual
dignidade,
especialmente
os
mortos,
que
talvez
morreram
exatamente
por
falta
de
dignidade
em
vida.
Estimule
cooperação,
a
mútua-‐ajuda
e
a
restauração
da
motivação,
a
auto-‐estima
e
a
auto
subsistência“
(PALMER
2005,
p.
74).
Alguns
apontamentos
de
finalização
e
perspectivas
Fazendo-‐se
uma
análise
numa
perspectiva
da
“macroética“
do
planejamento
para
enfrentar
os
desastres
e
a
ajuda
humanitária,
temos
uma
conclusão
paradoxal.
As
questões
macro,
que
dizem
respeito
ao
contexto
e
background
são
irrelevantes,
a
prevalecer
a
lógica
atual
da
ajuda
humanitária
frente
aos
desastres.
O
que
eticamente
importa
no
humanitarismo
hoje
é
salvar
vidas,
resgatar
indivíduos
e
proteger
as
populações!
Este
modelo
ético
dominante
de
ajuda
frente
aos
desastres
tem
duas
consequências.
Primeira,
a
êfase
unilateral
numa
ética
de
emergência
torna
difícil
prover
uma
ajuda
estrutural
e
de
longo
prazo.Uma
intervenção
global
e
assistência
é
movida
pela
compaixão
com
os
semelhantes
em
situações
de
crise.
Mas
porquê,
o
reconhecimento
de
nossa
condição
humana
comum,
não
nos
leva
a
considerar
as
causas
mais
profundas
do
sofrimento
no
contexto
social
e
econômico.
Somos
interpelados
a
agir
como
agentes
morais
solidários
com
a
comunidade
global,
e
abordamos
prticamente
exclusivamente
crises
e
emergências,
e
corremos
o
risco
de
ficarmos
cegos
frente
aos
erros
humanos
ligados
às
situações
permanentes
de
pobreza
e
fome.
Nós
não
poupamos
esforços
para
salvar
as
vidas
das
vítimas
diante
dos
desastres
naturais,
mas
aceitamos
pacivamente
a
morte
lenta
e
silenciosa
que
é
causada
pela
pobreza
e
desnutrição
entre
outros
fatores,
o
que
não
deixa
de
ser
uma
contradição
ética!
224
O
sistemas
de
saúde
no
mundo
quase
todos
entraram
em
colapso.
As
precárias
condições
de
vida
em
muitos
países,
são
a
fonte
das
ameaças
de
doenças
globais.
Até
mesmo
a
eficiência
da
ajuda
humanitária
será
baixíssima,
onde
faltar
higiene
e
se
as
condições
sanitárias
precárias
não
melhorarem.
Enquanto
a
cada
dia
morrem
10
mil
crianças
de
diarréia,
o
sofrimento
somente
parece
gerar
compaixão
e
ajuda
humanitária,
se
ele
for
causado
por
desastres
naturais.
Este
foco
de
assistência
humanitária
pode
facilmente
ser
visto
como
um
álibi
para
não
se
mudar
de
estilo
de
vida
e
a
adaptação
de
modelos
em
países
que
estão
dando
tal
assistência.
Apesar
de
toda
a
compaixão,
caridade
e
solidariedade
que
existe,
o
sofrimento
global
continua.
Claro
que
seria
muito
pior
se
não
houvesse
esta
sensibilidade
mínima
frent
eao
emergente.
Nós
ainda
não
aprendemos
as
lições
de
uma
década
atrás
quando
o
bioterrorismo
representava
uma
das
maiores
ameaças
à
nossa
saúde
e
segurança.
Desde
os
anos
1990
centenas
de
bilhões
de
dólares
foram
gastos
em
“biodefesa“.
Programas
de
ação
criaram
a
impressão
de
imediata
ação,
mas
na
verdade
os
recursos
foram
gastos
em
ameaças
hipotéticas
e
desviados
das
necessidades
de
saúde
pública
mais
prementes.
A
segunda
consequência
da
ética
de
cunho
emergencial
humanitária
é
que
a
voz
de
quem
é
ajudado
está
ausente.
Na
pespectiva
da
ajuda
humanitária,
os
outros
distantes
que
são
feridos
pelos
desastres
estão
necessitados
e
vulneráveis,
eles
merecem
compaixão
e
assitência.
Na
realidade,
segundo
pesquisas
realizadas
no
contexto
de
pós-‐desastres,
muitos
dos
sobreviventes
de
desastres
devem
suas
vidas
aos
vizinhos
e
amigos
e
autoridades
locais.
É
simplesemente
um
mito
acreditar
que
eles
estão
esperando
serem
salvos
pelas
equipes
de
resgate
internacionais.
A
relação
entre
quem
provê
ajuda
e
quem
é
assistido
com
frequência
é
assimétrica.
Os
que
necesitam,
não
são
os
que
determinam
suas
próprias
necessidades.
Eles
não
são
visíveis
como
agentes
morais,
mas
como
seres
destruídos
e
vitimas
silenciosas.
Com
a
melhor
das
intenções,
a
ajuda
ocorre,
mas
com
uma
visão
reducionista
que
vê
as
pessoas
simplesmente
como
seres
necessitados
de
algumas
necessidades
básicas,
tais
como
alimento,
água,
abrigo
e
cuidados
de
saúde.
Os
assistidos
simplesmente
não
são
levados
em
consideração
frente
a
necessidade
de
se
fazer
escolhas
em
relação
a
sua
própria
vida.
Durante
o
terrível
terremoto
que
praticamente
destruiu
Porto
Príncipe,
a
capital
no
Haiti,
centenas
de
milhares
de
pessoas
foram
amputadas
sem
se
levar
em
consideração
a
sua
qualidade
de
vida
a
longo
prazo,
num
dos
países
mais
pobres
do
mundo.
Não
esqueçamos
de
que,
o
que
beneficia
a
vítima
de
desastre,
somente
pode
ser
determinado
quando
se
leva
em
conta
o
contexto
maior
da
realidade
humana,
deve-‐se
ir
para
além
da
situação
imediata
de
emergência.
Na
perspectiva
de
uma
ética
de
emergência,
o
que
conta
basicamente
é
somente
salvar
a
vida
da
vítima,
mas
não
podemos
esquecer
ou
negligenciar
a
vida
da
pessoa
antes
e
depois,
dela
se
ter
transformada
em
vítima
do
desastre.
Aqui
é
chão
concreto
da
realidade
contextual
que
a
afirma
e
lhe
dá
condições
de
florescer
e
se
autoafirmar
ou
a
coloca
em
risco,
por
falta
do
mínimo
necessário
em
termos
de
sobrevivencia,
que
fala
mais
alto.
Este
antes
e
depois,
tem
a
ver
com
as
condições
sócio-‐políticas
e
econômicas
concretas
em
que
a
vida
acontece,
isto
é
com
o
contexto
maior,
que
jamais
poderá
ser
negligenciado,
mesmo
quando
nossa
ação
emergencial
está
salvando
“uma
vítima“.
As
necessidades
de
saúde
são
prioridades
em
se
responder
à
disastres.
Contudo,
profissionais
da
saúde,
médicos,
enfermeiras
e
outros
,
se
deparam
com
muitas
questões
éticas.
Identificar
estas
questões
ao
se
prover
cuidados
de
saúde
neste
contexto,
e
engajá-‐los
numa
reflexão
ética
sobre
tais
questóes
e
desenvolver
diretrizes
éticas
e
recursos
para
outros
profissionais
da
saúde,
é
algo
para
ser
aprofundado
na
comunidade
internacional.
Questões
que
exigem
uma
análise
ética
mais
aprofundada
ao
se
trabalhar
em
contextos
perigosos
e
vulneráveis,
abordagem
de
triagem
frente
a
tragédias,
trabalhar
fora
de
seus
próprio
habit
profissional,
conflitos
entre
diferentes
profissionais,
lidar
com
diferenças
culturias
e
o
processo
de
tomada
de
decisões,
e
muitos
outros.
Por
exemplo
o
processo
de
triagem
tem
que
se
basear
nas
necessidades,
mas
isto
pode
levar
as
pessoas
de
certa
idade
ou
com
certas
deficiencias
serem
tratadas
diferentemente.
Outra
questão
diz
respeito
as
amputações.
Se
estas
são
feitas
para
beneficar
a
cutro
prazo,
quando
cuidados
de
rehabilitação
a
longo
prazo,
é
quase
improvável
que
existam,
e
a
qualidade
de
vida
e
condições
225
de
vida
das
pessoas
que
tiveram
membros
amputados
é
profundamente
afetada.
Também,
questões
éticas
em
cuidados
paliativos
durante
desastres
necessitam
ser
consideradas.
Existem
muitos
estudos
nesta
área
de
desastres
naturais
e
ligados
ao
meio
ambiente,
mas
são
geralmente
vistos
como
estudos
científicos
técnicos
na
área
de
geografia,
geologia,
meio
ambiente,
ciencias
da
terra,
mas
ligação
como
sendo
também
uma
problemática
ética
ou
bioética.
Urge
que
estas
duas
dimensões
sejam
aproximadas
e
vistas
em
conjunto.
Na
especialização
dos
saberes
acabamos
separando
o
que
deveria
estar
unido!
Ciência
e
ética
não
podem
mais
andar
separadas
mas
unidas,
uma
iluminando
a
outra.
Concluímos
esta
reflexão
bioética
introdutória
em
situações
de
desastres
dizendo
com
Aasim
Ahmad
et
al.
que
“a
bioética
em
situação
de
desastres
é
um
campo
de
estudo
complexo
e
multi-‐facetado,
com
muitos
desafios
analíticos
e
discussões
necessárias
que
ainda
precisam
ser
realizadas“
(AHMAD
2014,
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primaria
de
la
salud
Activista
del
Movimiento
por
la
Salud
de
los
Pueblos,
equipo
comunicandoNOS
Médico
del
Programa
de
Salud
en
Contexto
de
Encierro,
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación
María
Teresa
La
Valle
Investigadora
en
ética
aplicada
y
filosofía
política,
Facultad
de
Humanidades
y
Ciencias
Sociales
Universidad
Nacional
de
La
Plata/CONICET
y
Centro
de
Investigaciones
Filosóficas
Profesora
de
ética
aplicada
Universidad
Nacional
Tres
de
Febrero
Contacto:
[email protected]
Aquello
que
concierne
a
todos,
debe
ser
aprobado
por
todos
Eduardo
I
de
Inglaterra
en
su
convocatoria
al
Parlamento
Modelo,
1295
Sobre
la
base
de
los
conceptos
de
vulnerabilidad,
responsabilidad
y
conexión
social,
el
trabajo
reflexiona
sobre
el
nuevo
modelo
agrícola
de
la
Argentina
desde
la
perspectiva
del
derecho
a
un
ambiente
sano.
A
partir
de
dos
casos
que
sucedieron
en
la
Argentina
analiza
las
consecuencias
socioeconómicas,
sanitarias
y
ambientales
de
las
nuevas
prácticas.
Agrupa
a
los
distintos
agentes
involucrados
y
reflexiona
sobre
la
responsabilidad
que
cabe
a
cada
grupo.
Se
detiene
en
la
que
compete
a
investigadores,
profesionales
y
funcionarios.
Postula
además
la
necesidad
de
garantizar
la
participación
de
todos
los
involucrados
y
potencialmente
afectados
incluyendo
a
científicos,
profesionales,
funcionarios
y
autoridades.
Introducción
“Todos
los
habitantes
gozan
del
derecho
a
un
ambiente
sano,
equilibrado,
apto
para
el
desarrollo
humano
y
para
que
las
actividades
productivas
satisfagan
las
necesidades
presentes
sin
comprometer
las
de
las
generaciones
futuras;
y
tienen
el
deber
de
preservarlo”.
Con
estas
palabras
comienza
el
Artículo
41
de
la
Constitución
de
la
Nación
Argentina,
incorporado
en
la
reforma
de
1994.
En
este
trabajo
nos
proponemos
reflexionar
sobre
algunos
aspectos
del
sistema
agrícola
vigente
en
la
Argentina
⎯muy
similar
al
de
otros
países
de
la
región⎯
en
relación
con
el
derecho
a
un
ambiente
sano
y
el
deber
de
preservarlo.
Nos
interesa
analizar
la
transformación
en
la
concepción
de
la
agricultura
que
se
produjo
en
el
país,
las
condiciones
que
requiere
su
práctica
y
los
efectos
que
genera
en
la
sociedad,
la
salud
y
el
ambiente.
Lo
haremos
desde
dos
ángulos,
que
conformarán
el
marco
normativo
de
nuestras
reflexiones:
el
concepto
de
conexión
social
y
la
noción
de
vulnerabilidad.
Postulamos
que
ambos
conceptos
destacan
dos
elementos
que
resultan
centrales
en
el
asunto
que
nos
ocupa;
por
un
lado,
generan
distintos
grados
y
tipos
de
responsabilidad
en
los
agentes
involucrados.
Por
el
otro,
se
han
plasmado
en
una
creciente
toma
de
conciencia
y
participación
de
un
sector
importante
de
la
ciudadanía
en
defensa
de
sus
derechos.
Además,
y
nos
interesa
reflexionar
sobre
ello,
han
puesto
en
evidencia
un
compromiso
por
parte
de
investigadores
y
profesionales
que
228
reconocen
el
valor
y
los
derechos
de
los
distintos
actores
colectivos,
junto
a
la
relevancia
del
conocimiento
del
sentido
común
de
las
comunidades
involucradas
y
sus
marcos
éticos.
Eso
los
lleva
a
plantear
una
interacción
entre
el
conocimiento
científico
y
el
sentido
común
y,
en
consecuencia,
una
concepción
diferente
del
papel
del
experto
y
su
responsabilidad.
Por
último,
planteamos
algunos
puntos
que
consideramos
son
tareas
pendientes
para
lograr
una
sociedad
más
justa
que
garantice
los
derechos
básicos
de
todos
los
ciudadanos,
en
el
presente
y
en
el
futuro.
Ello
incluye
el
papel
que
cabe
a
investigadores,
profesionales,
expertos
y
gobiernos
en
la
prosecución
de
ese
bien
común.
Marco
normativo
Tomamos
como
eje
normativo
el
concepto
de
responsabilidad
desde
la
propuesta
de
dos
autores
que
interpretamos
como
complementarios.
Es
posible
leer
esta
realidad
desde
la
noción
de
responsabilidad
según
el
“modelo
de
conexión
social”
propuesto
por
Young
(2006).
En
opinión
de
esta
autora,
los
procesos
sociales
que
conectan
a
las
personas
generan
obligaciones
de
justicia.
Algunos
de
esos
procesos
son
estructurales;
por
el
otro
lado,
la
injusticia
social
estructural
produce
daños
a
las
personas.
El
modelo
de
conexión
social
sostiene
que
aquellos
agentes
cuyas
acciones
aportan
a
los
procesos
estructurales
que
generan
injusticia
tienen
la
responsabilidad
de
trabajar
para
remediarla.
Esto
complementa
la
interpretación
de
la
responsabilidad
en
relación
con
la
vulnerabilidad
que
sugiere
Goodin
(1985).
El
autor
asevera
que
tanto
en
el
plano
individual
cuanto
en
el
colectivo,
tenemos
cierto
grado
de
responsabilidad
hacia
aquellos
que
son
vulnerables
a
nuestras
acciones
y
opciones.
En
sintonía
con
la
propuesta
de
Young,
sostiene
que
si
bien
algunas
vulnerabilidades
son
naturales
e
inevitables,
otras
surgen
o
persisten
en
razón
de
los
procesos
sociales
vigentes.
En
consecuencia,
además
de
proteger
a
quienes
son
vulnerables,
la
sociedad
debería
esforzarse
por
reducir
la
vulnerabilidad
generada
por
los
procesos
sociales.
Generan
injusticia
social
aquellos
procesos
sociales
que
permiten
⎯por
acción
u
omisión⎯
que
amplios
sectores
de
la
sociedad
vean
cercenados
sus
derechos
y
la
posibilidad
de
desarrollar
sus
capacidades
e
intereses
⎯su
proyecto
de
vida⎯,
mientras
brindan
a
otros
sectores
amplias
oportunidades
de
desarrollo
y
ejercicio
de
capacidades.
Ello
ocurre
cuando
individuos
e
instituciones
persiguen
sus
propios
objetivos
e
intereses
dentro
del
marco
de
reglas
y
normas
aceptadas
sin
tener
en
cuenta
el
bien
común.
Quienes,
a
través
de
sus
acciones
y
opciones,
participan
en
los
sistemas
que
constituyen
esas
estructuras
tienen
una
medida
de
responsabilidad
por
ellas,
pues
forman
parte
del
proceso
que
las
genera.
Desde
la
perspectiva
del
modelo
de
vulnerabilidad
postulado
por
Goodin,
vemos
que
determinados
sectores
de
la
sociedad
se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad
con
respecto
a
otros
sectores
y
eso
impone
responsabilidades
especiales
a
estos
últimos,
no
solamente
por
la
vulnerabilidad
de
los
primeros
sino
⎯y
esto
es
muy
relevante
en
situaciones
como
la
que
nos
ocupa⎯
también
por
la
capacidad
de
los
segundos
de
paliar
esa
situación.
Interesa
entonces
enfatizar
la
centralidad
de
la
interconexión
entre
las
personas,
que
va
más
allá
del
círculo
familiar,
comunitario
y
nacional.
Nuevo
modelo
agrícola
En
1996
el
Estado
argentino
aprobó
una
combinación
tecnológica
que
incluía
las
semillas
genéticamente
modificadas
resistentes
al
glifosato.
Con
ello,
permitió
que
empresas
transnacionales
introdujeran
tecnología
que
transformaría
las
prácticas
agrícolas
y
de
alimentación
de
la
región.
Se
comenzaron
a
cultivar
alrededor
de
19
millones
de
hectáreas
de
soja
transgénica
que
requieren
300
229
millones
de
litros
de
químicos
por
año,
200
millones
de
los
cuales
corresponden
al
glifosato.
Varios
especialistas
consideran
que
esta
combinación
de
transgénicos
y
agroquímicos
convierten
al
país
en
“un
laboratorio
a
cielo
abierto”
(Gras
y
Hernández
2013).
Cubre
45
millones
de
hectáreas:
parte
de
Bolivia,
Paraguay,
sudeste
de
Brasil,
parte
de
Uruguay
y
centro
y
norte
de
la
Argentina.
Los
actores
de
este
nuevo
modelo
son
las
grandes
empresas
multinacionales
del
sector
semillero,
algunos
grupos
económicos
locales,
el
sector
que
dispone
del
equipamiento
tecnológico,
los
contratistas
⎯“productores
sin
tierra”⎯
y
los
pequeños
y
medianos
propietarios,
parte
de
los
cuales
arriendan
sus
campos
a
los
contratistas.
En
el
camino,
desaparecieron
decenas
de
miles
de
explotaciones
agropecuarias.
1
El
nuevo
modelo
implica
una
transformación
profunda
del
sistema
agrario
tradicional:
concentración
en
la
propiedad
de
la
tierra,
explotaciones
de
gran
escala,
fuerte
orientación
exportadora
con
notorio
peso
relativo
en
la
economía.
Expansión
de
la
frontera
agropecuaria,
que
produce
deforestación,
monocultivo
⎯con
el
consiguiente
empobrecimiento
de
los
suelos,
pérdida
de
biodiversidad,
modificación
de
ecosistemas.
Destrucción
de
las
economías
regionales
con
graves
consecuencias
sociales
y
económicas:
riesgo
alimentario,
desplazamiento
poblacional
y
desocupación,
por
un
lado
y
pérdida
de
mercados
nacionales
e
internacionales,
por
el
otro.
Hay
que
tener
en
cuenta
que
en
el
plano
internacional,
diez
empresas
controlan
el
90%
de
los
agroquímicos
y
dos
tercios
de
las
semillas
transgénicas:
esto
significa
que
controlan
la
cadena
de
producción
alimentaria
mundial
(Carrasco,
2012).
Centraremos
brevemente
la
atención
en
una
de
las
características
del
nuevo
sistema
agropecuario.
El
avance
de
los
cultivos
transgénicos,
mayormente
soja,
requiere
un
uso
e
incremento
crecientes
de
la
concentración
de
agroquímicos
en
general,
y
glifosato
en
particular,
para
combatir
el
aumento
en
la
resistencia
de
las
malezas.
La
dimensión
de
la
escala
de
producción
imposibilita
la
predicción
acerca
del
impacto
sobre
la
salud
humana
y
el
ambiente
en
el
mediano
y
largo
plazo.
La
aplicación
de
agroquímicos
mediante
fumigaciones
terrestres
y
aéreas
cubren
zonas
que
reciben
300
millones
de
litros
por
año;
afectan
a
más
de
dos
millones
de
niños,
según
un
informe
de
la
Defensoría
del
Pueblo
de
la
Nación
(2011).
Acción
ciudadana
En
los
últimos
años
no
cesa
de
aumentar
la
organización
de
comunidades
locales
que
plantean
cuestionamientos,
críticas
e
incluso
denuncias
e
imputaciones
por
el
impacto
en
la
salud
de
los
pobladores
de
zonas
rurales
afectadas
por
las
nuevas
prácticas
tecnológicas.
En
la
Argentina,
hubo
casos
emblemáticos
que
colocaron
la
cuestión
en
la
percepción
pública.
Desde
2001,
un
grupo
de
madres
del
barrio
Ituzaingó
Anexo,
de
la
ciudad
de
Córdoba
en
la
provincia
homónima,
iniciaron
reuniones
tras
comprobar
el
aumento
de
casos
de
cáncer,
malformaciones
congénitas,
leucemia,
entre
otros.
En
2002,
una
Ordenanza
Municipal
declaró
la
emergencia
sanitaria
en
ese
barrio
y
lanzó
un
censo
de
las
patologías
presentes.
Al
año
siguiente,
el
Municipio
de
la
ciudad
de
Córdoba
sancionó
ordenanzas
relacionadas
con
las
consecuencias
del
modelo
de
soja
transgénica
y
prohibió
la
aplicación
de
pesticidas
a
menos
de
2.500
metros
de
cualquier
vivienda.
A
pesar
de
ello,
las
fumigaciones
no
cesaron,
presentándose
denuncias.
El
expediente
quedó
paralizado.
1
En
la
Argentina,
el
2%
de
las
explotaciones
agropecuarias
representan
el
50%
de
la
tierra;
el
57%
de
las
explotaciones
(las
más
pequeñas)
representan
el
3%
de
la
tierra
(Instituto
Nacional
de
Tecnología
Agropecuaria,
INTA.
Citado
en
Aranda
2013).
230
En
2008,
el
subsecretario
de
salud
de
la
ciudad
de
Córdoba
denunció
un
caso
de
fumigaciones
aéreas
a
pesar
de
las
prohibiciones
sancionadas.
Así
comenzó
una
investigación
que
culminó
en
el
primer
juicio
por
fumigaciones
aéreas.
“El
caso
de
las
madres
de
Ituzaingó”
fue
un
punto
de
inflexión:
puso
sobre
el
tapete
datos
silenciados
o
ignorados
hasta
entonces.
Los
estudios
del
equipo
de
Médicos
de
Pueblos
Fumigados
fueron
contundentes,
tal
como
asegura
M.
Ávila
Vázquez,
subsecretario
de
salud
de
la
Municipalidad
de
Córdoba.
Existen
casi
12
millones
de
personas
fumigadas
en
el
país.
En
esas
zonas,
la
tasa
de
malformaciones
es
cuatro
veces
mayor
a
la
de
las
ciudades.
En
los
pueblos,
como
en
Barrio
Ituzaingó,
la
primera
causa
de
muerte
es
el
cáncer
con
el
33%
de
los
decesos,
mientras
que
en
las
grandes
ciudades,
la
primera
causa
son
los
problemas
cardiovasculares
con
el
27%,
y
recién
2
la
segunda
el
cáncer
con
el
19%.
El
juicio
se
realizó
en
diciembre
de
2008:
se
condenó
por
primera
vez
a
los
responsables
de
fumigaciones
Un
productor
agropecuario
3
y
un
aerofumigador
fueron
acusados
de
“contaminación
dolosa”.
La
sentencia
marca
antecedentes
jurídicos
importantes
y
abre
el
camino
para
juicios
similares
en
el
futuro.
Veamos
ahora
el
caso
de
Malvinas
Argentinas,
también
en
la
provincia
de
Córdoba.
Se
trata
de
una
ciudad
ubicada
a
14
kilómetros
al
este
de
la
ciudad
de
Córdoba.
En
2012,
Monsanto
anunció
la
construcción
de
dos
plantas
experimentales
en
Córdoba.
La
de
Malvinas
Argentinas
estaría
destinada
al
tratamiento
y
acondicionamiento
de
semillas
transgénicas
de
maíz:
consiste
principalmente
en
seleccionarlas
e
impregnarlas
de
varios
agrotóxicos,
siendo
el
principal
clotianidina.
Este
elemento
está
prohibido
en
Europa
y
es
resistido
en
América
Latina
por
sus
efectos
tóxicos
ambientales;
prohibición
que
se
extiende
a
todas
las
semillas
tratadas
con
este
4
veneno,
incluyendo
el
maíz.
A
pesar
de
reiterados
pedidos
por
parte
de
la
población,
la
Municipalidad
de
Malvinas
Argentinas
y
el
Gobierno
de
la
Provincia
rehusaron
realizar
los
análisis
necesarios
a
fin
de
detectar
plaguicidas
en
sangre
y
monitorear
los
niveles
de
contaminación
con
agroquímicos
en
agua,
suelo
y
seres
vivos.
Los
vecinos
de
la
localidad,
asesorados
por
científicos
y
técnicos,
enviaron
muestras
debidamente
acondicionadas
para
que
fueran
analizadas
por
dos
centros
especializados
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires.
Se
detectó
la
presencia
de
residuos
de
los
siguientes
plaguicidas
clorados:
Aldrin,
Dieldrin,
Gamma
HCH,
pp’
DDT,
op’
DDT
y
pp’
DDE.
Todos
estos
plaguicidas
están
prohibidos
y
ya
no
se
utilizan
en
el
país,
pero
persisten
en
el
ambiente
y
las
personas.
Las
madres
embarazadas
los
transfieren
a
sus
hijas
e
hijos
a
través
de
la
placenta
primero
(embriones
y
fetos),
y
durante
la
lactancia
después,
e
ingresan
durante
toda
la
vida
de
un
individuo
por
inhalación
de
partículas
del
suelo,
la
ingesta
de
agua
y
alimentos
contaminados.
En
2013
los
vecinos
exigieron
la
suspensión
definitiva
de
las
obras
de
Monsanto
debido
a
la
contaminación
ya
existente
en
la
localidad,
así
como
la
realización
de
una
consulta
pública
que
garantizara
su
derecho
a
decidir
sobre
el
establecimiento
de
la
planta.
A
comienzos
de
2014,
la
Justicia
de
Córdoba
falló
en
contra
de
Monsanto:
ordenó
frenar
la
obra
hasta
completar
la
Evaluación
de
Impacto
Ambiental.
La
segunda
planta,
en
Río
Cuarto,
siguió
un
derrotero
similar.
2
Aranda
2012;
Bassi
2011;
Bonaparte,
Rubini
Pisano,
Vera,
Barri,
Arguello,
s/f;
Martínez
2011.
Ver
también
“Médicos
de
Pueblos
Fumigados”,
en
Referencias
bibliográficas.
3
Se
llama
aerofumigador
a
la
persona
que
ofrece
ese
servicio
y
es
contratada
por
productores
agropecuarios
para
realizar
fumigaciones
desde
avionetas
sobre
sus
cultivos.
4
Giarracca/Teubal
2013;
Aranda
2012.
Ver
también
“Médicos
de
pueblos
fumigados”,
en
Referencias
bibliográficas.
231
Agentes
involucrados
En
los
casos
que
presentamos
se
pueden
reunir
los
agentes
involucrados
en
cuatro
grupos.
1.
Quienes
colocan
a
otros
en
situación
de
riesgo
cierto:
productores
y
fumigadores.
2.
Aquellos
con
capacidad
profesional
y/o
técnica
para
percibir,
comprender,
comprobar
y
advertir
sobre
el
riesgo
a
los
posibles
causantes,
a
los
potenciales
damnificados
y
a
los
profesionales
y
funcionarios
involucrados:
investigadores
en
las
distintas
ciencias,
médicos,
químicos,
agrónomos,
asesores
de
los
productores
y
fumigadores,
abogados,
docentes,
agentes
gubernamentales,
entre
otros.
También
cuentan
con
la
capacidad
de
evaluar
y
proponer
sistemas
alternativos
de
producción:
dato
no
menor
que
se
soslaya
con
harta
frecuencia.
3.
Las
autoridades
e
instituciones
públicas
responsables
por
garantizar
el
bienestar
de
la
población
a
través
del
cumplimiento
de
la
legislación
vigente
y/o
la
elaboración
de
la
normativa
que
resulte
necesaria
cuando
los
derechos
de
los
ciudadanos
se
ven
vulnerados.
Así
como
por
analizar,
evaluar
y
eventualmente
incentivar
sistemas
alternativos
de
producción.
4.
Las
personas
pasibles
de
verse
afectadas
por
actividades
y
prácticas
que
presenten
riegos
a
su
salud
y
vulneren
sus
derechos:
pobladores
de
zonas
rurales,
alumnos
y
docentes
de
escuelas
rurales,
habitantes
de
zonas
urbanas
cercanas
a
explotaciones
agrícolas.
Si
bien
el
propósito
de
este
trabajo
impide
adentrarnos
en
otro
aspecto
de
indudable
relevancia,
hay
que
tener
en
cuenta
el
efecto
del
modelo
agrícola
descripto
sobre
la
naturaleza.
Además
del
valor
de
la
naturaleza
en
sí
misma,
es
necesario
considerar
la
integridad
de
los
ecosistemas:
los
seres
vivos
son
producto
de
la
interacción
de
los
genes
con
el
ambiente,
ello
determina
su
desarrollo
y
fisiología
para
vivir
en
él.
Responsabilidad
La
relación
del
cuarto
grupo
con
respecto
a
los
otros
tres
resulta
asimétrica
en
distintos
grados
y
sentidos:
la
calidad
de
vida
de
ese
grupo
depende
de
las
acciones
y
opciones
de
los
tres
primeros.
Suscribimos
la
propuesta
antes
mencionada
de
Goodin
cuando
afirma
que
la
responsabilidad
surge
de
la
situación
de
vulnerabilidad
de
quien
se
ve
perjudicado
por
nuestras
acciones
y
opciones
y
que
debemos
apuntar
a
reducir
la
vulnerabilidad
generada
o
sostenida
por
el
esquema
social
vigente.
Sobre
esta
base,
consideramos
que
la
asimetría
mencionada
ubica
al
cuarto
grupo
en
una
situación
de
vulnerabilidad
que
crea
responsabilidades
en
los
integrantes
de
los
tres
primeros
grupos
con
respecto
al
cuarto.
A
ello
se
agrega
la
posibilidad
diferenciada
de
los
integrantes
de
cada
uno
de
esos
tres
grupos
de
contribuir
a
evitar
o
paliar
el
riesgo
en
cuestión
o
neutralizarlo,
aplicando
sistemas
de
producción
alternativos.
Pueden
hacer
eso
o
su
opuesto,
ya
sea
por
las
acciones
que
lleven
adelante
u
optando
por
no
hacer
nada
a
favor
del
grupo
vulnerable.
Las
relaciones
asimétricas
forman
parte
de
procesos
sociales
que
generan
injusticia.
El
modelo
de
vulnerabilidad
pone
el
foco
no
simplemente
en
la
necesidad
de
las
personas
afectadas
sino
en
la
capacidad
especial
de
quienes
tienen
las
herramientas
necesarias
para
contribuir
a
evitar
el
daño.
La
sentencia
de
Green
en
1881
resulta
pertinente
en
este
contexto:
“Ningún
grupo
de
personas
debería
tener
la
posibilidad
de
fortalecerse
a
costa
de
la
debilidad
de
otros”.
En
lo
que
respecta
al
primer
grupo,
la
legislación
ambiental
de
la
Argentina
adjudica
a
los
habitantes
el
deber
de
proteger,
conservar
y
mejorar
el
ambiente
y
abstenerse
de
realizar
acciones
u
obras
que
pudieran
tener
como
consecuencia
la
degradación
del
ambiente.
En
los
casos
presentados,
los
miembros
del
primer
grupo
no
acataron
tales
indicaciones.
232
En
cuanto
a
profesionales,
técnicos,
científicos
(grupo
2)
y
autoridades
e
instituciones
(grupo
3)
se
agrega
otro
factor
de
peso
a
su
responsabilidad.
Su
formación
y
la
posición
que
ocupan
en
la
sociedad
requieren
que
se
mantengan
amplia
y
sólidamente
informados
sobre
el
estado
del
arte
en
su
especialización/trabajo.
Todo
científico,
profesional
o
técnico
asume
un
compromiso
con
la
sociedad
al
recibir
el
certificado
que
lo
acredita
como
tal.
Las
autoridades,
por
su
parte,
son
elegidas
o
nombradas
por
los
representantes
de
la
ciudadanía
para
protegerla,
defender
y
hacer
cumplir
sus
derechos,
sancionando
a
quienes
los
violan.
Eso
forma
parte
de
su
tarea.
La
sociedad
deposita
su
confianza
en
ambos
grupos
para
que
cumplan
con
sus
compromisos.
La
ciudadanía
adjudica
responsabilidad
a
las
autoridades
tanto
por
su
inacción
cuanto
por
sus
acciones
y
las
reglamentaciones
que
imponen
u
omiten
imponer,
pues
las
consecuencias
de
sus
opciones
afectan
a
muchas
más
personas
que
las
de
cualquier
ciudadano
individual.
Asumir
responsabilidades
constituye
la
esencia
misma
del
trabajo
del
servidor
público
(Goodin,
op.
cit.).
Hacer
caso
omiso
de
la
reglamentación
vigente
en
el
caso
de
las
fumigaciones
significa
violar
la
ley
y
las
obligaciones
adquiridas
con
la
sociedad.
Esa
multiplicidad
de
agentes
que
contribuyen
⎯por
acción
u
omisión⎯
a
perpetuar
los
procesos
estructurales
que
generan
situaciones
injustas
también
conforman
el
modelo
de
conexión
social
postulado
por
Young.
A
ello
es
menester
agregar
la
responsabilidad
específica
de
los
decisores
en
materia
de
políticas
agropecuarias.
En
general,
presentan
una
interpretación
muy
limitada
⎯unívoca,
de
hecho⎯
de
los
sistemas
de
producción.
En
la
Argentina,
tal
interpretación
está
avalada
de
manera
claramente
acrítica
por
políticas
que
incentivan
prácticas
agrícolas
que
requieren
un
uso
extensivo
de
agroquímicos
y
conducen
a
la
tala
indiscriminada
de
bosques
con
el
consiguiente
perjuicio
para
los
suelos,
las
fuentes
de
agua
y
la
biodiversidad:
del
ambiente,
patrimonio
común
de
la
humanidad.
Se
trata
de
políticas
que
no
ofrecen
incentivos
a
sistemas
de
producción
no-‐dependientes
de
agroquímicos
y,
en
consecuencia,
más
respetuosos
de
los
seres
humanos
y
de
los
ecosistemas,
hoy
y
con
miras
al
futuro.
Las
mismas
políticas
alientan
el
monocultivo
que
no
solamente
perjudica
el
suelo
y
las
fuentes
de
agua,
sino
que
ha
cercenado
el
cultivo
de
una
notoria
variedad
de
especies
que
cimentaban
las
economías
regionales
en
nuestro
país.
Todo
ello
se
traduce
en
consecuencias
sociales
gravísimas.
Es
por
ello
que
sostenemos
que
autoridades,
científicos,
profesionales
y
técnicos
deberían
recabar
información
exhaustiva
sobre
alternativas
posibles
a
prácticas
y
sistemas
que
generan
riesgos
probados
para
las
personas
y
la
naturaleza.
En
el
terreno
de
los
sistemas
agropecuarios
existe
un
vasto
caudal
de
investigaciones
y
experiencias
realizadas
en
una
cantidad
de
países
y
regiones
que
dan
cuenta
de
alternativas
y
resultados
a
corto,
mediano
y
largo
plazo
más
convenientes
para
garantizar
la
sustentabilidad
de
las
sociedades
y
los
ecosistemas.
Young
analiza
la
estructura
de
incentivos
que
convierte
en
atractivas
ciertas
prácticas
sin
calcular
costos
en
términos
de
salud
de
la
población
y
daño
ambiental
a
corto
y
largo
plazo.
La
expansión
del
extractivismo
en
varios
países
de
la
región
es
un
ejemplo
claro
de
ello:
los
gobiernos
son
responsables
por
políticas
que
conforman
un
proceso
que
genera
daños
irreversibles.
Wakley
en
1846,
hace
casi
dos
siglos,
se
preguntaba:
“¿Para
qué
está
el
poder
del
Estado
si
no
es
para
proteger
al
débil
ante
el
fuerte?”.
233
Comunidad
científica,
funcionarios:
se
dice
de
muchas
maneras
Quisiéramos
detenernos
en
una
breve
reflexión
sobre
los
agentes
que
agrupamos
en
el
segundo
grupo.
Efectivamente,
las
opciones
de
distintos
investigadores
y
funcionarios
puede
ser
muy
variada.
En
síntesis,
se
puede
elegir
poner
la
ciencia
al
servicio
de
la
producción
de
tecnología
que
beneficia
a
las
empresas,
o
encararla
con
sentido
crítico:
una
ciencia
que
puede
y
debe
cuestionar
los
avances
tecnológicos
sea
por
sus
efectos
colaterales
o
por
el
daño
que
hacen
al
tejido
social
y
al
ambiente
con
el
cual
interactúa
esa
sociedad:
al
bien
común.
Nos
referimos
a
médicos
y
funcionarios
que,
como
el
subsecretario
de
salud
mencionado,
optaron
por
la
segunda
alternativa
y
actuaron
en
consecuencia.
5
También
hubo
investigadores
como
A.
Carrasco
y
su
equipo,
que
eligieron
atender
al
relato
y
las
denuncias
de
los
pobladores
de
las
zonas
sometidas
a
pulverizaciones.
Estos
ciudadanos
censaban
el
incremento
en
el
índice
de
cáncer,
alteración
de
la
fertilidad
(abortos
reiterados,
muerte
embrionaria
prematura),
malformaciones,
autismo,
trastornos
de
conducta.
El
equipo
de
investigación
aceptó
el
desafío
de
comprometer
la
experiencia
experimental
investigando
esas
denuncias
en
condiciones
de
laboratorio.
Esto
se
plasmó
en
un
estudio
sobre
el
efecto
del
glifosato
en
el
desarrollo
embrionario.
La
publicación
de
los
resultados
en
2010
generó
una
campaña
difamatoria
de
proporciones
inusitadas
desde
el
ámbito
institucional,
corporaciones
multinacionales,
productores
de
agroquímicos;
presiones,
amenazas
anónimas.
Carrasco
lo
interpretó
como
una
muestra
de
la
interdigitación
de
intereses
entre
política
e
intereses
corporativos
en
el
discurso
político
de
la
región.
En
cuanto
a
los
funcionarios:
la
respuesta
oficial
fue
una
recomendación
del
Comité
Nacional
de
Ética
en
la
Ciencia
y
la
Tecnología
(Cecte)
al
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva
de
crear
una
comisión
para
estudiar
los
distintos
aspectos
del
uso
del
glifosato.
Interesa
destacar
que
desde
2009
existe
una
Comisión
Nacional
de
Investigación
sobre
Agroquímicos
(CNIA)
en
el
ámbito
del
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación.
O
sea,
dos
comisiones,
pertenecientes
a
dos
ministerios,
se
ocuparían
de
recoger
y
transmitir
información
y
directivas
⎯¿recomendaciones,
sugerencias?⎯
acerca
del
uso
del
glifosato.
En
el
contexto
del
marco
normativo
que
proponemos
en
este
trabajo,
vale
preguntarse
por
qué
las
autoridades,
funcionarios,
técnicos
e
instituciones
gubernamentales
dejaron
pasar
tanto
tiempo
antes
de
ocuparse
del
problema,
siendo
que
la
soja
resistente
al
glifosato
fue
aprobada
por
el
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca
en
1996
y
las
denuncias
judiciales
sobre
los
efectos
ambientales
y
socio-‐sanitarios
provocados
por
las
fumigaciones
no
cesaron
de
aumentar
desde
entonces.
El
mismo
interrogante
vale,
y
es
igualmente
grave,
para
los
integrantes
de
la
comunidad
científica.
La
bibliografía
que
indica
las
consecuencias
deletéreas
causadas
por
los
agroquímicos
⎯el
glifosato
entre
ellos⎯
es
extensa.
Svampa
y
Viale
(2014)
señalan
un
dato
revelador.
El
informe
del
Cecte
al
Ministro
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva
menciona
como
“bibliografía”
las
fuentes
que
prueban
la
“inocuidad”
del
glifosato
y
como
“denuncias”
las
que
señalan
los
daños.
Al
calificarlas
así,
les
restan
estatus
científico.
Cabe
mencionar
que
cuando
la
CNIA
se
pronunció,
dos
años
después
de
su
creación,
publicó
una
Guía
de
uso
responsable
de
agroquímicos,
la
cual
es
propuesta
como
material
de
consulta.
5
Dr.
A.
Carrasco,
profesor
de
embriología,
investigador
principal
del
Consejo
Nacional
de
Investigaciones
Científicas
y
Técnicas
(CONICET)
y
director
del
Laboratorio
de
Embriología
Molecular
(UBA/CONICET).
234
Participación
El
modelo
de
conexión
social
que
sirve
de
marco
a
nuestro
trabajo
indica
que
la
responsabilidad
compartida
en
relación
con
las
instituciones
y
los
procesos
estructurales
requiere
de
la
acción
colectiva
para
alcanzar
un
sistema
más
acorde
con
la
justicia.
Así
como
hay
una
multiplicidad
de
agentes
responsables
por
procesos
que
generan
resultados
injustos,
se
necesita
la
participación
de
muchos
actores
para
lograr
cambios
en
la
legislación
y
las
instituciones
a
fin
de
garantizar
un
mayor
grado
de
justicia.
Por
otra
parte,
la
posición
que
cada
uno
de
los
actores
ocupa
en
la
sociedad
implica
distintas
posibilidades
de
influir
sobre
esos
procesos
estructurales
y,
en
consecuencia,
acarrea
diferentes
tipos
de
obligación.
Esto
coincide
con
la
perspectiva
que
propone
Goodin
(1985)
quien
sostiene
que
tanto
en
el
plano
individual
cuanto
en
el
colectivo
existe
algún
tipo
de
responsabilidad
permanente
hacia
aquellos
que
son
vulnerables
a
nuestras
acciones
y
opciones.
Su
modelo
de
vulnerabilidad
indica
que
la
responsabilidad
tiene
una
relación
directa
con
la
capacidad
del
agente
de
ayudar
al
vulnerable.
La
ausencia
de
procesos
participativos
en
la
toma
de
decisiones
sobre
políticas
ambientales
en
contextos
de
relaciones
de
poder
asimétricas
suele
dar
lugar
a
situaciones
de
vulnerabilidad
sin
que
quienes
implementan
tales
políticas
⎯así
como
quienes
tienen
la
posibilidad
de
influir
sobre
las
mismas⎯
reconozcan
y
asuman
la
responsabilidad
sobre
todos
los
que
se
verán
afectados
por
ellas.
Mantenemos
que
esa
responsabilidad
incluye
la
participación
en
diferentes
instancias
según
la
especialidad
y
posición
institucional.
Aquellos
que,
ya
sea
por
su
formación
profesional
o
técnica,
el
lugar
que
ocupan
en
la
sociedad
o
en
tanto
funcionarios
que
asumen
la
responsabilidad
de
velar
por
los
derechos
de
la
población,
deben
participar
desde
esas
posiciones.
Tienen
una
capacidad
específica
de
hacer
un
aporte
en
pos
de
la
protección
del
ambiente
y,
así,
de
la
salud
y
la
calidad
de
vida
de
los
grupos
vulnerables.
Ello
incluye
la
responsabilidad
de
monitorear
las
diferentes
intervenciones
sobre
el
ambiente
y
los
posibles
efectos
sobre
la
calidad
de
vida
de
la
población
y
participar
en
las
instancias
que
correspondan
para
garantizar
la
información
completa
a
la
población
sobre
potenciales
efectos
y
riesgos
de
las
actividades
y
políticas
que
pueden
afectar
su
calidad
de
vida;
informar
sobre
alternativas,
auspiciar
y
contribuir
a
la
participación
de
la
población
y
exigir
el
cumplimiento
de
la
normativa
vigente.
Generar
un
espacio
de
debate
que
trascienda
la
información
a
menudo
superficial
e
insuficiente
y,
lo
cual
es
más
grave,
por
lo
general
proporcionada
por
las
corporaciones
que
controlan
el
mercado
de
agroquímicos
y
las
tecnologías
aplicadas
en
el
modelo
agrícola.
Condición
necesaria:
acceso
a
la
información
Una
participación
efectiva
requiere
que
los
diferentes
agentes
operen
sobre
la
base
de
un
conocimiento
actualizado,
relevante
y
completo
de
la
disciplina
de
su
especialidad.
En
el
caso
de
los
funcionarios
gubernamentales,
deberían
arbitrar
los
medios
para
contar
con
ese
tipo
de
información
sobre
los
asuntos
en
discusión.
No
todas
las
instancias
involucradas
en
los
casos
que
presentamos
cumplieron
con
el
requisito
de
recabar
y
brindar
información
con
las
características
mencionadas.
En
buena
medida,
fueron
los
vecinos
quienes
se
ocuparon
de
obtener
la
información
que
condujo
a
las
ordenanzas
y
acciones
judiciales.
Ello,
apoyados
por
profesionales
e
investigadores
que
prestaron
atención
al
conocimiento
de
sentido
común
y
la
experiencia
expresados
por
las
comunidades
afectadas
y
denunciaron
los
efectos
de
las
prácticas
agrícolas.
En
un
primer
momento,
los
actores
potencialmente
afectados
por
las
fumigaciones
no
dispusieron
de
información
completa
y
actualizada.
Esto
no
es
trivial.
Young
(2006)
sostiene
que
el
mero
hecho
de
acatar
acríticamente
las
normas
y
convenciones
aceptadas
puede
convertirse
en
un
instrumento
que
contribuya
a
perpetuar
injusticias.
Esto
convierte
a
los
ciudadanos
en
235
responsables
en
la
medida
en
que
contribuyan
⎯por
acción
u
omisión⎯
a
esa
injusticia
y
así
obstaculicen
los
cambios
necesarios
para
corregir
el
rumbo
de
los
procesos
sociales.
Por
cierto
que
si
no
se
dispone
de
la
información
necesaria,
es
imposible
asumir
una
actitud
crítica,
participar
y
formular
propuestas
en
el
marco
de
procesos
de
toma
de
decisiones.
Algunas
reflexiones
finales
El
modelo
de
conexión
social
que
conforma
el
marco
de
este
trabajo
abre
una
perspectiva
que
excede
el
mero
interés
personal
o
grupal.
Permite
tomar
consciencia
de
la
interconexión
entre
las
personas
⎯cercanas
o
no,
con
afinidad
de
intereses
o
no,
contemporáneas
o
alejadas
en
el
tiempo
así
como
en
el
espacio.
Interconexión
que
produce
efectos
inmediatos
y/o
a
mediano
y
largo
plazo
sobre
otras
personas
y
sobre
los
ecosistemas
que,
a
su
vez,
incidirán
sobre
las
personas.
El
concepto
de
vulnerabilidad
resulta
primordial
en
la
reflexión
sobre
la
adjudicación
de
responsabilidades.
El
análisis
de
la
noción
de
responsabilidad
permite
diferenciar
la
que
compete
a
cada
uno
de
los
involucrados,
no
solamente
como
ciudadanos
sino
también
en
tanto
ocupan
posiciones,
cuentan
con
capacidades
y
realizan
actividades
que
inciden
sobre
otros
seres
humanos
y
los
ecosistemas
de
los
cuales
forman
parte
y
dependen
todos.
Interesa
destacar
especialmente
las
obligaciones
que
competen
a
los
decisores
entre
las
cuales
el
cumplimiento
de
la
legislación
vigente
resulta
capital.
Esto
nos
lleva
a
proponer
que
una
de
las
tareas
pendientes
es
encarar
con
urgencia
la
instauración
de
los
mecanismos
necesarios
para
garantizar
la
rendición
de
cuentas
por
parte
de
autoridades
y
funcionarios
acerca
del
cumplimiento
de
la
legislación
sobre
el
derecho
a
un
ambiente
sano,
la
participación
y
el
consentimiento
de
la
ciudadanía
en
medidas
que
afectan
sus
derechos
básicos.
Paralelamente,
consideramos
necesario
arbitrar
los
mecanismos
para
garantizar
e
incentivar
un
alto
grado
de
participación
informada
que
comprometa
a
todos
las
personas
potencialmente
afectadas,
incluyendo
funcionarios,
investigadores,
técnicos,
productores
y
autoridades.
Participación
que
debería
desarrollarse
en
procesos
democráticos,
en
reuniones
abiertas
y
simétricas
donde
cada
cual
pueda
expresar
su
punto
de
vista
y
analizar
los
argumentos
de
los
demás.
Apoyada
por
un
amplio
y
efectivo
acceso
a
la
información
detallada
y
relevante
para
que
los
participantes
puedan
debatir
y
alcanzar
consensos
desde
un
conocimiento
completo
del
problema
en
discusión,
los
posibles
riesgos
y
las
alternativas
disponibles.
En
este
punto,
el
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de
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y
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es
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V
(Coord.)
El
agro
como
negocio.
Producción,
sociedad
y
territorios
en
la
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Biblos;
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Ituzaingó
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and
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Justice:
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Social
Connection
Model.
Political
Science.
Social
Philosophy
&
Policy
Foundation;
2006:
102-‐130.
237
LA
MEDICINA
ANCESTRAL
ECUATORIANA
AFECTADA
EN
SUS
VALORES
BIOÉTICOS
Dra.
Elizabeth
Benites
Estupiñan
MSc,
Ecu.
Directora
Maestria
de
Investig.
Clínica
y
Epidemiológica,
Universidad
de
Guayaquil.
Docente
de
la
Universidad
Católica
de
Santiago
de
Guayaquil
Dr.
Antonio
Aguilar
Guzmán
MSc,
Ecu.
Director
de
la
Revista
Medicina
y
Docente,
Universidad
Católica
de
Santiago
de
Guayaquil
Dr.
Mario
Paredes
MSc,
Ecu.
Epidemiólogo.
Armada
Nacional,
Dirección
de
Sanidad
Naval
y
Docente
de
la
Universidad
Católica
de
Santiago
de
Guayaquil
Ing.
Roberto
García
Sánchez
La
cultura
ancestral
MSc,
Esp.
Docente
de
la
Universidad
Católica
de
Santiago
de
Guayaquil
Nuestros
pueblos
ancestrales
tienen
una
cultura
de
más
de
12.000
años.
Ellos
manifestaban
sus
conocimientos
en
base
a
valores
y
normas
de
conducta
familiar
y
comunitaria,
el
respeto
a
los
mayores,
el
amar
la
vida
o
kawsay,
la
vocación
hacia
las
áreas
agrícolas,
venerando
el
sagrado
pachamama
o
madre
naturaleza,
cochamama
o
yacumama,
madre
del
agua;
cocamama,
madre
coca;
saramama,
madre
maíz
(Massa
2007).
La
runa
está
determinada
por
códigos
de
comportamientos
transmitidos
de
generación
en
generación,
siendo
los
principales:
shuk
yuyaylla,
un
solo
pensamiento,
shuk
shunkulla,
un
solo
corazón
y
shuk
makilla,
una
sola
fuerza.
En
la
relación
con
la
naturaleza,
el
runa
tiene
una
vinculación
íntima
con
los
calendarios:
agroecológico
y
astronómico.
Estas
orientaciones
permitieron
regular
y
calcular
las
actividades
de
la
cacería,
pesca,
recolección
y
exploración
interna
de
la
selva
en
el
caso
de
la
Amazonía;
en
los
Andes,
con
tales
calendarios,
los
pueblos
y
nacionalidades
indígenas
orientan
las
actividades
de
la
preparación
del
suelo,
para
la
siembra,
y
cosecha.
David
Choquehuanca,
el
intelectual
y
canciller
Aymara
(boliviano),
sostiene
que
vivir
bien
es
recuperar
la
vivencia
de
nuestros
pueblos,
recuperar
la
Cultura
de
la
Vida
y
recuperar
nuestra
vida
en
completa
armonía
y
respeto
mutuo
con
la
madre
naturaleza,
con
la
Pachamama,
donde
todo
es
vida,
donde
todos
somos
wywas-‐animales,
1
criados
de
la
naturaleza
y
el
cosmos.
Para
Estelina
Quinatoa
Cotacachi,
ecuatoriana,
con
una
vasta
experiencia
en
estudios
antropológicos, culturales,
patrimoniales,
historia
andina,
colecciones
ancestrales,
semiótica
y
simbología
andina,
las culturas
ancestrales
daban
un
especial
culto
a
la
vida
y
a
la
muerte,
estrenaban
sus
mejores
ropas,
con
bisutería
propias
de
cada
región,
compartiendo
con
música,
comida
y
bebida
autóctona;
los
mayores
respetaban
a
sus
antepasados
y
se
vestían
con
atuendo
característicos
de
su
comuna
para
representar
la
jerarquía
y
el
dominio
sobre
la
familia.
En
algunas
comunidades
convivían
con
los
mallquis
o
ancestros,
ya
que
para
ellos
los
muertos eran momias
veneradas,
respetadas
y
hasta
temidas,
a
quienes
se
les
consultaba
sobre
el
tiempo
de
cosecha,
matrimonio
y
salud
o
enfermedad;
eran
como
un
oráculo
dentro
de
sus
comunidades,
venerándolos
con
ofrendas,
ritos
o
ceremonias.
Algunas
culturas
tuvieron
conocimientos
de
astronomía
en
base
al
astro
solar
que
les
permitía
identificar
el
paso
del
tiempo
y
las
estaciones
climáticas
clave
para
el
año
agrícola,
el
equilibrio del tiempo
y
la
energía
que
influía
en
la
personalidad
y
comportamiento
de
sus
habitantes
(Guayas,
Amín
2000).
238
Los
pueblos
indígenas
ecuatorianos
eran
diferentes
de
acuerdo
a
su
situación
geográfica.
Costa,
sierra
y
amazonía,
cada
uno
mantenía
su
relación
con
la
naturaleza,
su
medicina
ancestral,
costumbres,
conocimientos
y
prácticas,
la
cacería,
recolección
de
frutas
y
la
pesca.
La
cultura
ecuatoriana
estaba
comprendida
por
período
culturales
de
acuerdo
a
la
historia:
el
Paleoindio,
donde
nacieron
el
inga
(12000
a 4000
a.C.),
en
la
sierra
cerca
de
Quito;
el
Chobshi
(9000
a
6500
a.C.);
grupos
humanos
arcaicos
de
nominados
las
vegas
(8.800
a
4.600
a.C.)
en
la
costa
cerca
de
la
península
de
Santa
Elena,
dedicándose
a
la
pesca.
Entre
otras
usanzas
eran
usadas
conchas
como
piedras
chamánicas
curativas,
adornándolas
tipo
collares
para
asegurar
la
fertilidad
y
el
sentimiento
por
su
pareja
(Stothert
2006).
Luego
vino
el
período
formático
(4000
a
300
aC),
donde
aparecen
sociedades
sedentarias
donde
las tierras
cultivadas
o
chacras
eran
manejadas
por
jefatura
femenina,
y
hay
intercambio
de
productos
y
conocimientos
como
un
sistema
de
comercio
entre
los
pueblos
andinos
y
los
mesoamericanos
(Ontaneda
2010).
La
cultura
Valdivia
(4000
a
1600
a.C.),
en
lo
que
hoy
es
la
provincia
de
Santa
Elena,
es
la
cultura
más
antigua
sudamericana,
en
su
religión
dos
elementos
marinos
fueron
de
vital
importancia
en
la
vida
ceremonial
de
los
pueblos
de
toda
América;
el
“mullu”
o
concha
spondylus;
princeps
y
calcifer,
así
como
el
“churu”,
o
caracola
strombus,
que
representaron
la
fertilidad
femenina
y
masculina,
la
sacralidad
de
estas
conchas
perduró
hasta
la
etapa
colonial,
cuando
se
impuso
una
nueva
religión.
(Marcos
2006).
La
cultura
Machalilla
(1600
a
800
a.C.),
caracterizados
por
su
fisonomía
de
alargamiento
del
cráneo
con
fines
religiosos
y
estéticos,
estaban
ubicados
en
la
región
costera
ecuatoriana,
cuyos
utensillos
en
cerámica
y
botella
con
asa
servían
para
la
transportación
de
líquidos
como
nuevos
elementos
culturales.
La
cultura
Chorrera
(1000
a
100
a.C.),
centrándose
en
la
costa
y
parte
de
la
sierra
ecuatoriana,
eran
artistas
por
excelencia,
encontrándose
objetos
con
representación
de
flora
y
fauna
silvestre.
Ya
en
el
Marrio
(2000
a
400
a.C.),
ubicadas
en
las
regiones
sur
andina,
en
parte
de
las
provincias
del
Azuay
y
Cañar,
se
encontraron
estatuillas
antropomorfas
trabajadas
en
concha
spondylus
hoy
denominadas
“ucuyayas”,
padre
interior,
que
se
creen
que
fueron
amuletos,
además
de
varios
adornos
como
collares,
pectorales
con
representaciones
míticas,
orejeras,
etc.,
elaboradas
en
este
material.
Para
sus
ritos,
posiblemente
agrarios,
utilizaban
sustancias
que
reposaban
en
cuencos
de
piedra
alabastro.
La
cultura
Cotocollao
(1800
a
350
a.C.),
se
asentaba
en
lo
que
hoy
son
las
provincias
de
Pichincha,
Cotopaxi
y
Tungurahua
y
en
las
estribaciones
exteriores
de
los
Andes,
al
noroccidente
de
la
provincia
de
Pichincha.
Fue
una
cultura
que
realizó
ceremonias
funerarias,
conjugando
los
significados
de
la
vida
con
la
muerte
como
ritos
sagrados
de
supremacía
y
poder
dentro
de
las
3
comunidades.
Para
la
cultura
Bahía
(500
a.C.
-‐
650
d.C.),
en
lo
que
hoy
es
la
provincia
de
Manabí,
su
clima
lluvioso
tropical
tenía
al
maíz
como
producto
de
élite.
El
centro
de
culto
y
peregrinación
de
la
isla
de
La
Plata,
era
un
lugar
sagrado,
donde
también
existían
importantes
bancos
conchíferos
de
la
codiciada
bivalva
spondylus,
por
lo
que
esta
isla
fue
visitada
desde
épocas
formativas.
Los
comerciantes
de
Bahía
se
dedicaban
a
los
intercambios
por
mar
con
regiones
lejanas,
lo
que
exigió
conocimientos
de
navegación
oceánica
efectuada
en
grandes
balsas.
Ellos
manejaban
los
litófonos,
instrumentos
musicales
que
al
ser
golpeados
emiten
sonidos
musicales
de
timbre
claro,
casi
metálico.
Sonidos
que
fueron
utilizados
junto
con
los
de
otros
instrumentos
musicales
en
sus
ritos
y
festividades.
La
cultura
Jama-‐Coaque
(350
a.C.
-‐
1532
d.C.),
ubicados
en
las
provincias
de
Manabí,
Esmeraldas
y
Santo
Domingo
de
los
Colorados,
realizaban
cultos
agrícolas
pintados
de
colores
fuertes
llamativos
que
predominaba
el
rojo
utilizando
plumas,
collares
y
brasaletes
muy
elaborados
como
sinónimo
de
productividad
y
energía
hacia
la
madre
naturaleza.
239
La
cultura
Guangala
(100
a.C.
-‐
800
d.C.)
ocupó
la
zona
del
golfo
de
Guayaquil
y
la
península
de
Santa
Elena,
siguiendo
hacia
el
norte
los
territorios
comprendidos
entre
la
faja
costera
y
las
cordilleras
de
Chongón-‐Colonche
en
la
actual
provincia
del
Guayas
y
la
de
Paján
en
Manabí,
hasta
la
altura
de
la
isla
de
La
Plata.
Se
trata
de
una
zona
en
la
que
existe
variación
en
el
régimen
de
lluvias,
debido
a
la
interacción
de
la
corriente
fría
de
Humboldt,
de
procedencia
antártica,
y
la
corriente
cálida
de
El
Niño,
que
viene
del
norte.
Ellos
2
construyeron
presas
para
la
recolección
de
aguas
lluvias,
con
el
fin
de
ayudar
la
agricultura
en
los
tiempos
de
sequias
prolongadas.
En
la
cultura
Tolita,
que
ocupó
el
norte
de
Ecuador
con
Colombia
(600aC
a
400
d.C.),
los
sacerdotes
y
chamanes
presidían
los
diferentes
tipos
de
ceremonias,
relacionadas
con
ritos
de
iniciación,
cultos
de
fertilidad,
mitos
de
origen,
sacrificios
rituales
y
prácticas
mortuorias.
Utilizaban
artículos
suntuarios,
principalmente
los
de
oro,
platino,
cobre,
cristal
de
roca,
obsidiana,
jadeíta
y
esmeralda,
que
fueron
muy
apetecidos
por
los
españoles.
Para
ello,
los
sacerdotes
se
adornaban
con
máscaras
y
otros
objetos
imbuidos
de
atributos
simbólicos
que,
a
su
vez,
les
conferían
poder
y
autoridad.
En
el
caso
de
la
cultura
Panzalo
o
Cosanga
(1600
a.C.
-‐
1532
d.C.),
en
la
provincia
del
Napo
en
la
amazonía,
cuentan
con
construcciones
de
piedra
y
con
estructuras
asociadas
a
terrazas
de
cultivo.
Los
sitios
de
habitación
estaban
compuestos
por
15
ó
20
casas
construidas
sobre
plataformas
rectangulares
de
piedras
lajas;
estas
rodeaban
una
plaza
central
y
contaban
con
calles
de
losas
y
senderos
que
conducían
a
las
chacras,
formadas
por
terrazas
agrícolas,
en
donde
cultivaban
maíz,
yuca
y
camote
(Porras
1975).
Ya
la
cultura
Pasto
en
la
región
interandina
del
Chota,
provincia
del
Carchi,
en
la
provincia
del
Carchi
cerca
del
valle
de
su
mismo
nombre
(límite
con
los
Caranquis),
fue
un
centro
de
producción
y
comercio
de
artículos
estratégicos
como
la
coca,
la
sal
de
mina,
el
algodón
y
otros
productos
como
aves
y
plumas
multicolores.
Ahí
se
encontraba
Las
Salinas,
el
gran
centro
productor
de
sal,
y
Pimampiro,
el
mayor
sitio
productor
de
coca
en
el
antiguo
Ecuador.
En
el
caso
de
la
cultura
Milagro-‐Quevedo
(400
a
1532
d.C.),
ubicados
en
los
que
hoy
es
golfo
de
Guayaquil
hasta
la
zona
de
Santo
Domingo
de
los
Colorados
—una
cuenca
fluvial
muy
grande,
en
donde
se
encuentran
importantes
vías
de
comunicación
entre
Costa
y
Sierra,
Construyeron
zanjas
de
tierra,
anchas
y
profundas,
para
formar
bancos
elevados
conocidos
como
“camellones”,
que
fueron
utilizados
para
la
agricultura,
principalmente
de
maíz
y
yuca.
La
cultura
Manteña
(500
a
1532
años
d.C.),
que
vivían
en
lo
que
actualmente
son
las
provincias
de
Guayas,
Manabí
y
Santa
Elena,
eran
familias
de
artesanos
que
construían
con
cimientos
de
piedra,
los
cuales
soportaban
el
peso
de
las
casas
construidas
en
madera,
con
techos
de
paja
u
hoja
de
palma;
estructuras
para
los
cultos
ceremoniales
y
numerosos
fragmentos
de
sillas
ceremoniales
de
piedra
en
forma
de
U.
La
cultura
Caranqui
(700
a
1.500
años
d.C.),
en
la
provincia
de
Imbabura
y
norte
de
Pichincha
cerca
de
Otavalo-‐Cayambe-‐Caranqui,
eran
grandes
productores
de
algodón,
ají
y
coca.
En
el
caso
de
la
cultura
Chaupicruz-‐La
Florida
(100
a
1500
d.C.),
ubicada
en
el
norte
de
Quito
utilizaban
enterraban
a
sus
muertos
en
pozos
cilíndricos,
de
una
profundidad
de
15
metros
aproximadamente,
con
una
cámara
central.
Las
tumbas
contenían
entierros
múltiples,
depositados
en
posición
sedente.
Con
una
cronología
de
100
a
680
años
d.C.
240
La
cultura
Puruhá
(300
a
1500
años
d.C.),
en
lo
que
hoy
son
las
provincias
de
Chimborazo,
Tungurahua
y
Bolívar,
fueron
grandes
guerreros
que
defendieron
sus
territorios
de
la
conquista
inca,
relacionados
con
los
pueblos
amazónicos,
siendo
la
sede
administrativa
comercial
para
el
intercambio
de
alimentos
entre
la
sierra
y
el
oriente
ecuatoriano.
Para
la
cultura
Cañari
(400
a
1500
d.C.),
ubicados
en
la
provincia
del
Cañar
y
Azuay,
mantenían
relaciones
comerciales
con
los
pueblos
de
la
costa
y
con
los
de
la
Amazonia.
Entre
los
productos
más
comerciados
están
el
algodón,
plumas
exóticas
y
de
colores,
sal,
coca,
pescado
conservado
por
sal,
etc.
Rendían
culto
a
los
cerros
como
el
Huacayñán,
Shin
y
Molleturo,
entre
otros,
huacas
principales
que
dieron
el
origen
mítico
de
los
Cañaris.
Adoraban
a
la
luna
y
a
determinados
grandes
árboles,
y
el
material
para
4
elaborar
sus
ofrendas
fueron
las
piedras.
Ya
la
cultura
Napo
(1200
a
1532
años
d.C.),
ubicada
en
las
actuales
provincias
de
Sucumbíos,
Orellana,
Napo
y
Pastaza,
en
la
Amazonia
ecuatoriana,
encontramos
su
principal
alimentación
era
el
maíz.
Están
relacionados
con
los
Omagua,
de
la
familia
lingüística
tupi-‐guaraní,
proveniente
del
Amazonas
medio.
El
Tawantinsuyo
del
actual
territorio
del
Ecuador
(1430
a
1534
años
d.C.),
Los
Incas
se
consideraban
descendientes
y
herederos
de
la
cultura
Tiahuanaco,
dominadores
de
gran
parte
del
altiplano
boliviano
y
del
desierto
de
Atacama
en
el
norte
de
Chile,
con
su
capital
ubicada
en
la
parte
sur
del
lago
Titicaca.
El
inca
más
famoso
fue
Huayna
Capac,
nacido
en
Tomebamba,
quien
organizó
la
conquista
a
los
territorios
del
norte.
A
su
muerte
le
heredaron
sus
hijos
Huascar
nacido
en
el
Cusco
y
Atahualpa,
que
se
dice
que
nació
en
Caranqui.
Las
guerras
y
anexiones
al
Tawantinsuyo
se
dieron
durante
varios
decenios.
Primero
Tupac
Yupanqui
conquistó
el
territorio
Cañari,
construyendo
una
ciudad
Inca
en
la
capital
de
los
Cañaris
Guapondelig;
que
más
tarde
se
llamó
Tumipamba
o
Tomebamba.
Luego
avanzó
al
norte
al
territorio
Puruhá
donde
resistieron
a
la
conquista
por
algunos
años.
En
Quito,
construyeron
un
centro
administrativo,
civil,
religioso
y
luego
conquistaron
el
territorio
de
los
Caranqui.
Los
incas
entran
al
territorio
de
lo
que
actualmente
es
la
República
del
Ecuador
hacia
el
año
1450;
la
invasión
de
la
Sierra,
comandada
por
Tupac
Yupanqui
quien
enfrentó
una
dura
resistencia
y
solo,
años
después,
Huayna
Capac
completó
la
conquista
del
norte
(Meyers
1998).
La
costa
no
escapó
al
influjo
económico
y
cultural
del
Imperio
Incaico.
La
dominación
Inca
desaparece
con
el
arribo
de
los
españoles
y
el
desmembramiento
del
Tawantinsuyu
entre
1532
a
1533
(Meyers
1998).
Se
trata,
de
un
periodo
muy
corto.
Tan
solo
unos
ochenta
años
que,
no
obstante,
marcaron
definitivamente
la
vida
y
la
cultura
de
las
culturas
del
Ecuador
prehispánico
y
que
dejo
una
huella
profunda
en
la
cultura
material,
en
la
cerámica
y
en
la
metalurgia.
5,7
Prácticas
de
la
medicina
ancestral
La
cocamama,
planta
sagrada
por
los
pueblos
originarios
de
Sudamérica,
continúa
siendo
sustento
alimenticio,
medicinal,
simbólico
y
religioso
de
los
pueblos
andinos.
Desde
miles
de
años
atrás
hasta
la
actualidad,
es
masticada
mezclada
con
ceniza
y
cal,
puestos
en
recipientes
pequeños
llamados
lliptas.
Con
la
llegada
de
los
españoles,
esta
planta
fue
considerada
como
práctica
de
brujería
en
1638,
aboliendo
su
uso
hasta
excomulgar
a
quien
lo
practicase
para
cualquier
ritual
o
práctica
religiosa
(Ontaneda,
Santiago
/
Espíndola,
Gustavo,
Quito
2003).
Actualmente
es
usada
en
infusión
para
aliviar
los
dolores
de
estómago,
cabeza
o
en
forma
de
emplastos
para
la
cicatrización
de
heridas
superficiales.
241
La
concha
spondylus
princeps
es
una
concha
bivalvas
llamada
por
los
pescadores
actuales
como
la
“ostra
espinosa”.
Por
la
apariencia
del
animal
y
por
el
color
rojo
o
morado
de
los
bordes
de
las
valvas,
fueron
consideradas
como
elemento
potenciador
femenino.
Las
de
bordes
de
color
rojo
y
anaranjado
se
denominan
spondylus
princeps
y
las
de
bordes
de
color
morado
se
llaman
spondylus
calcifer.
La
strombus
o
caracola
es
un
molusco
univalvo
marino,
considerado
elemento
propiciador
y
potencia
masculina
fertilizadora
de
la
matriz
terrestre
femenina
y
complementaria,
utilizado
también
como
despigmentador
de
manchas
solares
y
ácidas
por
los
8
pescadores
de
la
región
costa.
En
el
periodo
de
desarrollo
ancestral
(300
a.C.
a
400
d.C.),
estas
tribus
se
asentaron
en
comunidades,
desarrolladas
en
base
a
políticas
lideradas
por
una
sola
persona
o
jefe,
sea
hombre
o
mujer,
que
representaba
lo
político
y
religioso,
oficiando
ritos
religiosos
para
la
protección
de
sus
habitantes
y
de
la
madre
tierra.
Se
los
denominaba
chamanes,
con
conocimientos
empíricos
en
psicología
y
salud;
utilizaban
ciertos
tipos
de
animales
como
el
felino,
mono,
caimán,
serpiente,
etc.,
como
poder
de
sanación
incluyendo
ciertas
plantas
que
rociaban
a
sus
pacientes
para
la
salvación
de
su
cuerpo
y
alma.
También
tenían
conocimiento
astronómico
relacionado
al
sol,
la
luna
y
las
estrellas,
y
el
movimiento
del
mar
como
observación
de
calendario
para
los
trabajos
agrícolas
y
pesqueros.
En
el
mundo
andino
de
la
época
final
(incario),
existían
diversos
tipos
sacerdotes,
cada
uno
con
su
especialidad:
los
Guacarimachic
que
hablaban
con
las
huacas,
los
Ayatapuc
se
comunicaban
con
los
muertos,
los
Huantuc,
quienes
después
de
beber
un
brebaje
se
trastornaban
y
emitían
sus
profecías,
los
Amurpa
miraban
las
vísceras
de
los
animales
sacrificados.
En
la
actualidad
los
chamanes
se
los
reconoce
como
médicos
empíricos
que
utilizan
animales
y
plantas
como
medicina
alternativa
y
ecológica.
7
Los
Yachac
constituían
un
grupo
minoritario,
considerados
sabios
por
sus
conocimientos
de
una
enfermedad
con
repentina
aparición
que
desequilibraba
el
organismos
y
afectaba
no
solo
al
individuo
sino
también
a
la
comunidad.
El
papel
de
este
personaje
influía
en
la
cura
de
las
enfermedades
y
en
el
mantenimiento
de
la
sociedad,
sus
conocimientos
médicos-‐botánicos
generaban
actitudes
adversas
ya
que
sus
prácticas
médicas
con
la
flora
incluían
a
veces
castigos
para
quitar
lo
que
se
denominaba
sobrenatural.
Los
Jacudir,
son
los
fisioterapeutas
empíricos,
masajistas
que
utilizan
emplastos
con
compuestos
botánicos
para
curar
luxaciones,
dolores
ciáticos
e
inmovilización
del
miembro
afectado.
Se
los
denomina
los
sobadores.
Encontramos
también
a
las
Comadronas,
o
parteras
con
experiencia
sin
conocimiento
técnico,
quienes
son
mujeres
de
mediana
edad
que
atienden
el
embarazo,
el
parto
y
el
puerperio.
Estas
acciones
de
cuidado
de
la
gestación,
acomodamiento
de
los
niños,
en
el
diagnóstico
del
embarazo
y
posición
del
feto,
utilizan
preferentemente
la
palpación
del
pulso,
además
de
hierbas
para
conducir
.9
bien
el
parto,
recomendando
tipos
de
alimentación
y
cuidados
tanto
de
la
parturienta
como
de
los
recién
nacidos
Cuando
un
individuo
presentaba
vómitos,
diarrea,
deshidratación,
astenia
y
trastornos
del
sueño,
su
enfermedad
era
diagnosticada
como
espanto;
procedían
levantar
o
llamar
al
alma
mediante
ritual
para
que
se
aleje
de
los
malos
espíritus.
Creían
en
el
magnetismo
o
electricidad
negativa
fuerte
como
poder
dañino,
ocasionando
el
llamado
mal
de
ojo,
afectando
principalmente
a
los
niños
y
personas
vulnerables,
recayendo
en
ellos
fiebre,
irritabilidad,
decaimiento,
dolor
abdominal,
vómito,
diarrea,
deshidratación,
ptosis
palpebral
unilateral.
El
huevo
natural,
que
contiene
gran
cantidad
de
albúmina,
era
uno
de
los
tratamientos
que
se
pasaba
por
el
cuerpo
acompañado
de
ritual
religioso
durante
tres
días
seguidos.
Otra
enfermedad
denominada
mal
viento,
que
producía
angustia,
cefalea,
palidez
generalizada,
dolor
abdominal,
y
a
veces
diarreas
y
vómitos,
era
producida
por
espíritus
malignos,
cuyo
tratamiento
consistía
en
limpieza
a
base
de
hierbas
para
sacar
el
cuerpo
extraño
que
lo
afectaba.
El
mal
blanco,
se
debía
al
rencor
o
envidia
de
242
otra
persona
que
utilizaba
a
un
brujo
para
hacer
daño
a
su
espíritu
mediante
una
acción
directa
(material)
o
indirecta
(simbólica),
provocándole
una
enfermedad
grave
y
consuntiva,
que
debilita
poco
a
poco
al
individuo
hasta
ocasionarle
la
muerte.
Su
tratamiento,
mediante
brebajes
herbarios
era
para
cortar
el
hechizo
y
neutralizar
el
espíritu
maligno.
Ya
el
mal
del
arco
iris,
es
un
trastorno
que
aparece
como
consecuencia
de
la
acción
del
Arco-‐Iris
o
espectro
solar
(Cuichig),
presentando
tres
categorías
de
manifestaciones
clínicas:
a)
Generales:
depresión,
astenia,
dolores
musculo-‐esqueléticas;
b)
Dermatológicas:
vesículas,
pústulas,
tumoraciones,
y
c)
En
caso
de
atacar
a
mujeres
jóvenes,
provoca
embarazo
y
nacimiento
de
niños
muertos
o
con
malformaciones.
El
aspecto
del
color
de
las
diarreas
lo
interpretaban
de
acuerdo
a
la
época
climática,
el
amarillo
debido
al
calor,
el
verde
con
moco
al
frío
y
el
marrón
mal
oliente
al
intestino
irritable,
al
igual
que
la
orina
con
espuma
fría
al
calor,
de
color
naranja
al
mal
viento,
turbio
blanco
hasta
verdoso,
problemas
de
ovarios.
A
veces
utilizan
las
velas
para
definir
enfermedades
y
dolencias.
En
la
sierra,
utilizan
el
cuy
(animal),
para
frotarlo
en
la
parte
afectada
para
sacar
la
enfermedad
e
inclusive
si
el
animal
se
afecta
es
donde
la
persona
presentó
la
enfermedad.
Las
piedras
también
se
utilizan
para
la
curación,
siendo
un
energizarte
debido
a
su
contenido
de
material
rico
en
cargas
positivas
y
negativas,
8-‐9
neutralizando
las
malas
energías.
Además
son
usadas
como
medio
de
protección
de
malas
energías.
La
alimentación
era
su
principal
fuente
de
energía,
cuyas
propiedades
las
atribuían
como
medicinales.
En
la
sierra
el
maíz,
choclo,
la
quinua,
los
frijoles
y
la
papa
eran
considerados
patrimonio
sagrado
e
inclusive
ofrecían
en
rituales
a
los
muertos
en
su
viaje
al
más
allá.
El
choclo
es
rico
en
proteínas
al
igual
que
la
quinua,
cuya
composición
en
aminoácidos
es
muy
balanceada,
cercana
a
la
leche
materna,
de
fácil
digestión
y
asimilación.
Los
aboríguenes
alimentaban
con
ellos
a
los
niños
desmamantados.
El
amaranto
convertido
en
harina
lo
consumían
como
colada
o
mazamorra.
El
zapallo,
que
contiene
calcio,
fósforo,
hierro
y
vitamina
A,
se
lo
consume
como
fruto
fresco
y
se
lo
utiliza
en
la
fanesca.
La
manzanilla
en
hojas
o
flores,
se
utiliza
como
desinflamante
al
igual
que
el
toronjil,
cedrón,
hierba
menta,
llantén,
orégano
y
la
hierba
luisa.
El
arrayán,
eucalipto,
menta
como
antigripal,
matico
como
desinfectante,
caballo
9
chupa
como
diurético,
alfalfa
como
hematológico
y
sauco
para
problemas
de
la
piel.
El
robo
del
conocimiento
ancestral,
un
conflicto
ético
Ayahuasca
(Banisteriopsis
caapi
(Griseb.)
Morton
L.,
Malpighiaceae),
es
una
planta
que
contiene
una
mezcla
alucinógena,
utilizada
desde
siempre
por
los
chamanes
indígenas
en
las
ceremonias
curativas
tradicionales.
Fue
patentada
en
1986
por
la
Oficina
de
Patentes
y
Marcas
de
EE.UU.,
concediendo
los
derechos
a
Loren
Miller,
un
hombre
de
negocios
norteamericano,
quien
había
recogido
lo
que
se
describe
en
la
solicitud
de
la
patente
como
una
variedad
única
de
la
planta
de
la
ayahuasca
en
Ecuador.
Esta
planta
tiene
un
potencial
elemento
que
interviene
en
el
tratamiento
de
enfermedades
como
el
cáncer
y
para
psicoterapia,
además
de
aplicaciones
en
tratamiento
del
parkinsonianismo
post-‐encefálico
y
la
angina
de
pecho.
Menciona
también
propiedades
antisépticas,
bactericidas,
amebicinas
y
antihelmínticas.
Como
la
planta
se
utiliza
con
fines
medicinales
en
el
contexto
de
las
ceremonias
curativas
chamánicas
tradicionales,
el
“rasgo
innovador”
de
la
patente
se
basó
en
las
características
físicas
“únicas”
de
la
cepa
descrita
en
ella,
y
no
en
sus
propiedades
medicinales.
En
el
mes
de
marzo
de
1999,
una
delegación
de
chamanes
del
Amazonas,
vistiendo
atuendos
ceremoniales,
plumas
y
collares,
junto
a
sus
abogados
especializados,
presentaron
una
petición
en
la
Oficina
de
Patentes
y
Marcas
de
EE.UU.
(PTO),
solicitando
la
reexaminación
y
la
revocación
de
la
patente,
revocando
en
1999
la
controvertida
patente
y
reconociendo
que
los
chamanes
amazónicos
y
el
CIEL
(Centro
para
las
Leyes
Internacionales
sobre
el
Medioambiente,
243
Washington
D.C.)
habían
demostrado
que
la
cepa
de
B.
caapi
descrita
en
la
patente
no
se
podía
distinguir
de
las
cepas
de
B.
caapi
silvestres,
y
que,
por
lo
tanto,
la
cepa
no
era
patentable.
A
pesar
de
su
revocatoria,
la
patente
fue
restablecida
al
mismo
Loren
Miller,
en
el
2001.
Otro
caso
de
conflicto
ético
fue
el
aprovechamiento
de
la
rana
Epipedobates
tricolor
(Epipedobates
anthonyl),
una
variedad
endémica,
presente
en
el
noroccidente
del
Ecuador,
en
las
estribaciones
de
los
Andes.
En
los
años
70,
un
científico
que
trabajaba
para
una
institución
de
salud
de
EE.UU.
sacó
del
Ecuador,
sin
autorización,
750
ejemplares
de
ranitas
para
extraer
de
ellas
una
medicina
mucho
más
potente
que
la
morfina.
Las
leyes
internacionales
dicen
que
todo
acceso
y
uso
que
se
realice
de
los
recursos
naturales
de
un
país,
sin
cumplir
los
procedimientos
establecidos
por
la
legislación
vigente,
constituye
una
violación
de
la
misma.
Ecuador
no
registra
ninguna
solicitud
ni
autorización
concedida
al
científico
John
Daly,
ni
a
la
Institución
Nacional
de
Salud
de
EEUU
para
la
que
trabaja,
para
acceder
ni
sacar
del
país
los
750
ejemplares
de
ranitas
Epipedobates
tricolor.
Los
estudios
del
científico
John
Daly
son
innegablemente
un
importante
aporte
para
la
comunidad
científica
y
la
sociedad
global.
Su
no
mención
en
la
descripción
de
su
invento
y
el
desconocimiento
en
el
registro
de
la
Patente
5.462.956
del
origen
de
sus
inquietudes
científicas
(el
conocimiento
ancestral
de
nuestras
comunidades
indígenas),
así
como
el
no
compartir
con
Ecuador
los
beneficios
comerciales
de
los
productos
derivados
de
sus
recursos
genéticos,
devendrían
en
10
causal
de
nulidad
de
la
patente
y
en
el
derecho
del
Estado.
Leyes
de
protección
del
conocimiento
ancestral
El
Comité
Intergubernamental
sobre
Recursos
Genéticos
y
Propiedad
Intelectual,
Conocimientos
Tradicionales
y
Folklore
de
la
Organización
Mundial
de
la
Propiedad
Intelectual,
sugiere
que
los
temas
relacionados
con
la
propiedad
intelectual,
por
cuanto
está
relacionado
con
uno
de
los
elementos
para
el
Régimen
Internacional,
se
trate
bajo
el
régimen
sui
géneris
para
la
protección
de
los
Conocimientos
Tradicionales
Colectivos
e
Integrales,
que
deben
ser
construidos
en
el
marco
de
la
Convención
sobre
la
Diversidad
Biológica.
El
Art.
31
de
este
instrumento
internacional
reconoce
como
derecho
de
los
pueblos
indígenas
a
mantener,
controlar,
proteger
y
desarrollar
su
patrimonio
cultural,
sus
conocimientos
tradicionales,
sus
expresiones
culturales
y
las
manifestaciones
de
sus
ciencias,
tecnologías
y
culturas.
Además,
recomienda
a
los
Estados
partes
que
cualquier
medida
que
se
adopte,
lo
harán
en
consulta
y
11
cooperación
con
los
pueblos.
La
Constitución
de
la
República
del
Ecuador,
en
el
Art.
57
numeral
12,
reconoce
como
derecho
colectivo
de
las
nacionalidades
y
pueblos
indígenas
a
mantener,
proteger
y
desarrollar
los
conocimientos
colectivos;
sus
ciencias,
tecnologías
y
saberes
ancestrales;
los
recursos
genéticos
que
contienen
la
diversidad
biológica
y
la
agro
biodiversidad;
sus
medicinas
y
prácticas
de
medicina
tradicional,
con
inclusión
del
derecho
a
recuperar,
promover
y
proteger
los
lugares
rituales
y
sagrados,
así
como
plantas,
animales,
minerales
y
ecosistemas
dentro
de
sus
territorios;
y
el
conocimiento
de
los
recursos
y
propiedades
de
la
fauna
y
la
flora.
Además,
la
Norma
Suprema
prohíbe
toda
forma
de
apropiación
sobre
sus
conocimientos,
innovaciones
y
prácticas.
12
La
bioética
en
el
amparo
de
la
medicina
ancestral
Van
Rensselaer
Potter,
en
el
año
1971,
creó
el
neologismo
bioética,
definiéndolo
como
“la
búsqueda
de
soluciones
éticas,
jurídicas
y
humanísticas
a
los
problemas
planteados
al
hombre
y
a
su
medio
ambiente”.
Surge
como
consecuencia
de
una
serie
de
eventos
244
negativos
y
abusos
que
se
cometieron
en
nombre
de
la
investigación
científica.
Algunos
ejemplos,
1958:
en
el
asilo
de
Willoowbrook,
se
inoculó
virus
de
la
hepatitis;
1962,
asilo
de
Brooklin,
se
inyectaron
células
cancerosas;
1966,
Henry
Beecher,
anestesiólogo,
denunció
en
la
revista
New
England
Journal
of
Medicine,
22
investigaciones
escandalosas;
Centro
de
Investigaciones
Tuskegee,
se
13
investigó
el
proceso
nosológico
de
la
sífilis
(1928-‐1975).
Estos
eventos
generaron
la
respuesta
de
organismos
estatales
norteamericanos
que
normaron
la
creación
de
los
comités
de
bioética,
concluyendo
que
la
conciencia
del
investigador
no
es
suficiente
para
juzgar
la
ética,
y
por
tanto
es
necesario
que
existan
los
controles
de
los
IRB
(Institutional
Review
Board).
También
como
principales
causas
del
origen
de
la
bioética
se
cuenta
a
la
medicalización
de
la
vida,
avances
científicos
y
tecnológicos,
revolución
biomédica,
crítica
a
la
heteronomía,
ligada
a
los
movimientos
de
reivindicación
de
los
derechos
de
las
minorías
en
los
años
60.
En
este
orden
de
sucesos,
se
utilizó
también
para
señalar
virtudes
16
humanas,
estando
muy
ligada
a
los
intereses
de
la
sociedad
en
que
se
vive.
El
término
bioética
se
utiliza
para
distinguir
de
la
Ética
tradicional,
los
problemas
que
plantean
los
progresos
en
medicina
y
biología.
Es
la
ciencia
cuya
finalidad
es
contribuir
a
salvaguardar
la
vida
humana
y
el
medio,
frente
a
los
avances
científicos
en
biomedicina
y
14
biotecnología,
sustentándose
para
estos
fines
en
3
pilares
fundamentales:
autonomía,
justicia
y
beneficencia.
Antes
de
abordar
esta
compleja
visión,
desde
el
saber
indígena,
es
oportuno
hablar
de
una
concepción
occidental
que
puede
avalar
el
tema
planteado
—debido
a
su
pertinencia
y
al
identificarse
en
algunos
de
sus
planteamientos—,
con
la
bioética
natural
dentro
de
la
cosmovisión
indígena.
Corresponde
referirse
a
lo
sustentado
por
el
bioquímico,
oncólogo
e
investigador
Van
Rensselaer
Potter,
al
ver
la
necesidad
de
abordar
la
ciencia
y
su
quehacer
práctico,
no
solo
desde
el
punto
de
vista
ético
científico,
sino
desde
lo
ontológico
articulado
con
la
tierra
y
la
naturaleza;
sus
planteamientos
bioéticos
ampliaron
el
panorama
en
el
mundo
occidental
hacia
nuevas
rutas
sobre
el
ejercicio
científico
y
su
investigación.
En
este
sentido,
Potter
menciona
la
visión
bioética
y
su
proyección,
en
tres
etapas
cronológicas:
la
primera,
la
bioética
puente;
más
tarde
la
bioética
global
y
finalmente,
la
bioética
profunda.
Primero
es
necesario
presentar
la
cosmovisión
bioética,
de
parte
de
quien
es
considerado
el
padre
de
esta
disciplina,
Rensselaer
Potter,
para
hacer
un
análogo
con
la
concepción
indígena
en
la
región
del
Amazonas,
así
como
en
la
descendencia
Tayrona,
configurada
actualmente
en
las
etnias
Arhuaca,
Kogui,
Wiwa,
Wintukua
y
kankuamo,
ubicadas
en
la
Sierra
Nevada
de
Santa
Marta.
En
segundo
lugar,
se
expondrá
desde
lo
indígena,
su
concepción
en
términos
de
“bioética
natural
indígena
ancestral”
en
su
propio
contexto
de
pensamiento
y
acción.
Consecuentemente
el
valor
de
la
palabra,
su
poder,
dentro
de
los
rituales
de
curación
en
relación
con
el
cosmos,
con
el
ser,
con
la
naturaleza
y
con
lo
espiritual
desde
su
génesis,
su
contexto,
sus
actores
y
concepciones.
Finalmente
y
considerando
lo
antes
expuesto,
se
presenta
una
propuesta
dirigida
al
contexto
médico
occidental,
basada
en
los
lineamientos
de
la
bioética
ancestral
en
cuanto
a
su
acción
y
práctica
curativa
aplicada
a
la
cotidianidad
de
la
enfermad
en
el
hombre
de
occidente.
La
bioética
indígena
es
natural,
surgida
desde
la
génesis
y
el
origen
de
la
creación,
que
posiciona
a
la
naturaleza
misma
como
centro
regulador
de
las
acciones
humanas
y
no
al
contrario,
al
hombre
como
centro,
y
por
tanto,
como
único
elemento
transformador
impositivo
de
la
naturaleza.
Hecho
que
se
ha
evidenciado
en
el
pensamiento
occidental,
con
lo
cual
se
puede
evidenciar
la
245
manipulación
de
los
recursos
naturales,
la
devastación
ecológica,
la
tenencia
a
cambiar
las
tierras
en
junglas
urbanas,
la
poca
o
ninguna
valoración
de
la
diversidad
cultural,
el
dominio
político
y
económico,
entre
otros
biocentrismos
destructores.
En
contraposición,
desde
la
bioética
indígena
se
evidencia
que
su
filosofía
ancestral
considera
que
“el
mundo
espiritual
transforma
el
material”,
por
medio
del
conocimiento
profundo,
de
sus
acciones
y
de
su
relación
con
la
naturaleza.
La
Medicina
Tradicional
y
Natural
no
pretende
desplazar
la
medicina
contemporánea,
sino
enriquecer
el
conocimiento
terapéutico
del
médico
práctico,
con
un
método
eficaz
e
inofensivo,
e
infundirle
al
mismo
tiempo
todo
el
contenido
humanístico
de
la
vieja
y
actual
relación
médico-‐
17
paciente,
empezando
por
el
modelo
paternalista;
luego
por
el
autonomista
y
actualmente
una
mezcla
de
las
dos
tendencias.
Resulta
imprescindible
que
los
profesionales
de
la
salud
que
practican
la
Medicina
Tradicional
y
Natural
estén
integralmente
capacitados,
tanto
en
lo
científico
como
en
el
humanismo,
para
poder
hacer
el
bien
y
evitar
el
daño.
Pero
además
estos
profesionales,
más
que
ningún
otro,
están
obligados
a
conocer
los
principios
éticos
en
los
que
deben
sustentar
su
proceder.
En
el
Ecuador,
preocupadas
las
autoridades
de
turno
han
aprobado
la
Ley
Orgánica
de
la
Salud
el
14
de
diciembre
de
2006,
que
en
el
15
artículo
259
define
la
medicina
alternativa,
tradicional,
en
cuanto
a
su
alcance
y
marco
legal.
Es
alentador
comprobar
que
la
preparación
del
profesional
médico
en
la
Medicina
Tradicional
y
Natural
es
evidente,
con
la
presencia
de
especialistas,
master
y
diplomados,
con
lo
cual
se
valida
el
accionar
de
profesionales
de
cuarto
nivel,
y
deja
en
claro
la
importancia
de
esta
práctica
ancestral
así
como
su
clara
protección.
Es
importante
destacar
el
trabajo
de
investigación
realizado
en
la
Habana,
Cuba,
entre
el
2003
y
2004
sobre
la
responsabilidad
moral
del
médico
especialista
en
medicina
Tradicional
y
Natural
y
su
relación
con
la
ética
y
decoro;
los
resultados
son
muy
importantes
y
alentadores.
Hay
un
predominio
de
médicos
generales
que
optan
por
la
medicina
ancestral;
un
avanzado
conocimiento
de
los
principios
universales
de
la
bioética,
donde
concluyen
que
su
integralidad
al
Sistema
Nacional
de
Salud
es
un
hecho
evidenciado
en
los
registros
nacionales
de
Cuba.
El
proceso
histórico
de
la
bioética,
las
razones
de
su
creación
y
desarrollo,
así
como
la
implementación
e
incremento
de
organizaciones
al
servicio
de
las
diferentes
tendencias
de
la
salud
pública
y
privada,
preventiva
y
curativa,
sin
descartar
el
uso
de
la
tecnología
al
servicio
de
la
persona
humana
y
en
defensa
de
su
dignidad,
comprueban
a
la
vez
que
proyectan
un
amparo
innegable
a
la
medicina
ancestral.
El
reconocimiento
de
técnicas
ancestrales
a
nivel
mundial
Existen
muchas
formas
de
medicina
ancestral
o
medicina
tradicional,
en
las
que
se
incluyen
la
medicina
tradicional
china,
el
ayurveda,
la
medicina
unani
árabe
y
la
indígena,
todas
ellas
influenciadas
por
la
historia
de
sus
pueblos,
actitudes
personales
y
la
filosofía,
la
cual
se
refleja
en
que
su
práctica
varía
en
gran
medida
de
un
país
a
otro
y
de
una
región
a
otra.
Algunas
de
estas
técnicas
18
que
son
populares
en
el
ámbito
nacional
de
su
origen,
han
traspasado
esos
límites
y
se
practican
en
todo
el
mundo.
La
Medicina
Tradicional
(MT)
o
ancestral
se
comprende
las
prácticas,
enfoques,
conocimientos
y
creencias
sanitarias
diversas
que
incorporan
medicinas
basadas
en
plantas,
animales
y/o
minerales,
terapias
espirituales,
técnicas
manuales
y
ejercicios
aplicados
de
forma
individual
o
en
combinación
para
mantener
el
bienestar,
además
de
tratar
diagnosticar
y
prevenir
las
enfermedades.
En
este
sentido,
podemos
observar
en
la
tabla
1
las
terapias
y
técnicas
utilizadas.
19
246
Tabla
1.
Terapias
y
técnicas
utilizadas
en
la
Medicina
Tradicional
Fuente:
OMS.
Estrategia
de
la
OMS
sobre
medicina
tradicional
2002-‐2005
Ya
en
el
año
2003,
un
informe
de
la
OMS
determinaba
que
en
China,
la
medicina
tradicional
representa
cerca
del
40%
de
toda
la
atención
de
salud
prestada.
En
Chile
la
ha
utilizado
el
71%
de
la
población,
y
en
Colombia
el
40%.
En
la
India
el
65%
de
la
población
rural
recurre
al
ayurveda
y
a
las
plantas
medicinales
para
ayudar
a
atender
sus
necesidades
de
atención
primaria
de
salud.
En
los
países
desarrollados
se
están
popularizando
los
medicamentos
tradicionales,
complementarios
y
alternativos.
Por
ejemplo,
el
porcentaje
de
la
población
que
ha
utilizado
dichos
medicamentos
al
menos
una
vez
es
del
48%
en
Australia,
el
31%
en
Bélgica,
el
20
70%
en
el
Canadá,
el
42%
en
los
Estados
Unidos
de
América
y
el
49%
en
Francia.
En
la
Estrategia
de
la
OMS
sobre
medicina
tradicional
2014-‐2023,
se
indica
que
según
estimaciones,
en
2012
los
productos
de
21
materia
médica
china
representaron
US$
83.100
millones,
un
incremento
de
más
del
20%
respecto
al
año
anterior.
En
la
República
de
Corea,
los
gastos
anuales
en
medicina
tradicional
fueron
de
US$
4.400
millones
en
2004,
y
aumentaron
a
US$
7.400
millones
en
22
23
2009.
En
2008,
en
los
Estados
Unidos,
los
usuarios
pagaron
US$
14.800
millones
para
adquirir
productos
naturales;
son
datos
que
24
muestran
la
creciente
importancia
económica
de
la
Medicina
Tradicional.
El
aumento
del
interés
por
estas
técnicas
ha
hecho
que
en
algunos
países
se
haya
incorporado
la
Medicina
Tradicional
al
sistema
de
salud,
que
sumado
a
que
los
sistemas
de
salud
de
todo
el
mundo
se
han
visto
desbordados
por
los
costos
de
atención
sanitaria
cada
vez
más
elevados,
ha
provocado
que
tanto
los
pacientes
como
los
encargados
de
dar
la
atención
en
salud
hayan
visto
en
la
Medicina
Tradicional
una
alternativa
a
la
cual
recurrir.
Sin
embargo,
es
necesario
que
se
establezcan
los
procedimientos
y
medidas
para
la
integración
de
la
MT,
realizando
el
estudio
de
las
ventajas
y
riesgos
que
conlleva,
el
análisis
de
los
recursos
nacionales
para
la
salud,
fortalecimiento
o
establecimiento
de
políticas,
reglamentos,
y
la
promoción
al
acceso
equitativo
a
la
salud.
247
En
el
primer
Congreso
de
la
OMS
sobre
Medicina
Tradicional,
en
el
año
2008,
tuvo
origen
la
Declaración
de
Beijing,
que
identificó
objetivos
y
principios
comunes,
y
señala
una
serie
de
iniciativas
que
reflejan
la
importancia
de
los
contextos
nacionales
con
respecto
25
a
la
capacidad,
prioridades
y
legislación
identificada
en
los
siguientes
seis
puntos:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
Se
debe
respetar
el
conocimiento
de
la
medicina
tradicional,
tratamientos
y
prácticas,
preservado,
promovido
y
comunicado
ampliamente
y
de
manera
apropiada
en
base
a
las
circunstancias
de
cada
país;
los
gobiernos
tienen
la
responsabilidad
de
la
salud
de
su
pueblo
y
deben
formular
políticas,
reglamentos
y
normas,
como
parte
de
los
sistemas
integrales
de
salud
nacionales
para
asegurar
el
uso
apropiado,
seguro
y
eficaz
de
la
medicina
tradicional;
la
medicina
tradicional
debe
seguir
desarrollándose
sobre
la
base
de
la
investigación
y
la
innovación
en
línea
con
la
“Estrategia
Mundial
y
Plan
de
Acción
sobre
Salud
Pública,
Innovación
y
Propiedad
Intelectual”,
adoptada
en
la
61ª
Asamblea
Mundial
de
la
Salud
en
2008;
los
gobiernos,
organizaciones
internacionales
y
otras
partes
interesadas
deben
colaborar
en
la
aplicación
de
la
estrategia
mundial
y
plan
de
acción;
los
gobiernos
deben
establecer
sistemas
de
cualificación,
acreditación
o
autorización
de
los
practicantes
de
la
medicina
tradicional.
Los
profesionales
de
la
medicina
tradicional
deben
actualizar
sus
conocimientos
y
habilidades
sobre
la
base
de
las
necesidades
nacionales;
y
fortalecer
la
comunicación
entre
los
proveedores
de
medicamentos
convencionales
y
tradicionales;
y
establecer
programas
de
formación
adecuados
para
los
profesionales
de
la
salud,
estudiantes
de
medicina
y
los
investigadores
pertinentes.
La
articulación
de
la
bioética
con
la
cultura
ancestral
El
abordaje
de
la
bioética
se
hace
posible
desde
diversos
contextos.
Con
frecuencia
la
encontramos
referenciada
en
la
dimensión
ética
y
de
valores,
o
en
el
universo
médico
occidental
en
cuanto
a
la
preservación
y
el
respeto
por
la
vida,
en
sus
prácticas
y
decisiones
científicas.
Van
Rensselaer
Potter
acuñó
el
término
bioética
en
1970,
y
enmarcó
en
este,
la
etimología
de
los
términos
bios:
vida
y
ethos:
ética,
que
en
conjunción
significa
ética
de
la
vida;
términos
destinados
para
presentar
en
este
sentido
la
profunda
relación
del
ser
humano
con
la
vida,
su
sentido
y
significado.
En
otros
términos,
su
propuesta
exige
una
configuración
orgánica
y
una
profunda
comprensión
de
la
dimensión
ética
humana
a
través
de
su
relación
con
el
bios
y
su
proyección
dentro
del
contexto
natural,
14
social
y
cultural
del
hombre.
En
las
últimas
décadas,
la
Medicina
Ancestral/Salud
Intercultural,
han
sido
conceptos
indistintamente
utilizados
para
designar
al
conjunto
de
acciones,
estrategias
y
políticas
que
tienden
a
conocer
e
incorporar
la
cultura
del
usuario
en
el
proceso
de
atención
de
salud.
El
tema
de
la
pertinencia
cultural
del
proceso
de
atención
en
salud
es
un
fenómeno
holístico
que
trasciende
lo
exclusivamente
étnico
pues
implica
valorar
la
diversidad
biológica,
cultural
y
social
del
ser
humano
como
un
factor
importante
en
todo
proceso
de
salud
y
enfermedad.
La
necesidad
de
desarrollar
procesos
interculturales
en
salud
han
generado
procesos
coyunturales
de
adaptabilidad
tanto
en
Ecuador
como
en
otros
países
latinoamericanos,
por
diversas
razones
históricas,
sociopolíticas
y
epidemiológicas,
las
cuales
han
motivado
iniciativas
tendientes
a
evitar
que
la
identidad
étnica
y
cultural
del
usuario
constituya
una
barrera
en
el
acceso
y
oportunidad
a
una
mejor
atención
de
salud.
Siendo
este
el
ámbito,
cabe
señalar
la
Constitución
de
la
República
del
Ecuador
a
partir
de
su
última
modificación
en
el
año
2008
en
Montecristi,
Manabí,
se
definió
un
nuevo
modelo
de
estado
en
donde
existiría
una
convivencia
ciudadana
en
diversidad
y
armonía
con
la
naturaleza,
para
alcanzar
el
“El
Buen
Vivir”;
se
organizaría
como
un
estado
constitucional
de
justicia
y
derechos
en
donde
la
dignidad
de
la
persona
y
los
derechos
inalienables
que
surgen
de
ella,
manifestaría
que
este
estado
humaniza
la
letra
de
ley
248
llenándola
de
valores
y
principios;
la
persona
sería
revalorizada,
pues
el
ejercicio
del
poder
surge
de
los
derechos
y
garantías
anteriores
a
los
instrumentos
de
gobierno.
En
este
contexto
se
establecieron
derechos
que
permitirían
alcanzar
“El
Buen
Vivir”,
Sumak
Kawsay,
como
propósito
y
guía
de
las
acciones,
estrategias
políticas
y
conducta
de
este
“renovado”
estado.
Dentro
de
esos
derechos
se
detallarían
derechos
específicos
referentes
a
la
salud
de
las
personas,
que
son
de
directa
aplicación
y
que
necesitan
ser
desarrollados
en
la
normativa
legal
26
ecuatoriana
con
el
ánimo
de
proteger
a
la
ciudadanía
y
permitirle
un
pleno
goce
de
sus
derechos.
Así
tenemos
la
formulación
de
varios
Proyectos
de
Ley,
que
amparados
en
la
misma
Constitución
y
en
varios
de
sus
artículos:
[…]
garantizará,
a
través
de
las
instituciones
que
lo
conforman,
la
promoción
de
la
salud,
prevención
y
atención
integral,
familiar
y
comunitaria,
con
base
en
la
atención
primaria
de
salud;
y,
que
articulará
los
diferentes
niveles
de
atención
y
promoverá
la
complementariedad
con
las
medicinas
ancestrales
y
alternativas
(Art.
360).
[…]
la
atención
de
salud
como
servicio
público
se
prestará
a
través
de
las
entidades
estatales,
privadas,
autónomas,
comunitarias
y
aquellas
que
ejerzan
las
medicinas
ancestrales
alternativas
y
complementarias.
[…]
Garantizar
las
prácticas
de
salud
ancestral
y
alternativa
mediante
el
reconocimiento,
respeto
y
promoción
del
uso
de
sus
conocimientos,
medicinas
e
instrumentos
(Art.
362).
Además
dentro
de
las
atribuciones
del
estado
se
determina
de
acuerdo
a
ley:
Art.
47.-‐
La
Autoridad
Sanitaria
Nacional
promoverá
e
impulsará
procesos
de
investigación
de
sus
recursos
diagnósticos
y
terapéuticos
en
el
marco
de
los
principios
establecidos
en
esta
Ley,
protegiendo
los
derechos
colectivos
de
los
pueblos
indígenas,
montubios
y
afroecuatorianos.
El
estado
reconoce
y
preserva
y
promueve
los
conocimientos
y
prácticas
en
salud
y
medicinas
alternativas
y
ancestrales
de
los
diferentes
pueblos
y
nacionalidades,
garantizando
la
incorporación
del
enfoque
intercultural.
Art.
51.-‐
La
Autoridad
Sanitaria
Nacional
implementará
entre
sus
funciones
una
dependencia
especializada
en
salud
intercultural
que
tendrá
como
misión
fundamental
la
definición
de
políticas
públicas
para
proteger,
desarrollar
y
asegurar
el
derecho
de
acceso
a
servicios
de
salud
intercultural
adecuados
a
su
realidad
socio-‐cultural
y
tradiciones
propias.
Esta
dependencia
tendrá
entre
sus
funciones
y
atribuciones
las
siguientes:
h)
Proteger,
recuperar
y
controlar
los
recursos
biogenéticos
y
conocimientos
ancestrales
de
medicina
de
las
nacionalidades
y
pueblos
indígenas
que
no
sean
plagiados
o
patentados
por
personas
naturales
o
jurídicas,
extrañas
a
dichos
pueblos
y/o
nacionalidades;
y,
i)
Otorgar
el
correspondiente
certificado
a
quienes
practiquen
la
sabiduría
ancestral,
siempre
que
cumplan
los
requisitos
establecidos
en
la
presente
Ley
y
el
reglamento.
Sin
embargo
este
marco
legal
en
la
realidad
dista
mucho
de
cumplirse,
en
razón
a
varias
condicionantes
que
la
misma
legislatura
impone:
Art.
45.-‐
Forman
parte
del
subsistema
de
medicinas
ancestrales
y
alternativas
las
medicinas
alternativas,
consideradas
como
tales
a
los
diversos
procedimientos
o
terapias
empleados
con
el
fin
de
curar
a
las
personas,
que
no
pertenecen
al
campo
de
la
medicina
convencional
y
que
son
ejercidas
por
profesionales
de
la
salud
y
por
agentes
de
salud
ancestral,
siempre
que
hayan
sido
reconocidas
como
tales
por
la
Autoridad
Sanitaria
Nacional
de
acuerdo
a
la
normativa
que
14
emita
para
el
efecto.
La
interculturalidad
se
refiere
a
la
interacción
entre
culturas,
de
una
forma
respetuosa,
donde
se
concibe
que
ningún
grupo
cultural
27
esté
por
encima
del
otro,
favoreciendo
en
todo
momento
la
integración
y
convivencia
entre
culturas.
Por
tanto,
el
desarrollo
de
una
política
de
salud
intercultural
es
un
tema
reciente
en
el
quehacer
nacional,
siendo
necesario
el
diseño
de
estrategias
que
faciliten
el
mayor
diálogo
y
comunicación
entre
modelos
médicos
(occidental
y
ancestral)
que
se
encuentren
abiertos
a
la
creatividad,
lo
que
reglamentado
por
la
legislación
resulta
un
limitante,
sobre
todo
para
quienes
van
a
ejecutar
las
acciones
en
salud
intercultural.
No
obstante,
la
experiencia
internacional
ha
demostrado
la
existencia
de
principios
conceptuales
que
sustentan
el
desarrollo
de
modelos
pluriculturales
en
salud.
Entre
estos
se
encuentra
el
de
reconocer
a
los
sistemas
médicos
como
complejos
modelos
de
pensamiento
y
conducta,
formas
de
percepción
de
la
realidad
desde
un
punto
de
vista
holístico
aunado
a
una
249
28
cosmovisión
particular
por
cada
etnia
presente
en
nuestro
Ecuador,
los
cuales
constituyen
respuestas
culturales
al
fenómeno
universal
de
la
enfermedad.
29
En
un
contexto
de
salud
intercultural,
ambos
ejes
conceptuales
no
debieran
parecer
ajenos
o
extraños
a
la
práctica
médica,
ni
tampoco
implicar
una
carga
para
el
profesional
de
salud
dado
que
se
fundamentan
en
los
actuales
principios
de
bioética
médica
expresado
en
el
respeto
a
la
autonomía
de
los
pacientes
y
a
su
derecho
a
decidir
libre
e
informadamente
en
el
marco
de
la
cultura
propia.
Cada
cultura
tiene
una
concepción
de
su
realidad
y
de
acuerdo
a
ella
vive,
“viendo”
y
dejando
de
“ver”
determinados
aspectos.
La
concepción
que
del
mundo
tienen
se
ha
desarrollado
a
través
de
un
prolongado
proceso
de
interacciones
entre
las
28
etnias
y
el
medio
natural
que
les
sirve
de
sustento
para
su
persistencia
y
reproducción.
En
esta
pluralidad
conceptual,
es
posible
dirigir
la
mirada
hacia
un
profundo
abordaje
bioético
del
cual
se
ha
escrito
muy
poco:
la
cosmovisión
de
la
bioética
desde
lo
ancestral
indígena
así
como
sus
prácticas
curativas,
que
van
más
allá
del
respeto
por
la
vida,
pues
se
convierten
en
la
comunión
del
hombre
con
todo
lo
existente;
en
cuanto
a
que
son
la
naturaleza
y
el
universo
entrelazados,
14
los
que
regulan
dicha
praxeología
vital.
En
las
relaciones
interculturales
se
establece
una
relación
basada
en
el
respeto
a
la
diversidad
y
el
enriquecimiento
mutuo;
sin
embargo
no
es
un
proceso
exento
de
conflictos,
estos
se
resuelven
mediante
el
respeto,
el
diálogo,
la
escucha
mutua,
la
concertación
y
la
sinergia.
La
bioética
en
el
amparo
de
la
medicina
ancestral
debe
ser
una
bioética
natural
surgida
desde
la
génesis
y
el
origen
de
la
creación,
que
posiciona
a
la
naturaleza
misma
como
centro
regulador
de
las
acciones
humanas
y
no
al
contrario,
al
hombre
como
centro
y
por
tanto
como
único
elemento
transformador
impositivo
de
la
naturaleza,
hecho
que
se
ha
evidenciado
en
el
pensamiento
occidental.
Sin
exponer
mayores
casos,
se
puede
ver
su
supremacía
en
cuanto
a
la
manipulación
de
los
recursos
naturales,
la
devastación
ecológica,
la
tenencia
de
tierras
para
convertirlas
en
junglas
urbanas,
la
subvaloración
de
la
diversidad
cultural,
el
dominio
político
y
14
económico,
entre
otros
ejemplos.
La
bioética
aunada
a
la
interculturalidad
en
salud
es
un
concepto
reciente
que
se
desarrolla
como
respuesta
a
reivindicaciones
de
pueblos
indígenas
y
de
su
derecho
a
la
identidad
cultural;
pero
también
corresponde
a
una
tendencia
global
de
incorporar
el
derecho
a
la
diferencia,
que
distingue
y
propicia
la
convivencia
entre
distintos
grupos
culturales
en
un
mismo
territorio.
Será
necesario
entonces
mejorar
los
procesos
de
comunicación
entre
pacientes
y
profesionales,
fenómeno
que
no
solo
involucra
al
lenguaje
como
acto
comunicativo
sino
también
al
conocimiento
de
los
protocolos
de
relación
cultural
y
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los
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251
BIOÉTICA
Y
SALUD
PÚBLICA
EN
AMÉRICA
LATINA:
VULNERABILIDAD,
POBREZA
E
INVESTIGACIÓN
EN
TUBERCULOSIS
Agueda
Muñoz
del
Carpio
Toia
Presidenta
de
la
Red
de
Mujeres
Científicas
Peruanas
MUCIP.
Investigadora
Universidad
Católica
de
Santa
María.Becaria
Fogarty
Flacso.
Miembro
de
Middleton
international
Fellow
Association
MFES
Contacto:
[email protected]
Héctor
Javier
Sánchez-‐Pérez
Luis
Manuel
López-‐Dávila
Departamento
de
Salud,
ECOSUR,
Investigador
Titular
y
coordinador
del
Nodo
GRAAL
(Grupos
de
Investigación
en
Salud
para
América
y
África
Latinas)-‐ECOSUR
Contacto:
hsanchez@ecosurmx
Coordinador
del
Comité
de
Bioética
en
Investigación
en
Salud
de
la
Universidad
de
San
Carlos
de
Guatemala,
USAC
Profesor
Investigador
Titular
de
la
Facultad
de
Ciencias
Médicas
USAC
en
el
Centro
de
Investigaciones
de
las
Ciencias
de
la
Salud
Contacto:
[email protected]
La
Tuberculosis
es
considerada
como
la
segunda
causa
mundial
de
mortalidad,
después
del
Sida,
causada
por
un
solo
agente
infeccioso,
así
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS)
reportó
para
el
año
2013,
1,5
millones
de
fallecidos
por
tuberculosis
y
9
1
2
millones
de
personas
afectadas
por
esta
enfermedad,
y
Latinoamérica
no
escapa
a
esta
realidad.
Es
también
una
enfermedad
asociada
a
la
vulnerabilidad,
ya
que
afecta
principalmente
a
personas
con
algún
grado
de
desprotección
como
mujeres,
niños,
personas
viviendo
con
VIH
Sida,
entre
otros.
En
este
sentido,
la
OMS
nos
muestra
una
frecuente
asociación
en
las
personas
infectadas
por
el
VIH,
en
quienes
la
tuberculosis
es
causante
de
la
cuarta
parte
de
las
muertes.
1
Existen
logros
a
nivel
global
del
control
de
esta
enfermedad,
así
la
OMS
indica
que
entre
el
2000
y
2013
se
salvaron
37
millones
de
2
vidas
mediante
el
diagnóstico
y
el
tratamiento
de
la
tuberculosis.
La
Declaración
del
Milenio
en
el
año
2000
impulsó
a
todos
los
países
a
luchar
por
el
VIH,
la
tuberculosis
y
la
malaria
mediante
la
formulación
de
los
Objetivos
de
Desarrollo
del
Milenio
(ODM).
En
Latinoamérica
se
asumió
también
el
reto
y
son
muchos
países
que
han
tratado
de
lograr
metas
de
reducción
de
estas
enfermedades,
pero
aún
no
se
logran
erradicar.
El
panorama
no
es
alentador
ya
que
debido
a
varios
factores,
esta
dolencia
se
ha
hecho
más
agresiva,
hoy
en
día
se
lucha
por
detener
la
tuberculosis
multidrogo
resistente,
por
ejemplo.
Para
Latinoamérica,
el
desafío
de
enfrentar
la
tuberculosis
multidrogo
resistente
es
un
imperativo
moral,
más
aún
si
la
forma
extremadamente
resistente
y
la
comorbilidad
de
Tuberculosis
y
VIH
y
Tuberculosis
y
Diabetes
mellitus
son
cada
vez
más
frecuentes
en
esta
región.
Ante
este
escenario,
es
necesario
evaluar
los
problemas
que
se
enfrentan
en
cada
país
para
controlar
y
erradicar
la
tuberculosis,
desde
la
visión
de
actores
sociales
involucrados
con
la
enfermedad,
identificar
los
dilemas
éticos
relacionados,
lo
cual
es
precisamente
lo
que
se
propone
en
el
presente
documento.
252
Material
y
métodos
Se
realizó
una
encuesta
con
puntos
focales
de
Guatemala,
México
y
Perú,
para
conocer
las
percepciones
de
la
problemática
de
la
tuberculosis
e
identificar
los
principales
dilemas
éticos
relacionados
a
dicha
enfermedad
en
estos
países.
En
cuanto
a
los
instrumentos
utilizados,
se
diseñó
una
entrevista
semi
estructurada
que
contenía
preguntas
relacionadas
a
la
situación
de
la
TB
en
general
y
a
los
problemas
específicos
del
acceso
a
los
programas
y
tratamientos,
para
poder
con
toda
esta
información
e
identificar
los
principales
dilemas
éticos
involucrados
con
esta
enfermedad.
Se
recolectaron
las
entrevistas
vía
internet,
se
sistematizaron
las
repuestas
en
una
matriz
y
se
analizaron
de
acuerdo
a
la
frecuencia
de
problemática
por
país.
Los
ítems
evaluados
estuvieron
sistematizados
de
acuerdo
a
la
siguiente
información:
Datos
generales,
cifras
de
la
enfermedad,
estrategias
para
enfrentar
esta
enfermedad
en
el
país,
problemas
y
factores
por
los
cuales
continua
la
enfermedad
sin
erradicarse
en
el
país,
antecedentes
de
investigación
en
TB
y
dilemas
éticos.
Resultados
Caso
Perú:
En
el
Perú,
en
el
último
Censo
del
año
2014,
el
Instituto
Nacional
de
Estadística
e
Informática
del
Perú
registra
30
millones
814
mil
175
personas,
con
un
crecimiento
anual
de
339
mil
personas.
7
En
cuanto
a
la
situación
de
la
Tuberculosis
en
Perú,
la
enfermedad
está
estrechamente
vinculada
a
la
pobreza,
hacinamiento,
desnutrición,
falta
de
acceso
a
servicios
de
salud,
entre
otros
determinantes
socioeconómicos,
culturales,
demográficos
y
ambientales.
En
el
Perú,
las
cifras
de
tuberculosis
se
redujeron
en
los
últimos
años
(la
tasa
de
mortalidad
disminuyó
de
105.2
a
101.3
casos
por
cada
100
mil
habitantes),
sin
embargo,
Perú
ocupa
el
segundo
lugar
de
América
con
la
estadística
más
alta
en
tuberculosis
(25%
de
los
casos
de
la
región)
y
el
primer
lugar
de
casos
de
Tuberculosis
multidrogo
resistente,
compartiendo
con
Haití
este
lugar.
En
la
identificación
de
problemas
y
factores
por
los
cuales
continúa
la
enfermedad
no
erradicada
en
Perú,
se
encontró:
El
incremento
de
los
casos
de
Tuberculosis
multidrogo
resistente
(TB-‐MDR)
y
Tuberculosis
extremadamente
resistente
(TB-‐XDR)
se
8
explica
por
varios
factores
asociados:
Tasa
de
curación
baja,
altas
tasas
de
abandono, problemas
en
el
abastecimiento
de
medicamentos
e
interrupción
frecuente
del
tratamiento,
sobre
todo
en
zonas
alejadas,
frecuente
presencia
de
tratamientos
auto
administrados,
además
de
la
aplicación
por
varias
décadas
de
entrega
de
un
solo
esquema
de
tratamiento
para
todos
los
pacientes,
con
el
consecuente
incremento
de
la
TB-‐MDR.
Actualmente,
en
Perú
se
han
buscado
estrategias
para
enfrentar
esta
enfermedad,
tales
como
la
implementación
de
un
laboratorio
especializado
en
diagnóstico
de
Tuberculosis
con
tecnología
molecular,
que
permite
detectar
los
bacilos
de
la
tuberculosis
resistente
en
solo
tres
días
(antes
el
examen
tomaba
entre
40
y
45
días),
otra
importante
estrategia
es
la
promulgación
de
la
Ley
Nº
30287
de
3
Prevención
y
Control
de
la
Tuberculosis
en
el
Perú.
253
En
cuanto
a
la
comorbilidad
de
tuberculosis
y
diabetes,
se
han
realizado
algunas
investigaciones,
que
determinan
que
existe
un
11%
de
pacientes
con
TB
y
DM;
sin
embargo,
los
mismos
autores
de
la
investigación
reconocen
que
falta
desarrollar
más
investigaciones
sobre
esta
asociación.
9
En
lo
referente
a
las
investigaciones
realizadas
sobre
tuberculosis
en
el
Perú,
se
observan
diversos
estudios,
tales
como
la
revisión
sistemática
de
artículos
publicados
en
el
periodo
1996
al
2000,
en
el
que
se
encontraron
233
artículos
sobre
diferentes
aspectos
de
10
la
tuberculosis
y
patrocinados
por
diversas
instituciones
públicas
y
privadas
del
país.
Una
iniciativa
en
el
Perú
fue
la
identificación
de
la
agenda
nacional
de
investigación
en
tuberculosis;
para
ello
se
convocó
a
expertos
en
el
tema
y
se
evaluaron,
además,
importantes
documentos
sobre
la
enfermedad.
Todo
este
trabajo
propuso
la
necesidad
de
11
investigar
sobre
métodos
de
diagnóstico,
esquemas
de
tratamiento
y
gestión
de
los
servicios
de
tuberculosis.
Análisis
ético
de
la
situación
de
Tuberculosis
en
Perú
Los
dilemas
éticos
que
se
presentan
son
los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Discriminación
hacia
las
personas
enfermas
con
Tuberculosis.
Estigmatización
de
las
personas
afectadas.
Falta
de
respeto
de
la
dignidad
de
los
pacientes
y
violación
del
derecho
a
la
intimidad
y
confidencialidad
del
paciente
con
tuberculosis.
Ausencia
de
medidas
preventivas
integrales
para
erradicar
la
Tuberculosis
en
zonas
de
pobreza
extrema.
Vulnerabilidad
de
pacientes
con
coinfección
con
Tuberculosis
y
VIH,
así
como
Tuberculosis
y
Diabetes
mellitus.
Dificultades
para
lograr
el
acceso
universal
a
un
diagnóstico
de
calidad
y
tratamiento
integral
de
la
tuberculosis
en
todo
el
país.
Abandono
de
tratamientos
y
poca
adherencia
a
cumplimiento
del
tratamiento.
Presencia
de
tuberculosis
multidrogo
resistente
y
extremadamente
resistente
en
personal
de
salud,
por
exposición
laboral
y
falla
en
planes
de
bioseguridad.
Inequidad
en
zonas
más
pobres,
determinada
por
la
falta
de
equipamiento
e
infraestructura,
para
atender
a
pacientes
con
tuberculosis
en
zonas
alejadas
con
personas
viviendo
en
extrema
pobreza.
Muchas
de
estas
situaciones
conllevan,
desde
un
punto
de
vista
bioético,
a
determinar
que
existen
problemas
de
Justicia,
ya
que
los
afectados
por
tuberculosis
no
tienen
igual
probabilidad
de
recibir
esquemas
de
tratamientos
adecuados.
Caso
México
9
México tiene
una
población
de
112
322
757
habitantes
según
el
Censo
de
Población
del
año
2010. En
cuanto
a
las
cifras
relacionadas
a
la
tuberculosis,
podemos
observar
que
son
altas:
para
el
año
2012,
se
registraron
21,381
casos
nuevos,
con
una
tasa
12
de
mortalidad
de
1.9
para
todas
las
formas
de
tuberculosis
y
de
1.5
por
100,000
para
la
tuberculosis
pulmonar.
La
presencia
de
esta
enfermedad
en
grupos
vulnerables
es
considerable,
el
número
de
casos
de
TB
en
niños
y
adolescentes
es
de
1,661
(<19
años),
el
número
de
casos
de
TB
según
sexo
de
las
personas,
es
de
39%
mujeres
y
61%
hombres.
13
En
cuanto
a
la
comorbilidad
se
observa
que
en
México
existen
1,195
casos
nuevos
detectados
en
el
año
2012
con
TB
y
VIH.
Otra
13
comorbilidad
observada
en
México
es
la
frecuente
asociación
entre
TB
y
Diabetes
Mellitus
en
un
21.2%
del
total
de
registros
de
TB.
254
En
la
actualidad,
en
México
se
han
buscado
estrategias
para
enfrentar
esta
enfermedad
tales
como
la
promulgación
de
la
Norma
oficial
para
la
Prevención,
Control
y
Tratamiento
de
la
TB,
entrega
gratuita
de
todo
el
tratamiento,
evaluación
gratuita
de
contactos
14
según
la
norma,
pero
se
observa
que
en
la
práctica
no
siempre
se
hace
y
no
se
observa
ningún
apoyo
adicional
al
tratamiento.
En
la
identificación
de
problemas
y
factores
por
los
cuales
continúa
la
enfermedad
no
erradicada
en
México,
se
encontró:
Frecuente
abandono
de
tratamientos,
insuficientes
medicamentos
para
abastecer
a
todos
los
pacientes,
entre
otros.
Un
problema
que
aún
no
toma
la
debida
atención
es
la
presencia
de
tuberculosis
Multidrogo
resistente,
ya
que
en
la
actualidad
se
desconoce
a
ciencia
cierta
la
magnitud
de
la
misma.
En
cuanto
a
Comorbilidad
de
la
tuberculosis
con
otras
enfermedades,
en
México
es
alta
la
incidencia
de
casos
de
Tuberculosis
en
personas
viviendo
con
VIH/
Sida
y
pacientes
con
diabetes,
es
así
que
en
la
Normativa
de
México
para
la
prevención
y
control
de
la
Tuberculosis,
se
señala
en
el
capítulo
sobre
tuberculosis
y
otros
padecimientos,
lo
siguiente:
“En
toda
persona
con
tuberculosis
se
14
deberá
realizar
búsqueda
intencionada
de
diabetes
mellitus
simultáneamente
al
diagnóstico
de
tuberculosis”.
Para
controlar
la
Tuberculosis
en
poblaciones
vulnerables,
la
normativa
mexicana
para
la
prevención
y
control
de
la
Tuberculosis
señala
lo
siguiente
en
su
artículo
6.5.2:
La
búsqueda
de
casos
se
debe
realizar
entre
consultantes
sintomáticos
respiratorios,
sin
importar
el
motivo
de
la
demanda
de
consulta,
entre
los
contactos
de
un
caso
de
tuberculosis,
así
como
por
búsqueda
activa
en
grupos
vulnerables
o
de
alto
riesgo:
personas
privadas
de
su
libertad,
jornaleros,
migrantes,
usuarios
de
drogas,
alcohólicos,
personas
que
viven
con
diabetes,
inmunocomprometidos,
asilos,
fábricas,
albergues,
grupos
indígenas,
personas
que
viven
con
el
14
complejo
VIH/SIDA,
entre
otros.
Se
investiga
con
pacientes
con
TB,
principalmente
a
través
de
estudios
epidemiológicos;
los
protocolos
son
sometidos
a
evaluación
de
comités
de
ética.
15,16,17,18,19,20
Se
presentan
diversos
dilemas
éticos
en
la
atención
médica
a
pacientes
con
Tuberculosis,
principalmente
estigma,
rechazo
y
trato
inadecuado.
21,22,23,24,25,26,27,28,29
Un
dilema
ético
entre
pacientes
con
Tuberculosis
y
la
sociedad
que
se
da
en
México
tiene
que
ver
con
el
estigma
social,
la
población
en
general
no
da
buen
trato
e
igualdad
de
oportunidades
a
pacientes
con
tuberculosis.
La
atención
de
la
persona
con
TB
es
un
derecho
humano
y
no
debería
haber
muertes
por
esta
enfermedad,
sin
embargo
pareciera
que
la
muerte
por
esta
enfermedad
es
como
si
fuera
un
fenómeno
natural.
En
este
sentido,
contrasta
que
la
tuberculosis
mata
más
mujeres
que
todas
las
causas
de
muerte
maternas
juntas
y,
sin
embargo,
en
México
un
solo
caso
de
muerte
materna
es
motivo
de
escándalo
político-‐mediático,
pero
no
así
las
muertes
de
mujeres
ocasionadas
por
tuberculosis.
Caso
Guatemala
30
País
centroamericano
que
tiene
una
población,
según
las
estadísticas
del
Banco
Mundial, de
15.468.203.0
de
habitantes.
Es
el
país
más
poblado
de
la
región
de
América
Central.
Con
23
grupos
diferenciados
por
el
idioma,
los
propiamente
originarios
de
la
31
civilización
maya,
los
afrodescendientes
(garífunas)
y
el
mestizo.
Las
característica
de
alta
densidad
poblacional
bajo
condiciones
255
de
infraestructura
insalubre,
en
algunas
zonas
del
país,
son
determinantes
sociales
identificados
como
coadyuvantes
en
los
problemas
infecto
contagiosos.
31
Guatemala
es
un
país
que
aún
mantiene
características
socioeconómicas
y
culturales
que
no
permiten
erradicar
la
Tuberculosis,
32
tales
como
pobreza,
extrema
pobreza,
hacinamiento,
problemas
nutricionales,
VIH,
etc.
Las
condiciones
de
pobreza
ubican
al
51%
del
total
de
la
población
por
debajo
de
la
línea
de
pobreza,
en
tanto
que
el
15.2%
vive
en
extrema
pobreza.
En
cuanto
a
la
población
31
más
afectada
por
la
tuberculosis,
se
sabe
que
provienen
del
área
rural,
donde
habita
el
51.5%
de
la
población
total.
La
OMS/OPS
ha
clasificado
a
Guatemala
como
un
país
de
“alta
carga
de
tuberculosis”,
presentándose
hasta
85
nuevos
casos
de
33
Tuberculosis
por
cada
100,000
habitantes
cada
año,
lo
cual
equivale
aproximadamente
a
4.500
casos
nuevos
BK
positivos
al
año.
El
sistema
de
salud
es
segmentado
y
fragmentado
con
un
presupuesto
bajo
asignado
al
sector
público,
mientras
que
los
servicios
privados
ocupan
la
inversión
más
alta
de
la
región
de
América
Latina
con
un
porcentaje
del
90%.
La
capacidad
de
cobertura
del
sistema
de
salud
en
la
atención
primaria
reposa
en
el
Programa
de
Extensión
de
Cobertura,
que
sub
contrata
a
ONGs
médicas
para
la
31
entrega
de
un
paquete
básico,
en
visitas
mensuales
a
las
comunidades
más
postergadas;
dicho
programa
en
los
últimos
dos
gobiernos
ha
tenido
dificultades
financieras
para
la
sostenibilidad
y
eficiencia
de
sus
operaciones
administrativas
con
retrasos
de
transferencia
de
hasta
seis
meses
de
pagos.
El
número
de
afectados
por
tuberculosis
en
Guatemala
es
de
28.541;
en
cuanto
a
la
situación
en
poblaciones
vulnerables,
el
número
de
casos
de
Tuberculosis
en
niños
es
de
357,
y
en
mujeres
20.336,
no
se
tiene
datos
oficiales
sobre
comorbilidad
de
tuberculosis
y
34
VIH,
pero
se
conoce
que
existe
una
alta
frecuencia.
En
referencia
a
estrategias
para
enfrentar
y
controlar
esta
enfermedad,
Guatemala
tiene
una
Ley
propia
sobre
prevención
control
o
35
similar
de
TB.
Además
en
el
Programa
Nacional
de
TB
se
consideran
protocolos
por
grupos
etáreos
que
van
desde
Tb
en
lactantes,
niños
y
adultos.
En
Guatemala
⎯como
en
el
caso
de
México
y
la
gran
mayoría
de
los
países
de
América
Latina⎯
no
se
ha
contemplado
brindar
apoyo
a
los
pacientes
con
tuberculosis
con
otros
subsidios
como
alimentación
o
dinero
para
transporte
a
hospitales
o
centros
de
salud
para
su
seguimiento.
En
la
identificación
de
problemas
y
factores
por
los
cuales
continúa
la
enfermedad
no
erradicada
en
Guatemala
se
encontró:
En
cuanto
a
la
problemática
de
esta
enfermedad
en
Guatemala,
se
evidencia
que
existe
alto
grado
de
abandono
de
tratamiento,
son
además
insuficientes
los
medicamentos
para
abastecer
a
todos
los
pacientes,
se
presentan
también
casos
de
Tuberculosis
multidrogo
resistente.
Tampoco
se
tiene
un
sistema
de
entrega
de
servicios
que
pueda
garantizar
la
cobertura
oportuna
en
los
enclaves
donde
vive
la
población
con
más
pobreza
y
deterioro
de
las
condiciones
generales
de
salubridad.
En
Guatemala
se
presenta
también
comorbilidad
con
VIH,
se
estima
que
el
10%
anual
acumulable
de
los
enfermos
con
VIH/Sida,
padecerán
Tuberculosis
activa
a
lo
largo
de
su
vida.
La
normativa
de
Guatemala
recomienda
ofrecer
a
todo
enfermo
con
tuberculosis,
la
consejería
y
serología
para
el
VIH,
así
mismo
recomiendan
realizar
la
prueba
de
tuberculina,
investigación
35
bacteriológica,
rayos
X
y
evaluación
clínica
en
toda
persona
portadora
de
VIH.
Se
observa
también
comorbilidad
con
diabetes.
Los
256
registros
oficiales
del
país
tienen
un
rezago
de
dos
años,
factor
que
incide
en
la
planificación
de
acciones
oportunas
para
focalizar
estrategias
de
salud
pública,
que
puedan
mejorar
el
nivel
integral
de
la
atención
del
paciente
con
tuberculosis.
En
cuanto
al
tratamiento,
el
Programa
de
Tuberculosis
de
Guatemala,
establece
las
normas
y
estrategias
para
brindar
soporte
técnico
a
todas
las
Direcciones
de
Salud
para
el
diagnóstico
oportuno
y
tratamiento
gratuito
de
los
casos
de
tuberculosis
en
el
país,
e
36
indica
que
el
tratamiento
debe
ser
administrado
de
manera
gratuita
a
todo
paciente
que
presente
una
Tuberculosis
confirmada.
Como
se
mencionó
anteriormente,
el
sistema
de
salud
en
la
entrega
de
servicios
del
primer
nivel
de
atención
para
el
seguimiento
de
pacientes
bajo
la
cobertura
del
Programa
de
Extensión
de
Cobertura,
sufre
un
serio
deterioro
en
su
capacidad
financiera,
este
factor
incide
en
la
dotación
de
medicamentos
en
las
poblaciones
que
se
encuentran
bajo
este
programa,
que
alcanza
a
más
de
4
millones
31
de
habitantes
en
las
zonas
rurales
y
postergadas
del
país.
Desde
los
servicios
de
salud
que
atienden
al
campesino
guatemalteco
que
migra
internamente
a
la
zona
sur
del
país,
donde
se
encuentran
las
fincas
de
algodón
y
caña
de
azucar,
se
reconoce
la
estigmatización
que,
dada
su
condición
de
pobreza
por
la
cual
migra,
su
condición
de
salud
desgastada
por
la
actividad
agrícola
y
las
malas
condiciones
de
vida,
son
la
fuente
propicia
para
el
desarrollo
de
enfermedades
como
la
tuberculosis.
Este
aspecto
histórico
no
ha
sido
abordado
en
profundidad
en
la
política
de
salud,
en
tanto
la
condición
de
vulnerabilidad
ha
sido
asumida
como
parte
del
contexto
de
la
realidad
del
país.
La
alta
migración
internacional
al
Soconusco,
en
el
sur
de
México,
concentra
a
la
población
campesina
en
busca
de
fuentes
de
trabajo
a
las
zonas
de
explotación
agrícola
de
café,
donde
también
se
han
reportado
iniciativas
bilaterales
para
el
seguimiento
de
los
casos
de
tuberculosis.
En
todo
caso,
la
migración
transfronteras
se
ha
constituido
en
un
factor
coadyuvante
que
afecta
la
adherencia
al
tratamiento
de
la
tuberculosis,
además
de
ser
una
condición
de
estigmatización,
en
tanto
un
migrante
campesino
guatemalteco
transfronteras
es
visto
como
un
potencial
portador
de
tuberculosis.
La
condición
de
ser
indígena,
campesino
y
pobre,
son
elementos
que
se
unen
al
racismo
en
las
estructuras
sanitarias
públicas,
siendo
esta
una
condición
que
subyace
a
cualquier
otra
posibilidad
de
estigmatización,
como
por
ejemplo,
ser
tosedor
crónico.
El
Estado
como
insitución
responsable
de
garantizar
la
salud
de
los
guatemaltecos,
no
ha
propuesto
estrategias
efectivas
que
puedan
incidir
con
impacto
en
problemas
de
salud
históricos
como
la
tuberculosis,
lo
cual
afecta
esencialmente
a
los
sectores
pobres
del
país,
donde
la
entrega
de
servicios
públicos
tiene
las
peores
condiciones
humanas
en
el
entorno
nacional.
La
responsabildad
de
generar
acciones
éticas
en
cuanto
a
la
formulación
de
las
políticas
públicas
son
aspectos
que
deben
ser
primordiales
en
la
planificación
del
abordaje
de
problemas
que
devienen
de
siglos
pasados.
Discusión
La
Tuberculosis
es
un
problema
de
salud
pública
global
y
que
tiene
relación
con
determinantes
sociales,
en
los
tres
países
estudiados
se
evidencia
una
fuerte
relación
entre
pobreza
y
tuberculosis.
En
cuanto
a
dilemas
éticos
relacionados
a
la
enfermedad,
podemos
observar
en
los
tres
países
que
los
pacientes
sufren
de
discriminación
y
estigmatización,
tanto
en
su
entorno
familiar
como
en
su
entorno
social
y
laboral,
que
no
permite
un
desarrollo
normal
de
sus
vidas.
257
También
puede
presentarse
la
ruptura
de
la
confidencialidad,
al
ventilar
los
diagnósticos
sin
ningún
resguardo
de
la
privacidad
de
los
pacientes,
situación
que
expone
a
rechazo,
exclusión,
maltrato
y
riesgo
de
pérdida
de
su
trabajo.
Se
debe
tomar
en
cuenta
que
la
situación
se
agrava
cuando
el
paciente
además
de
tuberculosis
es
portador
de
VIH,
ya
que
si
se
presenta
una
ruptura
de
la
confidencialidad,
se
pueden
presentar
problemas
legales
para
el
personal
de
salud.
Esto
no
exonera
de
la
obligación
de
notificar
a
los
contactos
para
evitar
una
propagación
mayor
de
la
enfermedad.
Puede
colisionar
el
derecho
comunitario
sobre
el
derecho
individual
en
el
caso
de
que
se
vea
afectada
la
salud
pública,
por
lo
tanto,
los
países
deberían
educar
a
la
población
en
aspectos
éticos
y
morales.
8
La
OMS
y
la
OPS,
con
respecto
a
la
confidencialidad
de
los
datos
de
los
pacientes
con
tuberculosis,
sugiere
las
siguientes
pautas:
Referencia
de
contactos,
respeto
de
la
dignidad
y
autonomía
del
paciente,
protección
de
la
integridad
del
entorno
ante
posibles
daños
intencionados,
vigilancia
epidemiológica
periódica
en
personal
de
salud
que
trabaja
con
sintomáticos
respiratorios
y
la
consideración
de
excepciones
con
fines
de
protección.
37
Se
observan
también
dilemas
éticos
relacionados
a
la
inequidad
en
la
distribución
de
tratamientos
en
los
programas
de
tuberculosis
de
estos
tres
países,
tales
como
falta
de
disponibilidad
y
continuidad
de
tratamiento,
que
traen
consigo
el
desarrollo
de
cuadros
más
graves
de
tuberculosis,
como
es
la
tuberculosis
multidrogo
resistente.
En
los
tres
países
es
común
la
falta
de
adherencia
al
tratamiento,
que
podría
deberse
no
solo
a
la
falta
de
educación
y
compromiso
del
paciente
sino
principalmente,
a
una
falla
en
el
sistema
de
salud,
que
a
la
vez
que
no
garantiza
el
abasto
continuo
de
medicamentos,
no
proporciona
elementos
de
educación
para
la
salud
a
la
población,
para
modificar
hábitos
de
vida,
paradigmas,
mitos
y
temores
del
paciente,
de
sus
familiares
y
de
la
población
en
general.
Uno
de
los
factores
que
explica
el
fracaso
del
tratamiento
del
paciente
con
TBC
es
que
en
ningún
país
existe
una
atención
integral
en
la
cual
se
brinden
subsidios
económicos
o
alimentarios
que
ayuden
a
sobrellevar
la
enfermedad
al
paciente
y
a
su
familia.
Una
obligación
moral
de
los
países
debería
ser
lograr
la
justicia
social
y
la
solidaridad
con
el
paciente
y
su
familia.
Entre
los
factores
comunes
encontrados
en
la
tuberculosis
en
Latinoamérica
encontramos
los
determinantes
sociales
que
se
relacionan
con
la
pobreza
e
inequidad,
desnutrición,
hacinamiento
y
vivienda,
discriminación
y
exclusión
social,
empleo,
educación,
limitaciones
de
los
servicios
de
salud
y
seguridad
social,
todos
los
cuales
limitan
los
esfuerzos
para
la
prevención
y
control
de
esta
enfermedad
que
hasta
ahora,
han
resultado
eminentemente
insuficientes.
La
OMS
demuestra
que
la
tuberculosis
está
vinculada
a
la
pobreza
y
a
factores
socioeconómicos,
como
la
desnutrición,
falta
de
escolaridad,
deficiencias
en
vivienda
y
saneamiento,
y
todas
estas
condiciones
desfavorables
están
presentes
en
varios
países
de
Latinoamérica.
Asimismo,
la
OMS
reconoce
que
el
control
y
eliminación
de
la
enfermedad
requiere
un
enfoque
multidimensional
e
intersectorial
y
con
valores
éticos
tales
como
equidad
y
justicia
social,
solidaridad,
bien
común,
autonomía,
reciprocidad,
efectividad
37
y
subsidiariedad,
principalmente.
258
Para
concluir,
podemos
afirmar
que
frente
a
todo
este
contexto
común
en
Latinoamérica,
existe
una
necesidad
global
de
vincular
la
bioética
con
la
salud
pública,
que
logre
proponer
obligaciones
morales
a
los
países
en
la
búsqueda
de
estrategias
integrales
prioritarias
destinadas
a
prevenir,
controlar,
tratar
y
erradicar
la
tuberculosis
sin
vulnerar
los
principios
éticos
y
los
derechos
humanos
de
los
pacientes
viviendo
con
TBC.
Agradecimientos
A
nuestra
motivadora
amiga
Patricia
Sorokin,
por
habernos
convocado
para
realizar
el
presente
estudio
y
por
su
constante
esfuerzo
para
contribuir
al
fortalecimiento
de
la
bioética
en
la
región.
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DEL
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Alied
Bencomo
Alerm
Natán
Enríquez-‐Ríos
Coordinadora
del
Programa
de
Prevención
y
Control
de
la
Tuberculosis,
Jurisdicción
Sanitaria
II,
región
Altos
de
Chiapas,
San
Cristóbal
de
Las
Casas,
Chiapas
Contacto:
[email protected]
Coordinador
Estatal
del
Programa
de
Prevención
y
Control
de
la
Tuberculosis
para
el
estado
de
Chiapas,
Instituto
de
Salud
del
Estado
de
Chiapas.
Contacto:
[email protected]
Anaximandro
Gómez-‐Velasco
Departamento
de
Salud,
El
Colegio
de
la
Frontera
Sur
(ECOSUR),
Investigador
Postdoctoral
CONACyT.
Contacto:
[email protected]
Héctor
Javier
Sánchez-‐Pérez
Departamento
de
Salud,
ECOSUR,
Investigador
Titular
y
coordinador
del
Nodo
GRAAL
(Grupos
de
Investigación
en
Salud
para
América
y
África
Latinas)-‐ECOSUR
Contacto:
[email protected]
La
tuberculosis
(TB)
es
una
enfermedad
infecto-‐contagiosa
que
sigue
siendo
un
grave
problema
de
salud
pública
mundial,
principalmente
entre
los
grupos
de
población
más
vulnerables
en
términos
socioeconómicos.
En
este
trabajo
se
discute
el
proceso
de
migración
como
un
factor
dinamizador
de
la
forma
activa
de
la
TB
en
regiones
de
alta
incidencia
—como
es
el
caso
de
Chiapas,
México—
hacia
estados
de
la
frontera
norte
de
México
(Baja
California,
Coahuila,
Tamaulipas,
Nuevo
León,
Coahuila
y
Sonora).
No
obstante
que
dichos
estados
presentan
indicadores
socioeconómicos
más
favorables
para
su
población
que
el
promedio
del
país,
estas
entidades
son
las
que
históricamente
se
ubican
entre
las
de
mayores
índices
de
morbilidad
y
mortalidad
debido
a
tuberculosis
pulmonar
(TBP).
A
pesar
de
la
carencia
de
datos
para
poder
realizar
afirmaciones
contundentes,
existen
fuertes
indicios
de
que
un
importante
número
de
nuevos
casos
y
de
defunciones
por
TBP
en
los
estados
de
la
frontera
norte
de
México
provienen
de
migrantes
procedentes
de
diversas
regiones
del
sur
del
país,
como
el
caso
de
Chiapas,
donde
la
pobreza
y
la
exclusión
social,
entre
otros
factores,
contribuyen
tanto
a
la
morbi-‐mortalidad
por
TB,
como
a
la
migración
de
personas
en
busca
de
mejores
condiciones
de
vida.
Introducción
Chiapas
es
un
estado
de
la
República
Mexicana
que
se
localiza
en
la
región
sureste,
y
que
tiene
límites
territoriales
con
Guatemala.
Su
territorio
abarca
un
área
de
74.415
kilómetros
cuadrados
(CEIEG
2014a).
Su
población
estimada
para
2014
es
de
5.149.319
habitantes,
distribuidos
en
122
municipios
(CEIEG
2014a).
De
acuerdo
con
el
Consejo
Nacional
de
Población
(CONAPO
2013),
Chiapas
ocupó
en
el
año
2010
el
primer
lugar
en
cuanto
a
marginación
social
del
país.
Chiapas
posee,
entre
otros
indicadores:
un
elevado
porcentaje
de
analfabetismo
en
la
población
de
15
y
más
años
de
edad
(17,9%,
versus
6,9%
para
todo
el
país),
un
alto
porcentaje
de
población
que
no
concluyó
la
educación
primaria
(37,1%,
versus
19,9%
para
todo
el
país);
un
alto
porcentaje
de
población
económicamente
ocupada
que
recibe
menos
de
dos
salarios
mínimos
(69,9%
versus
38,7%
en
todo
el
país);
en
el
53,9%
de
sus
viviendas
hay
hacinamiento,
comparado
con
el
promedio
nacional
(36,5%);
el
51,3%
de
su
población
reside
en
áreas
rurales,
versus
19,1%
en
todo
el
país.
Es
el
estado
con
mayor
porcentaje
de
población
sin
seguridad
social
(83,3%,
versus
61,2%
para
todo
el
país);
el
43,2%
de
su
población
no
tiene
acceso
a
servicios
de
salud,
versus
el
promedio
nacional
35,4%
(CONAPO
2013;
CONEVAL
2014).
El
estado
se
caracteriza
por
ser
una
sociedad
pluriétnica
y
pluricultural,
ya
que
el
27%
de
su
población
pertenece
a
alguno
de
los
261
diferentes
pueblos
mayas
que
habitan
en
Chiapas
(CDI
2015a;
INEGI
2011),
mientras
que
en
México
se
estima
que
solo
el
9,9%
de
la
población
es
indígena
(CDI
2015b).
Las
condiciones
arriba
descritas
propician
que
exista
un
alto
flujo
migratorio
por
parte
de
la
población
chiapaneca,
tanto
dentro
del
mismo
estado
como
hacia
afuera,
ya
sea
a
nivel
nacional
o
internacional
(Porraz-‐Gómez
2013;
López
Arévalo,
Sovilla,
and
Escobar
Rosas
2009;
Villafuerte
Solís
and
García
Aguilar
2006)
en
busca
de
mejores
condiciones
de
vida.
Este
flujo
migratorio
se
debe
a
diversos
factores,
entre
los
que
se
encuentran
(Villafuerte
Solís
and
García
Aguilar
2006;
Martínez-‐Velasco
2013;
López
Arévalo,
Sovilla,
and
Escobar
Rosas
2009;
Freyermuth,
Meneses-‐Navarro,
and
Martínez-‐Velasco
2007;
Sánchez-‐Pérez
et
al.
2006;
Arana-‐
Cedeño
and
del
Riego
2012):
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
Orientación
económica
y
estancamiento
de
la
economía
estatal,
principalmente
en
el
sector
agropecuario,
lo
cual
impide
la
generación
de
alimentos
y
materias
primas
que
la
población
y
la
industria
requiere.
Desigualdad
social.
Chiapas
es
uno
de
los
estados
de
México
con
mayores
desigualdades
socioeconómicas,
tal
como
lo
revela
su
posición
como
el
estado
socioeconómicamente
más
rezagado
del
país.
Composición
étnica.
Chiapas
cuenta
con
importante
población
indígena
(27,2%
de
la
población
total)
de
los
grupos
mayas
como
Tseltal,
Tsotsil,
Ch’ol,
Zoque
y
Tojolabal,
entre
otros,
que
figuran
entre
los
más
marginados
del
país
(CEIEG
2014b).
Un
porcentaje
significativo
de
estos
pueblos
(32%)
vive
en
la
extrema
pobreza
y
el
54%
en
condiciones
de
hacinamiento
(CONAPO
2011).
Presencia
de
conflictos
sociales,
políticos,
y
religiosos,
entre
los
que
destacan:
el
conflicto
armado
iniciado
en
1994
con
el
levantamiento
armado
del
Ejército
Zapatista
de
Liberación
Nacional
(EZLN),
el
cual
aún
sigue
presente
bajo
la
forma
de
la
denominada
“guerra
de
baja
intensidad”;
conflictos
religiosos
que
han
provocado
importantes
movimientos
migratorios,
principalmente
en
la
zona
Altos
y
Norte
del
estado
de
Chiapas;
disputas
por
disponibilidad
y
acceso
a
recursos
hídricos
y
otros
recursos
naturales,
conflictos
agrarios
por
tenencia
de
la
tierra,
disputas
por
imposición
de
proyectos
mineros,
carreteros
y
turísticos
—tanto
por
parte
del
gobierno
como
de
la
iniciativa
privada—
sin
consentimiento
de
las
comunidades.
Las
causas
de
dichos
conflictos,
el
desarrollo
de
los
mismos
y
su
falta
de
resolución,
han
dañado
de
manera
significativa
el
tejido
social
de
la
población
y
las
condiciones
socioeconómicas
y
políticas
del
estado.
Ser
una
región
fronteriza
bastante
porosa,
desde
la
que
transitan,
principalmente
de
sur
a
norte
—hacia
Estados
Unidos
de
Norteamérica
(EUA)—
tanto
personas,
como
animales,
diversas
mercancías
y
tráfico
de
estupefacientes.
Desde
el
punto
de
vista
histórico,
la
migración
chiapaneca
ha
pasado
por
las
siguientes
etapas:
(i)
periodo
1920-‐1970,
trabajo
temporal
asalariado
en
establecimientos
agrícolas;
(ii)
1940-‐1990,
arrendamiento
de
tierras
en
áreas
de
gran
concentración
latifundista;
(iii)
1970
a
la
fecha,
intermitente
trabajo
asalariado
y
por
cuenta
propia
en
zonas
urbanas
y
con
dirección
hacia
otros
estados
mexicanos
como
Tabasco,
Veracruz,
Estado
de
México
y
Distrito
Federal
(Martínez-‐Velasco
2013);
(iv),
recientemente,
flujo
migratorio
interestatal
(hacia
el
norte
del
país)
e
internacional,
principalmente
hacia
EUA.
Según
diversos
estudios,
la
migración
chiapaneca
se
intensifica
a
partir
del
año
2000
(Escobar,
2008;
Freyermuth,
Meneses-‐Navarro,
y
Martínez-‐Velasco,
2007;
Jáuregui-‐
Díaz
y
Ávila-‐Sánchez,
2007).
Asimismo,
también
varios
estudios
coinciden
en
que
el
aumento
de
la
migración
de
indígenas
chiapanecos
se
da
a
partir
de
dicho
año
hacia
estados
del
norte
del
país
y
hacia
EUA,
e
incluso
Canadá
(Martínez-‐Velasco
2013;
Villafuerte
Solís
and
García
Aguilar
2006).
La
Encuesta
sobre
Migración
en
la
Frontera
Norte
de
México
(EMIF
2013)
reportó
que
en
el
2011
salieron
de
Chiapas
alrededor
de
32.437
personas,
de
las
cuales
23.212
se
dirigieron
a
EUA
y
9.225
hacia
estados
de
la
frontera
norte.
El
destino
principal
de
los
chiapanecos
en
el
interior
del
país
fue,
en
orden
decreciente:
Baja
California,
Tamaulipas,
Chihuahua,
Nuevo
León,
Sonora,
Baja
California
Sur,
Nayarit,
Sinaloa
y
Coahuila
(CONAPO
2015).
262
Los
migrantes
chiapanecos
presentan
el
siguiente
perfil
sociodemográfico:
la
mayoría
son
varones
de
15
a
64
años,
casados
o
en
unión
libre,
tienen
entre
siete
y
nueve
años
de
escolaridad
(CONAPO
2015;
EMIF
2013),
y
son
originarios
de
diversas
regiones
y
localidades
urbanas,
y
muy
recientemente,
de
municipios
indígenas,
principalmente
de
la
Región
Altos
de
Chiapas.
La
migración
—el
movimiento
de
personas
de
una
zona
a
otra
por
períodos
diversos—
constituye
un
enorme
desafío
para
la
salud
pública,
y
en
especial
para
la
prevención
y
control
de
enfermedades
como
la
TB.
Los
migrantes
son
uno
de
los
grupos
socioeconómicos
más
vulnerables
a
esta
enfermedad.
Dicha
vulnerabilidad
está
asociada
a
diferentes
aspectos
vinculados
a
las
condiciones
del
país
de
origen
o
expulsor
(por
ejemplo,
situación
epidemiológica
de
la
TB,
disponibilidad
y
acceso
a
los
servicios
de
salud,
entre
otros),
a
los
procesos
implicados
en
la
migración
per
se
y
a
las
condiciones
estructurales
del
país
de
tránsito,
receptor
o
de
destino
(MHD
2014).
Cada
vez
se
desplazan
más
personas
por
motivos
políticos,
humanitarios,
económicos
y
ambientales.
Esta
movilidad
de
la
población
tiene
repercusiones
en
la
salud
y
los
derechos
humanos,
tanto
de
los
migrantes
como
de
las
personas
a
quienes
dejan
atrás
(Stop
TB
Partnership
and
TB
Human
Rights
Task
Force
2009).
Los
migrantes
se
enfrentan
a
graves
obstáculos
para
alcanzar
un
mínimo
de
bienestar
y
niveles
aceptables
de
salud,
debido
a
la
discriminación,
el
idioma,
barreras
culturales,
la
condición
jurídica
en
el
país
de
destino
y
otras
dificultades
políticas,
económicas
y
sociales
(Stop
TB
Partnership
and
TB
Human
Rights
Task
Force
2009).
La
migración
y
la
TB
están
íntimamente
vinculados.
Si
en
condiciones
de
no
ser
migrante,
una
persona
con
tuberculosis
pulmonar
(TBP)
—la
principal
forma
de
transmisión
de
la
enfermedad—,
puede
contagiar
a
10-‐20
personas
por
año
(WHO
2015),
los
movimientos
migratorios
facilitan
la
diseminación
y
el
contagio
de
la
enfermedad,
así
como
la
falta
del
cumplimiento
del
tratamiento
anti-‐TB,
a
través
de
los
siguientes
mecanismos:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
Debido
a
las
condiciones
de
viaje,
lo
cual
puede
producirse
en
condiciones
de
hacinamiento
y
escasa
ventilación,
estrés,
mala
alimentación,
condiciones
insalubres,
etcétera.
Las
condiciones
del
sitio
al
que
llegan
a
vivir
los
migrantes,
lo
cual
también
puede
suceder
en
condiciones
de
franca
desventaja
social
y
de
vulnerabilidad.
Las
condiciones
laborales,
las
cuales
usualmente
son
difíciles,
sin
prestaciones
sociales
(incluida
la
seguridad
social
y
el
acceso
a
servicios
de
salud)
y
con
sobrecargas
de
trabajo.
Posible
negación
de
la
atención
en
servicios
de
salud,
por
no
“estar
inscrito”,
por
“no
ser
la
clínica
que
les
corresponde”,
“por
no
vivir
ahí”,
o
bien
por
falta
de
recursos
económicos,
entre
otros
aspectos.
Una
persona
que
está
bajo
tratamiento
anti-‐TB
y
que
emigra,
es
más
probable
que
lo
abandone
y
no
lo
concluya.
En
estos
casos,
tanto
para
las
personas
es
más
difícil
seguir
el
tratamiento,
como
para
los
servicios
de
salud
lo
es
el
dar
el
seguimiento
correspondiente
(administrar
y
verificar
la
toma
del
tratamiento,
controles
de
laboratorio
mensual,
seguimiento
de
efectos
secundarios
del
tratamiento
en
la
persona
con
TB,
entre
otros).
Situación
epidemiológica
de
la
TB
en
estados
del
norte
y
sur
de
México
La
TB
es
una
enfermedad
que
puede
afectar
cualquier
parte
del
organismo.
Esquemáticamente
se
le
clasifica
en
dos
grandes
grupos:
cuando
afecta
a
los
pulmones
(tuberculosis
pulmonar,
TBP)
o
a
otra
parte
del
cuerpo
(extra-‐pulmonar)
(Barry
et
al.
2009).
La
TBP
es
la
forma
más
frecuente
y
la
más
importante
desde
el
punto
de
vista
de
salud
pública
porque
es
la
principal
vía
de
transmisión
de
la
enfermedad
en
seres
humanos.
Los
principales
signos
y
síntomas
de
la
TBP
son
la
tos
de
dos
o
más
semanas
de
duración
—con
o
sin
hemoptisis—,
dolor
en
el
pecho,
pérdida
de
peso,
debilidad,
cansancio
y
escalofríos,
entre
otros
(Barry
et
al.
2009).
De
acuerdo
con
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS),
una
persona
con
TBP
puede
infectar
entre
10-‐15
personas
durante
el
transcurso
de
un
263
año
(WHO
2015).
Asimismo,
la
TB
es
la
segunda
causa
mundial
de
mortalidad,
después
del
sida,
originada
por
un
solo
agente
infeccioso
(WHO
2014).
En
2013,
nueve
millones
de
personas
enfermaron
de
TB
y
1.5
millones
murieron
por
esta
enfermedad
(WHO
2014).
En
México,
para
2013,
se
registraron
21.281
casos
de
TB
(todas
sus
formas),
de
los
cuales
16.117
casos
fueron
TBP
(Castellanos-‐Joya
et
al.
2014).
En
cuanto
a
la
mortalidad,
cifras
oficiales
para
2012,
reportaron
2.253
muertes
debido
a
TB
(todas
sus
formas),
de
las
cuales
1.761
fueron
casos
de
TBP
(Castellanos-‐Joya
et
al.
2014).
En
México,
según
las
estadísticas
oficiales
de
que
se
dispone,
los
estados
fronterizos
del
norte
y
algunos
del
sur
del
país
son
los
que
presentan
las
tasas
más
altas
de
incidencia
y
mortalidad
por
TB.
En
la
Figura
1A
se
muestran
las
tasas
de
incidencia
promedio
de
TBP
para
los
seis
estados
fronterizos
del
norte
del
país
durante
el
período
1990-‐2013,
en
tanto
que
en
la
Figura
1B
se
muestran
las
tasas
de
mortalidad
debido
a
TBP
para
dicho
periodo.
Para
el
mismo
lapso
de
tiempo,
tal
como
puede
apreciarse
en
las
Figura
1A
y
1B,
Chiapas
también
presenta
tasas
de
incidencia
y
mortalidad
mayores
que
para
el
resto
del
país.
En
un
estudio
en
el
que
se
analizó
las
tendencias
de
mortalidad
por
TBP
para
los
32
estados
del
país
en
el
período
2000-‐2009
(Sánchez-‐Barriga
2015),
se
encontró
que
en
estados
considerados
de
alta
marginación
socioeconómica
—como
Chiapas,
Guerrero
y
Oaxaca—,
existe
una
asociación
significativa
entre
mortalidad
por
TBP
y
la
falta
de
educación
y
poco
o
nulo
acceso
a
servicios
médicos.
Este
estudio
también
reveló
que
el
estado
de
Baja
California,
a
pesar
de
tener
mejores
condiciones
de
vida
para
la
población,
es
la
entidad
mexicana
que
presenta
mayores
tasas
de
mortalidad
por
TBP,
lo
cual
se
atribuye,
entre
otros
factores,
a
la
coinfección
TB-‐VIH/Sida,
migración,
presencia
de
casos
resistentes
al
tratamiento
anti-‐tuberculosis
convencional
y
uso
de
drogas
(Sánchez-‐Barriga
2015).
Figura
1.
A)
Promedio
de
tasas
de
incidencia,
por
cada
100.000
habitantes,
de
tuberculosis
pulmonar
(TBP)
durante
el
periodo
1990-‐2010
para
los
seis
estados
de
la
frontera
norte
(Baja
California,
Nuevo
León,
Tamaulipas,
Sonora,
Chihuahua,
Coahuila)
y
para
Chiapas.
B)
Promedio
de
tasa
de
mortalidad,
por
cada
100.000
habitantes,
debidas
a
TBP
para
los
mismos
estados,
en
el
mismo
periodo.
Fuente:
elaboración
propia
a
partir
de
datos
del
Sistema
Único
de
Información
para
la
Vigilancia
Epidemiológica/Dirección
General
de
Epidemiología
(DGIS,
2015).
En
otro
estudio
efectuado
en
Chiapas
(Nájera-‐Ortiz
et
al.
2008)
en
el
que
se
hizo
un
seguimiento
de
431
pacientes
diagnosticados
con
TBP
durante
el
periodo
1995-‐2000,
208
(48%)
se
encontraron
vivos,
cinco
seguían
enfermos,
145
(34%)
no
se
localizaron
y
78
(18%)
ya
habían
fallecido.
La
TB
se
asocia
a
la
pobreza,
al
hacinamiento
y
a
la
desnutrición,
entre
otros
factores
(Millet
et
al.
2013;
Gandy
and
Zumla
2002).
Sin
embargo,
a
pesar
de
que
los
estados
fronterizos
del
norte
de
México
presentan
un
indicador
de
marginación
socioeconómica
muy
bajo
o
bajo,
y
que
la
mayor
parte
de
su
población
cuenta
con
acceso
a
servicios
de
salud
(Tabla
1),
estas
entidades
son
las
que
264
históricamente
se
presentan
entre
las
de
más
altos
índices
de
morbilidad
y
mortalidad
debido
a
TBP
(Figura
1).
Nuestra
hipótesis
es
que
un
importante
número
de
nuevos
casos
y
de
defunciones
por
TBP
en
estos
estados
provienen
de
estados
del
sur
del
país,
tal
como
es
el
caso
de
Chiapas.
En
este
contexto,
vale
la
pena
señalar
que
en
Chiapas
las
condiciones
socioeconómicas
son
más
que
adversas
para
la
gran
mayoría
de
la
población,
tal
como
lo
demuestran
diversos
indicadores
socioeconómicos
y
de
salud
(Tabla
1).
De
igual
manera,
los
índices
de
morbilidad
y
mortalidad
debidos
a
TB
son
generalmente
más
altos
en
comparación
con
otras
entidades
y
del
promedio
nacional.
A
su
vez,
al
interior
de
Chiapas
también
existen
marcadas
diferencias
regionales.
Por
ejemplo,
en
un
estudio
reciente,
usando
sistemas
de
información
geográfica
(SIGs)
para
analizar
la
distribución
temporal
y
espacial
de
la
TB
en
la
zona
Altos
de
Chiapas,
para
el
periodo
de
1997-‐2012,
se
encontraron
tasas
de
incidencia
mayores
a
las
reportadas
para
los
niveles
estatal
y
nacional
(Gómez-‐
Velasco
et
al.
2014).
Para
2013,
según
cifras
oficiales
(Enríquez-‐Ríos
2014),
las
regiones
de
Chiapas
del
Soconusco
y
Tuxtla
Gutiérrez,
y
Comitán
fueron
las
áreas
que
más
reportaron
casos
nuevos
de
TB
en
todas
sus
formas.
Explorando
el
vínculo
entre
los
casos
de
TBP
en
estados
del
sur
con
los
del
norte
Los
estados
de
la
frontera
norte
de
México
son
puntos
de
confluencia
de
migrantes
chiapanecos,
temporales
o
permanentes,
debido
a
dos
principales
razones:
tránsito
para
cruzar
la
frontera
México-‐Estados
Unidos
(EMIF
2013),
y
existencia
de
fuente
de
trabajo,
tales
como
maquiladores
y
zonas
agrícolas,
las
cuales
ofrecen
oportunidades
para
la
subsistencia
del
migrante
(Martínez-‐Velasco
2013;
Porraz-‐Gómez
2013;
López
Arévalo,
Sovilla,
and
Escobar
Rosas
2009;
Téllez
2008;
Villafuerte
Solís
and
García
Aguilar
2006).
Es
en
estos
estados
donde
la
migración,
desigualdades
sociales,
hacinamiento
y
poco
o
nulo
acceso
a
servicios
de
salud,
entre
otros
factores,
están
fuertemente
asociados
con
la
TB
(Millet
et
al.
2013).
La
asociación
entre
TB
y
migración
se
encuentra
ampliamente
documentada
prácticamente
en
todo
el
mundo
(MHD
2014).
Diversos
estudios
efectuados
en
el
ámbito
internacional,
muestran
el
papel
de
la
migración
en
el
desarrollo
y
transmisión
de
la
TB
(MHD
2014).
Tabla
1.
Grado
de
marginación,
acceso
a
servicios
de
salud
e
índice
de
desarrollo
humano
(IDH)
en
estados
de
la
zona
norte
y
sur
de
México,
2012
Estado
a
b
c
Baja
California
Muy
bajo
72.7
0.760
Coahuila
Muy
bajo
78.9
0.768
Nuevo
León
Muy
bajo
81.1
0.790
Tamaulipas
Bajo
78.1
0.758
Sonora
Bajo
76.0
0.779
Chihuahua
Bajo
75.8
0.734
Chiapas
Muy
alto
56.8
0.667
Nacional
-‐-‐-‐
66.8
0.746
Grado
de
marginación
%
de
población
con
acceso
a
servicios
de
salud
IDH
2012
265
a
El
grado
de
marginación
es
una
medida
que
permite
diferenciar
unidades
geográficas
–en
este
caso,
estados
de
la
república
mexicana–
en
función
del
impacto
global
de
las
carencias
padecidas
por
la
población,
como
resultado
de
falta
de
acceso
a
la
educación,
residencia
en
viviendas
inadecuadas,
ingresos
monetarios
insuficientes
y
residencia
en
localidades
pequeñas
(CONEVAL
2010).
b
Estimaciones
del
Consejo
Nacional
de
Evaluación
de
Políticas
Públicas
(CONEVAL
2014)
basadas
en
información
del
Censo
de
Población
y
Vivienda
de
2010.
c
El
índice
de
Desarrollo
Humano
se
define
con
base
a
tres
aspectos:
1)
posibilidad
de
gozar
de
una
vida
larga
y
saludable;
2)
capacidad
de
adquirir
conocimientos;
3)
oportunidad
de
tener
recursos
que
permitan
un
nivel
de
vida
digno
(UNDP
2015).
Chiapas
es
uno
de
los
estados
de
la
república
mexicana
considerados
como
expulsores
de
población
tanto
hacia
estados
del
norte
del
país
como
a
EUA
(EMIF
2013).
Tal
como
ya
se
mencionó
anteriormente,
la
mayoría
de
migrantes
chiapanecos
son
jóvenes,
en
plena
edad
productiva.
Si
bien
el
grueso
de
los
migrantes
aparentemente
están
sanos,
ello
no
significa
que
necesariamente
estén
libres
de
presentar
TB,
principalmente
en
su
forma
latente,
donde
la
persona
infectada
no
manifiesta
la
enfermedad,
pero
tiene
el
riesgo
de
desarrollarla
en
algún
momento
y
pasar
a
la
forma
activa,
por
ejemplo,
cuando
se
deteriora
su
sistema
inmunológico,
lo
cual
puede
producirse
por
una
infección
con
el
VIH/Sida,
presentar
diabetes,
desnutrición,
etcétera
(Barry
et
al.,
2009).
Si
bien
la
persona
que
migra
generalmente
es
aquella
que
dentro
del
grupo
familiar
se
considera
como
la
“más
sana”,
no
debe
perderse
de
vista
que
dicha
persona
puede
provenir
de
ambientes
con
alta
carga
de
la
enfermedad
—México
es
un
país
considerado
endémico
de
TB
por
sus
altos
niveles
de
prevalencia—
que
lo
ponen
no
solo
en
riesgo
de
infectarse,
sino
de
desarrollar
la
fase
activa
e
inclusive
de
morir
por
TB,
proceso
que
la
migración
dinamiza.
Varios
son
los
factores
que
inciden
en
esta
situación:
las
condiciones
en
que
viajan
(sin
alimentación
adecuada
en
calidad
y
cantidad,
altos
niveles
de
estrés,
largos
desplazamientos
en
condiciones
infrahumanas),
altos
niveles
de
hacinamiento
en
los
que
viajan
y
viven
en
las
ciudades
de
tránsito
y
destino,
la
falta
de
seguridad
social,
sin
acceso
a
servicios
—incluyendo
los
de
salud—
lo
que
origina
que
o
no
sean
diagnosticados
adecuadamente,
o
lo
sean
tardíamente,
o
bien,
personas
que
están
en
tratamiento
anti-‐tuberculosis,
sea
altamente
probable
que
lo
abandonen
cuando
migran
de
un
lugar
a
otro
debido
al
estigma
de
la
enfermedad
(Galvañ-‐Olivares
y
Santiuste
de
Pablos
2006).
De
manera
hipotética,
bien
puede
suponerse
que
un
porcentaje
significativo
de
los
casos
de
TBP
reportados
en
los
estados
del
norte
del
país,
pueden
corresponder
a
personas
provenientes
de
estados
del
sur
de
México,
como
Chiapas
y
Oaxaca.
Aun
cuando
no
se
cuenta
con
estadísticas
ni
información
que
permitan
realizar
análisis
más
detallados
sobre
dicha
situación,
nuestra
hipótesis
se
basa
en
los
siguientes
aspectos:
-‐
-‐
-‐
El
migrante
chiapaneco
se
moviliza
principalmente
a
tres
diferentes
regiones
geográficas:
región
norte
del
país
(Baja
California,
Sonora
y
Tamaulipas,
entre
otros);
(ii)
sur
del
país
(Tabasco,
Veracruz,
Quintana
Roo
y
Oaxaca);
y,
(iii)
región
centro
(Distrito
Federal
y
Estado
de
México)
(Anguiano-‐Téllez
2008).
De
los
90
mil
chiapanecos
que
emigraron
del
estado
entre
2000-‐2005,
aproximadamente
16
mil
se
dirigieron
a
Baja
California,
ocupando
el
primer
lugar
como
sitio
de
destino
migratorio.
En
este
sentido,
del
total
de
migrantes
que
llegaron
a
dicho
estado
en
el
periodo
citado,
los
chiapanecos
ocuparon
el
tercer
sitio,
destacando
la
ciudad
de
Tijuana,
donde
ocho
de
cada
diez
migrantes
chiapanecos
llegaron
a
residir
a
este
municipio
(Anguiano-‐Téllez
2008).
En
el
periodo
1993-‐1998,
Chiapas
y
Veracruz,
aportaron
importantes
flujos
migratorios,
tanto
hacia
la
frontera
norte
como
a
EUA,
a
pesar
de
que
en
dicho
intervalo
de
tiempo
hubo
estados
del
país
—como
Guanajuato,
Jalisco
y
Zacatecas—
en
los
que
descendió
el
flujo
de
emigrantes.
Tal
flujo
migratorio
ha
vuelto
a
acelerarse
en
los
últimos
años
(Anguiano-‐Téllez
2008).
266
-‐
-‐
Las
altas
de
incidencia
y
mortalidad
de
TB
(en
todas
sus
formas)
en
varias
regiones
de
Chiapas.
Varios
estudios
efectuados
en
esta
localidad
dan
cuenta
del
gran
problema
de
salud
pública
que
representa
la
TBP
en
dicho
estado.
Investigaciones
efectuadas
en
comunidades
de
las
regiones
Altos,
Selva,
Norte
y
Fronteriza,
así
lo
confirman
(Gómez-‐Velasco
et
al.,
2014;
Nájera-‐Ortiz
et
al.,
2012;
Nájera-‐Ortiz
et
al.,
2008;
Sánchez-‐Pérez
et
al.,
2010;
Reyes-‐Guillén
et
al.,
2008;
Sánchez-‐Pérez
y
Halperin-‐Frisch,
1997;
Sánchez-‐Pérez
et
al.,
2002;
Meza-‐Palmeros
et
al.,
2013;
Sánchez-‐Pérez,
del
Mar
Garcia
Gil,
y
Halperin-‐
Frisch
1998;
Sánchez-‐Pérez
et
al.,
2001;
Sánchez-‐Pérez
et
al.,
2006).
La
región
Altos
de
Chiapas,
es
una
de
las
más
afectadas
por
TB
(Tabla
2).
Esta
región
reúne
características
demográficas,
socioeconómicas,
culturales,
étnicas
y
políticas
que
favorecen
la
persistencia
y
proliferación
de
la
enfermedad
(Peláez-‐
Herreros
2012;
Sánchez-‐Pérez
et
al.
2001;
Nájera-‐Ortiz
et
al.
2008;
Nájera-‐Ortiz
et
al.
2012).
Dicha
región
está
conformada
por
19
municipios,
muchos
de
los
cuales
han
sido
“expulsores”
de
chiapanecos
hacia
diferentes
regiones
del
país,
pero
primordialmente
hacia
estados
del
norte
(Villafuerte
Solís
and
García
Aguilar
2006;
Martínez-‐Velasco
2013;
López
Arévalo,
Sovilla,
and
Escobar
Rosas
2009).
En
un
estudio
realizado
en
ciudad
Juárez,
Chihuahua,
se
encontró
que
de
108
casos
de
TBP,
59
eran
de
personas
que
provenían
de
otros
estados
y,
de
75
casos
con
TB
latente,
25
casos
correspondían
a
migrantes
también
de
otros
estados
(Chittoor
et
al.
2013).
Tabla
2.
Índice
de
marginación
socioeconómica
y
tasas
de
incidencia
de
tuberculosis
(todas
sus
formas)
en
los
a
municipios
de
los
Altos
de
Chiapas
Municipio
1
2
3
marginación
migratoria
habitantes
Índice
de
Grado
de
intensidad
Tasas
de
incidencia
de
TB
por
100.000
Año
socio-‐económica
Aldama
Muy
Alto
Equilibrio
2000
2005
2010
2012
137.24
0
67.09
15.31
Altamirano
Muy
Alto
Expulsión
Media
0
0
30.34
0
Amatenango
del
Muy
Alto
Expulsión
Media
0
0
0
0
Chalchihuitán
Muy
Alto
Expulsión
Media
39.59
14.86
0
65.19
Chamula
Muy
Alto
Expulsión
Media
23.01
2.97
0
10.57
Chanal
Muy
Alto
Equilibrio
25.40
0
9.39
8.82
Chenalhó
Muy
Alto
Expulsión
Media
42.89
3.24
14.72
5.66
Huixtán
Muy
Alto
Expulsión
Elevada
36.58
5.19
0
5.33
Larrainzar
Muy
Alto
Expulsión
Media
29.01
70.13
17.49
17.47
Las
Rosas
Muy
Alto
Expulsión
Media
23.00
24.24
7.2
3.45
Mitontic
Muy
Alto
Equilibrio
25.68
10.98
0
0
Oxchuc
Muy
Alto
Expulsión
Media
12.86
4.78
13.25
4.27
Pantelhó
Muy
Alto
Expulsión
Media
35.43
15.88
23.00
8.68
Expulsión
Media
23.28
17.03
11.98
9.37
Valle
San
Cristóbal
de
Bajo
las
Casas
San
Juan
Cancuc
Muy
Alto
Expulsión
Media
19.01
0
13.68
0
Santiago
el
Pinar
Muy
Alto
Equilibrio
0
0
0
0
Tenejapa
Muy
Alto
Expulsión
Media
14.44
2.64
4.74
2.27
Teopisca
Medio
Expulsión
Media
50.11
6.16
10.51
2.47
Zinacantán
Muy
Alto
Expulsión
Media
26.07
6.35
37.24
15.40
4
Muy
alto
Expulsión
Elevada
27.5
24.9
24.6
21.7
Chiapas
267
5
México
18.7
17.2
16.6
16.8
a
Para
fines
comparativos,
solo
se
muestran
tasas
de
incidencia
en
años
que
coinciden
con
el
comienzo
de
las
migraciones
chiapanecas
hacia
estados
del
norte
de
México.
Reportes
oficiales
señalan
que
en
los
últimos
años
las
tasas
de
incidencia
han
disminuido,
sin
embargo,
dichos
reportes
no
consideran
los
altos
índices
de
subdiagnóstico
y
sub-‐
registro,
tal
y
como
lo
evidencian
diversos
estudios
efectuados
de
base
poblacional
(Sánchez-‐Pérez
et
al.
2002;
Sánchez-‐
Pérez
and
Halperin
Frisch
David
1997;
Sánchez-‐Pérez
et
al.
2006).
1
(CONAPO
2011).
2
El
grado
de
intensidad
migratoria
clasifica
el
flujo
migratorio
de
municipios
y
estados,
en
categorías
simples
(desde
muy
bajo
hasta
muy
alta),
las
cuales
se
construyen
con
base
en
modelos
matemáticos
(CONAPO
2012).
3
Elaboración
propia,
a
partir
de
datos
obtenidos
de
las
siguientes
fuentes:
Sistema
Nacional
de
Vigilancia
(SINAVE),
encuesta
de
hogares,
encuestas
hospitalarias
de
los
usuarios
y
visitas
a
centros
de
salud
institucionales
y
autónomas
(Gómez-‐Velasco
et
al.
2014).
4
Reporte
epidemiológico
sobre
la
situación
de
TB
en
Chiapas
(Enríquez-‐Ríos
2014).
5
Reporte
epidemiológico
sobre
la
situación
de
TB
en
México
(Castellanos-‐Joya
et
al.
2014).
Conclusiones
Los
estados
de
la
frontera
norte
de
México
—aun
cuando
presentan
condiciones
socioeconómicas
no
tan
desfavorables
para
su
población—
figuran
entre
los
de
mayor
incidencia
y
mortalidad
por
TBP.
A
su
vez,
Chiapas
es
el
estado
mexicano
más
marginado
del
país
y
también
es
un
estado
con
altos
índices
de
morbilidad
y
mortalidad
por
TBP.
En
este
trabajo,
“hipotetizamos”
que
un
número
significativo
de
casos
de
TBP
que
se
registran
en
los
estados
de
la
frontera
norte
del
país,
bien
pueden
corresponder
a
personas
provenientes
de
estados
del
sur
de
México,
como
Chiapas.
Esta
entidad
se
caracteriza
por
presentar
condiciones
demográficas,
socioeconómicas
y
políticas,
entre
otros
aspectos,
que
favorecen
la
desigualdad
social
y
la
prevalencia
de
enfermedades
infecto-‐
contagiosas
como
la
TB.
Para
corroborar
dicha
hipótesis,
es
necesario
realizar
más
estudios
al
respecto.
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el
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2014.
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CDI.
2015a.
Indicadores
Sociodemográficos
de
La
Población
Total
Y
La
Población
Indígena,
2010:
Chiapas.
México,
D.F.:
Comisión
Nacional
para
el
desarrollo
de
los
Pubelos
Indígenas
(CDI).
Disponible
en:
http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/CHIA/chia2010.pdf.
———.
2015b.
Indicadores
Sociodemográficos
de
La
Población
Total
Y
La
Población
Indígena,
2010:
Nacional.
México,
D.F.:
Comisión
Nacional
para
el
desarrollo
de
los
Pubelos
Indígenas
(CDI).
Disponible
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http://www.cdi.gob.mx/cedulas/cedula_nacional_2010.pdf.
CEIEG.
2014a.
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Geografía
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Disponible
en:
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———.
2014b.
Compendio
de
Información
Geográfica
Y
Estadística
de
Chiapas.
Disponible
en:
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/sintesis-‐
estadistica-‐y-‐geografica-‐de-‐chiapas/?maccion=9571.
268
Chittoor,
Geetha,
Rector
Arya,
Vidya
S
Farook,
Randy
David,
Sobha
Puppala,
Roy
G
Resendez,
Rivera-‐Chavira
B,
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CONAPO.
Índice
de
marginación
por
entidad
federativa
y
municipio.
México,
D.F.;
2011.
———.
Anexo
C.
Metodología
del
índice
de
intensidad
migratoria
México-‐Estados
Unidos.
Índices
de
Intensidad
Migratoria
México-‐Estados
Unidos
2010.
Índices
Sociodemográficos.
México,
D.F.:
CONAPO;
2012.
———.
Índice
absoluto
de
marginación
2000-‐2010.
1era
Ed.
Mexico,
D.F.:
CONAPO;
2013.
———.
Panorama
Del
Fenómeno
Migratorio
Interno.
Por
Lugar
de
Nacimiento
Por
Entidad
Federativa,
2010
(números
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Encuesta
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migración
en
la
frontera
norte
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México,
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Serie
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2004
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México:
Secretaría
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Gobernación/Consejo
Nacional
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Población/
Instituto
Nacional
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Migración/Unidad
de
Política
Migratoria-‐Centro
de
Estudios
Migratorios/Secretaría
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Relaciones
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Secretaría
del
Trabajo
y
Previsión
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Colegio
de
la
Frontera
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Enríquez-‐Ríos
N.
Tuberculosis
Panorama
Epidemiológico:
Chiapas.
Motozintla,
Chiapas,
México:
Secretaría
de
Salud,
Gobierno
del
Estado
de
Chiapas;
2014.
Escobar
A.
Pobreza
y
migración
internacional
en
el
México
rural:
un
enfoque
antropológico.
Pobreza
y
migración
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San
Cristóbal
de
las
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Freyermuth
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señuelo
del
norte:
migración
indígena
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Galvañ-‐Olivares
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Guía
para
el
diagnóstico
precoz
y
el
control
de
la
infección
y
la
enfermedad
tuberculosa
en
grupos
de
riesgo
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contactos.
Murcia,
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Centro
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a
Estados
Unidos:
algunas
aproximaciones
a
su
realidad.
Pueblos
Y
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Digital
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270
LA
HISTORIA
DEL
IMPROVISADO
TAPIZ
MIRANDO
A
LA
MECA.
LA
INTERCULTURALIDAD
COMO
APUESTA
BIOÉTICA
Mónica
Bre
Médica
Endocrinóloga
Infantil.
Miembro
Titular
del
Comité
de
Ética
del
Hospital
General
de
Niños
Pedro
de
Elizalde
ex
Casa
Cuna.
Buenos
Aires,
Argentina
Patricia
Cudeiro
Presidente
del
Comité
de
Ética
Hospital
General
de
Niños
Pedro
de
Elizalde,
ex
Casa
Cuna.
Especialista
en
cirugía
ortopédica.
Miembro
Titular
del
Consejo
Académico
de
Ética
en
Medicina.
Academia
Nacional
de
Medicina,
Argentina
Silvana
Pardal
Abogada,
Orientación
en
Derecho
Privado
UBA.
Especialización
en
Abogacía
del
Estado
Diplomatura
en
Derecho
de
salud
y
legislación
Sanitaria
(ECAE-‐PTN)
Gloria
Zelaya
Lic.
y
prof.
en
Psicología
(UBA).
Pedagoga.
Psicoanalista
Especialista
en
“Infancias
y
Juventudes
en
América
Latina
…la
filosofía
Intercultural
quiere
interconectar
para
ayudar
a
la
manifestación
de
lo
humano
en
toda
su
diversidad,
pero
también
y
sobre
todo,
para
contribuir
sobre
la
base
de
la
interacción
y
asistencia
correctora
recíproca,
el
desarrollo
de
las
relaciones
realmente
humanas
entre
las
distintas
memorias
o
culturas
en
que
la
humanidad
dice
y
hace
su
plural
diversidad.
Raúl
Fornet
de
Betancourt
El
presente
trabajo
es
una
invitación
a
la
reflexión
sobre
las
prácticas
hospitalarias,
más
allá
de
las
directrices
del
discurso
médico
hegemónico
de
tinte
positivista
y
en
pro
de
los
aportes
del
paradigma
de
la
Interculturalidad,
como
un
puente
facilitador
para
co-‐
construir
otros
modos
de
pensar.
Para
ello,
tomaremos
como
un
disparador
un
caso
una
historia
mínima,
chiquita,
de
esas
que
seguramente
en
los
hospitales
sorprenden
a
menudo
a
quienes
transitan
sus
pasillos,
y
que
han
sido
el
puente
de
reflexión
en
el
crecimiento
profesional
y
humano.
Con
este
comentario,
la
historia
del
caso
en
cuestión,
ya
agranda
su
dimensión,
como
lo
es
la
institución
en
la
que
se
desarrolló:
el
Hospital
General
de
Niños
Pedro
de
Elizalde,
reconocida
como
la
Ex
Casa
Cuna
y
según
consta
en
documentos
conservados
en
el
Archivo
General
de
la
Nación,
el
Virrey
Vertiz
decreta
el
14
de
julio
de
1779
la
erección
y
casa
de
niños
Expósitos,
“Casa
Cuna
nace
entonces
cuando
el
virreinato
tenía
apenas
3
años
y
exactamente
10
años
antes
de
la
toma
de
la
Bastilla
y
del
comienzo
de
la
Edad
1
contemporánea”.
Representa
históricamente
la
protección
al
desvalido,
al
desamparado,
al
abandonado,
al
Espósito
y
en
esa
esencia,
en
ese
espíritu
que
parecería
heredarse,
cuan
“mito
fundacional”
de
generación
en
generación
de
médicos,
enfermeros,
equipo
de
salud
etc.,
se
procesan
a
diario
situaciones
de
atención
a
diferentes
culturas,
creencias,
en
donde
se
requiere
del
esfuerzo
paciente
para
extender
puentes,
cuya
la
finalidad
es
siempre
tratar
de
curar,
acompañar,
ayudar.
En
este
enorme
marco
histórico
ocurrió
nuestra
historia.
271
El
caso
del
Tapiz
o
el
camino
a
la
Meca
Como
se
mencionó
anteriormente,
el
caso
es
un
disparador
para
plasmar
reflexiones
en
torno
a
lo
epistémico
y
a
las
practicas
hospitalarias,
contadas
en
primera
persona
pero
que
lleva
a
reflexionar
conjuntamente
por
el
equipo
que
escribe
y
comparte
este
trabajo.
Era
un
sábado
de
otoño
por
la
tarde
cuando
habíamos
dispuesto
con
mi
esposo,
previo
a
ir
al
cumpleaños
de
una
de
nuestras
nietas,
pasar
por
el
hospital,
para
controlar
a
un
paciente
que
había
operado
en
la
semana.
Concurriríamos
a
misa,
que
se
celebra
en
el
mismo
hospital,
y
de
salida,
en
realidad
saludaría
a
mi
pequeño
paciente,
por
esto
de
la
tranquilidad
que
reaviva
a
los
padres
cuando
quien
ha
hecho
la
intervención
quirúrgica,
además
de
controlar
la
evolución
médica,
demuestra
su
acompañamiento
desde
el
afecto.
Así,
finalizada
la
celebración,
tomamos
el
ascensor,
que
nos
conduciría,
al
piso
del
niño
internado
en
cuestión.
Al
bajar
del
mismo,
la
puerta
de
la
sala
estaba
abierta
de
par
en
par
y
se
escuchaban
voces
cálidas
pero
en
tono
elevado,
por
no
decir
que
hablaban
en
voz
alta.
Entramos
a
la
sala
y
allí
nos
sorprendió
la
situación.
El
enfermero
de
guardia
con
orden
de
internación
en
mano,
acompañaba
a
unos
padres
con
su
bebé
en
brazos.
Dicho
enfermero,
en
su
afán
de
contener
a
la
mamá
por
ese
duro
trance
que
es
la
internación
de
un
hijo,
intentaba
tomarle
un
brazo,
en
tanto
que
la
señora
retrocedía.
El
residente,
con
unas
ojeras
y
palidez
mortuoria
que
denotaban
el
cansancio
del
día,
hablaba
a
los
gritos
balbuceando
un
inglés
aprendido
a
fuerza
de
coscorrón
materno,
revoleaba
los
brazos
como
aspas
de
molino
y
cada
vez
más
alzaba
la
voz
(por
esto
que
cuando
no
conocemos
el
idioma
de
otro,
nuestra
sangre
latina
recurre
a
las
contorsiones
corporales
y
a
la
viva
voz).
El
enfermero
palidecía
también,
y
completaban
la
escena
muchos
ojos
como
lechuzas
que
se
iban
asomando
de
las
habitaciones.
Claro,
la
mamá
tenía
una
especie
de
túnica
de
color
amarronado
y
pañuelo
oscuro
cubriendo
su
cabello,
y
el
padre,
de
pantalón,
saco
oscuro
y
camisa
clara
no
salían
de
su
asombro
igual
que
sus
interlocutores.
Al
vernos
entrar
ya
para
intervenir,
el
residente
me
dice
“¡Ah!
Usted
es
de
ética”.
Y
respiro
largamente.
En
ese
momento
giré
la
mirada
al
niño,
que
en
verdad
estaba
aletargado
pero
no
demostraba
condición
crítica.
¿Por
qué
entonces
el
alivio
sentido
al
ver
a
alguien
del
comité
de
ética?
Mi
esposo
⎯que
vale
aclarar
que
no
es
médico
pero
tiene
agudo
poder
de
observación⎯,
me
dice
en
voz
baja
que
los
papás
del
niño
eran
musulmanes.
El
pañuelo,
la
actitud
de
la
madre,
y
del
bolsillo
del
saco
del
señor
asomaba
una
tasbih
(especie
de
rosario
musulmán).
Los
saludamos
en
inglés,
y
el
señor
contestó
con
cierta
fluidez.
Allí
les
aclaramos
a
camillero
y
residente
que
no
debía
tocar
a
la
señora
(no
es
posible
tocar
a
otra
mujer
si
no
es
su
esposo).
Mi
esposo
se
queda
con
el
señor
y
yo
acompaño
a
la
habitación
a
la
señora,
ya
que
el
bebé
de
ocho
meses
se
internó
por
deshidratación
por
vómitos
y
diarrea.
Solo
había
que
hidratarlo
por
vía
endovenosa
por
su
intolerancia
oral,
no
tenía
fiebre
al
momento
pero
criteriosamente,
al
no
poder
comunicarse
adecuadamente
el
departamento
de
urgencias
decidió
la
hospitalización
(no
sé
por
qué
en
una
sala).
Tal
vez
la
guardia
estuviera
completa.
En
tanto
nos
enteramos
que
hacía
diez
días
habían
llegado
de
Pakistán,
que
efectivamente
eran
musulmanes
practicantes
y
que
estaban
con
familiares,
cerca
del
hospital.
Se
establecerían
en
Catamarca,
en
donde
tenían
familia
con
plantación
de
ajos
y
olivos.
Ese
día
tenían
una
fiesta
en
casa
de
otros
conocidos,
pero
como
el
niño
vomitaba,
habían
decidido
quedarse
para
ver
si
mejoraba.
Al
empeorar,
la
desesperación
los
hizo
recurrir
al
hospital,
aún
conscientes
de
sus
limitaciones
idiomáticas.
Solo
decían
gracias
y
buen
día.
Trataban
le
comunicarse
al
celular
de
sus
parientes
pero
no
lo
habían
logrado.
El
niño
acomodado
en
su
cunita,
suero
en
brazo,
se
había
dormido.
Su
madre
estaba
más
tranquila.
El
residente,
decía
esto
no
me
puede
estar
pasando
y
los
demás
pacientes
parecían
asistir
a
una
película.
Al
fin
mi
esposo
logra
comunicarse
con
la
familia
de
estos
desesperados
padres,
que
le
comunican
que
en
una
hora
y
media
estarían
por
allí.
El
señor
pakistaní
miraba
el
reloj,
y
yo
también.
Otra
vez
mi
esposo
me
advierte
que
se
acerca
la
hora
rezar
(los
musulmanes
rezan
cinco
veces
por
día,
orientando
su
tapiz,
tapete
o
alfombrita,
mirando
a
la
Meca).
Ya
con
la
señora
272
estable
al
lado
de
su
niño,
le
ofrecimos
al
señor
un
espacio
en
el
despacho
de
traumatología
para
que
pudiera
cumplir
con
sus
oraciones
y
de
improvisada
alfombra
un
poster
del
último
congreso
de
ortopedia
infantil.
En
ese
momento
al
señor
se
le
llenaron
los
ojos
de
lágrimas,
y
no
sabía
cómo
agradecernos
porque
habíamos
comprendido
la
trascendencia
de
ese
momento
de
oración.
¿Cómo
no
comprenderlo,
si
nosotros
volvíamos
de
nuestra
celebración
eucarística?
Yo
volví
a
la
sala,
vi
a
mi
pacientito,
que
ya
estaba
anoticiado
de
este
inusual
evento,
y
preguntaba
cómo
eran
esos
extraños
de
vestido
largo
(aclaro
que
solo
la
señora
vestía
túnica).Y
estando
allí
llegan
al
mismo
tiempo
la
familia
y
el
señor
que
había
terminado
sus
oraciones.
Ya
con
la
compañía
familiar
los
abandonamos
y
llegamos
después
que
mi
nieta
había
apagado
sus
velitas.
El
niño
en
24
horas,
fue
dado
de
alta,
y
esto
en
muchos
quedó
como
anécdota,
pero
a
otros
nos
ha
movido
a
la
reflexión.
A
pesar
de
haber
transcurrido
cuatro
o
cinco
años
del
hecho.
Nos
preguntamos:
¿era
una
cuestión
bioética
tal
como
aliviado
había
suspirado
el
residente
al
verme?
La
interculturalidad
como
apuesta
bioética
El
primer
acto
médico
comienza
con
dar
la
mano,
con
el
contacto
visual
que
se
debe
realizar
tanto
con
el
niño
como
con
sus
acompañantes,
o
algún
gesto
que
le
permita
a
los
padres
conocer
a
quien
ha
depositado
su
confianza,
percibiéndose
asimismo
la
gestualidad
que
acompaña
o
no
a
la
palabra.
Esa
evaluación
inmediata
e
inicial,
la
realiza
tanto
el
profesional,
los
padres
o
tutores
y
los
niños,
sin
ser
conscientes
de
dicho
proceso.
El
niño
sin
lugar
a
dudas
es
el
más
perceptivo
de
la
miradas,
palabras,
tonos
y
responderá
acorde
a
ello.
Acontece
en
ese
continuo
de
palabras,
silencios
y
gestos,
una
investigación
que
debe
realizar
el
profesional,
de
la
historia
personal
del
niño,
familia,
del
inicio
de
la
enfermedad,
para
evaluar
estados
de
salud
y
el
diagnóstico
presuntivo.
La
veracidad
de
la
información
aportada
por
la
familia
deberá
basarse
en
la
comprensión
de
las
preguntas
que
realiza
el
profesional.
El
saber
científico
y
ético
completarán
el
acto
médico,
y
por
sobretodo
“el
reconocimiento
del
otro
en
cuanto
otro
es
la
2
posibilidad
del
dialogo”,
que
nos
permita
obrar
geoculturamente
hablando
desde
un
aquí
y
ahora,
desde
un
horizonte
simbólico,
donde
se
vive
la
cotidianeidad
de
las
prácticas,
del
hacer,
es
decir,
meterse
en
el
medio
de
la
cuestión
conlleva
coherencia
entre
pensamiento
y
acción
(Kusch,
1972).
La
empatía
sin
lugar
a
dudas
permite
que
ese
encuentro,
no
solamente
entre
médico
paciente
sino
también
intercultural,
se
convierta
en
verdadera
comunicación,
verbal
y
no
verbal,
donde
los
gestos
acompañan
a
las
palabras
y
esos
gestos
tienen
una
simbología
para
el
otro.
Desde
mi
humilde
experiencia
describiría
que
la
empatía,
sin
intención
de
darle
el
atributo
de
definición,
es
aquel
instante
de
duración
infinitamente
profunda
en
donde
uno
presiente
la
vivencia
del
otro,
para
lo
cual
se
requiere
no
prejuzgar.
Esta
empatía
es
particularmente
necesaria
en
la
relación
con
los
niños
y
en
las
áreas
de
salud
pediátricas,
como
por
ejemplo
en
el
Hospital
Casa
Cuna,
donde
es
parte
de
una
cotidianeidad
indispensable.
Van
Potter,
en
su
mirada
hacia
una
ética
global,
nos
previene
que
“todas
las
especialidades
éticas
necesitan
ser
ampliadas
de
sus
3
problemas
de
corto
plazo
a
sus
obligaciones
de
largo
plazo
(necesitamos
una
bioética
profunda)”.
Sergio
Néstor
Osorio
García
refiere
que
en
su
visión,
la
evolución
de
la
Bioética
Global
se
movió
abarcando
cinco
virtudes
cardinales:
1)
la
humildad;
2)
la
responsabilidad;
3)
la
capacidad
interdisciplinaria;
4)
la
capacidad
intercultural,
y
5)
la
compasión,
entendida
4
esta
como
supervivencia
aceptable
a
largo
plazo
de
la
especie
humana
en
una
sociedad
civil
mundial
como
meta.
Es
entonces
necesario,
para
una
bioética
mundial,
puentes
interculturales.
Y
¿cómo
se
realizan
esos
puentes
interculturales
entonces,
si
no
es
a
273
través
de
agudizar
los
cinco
sentidos?
Un
estudio
con
13
culturas
e
idiomas,
entre
ellos
el
español,
muestra
que
la
vista
es
el
sentido
más
universal
de
todos.
Sin
embargo,
la
importancia
relativa
del
oído,
el
tacto,
el
sabor
o
el
olfato
depende
de
cada
cultura.
Una
decena
de
psicolingüistas
y
antropólogos
del
Instituto
Max
Planck
han
recopilado
durante
años
conversaciones
de
hablantes
de
13
idiomas
diferentes.
Buscaban
una
forma
de
medir
la
importancia
de
cada
uno
de
los
cinco
sentidos
contando
la
frecuencia
de
uso
de
palabras
que
se
refirieran
a
ver,
oír,
tocar.
En
todas,
las
palabras
y
verbos
relacionados
con
ver,
mirar,
observar,
ojear,
leer,
suponen
más
del
60%
de
los
vocablos
referidos
a
los
sentidos.
En
el
chino
mandarín,
por
ejemplo,
en
una
hora
de
conversación,
aparecen
72
usos
de
verbos
relacionados
con
la
vista.
El
84%
de
las
palabras
sensoriales
tenían
que
ver
con
este
sentido.
En
los
grandes
idiomas
occidentales
analizados,
el
porcentaje
de
presencia
de
palabras
relacionadas
con
la
vista
oscila
entre
el
70%
y
el
80%.
En
algunas
culturas
hay
palabras
con
significados
multisensoriales
donde
solo
el
contexto
permite
saber
si
la
expresión
se
refiere
a
uno
u
otro
5
sentido
o
a
algo
más
íntimo
y
menos
físico.
Es
el
caso
del
“sentir”
español
o
el
sentire
italiano.
No
debemos
olvidarnos
desde
el
punto
de
vista
de
las
creencias,
ejemplos
como
el
llamado
“mal
de
ojo”,
que
aunque
no
se
expresa
específicamente
en
la
consulta,
puede
surgir
en
forma
solapada
y
se
requiere
de
un
diálogo
basado
en
la
confianza
y
respeto
entre
el
equipo
de
salud,
familia,
niño
o
adolescente.
En
cuanto
al
origen
de
la
noción
del
mal
de
ojo,
este
parecería
instalarse
desde
el
momento
de
la
conquista,
aunque
podríamos
incorporar
un
nuevo
componente,
y
es
el
que
para
ese
entonces
la
presencia
de
miembros
y
ex
miembros
de
la
comunidad
musulmana
en
la
península
era
numerosa,
y
que
serán
precisamente
los
descendientes
de
los
musulmanes
los
más
necesitados
de
abandonar
España
cuando
en
1609
se
decrete
un
edicto
de
expulsión
de
esa
comunidad,
permitiendo
6
este
hecho
que
en
el
proceso
de
colonización
del
Nuevo
Mundo
participara
un
fuerte
contingente
de
moriscos...
Una
investigación
llevada
a
cabo
por
médicos
pediatras
en
un
área
rural
de
la
Sabana
de
Bogotá,
Colombia,
tuvo
como
propósito
establecer
el
sentido
de
las
creencias
tradicionales
en
madres
jóvenes
y
cuidadores
y
su
relación
con
la
salud
infantil.
En
la
misma
se
concluye
que
el
personal
de
salud
no
percibe
este
fenómeno
como
algo
real,
por
lo
que
ignora
las
creencias
y
cultura
de
la
población,
lo
que
se
convierte
en
una
barrera
que
afecta
la
comunicación.
Lo
anterior
demuestra
la
importancia
de
la
generación
de
7
un
puente
que
permita
la
unión
de
las
creencias
y
la
ciencia.
Es
decir
que
en
lo
relativo
a
creencias
en
salud,
si
se
cortan
los
puentes
requeridos
para
una
bioética
más
global,
pero
que
en
lo
cotidiano
requiere
la
ética
práctica
al
lado
del
paciente
y
para
el
paciente,
en
este
caso
el
niño
a
través
de
su
madre
en
el
contexto
cultural
y
de
creencias
de
su
historia
personal
puede
eso
inducir
a
poca
confianza
en
el
proceso
de
diagnóstico
y
tratamiento
y
en
definitiva
alterar
el
curso
de
una
enfermedad
en
detrimento
del
paciente.
Para
pensar
en
una
bioética
global
tenemos
que
seguir
tendiendo
puentes
entre
culturas,
creencias,
religiones,
idiomas.
Como
dice
Sergio
Osorio
García
en
su
análisis
de
una
bioética
global
citando
una
frase
de
Edgar
Morin:
“Nos
hace
falta
salir
de
esta
‘Edad
de
8
hierro
planetaria’”.
Lo
que
el
pensamiento
complejo
puede
hacer
es
recordarnos:
“no
olvides
que
la
realidad
es
cambiante,
no
9
olvides
que
lo
nuevo
puede
surgir
y,
de
todos
modos,
va
a
surgir”.
Van
Rensselaer
Potter
pide
que
pensemos
“en
la
bioética
como
una
nueva
ética
científica
que
combina
la
humildad,
la
10
responsabilidad
y
la
competencia,
que
es
interdisciplinaria
e
intercultural
y
que
intensifica
el
sentido
de
la
humanidad”.
“Mientras
existan
guetos,
mientras
la
vida
cotidiana
no
sea
en
realidad
multicultural,
seguirá
pareciendo
que
hay
un
abismo
entre
las
culturas,
cuando
en
realidad
existe
una
gran
sintonía
entre
ellas
si
no
se
interpretan
desde
la
miseria,
el
desprecio
y
la
prevención”
(A.
Cortina
2010).
Pero
¿qué
ocurre
cuando
los
miembros
del
equipo
de
salud,
son
renuentes
a
cruzar
el
puente
para
pasar
a
la
vereda
del
otro?
274
El
positivismo
jurídico
también
ha
considerado
necesario
normar
“la
consideración
del
otro”,
pero
filosóficamente
por
lo
menos
cabe
preguntarse
¿de
qué
otro
hablamos?,
o
¿cómo
lo
consideramos?
Según
la
Declaración
Universal
de
la
UNESCO
sobre
la
Diversidad
Cultural
del
año
2001
la
cultura
debe
ser
considerada:
[…]
el
conjunto
de
los
rasgos
distintivos
espirituales
y
materiales,
intelectuales
y
afectivos
que
caracterizan
a
una
sociedad
o
a
un
grupo
social
y
que
abarca,
además
de
las
artes
y
las
letras,
los
modos
de
vida,
las
maneras
de
vivir
juntos,
los
11
sistemas
de
valores,
las
tradiciones
y
las
creencias
[…].
En
el
orden
particular,
las
diversas
culturas
que
componen
y
conviven
en
una
sociedad,
presuponen
al
menos
un
interés
recíproco
para
conocer
su
escala
de
valores
y
creencias
⎯en
algunos
casos
dinámicas⎯
que
permitan
respetarse
y
evitar
que
por
desconocimiento
o
ignorancia,
pueda
ofenderse
el
fuero
más
interno
o
la
dignidad
de
alguna
persona.
En
el
caso
de
la
sociedad
argentina,
se
compone
de
diversas
corrientes
de
inmigrantes
venidos
en
diferentes
periodos.
El
Estado
en
todas
sus
jurisdicciones
tiene
el
deber
de
asegurar
el
acceso
igualitario
a
los
inmigrantes
y
sus
familias
de
los
servicios
sociales,
i
bienes
públicos,
salud,
educación,
justicia,
trabajo,
empleo
y
seguridad
social.
Esto
implicaría
una
permanente
revisión
en
diversos
institutos
públicos,
protocolos
de
actuación,
instrumentos
y
formularios
que
se
utilicen
para
estas
comunidades,
para
que
los
efectos
sean
pertinentes
y
eficaces.
Ello
encuentra
sustento
normativo
en
el
artículo
ii
14
de
la
Ley
de
migraciones
precedentemente
citada
en
nota
a
pie.
Los
derechos
humanos
garantizan
el
respeto
por
la
diversidad
como
un
presupuesto
ético
que
garantiza
las
libertades
y
los
iii
derechos.
No
obstante,
no
se
puede
invocar
la
diversidad
cultural
para
conculcar
o
restringir
los
derechos
humanos.
En
el
orden
general,
la
diversidad
cultural
se
concibe
hoy
como
patrimonio
común
de
la
humanidad
y
por
ello
existe
el
interés
actual
y
futuro
de
iv
velar
por
su
preservación,
en
todo
orden
de
ideas.
Amén,
presupone
un
contexto
democrático
y
de
pluralismo
que
permita
concebir
la
posibilidad
de
hacerlo
y
coexistir
en
paz.
Esa
coexistencia
refiere
a
la
aceptación
recíproca
del
llamado
patrimonio
i
Artículo
2°:
“…A
los
fines
de
la
presente
ley
se
entiende
por
‘inmigrante’
todo
aquel
extranjero
que
desee
ingresar,
transitar,
residir
o
establecerse
definitiva,
temporaria
o
transitoriamente
en
el
país
conforme
a
la
legislación
vigente”.
Ley
Nº
25871
sobre
migraciones.
BO.
21-‐01-‐04
Nº
30322,
página
2.
ii
“…El
Estado
en
todas
sus
jurisdicciones,
ya
sea
nacional,
provincial
o
municipal,
favorecerá
las
iniciativas
tendientes
a
la
integración
de
los
extranjeros
en
su
comunidad
de
residencia,
especialmente
las
tendientes
a:
[…]
b)
La
difusión
de
información
útil
para
la
adecuada
inserción
de
los
extranjeros
en
la
sociedad
argentina,
en
particular
aquella
relativa
a
sus
derechos
y
obligaciones;
c)
Al
conocimiento
y
la
valoración
de
las
expresiones
culturales,
recreativas,
sociales,
económicas
y
religiosas
de
los
inmigrantes”.Articulo
14
de
la
Ley
Nº
25871
sobre
migraciones.
BO.
21-‐
01-‐04
Nº
30322,
página
2.
iii
Artículo
4:
“…Los
derechos
humanos,
garantes
de
la
diversidad
cultural
La
defensa
de
la
diversidad
cultural
es
un
imperativo
ético,
inseparable
del
respeto
de
la
dignidad
de
la
persona
humana.
Ella
supone
el
compromiso
de
respetar
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales,
en
particular
los
derechos
de
las
personas
que
pertenecen
a
minorías
y
los
de
los
pueblos
autóctonos.
Nadie
puede
invocar
la
diversidad
cultural
para
vulnerar
los
derechos
humanos
garantizados
por
el
derecho
internacional,
ni
para
limitar
su
alcance”.
DIVERSIDAD
CULTURAL
DECLARACIÓN
UNIVERSAL
DE
LA
UNESCO
SOBRE
LA
DIVERSIDAD
CULTURAL
Adoptada
por
la
31ª
reunión
de
la
Conferencia
General
de
la
UNESCO
PARÍS,
2
DE
NOVIEMBRE
DE
2001.
iv
3
Artículo
1:
“…La
diversidad
cultural,
patrimonio
común
de
la
humanidad.
La
cultura
adquiere
formas
diversas
a
través
del
tiempo
y
del
espacio.
Esta
diversidad
se
manifiesta
en
la
originalidad
y
la
pluralidad
de
las
identidades
que
caracterizan
los
grupos
y
las
sociedades
que
componen
la
humanidad.
Fuente
de
intercambios,
de
innovación
y
de
creatividad,
la
diversidad
cultural
es,
para
el
género
humano,
tan
necesaria
como
la
diversidad
biológica
para
los
organismos
vivos.
En
este
sentido,
constituye
el
patrimonio
común
de
la
humanidad
y
debe
ser
reconocida
y
consolidada
en
beneficio
de
las
generaciones
presentes
y
futuras”.
DIVERSIDAD
CULTURAL
DECLARACIÓN
UNIVERSAL
DE
LA
UNESCO
SOBRE
LA
DIVERSIDAD
CULTURAL.
Adoptada
por
la
31ª
reunión
de
la
Conferencia
General
de
la
UNESCO.
París,
2
de
noviembre
de
2001.
275
cultural
inmaterial,
el
cual,
en
la
medida
sea
acorde
a
los
instrumentos
de
derechos
humanos
internacionales,
encontrará
una
v
protección
jurídica
en
el
orden
legal,
de
los
Estados
que
los
hayan
ratificado.
Esa
convivencia
permite
la
interactuación;
que
cuando
es
horizontal
y
sin
preponderancia
o
imposición
de
una
cultura
a
otra,
contribuye
a
una
integración
y
resolución
de
conflictos
en
el
marco
del
diálogo,
el
respeto
y
la
concertación
libre,
denominándose
a
vi
este
proceso
interculturalidad.
El
objetivo
del
presente
trabajo
es
establecer,
al
menos,
algunas
implicancias
de
la
interculturalidad
en
el
ámbito
del
hospital
de
niños,
referido
a
la
actuación
específica
profesional
e
institucional,
en
relación
al
paciente
y
sus
padres
o
representantes
legales.
Derecho
a
la
salud
e
interculturalidad,
desde
la
perspectiva
de
los
Derechos
Humanos
El
objetivo
principal
de
la
actuación
profesional
e
institucional
es
satisfacer
integralmente
el
derecho
de
salud
del
paciente,
12
entendido
como
el
disfrute
del
más
alto
nivel
de
bienestar
físico,
mental
y
social.
A
referencia
a
los
pueblos
originarios,
los
gobiernos
deben
disponer
los
servicios
de
salud
adecuados
o
proporcionar
a
dichos
pueblos,
los
medios
para
gozar
del
máximo
nivel
posible
de
salud
física
y
mental,
teniendo
en
cuenta
sus
condiciones
específicas
13
culturales,
métodos
de
prevención,
curativos
y
medicamentos
tradicionales.
Es
precisamente
en
el
medio
de
este
debate
que
la
vii
perspectiva
de
la
Filosofía
Intercultural,
que
es
una
corriente
de
pensamiento
que
se
inicia
con
el
diagnóstico
según
el
cual
el
proceso
político
y
económico
denominado
“globalización”
manifiesta
una
lógica
de
anulación,
supresión
u
opresión
de
culturas
no
occidentales,
instalando
relaciones
de
dominación.
Se
configura
así
una
forma
nueva
de
colonialismo
que
socava
las
bases
materiales
de
la
construcción
cultural
de
los
pueblos
a
través
de
su
historia,
destruyendo
no
solo
las
identidades
sino
que
también
la
riqueza
simbólica
de
la
humanidad
es
arrastrada
a
la
anulación.
Esto
conlleva
a
esta
corriente
filosófica
a
plantear
una
manera
distinta
de
entender
y
practicar
las
relaciones
entre
culturas,
introduciendo
el
concepto
de
“traducción”,
que
no
remite
a
ningún
patrón
supuestamente
universal,
sino
que
se
apela
(Ameijeiras
y
Jure
2006,
Gutiérrez
y
Zelaya
2009)
al
respeto
por
la
otredad
como
posibilidad
de
compartir
experiencias
y
saberes
propios
de
“mundos”
diferentes,
tratando
de
lograr
una
mutua
convivencia
y
enriquecimiento.
En
estas
condiciones,
la
cultura
no
constituye
una
unidad
fija
de
significaciones
sino
un
conjunto
cambiante
que
se
v
Artículo
2:
“…1.
Se
entiende
por
‘patrimonio
cultural
inmaterial’
los
usos,
representaciones,
expresiones,
conocimientos
y
técnicas
⎯junto
con
los
instrumentos,
objetos,
artefactos
y
espacios
culturales
que
les
son
inherentes⎯
que
las
comunidades,
los
grupos
y
en
algunos
casos
los
individuos
reconozcan
como
parte
integrante
de
su
patrimonio
cultural.
Este
patrimonio
cultural
inmaterial,
que
se
transmite
de
generación
en
generación,
es
recreado
constantemente
por
las
comunidades
y
grupos
en
función
de
su
entorno,
su
interacción
con
la
naturaleza
y
su
historia,
infundiéndoles
un
sentimiento
de
identidad
y
continuidad
y
contribuyendo
así
a
promover
el
respeto
de
la
diversidad
cultural
y
la
creatividad
humana.
A
los
efectos
de
la
presente
Convención,
se
tendrá
en
cuenta
únicamente
el
patrimonio
cultural
inmaterial
que
sea
compatible
con
los
instrumentos
internacionales
de
derechos
humanos
existentes
y
con
los
imperativos
de
respeto
mutuo
entre
comunidades,
grupos
e
individuos
y
de
desarrollo
sostenible”.
CONVENCIÓN
PARA
LA
SALVAGUARDIA
DEL
PATRIMONIO
CULTURAL
INMATERIAL
París,
17
de
octubre
de
2003
MISC/2003/CLT/CH/14.
vi
“…Cuando
dos
o
más
culturas
diferentes
comienzan
a
interactuar
de
una
manera
horizontal
y
sinérgica,
es
decir,
en
este
estado
de
cosas
ninguno
de
los
grupos
que
intervienen
se
encuentra
por
encima
del
otro,
sino
que
todos
se
hallan
en
igualdad
de
condiciones,
lo
que
por
supuesto
contribuye
a
la
integración
y
a
la
pacífica
convivencia
de
las
personas
afectadas.
Como
en
toda
convivencia
humana,
a
la
larga
o
corta,
surgirán
conflictos
de
intereses
y
más
aún
en
una
situación
en
la
que
prima
la
diversidad,
aunque,
la
resolución
de
los
mismos
se
llevará
a
cabo
en
un
marco
de
absoluto
respeto,
prevaleciendo
el
diálogo
y
la
concertación.
Mientras
tanto,
la
interculturalidad
constará
de
tres
etapas:
negociación
(simbiosis
con
el
otro
para
lograr
comprensión
y
evitar
la
confrontación),
penetración
(ponerse
en
el
lugar
del
otro)
y
descentralización
(nos
alejamos
de
uno
mismo
mediante
la
reflexión)”.
Definición
ABC:
http://www.definicionabc.com/social/interculturalidad.php#ixzz3SOoxr6uQ;
http://www.definicionabc.com/social/interculturalidad.php.
Fuente
consultada
21-‐02-‐2015.
vii
Representado
en
el
ámbito
Latinoamérica
por
el
pensamiento
del
filósofo
cubano
Raúl
Fornet
de
Betancourt.
276
manifiesta
en
prácticas
concretas
históricas
de
los
seres
humanos.
Como
una
apuesta
verdadera
al
diálogo
desde
la
diversidad
y
mucho
más
allá
de
la
retórica
legislativa.
Como
hemos
dicho
anteriormente,
nuestro
caso
mínimo
puede
ser
considerado
como
un
emergente,
llevando
un
mensaje
implícito,
requiriendo
otra/s
interpretación/es
y
evidenciando
“el
quiebre
del
discurso
amo
hegemónico”,
parafraseando
a
Lacan.
Debemos
reflexionar
también
sobre
nuestra
formación
como
profesionales,
la
“interculturalidad”
que
no
debiera
ser
una
cosa
de
“los
comités
de
Éticas
Institucionales”,
ni
de
especialistas
legislativos
ni
filosóficos
⎯aunque
sabemos
su
importancia⎯;
debiera
formar
parte
de
la
formación
misma
del
profesional
de
la
salud.
No
queríamos
dejar
de
mencionar
ello,
ya
que
es
la
apuesta
cotidiana
para
quienes
trabajamos
en
el
área.
Es
así
como
el
sentido
democrático
del
“Derecho
a
la
Salud”,
como
un
Derecho
Humano,
desde
una
perspectiva
Intercultural
que
apele
al
diálogo
en
favor,
es
nuestro
actual
desafío
en
América
Latina
y
en
nuestro
país
para
poder
pensar
y
vivir
una
sociedad
más
justa.
Nos
demandan
acciones
concretas,
más
allá
de
las
explicitaciones
legislativas.
Más
allá
de
las
cifras,
por
una
sociedad
más
justa,
enfatizando
el
Derecho
Social
a
la
Salud.
Cabe
aclarar
que
el
Marco
Jurídico
es
necesario
para
poder
pensar
el
alcance
del
mismo
en
función
de
nuestros
problemas
en
el
temas
de
Salud
en
nuestro
continente,
pero
con
la
ley
escrita
debe
advenir
una
acción
colectiva
multisectorial
que
nos
implique
como
agentes
protagonistas
de
una
sociedad
menos
excluyente.
Reflexiones
Finales
En
realidad,
esta
historia
mínima
sin
duda
ha
sido
un
tema
bioético:
¿cuántas
veces
tenemos
dificultad
de
comunicarnos
con
los
pacientes,
aún
hablando
el
mismo
idioma?
¿Cuántas
veces
a
diario
se
nos
confronta
a
diversidad
cultural
de
nuestros
hermanos
del
interior
del
país?
Y
ni
hablar
de
nuestros
pueblos
originarios.
Lo
mismo
ocurre
con
nuestros
hermanos
migrantes
de
países
limítrofes.
No
es
la
primera
vez
que
solicitamos
traductor
de
aymara,
por
ejemplo.
Con
énfasis
afirmamos
que
la
bioética
es
una
gran
herramienta
para
estos
dilemas.
La
bioética
como
la
definió
Potter,
“puente
hacia
10
el
futuro”;
y
no
hay
futuro
global
sin
una
verdadera
comunicación.
En
consecuencia,
nos
demandan
nuevas
prácticas,
nuevos
saberes
en
torno
a
una
sociedad
más
justa
y
pluralista,
siendo
necesario
destacar
que
“la
interculturalidad
no
se
define
de
una
vez
y
para
siempre,
sino
que
es
una
espacio
de
continua
construcción
en
distintas
dimensiones
y
niveles.
Esto
lo
diferencia
de
la
idea
de
14
Interculturalidad
como
un
programa
ya
definido,
que
solo
restaría
aplicar”.
En
este
sentido,
la
salud
no
es
el
único
factor
que
tiene
como
objetivo
la
inclusión
social,
pero
resulta
decisiva
para
pensar
estrategias
integradas.
Y
es
ese
nuestro
desafío
diario
para
aquellos/as
que
estamos
y
el
elegimos
en
el
campo
de
la
salud
desde
la
bioética.
277
En
definitiva
cada
pequeño
acto,
cada
puente,
red
de
contención
que
podamos
hacer
en
el
día
a
día
redundará
en
un
“todo
que
es
mucho
más
que
la
suma
de
las
partes”
(parafraseando
a
Aristóteles);
y
en
nuestras
prácticas
profesionales,
“A
veces
sentimos
que
lo
15
que
hacemos
es
tan
solo
una
gota
en
el
mar,
pero
el
mar
sería
menos
si
le
faltara
esa
gota”,
como
decía
Madre
Teresa
de
Calcuta.
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Lila
San
Roque*,
Kobin
H.
Kendrick*,
Elisabeth
Norcliffe*,Penelope
Brown,
Rebecca
Defina,
Mark
Dingemanse,Tyko
Dirksmeyer,
NJ
Enfield,
Simeon
Floyd,
Jeremy
Hammond,Giovanni
Rossi,
Sylvia
Tufvesson,
Saskia
van
Putten
and
Asifa
Majid*Vision
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día
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12
Artículo
10.1
de
la
Ley
Nº
24.658.
BO.
17-‐07-‐96
Nº
28437.
Página
1.
Apruébese:
el
Protocolo
Adicional
a
la
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos
en
materia
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales
—Protocolo
de
San
Salvador—.
Sancionada:
Junio
19
de
1996.
Promulgada
de
Hecho:
Julio
15
de
1996.
13
Convenio
Nº
169
de
la
OIT.
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279
COMENTÁRIO
DE
JURISPRUDÊNCIA:
REFLEXÃO
EM
TORNO
DO
ACÓRDÃO
JANKO
ROTTMANN
(PROC.
C-‐135/08)
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
(GRANDE
SECÇÃO),
DE
2
DE
MARÇO
DE
2010
Cândida
Carvalho
O
problema
da
harmonização
do
direito
comunitário
da
cidadania
tem,
assim,
vindo
a
ser
colocado
pela
doutrina
comunitária,
pelo
menos,
1
desde
o
nascimento
da
cidadania
europeia.
2
Destina-‐se
o
presente
texto
a
comentar,
em
termos
breves,
o
Acórdão
Rottmann,
de
2
de
Março
de
2010 .
A
Sentença
do
Tribunal
de
Justiça
sobre
o
caso
Rottmann
centra-‐se
na
problemática
do
impacto
do
Direito
da
União
⎯e
em
particular,
da
introdução
da
cidadania
da
União⎯
nas
competências
dos
Estados-‐Membros
em
matéria
de
aquisição
e
perda
de
nacionalidade.
Já
em
1992,
antes
da
entrada
em
vigor
do
Tratado
de
Maastricht
e,
portanto,
antes
da
existência
da
cidadania
da
União,
o
3
Tribunal
considerou,
no
caso
famoso
Micheletii
que,
quanto
à
determinação
dos
modos
de
aquisição
e
perda
da
nacionalidade
é
uma
competição
estadual,
mas,
competência
essa
que
deve
respeitar
o
Direito
da
União.
Desde
então,
existe
uma
intensa
discussão
doutrinal
sobre
as
potencialidades
da
dita
declaração
e
sobre
as
limitações
que
o
Direito
da
União
impõe
a
esta
matéria
intrinsecamente
ligada
ao
núcleo
rígido
da
soberania
estatal.
Adicionalmente,
o
acórdão
comentado
tem
consequências
importantes
para
a
discussão
sobre
o
âmbito
de
aplicação
ratione
materiae
do
Direito
da
União
em
relação
com
denominadas
“situações
puramente
internas”.
A
matéria
de
facto
e
questões
relevantes
Janko
Rottmann
nasceu
em
Graz,
na
Áustria,
e
era,
inicialmente,
cidadão
da
República
da
Áustria
pelo
nascimento.
Em
1995,
transferiu
a
sua
residência
para
Munique,
Alemanha,
depois
de
ter
sido
ouvido
pelo
Landesgericht
für
Strafsachen
Graz
(Tribunal
Penal
de
Graz)
num
inquérito
que
lhe
dizia
respeito,
instaurado
por
suspeita
de
atividades
fraudulentas
graves
⎯que
ele
refuta⎯
no
exercício
da
sua
profissão.
Em
Fevereiro
de
1997,
o
Landesgericht
für
Strafsachen
Graz
emitiu
um
mandado
de
captura
nacional
contra
o
recorrente
no
processo
principal.
Rottmann
pediu
a
nacionalidade
alemã
em
Fevereiro
de
1998.
No
processo
de
naturalização,
não
declarou
que
corria
contra
ele
4
um
procedimento
penal
na
Áustria.
O
documento
de
naturalização,
datado
de
25
de
Janeiro
de
1999,
foi-‐lhe
entregue
em
5
de
Fevereiro
de
1999.
1
Gonçalo
M.
Cidadania
Europeia
e
Cidadania
Nacional.
Jurisprudência
Constitucional
nº7.
Lisboa:
AATRIC;
2005:73.
Ver
em
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&jur=C,T,F&num=C-‐135/08&td=ALL#
3
Ibidem.
4
Na
legislação
alemã,
nos
termos
no
artigo
16º,
nº1,
da
Lei
Fundamental
da
Alemanha
(Grundgesetz)
prevê:
“A
nacionalidade
alemã
não
pode
ser
revogada.
A
perda
da
nacionalidade
só
pode
ocorrer
por
força
de
lei
e,
quando
ocorre
contra
a
vontade
do
interessado,
apenas
se
este
não
se
tornar
apátrida
por
esse
facto”.
O
artigo
8º
da
Lei
relativa
à
nacionalidade
(Reichs
und
Staatsangehörigkeitsgesetz),
na
versão
que
foi
aplicável
até
31
de
Dezembro
de
1999,
dispunha:
“Um
estrangeiro
que
tenha
fixado
residência
no
território
alemão
pode,
a
seu
pedido,
ser
naturalizado
pelo
Land
em
cujo
território
reside,
desde
que,
não
preencha
as
condições
de
expulsão
previstas
nos
artigos
46º,
nº1
a
4,
e
47º,
nº1
e
2,
da
Lei
relativa
aos
estrangeiros
(Ausländergesetz),
tenha
encontrado,
no
lugar
onde
fixou
residência,
uma
habitação
independente
ou
um
emprego
[…]”.
2
280
A
naturalização
de
Janko,
na
Alemanha,
teve
como
consequência,
nos
termos
do
direito
austríaco,
a
perda
da
sua
nacionalidade
5
austríaca.
Em
Agosto
de
1999,
o
município
de
Munique
foi
informado
pelas
autoridades
municipais
de
Graz
de
que
o
recorrente
no
processo
principal
era
alvo
de
um
mandado
de
captura
emitido
nesta
cidade.
Além
disso,
em
Setembro
de
1999,
o
Ministério
Público
austríaco
informou
o
município
de
Munique
de
que,
designadamente,
o
recorrente
no
processo
principal
já
tinha
sido
alvo
de
procedimento
penal,
em
Julho
de
1995,
pelo
Landesgericht
für
Strafsachen
Graz.
Atentas
a
estas
circunstâncias,
o
Freistaat
Bayern,
após
ter
ouvido
Rottmann
no
processo
principal,
decidiu
revogar
retroativamente
a
naturalização,
por
decisão
de
4
de
Julho
de
2000,
com
o
fundamento
de
que
este
dissimulara
o
facto
de
que
6
era
alvo
de
procedimento
penal
na
Áustria
e
que,
por
conseguinte,
tinha
obtido
a
nacionalidade
alemã
fraudulentamente .
A
revogação
da
naturalização
obtida
na
Alemanha
ainda
não
é
definitiva,
em
virtude
do
recurso
de
anulação
interposto
dessa
decisão
pelo
recorrente
no
processo
principal.
Decidindo
sobre
o
recurso
em
segunda
instância,
o
Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof
(Tribunal
Administrativo
do
Land
da
Baviera)
decidiu,
por
acórdão
de
25
de
Outubro
de
2005,
que
a
revogação
da
naturalização
do
recorrente
no
processo
principal,
baseada
no
artigo
48º,
nº1,
primeiro
parágrafo,
do
Código
de
Procedimento
Administrativo
do
Land
da
Baviera,
é
compatível
com
o
direito
alemão,
mesmo
que
essa
revogação
viesse
a
ter
como
consequência,
quando
se
tornasse
definitiva,
a
apatridia
do
interessado.
Desse
acórdão
de
25
de
Outubro
de
2005,
Janko
Rottmann
interpôs
recurso
de
«Revision»,
atualmente
pendente
no
Bundesverwaltungsgericht
(Tribunal
Federal
Administrativo
Supremo).
O
órgão
jurisdicional
de
reenvio
observa
que
a
naturalização
obtida
de
modo
fraudulento
pelo
recorrente
no
processo
principal
era
ilegal
desde
o
início
e,
por
consequência,
podia
ser
revogada
pelas
autoridades
alemãs,
no
exercício
do
seu
poder
de
5
Na
legislação
austríaca,
nos
termos
do
artigo
27º,
nº1,
da
Lei
relativa
à
nacionalidade
(Staatsbürgerschaftsgesetz,
BGBI.
311/1985,
a
seguir
“StbG”):
“Quem
adquira
uma
nacionalidade
estrangeira
a
seu
pedido,
mediante
declaração
ou
o
seu
consentimento
expresso,
perde
a
nacionalidade
austríaca,
se
não
lhe
tiver
sido
expressamente
concedido
o
direito
de
[a]
conservar”.
A
autorização
para
conservar
a
nacionalidade
austríaca
pressupõe,
nos
termos
do
artigo
28º,
nº1,
primeiro
parágrafo,
da
StbG,
que
a
conservação
da
mesma
seja
no
interesse
da
República
da
Áustria,
em
atenção
a
serviços
que
a
pessoa
em
questão
já
tenha
prestado
ou
que
este
Estado-‐Membro
possa
esperar
dela,
ou
em
virtude
de
circunstâncias
especiais
que
devam
ser
tomadas
em
conta.
Resulta
das
observações
do
Governo
austríaco
que,
à
luz
do
direito
austríaco,
a
perda
da
nacionalidade
estrangeira
adquirida
por
naturalização,
quer
ocorra
com
efeitos
ex
nunc
ou
ex
tunc
na
ordem
jurídica
do
Estado
de
naturalização,
ano
tem
automaticamente
como
consequência
que
o
interessado
que
tenha
perdido
a
nacionalidade
austríaca
em
virtude
da
aquisição
dessa
nacionalidade
estrangeira
recupere
a
nacionalidade
austríaca
com
efeitos
retroativos.
Segundo
este
mesmo
governo,
nesse
caso,
a
nacionalidade
austríaca
só
pode
ser
readquirida
através
de
decisão
administrativa
e
na
medida
em
que
estejam
reunidas
as
condições
previstas
para
o
efeito
nos
artigos
10º
e
seguintes
da
StbG.
6
Segundo
as
disposições
do
direito
alemão
relativas
à
nacionalidade,
aplicáveis
no
contexto
do
processo
principal,
a
naturalização
de
um
estrangeiro
dependia,
em
princípio,
da
renúncia
ou
da
perda
da
nacionalidade
que
tinha
até
então.
O
artigo
48º,
nº1
e
2,
do
Código
de
Procedimento
Administrativo
do
Freistaat
Bayern
(Bayerisches
Verwaltungsverfahrensgesetz)
tem
a
seguinte
redação:
“1.
Um
ato
administrativo
ilegal
pode
ser
total
ou
parcialmente
revogado,
para
o
futuro
ou
retroativamente,
mesmo
que
se
tenha
tornado
definitivo
[…].
2.
Um
ato
administrativo
ilegal
que
conceda
uma
prestação
pecuniária
única
ou
regular
ou
uma
prestação
em
espécie
divisível,
ou
que
constitua
a
condição
dessas
concessões,
não
pode
ser
revogado
enquanto
o
beneficiário
confiar
na
existência
do
referido
ato
administrativo
e
a
sua
confiança
for
julgada
digna
de
tutela
após
ponderação
do
interesse
público
da
revogação
[…].
O
beneficiário
não
pode
invocar
a
legítima
expetativa
[…]
se
tiver
obtido
o
ato
administrativo
por
defraudação,
ameaças
ou
corrupção,
se
tiver
obtido
o
ato
administrativo,
fornecendo
informações
essencialmente
falsas
ou
incompletas,
se
tinha
conhecimento
da
ilegalidade
do
ato
administrativo
ou
se
a
ignorava
em
virtude
de
negligência
grave.
Nestes
casos
[…],
o
ato
administrativo
é
revogado,
em
princípio,
com
efeitos
retroativos”.
281
apreciação.
O
mesmo
tribunal
precisa
que,
nos
termos
das
disposições
pertinentes
do
direito
austríaco,
Rottmann
não
preenche
atualmente
as
condições
para
ser
imediatamente
reintegrado
na
nacionalidade
austríaca.
No
seu
acórdão,
o
Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof
tinha
observado
que,
no
caso
de,
em
virtude
da
revogação
duma
naturalização
obtida
fraudulentamente,
uma
pessoa
se
torna
apátrida,
com
a
consequência
de
perder
a
cidadania
da
União,
basta,
para
respeitar
a
reserva
formulada
pelo
Tribunal
de
Justiça
no
acórdão
de
7
de
Julho
de
1992,
Micheletti
⎯nos
termos
da
qual
os
Estados-‐Membros
devem
exercer
a
sua
competência
em
matéria
de
nacionalidade
no
respeito
do
direito
da
União⎯
que,
a
importância
dos
direitos
conferidos
por
força
dessa
cidadania
da
União
seja
tida
em
conta
pela
autoridade
competente
da
Alemanha,
no
exercício
do
seu
poder
de
apreciação.
Segundo
o
referido
órgão
jurisdicional,
pressupor
que,
no
direito
da
União,
há
a
obrigação
de
não
proceder
à
revogação
duma
naturalização
obtida
de
modo
fraudulento
teria
por
consequência
afetar,
na
sua
essência,
o
poder
soberano
dos
Estados-‐Membros,
reconhecido
pelo
artigo
17º,
nº1,
CE,
de
definirem
as
condições
de
aplicação
do
seu
direito
da
nacionalidade.
Pelo
contrário,
o
órgão
jurisdicional
de
reenvio
considera
que
a
importância
e
o
alcance
da
reserva
formulada
no
acórdão
Micheletti,
ainda
não
foram
clarificados
pela
jurisprudência
do
Tribunal
de
Justiça.
Segundo
esse
órgão
jurisdicional,
o
Tribunal
de
Justiça
ter-‐se-‐á
limitado
a
deduzir
dessa
reserva
o
princípio
de
que
um
Estado-‐Membro
não
pode
restringir
os
efeitos
da
atribuição
da
nacionalidade
por
outro
Estado-‐Membro,
impondo
uma
condição
adicional
para
o
reconhecimento
dessa
nacionalidade
tendo
em
vista
o
exercício
de
uma
liberdade
fundamental
prevista
pelo
Tratado
CE.
Não
é
suficientemente
claro
se
o
estatuto
de
apatridia
e
a
perda
da
cidadania
da
União
anteriormente
adquirida
de
modo
regular,
em
virtude
da
revogação
da
naturalização,
é
compatível
com
o
direito
da
União,
em
particular
com
o
artigo
17º,
nº1,
CE.
O
órgão
jurisdicional
de
reenvio
considera
que
é
pelo
menos
possível
que
a
República
da
Áustria,
como
Estado-‐Membro
da
nacionalidade
originária
do
recorrente
no
processo
principal,
seja
obrigada,
por
força
do
princípio
da
lealdade
da
União
e
tomando
em
consideração
os
valores,
inscritos
na
Convenção
para
a
Redução
dos
Casos
de
Apatridia
e
no
artigo
7,
nº1,
alínea
b),
da
Convenção
Europeia
sobre
a
Nacionalidade,
a
interpretar
e
aplicar
o
seu
direito
nacional
ou
a
adaptá-‐lo
de
modo
a
evitar
que
a
pessoa
em
causa
se
torne
apátrida,
quando,
como
no
processo
principal,
essa
pessoa
não
tiver
sido
autorizada
a
conservar
a
sua
nacionalidade
de
origem,
na
sequência
da
aquisição
duma
nacionalidade
estrangeira.
Nestas
condições,
o
Bundesverwaltungsgericht
decidiu
suspender
a
instância
e
submeter
ao
Tribunal
de
Justiça
as
seguintes
questões
prejudicais:
1)
O
direito
comunitário
opõe-‐se
à
consequência
jurídica
da
perda
da
cidadania
da
União
(e
dos
correspondentes
direitos
e
liberdades
fundamentais),
pelo
facto
de
a
revogação
de
uma
naturalização
obtida
dolosa,
astuciosa
e
fraudulentamente
na
federação
de
um
Estado-‐Membro
(Alemanha),
em
si
mesma
válida
face
ao
direito
nacional
(alemão),
conjugada
com
o
direito
da
nacionalidade
de
outro
Estado-‐Membro
(Áustria),
gerar
uma
situação
de
apatridia,
em
razão
da
não
renovação
da
nacionalidade
austríaca
de
origem,
como
acontece
com
o
recorrente?
2)
Em
caso
de
resposta
afirmativa
à
primeira
questão:
O
Estado-‐Membro
[…]
que
naturalizou
o
cidadão
da
União
e
que
pretende
revogar
a
naturalização
fraudulenta
deve,
à
luz
do
direito
comunitário,
abster-‐se
definitiva
ou
temporariamente
da
revogação
da
naturalização,
enquanto
ou
na
medida
em
que
a
mesma
tiver
a
consequência
jurídica
de
perda
da
cidadania
da
União
(e
dos
correspondentes
direitos
e
liberdades
fundamentais),
descrita
na
primeira
questão,
ou
o
outro
Estado-‐Membro
(Áustria),
o
anterior
Estado
da
nacionalidade,
é
obrigado
pelo
direito
comunitário
a
interpretar,
aplicar
ou
mesmo
adaptar
o
seu
direito
nacional
de
modo
a
que
essa
consequência
jurídica
não
se
concretize?
Serão
então
estes
os
dois
vetores
que
orientarão
o
raciocínio
do
Tribunal
de
Justiça.
A
resposta
a
estas
duas
questões
representa
uma
sólida
orientação
da
jurisprudência
comunitária
e
também
uma
certa
forma
de
perspetivar
o
ordenamento
jurídico
da
Comunidade.
282
Discussão,
argumentação
e
raciocínio
jurídico:
as
duas
questões
em
análise
O
Tribunal
Federal
Administrativo
alemão
expõe
duas
questões
prejudiciais,
por
meio
das
quais
pretende
receber
uma
aclaração
sobre
a
compatibilidade
do
Direito
da
União
com
a
revogação
da
nacionalidade,
adquirida
por
fraude
dolosa,
inclusivamente
quando
desta
resulta
o
estado
de
apatridia,
e
portanto,
a
perda
da
cidadania
da
União.
Questiona-‐se
o
órgão
jurisdicional
remetente
tanto
das
obrigações
que
podem
derivar
do
direito
da
União
para
o
seu
próprio
Estado,
como
para
o
Estado-‐Membro
do
qual
o
afetado
era
nacional
de
origem.
Com
carácter
preliminar,
expõe-‐se
interessantes
objeções
que
merecem
uma
consideração
independente,
já
que
nas
respostas
a
elas
dadas
pelo
Tribunal
reside
em
parte
os
elementos
mais
inovadores
da
presente
Sentença.
Nacionalidade
e
âmbito
de
aplicação
do
direito
da
União:
os
limites
impostos
aos
Estados-‐
Membros
no
exercício
das
suas
competências
e
as
situações
puramente
internas
Tanto
os
Estados-‐Membros
intervenientes
como
a
Comissão
Europeia
salientaram
nas
suas
observações
que
as
normas
relativas
a
aquisição
e
perda
de
nacionalidade
estão
emanadas
na
esfera
da
competência
estatal,
assim
se
considera
que
o
litígio
se
encontra
fora
do
âmbito
do
direito
da
União.
Que
a
determinação
dos
modos
de
aquisição
e
perda
da
nacionalidade
é
da
7
competência
dos
Estados-‐Membros
não
é
colocado
em
questão
pelo
Tribunal
de
Justiça,
que
firmou
muita
jurisprudência
nessa
8
matéria
e
que
tem
conhecimentos
das
dúvidas
nacionais
que
acompanharam
o
nascimento
da
cidadania
da
União,
consagradas
9
nos
títulos
anexados
aos
Tratados.
Todavia,
o
facto
de
uma
matéria
ser
da
competência
dos
Estados-‐Membros
não
exclui
que,
10
em
situações
abrangidas
pelo
direito
da
União,
as
normas
nacionais
em
causa
devam
respeitar
este
direito.
A
questão
principal
é
determinar
se
a
questão
de
Rottmann
está
compreendida
no
âmbito
do
direito
da
União.
A
este
respeito,
alguns
Estados-‐
Membros
e
a
própria
Comissão
apresentaram
o
argumento
que,
tendo
em
conta
que
Janko
Rottmann
era
nacional
alemão
no
momento
da
decisão
da
revogação,
e
residia
na
Alemanha,
trata-‐se
de
uma
situação
puramente
interna,
que
não
tem
conexão
alguma
com
o
direito
da
União,
não
devendo
este
aplicar-‐se
pelo
simples
facto
de
um
Estado-‐Membro
adotar
uma
medida
relativamente
a
um
dos
seus
cidadãos.
O
sentido
da
fundamentação
deste
Acórdão
afasta-‐se
da
via
tradicional
jurisprudencial,
consistindo
em
encontrar
um
elemento
11
transfronteiriço
que
estabeleça
uma
conexão
com
o
Direito
da
União,
que
é
defendido
pelo
Advogado
Geral
M.
Poiares
12
Maduro.
O
Tribunal
não
recorre
é
a
sua
fórmula
tradicional
que
considera
que
a
cidadania
da
União
não
ambiciona
estender
o
âmbito
de
aplicação
material
do
Tratado
a
situações
puramente
internas,
fórmula
que
normalmente
acompanha
as
considerações
do
Tribunal
destinada
a
exaltar
a
importância
da
cidadania
União
como
estatuto
fundamental
dos
nacionais
dos
7
Número
39
do
acórdão
C-‐135/08.
Acórdão
Micheletti
e
outros,
nº10;
e
acórdãos
de
11
de
Novembro
de
1999,
Mesbah,
C-‐179/98,
Colect.,
p.
I-‐7955,
nº29,
e
de
19
de
Outubro
de
2004,
Zhu
e
Chen,
C-‐200/02,
Colect.,
p.
I-‐9925,
nº37.
9
Declaração
nº2
relativa
à
nacionalidade
de
um
Estado-‐Membro,
anexada
pelos
Estados-‐Membros
à
Ata
Final
do
Tratado
EU,
bem
como
a
decisão
dos
Chefes
de
Estado
e
de
Governo
reunidos
no
Conselho
Europeu
de
Edimburgo
de
11
e
12
de
Dezembro
de
1992.
10
O
Tribunal
recorda
aqui
a
sua
própria
jurisprudência
em
matéria
penal:
acórdãos
de
24
de
Novembro
de
1998,
Bickel
e
Franz,
C-‐274/96,
Colect.,
p.
I-‐7637,
Nº17;
em
relação
a
normas
nacionais
que
regem
o
nome
das
pessoas:
acórdão
de
2
de
Outubro
de
2003,
Garcia
Avello,
C-‐
148/02,
Colect.,
p.
I-‐11613,
Nº25;
em
relação
a
normas
nacionais
relativas
à
fiscalidade
direta:
acórdão
de
12
de
Julho
de
2005,
Schempp,
C-‐
403/03,
Colect.,
p.
I-‐6421,
nº19;
e
em
matéria
respeitante
a
normas
nacionais
que
determinam
os
titulares
do
direito
de
voto
e
de
elegibilidade
nas
relações
para
o
Parlamento
Europeu:
acórdão
de
12
de
Setembro
de
2006,
Espanha/Reino
Unido,
C-‐145/04,
Colect.,
p.
I-‐
7917,
nº78.
11
A
avaliação
da
dita
conexão
foi
levada
a
cabo
com
grande
facilidade.
Veja-‐se
os
Acórdãos
de
Schempp,
no
número
22;
o
Acórdão
Zhu
e
Chen,
no
número
19
e
o
Acórdão
de
Garcia
Avello,
número
22.
12
O
Advogado
Geral
Poiares
Maduro
entende
que
se
trata
de
uma
situação
transfronteiriça
e
que
“Se
adquiriu
o
estatuto
de
cidadão
alemão
em
conformidade
com
as
condições
impostas
pelo
direito
nacional
e
perdeu
o
estatuto
de
cidadão
austríaco,
foi
na
sequência
do
exercício
de
uma
liberdade
fundamental
que
o
direito
comunitário
lhe
confere.”,
número
11,
das
Conclusões
de
M.
Poiares
Maduro
–
Processo
C-‐135/08.
8
283
13
Estados-‐Membros.
Assim,
sem
se
pronunciar
sobre
o
caracter
puramente
interno
da
situação,
o
Tribunal
declara
que
é
evidente
que
a
situação
de
um
cidadão
da
União,
como
a
do
recorrente
no
processo
principal,
confrontado
com
uma
decisão
de
revogação
da
naturalização
adotada
pelas
autoridades
de
um
Estado-‐Membro,
num
situação
suscetível
de
implicar
a
perda
do
estatuto
conferido
pelo
artigo
17º
CE
e
dos
direitos
correspondentes,
é
abrangido,
pela
sua
própria
natureza
e
pelas
suas
14
consequências,
pelo
direito
da
União.
Perda
de
nacionalidade
e
a
cidadania
da
União
versus
Direito
da
União
Europeia:
apatridia
e
proporcionalidade
Confirmada
a
sua
jurisdição,
o
Tribunal
de
Justiça
aborda
a
compatibilidade
do
Direito
da
União
com
a
revogação
da
nacionalidade
por
um
Estado-‐Membro
na
medida
em
que
a
mesma
resulte
em
privação
da
cidadania
da
União.
Em
primeiro
lugar,
o
Tribunal
mostra
que
Rottmann
teve
incontestavelmente
as
nacionalidades
austríaca
e,
posteriormente,
alemã
e,
por
conseguinte,
gozou
do
referido
estatuto
e
dos
direitos
correspondentes,
contrariamente
ao
que
aconteceu
no
caso
Kaur,
que,
por
não
se
integrar
no
conceito
de
nacional
do
Reino
Unido
da
Grã-‐Bretanha
e
da
Irlanda
do
Norte,
não
podia
ser
privado
dos
15
direitos
que
decorrem
do
estatuto
de
cidadão
da
União.
Posteriormente,
o
Tribunal
de
Justiça
procede
diretamente
a
analisar
a
legitimidade
das
medidas
revogatórias
da
nacionalidade
baseadas
em
fraude
e
considera
que
estas
têm
de
ser
proporcionais.
Esta
aproximação
metodológica
é
significativa.
De
facto,
ao
contrário
da
legislação
anterior
que
abordava
matérias
desde
as
limitações
do
direito
comunitário
à
regulação
estatal
de
questões
com
a
da
nacionalidade
ou
dos
apelidos,
não
tem
sido
assunto
desde
a
compatibilização
das
normas
nacionais
com
os
direitos
da
livre
circulação
e
com
o
princípio
da
não
discriminação
em
razão
da
nacionalidade.
A
abordagem
utilizada
pelo
Tribunal
está
mais
próxima
do
método
utilizado
no
domínio
dos
direitos
fundamentais,
como
a
compatibilidade
da
medida
de
revogação
é
analisada
com
o
direito
de
cidadania
em
si,
analisando
a
legitimidade
e
a
proporcionalidade
das
medidas
nacionais
em
questão.
A
problemática
da
natureza
do
direito
à
nacionalidade
como
um
direito
fundamental
⎯apesar
do
seu
reconhecimento
na
Declaração
Universal
dos
Direitos
Humanos,
e
cujo
qual
o
Tribunal
de
Justiça
refere-‐se⎯
e
o
fato
de
que
ele
não
estar
inserido
como
tal
nem
na
Convenção
Europeia
dos
Direitos
Humanos
nem
na
Carta
dos
Direitos
Fundamentais
da
União,
impede
o
Tribunal
realizar
a
sua
análise
através
de
fórmulas
tradicionais
destinadas
a
identificar
a
existência
e
o
conteúdo
de
um
direito
fundamental.
No
entanto,
o
raciocínio
seguinte
é
semelhante.
Em
primeiro
lugar,
o
Tribunal
estabelece
a
legitimidade
das
medidas
revogatórias
da
nacionalidade
baseadas
em
fraude,
estimando
que
tais
16
medidas
poderiam
ajustar-‐se
ao
Direito
da
União.
Com
efeito,
uma
decisão
de
revogação
da
naturalização
em
virtude
de
atos
fraudulentos
corresponde
ao
interesse
geral
de
proteger
a
especial
relação
de
solidariedade
e
de
lealdade
entre
o
Estado-‐Membro
e
os
seus
nacionais,
bem
como
a
17
reciprocidade
de
direitos
e
deveres,
que
são
o
fundamento
da
relação
de
nacionalidade.
A
este
respeito,
a
referência
ao
direito
18
internacional
serve
como
elemento
de
justificação
da
presunção
de
legitimidade,
cuja
validade
reafirma
o
Tribunal,
mesmo
no
13
A
título
de
exemplo
o
Acórdão
de
5
de
junho
de
1997,
Uecker
e
Jacquet,
assuntos
acumulados
C-‐64/96
e
C-‐65/96,
p.
I-‐3171,
número
23;
e
Garcia
Avello,
número
26;
Schempp,
número
20.
14
Número
42
do
Acórdão.
15
Número
49
do
Acórdão.
16
Número
50
do
Acórdão.
17
Número
51
do
Acórdão.
18
Números
52
e
53
do
Acórdão.
O
Tribunal
menciona
a
Convenção
para
a
Redução
dos
Casos
de
Apatridia.
Com
efeito,
o
seu
artigo
8º,
nº2,
dispõe
que
um
indivíduo
pode
ser
privado
da
nacionalidade
de
um
Estado
contratante,
se
tiver
obtido
através
de
falsas
declarações
ou
de
qualquer
outro
ato
fraudulento.
Do
mesmo
modo,
o
artigo
7º,
nº1
e
3,
da
Convenção
Europeia
sobre
a
Nacionalidade
não
proíbe
um
Estado
284
19
caso
que
leva
à
perda
da
cidadania
da
União.
No
entanto,
nesse
caso,
compete
ao
órgão
jurisdicional
de
reenvio
averiguar
decisão
de
revogação
em
causa
no
processo
principal
respeita
o
princípio
da
proporcionalidade,
no
que
respeita
às
consequências
que
implica
para
a
situação
da
pessoa
interessada,
à
luz
do
direito
da
União,
para
além
de,
se
necessário,
20
examinar
a
proporcionalidade
dessa
decisão
à
luz
do
direito
nacional.
Em
seguida,
o
Tribunal
dispõe,
a
título
de
exemplo
e
com
alguma
parcimónia,
certos
elementos
que
podem
ser
considerados
21
pelos
órgãos
jurisdicionais
nacionais
para
a
revisão
da
proporcionalidade.
Dada
a
importância
que
o
direito
primário
concede
ao
estatuto
de
cidadão
da
União,
o
Tribunal
considera
necessário
ter
em
consideração,
no
exame
duma
decisão
de
revogação
da
naturalização,
as
consequências
que
essa
decisão
de
revogação
implica
para
o
interessado
e
para
os
membros
da
família,
no
que
respeita
à
perda
dos
direitos
de
que
goza
qualquer
cidadão
da
União.
A
este
propósito,
importa
essencialmente
verificar,
nomeadamente,
se
essa
perda
se
justifica
em
relação
à
gravidade
da
infração
cometida
por
este,
ao
tempo
decorrido
entre
a
22
decisão
de
naturalização
e
a
decisão
de
revogação
e
à
possibilidade
de
o
interessado
readquirir
a
sua
nacionalidade
originária,
acrescentando
ainda,
que
incumbe
ao
órgão
jurisdicional
nacional
apreciar
se,
atentas
todas
as
circunstâncias
pertinentes,
o
respeito
do
princípio
da
proporcionalidade
exige
que,
antes
que
essa
decisão
de
revogação
da
naturalização
produza
efeitos,
seja
concedido
ao
interessado
um
prazo
razoável
para
que
possa
tentar
readquirir
a
nacionalidade
do
seu
Estado-‐Membro
de
23
origem.
Implicações
para
o
Estado
da
nacionalidade
da
origem:
rumo
a
um
mecanismo
europeu
de
coordenação
em
matéria
de
perda
da
nacionalidade?
O
Bundesverwaltungsgericht
considera
que
é
possível
que
a
República
da
Áustria,
como
Estado-‐Membro
da
nacionalidade
originária
do
recorrente
no
processo
principal,
seja
obrigada,
por
força
do
princípio
da
lealdade
da
União
e
tomando
em
consideração
os
valores
inscritos
na
Convenção
para
a
Redução
dos
Casos
de
Apatridia
e
no
artigo
7º,
nº1,
alínea
b),
da
Convenção
Europeia
sobre
a
Nacionalidade,
a
interpretar
e
aplicar
o
seu
direito
nacional
ou
a
adaptá-‐la
de
modo
a
evitar
que
a
pessoa
em
causa
se
torne
apátrida,
quando,
como
no
processo
principal,
essa
pessoa
não
tiver
sido
autorizada
a
conservar
a
sua
24
nacionalidade
de
origem,
na
sequência
da
aquisição
duma
nacionalidade
estrangeira.
O
Tribunal
de
Justiça
alerta
que
a
revogação
da
naturalização
adquirida
na
Alemanha
pelo
recorrente
no
processo
principal
não
se
tornou
definitiva
e
que
não
foi
tomada
nenhuma
decisão
relativamente
ao
seu
estatuto
pelo
Estado-‐Membro
cuja
nacionalidade
possuía
originariamente,
no
caso,
a
República
da
Áustria.
O
Tribunal
parece
aqui
outorgar
um
voto
de
confiança
às
autoridades
austríacas
em
relação
à
possível
reaquisição
da
nacionalidade,
e
recorda
que
os
princípios
que
decorrem
do
presente
acórdão
no
que
respeita
à
competência
dos
Estados-‐
parte
de
privar
um
indivíduo
da
sua
nacionalidade,
mesmo
que
este
se
torne
desse
modo
apátrida,
quando
essa
nacionalidade
tenha
sido
adquirida
na
sequência
de
atos
fraudulentos,
através
de
informações
falsas
ou
encobrimento
de
quaisquer
factos
relevantes
atribuíveis
ao
requerente.
A
referida
conclusão
é,
além
disso,
compatível
com
o
princípio
de
direito
internacional
geral,
segundo
o
qual
ninguém
pode
ser
privado
arbitrariamente
da
sua
nacionalidade,
e
este
princípio
é
reproduzido
no
artigo
15º,
nº2,
da
Declaração
Universal
dos
Direitos
do
Homem,
e
no
artigo
4º,
alínea
c),
da
Convenção
Europeia
sobre
a
Nacionalidade.
Com
efeito,
quando
um
Estado
priva
uma
pessoa
da
sua
nacionalidade,
em
virtude
do
seu
comportamento
fraudulento,
legalmente
provado,
essa
privação
não
pode
ser
considerada
um
ato
arbitrário.
19
Número
54
do
Acórdão.
20
Número
55
do
Acórdão.
21
Número
56
do
Acórdão.
22
Número
56
do
Acórdão.
23
Número
58
do
Acórdão.
24
Número
34
do
Acórdão.
285
Membros
em
matéria
de
nacionalidade
e
a
obrigação
destes
de
exercerem
essa
competência
no
respeito
do
direito
da
União
se
aplicam
tanto
ao
Estado-‐Membro
de
naturalização
como
ao
Estado-‐Membro
da
nacionalidade
de
origem.
Contudo,
o
Tribunal
de
Justiça
não
se
pode
pronunciar
sobre
a
questão
de
saber
se
o
direito
da
União
se
opõe
a
uma
decisão
que
ainda
não
foi
adotada.
Como
alegou
o
Governo
austríaco
na
audiência,
incumbirá
eventualmente
às
autoridades
austríacas
adotar
uma
decisão
quanto
à
questão
de
saber
se
o
recorrente
no
processo
principal
readquire
a
sua
nacionalidade
de
origem
e,
se
necessário,
aos
órgãos
jurisdicionais
austríacos
apreciar
a
respetiva
regularidade,
quando
vier
a
ser
tomada,
à
luz
dos
princípios
que
decorrem
do
presente
acórdão.
O
conceito
de
nacionalidade
e
de
cidadania
O
conceito
de
cidadania
deriva
do
conceito
de
nação.
Este
vem
do
latim
nascere.
De
acordo
com
esta
etimologia,
a
nacionalidade
é
algo
atribuído
à
nascença.
Para
os
romanos,
natio
era
um
termo
que
se
referia
a
tribos
que
não
estavam
organizados
politicamente.
Inicialmente,
o
conceito
referia-‐se
à
pertença
a
uma
determinada
linhagem,
bem
como
a
uma
25
entidade
geográfica
em
que
essa
linhagem
estava
estabelecida.
Com
a
evolução
do
conceito,
a
nação
passa
a
ter
um
significado
transcendente
que
representa
a
ligação
a
uma
comunidade
política.
O
conceito
de
cidadania
encontra-‐se
ligado
à
exclusão
de
certos
indivíduos.
Na
República
de
Roma,
bem
como
no
Império
26
Romano,
a
cidadania
era
atribuída
apenas
a
alguns
indivíduos.
Após
a
Revolução
Francesa,
que
veio
declarar
a
igualdade
de
27
todos
os
indivíduos,
o
conceito
de
cidadania
é
construído
em
torno
da
noção
de
autodeterminação
de
Rosseau.
Marshall
distingue
três
grupos
de
direitos
na
cidadania
moderna.
No
primeiro
grupo,
temos
os
direitos
cívicos
que
resultam
da
igualdade
das
pessoas
perante
a
lei.
O
segundo
abrange
os
direitos
políticos
que
permitem
a
participação
do
indivíduo
no
exercício
da
soberania
estatal.
O
terceiro
grupo
inclui
os
direitos
sociais
que
representam
a
última
fase
de
desenvolvimento
do
28
conceito
de
cidadania.
Na
Revolução
Francesa
verifica-‐se
a
convergência
dos
conceitos
de
cidadania
e
nacionalidade.
Tendo-‐se
tornado
o
centro
da
soberania
estatal,
a
nação
forneceu
o
enquadramento
da
ação
coletiva.
Como
refere
Habermas,
existe
uma
simbiose
entre
29
republicanismo
e
nacionalismo,
ambos
combinando-‐se
para
levar
os
indivíduos
a
morrer
pelo
seu
país,
se
necessário.
A
formação
dos
Estados-‐nação
levou
a
que
a
nacionalidade
se
tornasse
o
conceito
predominante.
Do
ponto
de
vista
jurídico,
quer
a
nacionalidade,
quer
a
cidadania
se
referem
à
relação
entre
o
indivíduo
e
o
Estado.
Para
Closa
“[...]
pode
afirmar-‐se
que
[...]
cidadania
tem
um
significado
jurídico-‐constitucional
ad
intra
da
comunidade
política,
enquanto
a
nacionalidade
tem
um
30
significado
jurídico-‐internacional
ad
extra
da
referida
comunidade”.
Trata-‐se
de
dois
conceitos
interdependentes.
25
MORAIS,
Daniel
de
Bettencourt
Rodrigues
-‐
O
Acórdão
Micheletti
e
as
suas
repercussões
em
matéria
de
Direito
da
Nacionalidade
dos
Estados-‐Membros
–
Revista
da
Faculdade
de
Direito
da
Universidade
de
Lisboa
XLIV
–
nº1
e
2,
2003.
Coimbra:
Coimbra
Editora,
pp.279.
26
Até
ao
ano
212
d.C.
no
qual
Caracala
concedeu
a
cidadania
a
todos
os
cidadãos
do
Império
através
da
Constitutio
Antonina.
27
CLOSA,
Carlos
–
Citizenship
of
the
Union
and
the
Nationality
of
Member
States,
Common
Market
Law
Review,
Dordrecht,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
Vol.
32,
1995,
pp.490.
28
Ibidem.
No
entanto,
Closa
afirma
que
a
atual
crise
pode
por
em
causa
a
cidadania
social.
29
CLOSA,
Carlos
–
Citizenship
of
the
Union
and
the
Nationality
of
Member
States,
Common
Market
Law
Review,
Dordrecht,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
Vol.
32,
1995,
pp.491.
30
Ibidem,
Op.
Cit.,
pp.492.
286
A
nacionalidade
faz
parte
dos
temas
de
Direito
Internacional
necessário
na
medida
em
que
responde
a
uma
necessidade
31,32
elementar
de
coexistência.
Este
Direito
Internacional
inclui
os
princípios
internacionais
e
o
costume
internacional
integrados
pelo
Direito
convencional.
33
Para
Rezek,
não
é
exato
o
entendimento
de
que
o
Direito
Interno
da
Nacionalidade
resulta
de
uma
delegação
do
Direito
Internacional.
Cabe
a
cada
Estado
a
determinação
dos
seus
nacionais.
Este
princípio
nunca
foi
contestado,
ainda
que
tenha
sido
34
objeto
de
uma
crítica
por
parte
de
Hans
Kelsen.
Para
este
autor
nada
impediria
que
um
Estado
não
determinasse
quem
são
os
seus
nacionais.
Um
conjunto
de
tratados
multilaterais
foram,
ate
agora,
veiculo
de
um
conjunto
de
princípios
em
matéria
de
nacionalidade
que,
ainda
que
obrigando
os
Estados,
“[...]
servem
para
prevenir
toda
a
contestação
da
conduta
desse
Estado
no
plano
internacional
e
para
fazer
valer
os
direitos
elementares
que
os
Estados
declaram
sem
excepção
que
o
indivíduo
deve
possuir
neste
domínio
35
[...]”.
Incluídos
nesses
princípios
estão
as
regras
de
que
deve
ser
atribuída,
iure
soli,
a
nacionalidade
a
uma
pessoa
que,
de
outro
modo,
não
teria
qualquer
nacionalidade;
a
possibilidade
de
renúncia
a
uma
nacionalidade
pelo
indivíduo
que
adquiriu
outra
nacionalidade;
a
abstenção
de
medidas
punitivas
em
relação
aos
apátridas,
as
presunções
relativas
às
crianças
filhas
de
pais
desconhecidos
e
a
extensão
do
território
para
evitar
a
apatridia
de
pessoas
nascidas
em
territórios
fora
de
qualquer
soberania
estadual.
Rezek
conclui
que
pode
ser
bastante
difícil
a
distinção,
no
Direito
Internacional,
entre
normas
obrigatórias
por
serem
princípios
gerais
ou
costume
e
as
outras
normas
referidas
que,
ainda
que
não
sendo
obrigatórias,
podem
originar
a
ineficácia
da
ação
de
um
Estado
a
nível
internacional.
Tratado
da
União
Europeia
e
a
definição
da
cidadania
da
União.
As
disposições
relevantes
36
Para
Maria
Luísa
Duarte,
quer
uma
ótica
política,
a
opção
por
uma
cidadania
da
união
por
remissão
foi
a
mais
correta.
Tendo
em
conta
que
a
união
europeia
não
é
ainda
uma
entidade
política
soberana,
não
é
possível
a
determinação
da
cidadania
por
recurso
a
critérios
comuns,
em
substituição
dos
Estados-‐Membros.
Apesar
disto,
devido
ao
princípio
do
primado
e
da
garantia
de
efetividade
das
normas
comunitárias,
os
Estados
não
podem
colocar
obstáculos
aos
direitos
que
o
Tratado
reconhece
aos
cidadãos
comunitários
da
União.
A
omissão
de
quaisquer
deveres
para
os
cidadãos
da
União
Europeia
significa
que
apesar
de
as
competências
transferidas
pelos
Estados
para
a
União
lhe
conferirem
os
pré-‐requisitos
de
um
Estado,
o
alcance
limitado
do
Tratado
demonstra
que
a
União
não
37
exerce
todas
as
funções
de
um
Estado.
31
REZEK,
José
Francisco
-‐
Le
Droit
International
de
la
Nationalité,
Recueil
des
Cours,
Dordrecht/
Boston/
Lancaster,
Martinus
Nijhoff
Publishers
Vol.III,
1986,
pp.350.
32
Também
se
incluem
nestes
temas
de
direito
internacional
necessário
a
delimitação
do
território,
o
direito
diplomático,
uma
grande
parte
do
direito
do
mar
e
do
direito
da
guerra
e
o
direito
da
responsabilidade
internacional
e
da
solução
pacífica
dos
direitos
internacionais.
33
Ibidem,
Op.
Cit.,
pp.353.
34
Ibidem.
35
Ibidem,
op.
Cit.,
pp.385.
36
DUARTE,
Maria
Luísa
–
A
Cidadania
da
União
e
a
Responsabilidade
dos
Estados
por
Violação
do
Direito
Comunitário,
Lisboa,
Lex,
1994,
pp.30.
37
EVANS,
A.
C.
–
European
Citizenship:
A
Novel
Concept
in
EEC
Law,
The
American
Journal
of
Comparative
Law,
Berkeley,
American
Association
for
the
Comparative
Study
of
Law
inc.,
1984,
nº4.
A.J.C.L.,
vol.
32,
pp.679.
287
Assim,
não
existe
qualquer
nacionalidade
comunitária.
A
Comunidade
não
tem
competência
em
matéria
de
nacionalidade.
Encontramo-‐nos
numa
situação
em
que
a
União
reconhece
direitos
às
pessoas
sem
poder
intervir
na
definição
das
situações
que
38
são
determinantes
para
a
aquisição
e
gozo
desses
direitos.
39
Para
Bruno
Nascimbene,
a
cidadania
da
União,
ao
contrário
da
cidadania
dos
Estados-‐Membros
é
uma
noção
que
tende
a
variar,
não
podendo
ser
definida
nos
seus
componentes
mistos.
Para
este
autor,
a
evolução
do
processo
de
integração
levará
a
que
a
cidadania
seja
progressivamente
substituída
pela
noção
de
residência.
Esta
última
tornar-‐se-‐á
o
meio
mais
apropriado
para
estabelecer
a
ligação
entre
um
indivíduo
e
a
comunidade.
Para
isso,
dá
o
exemplo
da
Convenção
de
Bruxelas
sobre
o
Reconhecimento
de
Sentenças
em
Matéria
Civil
e
Comercial
em
que
é
atribuída
relevância
não
à
nacionalidade,
mas
sim
ao
domicílio.
Também
a
Convenção
de
Roma
sobre
a
Lei
Aplicável
às
Obrigações
Contratuais
tem
um
carácter
universal,
não
fazendo
qualquer
referência
à
nacionalidade
das
pessoas.
40
Para
Groot,
nas
três
Uniões
anteriores,
chegou-‐se
à
conclusão
de
que
não
se
poderia
obter
uma
liberdade
e
movimento
total
para
todos
os
cidadãos
se
a
União
não
pudesse
ter
competência,
ou
influência
nos
modos
de
aquisição
e
perda
de
nacionalidade.
Para
este
autor,
a
mesma
coisa
se
passará
na
União
Europeia,
na
medida
em
que,
conferindo
a
liberdade
de
circulação
no
interior
da
Comunidade,
a
aquisição
e
perda
da
nacionalidade
de
um
Estado-‐Membro
é
um
assunto
que
interessa
a
todos
os
Estados-‐Membros.
No
entanto,
a
liberdade
dos
Estados-‐Membros
em
matéria
de
nacionalidade
tem
sido
sucessivamente
afirmada.
Como
exemplo
disso,
temos
a
Declaração
da
Dinamarca
por
ocasião
da
ratificação
do
Tratado
de
Maastricht,
tendo
por
trás
as
duvidas
surgidas
em
matéria
de
autonomia
nas
questões
de
nacionalidade.
O
âmbito
material
–
em
especial,
o
direito
de
liberdade
de
circulação
A
liberdade
de
circulação
não
beneficiam
apenas
os
trabalhadores
e
os
empresários
da
União.
Essa
liberdade
é
em
princípio
estendível
a
qualquer
pessoa,
pois
a
todas
é
atualmente
reconhecido
o
direito
de
livre
deslocação,
através
das
fronteiras
41
internas
da
União,
a
título
de
beneficiário
da
prestação
de
qualquer
serviço
e
também
na
qualidade
de
simples
turista.
42
A
liberdade
de
circulação
e
de
permanência
no
território
dos
Estados-‐Membros
é
intrínseco
à
qualidade
de
cidadão
europeu.
Ao
aceitar
os
Tratados,
os
Estados-‐Membros
não
aceitaram
sem
reservas
o
princípio
da
liberdade
de
circulação
das
pessoas.
Por
força
dos
artigos
45º,
nº3,
e
52º,
nº1,
o
direito
de
entrada
no
território
de
um
Estado,
e
aí
residir
para
exercer
uma
atividade
profissional
e
de
nele
permanecer
após
acabar
a
sua
atividade,
pode
ser
limitado
por
razões
de
ordem
pública,
de
segurança
43
pública
e
de
saúde
pública.
38
RAMOS,
Rui
Manuel
de
Moura
–
Les
Nouveaux
Aspect
de
la
Libre
Circulation
des
Personnes.
Vers
une
Citoyenneté
Européene,
Das
Comunidades
à
União
Europeia,
Coimbra:
Coimbra
Editora,
1999,
pp.280.
39
NASCIMBENE,
Bruno
–
Nationality
Laws
and
Citizenship
of
the
European
Union.
Towards
a
European
Law
on
Nationality?
Nationality
Laws
in
the
European
Union,
Butterwoths,
Guiffrè
Editore,
pp.10.
40
Idem,
op.
Cit.,
pp.119.
41
CAMPOS,
João
Mota
de
–
Manual
de
Direito
Europeu:
O
sistema
institucional,
a
ordem
jurídica
e
o
ordenamento
económico
da
União
Europeu.
Coimbra:
Coimbra
Editora,
2010,
pp.
556.
42
Artigos
20º,
nº2,
e
21º
do
TFUE.
43
Campos,
Ob.
Cit.,
pp.
563.
288
A
noção
de
ordem
pública
é
dúbia,
prestando-‐se
a
pareceres
divergentes
que
variam
com
o
tempo
e
com
o
lugar;
e
o
mesmo
44
sucede
com
as
noções
de
segurança
pública
e
de
saúde
pública.
Esta
a
razão
de
ser
da
Diretiva
64/221,
de
25-‐2-‐1964.
Esta
Diretiva
teve
em
vista:
por
um
lado,
delimitar
as
noções
de
saúde
pública,
de
segurança
pública
e
de
ordem
pública;
e,
por
45
outro
lado,
definir
as
garantias
processuais
da
correta
aplicação
de
tais
noções.
Os
artigos
49º
a
55º
e
56º
a
62º
da
TFUE
estabelecem
o
princípio
do
direito
de
estabelecimento
na
indústria,
no
comércio,
na
agricultura
e
nas
profissões
independentes
em
geral,
bem
como
o
direito
de
livre
prestação
de
serviços
em
qualquer
sector
de
atividade
económica.
Podem
beneficiar
destas
liberdades
tanto
as
pessoas
físicas
como
certas
categorias
de
pessoas
morais
desde
que
sejam
46
provenientes
dos
Estados-‐Membros.
A
cidadania
da
União:
um
estatuto
de
definição
progressiva
O
TUE
concedeu
a
base
constitucional
de
um
estatuto
inicial
de
cidadania,
cujo
critério
jurídico
de
definição
ainda
não
se
identifica
com
a
relação
entre
o
indivíduo
e
um
poder
político
institucionalizado
e
soberano.
A
cidadania
da
União
não
pode,
47
sobrepor-‐se
à
cidadania
nacional
como
vínculo
histórica
e
politicamente
fixado
ao
Estado.
Do
ponto
de
vista
jurídico,
a
cidadania
da
União
define-‐se
antes
como
um
conjunto
de
direitos
e
liberdades
diretamente
relacionados
com
a
formação
de
um
espaço
político
europeu.
Ainda
que
alguns
desses
direitos
já
fizessem
parte
do
adquirido
48
comunitário,
o
TUE
conferiu-‐lhes
um
fundamento
autónomo
e
politicamente
determinado.
Confirma-‐se
que
a
definição
do
estatuto
de
cidadania
da
União
submete-‐se
ao
princípio
da
realização
progressiva,
com
provas
49
dadas
no
processo
de
integração
comunitária,
e
depende
essencialmente
da
vontade
política
dos
Estados-‐membros.
A
jurisprudência
do
T.J.C.E.
como
fonte
de
direito
comunitário
50
Como
refere
João
Mota
de
Campos,
através
da
sua
jurisprudência,
o
T.J.C.E.
foi
determinando
diversos
princípios
tais
como
o
princípio
da
autonomia
do
direito
comunitário,
o
princípio
da
aplicabilidade
direta
das
normas
de
Direito
Comunitário
e
o
princípio
da
sua
primazia
absoluta
sobre
o
Direito
interno
dos
Estados-‐membros.
51
Estes
princípios
foram
impostos
através
do
mecanismo
estabelecido
no
art.177º
do
Tratado
CE
através
do
qual
os
juízes
dos
Estados-‐membros
devolvem
para
o
T.J.C.E.
a
resolução
de
uma
questão
prejudicial
de
interpretação
do
Direito
Comunitário.
A
este
nível,
as
decisões
do
T.J.C.E.
são
uma
verdadeira
criação
de
direito.
44
Ibidem.
Ibidem.
46
Ibidem,
Op.
Cit.,
pp.580.
47
Duarte,
Op.
Cit.
pp.169.
48
Idem,
op.
Cit.,
pp.170.
49
Ibidem.
50
Campos,
Op.
Cit.,
pp.
180.
45
289
Nos
seus
acórdãos
interpretativos,
o
T.J.C.E.
finaliza
pronunciando
um
princípio
abstrato
que
competirá
ao
juiz
nacional
aplicar
ao
caso
concreto.
A
função
do
T.J.C.E.
é
apenas
proclamar
o
direito.
52
Como
refere
Mota
Campos,
no
ver
do
próprio
T.J.C.E.
o
sentido
da
sua
jurisprudência
interpretativa
é
o
seguinte:
O
tribunal
ocupa-‐se
somente
da
interpretação
do
Direito
Comunitário
e
nunca
do
Direito
interno.
Essa
interpretação
não
deve
ser
compreendida
como
um
controlo
da
validade
do
Direito
interno,
o
T.J.C.E.
considera
que
não
é
capaz
para
se
pronunciar
acerca
da
compatibilidade
de
disposições
de
direito
nacional
com
o
Direito
Comunitário
e
finalmente
o
T.J.C.E.
entende
que
a
interpretação
abstrata
dada
por
si
não
implica
nunca
a
sua
aplicação
a
um
caso
determinado.
O
T.J.C.E.
julga
que
a
interpretação
que
fornece
ao
juiz
nacional
só
é
vinculativa
no
processo
em
que
foi
solicitado
a
prenunciar-‐
se.
No
entanto,
ao
dispensar
os
Tribunais
Supremos
dos
Estados-‐membros
do
reenvio
estabelecido
no
art.177º
sempre
que
a
questão
interpretativa
já
tenha
sido
anteriormente
resolvida
pelo
T.J.C.E.,
confirma-‐se
que
a
sua
interpretação
pode
ultrapassar
o
caso
concreto.
De
entre
os
princípios
impostos
pelo
T.J.C.E.,
assume
particular
importância
o
do
primado
do
Direito
Comunitário.
Como
refere
53
Mota
Campos,
foi
no
acórdão
Costa/
Ene1
de
15
de
Julho
de
1964,
que
se
determinou
a
teoria
das
relações
entre
o
Direito
Comunitário
e
o
Direito
interno
dos
Estados-‐membros,
concluindo-‐se
pelo
primado
do
Direito
Comunitário.
Para
isso,
o
T.J.C.E.
invocou
a
natureza
específica
da
ordem
jurídica
comunitária.
Os
próprios
Estados,
ao
efetuar
uma
transferência
de
competências
para
uma
Comunidade,
criaram
o
Direito
Comunitário
que
lhes
é
aplicável.
54
Nas
próprias
palavras
do
T.J.C.E.,
referidas
por
Mota
Campos:
[…]
Esta
integração
no
direito
de
cada
país
membro
de
disposições
provenientes
de
fonte
comunitária
e,
mais
genericamente,
os
termos
e
o
espírito
do
Tratado
têm
por
corolário
a
impossibilidade
para
os
Estados
Membros
de
fazer
prevalecer.
Contra
uma
ordem
jurídica
por
eles
aceite
numa
base
de
reciprocidade,
uma
medida
unilateral
ulterior
[…].
[…]
A
proeminência
do
direito
comunitário
é
confirmada
pelo
art.
189,
nos
termos
do
qual
os
regulamentos
têm
valor
obrigatório
e
são
directamente
aplicáveis
em
qualquer
Estado-‐Membro.
[…]
Resulta
do
conjunto
destes
elementos
que,
emanado
de
uma
fonte
autónoma,
o
direito
resultante
do
Tratado
não
poderia,
em
razão
da
sua
natureza
específica
original,
ver-‐se
juridicamente
confrontado
com
um
texto
de
direito
interno,
qualquer
que
este
fosse,
sem
perder
o
seu
carácter
comunitário
e
sem
que
fosse
posta
em
causa
a
base
jurídica
da
própria
Comunidade
[…].
O
art.8º,
nº1
da
C.R.P.
estabelece
que
“As
normas
e
os
princípios
de
direito
internacional
geral
ou
comum
fazem
parte
integrante
do
direito
português”.
Por
seu
lado,
o
art.
8º,
nº2
da
C.R.P
estabelece
que
as
normas
internacionais
de
origem
convencional
uma
vez
integradas
no
ordenamento
jurídico
nacional
“[…]
vigoram
na
ordem
interna
[…]
enquanto
vincularem
internacionalmente
o
Estado
português”.
Este
não
pode
unilateralmente
pôr
obstáculos
à
vigência
interna
de
tais
normas.
O
art.8º,
nº3
da
C.R.P.
surgiu
justamente
no
contexto
da
adesão
de
Portugal
às
Comunidades
Europeias.
A
consideração
do
primado
do
Direito
Internacional
sobre
as
normas
internas
ordinárias
implica
também
a
aceitação
do
primado
do
Direito
Comunitário.
51
Atual
art.234º
após
o
Tratado
de
Amesterdão.
Campos,
Op
Cit.,
pp.
488
e
489.
53
Ibidem,
pp.328
54
Ibidem,
329.
52
290
O
princípio
da
liberdade
dos
estados
em
matéria
de
nacionalidade
O
princípio
da
nacionalidade
efetiva
e
o
princípio
de
igualdade
em
matéria
de
nacionalidade
são
recebidos
por
Portugal
através
do
art.
8º
da
C.R.P.
e
constam
também
da
Convenção
da
Haia
de
12
de
Abril
de
1930,
Portugal
assinou
mas
não
ratificou
esta
Convenção.
O
princípio
da
liberdade
dos
Estados
na
deliberação
de
quem
são
os
seus
nacionais,
implica
que
não
se
possa
bilateralizar
os
critérios
de
atribuição
de
nacionalidade.
Então,
para
se
saber
se
um
indivíduo
tem
a
nacionalidade
portuguesa
averiguamos
a
legislação
portuguesa
e
não
a
legislação
espanhola.
Só
porque
o
art.1º
da
Lei
da
Nacionalidade
estabelece
que
um
indivíduo
que
nasce
em
Portugal
é
português,
não
podemos
concluir
que
um
indivíduo
que
nasce
em
Espanha
é
espanhol
porque
não
compete
à
legislação
portuguesa
determinar
isso.
Segundo
o
art.
1º
da
Convenção
da
Haia:
Cabe
a
cada
Estado
determinar
quem
são
os
seus
nacionais.
Este
direito
será
reconhecido
pelos
outros
Estados
na
medida
em
que
for
compatível
com
as
Convenções
Internacionais,
com
o
costume
internacional
e
com
os
princípios
de
direito
geralmente
reconhecidos
em
matéria
de
nacionalidade».
O
art.2º
da
mesma
Convenção
acaba
por
repetir
a
mesma
ideia
mas
numa
outra
perspetiva,
ele
diz
que
«[…]
quaisquer
questões
a
respeito
de
saber
se
uma
pessoa
tem
ou
não
nacionalidade
de
um
Estado
determinado,
podem
ser
determinadas
pelo
direito
desse
Estado
[…].
A
Declaração
anexa
à
Ata
Final
das
conferências
que
adotaram
o
Tratado
da
União
Europeia
reitera
a
remissão
do
Direito
Comunitário
para
o
Direito
dos
Estados-‐membros
para
definir
quem
são
os
seus
nacionais:
A
Conferência
declara
que,
quando
no
Tratado
constitutivo
da
Comunidade
Europeia
se
faça
referência
aos
nacionais
dos
Estados-‐membros,
a
questão
de
saber
se
uma
pessoa
possui
uma
nacionalidade
determinada
será
resolvida
unicamente
com
remissão
para
o
Direito
Nacional
do
Estado-‐membro
em
causa.
Os
Estados
Membros
poderão
declarar,
para
fins
informativos,
quem
deve
ser
considerado
seu
nacional
para
efeitos
comunitários
mediante
uma
declaração
apresentada
à
presidência,
a
qual
poderá
ser
modificada
caso
tal
seja
necessário.
Caso
Micheletti
M.
Micheletti
tem
dupla
nacionalidade
argentina
e
italiana,
tendo
adquirido
esta
última
ao
abrigo
do
artigo
1º
da
Lei
nº555,
de
13
de
Junho
de
1912
(GURI
de
30.06.1912),
que
na
sua
versão
alterada
pelo
artigo
5º
da
Lei
nº123,
de
21
de
Abril
de
1983
(GURI
DE
26.4.1983),
dispõe
que
é
cidadão
italiano
quem
for
filho
de
pai
italiano
ou
de
mãe
italiana.
No
dia
3
de
Março
do
mesmo
ano,
o
recorrente
no
processo
principal
solicitou
à
administração
espanhola
um
cartão
provisório
de
residente
comunitário,
apresentando
um
passaporte
válido,
emitido
pelo
consulado
de
Itália
em
Rosario
(Argentina).
No
dia
23
do
mesmo
mês,
a
administração
espanhola
emitiu
o
cartão
solicitado
com
validade
de
seis
meses.
Antes
de
expirar
o
referido
período,
M.
Micheletti
requereu
à
administração
espanhola
um
cartão
definitivo
de
residência
de
cidadão
comunitário,
a
fim
de
se
estabelecer
em
Espanha
como
odontologista.
Tendo
este
requerimento
e
o
subsequente
recurso
administrativo
sido
desatendidos,
M.
Micheletti
interpôs
recurso
para
o
órgão
jurisdicional
nacional,
requerendo
a
anulação
da
decisão
da
administração
o
reconhecimento
do
seu
direito
de
obter
o
cartão
de
residência
de
cidadão
comunitário
que
lhe
permitisse
exercer
a
atividade
mencionada
e
a
emissão
de
cartões
de
residência
para
os
membros
da
sua
família.
Cabe
sublinhar
que
a
recusa
da
administração
espanhola
se
baseava
no
artigo
9º
do
Código
Civil
espanhol,
segundo
o
qual,
em
caso
de
dupla
nacionalidade
e
quando
nenhuma
das
nacionalidades
é
a
espanhola,
prevalece
a
que
corresponde
à
residência
habitual
anterior
à
chegada
do
interessado
a
Espanha,
ou
seja
para
o
recorrente
no
processo
principal,
a
nacionalidade
argentina.
291
O
órgão
jurisdicional
nacional,
considerando
que
a
solução
do
litígio
impunha
uma
interpretação
do
direito
comunitário,
suspendeu
a
instância
e
submeteu
ao
Tribunal
de
Justiça
a
seguinte
questão
prejudicial:
Os
artigos
3º,
alínea
c),
7º,
52º,
53º
e
56º
do
Tratado
CEE,
bem
como
a
Directiva
73/148/CEE
e
as
disposições
correspondentes
do
direito
derivado
relativas
à
liberdade
de
circulação
e
estabelecimento
de
pessoas,
podem
ser
interpretados
no
sentido
de
serem
compatíveis
com
⎯e
permitirem,
por
isso⎯
a
aplicação
de
uma
legislação
interna
que
não
reconhece
os
“direitos
comunitários”
inerentes
à
condição
de
nacional
de
outro
Estado-‐membro
da
CEE
apenas
pelo
faco
de
tal
pessoa
possuir
simultaneamente
a
nacionalidade
de
um
pais
terceiro
e
de
ter
sido
este
o
lugar
da
sua
residência
habitual,
da
sua
ultima
residência
ou
da
sua
residência
efectiva?
A
decisão
Micheletti
ergue
numerosos
problemas.
Em
primeiro
lugar,
não
evidencia
que
esta
decisão
ponha
em
causa
a
competência
dos
Estados
em
matéria
de
nacionalidade.
Advém,
da
sua
própria
introdução
na
Comunidade
que
essa
competência
tem
de
ser
exercida
no
respeito
pelas
regras
de
Direito
Comunitário.
A
cidadania
nasce
como
o
primeiro
passo
para
uma
integração
cada
vez
maior
que
possa
eventualmente
conduzir
a
uma
55
homogeneização
da
legislação
em
matéria
de
nacionalidade.
A
União
Europeia
não
é
um
Estado,
no
entanto,
a
decisão
Micheletti
vem
na
sequência
de
uma
ação
contínua
do
T.J.C.E.
para
garantir
ao
Direito
Comunitário
a
autonomia
que
este,
cada
vez
mais,
se
arroga.
O
papel
que
o
T.J.C.E.
exerce
em
matéria
de
nacionalidade,
integrando,
a
legislação
da
nacionalidade
dos
diversos
Estados-‐
56
membros,
é
um
papel
importante
para
o
sucesso
do
processo
de
integração
comunitária.
A
grande
questão
que
se
coloca
é
a
da
legitimidade
de
ordem
jurídica
comunitária
para
o
manifesto
afastamento
de
uma
regra
de
Direito
Internacional
que
se
encontra
consagrada
em
matéria
de
nacionalidade.
Micheletti
e
o
princípio
da
efetividade
57
Para
Federico
de
Castro
a
nacionalidade
a
que
a
D.U.D.H.
se
refere
não
pode
ser
uma
nacionalidade
formal
ou
arbitrária,
com
um
conteúdo
qualquer.
Não
pode
ser
a
nacionalidade
de
um
país
qualquer.
Se
assim
fosse,
os
países
poderiam
defraudar
esta
regra,
afirmando
que
qualquer
outro
Estado
poderia
conferir
a
sua
nacionalidade
a
uma
determinada
pessoa.
A
ligação
referida
pela
D.U.D.H.
deve
ser
entendida
como
uma
ligação
subjetiva
e
objetiva.
O
art.29º,
nº1
estabelece
que
“O
indivíduo
tem
deveres
para
com
a
comunidade
fora
da
qual
não
é
possível
o
livre
e
pleno
desenvolvimento
da
sua
personalidade”.
Trata-‐se
assim
de
uma
referência
“a
uma
realidade
de
facto,
física
e
sociológica,
única,
que
não
pode
ser
criada
artificialmente
por
disposições
legais
ou
administrativas.
Essa
Comunidade
será,
normalmente,
aquela
do
país
ao
qual
a
pessoa
58
pertence”.
O
Advogado
Geral
afirmou
nas
suas
conclusões
que
Não
me
parece
que
o
processo
submetido
ao
T.J.C.E.
se
preste
a
uma
evocação
da
problemática
sobre
a
nacionalidade
efectiva,
noção
que
remonta
a
um
período
“romântico”
da
vida
das
relações
internacionais
e
que
se
prende
essencialmente
com
o
instituto
da
protecção
diplomática;
o
acórdão
Nottebohm
do
Tribunal
Internacional
de
55
MORAIS,
Daniel
de
Bettencourt
Rodrigues
–
O
Acórdão
Micheletti
e
s
suas
repercussões
em
matéria
de
Direito
da
Nacionalidade
dos
Estados-‐membros
–
Revista
da
Faculdade
de
Direito
da
Universidade
de
Lisboa,
Vol.
XLIV
–
Nº1
e
2.Coimbra:
Coimbra
Editora,
2003,
pp.282.
56
Ibidem,
pp.
284.
57
CASTRO,
Federico
de
–
La
Nationalité,
la
Double
Nationalité
et
la
Supra
–
Nationalité,
Recueil
des
Cours,
Dordrecht/
Boston/
Londres,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
1961,
Vol.
V,
pp.573.
58
Ibidem.
292
Justiça,
bem
conhecido,
parece-‐me
ainda
menos
pertinente
no
presente
processo.
E
sobretudo,
não
me
parece
59
necessário
colocar
o
problema
em
termos
de
escolha
do
direito
aplicável
na
óptica
do
DIP.
60
Contra
esta
afirmação,
Pilar
Juárez
Pérez
entende
que
o
Advogado
Geral
ignora
a
função
que
o
princípio
da
efetividade
tem
em
Direito
Internacional.
Para
esta
autora
o
princípio
da
efetividade
seria
o
mecanismo
adequado
para
resolver
situações
de
dupla
nacionalidade.
61
No
caso
Poulsen
o
T.J.C.E.
optou
pela
mesma
posição
rígida
que
no
caso
Micheletti.
O
preenchimento
dos
requisitos
formais
para
a
nacionalidade
de
um
navio,
tais
como
o
registo
e
a
bandeira,
estabelecem
a
ligação
substantiva
com
um
Estado.
O
T.J.C.E.
62
ignorou
a
nacionalidade
efetiva
que
era
a
nacionalidade
do
capitão
e
da
tripulação.
63
David
Ruzié
criticou
fortemente
o
afastamento
da
ideia
de
efetividade
no
âmbito
do
Direito
Comunitário.
Para
este
autor
este
problema
específico
faz
com
que
o
caso
Micheletti
seja
diferente
de
todos
ou
outros
casos
invocados
pelo
T.J.C.E.
No
caso
64
Gullung,
para
Ruzié ,
quer
uma
quer
outra
das
nacionalidades
justifica
pôr
em
causa
um
princípio
de
direito
internacional
relativo
à
oponibilidade
a
um
Estado-‐membro
da
Comunidade,
de
uma
nacionalidade
de
um
Estado
terceiro,
tendo
em
conta
que
não
existem
regras
de
direito
comunitário
nesta
matéria
e
que
no
estado
atual
das
normas
comunitárias
65
originárias,
não
podem
existir.
66
Para
Ruzié,
a
norma
do
Código
Civil
espanhol
em
causa,
ao
optar
pela
nacionalidade
da
última
residência
habitual,
limita-‐se
a
traduzir
um
princípio
de
Direito
Internacional.
Para
este
autor,
o
grande
problema
aqui
em
causa
é
o
problema
das
relações
67
entre
o
Direito
Comunitário
e
o
Direito
Internacional
Público.
Para
afastar
o
princípio
da
efetividade,
o
Advogado
Geral
referiu
também
[…]
as
declarações
do
Governo
alemão
e
do
Governo
do
Reino
Unido
anexas
ao
Tratado
e
relativas
à
definição
das
pessoas
que
devem
ser
consideradas
seus
nacionais
para
os
fins
prosseguidos
pela
Comunidade,
ou
seja,
dos
sujeitos
aos
quais
se
aplicam
as
regras
comunitárias
porque
os
Governos
os
consideram
respectivamente
cidadãos
alemães
e
britânicos.
Independentemente
dos
efeitos
jurídicos
que
se
pretendesse
atribuir
a
tais
declarações,
elas
revelam
que
os
referidos
Estados-‐membros
conferiram,
para
efeitos
da
aplicação
do
Direito
Comunitário,
um
alcance
muito
lato
à
expressão
“nacional
de
um
Estado-‐membro”,
que
é
um
alcance
muito
lato
à
expressão
“nacional
de
um
Estado-‐
membro”,
que
é
certamente
muito
mais
lata
que
a
hipótese
que
nos
interessa
no
caso
em
apreço:
por
exemplo,
são
considerados
cidadãos
alemães
mesmo
indivídos
que
podem
não
apresentar
qualquer
ligação
pessoal
ou
territorial
com
a
actual
República
Federal
e
que
não
preenchem,
em
qualquer
caso,
os
critérios
da
nacionalidade
efectiva
tal
68
como
foram
consagrados
no
acórdão
Canevaro,
e
ainda
menos
os
que
foram
consagrados
no
acórdão
Nottebohm.
Para
Ruzié,
o
princípio
da
efetividade
não
fica
posto
em
causa
pelo
facto
de
dois
Estados-‐membros
o
afastarem
em
certos
69
70
71
casos.
Alguns
autores,
afirmam
com
base
no
acórdão
de
12
de
Dezembro
de
1972,
que
a
jurisprudência
comunitária
acolhia
59
Ver
ponto
cinco
em
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56ce9d139df8e4255a416b4dba3c0f62b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbNz0?t
ext=&docid=97585&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336409
60
PÉREZ,
Pilar
Juárez
–
Nationalidad
Estatal
y
Cidadania
Europeia,
Madrid.
Marcial
Pons
–
Monografias
Jurídicas,
pp.231.
61
Referido
por
CLOSA,
Carlos
–
Citizenship
of
the
Union
and
Nationality
of
Member
States,
Common
Market
Law
Review,
Dordrecht,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
1995,
vol.32,
nº2,
pp.487.
62
Caso
C-‐286/90
Anklagemgdigheden
c.
Peter
Micheal
Poulsen
e
Diva
Navigation
Crop.
63
RUZIÉ,
David
–
Nationalité,
Effectivité
et
Droit
Communautaire,
Revue
Génerale
de
Droit
Public,
1993
(1-‐2),
Tomo
97,
pp.110.
64
Idem,
Op.
Cit.,
pp.114
65
Ibidem.
66
Idem,
Op.
Cit.,
pp.112.
67
RUZIÉ,
David
–
Nationalité,
Effectivité
et
Droit
Communautaire,
Revue
Génerale
de
Droit
Public,
1993
(1-‐2),
Tomo
97,
pp.110.
68
Ver
em
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56ce9d139df8e4255a416b4dba3c0f62b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbNz0?t
ext=&docid=97585&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336409
69
Idem,
Op.
Cit.,
pp.112
293
a
aplicação
dos
princípios
de
Direito
Internacional
público.
Ruzié
entende
que
uma
análise
mais
profunda
demonstra
que
a
jurisprudência
comunitária
faz
uma
aplicação
funcional
desses
princípios,
tendo
em
conta
a
sua
natureza
específica.
Pela
menção
feita
às
diversas
noções
de
efetividade,
deve-‐se
concluir
que
este
princípio
é
um
princípio
que
pode
ser
visto
de
diversos
prismas.
Numa
perspetiva
mais
ampla,
toda
a
nacionalidade
é
efetiva.
No
entanto
em
Portugal,
tal
como
em
Espanha,
a
presunção
de
que
a
lex
fori
é
sempre
mais
efetiva
quando
em
face
de
uma
nacionalidade
estrangeira,
começa
a
ser
retirada
72
quando
existe
uma
ligação
manifestamente
mais
estreita
com
o
Estado
da
outra
nacionalidade.
A
posição
no
T.J.C.E.
na
decisão
Micheletti,
aparenta
ser
conforme
à
posição
dos
Estados
ao
declararem
o
primado
da
lex
fori,
ainda
que
não
exista
precisamente
uma
lex
fori
no
âmbito
comunitário.
Na
extensão
de
um
parecer
amplo
de
efetividade,
a
decisão
Micheletti
não
põe
em
causa
o
princípio
da
efetividade
ao
instituir
que
a
nacionalidade
de
um
Estado-‐membro
é
sempre
73
mais
efetiva
quando
em
confronto
com
uma
nacionalidade
estrangeira.
A
questão
que
se
coloca
é
a
de
saber
se,
também
em
relação
a
esta
decisão,
e
nos
Estados-‐membros
cujo
direito
da
74
nacionalidade
será
influenciado
por
ela,
se
poderá
entender
que
haverá
uma
exceção
quando
estiver
em
causa
uma
ligação
claramente
mais
estreita
com
o
Estado
Terceiro
do
que
com
o
Estado-‐membro.
Quanto
a
esta
situação
é
necessário
fazer
aqui
uma
consideração.
A
circunstância
que
pode
justificar
uma
solução
aproximada
da
realidade,
dada
pelo
princípio
da
efetividade,
no
âmbito
do
Direito
Internacional,
não
é
a
mesma
circunstância
que
surge
no
75
Direito
Comunitário.
Na
realidade,
o
T.J.C.E.
optou
pela
solução
mais
segura.
Não
pode
assim
um
Estado
afastar
a
nacionalidade
do
Estado-‐membro
quando
perante
outra
nacionalidade,
ainda
que
o
indivíduo
tenha
com
o
Estado
dessa
outra
nacionalidade
uma
conexão
mais
estreita.
É
necessário
ter
em
conta
os
perigos
da
efetividade
de
proximidade.
Acórdão
Chen
O
acórdão
Chen
versa
sobre
a
matéria
da
cidadania
europeia
e
sobre
a
sua
relação
com
a
cidadania
dos
Estados-‐Membros.
M.
L.
Chen
e
o
seu
marido,
de
nacionalidade
chinesa,
trabalhavam
para
uma
empresa
com
sede
na
China.
Era
frequente
M.
L,
Chen
deslocar-‐se,
em
viagens
de
negócios,
a
diversos
Estados-‐Membros,
nomeadamente
ao
Reino
Unido.
Como
pretendia
dar
à
luz
um
segundo
filho,
M.
L.
Chen
entrou
no
território
do
Reino
Unido,
em
Maio
de
2000,
quando
estava
grávida
de
cerca
de
6
meses.
Deslocou-‐se
a
Belfast,
em
1
Julho
do
mesmo
ano,
e
Catherine
nasceu
nessa
cidade
em
16
de
Julho
desse
ano.
Mãe
e
filha
passaram,
então,
a
viver
em
Cardiff,
no
País
de
Gales
(Reino
Unido).
70
Idem,
Op.
Cit.,
pp.
115
International
Fruit
Cy,
caso
21
a
24/72.
Rec.
pp.1226.
72
MORAIS,
Daniel
de
Bettencourt
Rodrigues
–
O
Acórdão
Micheletti
e
s
suas
repercussões
em
matéria
de
Direito
da
Nacionalidade
dos
Estados-‐membros
–
Revista
da
Faculdade
de
Direito
da
Universidade
de
Lisboa,
Vol.
XLIV
–
Nº1
e
2.Coimbra:
Coimbra
Editora,
2003,
pp.289.
73
Idem,
op.
Cit.,
pp.291.
74
Por
força
da
adoção
de
uma
solução
dogmática
para
os
conflitos
de
nacionalidades.
75
Idem,
op.
Cit.,
pp.293.
71
294
Nos
termos
do
art.
6.º,
nº
1,
do
Irish
Natinality
and
Citizenship
Act
de
1956,
a
Irlanda
permite
a
qualquer
pessoa
nascida
na
ilha
da
Irlanda
adquirir
a
nacionalidade
irlandesa.
Segundo
o
n.º3
do
mesmo
artigo,
uma
pessoa
nascida
na
ilha
há
da
Irlanda
é
cidadão
irlandês
pelo
nascimento
se
não
tiver
direito
à
cidadania
de
outro
país.
Em
cumprimento
destas
normas,
foi
emitido
um
passaporte
irlandês
a
Catherine,
em
Setembro
de
2000.
O
Secretary
of
State
for
Home
Departement
britânico
recusou-‐se,
contudo,
a
conceder
a
Catherine
e
à
mãe
uma
autorização
de
residência
de
longa
duração
no
Reino
Unido.
O
acórdão
Chen
trata
de
problemas
relativos
ao
domínio
reservado
dos
Estados
na
definição
da
cidadania
e
ao
abuso
de
direito.
No
acórdão
as
questões
aparecem
ligadas,
embora
pudessem
ser
tratadas
autonomamente.
Na
realidade,
quanto
à
legalidade
da
norma
irlandesa,
dependia
de
saber
se
cabia
à
Irlanda
definir
a
sua
cidadania
baseada
no
ius
soli
e
se
essa
definição
estaria
a
salvo
de
qualquer
oposição
do
Reino
Unido.
Tratava-‐se,
pois,
de
contestar
os
pressupostos
de
atribuição
da
cidadania
irlandesa,
nomeadamente,
o
elemento
de
conexão.
Segundo
o
Tribunal,
esse
problema
não
estava
76
em
causa
ou,
pelo
menos,
não
foi
invocado
pelas
partes.
Quanto
ao
abuso
de
direito,
dependia
saber
se
Chen,
ao
ter-‐se
deslocado
à
Irlanda
pelo
nascimento
de
Catherine,
não
estaria
a
indagar
na
norma
da
lei
da
cidadania
irlandesa
um
efeito
diverso
daquele
que
a
própria
norma
previa.
Com
efeito,
Chen
não
pretendia
que
a
sua
filha
fosse
irlandesa
mas,
tão-‐só,
que,
por
força
das
normas
de
direito
comunitário,
mãe
e
filha
pudessem
77
viver
no
Reino
Unido.
Facilmente
se
conclui
que
essa
ambição
não
cabia
no
ideal
da
norma
da
lei
irlandesa
da
cidadania.
A
resposta
a
ambas
as
questões
é
autónoma.
O
Tribunal
entendeu
juntá-‐las
para
afirmar
que
o
direito
comunitário
concede
a
esta
família
o
direito
a
viver
por
tempo
indeterminado
no
Reino
Unido.
Porventura
o
acórdão
beneficiasse
em
clareza
com
o
tratamento
autónomo
das
questões
bem
como
pelo
esclarecimento
da
jurisprudência
Micheletti.
O
problema
do
abuso
de
78
direito,
tão
frequente
em
casos
análogos
relativos
às
liberdades
de
circulação,
beneficiava
com
tratamento
autónomo .
O
que
estas
questões
não
permitem
colocar
em
causa
é
a
dignidade
da
pessoa
humana,
principalmente
em
face
da
justificação
apresentada
por
Chen
para
ter
dado
à
luz
em
solo
europeu.
Não
está,
por
isso,
em
causa
a
decisão
que
conseguiu
atender
aos
interesses
da
pequena
Catherine.
Rottmann
Pronunciando-‐se,
no
âmbito
do
contencioso
sobre
a
cidadania
da
União,
pela
primeira
vez
sobre
a
extensão
do
poder
reconhecido
aos
Estados-‐Membros
pelos
tratados
sobre
a
União
europeia
e
sobre
o
funcionamento
da
União
Europeia
na
determinação
dos
seus
cidadãos,
o
Tribunal,
pelo
acórdão
Rottmann,
fornece
a
ocasião
de
precisar
os
relatórios
que
mantêm
cidadania
da
União
e
nacionalidade
de
um
Estado-‐Membro
e
interrogar-‐se,
à
partida
do
primeiro
destes
conceitos,
sobre
a
natureza
da
União
europeia,
a
qual
parece
ser
a
essência
federal.
Se
a
dualidade
lexical
tiver
um
sentido,
é
precisamente
o
de
distinguir
a
relação
do
indivíduo
ao
Estado
na
sua
generalidade,
nacionalidade,
e
o
conteúdo
que
decorre,
formulado
em
direitos
(cidadania).
De
que
precede,
surgem
muito
claramente
as
dificuldades
relacionadas
a
uma
perfeita
compreensão
da
cidadania
da
União
Europeia.
Em
primeiro
lugar,
se
qualquer
dualidade
lexical
existir,
é
entre
a
cidadania
da
União
e
a
nacionalidade
dos
Estados-‐
76
MATIAS,
Gonçalo
–
“Cidadania
Europeia
e
Cidadania
Nacional”.
Jurisprudência
Constitucional
nº7.
Lisboa:
AATRIC,
2005.
pp.77.
Ibidem.
78
Ibidem.
77
295
Membros.
Seguidamente,
se
a
União
Europeia
recentemente
adotar
uma
personalidade
jurídica,
não
é
autorizado
qualificar
esta
entidade
política
de
Estado.
Por
último,
deve
ser
recordado
que
a
cidadania
da
União
é
uma
cidadania
derivada,
auxiliar,
que
não
pode
ser
adquirida
por
meio
de
um
único
critério,
o
da
possessão
da
nacionalidade
do
um
dos
Estados-‐Membros.
Mestres
da
determinação
dos
seus
cidadãos,
os
Estados-‐Membros
dispõem
de
um
poder
absoluto?
A
pertença
de
cada
um
entre
eles
à
União
Europeia,
porque
confere
aos
seus
cidadãos
uma
identidade
jurídica
por
transitividade,
obriga
com
efeito
a
pôr
a
pergunta
da
extensão
de
tal
poder.
O
acórdão
Rottmann,
já
permite
ao
Tribunal
pronunciar-‐se,
pela
primeira
vez
ao
meu
conhecimento
sobre
a
pergunta
supra
criada.
A
circunstância
da
aquisição
ou
perda
da
nacionalidade
de
um
Estado-‐Membro
convida,
do
ponto
de
vista
das
suas
consequências
sobre
a
cidadania
da
União,
a
encarar
por
um
lado
a
consistência
deste
conceito
nas
situações
internas
e,
por
outro
lado,
a
pertinência
do
princípio
de
proporcionalidade
como
fundamento
jurídico
da
sua
proteção.
O
ponto
sensível
dos
relatórios
entre
cidadania
da
União
e
nacionalidade
de
um
Estado-‐Membro,
a
determinação
do
limiar
de
aplicabilidade
do
direito
da
União
aos
casos
de
aquisição
ou
perda
desta
nacionalidade
é
delicada
a
limitar.
Na
verdade
é
uma
questão
do
campo
de
aplicabilidade
do
direito
da
união,
tanto
ratione
personae
que
ratione
materiae
aos
casos
supra
citados.
No
acórdão
Rottmann,
a
aquisição
da
nacionalidade
alemã
pelo
requerente
do
processo
principal
tinha
como
efeito
a
perda,
ipso
jure,
da
nacionalidade
que
tinha
adquirido
pelo
seu
nascimento
no
território
da
República
da
Áustria.
Consequentemente,
os
governos
alemães
e
austríacos
faziam
valer
que
a
decisão,
tomada
pelas
autoridades
alemães
competentes,
de
revogar
a
naturalização
do
requerente
devido
a
aquisição
fraudulenta.
De
acordo
com
estes
governos,
a
situação
pertencia
com
efeito
a
um
cidadão
alemão,
residindo
na
Alemanha
a
quem
era
dirigido
a
um
ato
administrativo
de
foro
interno
de
uma
autoridade
alemão.
Prima
facie,
a
situação
apresentada
parecia
ser
uma
situação
meramente
interna
de
um
Estado-‐Membro
e
que
não
revela
nenhuma
relação
com
o
direito
da
União.
Contudo,
as
consequências
que
tal
decisão
pudesse
ter
sobre
a
manutenção
da
cidadania
da
União
do
requerente
não
deveriam
ser
ocultadas.
Com
efeito,
a
perda
da
nacionalidade
alemã
que
não
origina
a
reintegração
automática
do
requerente
na
nacionalidade
austríaca.
Não
podendo
consagrar,
tendo
em
conta
as
estipulações
dos
tratados
UE
e
FUE,
a
teoria
da
dupla
cidadania
em
direito
da
União,
o
Tribunal
de
Justiça
contraria
as
preconizações
do
seu
advogado
geral
sobre
este
ponto,
através
de
um
controlo
jurisdicional,
operado
sob
a
lei
da
União,
para
proteger
a
cidadania
europeia.
O
objetivo
é
então
duplo:
garantir
a
legitimidade
de
uma
decisão
de
revogação
da
nacionalidade;
enquadrar
este
último
na
sua
aplicação.
Tratando-‐se
do
primeiro
objetivo,
o
Tribunal
de
Justiça
pode
apenas
constatar,
no
estado
atual
do
direito
da
União
e
o
direito
internacional,
que
a
decisão
tomada
por
um
Estado-‐Membro
de
revogar
naturalização
obtida
de
maneira
fraudulenta
é
perfeitamente
legítima.
Não
só
tal
decisão
respeita
as
convenções
internacionais
aplicáveis
a
este
tipo
de
situação
mas
corresponde
também
a
um
motivo
de
interesse
geral
que
é
a
de
proteger
a
relação
que
une
um
Estado
aos
seus
cidadãos.
Por
um
verdadeiro
obiter
dictum,
o
Tribunal
encontra
de
resto
a
ocasião
sobre
este
ponto
de
definir
esta
relação
de
nacionalidade,
entendido
como
um
relatório
específico
de
solidariedade
e
de
lealdade
entre,
o
Estado,
e
os
seus
cidadãos,
a
qual
se
acompanha
de
uma
reciprocidade
de
direitos
e
de
deveres.
É
necessário,
ainda,
que
na
sua
aposta,
a
decisão
de
revogação
da
naturalização
adquirida
por
fraude
respeite
o
princípio
de
proporcionalidade.
296
Não
podendo
questionar
a
legitimidade
da
decisão
de
revogar
da
nacionalidade
considerado
pelas
autoridades
alemãs,
o
Tribunal
de
Justiça
decide,
contudo,
utilizar
plenamente
os
recursos
que
oferece
o
envio
prejudicial
na
sua
função
como
instrumento
de
cooperação.
Fazendo
deste
último
o
vetor
de
um
diálogo
judicial,
o
Tribunal
de
Justiça
sugere
com
efeito
ao
juiz
nacional
que
verifique
se
a
decisão
de
revogação
da
naturalização
de
Rottmann
respeita
o
princípio
de
proporcionalidade,
no
que
diz
respeito
às
consequências
no
âmbito
do
direito
da
União,
se
for
necessário,
o
exame
da
proporcionalidade
desta
decisão
ao
olhar
do
direito
nacional.
Mais
precisamente,
o
Tribunal
convida
o
juiz
nacional
a
verificar
se
à
luz
de
todas
as
circunstâncias
relevantes,
o
respeito
do
princípio
de
proporcionalidade
exige
que,
antes
que
a
decisão
de
revogar
a
naturalização
se
torne
definitiva,
seja
atribuída
ao
interessado
um
prazo
razoável
para
que
este
possa
tentar
recuperar
a
nacionalidade
do
seu
Estado-‐
Membro
de
origem.
Em
outros
termos
e
de
maneira
subtil,
o
Tribunal
de
Justiça
enuncia
uma
interpretação
do
direito
da
União
que
case
aos
Estados-‐Membros
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Nº1
e
2.
Coimbra:
Coimbra
Editora,
2003.
Nascimbene
B.
Nationality
Laws
and
Citizenship
of
the
European
Union.
Towards
a
European
Law
on
Nationality?
Nationality
Laws
in
the
European
Union.
Butterwoths:
Guiffrè
Editore.
Pérez
P.
Nacionalidad
estatal
y
ciudadanía
europea.
Madrid:
Marcial
Pons
–
Monografias
Jurídicas.
Ramos
RM.
Les
Nouveaux
Aspect
de
la
Libre
Circulation
des
Personnes.
Vers
une
Citoyenneté
Européene,
Das
Comunidades
à
União
Europeia.
Coimbra:
Coimbra
Editora,
1999.
Rerek
JF.
Le
Droit
International
de
la
Nationalité,
Recueil
des
Cours.
Vol.
III.
Dordrecht/
Boston/
Lancaster:
Martinus
Nijhoff
Publishers;
1986.
Ruzié
D.
Nationalité,
Effectivité
et
Droit
Communautaire.
Revue
Génerale
de
Droit
Public,
1993
(1-‐2),
Tomo
97.
297
TUBERCULOSIS
DROGORRESISTENTE
E
INEQUIDAD.
MANEJO
EN
PAÍSES
CON
RECURSOS
LIMITADOS
Domingo
Palmero
Hospital
de
Infecciosas
Dr.
Francisco
J.
Muñiz
Contacto:
[email protected]
Viviana
Ritacco
ANLIS
Malbrán,
CONICET
La
tuberculosis
(TB)
continúa
causando
más
muertes
en
el
mundo
que
cualquier
otra
enfermedad
infecciosa.
La
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS)
estimó
la
incidencia
2011
en
8,7
millones
de
casos,
con
cerca
de
un
millón
de
muertes
en
VIH
1
negativos
y
0,43
millones
asociados
a
infección
VIH.
Más
de
99%
de
las
muertes
y
95%
de
los
nuevos
casos
ocurrieron
en
países
2
de
medianos
y
bajos
ingresos.
Junto
con
la
pandemia
del
sida,
la
emergencia
de
TB
multidrogorresistente
(TB-‐MDR)
contribuyó
sustancialmente
a
la
reemergencia
de
la
TB
hacia
finales
del
siglo
XX,
justo
cuando
la
enfermedad
era
considerada
en
vías
de
eliminación.
La
TB-‐MDR
constituye
un
serio
problema
global
a
causa
de
que
su
definición
incluye
resistencia
simultánea
a
las
dos
drogas
anti-‐TB
más
efectivas:
isoniacida
(H)
y
rifampicina
(R).
La
última
información
notificada
en
tuberculosis
drogorresistente
3
(TB-‐DR)
mostró
las
tasas
de
TB-‐MDR
más
altas
jamás
observadas.
Al
poco
tiempo
del
advenimiento
de
la
quimioterapia
anti-‐TB
a
fines
de
la
década
de
1940,
las
cepas
DR
de
Mycobacterium
tuberculosis
emergieron
bajo
la
presión
de
la
monoterapia
con
estreptomicina
(S);
este
hecho
determinó
que
precozmente
se
diseñaran
regímenes
combinados
de
drogas.
Hoy,
la
TB-‐DR
es
difícil
de
diagnosticar
y
de
tratar.
Supone
un
desafío
no
solamente
para
el
manejo
clínico
individual
de
pacientes
si
no
también
para
el
éxito
de
intervenciones
racionales
de
salud
pública
destinadas
a
su
control.
Una
de
dichas
intervenciones
⎯la
primigenia⎯
es
la
estrategia
DOTS
o
TAES
(terapia
directamente
observada,
tratamiento
acortado),
que
incluye
la
administración
de
esquemas
estandarizados
con
drogas
de
primera
línea,
incluyendo
H,
R,
pirazinamida
(Z)
y
etambutol
(E)
.
La
implementación
global
de
la
estrategia
DOTS
ha
contribuído
a
reducir
la
4,5
carga
global
de
TB
pero
es
insuficiente
cuando
se
la
implementa
como
única
medida
en
lugares
con
altos
niveles
de
TB-‐DR.
La
TB-‐DR
es
una
forma
de
enfermedad
causada
por
M.
tuberculosis
resistente
a
cualquiera
de
las
drogas
anti-‐TB
y
puede
ser
clasificada
en
mono,
poli,
multi
y
extensamente
drogorresistente
(ver
cuadro
1).
La
TB-‐MDR
es
una
causa
mayor
de
fracaso
terapéutico
y
su
cuantificación
se
considera
como
una
medida
confiable
de
la
drogorresistencia
e n
un
determinado
escenario.
Los
esquemas
estándares
de
6
meses
con
drogas
de
primera
línea
son
ineficaces
en
TB-‐MDR,
la
cual
requiere
tratamientos
de
dos
años
con
drogas
de
segunda
línea
menos
eficaces,
más
tóxicas
y
más
costosas.
De
todos
modos,
debe
ser
enfatizado
que
todas
las
formas
de
TB-‐DR
son
peligrosas
ya
que
la
administración
de
un
esquema
de
primera
línea
a
monorresistentes
a
H
o
R
6
puede
amplificar
fácilmente
la
drogorresistencia.
Por
esta
razón,
las
organizaciones
internacionales
corrientemente
recomiendan
que
el
manejo
programático
de
la
TB-‐DR
debe
incluir
todas
las
formas
de
la
misma,
desde
la
monorresistente
a
la
7
extensamente
drogorresistente
(TB-‐XDR).
Globalmente,
3,7%
de
los
casos
nuevos
de
TB
y
20%
de
los
previamente
tratados
fueron
estimados
como
TB-‐MDR
en
2011.
Existe
una
estimación
de
310.000
casos
de
TB-‐MDR
(rango:
220.000-‐400.000)
dentro
de
los
casos
de
TB
pulmonar.
Cera
de
60%
298
de
esos
casos
fueron
notificados
en
India,
China
y
la
Federación
Rusa
(Figura
1).
La
TB-‐XDR
ha
sido
identificada
en
84
países
en
1
los
que
fue
investigada
(Figura
2).
La
proporción
promedio
de
TB-‐XDR
en
los
casos
de
TB-‐MDR
es
de
9%
(6,7-‐11,2%).
El
manejo
clínico
de
la
TB-‐DR
no
puede
ser
establecido
como
una
entidad
independiente
porque
está
fuertemente
unido
al
diagnóstico
de
laboratorio,
guías
e
intervenciones
programáticas
y
cuadro
epidemiológico.
Dentro
de
este
amplio
panorama,
esta
revisión
muestra
la
situación
global
de
la
TB-‐MDR,
describe
los
problemas
asociados
con
el
manejo
clínico
de
la
TB-‐DR
en
lugares
de
recursos
limitados
y
analiza
la
disponibilidad
de
herramientas
diagnósticas
y
enfoques
terapéuticos
accesibles,
eficientes
y
relativamente
fáciles
de
implementar.
Distribución
global
de
los
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
Se
definen
como
países
de
alta
carga
de
TB-‐MDR
aquellos
que
registran
4.000
o
más
casos
incidentes
de
TB-‐MDR
por
año
y/o
por
lo
menos
10%
de
TB-‐MDR
entre
los
casos
nuevos
registrados.
Los
27
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
reúnen
el
86%
de
los
casos
mundiales
de
la
enfermedad.
Solamente
4
están
en
África,
independientemente
de
que
este
continente
contribuya
a
la
pandemia
TB
con
9
de
los
22
países
con
alta
carga
de
TB.
Los
otros
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
están
ubicados
en
Asia
y
en
la
antigua
Unión
Soviética.
Estos
países
parecen
haber
tenido
un
acceso
más
amplio
que
los
africanos
a
la
administración
en
condiciones
no
programáticas
de
drogas
de
segunda
línea
promoviendo
en
consecuencia
el
desarrollo
de
drogorresistencia
bacilar.
La
ampia
presencia
de
las
cepas
Beijing
del
M.
tuberculosis
en
el
este
europeo
y
en
países
asiáticos
parece
ser
otro
factor
que
favoreció
la
emergencia
de
TB-‐MDR.
Las
cepas
Beijing
son
conocidas
por
su
habilidad
para
diseminarse
en
la
comunidad
y
8
desarrollar
drogorresistencia.
La
TB
está
incuestionablemente
ligada
a
lugares
de
bajos
recursos.
El
Banco
Mundial
clasifica
a
los
países
de
acuerdo
a
su
9
ingreso
bruto
anual
per
capita
en
economías
de
bajo,
mediano-‐bajo,
mediano-‐alto
y
alto
ingreso.
Es
comprensible
que
la
mayoría
de
los
países
con
alta
carga
de
TB
estén
dentro
de
los
de
bajo
ingreso.
Este
no
es
el
caso
para
los
países
de
alta
carga
de
TBMDR,
de
los
cuales
el
70%
están
clasificados
como
economías
del
grupo
de
ingresos
medianos
y
uno
de
ellos
es
del
grupo
de
alto
ingreso
(cuadro
2).
Solamente
7
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
clasifican
en
el
grupo
de
bajos
ingresos,
lo
cual
es
problemático
considerando
los
costos
financieros
y
los
esfuerzos
administrativos
necesarios
para
aliviar
la
situación
global
de
la
TB-‐MDR.
Más
aun,
el
diagnóstico
y
tratamiento
de
la
TB-‐MDR
son
considerablemente
más
costosos,
requieren
más
infraestructura
y
recursos
humanos
más
calificados
que
las
estrategias
estándar
para
controlar
la
TB
sensible,
basadas
en
la
baciloscopía
y
regímenes
con
drogas
de
primera
línea.
El
hecho
que
la
mayoría
de
los
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
tengan
mejores
economías
contribuye,
pero
no
es
suficiente
para
aliviar
el
complejo
problema
de
la
enfermedad
es
grandes
áreas
del
mundo.
Más
allá
de
las
restricciones
económicas,
existen
aspectos
técnicos,
de
recursos
humanos,
administrativos
y
socioculturales
que
dificultan
la
aplicación
de
estrategias
de
fondo
para
controlar
la
TB-‐MDR
en
países
de
medianos
ingresos.
Adicionalmente,
a
estos
países
les
resulta
difícil
calificar
para
obtener
el
apoyo
de
organizaciones
internacionales
de
ayuda.
Inclusive
si
obtienen
ayuda
para
iniciar
una
estrategia,
la
sustentabilidad
basada
en
recursos
propios
es
frecuentemente
amenazada
por
la
burocracia,
desmanejos
políticos
u
otras
dificultades
internas.
299
CUADRO 1. Formas de TB-drogorresistente
TB monodrogorresistente: enfermedad causada por cepas de M. tuberculosis resistentes a una sola droga (más
comunmente isoniacida o estreptomicina).
TB polirresistente: enfermedad causada por cepas de M. tuberculosis resistente a dos o más drogas, excepto
aquellos que son simuláneamente resistentes a isoniacida y rifampicina (la más común es la resistencia asociada
a estreptomicina e isoniacida).
TB multidrogorresistente (TB-MDR): enfermedad causada por cepas de M. tuberculosis resistentes como
mínimo a isoniacida y rifampicina.
TB extensamente drogorresistente (TB-XDR): enfermedad causada por cepas de M. tuberculosis
multidrogorresistentes con resistencia adicional al menos a una fluoroquinolona y a uno de los tres inyectables de
segunda línea (kanamicina, amikacina y/o capreomicina).
9
Cuadro
2.
Clasificación
de
los
países
según
su
ingreso
(Banco
Mundial)
10,11
La
tuberculosis
y
la
TB-‐MDR:
un
ejemplo
de
la
desigualdad
social
La
TB
es
considerada
un
ejemplo
aleccionador
de
inequidad.
Es
una
enfermedad
predominantemente
relacionada
con
la
desventaja
social
y
económica,
ya
que
su
incidencia
se
ve
agravada
por
factores
socioeconómicos,
las
prácticas
de
tratamiento
inconsistentes
y
/
o
inadecuados
y
la
inmigración
de
países
en
los
que
la
enfermedad
es
endémica.
Reducir
las
desigualdades
en
la
incidencia
de
la
tuberculosis
en
el
mundo
es,
por
lo
tanto,
un
objetivo
que
debe
ser
abordado
sobre
todo
porque
se
espera
que
la
reciente
crisis
financiera
mundial
exacerbe
esta
inequidad.
Existe
una
fuerte
asociación
negativa
entre
el
Producto
Interno
Bruto
(PIB)
per
cápita
y
los
indicadores
evolutivos
de
la
TB
(curación,
abandonos,
mortalidad)
(Figura
1).
Figura
1.
Diagrama
de
puntos
de
la
asociación
entre
el
producto
bruto
interno
basal
(año
2000)
y
la
prevalencia
de
tuberculosis
para
la
región
EURO
de
la
OMS
(reproducido
con
permiso
del
Eur
Resp
J
2012;
40:
925-‐30).
300
A
pesar
de
la
riqueza
global
y
el
nivel
de
desarrollo
económico
dentro
de
una
nación,
la
desigualdad
de
ingresos
aumenta
el
número
de
personas
dentro
del
mismo
que
tienen
un
acceso
limitado
a
la
atención
sanitaria.
Otra
posible
explicación
del
efecto
en
la
TB
de
la
desigualdad
de
ingresos
es
el
aumento
de
la
pobreza
urbana,
que
se
asocia
con
factores
de
riesgo
conocidos
para
la
TB,
como
el
hacinamiento
y
un
medio
ambiente
contaminado.
El
coeficiente
de
Gini
es
una
medida
de
la
dispersión
estadística
que
se
puede
utilizar
para
medir
la
desigualdad
en
los
niveles
de
ingresos.
Un
coeficiente
de
cero
representaría
igualdad
perfecta
donde
todos
tendrían
exactamente
iguales
ingresos,
mientras
que
un
coeficiente
de
uno
expresa
la
desigualdad
máxima
donde
solo
una
persona
tendría
todos
los
ingresos.
En
general,
los
países
con
menores
coeficientes
de
Gini
tienen
menores
tasas
de
TB.
Como
era
de
esperar,
los
países
con
mayor
desigualdad
de
ingresos
tienen
tasas
más
altas
de
tuberculosis
(Figura
2).
Figura
2.
Diagrama
de
puntos
de
la
asociación
entre
el
coeficiente
de
Gini
basal
para
el
año
2000
y
la
incidencia
de
tuberculosis
en
la
región
EURO
de
la
OMS
en
2005
(reproducido
con
permiso
del
Eur
Resp
J
2012;
40:
925-‐30).
La
voluntad
política
debe
surgir
para
desafiar
el
problema
de
las
enfermedades
olvidadas.
La
falta
de
un
mercado
rentable
para
las
enfermedades
que
afectan
principalmente
a
las
personas
en
los
países
en
desarrollo
significó
que
la
investigación
y
el
desarrollo
llegaron
a
un
punto
muerto
desde
hace
décadas.
Solo
el
1%
de
los
nuevos
medicamentos
desarrollados
entre
1975
y
1999
fueron
útiles
para
el
tratamiento
de
la
TB
y
las
enfermedades
tropicales,
a
pesar
de
que
estas
enfermedades
causan
el
11%
de
la
carga
mundial
de
morbilidad.
Los
países
en
desarrollo
están
luchando
con
el
creciente
y
costoso
desafío
de
la
TB
multidrogorresistente
(MDR)
y
extensamente
resistente
(XDR).
La
eliminación
de
estas
disparidades
en
la
calidad
de
la
atención
de
la
TB
es
el
mejor
camino
hacia
el
control
mundial
de
la
enfermedad,
y
como
consecuencia
de
la
TB-‐MDR.
El
tratamiento
de
la
TB
pansensible
cuesta
menos
de
10
dólares
USA,
mientras
que
los
costos
de
las
pruebas
de
diagnóstico
y
tratamiento
de
la
TBMDR
están
en
el
orden
de
miles
de
dólares.
Un
esfuerzo
considerable
por
parte
de
organizaciones
de
la
sociedad
civil
en
los
últimos
años
han
ayudado
a
hacer
de
la
TB-‐MDR
una
prioridad
de
salud
pública.
Al
igual
que
con
el
VIH,
es
necesario
desafiando
la
noción
de
que
la
TB-‐MDR
fue
inicialmente
intratable
en
entornos
con
recursos
limitados
a
los
que
les
resulta
muy
oneroso
desviar
la
atención
y
los
recursos
de
tratamiento
utilizados
para
la
TB
sensible.
En
la
actualidad,
la
TB-‐MDR
es
una
prioridad
internacional
existiendo
un
acuerdo
sobre
un
plan
global
para
el
acceso
universal
al
tratamiento.
Es
éticamente
inaceptable
que
solo
el
10%
de
los
pacientes
con
TB-‐MDR
sean
diagnosticados
y
reciban
tratamiento
adecuado
en
condiciones
programáticas.
También
hay
un
número
desconocido
de
301
pacientes
con
TB-‐MDR
tratados
fuera
del
alcance
de
los
programas
nacionales
de
TB,
con
regímenes
heterodoxos
y
medicamentos
de
calidad
indefinida
que
aumentan
el
riesgo
de
desarrollar
más
resistencia
a
los
fármacos.
La
mayor
parte
de
las
pruebas
de
laboratorio
necesarias
para
diagnosticar
la
TB-‐MDR
requiere
equipos
y
reactivos
especializados
y
costosos;
esto
constituye
un
enorme
obstáculo
para
su
aplicación
en
los
países
en
desarrollo,
que
como
se
ha
mencionado,
por
lo
general
tienen
la
mayor
carga
de
casos
de
tuberculosis
resistentes
a
los
medicamentos.
Además,
el
costo
de
los
medicamentos
de
segunda
línea
sigue
siendo
alto,
alrededor
$4.500
en
promedio
por
paciente.
Actualmente,
el
mercado
de
las
drogas
para
TB-‐MDR
es
todavía
pequeño
y
fragmentado
y
atrae
pocos
fabricantes.
Solamente
se
obtendrán
reducciones
de
precio
en
las
economías
de
escala
cuando
más
pacientes
inicien
tratamiento,
pero
el
círculo
vicioso
de
los
altos
costos
de
los
países
disuade
de
afrontar
los
costos
de
los
pacientes
con
TB-‐MDR.
En
conclusión,
la
pobreza
y
las
desigualdades
socioeconómicas
son
las
barreras
que
impiden
el
acceso
a
los
métodos
modernos
de
diagnóstico
y
tratamiento
para
la
mayoría
de
los
pacientes
con
TB-‐MDR
en
un
grado
aún
mayor
que
la
de
la
tuberculosis
sensible.
Mientras
estas
inequidades
persisten
o
al
menos
no
se
reduzcan
notablemente,
será
imposible
lograr
el
control
global
real
de
la
TB
resistente
a
los
medicamentos.
Regímenes
de
tratamiento
para
la
tuberculosis
drogorresistente
El
régimen
actual
para
el
tratamiento
de
la
TB-‐DR
se
basa
en
regímenes
estandarizados
según
antecedentes
de
tratamiento
previo
y
patrones
de
resistencia
prevalentes
o
regímenes
individualizados
diseñados
según
los
resultados
de
las
pruebas
de
sensibilidad
(PS).
Las
características
farmacológicas
de
las
drogas
de
primera
y
segunda
línea
usadas
para
el
tratamiento
de
la
TB-‐DR
se
exponen
en
las
tablas
1
y
2.
Los
perfiles
de
resistencia
más
frecuentes
y
los
regímenes
de
tratamientos
sugeridos
por
OMS
se
muestran
en
las
tabas
1
y
2.
7,18
Las
TB
mono
y
polirresistentes
son,
por
definición,
más
sencillas
de
manejar
que
la
TB-‐MDR
porque
al
menos
una
de
las
dos
drogas
más
potentes
⎯H
o
R⎯
están
disponibles
para
ser
incluídas
en
el
esquema
de
tratamiento.
Los
casos
de
TB-‐MDR
con
resistencia
adicional
a
solo
una
clase
de
las
drogas
que
definen
la
TB-‐XDR
(fluoroquinolonas
o
12
inyectables
de
segunda
línea)
muestran
peor
evolución
que
otras
formas
de
TB-‐MDR
y
son
denominadas
TB
pre-‐XDR.
Es
comprensible
que
la
TB-‐XDR
sean
las
formas
más
difíciles
de
manejar
y
con
peor
evolución
dado
que
las
drogas
más
activas
dentro
del
grupo
de
segunda
línea son
ineficaces.
La
emergencia
de
casos
de
TB
con
resistencia
extendida
más
allá
de
la
definición
de
TB-‐XDR
ha
sido
recientemente
documentada
y
se
ha
intentado
clasificarla
como
una
nueva
forma
de
TB-‐DR
denominada
TB-‐
totalmente
drogorresistente.
Sin
embargo,
las
PS
para
mucha
de
las
drogas
de
segunda
línea
es
difícil
de
estandarizar
y
no
existe
suficiente
evidencia
que
relacione
la
resistencia
in
vitro
con
la
evolución
clínica.
Por
estas
razones,
los
comités
de
expertos
de
OMS
no
han
recomendado
el
uso
de
esta
13
definición.
302
Tratamiento
de
la
TB
mono
y
polirresistente
Las
formas
más
comunes
de
TB
monorresistente
son
a
H
o
a
estreptomicina.
Esta
última
refleja
el
amplio
uso
de
la
estreptomicina
en
el
pasado
y
no
representa
un
gran
desafío
para
el
tratamiento
dado
que
esta
droga
ya
no
se
incluye
en
los
esquemas
estandarizados
de
tratamiento.
La
monorresistencia
a
rifampicina
esmeros
frecuente
pero
mucho
más
peligrosa
dado
14
que
es
un
fuerte
predictor
de
TB-‐MDR
y
solamente
como
monorresistencia
predice
el
fracaso
terapéutico.
En
países
con
recursos
limitados
que
no
realizan
habitualmente
PS
en
forma
sistemática,
la
drogorresistencia
permanece
extensamente
no
detectada
y
los
casos
de
fracaso
de
tratamiento
y
recaídas
son
tratados
empíricamente.
En
consecuencia,
existe
limitada
evidencia
en
relación
a
la
evolución
con
el
tratamiento
de
la
TB
monorresistente.
Una
antigua
revisión
de
los
ensayos
clínicos
realizados
en
el
África
subsahariana
y
en
países
del
este
asiático
mostró
bajas
proporciones
de
fracaso
terapéutico,
similar
al
2%
de
fracasos
obtenidos
por
un
programa
altamente
eficiente
como
el
de
San
Francisco
(USA),
para
los
casos
resistentes
a
H
cuando
fueron
tratados
con
un
régimen
de
6
meses
conteniendo
R.
15,16
En
contraste,
una
meta-‐análisis
reciente
halló
tasas
de
fracaso
mucho
mayores
en
el
retratamiento
de
la
TB
monorresistente
a
H
(18-‐44%
en
6
estudios
de
17
cohortes).
Los
pacientes
con
resistencia
a
H
no
detectada
previamente
y
que
efectúan
regímenes
de
tratamiento
estandarizados
con
DPL
están
en
riesgo
de
amplificación
de
la
resistencia
al
comienzo
de
la
segunda
fase,
que
consiste
en
H
y
R
solamente.
Si
la
o
conversión
bacteriológica
no
ocurre
al
5 .
mes
de
tratamiento
es
imperativo
efectuar
PS.
Los
regímenes
para
TB
resistente
a
H
tienen
una
duración
de
9
meses
e
incluyen
una
fase
inicial
de
3
meses
que
incluye
R,
pirazinamida
y
etambutol
con
o
sin
18
estreptomicina
o
fluoroquinolona,
seguida
por
una
fase
de
continuación
de
6
meses
que
incluye
típicamente
R
y
etambutol.
De
todos
modos
el
nivel
de
evidencia
es
bajo
y
el
tratamiento
de
esta
forma
de
TB
varía
de
un
país
a
otro.
Los
regímenes
estandarizados
para
TB
monorresistente
a
R
son
más
prolongados,
de
12
a
18
meses,
dependiendo
de
la
presentación
y
evolución
clínico-‐radiológica-‐bacteriológica.
Es
obligatorio
un
estrecho
seguimiento
médico
y
esquemas
potentes
para
evitar
la
amplificación
de
la
drogorresistencia.
Los
esquemas
típicamente
incluyen
una
fase
inicial
de
3
meses
con
H,
etambutol,
pirazinamida,
una
fluoroquinolona
y
estreptomicina.
18
303
Dentro
de
la
TB
polirresistente,
la
más
frecuente
combinación
incluye
la
resistencia
simultánea
a
H
y
estreptomicina,
que
se
maneja
con
los
mismos
esquemas
que
la
TB
monorresistente
a
H.
Otras
combinaciones
son
menos
frecuentes
y
pueden
ser
detectadas
solamente
en
lugares
donde
se
efectúa
PS
y
no
existen
recomendaciones
basadas
en
la
evidencia
para
estos
casos.
Tratamiento
de
la
TB-‐MDR
18
Años
atrás,
la
OMS
definió
los
5
grupos
de
drogas
anti-‐TB
potencialmente
utilizables
en
TB-‐DR .
Esta
clasificación,
que
ha
sido
la
base
de
las
Guías
actualizadas
está
en
la
actualidad
bajo
revisión.
7,19
En
el
cuadro
3
se
puede
leer
una
lista
levemente
modificada
de
acuerdo
a
los
conocimientos
actuales.
Las
bases
para
el
tratamiento
actual
de
la
TB-‐MDR
consisten
en
la
combinación
de
un
agente
inyectable
(kanamicina/amikacina
o
capreomicina)
y
una
fluoroquinolona
(levofloxacina
o
moxifloxacina)
asociados
con
al
menos
3
drogas
potencialmente
activas
de
acuerdo
a
los
tratamientos
previos
realizados
por
el
paciente
y,
si
está
disponible,
a
las
PS.
Un
régimen
estandarizado
típico
para
TB-‐MDR
consiste
en
una
fase
inicial
de
8
meses
con
cicloserina,
etionamida
y
pirazinamida
o
PAS
agregados
a
la
dupla
base
de
una
fluoroquinolona
más
un
inestable
de
segunda
línea,
luego
sigue
una
fase
de
continuación
con
los
agentes
orales
y
sin
el
inyectable
por
aproximadamente
14-‐16
meses
(cuadro
4).
Si
el
paciente
ha
recibido
previamente
DSL,
existe
un
riesgo
incrementado
de
amplificar
la
resistencia
a
esas
drogas
y
eventualmente
de
generar
TB-‐XDR.
El
PAS
debe
ser
usado
preferentemente
a
la
pirazinamida
y
la
capreomicina
en
lugar
de
aminoglucósidos
hasta
tanto
los
resultados
de
las
PS
para
DSL
estén
disponibles.
Existe
escasa
flexibilidad
para
diseñar
esquemas
personalizados
más
allá
de
estos
esquemas
dado
que
deben
estar
restringidos
dentro
del
marco
de
clasificación
de
drogas.
Los
tratamientos
verdaderamente
personalizados
son
aquellos
que
se
administran
a
pacientes
con
TB
pre-‐XDR
y
TB-‐
XDR.
5,18,20
El
pronóstico
de
la
TB-‐MDR
no
necesariamente
difiere
entre
países
de
altos
y
bajos
ingresos
cuando
el
manejo
del
paciente
se
21
hace
bajo
estrictas
condiciones
programáticas.
Para
2011,
aproximadamente
la
mitad
de
los
países
informaron
globalmente
la
evolución
de
por
lo
menos
un
caso
de
TB-‐MDR
bajo
manejo
programático
(PMDT).
El
éxito
terapéutico
promedio
(pacientes
1
curados
bacteriológicamente
+
tratamientos
terminados)
de
acuerdo
a
las
estadísticas
de
OMS
osciló
entre
48
y
54%.
Específicamente,
21
de
27
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
informaron
evolución
para
sus
cohortes
2009. La
proporción
de
tratamientos
exitosos
varió
considerablemente
entre
los
21
países,
independientemente
de
su
ingreso.
Cuando
se
los
clasifica
de
acuerdo
a
economías
de
ingresos
bajos,
medianos
bajos,
medianos
altos
y
altos,
no
se
observaron
diferencias
significativas
entre
las
categorías
teniendo
en
cuenta
la
proporción
de
tratamientos
exitosos
(tabla
4).
Tratamiento
de
la
TB-‐XDR
El
tratamiento
de
la
TB-‐XDR
depende
de
los
resultados
bacteriológicos
y
de
la
historia
de
tratamientos
previos
que
incluye
típicamente
DSL.
Los
resultados
de
las
PS
a
DSL
no
son
tan
confiables
como
los
resultados
para
R
e
H.
Aunque
no
existen
esquemas
estandarizados,
el
tratamiento
incluye
un
agente
inyectable
(aminoglucósido
o
capreomicina
si
existe
sensibilidad,
imipenem-‐cilastatina-‐clavulanato,
meropenem-‐clavulanato),
moxifloxacina
(considerada
la
fluroquinolona
más
potente),
linezolid,
clofazimina,
alguna
droga
de
los
grupos
1
a
4
que
sea
sensible
in
vitro,
y
recientemente
ha
sido
recomendada
la
bedaquilina
como
una
opción
a
añadir
en
todos
los
regímenes
para
TB
pre-‐XDR
y
XDR.
La
bedaquilina
está
disponible
a
través
de
304
programas
de
uso
compasivo
y
fue
licenciada
para
uso
restringido
en
TBMDR
y
por
tratamientos
de
6
meses
en
USA
22,
22bis
.
Debe
resaltarse
que
el
uso
de
estas
drogas
está
restringido
a
pequeño
número
de
pacientes
que
conviene
que
estén
hosppitalizados
bajo
condiciones
de
aislamiento
respiratorio
y
estricto
control
médico.
El
pronóstico
de
estos
pacientes
es
sombrío,
estando
sus
posibilidades
de
éxito
terapéutico
por
debajo
del
50%.
El
régimen
de
Bangladesh
En
Bengala
(Bangladesh)
se
está
utilizando
un
régimen
alternativo
más
corto
y
más
económico
para
el
tratamiento
de
la
TB-‐
23
MDR .
Este
régimen
utiliza
durante
todo
el
tiempo
de
tratamiento
clofazimina,
etambutol,
pirazinamida
y
doble
dosis
de
gatifloxacina.
Kanamicina,
protionamida
y
alta
dosis
de
isoniacida
se
utilizan
solamente
durante
la
denominada
fase
inicial;
esta
fase
se
extiende
por
al
menos
4
meses
o
hasta
la
conversión
bacteriológica
del
esputo.
La
fase
de
continuación
dura
solamente
5
meses.
El
estudio
original
mostró
una
proporción
de
curaciones
en
206
pacientes
por
encima
del
80%.
Al
presente
(2013),
este
esquema
se
ha
aplicado
a
más
de
400
pacientes
con
seguimientos
de
6
a
24
meses
luego
de
terminar
el
tratamiento
y
una
curación
del
87%
(Van
Deun
A,
comunicación
personal).
La
drogorresistencia
global
en
Bengala
es
baja
y
los
pacientes
con
trataiento
previo
con
DSL
son
excluídos
del
régimen.
En
consecuencia,
antes
que
se
expida
una
recomendación
más
amplia
del
mismo
se
requiere
colectar
más
evidencia,
particularmente
de
áreas
con
mayor
drogorresistencia
que
Bengala.
Tabla
2.
Drogas
de
segunda
línea
usadas
en
el
tratamiento
de
la
TB
drogorresistente.
305
306
Un
aspecto
difícil:
el
manejo
de
las
reacciones
adversas
Las
reacciones
adversas
a
fármacos
anti-‐TB
(RAFAs)
ocurren
con
frecuencia
en
pacientes
tratados
con
DSL.
El
manejo
de
estos
eventos
requiere
experiencia
y
disponibilidad
de
drogas
de
soporte.
Las
RAFAs
constituyeron
un
desafío
programático
ni
bien
25
comenzaron
los
programas
denominados
DOTS
plus.
En
muchos
países
en
desarrollo,
las
DSL
son
provistas
sin
cargo
por
el
sistema
público
de
salud,
mientras
que
las
drogas
de
soporte
no
lo
son.
En
consecuencia,
las
RAFAs
resultan
en
una
pérdida
de
la
adherencia
para
los
pacientes
que
no
pueden
costearse
medicaciones
caras
como
son
los
corticoides
orales.
En
adición,
el
dosaje
de
fármacos
en
sangre,
que
es
un
importante
elemento
para
el
manejo
de
RAFAs,
prácticamente
no
existe
en
países
en
desarrollo.
Los
costos
del
tratamiento
De
acuerdo
a
una
revisión
reciente,
los
principales
factores
que
influencias
los
costos
de
tratamiento
son:
la
composición
de
drogas
del
esquema
elegido
y
el
modelo
de
cuidado
(hospitalización
vs.
tratamiento
ambulatorio).
El
modelo
ambulatorio
es
más
costo-‐eficaz
que
el
de
hospitalización.
De
todos
modos
debe
resaltarse
que
un
tratamiento
estandarizado
más
económico
y
administrado
en
forma
ambulatoria
(útil
en
TB-‐MDR)
no
es
lo
mejor
para
el
tratamiento
de
la
TB-‐XDR,
donde
las
combinaciones
de
drogas
administradas
deben
evaluarse
cuidadosamente
y
con
un
seguimiento
estrecho
del
paciente.
De
este
modo
se
evita
una
potencial
amplificación
del
patrón
de
resistencia
(ya
de
por
sí
extenso)
que
puede
acabar
con
las
escasas
drogas
efectivas
25
remanentes.
Los
fármacos
de
calidad
asegurada
para
tratar
la
TB-‐DR
son
caros.
El
costo
de
un
régimen
de
24
meses
que
incluya
capreomicina,
moxifloxacina,
cicloserina,
etionamida
y
pirazinamida
oscila
entre
3.950
y
5250
USD,
dependiendo
del
manufacturador.
De
307
acuerdo
a
las
guías
OMS,
el
costo
del
régimen
de
24
meses
más
económico
(incluye
kanamicina
y
levofloxacina)
tiene
un
costo
de
2.268
USD.
Hay
disponibles
en
el
mercado
medicamentos
más
económicos,
que
no
son
de
calidad
asegurada,
y
constituyen
una
opción
tentadora
para
países
de
medianos
y
bajos
recursos.
Lamentablemente,
estas
medicinas
de
bajo
costo
pueden
estar
por
debajo
de
los
estándares
de
eficacia
o
directamente
ser
adulteradas.
Este
tipo
de
drogas
pueden
no
alcanzar
niveles
terapéuticos
y
de
ses
modo
promover
la
amplificación
del
patrón
de
resistencia
en
las
cepas
infectantes.
De
hecho,
el
amplio
uso
de
este
tipo
de
medicinas
en
países
de
bajos
recursos
es
uno
de
los
factores
que
pone
en
riesgo
los
esfuerzos
globales
para
el
control
de
la
TB-‐
DR.
26-‐28
Rusia,
India,
China
y
Sud
África,
cuatro
de
los
5
recientemente
denominadas
economías
en
expansión
BRICS
representan
más
de
60%
de
los
casos
de
TB-‐DR
del
mundo.
La
expansión
del
mercado
de
DSL
y
la
esperada
baja
de
precios
consecuente
depende
del
compromiso
de
estos
países
para
producir
y/o
adquirir
drogas
de
calidad
asegurada.
En
particular,
China
e
India
son
importantes
productores
de
DSL,
pero
solamente
parte
de
su
producción
es
de
calidad
asegurada.
Estos
países
están
haciendo
considerables
29
esfuerzos
para
ajstar
sus
industrias
farmacéuticas
a
los
estándares
de
calidad
internacionales
que
fija
la
OMS.
A
través
del
GDF
(Global
Drug
Facility),
la
OMS
intermedia
en
la
adquisición
de
DSl
de
calidad
asegurada
utilizando
un
mecanismo
de
compra
conjunto
lo
cual
permite
obtener
mejores
precios
que
los
disponibles
en
el
mercado.
En
la
actualidad,
muchos
programas
nacionales
se
benefician
de
este
esfuerzo
internacional.
Existen
varios
donantes
internacionales,
como
la
Fundación
Gates,
USAID
y
PEPFAR
que
son
las
fuentes
principales
de
financiamiento
para
países
con
las
economías
más
pobres.
Como
se
comentó
anteriormente,
varios
de
los
países
con
alta
carga
de
TB-‐MDR
tienen
mejores
perfiles
económicos
que
los
de
alta
carga
de
TB.
En
consecuencia,
podrían
comprar
con
recursos
propios,
por
lo
menos
parcialmente,
DSL
de
calidad
30
asegurada.
Nuevos
agentes
terapéuticos
La
búsqueda
de
nuevas
drogas
anti-‐TB
ha
sido
descuidada
por
décadas
en
la
idea
que
la
TB
estaba
en
vías
de
eliminación.
La
emergencia
de
la
TB-‐MDR
en
la
década
de
1990
y
de
la
TB-‐XDR
en
la
de
2000
impulsó
la
investigación
en
el
terreno
del
desarrollo
de
nuevos
agentes
anti-‐TB.
Han
sido
propuestas
recientemente,
y
varias
están
bajo
evaluación,
nuevas
drogas,
combinaciones
de
drogas
y
drogas
potencialmente
útiles
para
tratar
la
TB-‐MDR/XDR.
24,31
Algunas
pueden
ser
administradas
bajo
programas
de
uso
compasivo.
33
El
descubrimiento
de
la
ofloxacina
como
droga
anti-‐TB
en
1985
inauguró
una
nueva
generación
de
fármacos
anti-‐TB:
las
fluoroquinolonas,
con
potente
actividad
antibacilar
y
que
inhiben
la
replicación
y
transcripción
del
ADN
micobacteriano
interfiriendo
la
ADN
girasa.
Las
nuevas
generaciones
de
fluoroquinolonas,
de
mayor
actividad
incluyen
levofloxacina
y
moxifloxacina
están
incorporadas
a
los
regímenes
estandarizados
para
el
tratamiento
de
la
TB-‐DR.
El
linezolid
fue
aprobado
en
2000
para
uso
humano
con
agente
antimicrobiano
y
es
especialmente
activo
contra
bacterias
Gram
positivas.
Al
igual
que
la
cicloserina,
pertenece
al
grupo
de
las
oxazolidinonas
que
actúan
inhibiendo
la
síntesis
proteica
bacteriana.
El
linezolid
ha
sido
exitosamente
incluído
en
esquemas
de
tratamiento
de
pacientes
TB-‐MDR
con
fracaso
terapéutico.
Existen
dos
desventajas
mayores,
la
toxicidad
y
elevado
costo,
que
dificultan
su
prescripción
generalizada
en
34
lugares
de
ingresos
restringidos
por
lo
que
está
principalmente
reservado
al
tratamiento
de
la
TB-‐XDR.
En
cierto
modo,
costos
y
toxicidad
se
reducen
al
utilizar
en
TB
media
dosis
del
fármaco
(600
mg/d).
Los
intentos
de
reducirla
a
la
cuarta
parte
han
308
36
36
fracasado .
Adicionalmente,
en
India
se
comercializa
un
genérico
de
bajo
costo
con
aparente
actividad
clínica.
Existen
análogos
del
linezolid
con
mayor
actividad
anti-‐TB
y
menores
efectos
adversos,
como
el
sutezolid
(PNU-‐100480)
están
actualmente
en
evaluación
en
voluntarios
humanos.
37-‐39
32
La
clofazimina
es
un
ejemplo
de
droga
reposicionada.
Descripta
su
actividad
anti-‐TB
en
1957,
esta
riminofenazina
lipofílica
fue
usada
exitosamente
en
el
tratamiento
de
la
lepra
e
incluída
en
los
regímenes
estándares
para
esta
enfermedad.
La
reciente
emergencia
de
la
TB-‐MDR/XDR
ha
renovado
el
interés
en
su
actividad
anti-‐TB
y
la
droga
ha
sido
evaluado
en
esquemas
combinados
para
estas
formas
de
TB.
Globalmente,
se
ha
descrito
un
éxito
variable
y
la
ausencia
de
efectos
adversos
importantes.
40,41
23
La
clofazimina
ha
sido
incluída
en
el
exitoso
esquema
Bangladesh,
descrito
anteriormente.
Otras
drogas
propuestas
para
tratamiento
anti-‐TB
son
los
antibióticos
de
beta
lactámicos
de
espectro
amplio.
En
particular
dos
carbapenemes:
imipenem
y
meropenem
mostraron
moderada
eficacia
en
un
modelo
experimental
de
infección
por
M.
tuberculosis
así
como
en
esquemas
combinados
para
tratamiento
de
TB-‐MDR
y
XDR.
42-‐46
Los
nitroimidazopiranos
son
pequeñas
moléculas
obtenidas
recientemente
a
partir
del
metronidazol.
Son
activos
contra
la
TB
inhibiendo
la
síntesis
de
ácidos
micólicos.
El
OPC-‐6783
(delamanid)
y
el
PA-‐824
están
actualmente
en
ensayos
clínicos
avanzados.
47-‐49
30
Se
aguarda
la
aprobación
por
la
FDA,
aunque
el
organismo
regulador
de
medicamentos
europeo
no
autorizó
todavía
el
uso
clínico
de
delamanid
por
la
falta
de
estudios
adicionales
que
garanticen
su
eficacia
y
tolerancia.
50
Otro
nuevo
compuesto
que
interfiere
con
la
síntesis
de
la
pared
celular
del
bacilo
es
el
SQ-‐109.
Aunque
esta
molécula
es
derivada
del
etambutol,
no
muestra
resistencia
cruzada.
Un
dato
interesante
es
que
se
ha
demostrado
sinergia
entre
SQ-‐109
y
el
51
análogo
del
linezolid
PNU-‐100480,
que
es
un
hallazgo
promisorio
para
el
uso
combinado
de
estas
nuevas
drogas.
SQ-‐109
está
52
actualmente
en
evaluación
en
ensayos
clínicos.
La
diariquinolina
R207910
fue
descrita
por
primera
vez
en
2005.
es
un
derivado
de
la
estructura
de
quinolinas
antimaláricas
pero
52
tiene
actividad
específica
antimicobacteriana
inhibiendo
la
bomba
de
protones
de
la
ATP
sintetasa
micobacteriana.
El
R207910
también
fue
conocido
como
TMC207
y
compuesto
“J”,
más
recientemente
fue
denominado
bedaquilina.
En
diciembre
de
2012
fue
licenciado
en
USA
para
su
uso
en
TB-‐MDR
en
tratamientos
combinados
y
con
una
duración
de
uso
de
la
bedaquilina
de
6
meses,
con
la
advertencia
de
la
posibilidad
de
arritmias
cardíacas
asociadas
a
prolongación
del
intervalo
QTc
(corregido,
valor
normal
<
45
mseg).
Tiene
una
potente
actividad
anti-‐TB
pero
interfiere
con
la
R,
en
consecuencia
estas
drogas
54
no
pueden
combinarse
para
el
tratamiento
de
la
TB
pansensible.
Los
regímenes
pata
TB-‐MDR
que
incluyen
bedaquilina
muestran
mayor
eficacia
pero
también
mayor
toxicidad
que
los
regímenes
estándares.
55,56
Una
aproximación
al
desarrollo
de
tratamientos
anti-‐TB
consiste
en
el
uso
de
modelos
murinos
de
infección
para
probar
cmbinaciones
de
nuevas
y
antiguas
drogas
con
el
objeto
de
incrementar
la
actividad
bactericida
y
acortar
la
duración
de
los
57
tratamientos.
Los
esquemas
más
prometedores
son
aplicados
en
ensayos
clínicos
como
candidatos
para
regímenes
estandarizados
para
TB-‐
58
DR.
La
sinergia
entre
el
símil-‐etambutol
SQ-‐109
y
el
derivado
del
linezolid
PNU-‐100480
es
un
enfoque
hasta
ahora
exitoso
para
51
ser
ensayado.
309
La
denominada
actividad
bactericida
precoz
(EBA)
se
utiliza
habitualmente
como
una
medida
de
la
eficacia
de
nuevas
drogas
o
combinaciones
de
drogas,
que
son
adminnistradas
por
un
breve
período
a
pacientes
voluntarios
con
TB
pulmonar
antes
de
comenzar
el
tratamiento
anti-‐TB
estándar.
La
EBA
compara
la
disminución
de
unidades
formadoras
de
colonias
de
M.
59
tuberculosis
observadas
en
muestras
secuenciales
de
esputos
de
pacientes
con
diferentes
esquemas
terapéuticos.
En
un
estudio
paradigmático,
la
combinación
de
pirazinamida
con
moxifloxacina
y
PA824
alcanzó
la
máxima
EBA
en
comparación
con
57
otros
regímenes.
El
objetivo
de
estos
estudios
es
hallar
un
régimen
estándar
único
que
sirva
para
tratar
tanto
la
TB
pansensible
como
la
TB-‐DR.
Este
tipo
de
régimen
podría
ser
de
utilidad
en
lugares
de
recursos
limitados
en
los
que
no
se
cuenta
con
pruebas
de
sensibilidad
57
a
drogas.
De
todos
modos
es
previsible
que
la
resistencia
bacteriana
emerja
y
de
cuenta
de
este
tipo
de
regímenes.
Existen
limitaciones
respecto
de
nuevas
drogas
y
regímenes
para
tratar
TB-‐DR
que
deben
solucionarse,
especialmente
en
los
países
de
recursos
limitados:
la
participación
de
las
compañías
farmacéuticas
en
el
mercado
de
fármacos,
la
protección
de
los
30
pacientes,
un
retorno
desfavorable
en
relación
a
la
inversión
y
beneficios
potencialmente
exiguos.
Función
del
laboratorio
en
el
manejo
de
la
TB
drogorresistente
El
manejo
clínico
de
la
TB-‐DR,
que
estuvo
dirigido
originalmente
al
tratamiento
y
curación
de
pacientes
individuales,
está
estrechamente
ligado
a
las
intervenciones
programáticas
diseñadas
para
el
control
de
la
enfermedad
en
la
comunidad.
Más
aún,
la
administración
de
tratamientos
eficaces
implica
cubrir
distintos
requisitos,
entre
ellos
el
apoyo
del
laboratorio;
este
juega
un
papel
clave
en
la
detección
de
TB-‐DR
a
nivel
de
cada
caso
y
también
en
el
monitoreo
del
tratamiento
y
en
la
vigilancia
de
los
niveles
de
drogorresistencia
en
la
comunidad.
En
consecuencia,
para
el
manejo
apropiado
de
la
TB
drogorresistente
existe
una
urgente
necesidad
de
reforzar
en
los
países
de
recursos
limitados
la
capacidad
de
laboratorio,
su
eficiencia
y
bioseguridad.
7
También
la
voluntad
política
que
asegure
la
sustentabilidad
de
su
funcionamiento.
En
muchos
países
de
recursos
limitados,
el
diagnóstico
de
laboratorio
recae
principalmente
en
la
observación
microscópica
directa
de
láminas
de
esputo
(baciloscopía).
El
cultivo
para
micobacterias
y
las
pruebas
de
sensibilidad
del
M.
tuberculosis,
que
son
las
bases
del
diagnóstico
y
vigilancia
de
la
TB-‐DR,
requieren
recursos
humanos
y
laboratorios
de
bioseguridad
nivel
3.
Típicamente,
en
muchos
países
de
bajos
e
inclusive
medianos
recursos,
estas
condiciones
solamente
se
cumplen
en
los
2
laboratorios
de
referencia.
Pruebas
de
sensibilidad
fenotípicas
El
método
de
las
proporciones
para
M.
tuberculosis
permite
calcular
la
proporción
de
bacilos
resistentes
que
crecen
en
medio
60
sólido
en
presencia
de
una
droga
a
una
determinada
concetración.
Esta
prueba
es
precisa
y
relativamente
económica
en
comparación
con
los
sistemas
de
cultivo
modernos
y
todavía
se
aplica
como
el
estándar
de
oro
en
muchos
países,
particularmente
en
aquellos
con
medianos
y
bajos
recursos.
La
prueba
de
sensibilidad
en
medio
sólido
require
mano
de
obra
intensive,
experiencia
y
toma
de
6
a
8
semanas
para
producer
resultados.
Los
métodos
de
cultivo
en
medio
líquido
semiautomatizados
fueron
desarrollados
en
los
1980’s
lo
cual
reduce
el
tiempo
de
procesamiento
a
2-‐3
semanas.
Dentro
de
estos,
el
BACTEC
TB-‐460,
método
radiométrico
de
alta
confiabilidad,
fue
considerado
durante
dos
décadas
como
el
estándar
de
oro
en
los
países
de
altos
ingresos.
61,62
310
Debido
al
peligro
de
la
contaminación
por
desechos
radiactivos,
el
BACTEC
TB-‐460
fue
retirado
del
mercado
y
fue
desarrollada
una
nueva
generación
de
sistemas
de
cultivo
líquido
basados
en
tecnología
fluorescente,
primero
como
una
versión
manual
del
63
MGIT
(Mycobacterial
Growth
Indicator
Tube).
El
BACTEC
MGIT-‐960
se
basa
en
la
misma
tecnología,
pero
los
tubsca
de
emisión
fluorescente
dentro
del
aparato.
Así
como
otros
sistemas
no
radiométricos
han
sido
lanzados
al
mercado,
el
BACEC
MGIT-‐960
es
el
más
comúnmente
usado
para
el
cultivo
y
detección
de
drogorresistencia.
64,66
En
forma
complementaria
a
los
sistemas
con
cultivos
en
medio
líquido
existen
nuevos
67
dispositivos
inmunocromatográficos
de
flujo
lateral
para
la
identificación
rápida
(15
minutos)
del
M.
tuberculosis
complex.
La
68
OMS,
recientemente
ha
respaldado
el
uso
de
sistemas
de
cultivo
líquido
combinados
con
identificación
rápida
de
especies.
Los
sistemas
de
cultivo
líquido
automatizados
son
aún
de
alto
empleo
de
mano
de
obra,
caros
y
dependientes
de
equipos
altamente
sofisticados.
En
medios
de
bajos
recursos
se
han
propuesto
métodos
“caseros”
(in
house)
para
cultivo
rápido
y
sensibilidad.
Dos
de
estos
métodos
están
basados
en
la
observación
microscópica
directa
del
crecimiento
micobacteriano
precoz
en
medio
sólido
(método
en
capa
fina
de
agar)
o
líquido
enriquecido
(MODS:
microscopic
observation
drug
susceptibility
assay).
69-‐71
Puede
detectarse
el
crecimiento
del
M.
tuberculosis
en
tan
solo
7-‐9
días
post-‐inoculación
usando
microscopía
convencional
para
el
primero
o
microscopio
invertido
para
el
MODS.
La
observación
microscópica
de
las
colonias
permite
una
72
identificación
preliminar
de
especie.
Ambos
métodos
tienen
un
desempeño
similar.
El
MODS
ha
sido
recientemente
73
respaldado
por
OMS
para
uso
en
pacientes
con
riesgo
de
drogorresistencia
en
lugares
de
recursos
limitados.
Otros
métodos
de
cultivo
rápido
no
comerciales
aplicados
a
determinar
sensibilidad
a
drogas,
están
basados
en
la
detección
colorimétrica
de
la
actividad
metabólica
bacteriana
usando
indicadores
redox.
Las
sales
de
tetrazolio
y
la
resazurina
son
las
más
frecuetemente
aplicadas
en
el
formato
de
una
placa
de
microtitulación
conteniendo
medio
líquido
enriquecido.
El
reactivo
de
Griess
es
usado
en
medio
sólido
para
revelar
la
actividad
de
la
nitrato
reductasa
y
la
acción
inhibidora
(o
no)
de
isoniacida
y
rifampicina
en
cepas
sensibles
(o
resistentes).
Existe
abundante
literatura
en
el
desempeño
adecuado
de
estos
tests
para
detección
rápida
de
resistencia.
74-‐77
Los
métodos
colorimétricos
redox
y
el
ensayo
de
nitrato
reductasa
han
sido
respaldados
por
OMS
para
la
detección
de
drogorresistencia.
78,79
El
ensayo
de
nitrato
reductasa
es
el
más
atractivo
test
no
comercial
para
la
rápida
implementación
en
lugares
de
medianos
y
bajos
recursos.
Es
económico,
requiere
un
entrenamiento
mínimo,
se
integra
fácilmente
al
flujo
de
trabajo
del
laboratorio,
no
genera
los
riesgos
biológicos
asociados
al
manejo
del
cultivo
líquido
y
no
requiere
equipamiento
especial
como
el
microscopio
invertido
en
el
caso
del
MODS.
Detección
genotípica
de
drogorresistencia
El
Mycobacterium
tuberculosis
desarrolla
resistencia
a
diferentes
drogas
a
través
de
mutaciones
espontáneas
en
genes
blanco.
Siempre
se
producen
mutantes
monorresistentes.
Estadísticamente
la
multirresistencia
es
altamente
improbable
que
surja
naturalmente.
Las
mutaciones
a
drogas
ocurren
a
diferentes
velocidades
y
son
seleccionadas
bajo
presión
ambiental.
Los
métodos
genotípicos
para
detector
resistencia
del
M.
tuberculosis
están
basados
en
la
identificación
de
las
mutaciones
que
mejor
se
conoce
producen
resistencia.
80,81
Por
ejemplo
la
mayor
parte
de
las
mutaciones
que
confieren
resistencia
a
R
están
concentradas
en
la
región
core
del
gen
rpoB
del
M.
tuberculosis,
haciendo
de
este
pequeño
segento
cromosómico
un
blanco
311
ideal
para
la
detección
de
resistencia
a
R.
Este
no
es
el
caso
para
la
H,
donde
la
resistencia
está
relacionada
a
dos
o
más
genes
y
tanto
como
1
de
cada
4
aislamientos
a
la
H
puede
no
tener
asociada
ninguna
de
las
mutaciones
conocidas.
Los
altos
niveles
de
resistencia
a
la
H
están
usualmente
relacionados
a
mutaciones
del
gen
katG,
mientras
que
los
niveles
bajos
de
resistencia
(y
la
resistencia
cruzada
con
etionamida)
se
asocian
a
mutaciones
de
la
región
promotora
del
gen
inhA.
La
resistencia
a
fluoroquinolonas
está
fuertemente
asociada
a
mutaciones
en
un
pequeño
segmento
del
gen
gyrA,
en
consecuencia
este
segmento
es
un
blanco
útil
para
la
detección
genotípica
de
resistencia
a
quinolonas.
Similarmente,
los
aislamientos
resistentes
a
amikacina
y
capreomicina
generalmente
presentan
mutaciones
en
el
gen
rrs.
En
general,
la
frecuencia
de
mutaciones
asociadas
a
drogas
varía
entre
distintas
regiones
geográficas.
Un
formato
de
amplio
uso
es
el
ensayo
de
sondas
en
linea
(LPA
o
line
probe
assay)
o
ensayo
de
hibridización
en
fase
sólida.
El
método
se
basa
en
la
amplificación
por
PCR
del
ADN
micobacteriano
a
partir
de
una
muestra
del
cultivo,
seguido
de
hibridación
reversa
a
sondas
específicas
previamente
inmovilizadas
en
una
base
de
nitrocelulosa
o
tiras
plasticas.
Un
sistema
de
detección
coloreado
permite
la
visualización
del
ADN
hibridado
como
una
banda
en
la
tira.
El
INNO-‐LiPA
Rif
TB
Assay
(Innogenetics,
Ghent,
Belgium)
fue
el
primer
test
commercial
de
esta
clase
y
ha
estado
en
el
Mercado
por
cierto
tiempo.
Detecta
resistencia
a
R
ya
sea
de
muestras
aisladas
de
cultivo
o
directamente
de
esputo,
pueden
obtenerse
resultados
dentro
del
día
de
trabajo.
82,83
Las
tiras
contienen
10
sondas
de
oligonucleótidos
fijadas
a
su
superficie,
de
las
cuales
una
es
específica
para
el
M.
tuberculosis
y
las
otras
9
representan
segmentos
de
genes,
ya
sea
salvajes
o
mutados,
de
la
región
core
rpoB.
El
hecho
que
la
resistencia
a
R
es
considerada
ser
un
marcador
surrogante
confiable
para
TB-‐MDR
en
la
mayor
parte
de
las
regions
del
mundo
hace
este
test
una
valiosa
herramienta
para
identificar
rápidamente
a
los
sospechosos
de
TB-‐MDR.
La
84
evidencia
de
su
excelente
desempeño
es
presentada
en
una
revisión
sistemática
y
meta-‐análisis.
Una
opción
más
reciente
con
formato
y
desempeño
similar
es
el
GenoType
MTBDR
(Hain
Lifesciences,
Nehren,
Germany),
una
serie
de
ensayos
ara
la
identificación
rápida
del
M.
tuberculosis
y
la
resistencia
a
R
e
H.
Se
han
producido
sucesivas
generaciones
del
ensayo
a
fin
de
mejorar
la
exactitud
incrementando
el
espectro
de
genes
incluidos
como
sondas.
El
desempeño
de
la
nueva
generación
del
GenoType
MTBDRplus
para
detectar
resistencia
a
R
es
comparable
a
la
del
INNO-‐LiPA
Rif
TB.
85,86
Los
resultados
pueden
ser
obtenidos
en
1–2
días
directamente
de
muestras
esputo
positivas.
Cuando
el
test
fue
evaluado
en
un
laboratorio
de
87
salud
pública
de
alto
volumen
de
trabajo
mostró
un
adecuado
desempeño.
La
última
generación
del
GenoType
MTBDRsl
(Hain
Life
Sciences)
es
complementaria
del
test
previo
y
ha
sido
diseñada
para
detectar
resistencia
a
etambutol
y,
más
importante,
para
detectar
las
resistencia
a
drogas
que
define
la
TB-‐XDR.
El
ensayo
incluye
sondas
que
tienen
como
blanco
el
gen
gyrA,
el
gen
rrs
(mutaciones
asociadas
con
resistencia
a
las
drogas
inyectables
capreomicina
y
amikacina)
y
el
gen
embB
(resistencia
a
etambutol).
88,89
En
un
reciente
meta-‐análisis,
este
test
mostró
una
adecuada
precisión
para
detectar
resistencia
a
fluoroquinolonas,
amikacina
y
90
capreomicina,
pero
no
para
etambutol.
Es
necesario
la
evaluación
clínica
extensa
del
test.
91
Los
ensayos
LPA
para
un
tamizaje
rápido
de
los
pacientes
en
riesgo
para
TB-‐MDR
han
sido
aprobados
por
OMS.
En
tanto
que
el
Genotype
MTBDRsl
se
considera
que
aún
no
reemplaza
las
pruebas
fenotípicas
de
sensibilidad,
pero
es
útil
como
tamizaje
de
TB-‐
92
XDR
con
propósito
de
vigilancia
epidemioógica.
312
El
desempeño
irregular
de
los
ensayos
genotípicos
para
detectar
resistencia
a
diferentes
drogas
no
está
relacionado
al
formato
de
los
mismos
si
no
a
las
considerables
brechas
que
existen
en
el
conocimiento
científico
de
los
mecanismos
que
llevan
al
desarrollo
de
drogorresistencia.
Estas
brechas
no
pueden
cubrirse
solamente
con
nuevas
tecnologías
de
secuenciación
y
el
tema
permanece
abierto
dado
que
los
ensayos
genotípicos
serán
imperfectos
hasta
que
los
mecanismos
genéticos
de
la
drogorresistencia
sean
entendidos
más
profundamente.
2,81
Los
ensayos
comerciales
de
genotipificación
son
muy
caros
y
su
uso
sistemático
está
fuera
del
alcance
para
la
mayoría
de
los
países
de
bajo
y
mediano
ingreso.
Los
métodos
no
comerciales
han
sido
propuestos
para
la
detección
de
TB-‐MDR
y
muestran
resultados
promisorios,
incluyendo
LPA
y
aquellos
basados
en
PCR
específica
de
multiples
alelos.
Estos
métodos
“caseros”
son
relativamente
sencillos
de
realizar
y
accesibles
para
economías
de
ingresos
medianos
o
bajos.
93,94
De
todos
modos,
se
requiere
alguna
especialización
en
biología
molecular
así
como
laboratorios
con
habitaciones
separadas
para
realizar
los
distintos
pasos
de
la
PCR.
Debe
tenerse
especial
cuidado
para
evitar
la
contaminación
con
amplicones,
especialmente
cuando
el
ADN
es
amplificado
directamente
de
especimenes
clínicos.
Así
como
ocurre
con
cualquier
detección
basada
en
PCR
la
sensibilidad
es
altamente
dependiente
del
método
seleccionado
para
extracción
del
ADN,
el
contenido
de
ADN
de
la
muestra
y
la
presencia
de
inhibidores
en
la
muestra.
Recientemente,
la
tecnología
PCR
en
tiempo
real
ha
mostrado
un
enorme
potencial
para
su
aplicación
en
el
campo
de
diagnóstico
clínico.
Entre
otros
ensayos
basados
en
esta
tecnología
un
relevante
desarrollo
ha
sido
el
recientemente
comercializado
GenXpert
System
(Cepheid,
Sunnyvale,
CA,
USA),
cuyo
objetivo
es
cambiar
los
paradigmas
del
cuidado
de
la
TB
y
95
especialmente
de
la
TB-‐DR.
En
su
formato
actual,
el
ensayo
detecta
TB
y
resistencia
a
R.
El
principio
consiste
en
una
PCR
en
tiempo
real
semi-‐anidada
que
amplifica
un
segmento
específico
del
gen
rpoB
del
M.
tuberculosis
y
faros
moleculares
que
detectan
secuencias
mutadas
o
de
tipo
salvaje
(wild
type).
Todo
el
ensayo
se
realiza
automáticamente
en
un
cartucho
descartable
y
no
requiere
por
lo
tanto
estrictas
medidas
de
bioseguridad
ni
personal
especialmente
entrenado.
La
recontaminación
y
licuefacción
de
la
muestra
clínica,
así
como
su
transferencia
en
un
cartucho
descartable
son
los
únicos
procedimientos
manuales.
Esto
toma
15
minutos
y
requiere
un
entrenamiento
mínimo
y
las
mismas
precauciones
que
para
preparar
una
muestra
de
esputo
para
baciloscopía.
El
tiempo
completo
para
obtener
resultados
es
de
2
horas.
Como
toda
la
amplificación
ocurre
dentro
de
un
cartucho
herméticamente
sellado,
el
riesgo
de
contaminación
por
amplicones
es
virtualmente
nulo.
El
Xpert
MTB/RIF
puede
convertirse
en
la
herramienta
fundamental
para
el
diagnóstico
de
TB
en
áreas
con
alta
prevalencia
de
resistencia
a
drogas
de
primera
línea.
Su
óptimo
desempeño
ha
sido
demostrado
en
TB
pulmonar,
extrapulmonar
y
pediátrica.
en
lugares
de
bajos
recursos
y
recomendada
por
OMS.
98,99
95-‐97
Esta
metodología
ha
sido
validada
De
todos
modos,
si
tecnologías
como
el
Xpert
MTB/RIF
va
a
ser
ampliamente
implementadas
en
lugares
de
bajos
recursos
económicos,
deben
ser
utilizados
paralelamente
esquemas
terapéuticos
estandarizados
y
seguros
para
TB-‐MDR
y
solamente
en
áreas
donde
la
resistencia
a
drogas
de
segunda
línea
(DSL)
es
baja.
El
cultivo
y
testificación
fenotípica
de
sensibilidad
a
drogas
debe
todavía
ser
requerido
para
los
especimenes
que
muestran
resistencia
a
R
y
para
poder
monitorear
el
tratamiento
(el
Xpert
no
sirve
a
este
fin
por
la
alta
sensibilidad
de
la
PCR).
De
hecho,
deben
desarrollarse
algoritmos
específicos
para
la
aplicación
de
esta
ponderosa
herramienta
en
cada
escenario
en
particular,
tomando
en
cuenta
los
perfiles
predominantes
de
resistencia
a
DSL.
313
Los
aparatos
y
cartuchos
son
distribuídos
por
auspiciantes
internacionales
a
precios
subsidiados
en
países
de
bajos
recursos.
De
todos
modos,
algunos
temas
deben
ser
considerados
cuidadosamente
si
el
ensayo
va
a
ser
aplicado
en
lugares
de
bajos
recursos:
una
sustentable
provisión
de
cartuchos,
la
calibración
anual
del
aparato,
una
fuente
de
electricidad
confiable,
aire
acondicionado,
un
stock
asegurado
de
DSl
para
tratar
los
enfermos
diagnosticados,
asesoría
por
médicos
con
experiencia
en
el
manejo
de
la
TB-‐DR
y
laboratorio
de
calidad
asegurada
para
a
detección
y
seguimiento
de
reacciones
adversas.
El
hecho
de
disponer
de
una
rápida
detección
de
TB-‐DR
donde
es
más
necesaria
es
un
tremendo
paso
adelante.
De
todos
modos,
el
progresivo
número
de
tests
disponibles
para
detectar
drogorresistencia
a
DSL
del
M.
tuberculosis
complica
el
manejo
de
los
casos
drogorresistentes.
No
se
ha
alcanzado
un
consenso
internacional
en
la
estandarización
de
los
métodos
de
sensibilidad
para
DSL,
incluso
en
aspectos
como
concentraciones
críticas
y
criterios
para
la
interpretación
de
resultados.
Los
expertos
internacionales
actualizan
periódicamente
las
recomendaciones
pero
no
se
ha
identificado
una
prueba
que
reúna
79
en
conjunto
los
criterios
ideales
de
precisión,
reproducibilidad,
facilidad
de
uso,
accesibilidad
y
tiempo
total
de
realización.
En
la
actualidad
los
métodos
moleculares
aceleran
la
detección
pero
no
reemplazan
a
los
métodos
fenotípicos
de
detección
de
resistencias.
Ambos
enfoques
son
complementarios
y
deben
ser
interpretados
teniendo
en
cuenta
la
historia
médica
del
paciente.
100
El
papel
de
la
administración
de
cuidados
y
los
sistemas
de
información
médica
Recientemente,
Mauch
y
col.
101
han
mostrado
evidencia
de
la
calidad
del
cuidado
en
TB
en
países
de
3
continentes,
incuyendo
la
“ley
de
cuidado
inverso”.
Esta
ley
enuncia
que
“la
disponibilidad
de
un
buen
cuidado
médico
tiende
a
variar
inversamente
con
las
necesidades
de
la
población
servida”.
Concluyen
que
el
diagnóstico
y
tratamiento,
inclusive
cuando
son
gratuitos,
no
garantizan
la
cura
a
todos
los
pacientes.
Persisten
barreras
elementales
propias
de
cada
país
en
los
pacientes
más
afligidos
por
la
pobreza
tales
como
costos
relacionados
con
el
transporte,
el
alojamiento
y
la
nutrición.
Las
intervenciones
de
sentido
común,
incluyendo
un
estricto
seguimiento
del
apoyo
para
transporte
y
comida,
son
altamente
eficaces.
102
Los
servicios
deben
ser
descentralizados
y
los
sistemas
de
seguridad
social
deben
estar
disponibles
para
los
pacientes
para
corregir
inequidades
sociales
de
larga
data
en
relación
al
cuidado
de
la
TB
103
.
Estas
simples
medidas
ayudan
a
prevenir
el
abandono
del
tratamiento,
la
amplificación
de
resistencia
a
drogas,
mayor
sufrimiento,
muerte
y
transmisión
de
la
enfermedad.
Ha
sido
propuesto
una
intervención
para
el
manejo
de
base
comunitaria
de
la
TB-‐DR
en
aquellas
áreas
donde
la
creciente
carga
de
TB-‐MDR
excede
la
capacidad
de
los
hospitales
especializados.
104
Teniendo
en
cuenta
la
necesidad
de
un
cuidado
descentralizado
en
determinados
lugares,
deben
ser
provistas
a
la
comunidad
información
en
control
de
infecciones,
focalizada
en
la
protección
familiar
(particularmente
niños
e
inmunodeprimidos),
ventilación
y
uso
de
habitaciones
separadas.
105,107
Existen
profundas
brechas
entre
las
intervenciones
planteadas
por
organismos
internacionales
y
el
manejo
de
la
TB-‐DR
en
el
mundo
real,
se
requiere
un
pensamiento
creativo
para
llenar
estas
brechas.
107
El
uso
de
teléfonos
celulares
para
control
del
tratamiento
y
recordatorio
de
la
toma
de
medicación
y
redes
de
educación
comunitarias
son,
entre
otros,
interesantes
iniciativas.
108-‐111
Los
sistemas
de
información
médica
son
progresivamente
accesibles,
inclusive
en
remotas
áreas
rurales
de
países
con
bajos
recursos.
Las
redes
a
través
de
teléfonos
celulares
permiten
obtener
datos
para
el
registro.
Estos
tipos
de
enfoques
deben
ser
de
mayor
utilidad
para:
(i)
rastrear
pacientes
diagnosticados
para
iniciar
la
terapia,
(ii)
alertar
a
los
pacientes
que
han
sido
314
prescriptos
con
medicaciones
inadecuadas,
(iii)
recuperar
pacientes
que
abandonaron
el
tratamiento,
(iv)
recibir
resultados
de
laboratorio
en
tiempo
real,
(v)
prevenir
la
duplicación
de
registros
o
problemas
de
identificación
a
través
de
un
código
único
por
paciente,
y
(vi)
rastrear
los
efectos
adversos
y
aconsejar
a
profesionales
de
la
salud
lejanos
sobre
el
manejo
de
la
TB-‐DR.
111
Conclusiones
La
reciente
emergencia
de
la
TB-‐DR
en
grandes
áreas
del
mundo
ha
desencadenado
el
desarrollo
de
nuevas
y
más
poderosas
herramientas
para
el
diagnóstico
de
la
TB
y
detección
de
drogorresistencia.
Los
nuevos
ensayos
que
han
surgido
requieren
la
generación
de
nuevos
algoritmos
específicos
para
integrar
al
cuidado
de
la
TB
y
que
deben
estar
adaptados
a
cada
lugar
en
base
a
las
instalaciones,
capacidades,
antecedentes
y
prevalencia
de
drogorresistencia.
El
manejo
clínico
de
la
TB-‐DR
es
aún
un
asunto
no
resuelto
definitivamente.
Nuevas
drogas
e
ingeniosas
combinaciones
de
drogas
están
disponibles
progresivamente,
lo
cual
es
muy
prometedor
para
obtener
un
tratamiento
exitoso
y
más
breve
de
la
TB-‐DR.
Estos
hallazgos,
que
son
la
evolución
de
esfuerzos
intensos,
de
lento
progreso
y
costosos
pueden
ser
arruinados
rápidamente
por
el
uso
inadecuado
de
estas
medicaciones.
Las
organizaciones
internacionales
y
los
sistemas
de
salud
nacionales
deben
reforzar
el
control
de
estas
intervenciones,
enfatizando
el
uso
racional
de
nuevas
y
antiguas
drogas
para
evitar
su
uso
inadecuado
y
la
rápida
generación
de
97
resistencias.
A
nivel
programático,
la
vigilancia
de
la
drogorresistencia
debe
tomar
ventaja
de
las
nuevas
herramientas
diagnósticas
para
cubrir
el
número
sustancial
de
casos
de
TB-‐DR
que
se
estima
no
han
sido
detectados
todavía
a
nivel
global
y
“para
quienes
diagnóstico
y
tratamiento
no
son
comprados,
presupuestados,
manufacturados
y
ni
siquiera
proyectados.
Estos
pacientes
invisibles
continuarán
trasmitiendo
la
TB
y
TB-‐DR
a
sus
familias
y
comunidades
hasta
que
la
enfermedad
resuelva
espontáneamente
o
fallezcan”.
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318
LA
ÉTICA
DEL
CUIDADO
EN
EL
CAMPO
ASISTENCIAL
Y
DE
LA
INVESTIGACIÓN
Irene
Acevedo
Pérez
Licenciada
en
Enfermería.
Magíster
en
Bioética.
Académica
Facultad
de
Enfermería,
Universidad
Andrés
Bello
Académico
Escuela
Enfermería,
Universidad
Diego
Portales
Santiago
de
Chile
El
avance
tecnológico
y
los
descubrimientos
científicos
que
se
producen
cada
día,
a
mi
parecer,
han
influido
en
la
mirada
y
la
importancia
que
el
profesional
de
la
salud
le
da
por
estos
tiempos
a
la
ética
del
cuidado
en
el
ámbito
asistencial.
Para
el
profesional
joven
es
más
atractivo
orientar
sus
cuidados
hacia
el
manejo
de
equipos
y
maquinarias
que
hacia
la
persona
en
su
esencia
física
y
espiritual,
es
decir,
al
significado
de
la
persona
humana.
Talvez
porque
es
más
atractiva
la
tecnología
o
porque
no
hemos
implementado
desde
la
academia,
lo
suficiente
a
nuestros
estudiantes
para
abordar
el
área
psicosocial.
“No
debe
ser
prioritaria
la
preocupación
por
el
diagnóstico
y
el
tratamiento,
por
sobre
la
de
un
escucha
atento
y
sentido,
un
verdadero
acompañamiento
y
un
definitivo
estar
con
el
sufrimiento
y
el
dolor
de
las
personas,
a
través
de
la
compasión,
la
comprensión
y
la
ayuda
durante
la
crisis
de
su
dignidad
cuando
enferma”.
El
significado
moral
del
cuidado
del
alma
debe
incluir
los
conceptos
de
justicia,
amor
y
libertad.
Filósofos
y
otros
investigadores
como
Aristóteles,
Kant,
Séneca,
Van
Rensselaer
Potter,
Ortega
y
Gasset,
Diego
Gracia,
Kierkegaard,
Heidegger,
Rollo
May,
Erickson,
Jean
Watson,
Carol
Gilligan
y
tantos
otros,
han
escrito
sobre
la
ética
del
cuidado
y
si
en
algo
casi
todos
explícitamente
coinciden
es
en
que
es
el
cuidado
del
alma
que
se
brinda
con
mucho
amor.
Pareciera
que
nos
hace
falta
por
estos
tiempos
leer
y
reflexionar
en
estos
autores
para
tomar
conciencia
de
la
importancia
de
la
ética
del
cuidado
por
sobre
la
tecnología,
es
decir
también
sobre
los
valores
que
debemos
considerar
en
la
relación
profesional
de
la
salud
y
la
persona
enferma.
Entonces
surge
la
siguiente
interrogante:
¿estamos
actualmente
brindando
los
profesionales
de
la
salud
cuidados
humanizados?
¿Qué
se
requiere
para
que
estos
sean
humanizados?
¿Bastaría
implementar
currículos
de
formación
en
el
nivel
superior
con
profundización
en
las
ciencias
humanas
y
menos
en
las
ciencias
biológicas?
¿Esto
cambiaría
si
los
estudiantes
que
ingresan
a
estas
carreras
lo
hicieran
por
vocación
y
no
por
puntaje?
¿Los
profesionales
antes
eran
más
humanos
que
ahora?
¿Los
modelos
docentes
y
asistenciales
no
muestran
el
reflejo
de
cuidadores
que
aplican
la
ética
en
su
relación
clínica?
Es
frecuente
observar
una
atención
despersonalizada,
excusada
en
la
subespecialización
de
los
tratamientos,
el
progreso
tecnológico,
la
dedicación
a
la
pericia
y
habilidad
técnica
y
el
déficit
de
profesionales
de
la
salud;
no
podría
aceptarse
como
razones
que
debilitan
esta
área,
sino
la
no
conciencia
de
su
importancia
y
el
impacto
que
esta
provoca
en
los
pacientes
y
en
la
imagen
que
el
usuario
y
la
familia
tiene
del
rol
del
profesional
sanitario.
El
deber
moral
que
debe
ser
el
sello
que
distinga
al
profesional
de
la
salud,
debe
fundamentarse
en
sólidos
principios
éticos
que
rescaten
la
dimensión
de
personalización
de
los
cuidados.
Deberá
renacer
la
responsabilidad
ética
de
realizar
en
conjunto
reflexiones
de
análisis
y
elaboración
de
compromisos
que
dictaminen
los
lineamientos
generales,
a
través
de
los
cuales
nazca
la
necesidad
de
realizar
investigaciones
que
solidifiquen
la
importancia
de
la
fundamentación
ética
y
humana
del
cuidado.
Podrán
utilizarse
diferentes
teorías
de
análisis,
esa
no
es
la
cuestión
más
importante,
lo
importante
es
iniciar
cuanto
antes
la
tarea.
319
Pareciera
ser
que
los
valores,
las
virtudes,
la
vocación
profesional,
la
humanización,
son
conceptos
pasados
de
moda;
desde
una
perspectiva
del
saber
científico,
se
hace
necesario,
el
enfoque
de
una
filosofía
práctica,
aplicada
al
quehacer
profesional,
impregnado
de
valores
y
virtudes
en
la
entrega
del
cuidado
de
las
personas
a
nuestro
cargo.
Es
urgente
y
necesario
fundamentar
ética
y
humanamente
los
cuidados
que
se
otorgan
ya
que
permitiría
dar
peso
específico
a
esta
área
del
conocimiento
que
muchas
veces
se
subvalora
por
debajo
los
aspectos
biológicos
y
socioculturales
del
paciente.
La
historia
en
la
formación
de
los
currículos
de
las
carreras
de
la
salud,
nos
señala
que
de
un
modelo
paternalista
y
biologicista,
mas
o
menos
en
la
década
del
90
paulatinamente
se
cambió
a
un
modelo
más
humanista,
pero
aún
así
el
sello
del
perfil
del
egresado
no
nos
muestra
cambios
fundamentales
en
el
actuar
de
este
profesional
al
momento
de
realizar
la
atención
directa
con
un
enfoque
holístico,
como
el
discurso
en
los
planes
y
programas
lo
declara.
Es
muy
necesario
crear
entonces
índices
de
calidad,
que
permitan
evaluar
la
excelencia
de
los
cuidados
que
se
otorgan
desde
una
perspectiva
ética
y
humanista,
para
determinar
parámetros
concretos
de
medición,
que
conducirían
a
una
objetivación
y
cuantificación
de
los
mismos.
Las
investigaciones
al
respecto,
contribuirían
a
optimizar
la
calidad
de
los
cuidados,
dando
un
real
marco
conceptual
a
los
fundamentos
teóricos
centrados
en
una
perspectiva
humana.
Sería
de
responsabilidad
de
los
académicos
a
cargo
de
la
formación
de
los
futuros
profesionales
de
la
salud,
fortalecer
valores
universales,
a
través
de
un
currículo
cuyo
hilo
conductor
sea
la
biótica
y
la
investigación
de
modo
transversal,
con
la
finalidad
de
reconstruir
los
valores
necesarios
para
un
otorgamiento
más
humano
del
cuidado
de
las
personas
que
lo
requieren.
En
cuanto
a
la
ética
del
cuidado
y
su
aplicación
en
la
investigación
científica,
son
muchos
los
aspectos
que
podemos
considerar,
conscientes
de
que
es
un
área
del
conocimiento
no
exento
de
conflictos
de
interés.
Al
respecto
podemos
señalar
inicialmente
que
no
hay
generación
de
nuevo
conocimiento
sino
se
acopla
una
vasta
producción
científica
emanada
desde
la
observación,
la
experiencia
clínica
y
otros
ámbitos
del
quehacer
profesional;
esta
área
a
veces
no
se
incrementa
como
se
espera,
por
insuficiente
formación
de
los
profesionales
en
metodologías
de
investigación
científica,
falta
de
motivación
sobre
su
importancia
de
las
autoridades
encargadas
de
la
dirección
de
las
instituciones
o
simplemente
por
desconocimiento
de
la
influencia
de
la
investigación
en
el
desarrollo
disciplinar
de
cada
profesión.
Trataré
de
hacer
un
análisis
a
través
de
la
aplicación
de
la
ética
del
cuidado
y
de
los
7
requisitos
éticos
de
Ezequiel
Emanuel,
con
un
enfoque
aplicado
no
solo
a
los
ensayos
clínicos,
sino
que
a
cualquier
tipo
de
investigación,
incluyendo
el
ámbito
de
la
investigación
en
las
ciencias
sociales.
Este
autor
señala
como
inicial
requisito
el
valor
que
se
le
debe
adjudicar
a
las
investigaciones
como
aporte
a
la
disciplina
de
cada
profesión
a
través
de
la
identificación
del
aporte
social
y
científico
que
los
resultados
de
las
mismas
tendrán
en
el
planteamiento
de
mejoras
en
salud.
Emanuel
hace
hincapié
en
la
consideración
de
la
vulnerabilidad
de
los
sujetos
participantes
y
es
allí
donde
es
posible
aplicar
los
preceptos
de
la
ética
del
cuidado,
ya
que
los
investigadores
tendrán
el
deber
moral
de
proteger
los
derechos
del
más
débil,
buscando
la
justicia
y
la
equidad
tanto
en
el
área
que
se
investiga,
como
en
la
población
donde
se
investiga.
El
investigador
deberá
priorizar
el
impacto
de
los
resultados
de
lo
investigado,
por
sobre
el
valor
que
podría
generar
en
él
tanto
como
persona
como
profesional,
como
institución
de
pertenencia,
por
el
prestigio
que
acarrearía
lo
investigado.
Respecto
a
la
validez
científica,
es
de
orden
fundamental
que
el
investigador
tenga
los
conocimientos
metodológicos
suficientes
que
aseguren
el
rigor
científico
y
ético
durante
todo
el
desarrollo
de
la
investigación,
asegurando
así
el
cuidado
del
investigado,
su
integridad
y
el
respeto
a
su
dignidad
desde
el
concepto
de
persona
humana.
Nadie
podría
ser
utilizado
como
mero
320
instrumento
sin
al
menos
saber
cuál
es
el
objetivo
de
su
participación
y
cuál
es
su
riesgo
y
beneficio,
por
tanto
uno
de
los
principales
roles
del
investigador
es
defender
los
intereses
y
el
bienestar
de
los
más
vulnerables.
Cabría
tal
vez
identificar
acá,
uno
de
los
principales
problemas
desde
la
ética
y
la
bioética
en
los
ensayos
clínicos
como
es
el
uso
del
placebo,
abordado
en
la
última
revisión
de
la
Declaración
de
Helsinki
como
uno
de
los
temas
del
X
Congreso
Brasileño
de
Bioética
sobre
Bioética:
Salud,
Investigación
y
educación;
Miguel
Kottow
planteó
que
“el
placebo
siempre
constituye
una
mala
práctica;
que
no
hay
una
justificación
ética
para
su
uso;
que
cuando
no
existe
tratamiento,
otros
diseños
metodológicos
son
posibles”.
Si
pudiera
hacer
un
ejercicio
para
identificar
cómo
relacionamos
el
tema
del
uso
del
placebo
con
la
ética
del
cuidado,
pudiéramos
señalar
que
esta
práctica
atenta
contra
los
derechos
de
los
más
vulnerables,
desde
el
concepto
de
su
fragilidad
y
la
vulneración
de
sus
derechos
humanos.
Respecto
al
tercer
requisito
ético
referente
a
la
selección
equitativa
del
sujeto,
puedo
señalar
que
en
los
estudios
cuantitativos
es
preciso
aplicar
la
equidad
y
la
justicia
al
seleccionar
la
muestra,
protegiendo
al
más
vulnerable
de
tal
manera
que
todos
tengan
la
posibilidad
de
participar
y
a
todos
en
igualdad
de
condiciones
les
sea
distribuido
los
beneficios
de
sus
resultados.
En
cuanto
a
los
estudios
cualitativos
este
requisito
no
aplica,
ya
que
la
muestra
es
seleccionada
según
los
criterios
de
inclusión
y
exclusión
y
la
consideración
del
concepto
de
vulnerabilidad.
Si
buscamos
aplicar
conceptos
de
la
ética
del
cuidado
surgen
los
de
dignidad,
persona
humana,
justicia,
responsabilidad,
cuidar
al
otro
como
a
mí
mismo,
cuidado
del
alma,
entre
otros.
En
relación
a
la
proporción
favorable
de
riesgo-‐beneficio
surge
la
importancia
de
que
ambos
conceptos
estén
en
conocimiento
de
los
participantes,
siempre
con
el
resguardo
que
los
beneficios
sean
mayores
que
los
riesgos.
Al
respecto
podemos
identificar
el
concepto
de
las
individualidades
para
evaluar
sus
capacidades
y
la
forma
de
abordar
estas
individualidades
para
informar;
si
aplicamos
la
ética
del
cuidado
identificamos
la
vulnerabilidad,
la
fragilidad,
la
dignidad,
el
respeto
por
el
otro.
Al
analizar
la
evaluación
independiente,
identificamos
la
importancia
del
rol
del
comité
de
ética
científico,
cuya
principal
función
es
la
revisión
de
los
proyectos
de
investigación
antes
que
estos
sean
realizados.
Debe
ser
un
organismo
que
reúna
las
condiciones
metodológicas
y
éticas
suficientes
en
cada
uno
de
sus
integrantes
y
constituido
como
comité
totalmente
independiente
para
la
cautela
de
los
conflictos
de
interés.
Los
integrantes
deben
ser
profesionales
idóneos
cualificados
en
el
área
de
la
investigación
y
la
bioética,
regidos
por
las
normas
éticas
internacionales
y
nacionales
y
acreditados
por
entidades
ministeriales
en
salud.
La
revisión
independiente
y
rigurosa
desde
lo
metodológico
y
lo
ético
asegura
al
participante
el
resguardo
de
todos
sus
derechos
fundamentales
a
través
del
respeto
de
la
dignidad
de
la
persona.
La
figura
del
consentimiento
informado
como
otro
de
los
requisitos
de
Emanuel,
muchas
veces
se
entiende
como
el
único
punto
que
debe
considerarse
al
realizar
un
ensayo
y
una
investigación
clínica,
y
a
los
comités
de
ética
se
les
atribuye
solo
la
responsabilidad
de
revisar
los
formularios.
Sin
embargo
este
proceso
es
uno
de
los
aspectos
a
considerar.
Existe
una
teoría
al
respecto
que
es
preciso
tener
en
cuenta,
ya
que
representa
un
proceso
que
resguarda
la
decisión
del
participante
a
participar
o
no
una
vez
informado
del
objetivo,
los
riesgos
y
beneficios
y
en
qué
va
a
consistir
su
participación.
Siendo
este
proceso
y
considerado
como
tal,
regido
por
normas
éticas
internacionales
es
el
mejor
ejemplo
del
ejercicio
de
la
autonomía
de
la
persona.
Considerando
estos
atributos,
el
proceso
de
consentimiento
informado
se
transforma
en
el
resguardo
escrito
del
respeto
a
los
derechos
humanos
de
las
personas
y
por
ende
a
la
aplicación
de
la
ética
del
cuidado
en
la
investigación
científica,
ya
que
no
es
la
mera
entrega
de
un
papel
y
la
firma
correspondiente.
321
En
cuanto
al
último
requisito
relacionado
con
el
respeto
a
los
sujetos
inscritos,
este
involucra
el
respeto
a
dignidad
del
participante,
su
vulnerabilidad
y
contempla
el
resguardo
a
la
confidencialidad.
Considera
además
estos
aspectos
en
la
publicación
de
los
resultados
de
la
investigación,
el
resguardo
a
los
aspectos
éticos
relacionados
con
el
plagio
y
el
respeto
a
la
comunidad
científica
que
merece
conocer
los
adelantos
científicos
a
través
de
la
socialización
del
conocimiento
adquirido
y
por
ende
la
publicación
de
los
resultados
en
revistas
internacionalmente
reconocidas.
Referencias
bibliográficas
Acevedo
I.
Aspectos
éticos
en
la
investigación
científica.
Rev.
Ciencia
y
Enfermería.
Scielo.
Vol.
8
Nº
1.
2002.
Campos
A,
Rosselot
E.
Valores
de
hoy,
sentido
y
experiencias.
Santiago
de
Chile:
Facultad
de
Medicina.
Universidad
de
Chile;
2005.
Franco
ZR.
Desarrollo
humano
de
valores
para
la
Salud.
Edición
ICFES;
2004.
Grupo
de
Cuidado.
La
investigación
y
el
cuidado
en
América
Latina.
Universidad
Nacional
de
Colombia.
Facultad
de
Enfermería.
2005.
Kottow
M.
Marcos
normativos
en
ética
de
la
investigación
científica
con
seres
vivos.
Conicyt;
2007.
Oguisso
T,
Zoboli
E.
Ética
e
bioética:
desafíos
para
a
enfermagem
e
a
saúde.
Edição
Brasileira;
2006.
OPS,
OMS.
La
investigación
cualitativa
en
enfermería.
Serie
Paltex.
Número
10;
2013.
Villarroel
R.
Ética
Aplicada.
Perspectiva
de
la
responsabilidad
para
la
sociedad
civil
en
un
mundo
globalizado.
Santiago
de
Chile:
Editorial
Universitaria;
2009.
http://www.revistaeidon.es/index.php/main/ficha/48#202
322
TRANS-‐FORMACIÓN.
REFLEXIONES
DE
LA
PRÁCTICA
PROFESIONAL
EN
EL
ÁMBITO
HOSPITALARIO
Mirta
Quinteros
Bioquímica
a
cargo
del
Dpto.
Técnico
del
Hospital
Muñiz,
Ciudad
de
Buenos
Aires
(CABA)
Argentina
Graciela
Blanco
Jefa
División
Servicio
Social
del
Hospital
Muñiz
Ana
Comerci
Jefa
Sección
Internación
del
Hospital
Muñiz
Sandra
Gonzalez,
Cynthia
Hirsch,
María
Fernanda
Islas
Magdalena
Maciel
Garay,
Norma
Lupi,
Fernanda
Sarralde,
Dora
Suarez,
Viviana
Terraciano
Lic.
en
Trabajo
Social
Contacto:
[email protected]
[email protected]
Un
primer
acercamiento
Nuestro
trabajo
reflexiona
sobre
las
prácticas
desarrolladas
desde
el
Trabajo
Social,
en
relación
a
la
accesibilidad
a
la
salud
de
la
población
trans,
con
padecimiento
de
VIH,
en
el
Hospital
de
Infecciosas
Dr.
Francisco
J.
Muñiz,
el
cual
es
un
hospital
monovalente
de
atención
hospitalaria
de
personas
con
enfermedades
infecciosas.
Se
encuentra
ubicado
en
la
zona
sur
de
la
Capital
Federal,
en
el
barrio
de
Parque
Patricios,
formando
parte
de
la
Región
Sanitaria
I
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
la
cual
abarca
a
todos
los
hospitales
ubicados
en
la
zona
sur
de
la
Ciudad.
Respecto
de
los
programas
específicos
de
la
intervención
con
personas
que
fueron
diagnosticadas
con
el
virus
VIH/SIDA,
el
Hospital
Muñiz
cuenta
con
aquellos
que
se
implementan
desde
la
Dirección
Nacional
de
SIDA,
a
través
de
la
“Coordinación
SIDA”
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Es
así
como
se
trabaja
a
partir
de
políticas
que
se
centran
en
la
distribución
de
medicación
(desde
el
ámbito
nacional),
así
como
medidas
de
prevención
(de
transmisión,
de
difusión
de
información,
entre
otras),
redes
de
distribución
de
preservativos,
centros
de
testeo
y
“grupos
de
encuentro”
para
personas
que
transitan
por
los
servicios
del
hospital.
En
el
marco
de
estas
políticas,
implementadas
como
hospital
monovalente,
perteneciente
a
un
segundo
nivel
de
atención,
donde
se
trabaja
sobre
medidas
de
prevención
mediante
la
distribución
de
preservativos,
charlas
informativas;
además
se
constituye
como
un
centro
con
circuito
de
testeo
facilitado.
Se
visualiza
como
importante
resaltar
en
este
artículo
la
condición
de
accesibilidad
que
caracteriza
a
la
atención
en
este
Hospital,
referida
a
la
entrega
de
medicación
y
atención
médica
infectológica
de
forma
gratuita
para
todas
las
personas
que
no
cuenten
con
cobertura
social,
tanto
en
consultorios
externos,
como
en
internación.
¿Dónde
comienza
la
trans-‐formación?
La
tarea
de
la
división
Servicio
Social
del
Hospital
Muñiz
se
vincula
con
el
diagnóstico;
abordaje
y
acompañamiento
de
diversas
situaciones
problemáticas
que
atraviesan
a
los
sujetos,
colaborando
en
la
búsqueda
de
alternativas
acordes
a
sus
percepciones
y
anhelos.
323
Desde
el
presente
artículo
se
intentará
elucidar
en
torno
a
la
“(…)
confusa
y
problemática
relación
entre
teoría
y
práctica.
Esa
dicotomía
entre
pensar
y
hacer
ha
atravesado
históricamente
el
activismo
y
el
asistencialismo,
convirtiéndose
en
un
obstáculo
1
epistemológico
para
la
producción
del
conocimiento”.
Se
entiende
que
el
presente
trabajo
es
una
oportunidad
para
reflexionar
acerca
de
nuestras
prácticas
profesionales
en
el
Servicio
Social
y
la
producción
de
conocimiento
científico.
Asimismo
acordamos
con
Vélez
Restrepo
quien
revaloriza
el
papel
de
la
investigación
social,
entendiéndolo
“(…)
como
un
proceso
altamente
creativo
y
generador
(…)
que
conducen
a
la
significación
de
las
subjetividades
involucradas
en
las
prácticas
sociales.
La
vida
cotidiana,
los
2
relatos,
los
usos
y
forma
de
intercambio
y
producción
social
constituyen
formas
particulares
de
habitar
el
mundo”.
Específicamente
para
la
realización
de
la
presente
publicación,
se
realizó
una
sistematización
de
información
de
100
historias
socio-‐
epidemiológicas,
confeccionadas
por
Lic.
en
Trabajo
Social,
en
el
marco
del
trabajo
de
la
División
Servicio
Social
del
hospital.
En
3
particular
se
seleccionaron
las
historias
sociales
de
población
trans,
de
los
años
2011,
2012
y
primer
trimestre
2013.
En
relación
a
la
franja
etaria,
son
todas
mayores
de
18
años.
El
69%
de
la
muestra
está
comprendido
entre
los
26
y
los
40
años,
el
18%
es
mayor
de
40
años
y
el
13%
menores
de
26
años.
Se
destaca
que
antes
de
ese
período,
específicamente
en
el
año
2009,
se
promulgó
la
Ley
3.062
de
la
CABA
cuyo
objeto
es
“garantizar
el
cumplimiento
del
derecho
a
ser
diferente,
consagrado
por
el
artículo
11
de
la
Constitución
de
la
Ciudad
Autónoma
de
4
5
Buenos
Aires”
Luego,
en
el
año
2012
se
sancionó
la
Ley
Nacional
26.743,
de
Identidad
de
Género ,
la
cual
establece
en
su
artículo
1
que
toda
persona
tiene
derecho
“al
reconocimiento
de
su
identidad
de
género;
al
libre
desarrollo
de
su
persona
conforme
a
su
identidad
de
género;
y
a
ser
tratada
de
acuerdo
con
su
identidad
de
género
y,
en
particular,
a
ser
identificada
de
ese
modo
en
los
instrumentos
que
acreditan
su
identidad
respecto
de
el/los
nombre/s
de
pila,
imagen
y
sexo
con
los
que
allí
es
registrada”.
Respecto
de
los
temas
de
salud,
en
el
artículo
11
de
la
Ley
se
menciona
el
derecho
de
todas
las
personas
a
gozar
de
una
salud
integral,
que
comprende
la
posibilidad
de
realizarse
intervenciones
quirúrgicas
y
tratamientos
hormonales
para
adecuar
el
cuerpo
a
la
identidad
de
género
elegida,
sin
necesidad
de
requerir
autorización
judicial
y
administrativa.
En
el
ámbito
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
la
Legislatura
publicó
en
septiembre
de
2012
la
Ley
4.238/12
con
el
objetivo
de
garantizar
políticas
de
atención
integral
de
la
salud
de
las
personas
intersexuales,
travestis,
transexuales
y
transgénero,
estableciendo
como
acciones
la
capacitación
permanente
de
los
trabajadores/as
de
la
salud
con
perspectiva
de
género
y
de
derechos
humanos
para
lograr
un
trato
igualitario
y
no
discriminatorio.
Desde
este
marco
legislativo,
como
política
pública,
nos
parece
importante
resaltar
las
múltiples
definiciones
en
relación
a
construcción
de
identidades
trans.
Por
Transgénero
entendemos
a
aquellas
personas
cuya
identidad
y/o
expresión
de
género
no
se
corresponde
necesariamente
con
el
género
asignado
al
nacer,
sin
que
esto
implique
la
necesidad
de
cirugías
de
reasignación
u
otras
intervenciones
de
modificación
corporal.
El
termino
Travesti
se
utiliza
en
general
para
nombrar
a
las
personas
a
la
cual
le
fue
asignada
una
identificación
sexual
masculina
al
nacer,
pero
que
construye
su
identidad
de
género
según
diferentes
expresiones
de
1
Vélez
Restrepo,
Olga
(2003).
Op.cit.
3
Se
acuerda
con
la
definición
de
persona
trans,
expresión
que
abarca
a
travestis,
transexuales
y
transgéneros,
es
aquella
que
se
identifica,
siente
y/o
expresa
un
género
diferente
al
que
le
ha
sido
asignado
desde
su
nacimiento.
4
Ley
3.062
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
5
Ley
Nacional
26.743.
2
324
femineidad,
incluyendo
en
muchos
casos
modificaciones
corporales
a
partir
de
prótesis,
hormonas,
siliconas,
etc.,
aunque
6
generalmente
sin
una
correspondencia
femenina
en
lo
genital.
Se
debe
decir
que
las
travestis
desde
su
infancia-‐adolescencia
se
encuentran
en
tensión
con
su
cuerpo
biológico,
por
lo
que
buscan
adecuar
su
corporalidad
a
su
sentir
(su
identidad
de
género).
Su
subjetividad
no
se
condice
con
el
cuerpo
que
les
tocó
y
por
ende
se
lo
debe
modificar.
La
legislación,
las
políticas
públicas,
las
prácticas
profesionales,
las
percepciones
de
los
sujetos
y
nuestras
propias
concepciones
funcionan
como
encuadre
para
la
intervención
del
Trabajo
Social
en
este
ámbito
hospitalario.
Pensando
en
clave
de
identidades
7
Creemos
importante
resaltar
los
procesos
en
donde
se
configuran
las
identidades
de
las
personas
trans.
Siguiendo
a
Maura
Penna,
se
enfatiza
el
carácter,
plural,
cambiante,
construido
en
los
procesos
de
lucha
por
el
reconocimiento
social,
de
la
construcción
simbólica
de
las
identidades.
En
este
múltiple
proceso
de
construcción
de
identidades,
se
destaca
en
nuestra
intervención
la
utilización
para
referirse
a
ellas
mismas
en
femenino,
incluyendo
en
esto
la
utilización
de
un
nombre.
Es
importante
aclarar
que
en
las
historias
socio
epidemiológicas
conviven
la
identificación
del
documento
con
el
cual
acreditan
identidad,
en
su
mayoría
masculino,
figurando
entre
8
comillas
el
nombre
femenino
con
el
que
se
autoperciben.
Podemos
preguntarnos
como
opera
en
la
construcción
de
identidad
y
en
nuestra
propia
práctica
profesional
el
sistema
de
género,
entendido
como
una
categoría
analítica
construida
social,
histórica
y
culturalmente
que
permite
visibilizar
el
orden
sociocultural
que
se
construye
sobre
la
base
de
la
sexualidad
y
las
diferencias
biológicas.
Como
principio
organizador,
un
código
de
conductas
por
el
9
cual
se
espera
que
las
personas
estructuren
sus
vidas.
A
partir
de
esta
categoría
entra
en
juego
la
construcción
de
la
feminidad
y
la
masculinidad
como
construcciones
sociales
aparentemente
contrapuestas.
El
proceso
de
construcción
de
su
identidad
de
género
como
travestis
se
encuentra
atravesado
por
contradicciones
y
tensiones
ya
que
interpelan
fuertemente
la
construcción
binaria
del
sexo-‐género.
Lo
masculino
y
lo
femenino,
tradicionalmente
presentados
como
opuestos,
se
fusionan
en
los
cuerpos
de
las
travestis,
quienes
cuestionan
los
sentidos
que
la
cultura
dominante
otorga
a
la
genitalidad.
¿Desde
qué
concepción
se
pueden
pensar
las
políticas
de
salud
con
esta
población
en
particular?
6
Guía
para
comunicadoras
y
comunicadores.
Derecho
a
la
identidad.
Ley
de
Identidad
de
Género
y
Ley
de
Atención
Integral
de
la
Salud
para
Personas
Trans.
Federación
Argentina
LGBT.
7
Penna,
Maura
(1992).
8
Cabe
aclarar
que
a
partir
de
la
nueva
legislación
se
registraron
en
algunas
intervenciones
el
cambio
registral
en
la
documentación.
9
Santa
Cruz
et.
al.
(1994).
325
Nuestra
propuesta
es
pensar
la
salud
desde
una
concepción
integral,
entendiéndola
como
un
producto
histórico-‐social,
sinónimo
de
articulación
con
los
otros,
con
la
historia
y
con
el
contexto.
10
Desde
esta
concepción,
“el
dinamismo
del
proceso
salud-‐enfermedad,
se
trata
de
un
proceso
incesante,
hace
la
idea
de
acción
frente
al
conflicto,
de
transformación
ante
la
realidad”.
11
A
la
hora
de
pensar
y
reflexionar
en
torno
a
estas
definiciones
nos
encontramos
con
que
menos
del
40%
de
la
muestra
seleccionada
para
este
artículo
inicio
tratamiento
médico
y
farmacológico
con
ARV
en
el
Hospital.
¿Cómo
pensar
en
las
condiciones
de
sostenimiento
de
estos
entendiendo
a
la
salud
desde
una
concepción
integral?
Reflexionamos
sobre
cómo
los
padecimientos
físicos
y
el
sufrimiento,
entendido
como
las
“angustias,
desesperanzas,
desilusiones,
frustraciones
(…)
puntos
de
partida
para
ciertas
sensaciones
de
no-‐existencia,
de
destrucción,
de
desintegración”
12
atraviesan
las
particularidades
de
cada
situación
a
la
hora
de
pensar
nuestro
trabajo.
La
población
trans
vivencia
procesos
de
internación
en
este
hospital,
debido
a
barreras
en
el
cuidado
de
su
salud
previas,
lo
que
conlleva
a
infecciones
oportunistas
propias
del
VIH/Sida.
Del
análisis
de
la
muestra
seleccionada
se
pueden
visualizar
como
padecimientos
más
comunes,
el
30%
enfermedades
de
transmisión
sexual,
el
21%
respiratorias
(Tuberculosis
y
neumonía).
El
5%
presenta
otras,
también
relacionadas
con
su
padecimiento
crónico
y
modo
de
vida.
Si
pensamos
la
salud
desde
una
concepción
integral
es
importante
reflexionar
en
torno
a
la
accesibilidad.
Según
Ferrara,
entendida
como
el
grado
de
facilidad
con
que
cuenta
la
población
para
usar
los
recursos
de
salud.
Algunas
de
las
formas
de
la
accesibilidad
que
son
reducibles
por
la
influencia
de
la
estructura
social
determinante,
al
alcance
esencial
que
la
misma
define,
con
motivo
de
las
relaciones
sociales
resultantes.
Haciendo
referencia
al
concepto
trabajado
por
Ferrara
de
accesibilidad,
específicamente
geográfica,
la
cual
se
mide
por
la
posibilidad
que
tiene
la
población
para
acceder
a
los
recursos
de
salud,
las
trayectorias
que
caracterizan
a
las
personas,
como
su
lugar
de
nacimiento
y
de
residencia.
Esto
nos
permite
pensar
en
torno
a
la
variable
“país
de
origen”
de
la
población
trans
de
la
sistematización
de
datos
realizada.
La
mayoría
son
migrantes,
específicamente
el
53%
de
Perú,
otro
3%
provienen
de
Bolivia,
y
el
8%
13
de
otros
lugares
del
mundo.
El
36%
tiene
como
país
de
origen
Argentina.
Se
resalta
que
el
lugar
de
residencia, un
70%,
habita
en
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
y
el
resto
de
la
muestra
en
el
Conurbano
Bonaerense.
De
la
selección
de
la
muestra
elegida
para
este
trabajo
es
clara
la
afluencia
de
población
migrante
en
los
servicios
de
atención
y
tratamiento
de
padecimientos
relacionados
con
el
VIH.
Entendemos
que
esta
temática
presenta
nuevos
desafíos
a
la
hora
de
pensar
el
Trabajo
Social,
lo
que
implicaría
un
análisis
más
profundo
de
la
situación.
Reflexionamos
también
como
de
la
población
trans
migrante
de
la
muestra
seleccionada,
solo
el
20%
tramito
algún
tipo
de
regularización
migratoria
en
el
país.
Esta
caracterización
nos
permite
pensar
en
la
accesibilidad
administrativa
propuesta
por
este
autor,
en
cuanto
a
las
gestiones
de
requerimientos
(recursos)
y
a
las
exigencias
solicitadas
por
distintas
normativas
vinculadas
a
su
proceso
de
salud
enfermedad.
10
Ferrara,
Floreal
(1985).
Op.
Cit.
12
Bokser,
Mirta.
(2002).
13
Lugar
de
residencia
en
el
momento
de
la
entrevista.
11
326
Haciendo
referencia
al
concepto
de
accesibilidad
cultural
como
la
percepción
del
valor
de
uso
de
los
bienes
y
servicios
de
salud
que
14
tiene
la
población,
integrando
también
el
nivel
de
instrucción
a
esta
dimension,
se
destaca
de
la
muestra
que
no
se
registran
analfabetos.
El
40%
finalizo
sus
estudios
secundario,
el
30%
el
nivel
primario.
Por
otro
lado
el
20%
tiene
estudios
secundarios
y
el
8%
el
primario
incompleto.
Aun
frente
a
este
nivel
educativo
nos
preguntamos
¿Qué
oportunidades
concretas
tiene
la
población
objeto
de
estudio
para
la
inserción
en
el
mercado
laboral
formal?
No
hay
registro
en
las
historias
sociales
analizadas
de
trabajo
regularizado
en
esta
población,
por
lo
tanto
carecen
de
obra
social,
de
estabilidad
laboral
y
económica.
Solo
el
15%
relata
encontrarse
realizando
tareas
laborales
de
manera
informal,
relacionadas
con
el
cuidado
del
cuerpo,
la
imagen
y
el
cuidado
de
otras
personas
(peluquería,
astrología,
cuidado
de
ancianos
y
enfermos).
Limitadas
por
la
falta
de
posibilidades
laborales
y
las
condiciones
de
marginalidad
a
las
que
están
expuestas,
el
56%
de
las
trans
15
entrevistadas
se
encuentra
en
situación
de
prostitución.
Esta
vez
ya
no
solo
entra
en
juego
el
propio
sentir,
sino
que
además
debe
satisfacerse
la
demanda
del
mercado.
La
prostitución
es
una
actividad
histórica,
basada
en
los
roles
sexuales,
a
cambio
de
un
pago
inmediato
en
dinero
o
bienes.
Si
bien
la
prostitución
tiende
a
ser
homologada
con
las
caras
y
los
cuerpos
de
las
travestis
que
ejercen
esta
actividad;
es
un
fenómeno
social
que
involucra
a
diversos
actores
que
la
protagonizan,
la
reproducen,
la
sostienen
y
que
está
marcada
por
las
estructuras
económicas,
políticas
y
sociales
que
la
mantienen.
Vale
aclarar
que
esta
actividad
de
subsistencia
es
el
terreno
que
abona
la
prevalencia
de
enfermedades
de
transmisión
sexual,
en
la
población
objeto
de
estudio.
Según
lo
que
establece
el
relevamiento
del
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación,
en
cuyo
estudio
las
chicas
trans
forman
parte
del
colectivo
de
hombres
que
tienen
sexo
con
hombres;
los
hombres
se
cuidan
menos.
Tal
es
así,
que
un
23
p or
ciento
de
los
trabajadores
sexuales
varones
contrajo
el
virus,
contra
un
1,7
por
ciento
de
trabajadoras
sexuales
mujeres
y
un
0,5
de
la
población
en
general.
En
cuanto
a
las
personas
trans
⎯con
un
34,5
por
ciento
de
prevalencia
del
VIH⎯
se
supone
que
en
la
16
mayoría
de
los
casos
la
transmisión
está
supeditada
a
los
mandatos
de
sus
clientes.
Más
allá
de
los
datos
estadísticos
seria
interesante
cuestionar
como
opera
el
sistema
de
género
en
la
definición
de
las
políticas
públicas.
Es
importante
recalcar
que
el
colectivo
trans
ha
sido
históricamente
invisibilizado,
estigmatizado
y
postergado
en
sus
derechos
esenciales
como
el
acceso
a
la
identidad,
al
libre
desarrollo
personal,
al
trabajo
digno,
a
la
educación
y
a
la
salud.
Discriminación,
destrato
y
rechazo
son
algunas
de
las
conductas
expresadas
por
las
personas
trans,
reflejadas
en
las
entrevistas
realizadas.
En
múltiples
ocasiones
estas
malas
experiencias
llevan
a
evitar
la
consulta
médica,
descuidar
controles
y
tomar
por
sí
mismas
tratamientos
para
cambiar
los
caracteres
secundarios
de
una
genitalidad
que
no
las
representa.
Así,
prácticas
sin
supervisión
médica,
como
la
autoadministración
de
hormonas
o
la
infiltración
de
siliconas
industriales
vulneran
la
salud
de
las
personas
trans
y
generan
internaciones
tardías,
en
las
que
muchas
veces
se
dificulta
la
atención
y
promoción
de
la
salud,
proceso
que
culmina
con
decesos
evitables,
en
poblaciones
con
expectativa
de
vida
por
debajo
de
los
35
años
de
edad.
14
Ferrara,
Floreal
(1985).
Virginia
Giacosa
y
Marta
Repupilli
(2009).
16
www.unfpaargentina.com.ar/sitio/archivos/vihequiposalud.pdf
15
327
A
modo
de
cierre
La
sistematización
aquí
presentada,
nos
permite
pensar
conocimiento
y
acción
como
estrategia
del
Trabajo
Social,
en
relación
a
los
trayectos
e
itinerarios
de
legitimación
que
llevan
adelante
las
personas
trans
para
el
acceso
a
la
salud
integral.
El
desafío
que
se
nos
presenta
permanentemente
está
relacionado
con
poder
interpelar
los
discursos
de
la
legislación
en
materia
de
identidad
de
género,
la
política
pública,
nuestras
propias
concepciones
como
profesionales
y
la
construcción
de
subjetividad
de
las
personas
trans
con
las
que
trabajamos
cotidianamente.
Este
trabajo
es
una
oportunidad
para
pensar
las
políticas
de
salud
desde
la
múltiple
construcción
de
identidades,
en
clave
de
diversidad.
En
tal
sentido,
es
necesario
poder
pensar
nuevos
escenarios
y
nociones
de
"lo
diverso"
desde
el
quehacer
profesional,
que
nos
permiten
elucidar
permanentemente
sobre
las
prácticas.
Referencias
bibliográficas
Bokser
M.
Legalidades
ilegitimas.
Derechos
humanos
y
prácticas
sociales.
Buenos
Aires:
Editorial
Colihue;
2002.
Ferrara
F.
Teoría
Social
y
Salud.
Buenos
Aires:
Editorial
Catálogos;
1985.
Giacosa
V,
Repupilli
M.
Prostitución
y
VIH:
la
población
trans,
la
más
sensible
al
contagio.
Buenos
Aires;
2009.
Guía
para
comunicadoras
y
comunicadores.
Derecho
a
la
identidad.
Ley
de
Identidad
de
Género
y
Ley
de
Atención
Integral
de
la
Salud
para
Personas
Trans.
Federación
Argentina
LGBT;
2012.
Ley
3.062
Ciudad
Autonoma
de
Buenos
Aires.
Ley
Nacional
26.743.
Penna
M.
Lo
que
hace
ser
nordestino:
examinando
hipótesis.
En:
O
que
faz
ser
nordestino.
Identidades
Sociais,
interesses
e
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escândalo.
Traducción
de
V.
Barreda,
M.
Lacarrieu
y
L.
Lahitte.
Material
de
cátedra
de
la
materia
Antropología
Social
I,
Cátedra
Grimberg,
Erundina.
Cortez
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Brasil:
Facultad
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Ciencias
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Buenos
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1992.
Santa
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Aportes
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una
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En
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Vélez
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2003.
www.unfpaargentina.com.ar/sitio/archivos/vihequiposalud.pdf
328
PRÁCTICAS
SOCIALES
Y
ADULTOS
MAYORES:
RELATO
DE
UNA
EXPERIENCIA
DESARROLLADA
EN
EL
ÁMBITO
UNIVERSITARIO
Silvia
Molina
Docente-‐Investigadora,
Directora
del
Centro
del
Adulto
Mayor
del
Departamento
de
Salud
Comunitaria
y
Miembro
del
Consejo
Superior
de
la
Universidad
Nacional
de
Lanús
(UNLa)
Silvia
Schupack
Lic.
en
Psicología
(UBA).
Lic.
en
Sociología
(UBA)
Psicoanalista.
Docente
UNLa.
Investigadora
UBA.
Maestrando
en
Psicoanálisis
(UBA)
Gladys
Martinez
Mg.
en
Salud
Mental
Comunitaria.
Docente-‐
Investigadora
e
Integrante
de
la
Comisión
Asesora
Discapacidad
de
la
Universidad
Nacional
de
Lanús
(UNLa);
Coordinadora
de
Programas
Comunitarios
del
Centro
del
Adulto
Mayor
(DeSaCo-‐UNLa)
El
envejecimiento
poblacional,
así
como
el
aumento
de
la
expectativa
de
vida,
no
pueden
ser
considerados
como
fenómenos
demográficos
exclusivamente,
sino
que
representan
una
verdadera
crisis
ética,
política
e
institucional
(Molina,
2005).
Los
mismos
afectan
a
todas
las
sociedades,
especialmente
a
los
países
con
mayor
desarrollo.
América
Latina
y
el
Caribe
no
escapan
de
esta
realidad
siendo
la
Argentina
uno
de
los
países
más
envejecidos
de
Latinoamérica,
mostrando
signos
de
su
envejecimiento
desde
1970.
En
este
sentido,
nuestro
trabajo
adhiere
a
las
posiciones
éticas
que
toman
en
cuenta
las
características
y
particularidades
de
América
Latina
y
del
Caribe,
intentando
construir
una
identidad,
de
acuerdo
a
sus
herencias
culturales
y
sus
peculiaridades
para
enfrentar
sus
problemas
concretos.
(Gafo,
2003)
La
construcción
de
la
subjetividad
es
un
proceso
no
solamente
constituido
por
aspectos
individuales
y
familiares,
sino
que
también
se
relaciona
con
el
campo
social,
económico
y
político;
de
donde
resulta
que
los
imaginarios
sociales
están
imbuidos
de
lo
social
e
histórico
en
tanto
también
determinan
objetos
del
deseo
(Guattari,
1987).
La
relación
social
nunca
constituye
un
más
allá
ni
un
después
de
los
problemas
de
los
sujetos
y
las
familias,
sino
que
es
instituyente
en
la
configuración
de
los
ideales.
(Singer-‐Belivezu,
1997).
La
vejez,
no
es
una
realidad
estática
a
la
que
se
arriba
por
formalidades
sociales
o
cronológicas
y
que
implica
consecuencias
preestablecidas,
sino
por
el
contrario,
esta
situación
se
ha
de
entender
como
un
proceso
de
desarrollo
vital.
El
proceso
de
envejecimiento
y
los
cambios
constantes
que
las
personas
experimentan
en
sus
cuerpos,
en
los
vínculos
y
en
la
sociedad,
movilizan
distintos
mecanismos
psíquicos
imprescindibles
para
procesar
las
pérdidas,
los
cambios,
el
desarrollo
de
las
habilidades
adquiridas
y
novedosas
para
el
sujeto.
Estos
procesos
son
generales,
afectan
a
todas
las
personas,
independientemente
de
su
edad,
por
lo
tanto
las
posibilidades
de
elaboración
también
están
ligadas
a
la
historia
de
vida
(Barenblit-‐Molina,
2004).
Las
nuevas
concepciones
sobre
el
proceso
de
envejecimiento
y
las
trasformaciones
que
el
envejecimiento
poblacional
va
produciendo
en
todas
las
dimensiones
sociales,
ha
promovido
a
nivel
mundial,
la
elaboración
y
el
fortalecimiento
de
políticas
públicas
destinadas
al
sector.
Por
otra
parte
la
educación
inclusiva
es
una
prioridad
actual
en
las
políticas
nacionales.
329
El
derecho
a
la
educación
fue
consagrado
en
el
artículo
26
de
la
Declaración
Universal
de
los
Derechos
Humanos
y
establece
expresamente
su
finalidad:
“La
educación
tendrá
por
objeto
el
pleno
desarrollo
de
la
personalidad
humana
y
el
fortalecimiento
del
respeto
a
los
derechos
humanos
y
a
las
libertades
fundamentales…”
(ONU,
1948).
De
acuerdo
a
esta
definición,
la
educación
desde
y
en
los
derechos
humanos,
es
requisito
indispensable
para
el
desarrollo
de
los
sujetos
en
condiciones
de
dignidad,
lo
cual
resulta
indisociable
de
la
potenciación
de
su
participación
activa
en
la
construcción
del
conocimiento,
desplegando
habilidades,
destrezas
y
valores
orientados
hacia
la
realización
de
los
derechos
humanos
de
todas
las
personas.
La
participación
en
contextos
universitarios
responde
a
la
irrupción
de
los
Adultos
Mayores
(AM)
como
un
grupo
social
que
a
través
de
su
intervención
política
y
cultural
se
ha
constituido
como
actor
de
su
propio
desarrollo.
La
emergencia
de
estas
demandas
de
los
mayores
significa
para
las
instituciones
y
los
sistemas
nacionales
de
educación
superior,
una
gran
oportunidad
de
articular
la
calidad
y
la
pertinencia,
la
cobertura
y
la
efectividad.
Los
espacios
públicos
para
la
educación
y
la
capacitación
en
el
ámbito
universitario,
deben
ser
considerados
un
bien
nacional
público,
social
y
colectivo
(Jaramillo,
2006).
Aunque
la
mayoría
de
los
países
reconocen
la
legislación
internacional
y
poseen
una
legislación
propia
que
garantiza
los
derechos
de
las
personas
mayores,
no
siempre
esto
se
traduce
en
políticas
concretas
que
favorezcan
su
ejercicio.
Si
bien
debemos
destacar
que
las
Universidades
e
Instituciones
de
Enseñanza
Superior
han
producido
importantes
avances
en
materia
legislativa
y
en
la
formulación
de
políticas
públicas,
aún
se
encuentran
barreras
arquitectónicas,
pedagógicas,
comunicacionales,
económicas
y
actitudinales
que
limitan
el
acceso.
A
ellas
se
suma
la
exigencia
del
arancelamiento
de
los
cursos
en
muchos
programas
universitarios,
que
dificulta
las
políticas
de
inclusión.
Las
edades
de
admisión
oscilan
entre
los
60
o
65
años.
Sin
embargo,
las
universidades
para
los
AM
cada
año
ven
rejuvenecer
la
edad
media
de
sus
usuarios.
Así
lo
indica
una
investigación
de
la
Universidad
para
la
Tercera
Edad
de
la
ciudad
de
Río
de
Janeiro,
que
tiene
establecida
una
edad
media
de
60
años
y
que
reconoce
que
es
considerable
el
número
de
mayores
con
menos
de
60
años
que
intentan
ser
admitidos
en
el
proyecto
(Molina
Jaramillo,
2007).
Las
prácticas
sociales
con
AM
en
el
ámbito
universitario
exceden
la
capacitación
individual
y
contribuyen
al
desarrollo
comunitario,
pero
esto
implica
una
transformación
de
las
condiciones
sociales
a
través
de
mecanismos
y
prácticas
inclusivas.
Los
AM
después
de
alcanzar
su
jubilación
o
edad
jubilatoria
siguen
participando
activamente
en
la
vida
productiva,
familiar
y
social.
Por
ello,
la
instrumentación
de
las
políticas
destinadas
al
sector
deben
atravesar
prejuicios
que
el
imaginario
social
sostiene,
por
los
cuales
se
sigue
asociando
a
la
edad
avanzada
con
el
decaimiento
biológico
patológico,
la
pérdida
de
la
capacidad
intelectual
y/o
la
dependencia
afectiva
y
económica.
Las
nuevas
demandas
hacen
necesaria
la
implementación
de
políticas
de
educación
superior
incluyentes
y
transformadoras,
que
posibiliten
cambios
en
el
modelo
de
producción
de
conocimientos,
con
el
reconocimiento
de
saberes
y
necesidades
del
contexto,
valorando
su
vinculación
con
las
realidades
locales
y
nacionales,
para
aportar
propuestas
de
solución
que
dignifiquen
la
vida
en
nuestras
sociedades.
330
El
peso
demográfico
que
los
AM
tienen
en
dicha
estructura,
debe
acompañarse
con
una
participación
en
la
vida
activa
del
sistema
social
acorde
a
dicha
representación.
Ello
implica
no
solo
mejorar
la
calidad
de
vida
individual,
sino
habilitar
espacios
en
los
que
los
AM,
en
cuanto
sujetos
de
procesos
de
cambio
social,
puedan
ejercer
un
rol
activo
en
la
distribución
de
los
recursos
y
fundamentalmente
en
la
toma
de
decisiones.
Las
prácticas
participativas
se
han
convertido
en
un
elemento
clave
de
la
dinámica
social
en
los
sistemas
macro
y
micro
sociales,
produciendo
transformaciones
no
únicamente
a
nivel
individual
sino
en
todos
los
estratos
de
la
estructura
social.
Esta
perspectiva
enlaza
al
concepto
de
participación
con
los
de
autonomía
y
solidaridad.
Los
vínculos
solidarios
intergeneracionales
fortalecen
el
entramado
social
y
facilitan
los
procesos
de
acumulación
de
capitales
humanos,
sociales
y
culturales,
en
tanto
la
falta
de
solidaridad
es
generadora
de
violencia.
El
debilitamiento
del
capital
social
con
el
consecuente
empobrecimiento
de
los
vínculos
promueve
la
cultura
de
la
desesperanza,
el
aislamiento
y
el
miedo,
que
atentan
contra
la
solidaridad,
la
formación
de
lazo
social,
los
proyectos
y
las
responsabilidades
compartidas,
limitando
la
participación
ciudadana.
Habermas
(1970)
reconoce
la
aparición
de
un
nuevo
principio
de
vínculo
social
que
requiere
precisamente,
la
mediación
de
la
“acción
comunicativa”,
entendida
como
“mundo
construido
y
negociado
en
el
proceso
de
interacción
simbólicamente
mediado”
(Habermas
1970:
27-‐28)
que
propicie
escenarios
basados
en
el
diálogo,
fortalezca
los
lazos
sociales
desde
una
descentración
de
los
sujetos
y
una
auténtica
centralidad
en
el
“otro”
en
tanto
prójimo.
Sin
embargo,
las
prácticas
participativas
son
procesos
complejos,
que
muchas
veces
están
más
vinculados
a
los
enunciados
teóricos
que
a
las
prácticas
concretas
y
es
este
camino
el
que
puede
ayudar
en
la
construcción
de
una
praxis
crítica
que
nos
ayude
a
reflexionar
acerca
de
los
sentidos
que
se
dan
a
la
participación,
en
muchos
casos
más
retórica
que
efectiva.
En
los
comienzos
de
la
década
del
70,
momento
histórico
para
los
procesos
de
inclusión
social
en
América
Latina
y
nuestro
país,
las
prácticas
universitarias
de
y
con
AM
se
profundizaron,
comprometiéndose
con
procesos
de
efectiva
participación
del
sector.
La
dictadura
militar
y
los
contextos
neoliberales
posteriores
a
ella,
marcados
por
la
exclusión
social
y
por
ende
también
de
los
AM,
revirtieron
los
objetivos
de
las
organizaciones
que
nucleaban
a
este
colectivo,
centradas
especialmente
en
los
Centros
de
Jubilados,
limitándolas
a
sus
aspectos
recreativo-‐
asistenciales.
Otras
organizaciones
populares
asumieron
responsabilidades
específicas
(comedores
comunitarios,
bibliotecas,
cooperativas,
entre
otras),
de
las
que
algunos
grupos
de
AM
formaron
parte.
En
la
última
década,
la
protección
y
la
seguridad
sociales
han
sido
nuevamente
puestas
en
valor,
facilitando
a
dichas
organizaciones
el
despliegue
de
prácticas
participativas
en
un
contexto
de
políticas
públicas
con
enfoque
de
derechos,
promoviendo
un
nuevo
ejercicio
participativo
en
la
toma
de
decisiones
y
construcción
de
vínculos
de
colaboración
y
solidaridad
intergeneracional.
Del
mismo
modo,
los
Centros
de
Jubilados
han
ido
reencontrando
gradualmente
sus
originales
sentidos
de
organización
colectiva
y
su
valor
como
referentes
territoriales
del
sector.
Estas
nuevas
formas
de
la
participación
en
las
políticas
públicas
se
han
visto
reflejadas
en
los
programas
desarrollados
en
el
seno
de
las
universidades
contribuyendo
a
acortar
la
desigualdad
en
la
distribución
de
ciertos
atributos,
como
el
saber
y
el
tener.
Así,
las
prácticas
sociales
de
los
AM
orientadas
hacia
la
participación
y
la
solidaridad,
es
decir,
con
responsabilidad
social,
generan
redes
de
apoyo
y
reorganización
de
las
posibilidades
comunitarias
en
procesos
de
apropiación
de
los
derechos
y
construcción
de
ciudadanía.
331
El
desarrollo
de
una
comunidad
se
construye
con
el
aporte
de
todos
y
está
sostenido,
entre
otros
aspectos,
por
habilidades
y
saberes,
que
contribuyen
a
la
organización
grupal,
el
empoderamiento
comunitario
y
la
participación
efectiva,
por
lo
tanto
los
procesos
de
capacitación
con
AM
genera,
promueve
y
facilita
las
herramientas
para
la
participación
comunitaria.
Otro
aspecto
que
es
importante
considerar
en
el
trabajo
con
AM,
es
la
promoción
de
vínculos
intergeneracionales
a
partir
de
proyectos
conjuntos
y
sostenidos
en
el
tiempo
ya
que
el
desarrollo
de
los
procesos
participativos
deben
ser
facilitadores
del
compromiso
comunitario
y
la
democratización
del
poder
para
hacer
con
otros,
para
crear
sentidos
compartidos
y
promover
la
inclusión
social,
antídoto
a
la
dependencia,
el
autoritarismo
y
el
aislamiento
que
acarrea
la
exclusión.
Desde
esta
perspectiva,
la
política
y
la
ciudadanía,
son
procesos
complejos
de
construcción
social,
en
tanto
las
personas
se
apropien
autónomamente
del
análisis
de
realidad
y
de
la
búsqueda
de
soluciones
a
los
problemas.
Así,
las
prácticas
educativo-‐sociales
se
proyectan
en
acciones
de
incidencia,
entendidas
como
capacidad
de
influir
en
toma
de
decisiones
y
participar
en
la
construcción
de
una
ciudadanía
activa
que
converge
y
convive
con
otras
manifestaciones
culturales
y
tiene
como
base
la
experiencia
acumulada.
En
el
caso
específico
de
los
AM,
estas
prácticas
no
pueden
ser
disociadas
del
trabajo
a
partir
de
la
memoria
cultural
e
histórico-‐social,
logrando
visibilizar
las
especificidades
y
descubriendo
los
puntos
de
encuentro.
Por
su
parte,
también
deben
incluir
una
perspectiva
vinculada
al
cuestionamiento
de
la
realidad,
asumiendo
la
diversidad,
lo
que
significa
también
adoptar
posiciones
que
impliquen
responsabilidad
social
y
ciudadanía
activa.
Tomando
en
cuenta
las
premisas
hasta
aquí
enunciadas
y
considerando
que
educar
“…es
hacer
a
cada
hombre
resumen
del
mundo
viviente
hasta
el
día
en
que
vive,
es
ponerlo
a
nivel
de
su
tiempo”
(Martí,
2006:289-‐290),
las
prácticas
sociales
en
nuestro
ámbito
universitario,
que
describiremos
a
continuación,
están
orientadas
a
generar
alternativas
para
que
los
AM
se
reconozcan
y
sean
reconocidos
en
tanto
ciudadanos/as.
El
Centro
del
Adulto
Mayor
de
la
Universidad
Nacional
de
Lanús
El
Departamento
de
Salud
Comunitaria
de
nuestra
Universidad
ha
definido
la
problemática
del
envejecimiento
como
uno
de
sus
objetivos
prioritarios
y
a
tal
fin
ha
promovido
líneas
de
acción
en
docencia,
investigación
y
cooperación
relacionadas
con
el
tema,
pero
sobre
todo
ha
puesto
énfasis
en
el
trabajo
comunitario
para
la
inclusión
social
de
las
personas
mayores.
Para
ello,
una
de
las
misiones
fundamentales
es
el
diseño
e
implementación
de
programas
de
cooperación
y
asistencia
técnica
a
través
de
convenios
con
organismos
nacionales
e
internacionales.
Desde
sus
inicios
el
Centro
del
Adulto
Mayor
“Mario
Strejilevich”
(CAM)
de
la
Universidad
Nacional
de
Lanús
(UNLa),
propicia
la
ampliación
de
los
escenarios
para
la
inclusión
y
la
participación
de
los
AM,
vinculándolos
a
los
procesos
de
envejecimiento
activo
y
con
derechos,
al
fortalecimiento
de
las
relaciones
intergeneracionales,
la
prevención
del
aislamiento
-‐
uno
de
los
grandes
males
que
amenazan
su
salud-‐
y
la
actualización
de
competencias
para
el
abordaje
de
problemáticas
sociales
complejas.
Conforme
a
estos
propósitos,
todos
nuestros
programas
reconocen
al
ámbito
universitario
como
un
actor
de
significativa
importancia
a
la
hora
de
dar
respuestas
acordes
a
la
problemática
de
nuestros
AM.
Una
referencia
evidente
es
que,
durante
el
período
2013-‐2014
aproximadamente
3000
AM
han
participado
en
las
diferentes
propuestas
en
el
ámbito
universitario
en
cooperación
con
el
PAMI
(Programa
Adultos
Mayores
Integrados).
332
El
desarrollo
de
prácticas
sociales
en
el
ámbito
universitario,
según
nuestra
experiencia,
debe
estar
centrado
en
el
derecho
a
la
participación
de
los
AM,
el
derecho
a
la
capacitación
permanente
y
la
responsabilidad
social
de
todos
los
actores
participantes,
tanto
docentes
como
AM.
Las
herramientas
para
el
desarrollo
no
solo
personal
sino
también
comunitario,
propiciadas
desde
los
espacios
de
la
educación
pública
superior,
amplían
los
límites
físicos
y
simbólicos
de
la
Universidad,
proyectándola
dentro
mismo
de
la
comunidad
y
generando
oportunidades
de
inclusión/participación
social.
En
nuestro
Centro,
las
instancias
de
participación
ofrecidas
para
los
AM
y
organizadas
en
función
de
la
experiencia
conjunta
desarrollada
con
ellos,
se
centran
en
tres
grandes
ejes:
Capacitación,
Participación
y
Organización
La
tarea
educativa
se
convierte
así
en
un
proceso
orientado
a
promover
propuestas
sociales
activas
y
comprometidas
de
los
AM,
para
a
la
construcción
de
acciones
tendientes
al
redimensionamiento
de
las
prácticas
sociales
de
“inclusión
social”
y
“participación
comunitaria”.
Para
ello,
la
construcción
del
conocimiento,
y
la
responsabilidad
social
inherentes
a
la
política
educativa
de
la
Universidad
Nacional
de
Lanús,
que
se
reconoce
como
una
organización
urbana
y
comprometida
en
producción
y
distribución
del
conocimiento
sobre
esta
problemática,
priorizando
la
articulación
y
cooperación
entre
los
distintos
productores
del
saber
yendo
al
encuentro
de
esta
demanda
social
(Jaramillo
2006)
nos
brinda
el
marco
el
marco
propicio
para
generar
espacios
para
el
desarrollo
de
conocimientos
y
prácticas
solidarias,
con
respeto
por
la
cultura
y
la
memoria
social.
Consideramos
que
la
recuperación
de
los
canales
de
participación
para
la
reconstrucción
de
vínculos
más
estrechos
y
solidarios
es
fundamental
en
el
proceso
de
recomposición
del
lazo
social
y
para
la
inclusión
de
los
sectores
más
vulnerables
(Castronovo
2008).
Para
que
estos
propósitos
no
se
conviertan
en
simples
enunciados,
nuestra
tarea
educativa
apunta
a
transformar
los
mecanismos
tradicionales
de
enseñanza-‐aprendizaje
hacia
el
conocimiento
a
partir
de
su
relación
con
las
necesidades
de
la
vida
presente,
con
fuerte
énfasis
en
los
DDHH,
los
vínculos
intergeneracionales
y
la
creatividad.
Para
ello
las
propuestas
se
orientan
más
que
a
compartir
información,
a
participar
activamente
el
diseño
de
los
contenidos
y
en
la
resignificación
de
los
conocimientos
de
los
mismos
AM.
Este
modo
participativo
de
construir
conocimiento
transforma
necesariamente
las
formas
de
relación,
los
vínculos,
la
creación
y
la
producción
de
la
comunidad,
ya
que
la
participación
tiene
que
ver
con
las
relaciones
sociales,
con
la
producción
y
el
usufructo
de
la
cultura,
y
por
ello,
con
las
relaciones
de
poder,
tener
y
saber.
Por
otra
parte,
la
participación
de
los
AM
en
todos
los
niveles
de
la
vida
social
(tanto
como
partícipes
necesarios
en
la
ejecución
de
proyectos
como
en
la
toma
de
decisiones
en
las
medidas
que
afectan
su
vida)
es,
principalmente
una
responsabilidad
ética.
En
cada
grupo
de
trabajo
el
propósito
es
la
construcción
de
sujetos
comprometidos,
organizados
solidariamente,
que
presenten
propuestas
y
decisiones
a
llevar
a
cabo
y
que
generen
liderazgos
democráticos
que
representen
las
necesidades
del
conjunto.
Entendemos
al
envejecimiento
activo
como
un
proceso
orientado
a
mejorar
la
salud,
la
autonomía
y
la
participación
de
este
sector,
por
lo
cual
nuestra
responsabilidad
es
desarrollar
programas
que
respondan
a
las
necesidades,
preferencias
y
aptitudes
de
los
AM,
333
respetando
su
contexto
socio
cultural
y
otorgando
un
lugar
privilegiado
a
sus
experiencias
vitales.
La
necesidad
de
adaptarse
a
situaciones
nuevas
a
lo
largo
de
la
vida
demanda
ciertos
ajustes
y
reorientaciones,
supone
asumir
nuevas
tareas,
roles,
deberes
y
obligaciones,
lo
cual
exige
un
aprendizaje
permanente.
En
los
AM,
este
aprendizaje
no
está
determinado
por
la
edad
misma,
sino
por
características
singulares,
como
las
capacidades
propias,
el
ritmo
personal
de
aprendizaje,
su
nivel
educativo,
su
experiencia
laboral,
los
estímulos
que
recibió,
sus
motivaciones,
etc.
La
amplitud
en
la
propuesta
de
alternativas
de
participación-‐capacitación
y
la
consideración
de
apoyos
de
acuerdo
a
dichas
singularidades
es
indispensable
para
favorecer
el
aprendizaje
y
el
intercambio
de
saberes.
Uno
de
los
aspectos
importantes
es
el
acceso
a
las
nuevas
tecnologías
de
información
y
comunicación.
Como
usuarios
de
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación
(TICs),
los
AM
tienen
necesidades
y
demandas
similares
a
las
de
las
personas
de
otras
edades,
es
decir,
requieren
tecnología
útil,
funcional,
accesible
y
significativa.
Estas
tecnologías
permiten
a
los
AM
aumentar
y
mejorar
su
desarrollo
individual
y
social,
así
como
optimizar
su
calidad
de
vida
desde
los
puntos
de
vista
técnico,
económico,
político
y
cultural.
Uno
de
los
mayores
beneficios
que
los
usos
de
las
TICs
proporcionan
a
los
AM
es
que
aumentan
sus
posibilidades
de
interactuar
compartiendo
códigos
y
usos
sociales,
favoreciendo
su
autonomía
personal
y
sus
canales
de
comunicación
mediante
las
redes
sociales.
Nuestra
realidad
desmiente
afirmaciones
vinculadas
a
las
pérdidas
de
interés
y
dificultad
para
nuevos
aprendizajes,
por
el
contrario
los
AM
que
participan
de
los
diversos
programas
evidencian
alto
grado
de
compromiso,
entusiasmo
y
capacidad
de
incorporar
nuevos
conocimientos
y
aptitudes,
además
de
desarrollar
lazos
sociales
y
afectivos
significativos.
Programas
y
actividades
Las
acciones
propuestas
desde
el
CAM
promueven
el
trabajo
en
equipos
interdisciplinarios
y
transdisciplinarios
con
una
mirada
abarcativa
de
la
complejidad
bio-‐psico-‐social
de
la
vejez
y
del
envejecimiento
a
través
de
programas
de
cuidados
de
la
salud
y
autocuidados,
recreación,
fortalecimiento
de
los
lazos
sociales,
trabajo
en
red
e
integración
social.
Las
edades
de
los
AM
que
participan
en
nuestros
Programas
oscilan
entre
60
y
90
años:
el
50%
entre
60
y
70
años
y
el
50%,
mayores
de
70
años,
de
los
cuales
el
15%
supera
los
80
años
de
edad.
Más
del
95
%
está
escolarizado
con
escuela
primaria
completa,
el
20
%
alcanzó
niveles
secundarios
o
terciarios
completos
y
solo
el
4%
educación
universitaria.
Aproximadamente
el
85%
son
mujeres.
Con
el
objetivo
de
proponer
alternativas
vinculadas
a
la
realidad
de
nuestros
AM,
mediante
acciones
de
cooperación
con
PAMI
y
DiNaPam,
contamos
con
tres
programas
gratuitos
para
AM,
sostenidos
sobre
los
mismos
ejes
de
educación
inclusiva-‐participativa
ya
mencionados,
pero
con
modalidades
diferentes
entre
sí:
UPAMI
El
programa
UPAMI
(convenio
UNLa-‐PAMI)
funciona
en
nuestra
universidad
a
partir
de
agosto
del
2008.
Se
trata
de
un
programa
integral
que
crea
un
espacio
universitario
específico
para
los
AM,
constituyendo
un
intercambio
de
saberes
que
fortalece
los
lazos
entre
la
universidad
y
la
comunidad,
mejora
la
Calidad
de
Vida
de
las
personas,
promueve
la
participación
y
organización
comunitaria
a
través
de
la
difusión
y
ejercicio
de
los
derechos
y
contribuye
al
empoderamiento
del
sector
y
a
la
construcción
334
ciudadana.
Además
posibilita
la
adquisición
de
destrezas
y
habilidades
para
afrontar
nuevas
demandas,
recupera
y
valora
saberes
personales
y
sociales,
estimula
el
diálogo
intergeneracional
y
facilita
la
inserción
al
medio
socio
comunitario.
Comprende
la
realización
de
una
serie
de
talleres
y
cursos
totalmente
gratuitos,
para
los
que
no
se
requieren
estudios
previos.
En
cada
espacio
de
encuentro
se
propicia
un
clima
de
bienestar
y
amistad.
Los
cursos
y
talleres
abarcan
un
amplio
campo
temático.
Abordan
diferentes
manifestaciones
artísticas,
tales
como
pintura,
murales,
literatura,
fotografía,
apreciación
musical,
temas
vinculados
a
las
ciencias
sociales,
como
psicología,
memoria,
estimulación
cognitiva,
historia
y
antropología,
entre
otras.
También
la
oferta
incluye
actividades
físicas,
idiomas,
radio
y
locución,
informática,
jardinería
y
huerta.
Cada
año
se
realiza
una
evaluación
de
intereses
a
los
participantes,
a
fin
de
incorporar
las
propuestas
de
mayor
demanda,
a
la
oferta
programática
del
año
siguiente.
El
objetivo
general
es
la
capacitación
del
AM
y
de
ese
modo,
promover
el
crecimiento
personal
y
hacer
efectiva
la
igualdad
de
oportunidades
para
el
desarrollo
de
valores
culturales
y
vocacionales.
La
capacitación
es
una
herramienta
que
permite
rescatar,
recuperar,
ampliar
y
legitimar
conocimientos,
promueve
el
desarrollo
de
capacidades
institucionales
y
habilita
competencias
para
la
participación.
En
2014
participaron
en
el
programa
2600
AM,
distribuidos
en
los
70
cursos,
talleres
y
seminarios
ofrecidos.
Testimonios
de
AM
participantes
del
Programa
UPami:
“La
universidad
me
cambió
la
vida”
(AM,
65años)
“La
educación
en
el
adulto
mayor
es
un
proceso
de
gran
importancia
porque
con
ella
podemos
lograr
un
mejor
estilo
de
vida
donde
existan
proyectos,
esperanzas
y
conocimiento
de
nuestros
valores,
que
nos
permita
llevar
una
vida
saludable,
tanto
mental
como
físicamente”
(AM,
59
años)
“Ser
adulto
mayor
no
quiere
decir
que
no
se
pueda
disfrutar
de
la
tecnología
y
abrir
una
puerta
la
cultura”
(AM,
71
años)
“El
curso
de
Memoria
y
Salud
Mental
trasciende
nuestras
expectativas
como
adultos
mayores…
atraviesa
nuestras
vivencias
y
nos
reubica
en
la
sociedad
actual
como
Sujetos
de
Derecho”
(AM,
78
años)
VOLUNTARIADO
SOCIAL
(VS)
Es
un
espacio
de
discusión,
decisión
y
concreción
de
proyectos
en
forma
conjunta
con
AM
que,
postulándose
como
una
modalidad
de
participación
colectiva
frente
a
las
principales
problemáticas
y
demandas
de
la
población
adulta
mayor,
generan
respuestas
alternativas
eficaces.
A
la
vez
este
espacio
habilita
un
nuevo
lugar
social
que,
mediante
la
promoción
de
lazos
sociales
y
del
entramado
de
los
recursos
existentes
en
redes
intergeneracionales,
pone
en
relieve
las
capacidades
y
la
potencia
aún
vigente
en
la
vejez,
recuperando
sus
saberes
y
actitudes
solidarias.
Su
inclusión
en
el
marco
formal
de
la
Universidad,
proporciona
al
grupo
un
respaldo
institucional
y
le
otorga
mayor
visibilidad
socio-‐comunitaria.
Basados
en
principios
de
educación
popular,
los
ejes
de
funcionamiento
son
la
acción
dialógica
y
la
construcción
de
consensos
orientados
al
poder-‐hacer-‐con-‐otros
(en
lugar
de
“para”
los
otros).
Iniciado
en
el
año
2005
a
partir
de
un
convenio
con
la
Dirección
Nacional
de
Políticas
para
Adultos
Mayores
del
Ministerio
de
Desarrollo
Social,
actualmente
se
ha
constituido
en
motor
impulsor
de
nuevas
acciones
comunitarias,
configurando
su
identidad
con
un
fuerte
sentido
de
pertenencia
y
compromiso
con
los
objetivos
y
propuestas
del
CAM,
concretadas
a
partir
de
prácticas
sociales
solidarias,
organizadas
y
sostenidas
en
el
tiempo.
335
Sesenta
AMV
asisten
permanentemente
a
la
sede
del
VS
en
la
UNLa,
de
los
que
aproximadamente
veinte
desarrollan
actividades
articuladas
las
sedes
de
sus
organizaciones
barriales,
que
a
su
vez
comprometen
aproximadamente
250
personas
en
el
desarrollo
de
los
proyectos
territoriales.
Dada
su
modalidad
de
actuación-‐intervención
los
proyectos
se
van
transformando
y
ampliando
a
partir
de
su
misma
instrumentación,
sin
embargo
podemos
diferenciar
cinco
líneas
generales
de
acción:
1.-‐
Construyendo
Autonomía:
Diseño-‐Confección
de
Adaptaciones
para
la
autonomía
en
actividades
cotidianas.
2.-‐
Papelnonos:
Teatro
Musical
e
inclusión
social.
3.-‐
Sembrando
Salud:
Cuidados
de
la
Salud
y
del
Ambiente.
4.-‐
Saberes
que
transforman,
Voluntades
que
construyen:
Capacitación
Comunitaria
(incluye
trabajo
en
barrios
y
cursos-‐talleres
a
cargo
de
voluntarios).
5.-‐
Raíces
y
Redes:
Comunicación
(Organización
de
encuentros
intergeneracionales
anuales:
Adultos
Mayores
de
Hoy
y
de
Mañana,
Arte
Mayor;
Realización
del
Boletín
Trimestral
“La
voz
de
los
Mayores”;
participación
en
espacios
radiales
y
televisivos).
Testimonios
de
integrantes
del
VS
“Para
mí
es
una
cosa
muy
importante,
porque
aparte
en
mi
época
hablar
de
la
Universidad
era…
¡Mamma
mia!
Pero
ahora,
la
Universidad
se
ha
metido
más
a
participar
o
hacer
participar
a
la
población
dentro
de
su
curso,
como
la
UNLa…Entonces
es
muy
importante
que
en
esta
zona,
y
principalmente
en
este
lugar,
que
era
un
emporio
de
trabajadores,
se
haya
instalado
la
Universidad.
La
verdad
que
yo
soy
un
gran
defensor,
de
la
Universidad
y
es
muy
importante
para
mí
ser
parte
del
Voluntariado
Social
UNLa”
(AMV,
90
años).
“La
universidad
es
una
institución
que
genera
jerarquía.
Que
te
brinda
crecimiento…
Yo
al
VS,
lo
entendí
desde
un
principio.
Lo
considero
como
un
semillero…
viene
a
gente
a
voluntariado,
y
después
descubren
que
hay
cosas…
Cada
uno
aporta
ideas,
y
van
surgiendo
proyectos.
Tiene
una
dinámica
increíble...”
(AMV,
68
años).
“Los
AM
estamos
más
expuestos
a
algún
desequilibrio,
pero
el
voluntariado
te
permite
ver
y
hacer
sentir
al
otro
la
posibilidad
de
ser
útil
y
autónomo…
a
los
70
ya
no
tengo
obligación
de
votar,
pero
voy.
Eso
es
ser
útil
y
autónomo”
(AMV,
72
años).
“Yo
digo
que
sin
duda
todos
estamos
activando
nuestra
salud…
pero
más
allá
de
uno,
del
individuo,
como
mejora
tu
salud,
también
uno
ve
como
la
salud
mental
de
la
comunidad
mejora
cuando
incluye
a
los
adultos
mayores.
Cuando
íbamos
a
las
escuelas
nos
decían,
¿esto
lo
hacen
ustedes?
Se
está
mostrando
una
imagen
social
y
comunitaria
distinta.
Porque
ven
que
los
Adultos
Mayores
sabemos
defender
derechos…”
(AMV,
63
años).
CLUB
DE
DÍA
El
Club
de
Día
UNLa
es
un
dispositivo
dirigido
a
AM
que
tiene
como
objetivo
promover
la
participación
y
la
inclusión
social
a
partir
de
estrategias
de
prevención
y
promoción
de
salud,
generando
un
espacio
de
pertenencia
e
intercambio.
El
programa
incluye
una
amplia
gama
de
actividades
de
multiestimulación
realizadas
en
espacios
comunitarios
de
nuestra
Universidad:
talleres
(artes,
radio,
estimulación
de
la
memoria),
capacitación,
actividades
físicas
y
recreativas,
actividades
solidarias.
Este
espacio
funciona
en
la
sede
de
nuestra
Universidad
de
lunes
a
viernes
de
8
a
16
hrs.,
y
se
pudo
hacer
efectivo
a
través
de
un
convenio
con
el
PAMI.
Incluye
336
desayuno,
almuerzo
y
merienda.
Las
actividades
son
coordinadas
por
profesores
especializados.
Se
brinda
también
orientación
1
social,
psicológica
y
nutricional.
El
grupo
está
conformado
por
cuarenta
AM.
Para
las
actividades
de
estimulación
cognitiva
se
trabaja
en
sub-‐grupos
de
veinte.
El
cronograma
mantiene
una
estructura
que
facilita
la
organización,
dentro
de
la
cual
las
propuestas
tienden
a
ser
flexibles,
dinámicas
y
ajustadas
a
los
intereses
de
los
AM,
a
fin
de
favorecer
su
participación
activa.
De
acuerdo
a
la
historia
clínica
solicitada
al
ingreso,
en
más
del
60%
se
constata
HTA,
el
10%
son
diabéticos
y
más
del
20%
padecen
cardiopatía,
enfermedades
vasculares
o
ambos
y
más
de
un
60%
son
dislipémicos.
Es
importante
señalar
que
los
informes
nutricionales
evidencian
un
notable
mejoramiento
de
los
valores
evaluados
desde
el
ingreso
al
programa
hasta
la
fecha:
se
evidenció
gran
mejoría
tanto
en
el
seguimiento
antropométrico
como
metabólico
y
mayor
aún
respecto
a
sus
hábitos
alimentarios,
respecto
de
la
encuesta
alimentaria
al
ingreso.
Los
controles
de
salud
demuestran
que
los
AM
incluidos
en
el
programa
manifiestan
en
general,
indicadores
de
salud
(antropométricos,
alimentarios
y
metabólicos)
mejores,
comparados
con
ellos
mismos
al
inicio
del
programa.
Testimonios
de
AM
participantes
de
Club
de
Día
“Nos
vemos
todos
los
días
y
compartimos
muchas
cosas,
es
un
lugar
muy
contenedor
y
me
siento
parte
del
grupo”
(AM,
64
años).
“Para
mí
participar
en
el
Club
de
Día
me
dio
100%
de
crecimiento,
de
socialización,
participación
e
integración.
Algo
para
destacar
es
que
mis
compañeros
me
vieron
medio
triste
y
no
dudaron
en
ofrecerme
ayuda
y
me
sentí
muy
querida
y
apoyada
por
la
situación
que
viví
con
mi
nieto”
(AM,
84
años).
“Me
siento
mejor
de
ánimo,
me
siento
más
útil
y
tengo
más
amistades.
No
pensé
que
esto
sería
posible
en
este
momento
de
mi
vida”
(AM,
62
años)
“Yo
empecé
a
venir
a
Club
de
Día
y
me
cambió
mucho,
me
hizo
abrirme
a
otras
personas
y
sentirme
mejor
conmigo
y
con
los
demás.
Antes
estaba
muy
encerrado
en
mí
mismo,
depresivo,
sin
ganas
de
nada,
casi
ni
salía
y
gracias
a
esto,
cambié”
(AM,
57
años,
jubilado
por
discapacidad),
Reflexiones
finales
El
enfoque
de
la
desigualdad
aplicado
a
los
AM
presenta
cierta
tendencia
a
considerar
la
vejez
como
un
tiempo
“estanco”,
estático,
que
no
se
condice
con
la
concepción
de
la
vejez
como
un
proceso
durante
el
cual
los
sujetos
continúan
dialogando
con
las
13
estructuras
sociales
y
económicas (Pérez
Ortiz
1997).
Por
ello,
los
enfoques
inclusivos,
promovidos
desde
el
trabajo
centrado
en
la
valoración
de
la
memoria
social
y
los
DDHH,
la
construcción
de
redes
intergeneracionales
y
la
participación
para
la
autonomía,
representan
una
necesidad
social,
resultando
asimismo
un
modo
de
lucha
contra
las
representaciones
negativas
que
aún
priman
sobre
la
vejez
1
1
Para
mayores
referencias
ver:
http://www.unla.edu.ar/index.php/club-‐de-‐dia
337
La
capacitación
comunitaria
y
las
prácticas
sociales
de
AM
en
contextos
universitarios
es
una
exigencia
implícita
en
la
apuesta
a
un
modelo
de
conocimiento
participativo
de
la
realidad.
Por
ello,
la
inclusión
de
los
AM
en
los
Programas
del
CAM
se
acompaña
de
mejoras
en
la
calidad
y
expectativa
de
vida
ya
que
la
participación
en
el
contexto
universitario
les
habilita
oportunidades
para
poder
seguir
desempeñando
un
rol
activo
en
la
sociedad,
a
través
de
un
proceso
de
formación
continua
que
contribuye
a
mantener
su
capacidad
productiva
en
labores
socialmente
valiosas.
La
metodología
de
trabajo
se
basa
en
la
formación
de
equipos
interdisciplinarios
que
faciliten
la
búsqueda
de
respuestas
ante
situaciones
sociales
complejas
que
implican
la
articulación
intersectorial.
La
descentralización
política
y
administrativa
apunta
en
esa
dirección
al
acercar
a
la
gente
el
control
de
las
decisiones
que
afectan
directamente
lo
cotidiano
y
lo
común.
Los
convenios
con
Organismos
Nacionales
permiten
coordinar
e
impulsar
políticas
públicas
inclusivas
brindando
los
marcos
propicios
para
garantizar
espacios
de
autonomía
en
un
contexto
de
seguridad
social.
Otro
recurso
importante
en
este
aspecto
lo
constituyen
las
redes
que
permiten
que
las
personas
difundan
su
experiencia
dentro
de
un
sector
y
transfieran
sus
destrezas,
promueven
los
vínculos
de
confianza
entre
sus
integrantes
y
facilitan
la
resolución
de
los
problemas
singulares
de
cada
comunidad,
habilitando
instancias
dentro
de
las
cuales
la
integración
social
sea
una
realidad.
Desde
nuestra
experiencia
hemos
podido
comprobar
que
la
participación
de
los
AM
contribuye
a
la
transformación
de
las
de
las
oportunidades
educativas
para
todas
las
edades,
ya
que
cada
generación
tiene
aptitudes
y
capacidades
propias
y
específicas.
Ellos
constituyen
un
valioso
recurso
en
el
proceso
de
aprendizaje
y
de
estímulo
de
la
investigación,
marco
en
el
cual
es
necesario
promover
la
recuperación
de
su
rol
como
protagonistas
en
el
proceso
de
transmisión
de
la
experiencia
y
el
conocimiento.
En
este
sentido,
observamos
una
creciente
afirmación
de
las
AM
como
nuevos
protagonistas
en
la
conquista
de
sus
espacios
y
derecho
de
expresión.
Dicho
protagonismo
se
enmarca
dentro
de
un
trabajo
sostenido
y
en
permanente
construcción
en
torno
a
los
Derechos
Humanos,
14
considerando
los
cinco
principios
de
la
ONU
(1991)
(Independencia,
Participación,
Cuidados,
Autorrealización
y
Dignidad),
instrumentando
para
ello
programas
educativos
que
promuevan
la
participación
desde
la
diversidad
étnico-‐cultural
y
social.
Consideramos,
por
tanto,
que
las
prácticas
sociales
de
AM
en
nuestro
ámbito
universitario
pueden
resultar
un
aporte
desde
la
perspectiva
de
la
bioética
y
los
DDHH,
promoviendo
el
necesario
redimensionamiento
del
sentido
histórico
social
del
aprendizaje
y
la
cultura,
tal
como
es
conceptualizado
en
las
siguientes
expresiones
de
Paulo
Freire:
La
cultura
marca
la
aparición
del
hombre
en
el
largo
proceso
de
la
evolución
cósmica.
La
esencia
humana
se
existencia
auto-‐
descubriéndose
como
historia.
Pero
esa
conciencia
histórica,
al
objetivarse,
se
sorprende
reflexivamente
a
sí
misma,
pasa
a
decirse,
a
tornarse
conciencia
historiadora;
y
el
hombre
es
conducido
a
escribir
su
historia.
Alfabetizarse,
es
aprender
a
leer
esa
palabra
escrita
en
el
que
la
cultura
se
dice,
y
diciéndose
críticamente,
deja
de
ser
repetición
intemporal
de
lo
que
pasó,
para
temporalizarse,
para
concientizar
su
temporalidad
constituyente,
que
es
anuncio
y
15
promesa
de
lo
que
se
ha
de
venir.
El
destino,
críticamente,
se
recupera
como
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339
PROCESO
DE
INSERCIÓN
DE
LOS/AS
TRABAJADORES
SOCIALES
EN
EL
SERVICIO
DE
URGENCIA
EN
UN
HOSPITAL
MONOVALENTE
Mirta
Quinteros,
Graciela
Blanco,
Patricia
Campello,
Gerardo
Ortega
Soledad
Pascual,
Nadia
Peralta,
Leticia
Pérez,
Sandra
Pirotta,
María
Clara
Santander,
Viviana
Suárez
Alejandra
Véliz,
Georgina
Vespertino,
Marta
Viglieno
Marco
legal
e
institucional
A
partir
de
la
sanción
de
la
Ley
Nº
448
de
Salud
Mental,
cuyo
objetivo
es
optimizar
los
niveles
de
respuesta
de
los
dispositivos
de
atención
de
patologías
psiquiátricas
en
los
Hospitales
de
Niños,
Generales
de
Agudos
y
de
Salud
Mental
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
surge
la
necesidad
de
adecuar
la
dotación
de
las
áreas
de
urgencias
a
fin
de
conformar
equipos
profesionales
integrados
por
psicólogos,
psiquiatras
y
trabajadores
sociales,
que
permitan
un
abordaje
integral
de
la
patología
mental
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
decreto
1551/06.
Mediante
dicha
reglamentación,
surge
la
inquietud
de
adaptar
estos
objetivos
a
la
guardia
de
un
hospital
monovalente,
especializado
en
patologías
infecto
contagiosas,
ya
que
el
equipo
de
salud
nota
la
creciente
demanda
por
parte
de
los
pacientes
en
cuestiones
relativas
a
la
injerencia
del
Trabajo
Social.
Se
debe
aclarar
que
la
población
que
concurre
a
este
nosocomio
presenta
una
alta
vulnerabilidad
económica,
epidemiológica,
habitacional,
de
violencia
y
de
usuarios
de
sustancias
psicoactivas.
Para
una
mayor
comprensión
de
estas
problemáticas
es
necesario
un
abordaje
interdisciplinario,
ya
que
las
mismas
se
han
ido
complejizando
a
través
del
tiempo.
En
noviembre
del
año
2007,
el
Dr.
Gerardo
Laube,
médico
interno
de
este
Hospital,
propone
al
Director
del
nosocomio
que
el
Consejo
Asesor
Técnico
y
Administrativo
considere
la
posibilidad
de
incorporar
profesionales
de
Servicio
Social
y
Psicología
en
la
guardia.
Mediante
esta
propuesta,
las
autoridades
del
Hospital
Muñiz
deciden
implementar
como
prueba
piloto
la
incorporación
de
una
Trabajadora
Social
para
los
días
viernes
y
sábados
en
el
mes
de
julio
de
2008.
Dicha
incorporación
se
concreta
y
se
sostiene
hasta
la
actualidad.
La
presencia
del
Trabajador
Social
en
la
guardia
permite
la
optimización
de
la
atención
de
los
pacientes,
ya
que
se
pueden
abordar
las
problemáticas
presentadas
desde
una
manera
integral
y
permite
dar
respuestas
a
las
demandas
de
acuerdo
a
los
recursos
disponibles.
Los
resultados
obtenidos
por
esta
nueva
incorporación
permiten
a
los
directivos
del
Hospital,
solicitar
al
Ministerio
de
Salud
del
GCABA
(Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires)
la
incorporación
de
Trabajadores
Sociales
para
el
resto
de
los
días
de
la
semana.
El
17/10/2011
es
sancionado
el
decreto
543/11
por
el
cual
se
incorpora
a
la
dotación
diaria
del
equipo
de
salud,
un
Trabajador
Social
a
la
guardia
del
Hospital
de
Infecciosas
F.
J.
Muñiz.
340
El
Trabajo
Social
en
el
Servicio
de
Urgencia:
aportes
para
una
intervención
desde
el
Modelo
Crítico
La
incorporación
del
Trabajador
Social
en
el
servicio
de
urgencia
en
un
hospital
monovalente,
representa
una
conquista
para
el
colectivo
profesional,
generando
nuevos
desafíos
que
invitan
a
reflexionar
no
solo
acerca
de
las
incumbencias
y
la
intervención
sino
sobre
los
diferentes
modelos
de
atención
a
la
salud,
destacando
que
el
profesional
se
incorpora
a
un
equipo,
donde
la
mirada
predominante
es
la
del
modelo
medico
hegemónico.
Es
importante
resaltar
que
este
modelo
es
convalidado
por
diferentes
profesionales,
quienes
legitiman
la
atención
a
la
salud
desde
dicha
mirada.
El
mismo
se
caracteriza
por
ser
biologicista,
individualista,
asocial
y
ahistórico,
no
teniendo
en
cuenta
los
determinantes
estructurales
del
proceso
de
salud-‐enfermedad.
Es
por
ello
que,
las
intervenciones
se
basan
en
diagnosticar
cuál
es
la
enfermedad
que
aqueja
a
la
persona,
indicar
un
tratamiento
y
suministrar
la
medicación.
Según
Menendez,
“la
práctica
médica
que
surge
de
este
modelo
es
una
práctica
reparativa,
que
reduce
su
nivel
de
análisis
al
individuo
o
a
lo
sumo
a
la
suma
de
individuos
y
que
no
puede
referir
radicalmente
sus
políticas
de
salud
a
los
factores
económicos-‐políticos
e
ideológicos
determinantes
de
la
1
enfermedad”.
Este
abordaje,
positivista,
abstracto,
y
amparado
en
la
supuesta
“objetividad”
científica
de
la
medicina,
obtura
la
posibilidad
de
visiones
integrales
que
tengan
en
cuenta
la
historia
y
la
subjetividad
de
las
personas
que
concurren
al
servicio
de
urgencia.
Siguiendo
con
el
autor,
el
modelo
médico
hegemónico
se
constituye
como
un
conjunto
de
prácticas,
saberes
y
teorías
generadas
por
el
desarrollo
de
lo
que
se
conoce
como
medicina
científica,
el
cual
desde
fines
del
siglo
XVIII
ha
ido
logrando
dejar
como
subalternos
al
conjunto
de
prácticas,
saberes
e
ideologías
que
dominaban
en
los
conjuntos
sociales,
hasta
lograr
identificarse
como
la
única
forma
de
atender
la
enfermedad,
legitimada
1
tanto
por
criterios
científicos
como
por
el
Estado.
Floreal
Ferrara
plantea
que
las
definiciones
tradicionalistas
“circunscriben
a
la
salud
dentro
de
una
concepción
ahistórica,
casi
eterna,
fija,
abstracta,
que
está
particularmente
moviéndose
entre
la
idea
de
lo
biológico,
donde
se
unen
el
área
físico
y
mental
y
lo
2
social,
solo
vislumbrando
como
ámbito
de
acción
de
lo
biológico”.
Así,
lo
psicosocial
aparece
en
estas
definiciones
relegado
al
escenario
de
lo
biológico,
dejando
por
fuera
aquellas
conexiones
con
el
medio
que
funcionan
como
condicionantes
estructurales
de
la
vida
cotidiana
de
los
individuos.
Por
el
contrario,
el
modelo
contemporáneo
o
modelo
crítico,
propone
entender
al
sujeto
ya
no
desde
una
mirada
biologista
vinculada
a
causa-‐efecto
y
a
la
monocausalidad
sino
desde
la
multicausalidad
y
la
multifactorialidad
de
los
condicionantes
de
salud,
viendo
al
sujeto
ya
no
como
un
ente
biológico
sino
como
un
ser
social,
inmerso
en
determinado
contexto
atravesado
por
las
particularidades
de
su
historia
y
su
cotidianeidad.
Un
posicionamiento
desde
la
“salud
integral”
implicaría
entender
que
“toda
persona
tiene
derecho
a
un
nivel
de
vida
adecuado
que
le
asegure,
así
como
a
su
familia,
la
salud
y
el
bienestar,
y
en
especial,
la
alimentación,
el
vestido,
la
vivienda,
la
asistencia
médica
y
3
los
servicios
sociales
necesarios”.
Desde
esta
visión,
se
desprende
que
el
derecho(s)
a
la
salud
no
se
limita
“al
derecho
a
estar
1
Menendez
E.
pág.
2.
Ferrara
F.
pág.
11.
3
Declaración
Universal
de
los
Derechos
Humanos.
Artículo
25
Párrafo
1.
2
341
sano”,
sino
que
abarca
múltiples
dimensiones
que
componen
la
integralidad
del
ser
humano,
no
pudiendo
considerarse
que
el
derecho(s)
a
la
salud
está
siendo
efectivizado
si
quedan
por
fuera
del
abordaje
otros
derechos.
Desde
la
inclusión
del
trabajador
social
en
el
equipo
de
salud
de
la
guardia
se
intenta
generar
un
quiebre
con
el
modelo
médico
hegemónico,
ya
que
se
incluye
el
análisis
del
proceso
de
salud-‐enfermedad
por
el
que
se
encuentra
atravesando
la
persona.
El
mismo
se
inscribe
en
una
realidad
económica,
social,
cultural,
etc.,
compleja
que
lo
determina
y
conforma.
Ver
al
sujeto
desde
el
punto
de
vista
de
la
enfermedad
constituye
una
mirada
parcial
que
impide
abordar
las
problemáticas
subyacentes,
por
lo
tanto,
una
intervención
sin
tener
en
cuenta
la
contextualización
social,
fragmenta
al
sujeto
limitándolo
a
sus
vulnerabilidades,
dejando
de
lado
sus
potencialidades
y
el
poder
de
resiliencia
que
todo
ser
humano
tiene.
De
esta
manera,
es
posible
entender
el
aporte
específico
del
trabajo
social,
como
la
interpelación
y/o
deconstrucción
de
las
definiciones
de
los
problemas
sociales
que
vienen
dados
por
los
profesionales
de
otras
disciplinas,
generalmente
de
la
medicina,
los
cuales
tienden
a
fragmentar
las
situaciones
problemáticas
visualizando
solo
aquello
que
afecta
la
parte
biológica
del
ser
humano,
no
teniendo
en
cuenta
las
trayectorias
históricas
individuales,
las
necesidades,
los
padeceres
y
sufrimientos
de
las
personas,
los
derechos
vulnerados,
como
así
tampoco
la
manera
en
la
que
vivencian
su
proceso
de
salud-‐enfermedad,
lo
cual
no
abre
la
posibilidad
de
un
abordaje
de
las
problemáticas
de
las
personas
desde
una
visión
integral.
Es
necesario
tener
en
cuenta
que
las
definiciones
de
los
problemas
sociales
trascienden
las
conceptualizaciones
que
se
realizan
desde
el
campo
de
la
medicina,
constituyéndose
en
una
problemática
de
definición
de
las
políticas
públicas
y
por
ende
de
las
soluciones
enlatadas
que
se
generan
como
respuestas
a
estos
problemas.
Se
entienden
como
“aportes
específicos”
del
trabajo
social,
aquellas
prácticas
que
buscan
interpelar
las
definiciones
de
los
problemas
sociales
que
son
conceptualizados
desde
el
modelo
médico
hegemónico.
Dicha
interpelación,
se
construye
a
partir
de
un
proceso
(de
acciones)
de
cuestionamientos/interrogaciones/rupturas
sobre
las
definiciones
y
respuestas
de
los
problemas
sociales.
Estos
procesos
de
múltiples
interpelaciones
significan
búsquedas
por
dar
respuestas/voces
a
las
necesidades
sociales
de
los
sectores
subalternos
que
promuevan
la
generación
de
acciones
en
pos
de
la
efectivización
de
los
derechos
humanos.
Construcción
del
equipo
de
salud
en
el
Servicio
de
Urgencia
Se
considera
que
el
equipo
de
salud,
no
se
encuentra
definido
como
una
categoría
a
priori,
sino
que
surge
como
un
proceso
de
construcción-‐deconstrucción
de
los
distintos
profesionales
que
integran
los
servicios
de
atención
hospitalaria.
La
posibilidad
de
diálogo,
en
donde
aparezcan
diferentes
miradas
sobre
una
situación,
aparece
como
central
para
que
dicha
construcción
sea
posible.
“La
conformación
del
equipo
de
trabajo
implica
sostener
los
espacios
de
diálogo,
donde
lo
importante
es
aquello
que
interpela
la
4
intervención,
donde
cada
integrante
no
pierde
la
singularidad
sino
aporta
desde
ella,
desde
una
relación
horizontal”.
Se
resalta
la
importancia
del
carácter
político-‐ideológico
intrínseco
en
este
proceso,
asumiendo
el
conflicto,
el
poder,
y
la
posibilidad
de
consensos
como
parte
integrante
del
mismo,
ya
que
allí
están
plasmadas
no
solo
diferentes
visiones
sobre
la
salud,
sino
de
los
procesos
histórico-‐sociales.
Este
diálogo
permite
la
interpelación
al
modelo
médico
hegemónico,
apareciendo
visiones
alternativas
sobre
los
procesos
de
salud-‐enfermedad-‐atención
que
tengan
en
cuenta
la
integralidad
de
las
situaciones
que
se
presentan
así
como
también
los
derechos
de
los
pacientes.
La
dinámica,
la
complejidad
y
la
flexibilidad
de
este
proceso
se
contraponen
con
una
mirada
4
Carballeda
A.
342
estática
y
aséptica
acerca
del
equipo
de
salud,
la
cual
en
muchas
oportunidades
es
reproducida
por
la
institución
hospitalaria,
en
donde
la
interdisciplina
queda
reducida
a
la
suma
de
saberes
de
diferentes
profesiones,
convirtiéndose
en
un
enunciado.
A
su
vez,
en
un
contexto
caracterizado
por
la
complejidad
que
asumen
los
problemas
sociales,
las
nuevas
demandas
a
los
servicios
de
salud
requieren
necesariamente
de
una
mirada
interdisciplinaria
que
pueda
dar
respuesta
a
esas
situaciones.
En
un
escenario
turbulento,
cambiante,
el
acceso
a
la
singularidad
de
quien
demanda
asistencia
en
un
servicio
de
salud,
implica
la
necesidad
de
interrogarse
acerca
de
los
nuevos
padecimientos
sociales.
Estos,
se
relacionan
con
la
precariedad
de
la
vida
cotidiana,
transformada
en
falta
de
trabajo,
hambre,
pero
también
incertidumbre,
crisis
identitaria,
sensación
de
no
pertenencia
a
un
todo,
sumada
a
una
impresión
de
fin
de
una
época,
pero
con
una
fuerte
discontinuidad
con
lo
que
4
lo
sigue,
en
términos
de
un
vacío
ignoto,
desconocido.
Por
lo
expuesto
es
necesario
re-‐pensar
la
construcción
de
los
equipos
interdisciplinarios
en
los
servicios
de
urgencia
dentro
de
las
particularidades
de
este
dispositivo
de
atención,
caracterizado
por
la
inmediatez,
en
donde
los
diagnósticos
se
encuentran
acotados
a
ese
primer
acercamiento
del
paciente
al
servicio,
el
cual
demanda
al
equipo
de
salud
una
respuesta
concreta
en
tiempo
y
forma.
En
este
contexto,
se
presenta
un
doble
desafío
a
los/as
Trabajadores/as
Sociales
en
el
Servicio
de
urgencia:
integrarse
a
un
equipo
de
trabajo
y
visualizar
los
límites
y
las
posibilidades
que
la
intervención
social
adquiere
en
un
contexto
caracterizado
por
la
urgencia.
Proceso
de
Inserción
de
las
Trabajadoras
Sociales
en
el
Servicio
de
Urgencia
de
un
Hospital
Monovalente
Históricamente
en
el
Hospital
de
enfermedades
infecto
contagiosas
F.
J.
Muñiz,
la
intervención
del
Trabajo
Social
se
efectuaba
a
través
de
los
dispositivos
de
consultorios
externos
e
internación;
es
por
ello
que
la
incorporación
del
Trabajo
Social
en
el
Servicio
de
Urgencia
invita
a
definir
cuáles
son
las
características
que
asume
la
práctica
profesional
en
este
contexto.
Se
define
la
intervención
como
“una
construcción
artificial
de
un
espacio
tiempo,
de
un
momento
que
se
constituye
desde
la
5
perspectiva
de
diferentes
actores
(sujetos,
instituciones
y
desde
el
propio
sujeto
profesional)”.
La
intervención
supone
dos
dimensiones:
la
demanda,
y
la
intervención
como
proceso
artificial.
La
intervención
es
una
“práctica
específica
que
intenta
generar
6
algún
tipo
de
transformación
o
modificación
en
relación
con
la
situación
que
se
le
presenta”.
Siguiendo
a
Carballeda,
“reconocer
lo
artificial
de
la
intervención
implica
básicamente
tender
a
su
desnaturalización,
entenderla
como
dispositivo
que
se
entromete
en
un
6
espacio,
en
tanto
existe
una
demanda
hacia
ella”.
En
función
de
ello,
esta
construcción
necesariamente
debe
tener
en
cuenta
las
particularidades
del
dispositivo
de
atención,
así
como
también
las
características
de
los
sujetos
que
son
atendidos
en
este
servicio.
El
Servicio
de
Urgencia
presenta
un
encuadre
particular,
en
donde
el
tiempo
y
el
espacio
adquieren
características
que
difieren
con
otras
modalidades
de
atención.
Los
espacios
físicos
son
reducidos,
no
permitiendo
privacidad
durante
la
entrevista
al
paciente,
observándose
un
movimiento
constante
del
equipo
de
salud,
de
pacientes
y
grupo
de
referencia
de
los
mismos.
El
primer
contacto
con
el
paciente
surge
a
partir
de
una
entrevista
semi-‐estructurada
(de
ser
posible),
que
se
flexibiliza
de
acuerdo
a
la
situación
planteada,
en
tanto
la
intervención
se
focaliza
sobre
la
situación
de
urgencia.
5
Cazzaniga
S.
Carballeda
A.
6
343
La
población
que
concurre
a
esta
institución
lo
hace
con
una
carga
emocional
ligada
a
la
situación
de
urgencia,
en
donde
el
paciente
busca
una
repuesta
rápida
y
eficaz
a
la
problemática
que
plantea.
Esta
carga
social
y
psicológica
complejiza
la
intervención
del
Trabajo
Social,
en
tanto
es
necesario
poder
decodificar
cuál
es
la
demanda
que
existe
detrás
de
la
situación
de
urgencia,
la
cual
en
muchos
casos
no
puede
ser
expresada
por
el
sujeto
que
demanda
la
atención.
Es
importante
poder
generar
un
tiempo
con
el/los
sujetos
que
se
interviene
como
forma
de
que
los
mismos
puedan
expresar
algo
de
lo
que
les
sucede.
Se
rescatan
los
abordajes
desde
la
singularidad,
en
donde
cobra
importancia
la
subjetividad
de
quienes
consultan
en
relación
a
cómo
perciben
su
proceso
de
salud-‐
enfermedad
y
cómo
los/as
mismos/as
pueden
expresar
sus
demandas.
El
trabajador
social
intenta
construir
dichas
demandas
junto
con
la
persona
que
se
acerca
a
la
consulta,
quien
debe
tener
un
papel
activo
en
dicha
construcción,
así
como
también
en
su
posterior
abordaje.
Sumado
a
la
situación
de
urgencia,
el
hecho
de
concurrir
a
un
hospital
de
enfermedades
infectocontagiosas
puede
conllevar,
a
prejuicios,
estigmatización
y
discriminación
por
parte
del
paciente
y/o
de
su
familia
y
de
la
sociedad
en
su
conjunto.
Se
considera
que
el
Trabajo
Social
debe
trabajar
con
el
paciente
y
su
grupo
de
referencia
las
cuestiones
ligadas
a
las
representaciones
sociales
de
estas
enfermedades
como
forma
de
desnaturalizar
ciertos
prejuicios
acerca
de
las
mismas.
Ello
implica
que
el
paciente
no
viva
la
consulta
como
la
identificación
de
pertenencia
a
un
grupo
de
riesgo,
concepto
ligado
a
la
discriminación
y
estigmatización
sino
como
el
ejercicio
de
su
derecho
a
la
salud.
En
este
marco
se
plantea
la
necesidad
de
pensar
las
incumbencias
del
trabajador
social
en
el
espacio
de
guardia.
Por
un
lado,
su
inserción
posibilita
atender
las
demandas
específicas
de
aquellas
personas
que
se
atienden
de
forma
ambulatoria,
y
que
tal
vez
no
regresen
a
una
nueva
consulta,
siendo
esa
entrevista
la
única
intervención.
Por
otro
lado,
posibilita
intervenir
en
situaciones
en
la
que
la
persona
tiene,
según
“indicación
médica”,
criterio
de
internación,
comenzando
a
trabajar
con
el
paciente
y
el
grupo
de
referencia
sobre
las
problemáticas
que
puedan
manifestar.
Poder
entrevistar
a
la
persona
de
referencia
que
acompaña
al
paciente
es
sumamente
significativo
para
la
intervención
posterior,
dado
que
generalmente
uno
de
los
factores
que
dificulta
el
proceso
de
sostenimiento
de
la
internación
es
la
falta
de
acompañamiento
de
personas
de
referencia
del
paciente.
La
intervención
del
Trabajador
Social,
se
orienta
hacia
la
realización
de
acciones
de:
*
Promoción
y
Asistencia,
tanto
a
nivel
individual,
como
familiar
y/o
grupal.
*
Promoción
tendiente
a
lograr
la
adecuada
utilización
de
los
recursos
de
la
comunidad,
por
parte
del
paciente
y
sus
grupos
de
referencia,
y
para
la
comprensión
del
proceso
salud-‐enfermedad
y
sus
implicancias
tanto
individuales
como
familiares
y
comunitarias.
*
Asistencia,
brindando
asesoramiento
y
orientación
sobre
los
diferentes
recursos
existentes,
que
pudieran
dar
respuesta
a
necesidades
alimentarias,
habitacionales,
y/o
económicas
que
atraviesan
los
pacientes
y
sus
familias,
y
que
pudieran
ser
causa
o
consecuencia
de
su
actual
estado
de
salud,
y
que
de
no
ser
abordadas
pueden
constituirse
en
un
obstáculo
para
su
tratamiento
y
recuperación.
*
Asistencia
buscando
directamente
los
recursos,
estableciendo
contacto
con
otras
instituciones,
públicas,
privadas,
ONG,
etc.,
que
puedan
facilitar
el
recurso
para
dar
respuesta
a
la
situación
de
emergencia
en
la
que
se
ve
inmerso
el
paciente,
y
estableciendo
redes
de
asistencia
y
contención
que
permitan
sostener
su
tratamiento
344
Conclusiones
La
incorporación
del
Trabajador
Social
en
el
equipo
de
urgencia,
permite
un
mayor
acompañamiento
y
contención
del
paciente,
dinamizando
el
trabajo
en
el
equipo
de
salud,
favoreciendo
los
abordajes
interdisciplinarios
y
optimizando
la
atención
del
sujeto
en
su
proceso
de
salud-‐enfermedad.
A
su
vez,
refuerza
las
orientaciones
en
el
cuidado
de
la
salud
del
paciente
y
sus
grupos
de
referencia,
acompañando
el
proceso
salud-‐
enfermedad
del
sujeto
para
que
este
asuma
el
protagonismo
de
su
tratamiento,
evitando
la
estigmatización,
discriminación
y
validando
de
esta
manera
su
derecho
a
la
salud.
Desde
la
intervención
profesional,
es
necesario
gestionar
y
crear
condiciones
que
habiliten
nuevos
modos
de
pensar
las
situaciones,
con
abordajes
desde
la
singularidad
y
la
cotidianidad
teniendo
en
cuenta
sus
historias
de
vida,
brindando
el
espacio
para
que
puedan
expresar
sus
deseos,
teniendo
presente
que
los
sujetos
con
los
que
se
interviene
no
solo
son
víctimas
o
cuerpos
sufrientes
sino
que
son
cuerpos
ligados
a
ideas.
Esta
concepción
lograría
que
las
intervenciones
se
basen
en
una
política
justa,
partiendo
de
las
7
afirmaciones
que
“todo
cuerpo
soporta
un
pensamiento
y
que
todo
el
mundo
es
igual
a
todo
el
mundo”.
Para
finalizar,
el
presente
trabajo
pretende
ser
un
disparador
para
el
tratamiento
de
problemáticas
sociales
en
un
servicio
de
urgencia
que
abogue
por
la
construcción
de
modelos
de
salud
inclusivos
donde
se
de
prioridad
al
sujeto
y
se
tenga
en
cuenta
su
historia,
para
poder
afrontar
los
nuevos
desafíos
más
allá
de
las
limitaciones
que
la
realidad
impone
en
cuanto
a
recursos
económicos,
políticas
sociales
y
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en
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1982
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Alianza
editorial
Mexicana;
1990.
7
Badiou
A,
pág.
36.
345
EXPERIENCIA
EN
LATINOAMÉRICA
SOBRE
PROVISIÓN
DE
MEDICAMENTOS
DE
ALTO
COSTO
Cadriana
Carrá
A
Jefa
Área
Enfermedades
Desmielinizantes
Hospital
Británico
Buenos
Aires
Directora
Médica
Asociación
Esclerosis
Múltiple
Argentina
María
Inés
Bianco
Abogada
especialista
en
Salud
y
Discapacidad
Titular
responsable
de
Consultorios
Jurídicos
Gratuitos
en
Acceso
en
Discapacidad.
Asesora
de
Federación
Argentina
de
Enfermedades
Poco
Frecuentes
(FADEPOF)
Una
de
las
funciones
de
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS)
es
elaborar
directrices
y
normas
sanitarias
ayudando
a
los
países
a
abordar
las
cuestiones
de
salud
pública
con
especial
enfoque
hacia
los
países
en
desarrollo.
Estas
directrices
abarcan
la
cobertura
sanitaria
universal,
garantizando
el
derecho
a
la
salud
en
base
al
acceso
a
servicios
sanitarios
sin
dificultad
económica
para
todos.
Para
que
este
objetivo
se
cumpa,
se
requiere
de
un
sistema
de
salud
sólido,
financiación
de
las
prestaciones,
acceso
a
medicamentos
esenciales
y
de
alto
costo,
tecnologías
esenciales,
y
personal
sanitario
capacitado.
¿A
qué
denomina
OMS
acceso
a
medicamentos
esenciales
y
medicamento
de
alto
costo?
Medicamentos
esenciales
son
aquellos
disponibles
en
todo
momento
para
enfermedades
prevalentes,
en
cantidades
suficientes,
en
las
formas
farmacéuticas
apropiadas,
con
una
calidad
garantizada
y
a
un
precio
asequible
para
la
comunidad
(Hogerzeil
2008,
WHO/PSM/TCM/2008).
Medicamentos
de
alto
costo
son
aquellos
requeridos
por
enfermedades
poco
frecuentes
o
raras,
las
que
por
su
impacto
social
y
económico
en
los
sistemas
de
salud
se
han
denominado
enfermedades
catastróficas.
De
estos
conceptos
se
desprende
que
para
garantizar
el
derecho
a
la
salud,
necesitamos
que
los
medicamentos
sean
accesibles
tanto
para
la
población
más
vulnerable
como
para
los
sistemas
de
salud.
El
informe
reciente
de
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS)
sobre
Resultados
de
la
alianza
mundial
para
alcanzar
los
Objetivos
de
Desarrollo
del
Milenio
(WHO,
2014)
ha
demostrado
en
cuanto
a
la
disponibilidad
de
los
medicamentos
grandes
desigualdades
en
al
acceso
entre
el
sector
público
y
privado,
como
así
también
diversidad
en
los
precios
que
hacen
inaccesible
medicamentos
esenciales
a
la
población
más
vulnerable.
En
2003,
OMS
y
Health
Action
International
publicó
la
primera
edición
de
“Precios
de
los
medicamentos.
Una
nueva
forma
de
medirlos”
(WHO,
2003),
en
la
cual
describía
una
metodología
para
evaluar
los
precios
reales
de
los
medicamentos
junto
a
encuestas
sobre
la
disponibilidad
de
los
mismos.
De
esta
manera
podía
compararse
precios
de
productos
nacionales
e
internacionales
y
cuán
accesibles
eran
con
adecuada
precisión.
Esta
meta
se
evaluó
por
medio
de
nueve
indicadores
que
permitieron
medir
el
grado
de
acceso
a
los
medicamentos
mediante
datos
obtenidos
por
la
OMS
y
sus
asociados.
El
informe
reveló
que
en
el
sector
público,
los
medicamentos
genéricos/biosimilares
solo
se
dispensaban
en
el
34,9%
de
los
centros
de
salud
y
que
en
promedio
costaron
un
250%
más
que
el
precio
de
referencia
internacional.
En
el
sector
privado,
esos
mismos
medicamentos
estaban
disponibles
en
el
63,2%
de
los
centros,
pero
su
costo
promedio
fue
de
un
650%
más
que
el
precio
de
referencia
internacional.
346
Recientemente
el
Secretario
General
de
las
Naciones
Unidas,
describió
en
su
informe
los
progresos
realizados
hacia
la
concreción
del
“ODM
8.
Meta
8.E”
en
cooperación
con
las
empresas
farmacéuticas,
con
el
objetivo
de
proporcionar
acceso
a
medicamentos
esenciales
en
países
en
vías
de
desarrollo
a
precios
accesibles.
El
informe
reveló
que
el
sector
público
dispensaba
en
el
34,9%
de
los
centros
de
salud
medicamentos
genéricos
cuyo
precio
aproximado
fue
del
250%
más
que
el
precio
de
referencia
internacional.
Llamativamente
el
sector
privado
dispensaba
los
mismos
medicamentos
genéricos
en
el
63,2%
de
los
centros,
con
un
costo
aproximado
del
650%
más
que
el
precio
de
referencia
internacional.
Latinoamérica
no
está
exenta
a
esta
evidencia
y
si
bien
existen
similitudes,
también
hay
diferencias
preocupantes
especialmente
a
la
accesibilidad
de
los
medicamentos
de
alto
costo
y
su
precio
para
el
sistema
de
salud
en
relación
a
la
seguridad
del
paciente.
Algunas
de
las
diferencias
son:
1)
Políticas
de
acceso:
en
algunos
países
como
México
y
recientemente
Colombia,
se
aplican
políticas
que
promueven
el
acceso
a
los
medicamentos
genéricos
favoreciendo
a
la
industria
nacional
de
estos,
priorizando
en
dispensación
en
los
centros
de
salud
públicos
independientemente
de
su
precio.
2)
Farmacoeconomía
y
control
de
precios:
en
algunos
países
de
Latinoamérica
es
fácil
conocer
los
costos
de
los
tratamientos.
En
otros
(como
por
ejemplo
Argentina)
es
muy
difícil
obtenerlos
debido
a
la
ausencia
de
información
oficial
sobre
los
precios
y
a
la
diversidad
de
los
sistemas
de
pago,
lo
cual
dificulta
mucho
el
relevamiento
financiero
del
costo
terapéutico.
En
el
caso
del
tratamiento
de
una
enfermedad
poco
frecuente
como
la
esclerosis
multiple,
según
un
relevamiento
realizado
en
el
2013
en
nueve
países
latinoamericanos
(Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Colombia,
Chile,
México,
Perú,
Uruguay,
Venezuela)
hemos
encontrado
que:
1)
Solo
Argentina,
Bolivia,
Colombia
recientemente,
Perú
y
México
cuentan
con
productos
genéricos/biosimilares
e
innovadores/originales.
El
resto
de
los
países
de
este
relevamiento
no
aprueban
el
uso
de
biosimilares
hasta
que
no
estén
aprobados
por
FDA
(US
Food
and
Drug
Administration)
o
EMA
(European
Medicines
Agency)
(Hodgson,
2009).
2)
En
costos
en
países
que
cuentan
con
uso
de
biosimilares
de
alto
costo
hemos
encontrado
que:
en
Argentina
los
costos
varían
entre
29.495
y
100.000
dólares
estadounidenses
(USD)
anuales/paciente;
Bolivia
solo
tiene
acceso
a
un
medicamento
cuyo
costo
varía
entre
138.384,53
y
139.869.92
USD
anuales/paciente;
en
México
los
costos
varían
entre
120.825,40
y
314.220,88
USD
anuales/paciente;
en
Perú
los
costos
varían
entre
149.051,85
y
357.547,17
USD
anuales/paciente
(3).
Si
sabemos
que
en
Argentina
se
calculan
aproximadamente
6000
pacientes
tratados,
es
una
catástrofe
económica
para
el
sistema
de
salud
en
una
sola
enfermedad
rara.
Por
otro
lado,
cuando
analizamos
el
conjunto
de
estos
países,
no
hemos
encontrado
menor
precio
para
los
genéricos/biosimilares
de
alto
costo
en
comparación
a
los
originales
o
innovadores.
Ejemplo
diferente
es
Inglaterra
que
no
ha
apoyado
el
uso
de
los
genéricos
o
biosimilares
de
alto
costo
hasta
que
sus
precios
no
sean
más
competitivos
al
precio
de
los
medicamentos
originales.
Por
lo
tanto,
la
sustitución
por
genéricos,
requiere
de
esfuerzos
adicionales
de
alcance
nacional
e
internacional
para
mejorar
la
disponibilidad
y
asequibilidad
de
los
medicamentos
(Carrá
et.
al.
2014,
Finkelsztejn
et.
al.
2012).
3)
Accesibilidad:
en
algunos
países
los
pacientes
no
tienen
acceso
a
toda
la
medicación
aprobada
para
su
uso
tal
el
caso
de
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Uruguay,
Venezuela
sino
que
cuentan
con
algunas
de
las
formulaciones
(Carrá
et
al.
2014,
Finkelsztejn
et.
al.
2012,
Vizcarra-‐Escobar
et.
al.
2015).
347
4)
Implicancias
en
la
seguridad
del
paciente
en
Latinoamérica:
lo
dominante
de
la
política
de
acceso,
hace
en
algunos
casos
que
el
paciente
reciba
diversas
unidades
de
varios
productos
que
contengan
el
mismo
principio
activo,
como
es
el
caso
de
México
y
recientemente
Argentina.
¿Qué
significa
esto?
Por
ejemplo
si
el
paciente
está
tratado
con
el
fármaco
X
que
contiene
la
droga
Z
de
origen
multinacional,
puede
recibir
el
fármaco
R
que
contiene
la
droga
Z
de
origen
nacional
y
este
intercambio
replicarse
en
el
año.
En
estos
casos,
la
inmunogenicidad
podría
ser
un
factor
clave
que
afecta
a
la
determinación
de
la
intercambiabilidad
y/o
sustitución
especialmente
de
productos
biológicos.
La
única
protección
con
la
que
contamos
es
el
cumplimiento
de
los
programas
de
farmacovigilancia
(FVG)
fundamentales
para
uso
racional
de
medicamentos,
monitoreo
de
criterios
de
prescripción
basado
en
el
reporte
de
efectos
adversos
esperados
y
no
esperados,
dispensación
y
hábitos
de
consumo
por
parte
de
los
pacientes.
Cada
país
tiene
requisitos
diferentes
para
sus
programas
de
FVG,
sin
embargo
en
todos
se
exige
el
reporte,
el
cual
no
siempre
se
cumple
por
diferentes
razones
pero
especialmente
por
la
falta
de
educación
en
el
manejo
del
riesgo.
En
general,
el
manejo
del
riesgo
tiene
varias
etapas
pero
todas
tienen
el
objetivo
de
caracterizar
del
perfil
de
seguridad
del
medicamento
aumentando
el
conocimiento
sobre
su
perfil
(Carrá
et.
al.
2014,
Finkelsztejn
et.
al.
2012).
5)
Desde
la
perspectiva
del
derecho,
entre
las
diferencias
fundamentales
en
los
Países,
en
materia
de
acceso,
se
deben
considerar
dos
aspectos:
a)
la
posición
jurídica
que
con
respecto
a
la
naturaleza
jurídica
del
derecho
a
la
salud
tenga
cada
país,
que
influye
notablemente
en
la
exigibilidad
del
derecho
en
la
justicia,
garantizando
tal
acceso
cuando
las
políticas
de
salud
no
responden
a
las
necesidades
de
la
población.
Y
esta
consideración
jurídica
tiene
implicancias
más
allá
de
la
protección
de
la
salud
,
influyendo
en
el
capital
“sano”
que
representa
para
el
país,
que
la
población
acceda
a
aquellos
tratamientos
no
solo
para
rehabilitarse
en
salud,
sino
para
poder
desempeñarse
laboralmente,
en
pos
del
crecimiento
de
su
nación.
b)
Desde
la
visión
del
“bioderecho”
el
análisis
de
los
cuestionamientos
éticos
en
materia
de
acceso:
es
decir,
los
aspectos
bioéticos
de
la
exigibilidad
del
derecho
al
acceso
a
la
salud,
sobre
todo
en
países
en
desarrollo,
con
recursos
finitos,
con
presupuestos
limitados,
con
una
medicina
de
altísimo
costo.
Primer
aspecto:
importancia
sobre
la
“naturaleza
jurídica
del
derecho
a
la
salud”
En
países
como
Argentina,
el
Derecho
a
la
Salud
se
encuentra
garantizado
constitucionalmente.
Siguiendo
a
Abramovich
&
Courtis
(2006)
por
“derecho”
entendemos
en
líneas
generales
“el
reconocimiento
legal
de
una
potestad,
respaldados
por
garantías
y
frente
al
incumplimiento
de
tal
derecho
o
su
vulneración
se
coligue
la
justiciabilidad
o
exigibilidad
judicial”.
Ahora
bien,
dentro
del
campo
de
los
derechos,
encontramos
los
denominados
“sociales”
porque
participan
de
dos
características
propias
que
los
definen:
la
igualdad
de
oportunidades
y
la
igualdad
material.
Estos
derechos
parten
del
reconocimiento
de
desigualdades
materiales,
protegiéndolas
por
ejemplo,
el
“principio
pro-‐operario”,
las
cláusulas
abusivas
en
el
consumo,
las
personas
con
discapacidad,
etc.
Presentan
rasgos
communes:
a)
Derechos
de
grupos
y
no
de
individuos
(niños,
personas
con
discapacidad,
etc.);
b)
Derechos
de
desigualdades,
que
requieren
una
especial
atención
legislative,
y
c)
Ligados
a
una
sociología
orientada
a
cuales
son
las
relaciones
sociales
pertinentes
de
estos
grupos
desventajados.
Por
ello,
son
considerados
especialmente
estos
derechos
con
garantía
constitucional
en
la
mayoría
de
los
países.
En
Argentina,
la
incorporación
del
Derecho
Social
a
la
Salud,
toma
importancia
con
la
reforma
constitucional
de
1994,
tanto
desde
el
Art.
43,
cuando
consagra
la
protección
de
los
derechos
de
los
consumidores
(servicios
de
salud)
con
garantías
procesales
a
tal
fin,
ya
sea
amparos
individuales
o
de
incidencia
colectiva;
el
Art.
72
Inc.
23,
con
la
obligación
de
adoptar
acciones
positivas
a
favor
de
tres
sectores
considerados
vulnerables:
niños,
ancianos
y
personas
con
discapacidad,
así
como
la
348
incorporación
con
rango
constitucional
de
los
tratados
internacionales
que
estipulan
derechos
humanos
(incluido
salud)
como
el
“Pacto
de
derechos
económicos
sociales,
culturales”,
la
Convención
de
los
Derechos
del
niño,
etc.
Estos
derechos
humanos
incorporados,
sociales,
se
dirigen
a
asegurar
a
la
persona
la
satisfacción
de
las
necesidades
básicas
y
hablando
de
nuestro
tema,
en
SALUD.
Y
por
ello
estos
derechos
sociales
exigen
obligaciones
positivas
y
negativas:
Positivas
de
“hacer”,
en
salud
por
ejemplo,
de
regulaciones
para
acceso,
de
construcción
de
hospitales,
etc.
y
de
“no
hacer”,
no
vulnerar
ese
derecho
a
la
salud
so
pena
de
sanción
y
exigibilidad.
De
esta
breve
explicación
surge
que
SALUD
en
nuestro
derecho,
es
considerado
un
Derecho
Social,
Positivo
(que
exige
acciones
que
lo
garanticen)
y
exigible
y
que
debe
tener
especial
consideración
hacia
tres
grupos
vulnerables:
NIÑOS,
ANCIANOS
Y
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
Es
por
ello
que
al
ser
considerado
como
derecho
humano,
social,
garantizado
por
la
CN,
resulta
exigible
y
determina
el
acceso
a
la
cobertura
integral.
Desde
este
primer
análisis
surge
la
Justicia
en
el
Acceso.
En
Argentina,
estos
últimos
años
(1997-‐2014)
se
ha
producido
un
fenómeno
de
“justiciabilidad
del
derecho
social”,
siguiendo
a
Abramovich
&
Courtis
(2002),
con
resultados
favorables
hacia
el
acceso,
provocando
un
proceso
de
advocacy
desde
la
organización
civil
y
generando
cambios
importantes
en
las
políticas
de
acceso
a
salud.
En
otros
países
como
Chile,
la
Constitución
garantiza
el
derecho
a
la
vida
y
en
cuanto
a
la
“protección
de
la
salud”
solo
podía
exigirse
vía
recurso
judicial
la
libre
elección
del
sistema
a
elegir.
Por
ello
les
llevó
mucho
tiempo
tratar
la
exigibilidad
de
la
justicia,
que
recién
produce
un
cambio
importante
a
partir
del
año
2005
con
la
reforma
legal
establecida
legalmente
al
sistema
AUGE
.
Recientemente
han
tenido
varios
casos
en
la
justicia
favorable
al
acceso.
En
México,
el
derecho
a
la
salud
está
garantizado
constitucionalmente,
pero
son
muy
pocos
los
que
acceden
a
la
justicia.
Ahora
bien
los
casos
que
se
han
recibido,
han
resultado
satisfactorios
en
lo
que
respecta
a
la
cobertura
integral,
específicamente
en
materia
de
medicamentos.
Nuevamente
el
tema
del
acceso
a
la
salud
está
íntimamente
relacionado
con
las
políticas
sociales
y
forma
parte
de
una
visión
integral
del
país,
respecto
a
acceso
a
la
educación
y
al
trabajo.
La
naturaleza
jurídica
del
derecho
que
adopte
el
país
incide
en
forma
directa
en
el
acceso
a
la
salud
en
lo
que
respecta
a
su
exigibilidad.
La
concepción
que
sobre
“el
derecho
a
la
salud”
sea
adoptada
por
el
pueblo,
incide
notablemente
en
cuestiones
relacionadas
con
pobreza,
falta
de
inclusión
laboral
y
social
y
resultados
en
costo
beneficio
de
una
persona
tratada
a
una
persona
con
discapacidad.
Es
decir,
la
concepción
que
se
adopte
en
el
país
respecto
“al
derecho
a
la
salud
y
su
necesidad
de
protección
igualitaria,
universal”,
como
la
consideración
que
sobre
el
“medicamento”
se
recete,
ya
sea
como
“
bien
social”
o
con
finalidad
para
el
“bien
común”,
provoca
consecuencias
inmediatas
en
el
acceso.
Y
por
ultimo,
este
aspecto
jurídico
mantiene
una
relación
proporcional
con
otros
bienes
jurídicos
como
el
“acceso
a
la
educación
y
al
trabajo”
pues
una
persona
“informada”
o
inserta
socialmente,
se
encuentra
en
condiciones
de
exigir
la
asistencia
terapéutica
para
su
salud
y
evitar
el
agravamiento
de
la
exclusión
social.
349
Segundo
aspecto:
cuestiones
bioéticas
relacionadas
con
el
concepto
de
Justicia
en
el
acceso
No
resulta
ético
no
tener
en
cuenta
el
segundo
aspecto
en
material
de
acceso,
cual
es
el
análisis
de
la
justicia
sobre
el
tema.
Si
hablamos
de
un
acceso
universal
integral
e
igualitario
o
se
debe
hablar
de
determinado
acceso
a
la
salud
limitado
a
recursos
y
presupuestos.
“La
Justicia
es
la
primera
virtud
de
las
Instituciones
Sociales,
como
la
verdad
lo
es
de
los
sistemas
de
pensamiento”
(Rawls
2012).
Varias
teorías
sobre
la
“justicia
en
salud”
intentan
dar
una
respuesta
a
este
conflicto.
Siguiendo
a
Duquez
Z.
(2001),
se
pueden
identificar
cuatro
concepciones
más
o
menos
universales
sobre
la
consideración
en
la
asignación
de
recursos
en
salud,
a
saber:
a)
Concepciones
Liberales,
es
decir
en
base
a
las
reglas
de
mercado
y
con
una
“beneficencia
hacia
los
pobres”.
b)
Concepciones
Utilitaristas:
la
distribución
de
los
recursos
debe
hacerse
sobre
el
principio
de
maximización
de
utilidades.
Solo
es
ético
aquello
que
produce
mayores
beneficios
a
menores
costos.
Según
esta
teoría
sería
importante
todo
el
tema
de
prevención
de
enfermedades
y
salud
en
general,
pero
no
resultaría
“útil”
la
atención
de
los
más
enfermos
y
vulnerables.
c)
Concepciones
Contractualistas:
donde
proponen
la
“justicia
como
equidad”,
donde
todos
pierden
y
ganan
con
un
Estado
Minimalista
que
se
limita
a
relaciones
de
control.
d)
Concepciones
Igualitaristas:
que
preconizan
igualdad
para
todos
según
la
necesidad,
es
decir
a
cada
uno
debe
dársele
según
su
necesidad
y
exigirle
según
su
capacidad.
Continúa
Duquez,
manifestando
“la
justicia
distributiva
no
es
adecuada
si
no
da
a
cada
uno
según
sus
necesidades,
pues
solo
así
coincide
justicia
con
igualdad.
De
estas
teorías
brevemente
transcriptas
no
cabe
duda
de
que
solo
la
cuarta
responde
o
es
compatible
con
la
Justicia
en
el
Acceso.
En
este
sentido
la
Catholic
Health
Association
(CHA)
de
Estados
Unidos,
en
el
documento
“Justicia
para
todos”
(Duquez
Z
2001)
acepta
la
necesidad
de
una
ética
de
racionamiento
de
los
recursos
de
salud,
proponiendo
un
equilibrio
entre
principios
y
consecuencias
en
base
a
los
siguientes
criterios:
la
necesidad
de
racionamiento
de
recursos
debe
ser
primeramente
demostrada,
y
orientada
al
bien
común.
Ofrecer
un
nivel
básico
de
asistencia
sanitaria
igualitario,
priorizando
a
las
personas
con
desventajas,
libre
de
discriminación
y
sujeto
a
control.
Esta
posición
a
su
vez
tiene
su
apoyo
en
el
principio
bioético
del
personalismo
ontológicamente
fundado
de
“sociabilidad
y
subsidiariedad”.
Siguiendo
a
Sgreccia
(2012),
El
principio
de
sociabilidad
compromete
a
todas
y
cada
una
de
las
personas
en
su
propia
realización
al
participar
en
la
realización
del
bien
de
sus
semejantes.
En
el
caso
de
la
promoción
de
la
vida
y
de
la
salud,
implica
que
todo
ciudadano
se
ha
de
comprometer
a
considerar
su
propia
vida
y
la
de
los
demás
como
un
bien
no
solo
personal,
sino
también
social
[…]
(Sgreccia
2012).
Por
ello
en
materia
de
acceso,
la
JUSTICIA
en
el
mismo
y
distribución
de
recursos
solo
es
posible
con
auxilio
de
la
Equidad
y
la
Solidaridad.
Es
decir
una
Teoría
de
Justicia
solo
resulta
compatible
con
la
naturaleza
del
derecho
si
compatibiliza
el
“acceso
igualitario”
de
las
personas
al
sistema
de
salud,
teniendo
en
cuenta
especialmente
a
los
grupos
vulnerables,
entre
ellos
los
niños,
ancianos
y
personas
con
discapacidad
ya
que
la
Salud
constituye
sin
duda
un
bien
social
y
exigible
(Gracia
1998).
Y
por
ello
la
Justicia
solo
puede
estar
en
consonancia
en
base
a
los
principios
bioéticos
de
solidaridad
y
sociabilidad.
350
Solo
atendiendo
a
la
“igualdad
de
oportunidades”
puede
existir
justicia
en
salud,
pues
nos
encontramos
ante
un
bien
social,
donde
el
bien
individual
debe
necesariamente
para
alcanzar
su
perfección
ser
contenido
en
el
social.
El
bien
común
de
la
sociedad
es
la
prioridad
en
cualquier
sistema
de
salud,
no
contradiciendo
el
principio
“costo-‐beneficio”,
pues
la
atención
adecuada
de
la
salud
provoca
a
largo
plazo
evitar
la
acentuación
de
una
discapacidad
o
directamente
su
anulación.
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351
VISIÓN
ÉTICA
DE
LA
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE:
UN
COMPONENTE
CLAVE
DE
LA
SALUD
PÚBLICA
Willen
Cabrera
Licenciado
y
profesor
en
Enfermería.
Jefe
de
Seguridad
del
Paciente
del
Sanatorio
Finochietto
Docente
de
ética
de
la
Universidad
Isalud,
Argentina
Contacto:
[email protected]
Ariel
Palacios
Licenciado
en
Enfermería.
Jefe
de
Seguridad
del
Hospital
Austral.
Docente
Facultad
de
Ciencias
Biomédicas
CEGES
Universidad
Austral,
Argentina
La
seguridad
del
paciente
y
su
impacto
Desde
hace
miles
de
años
diversos
escritos
dejaron
traslucir
la
idea
de
que
existe
la
posibilidad
de
generar
daño
relacionado
a
las
prácticas
de
las
ciencias
biomédicas.
Podría
citarte
como
ejemplo
el
Código
de
Hammurabi
(1728-‐1686
aC)
el
cual
establecía
entre
otros
aspectos
que
si
un
médico
realizaba
una
cirugía
en
un
noble
y
salvaba
su
vida,
se
le
debían
pagar
10
shekels
de
plata,
pero
si
producía
su
muerte
se
le
debía
cortar
la
mano.
Años
más
tarde
surge
la
frase
primum
non
nocere
atribuida
a
Hipócrates
(460
aC
–
377
aC),
utilizada
hoy
como
el
principio
ético
fundamental
que
mueve
a
los
profesionales
de
la
salud
a
ejercer
sus
prácticas
de
manera
consciente
y
comprometida,
al
punto
de
haberse
incorporado
a
los
escritos
de
juramentos
hipocráticos
de
los
facultativos.
Es
de
destacar
los
aportes
de
Beauchamp
y
Childress
en
la
Bioética
principialista
con
su
principio
ético
de
“no
maleficencia”,
haciendo
hincapié
que
lo
primero
en
el
ámbito
de
la
salud
es
a
no
dañar,
no
hacer
el
mal.
A
pesar
de
ello,
y
de
la
publicación
en
nuestra
era
de
diversos
artículos
que
abordaban
el
análisis
de
casos
de
errores
de
prescripción
y
de
sitio
quirúrgico
equivocado,
la
Seguridad
del
Paciente
como
una
de
las
dimensiones
de
la
Calidad,
no
tomó
un
rol
protagónico
hasta
el
año
1999
cuando
surge
a
la
luz
la
publicación
To
err
is
human:
Building
a
safer
health
system,
conocido
también
como
el
reporte
IOM.
Fundamentado
en
diversos
trabajos
de
investigación
realizados
en
Estados
Unidos
en
los
que
se
demostraba
la
existencia
de
errores
a
partir
de
una
revisión
de
historias
clínicas,
el
reporte
IOM
daba
cuenta
que
dichos
errores
médicos
producían
solamente
en
Estados
Unidos,
entre
44.000
y
98.000
muertes
al
año
y
que
dichas
muertes
no
estaban
relacionadas
con
la
patología
de
base
de
los
pacientes
sino
a
errores
que
en
su
gran
mayoría
eran
evitables.
Suele
decirse
que
esa
cantidad
de
muertes
equivale
a
que
se
caigan
dos
aviones
de
cabotaje
por
día.
El
reporte
IOM
generó
diversas
controversias
con
la
estimación
de
muertes,
por
lo
que
algunos
autores
tildaron
de
exagerado
el
número,
pero
lo
verdaderamente
importante
fue
que
independientemente
de
la
precisión
estadística
o
el
criterio
para
realizar
la
extrapolación
de
los
resultados
de
los
estudios
previos,
era
la
primera
vez
que
se
hablaba
abiertamente
del
impacto
que
los
errores
en
el
ámbito
médico
tenían
sobre
los
pacientes.
Aquí
es
pertinente
aclarar
que
si
bien
el
reporte
IOM
introduce
el
término
medical
error,
hoy
entendemos
que
dichos
errores
no
son
exclusivos
de
los
médicos
sino
que
tiene
que
dicha
expresión
posee
un
sentido
352
más
amplio
abarcando
a
todos
los
errores
cometidos
por
los
profesionales
y
colaboradores
de
un
sistema
de
salud
e
incluso
del
entorno
físico
de
cuidado.
Luego
de
To
err
is
human
se
comenzó
a
estudiar
la
prevalencia
e
incidencia
de
eventos
de
seguridad
del
paciente
en
el
mundo
surgiendo
así
diversos
trabajos
multicéntricos
de
relevancia
como
el
ENEAS
en
España,
el
IBEAS
en
Latinoamérica
y
actualmente
el
estudio
de
eventos
adversos
en
el
Mediterráneo
Oriental
y
África.
El
estudio
español
estipuló
una
incidencia
de
pacientes
con
eventos
adversos
de
8,4%,
el
latinoamericano
muestra
una
prevalencia
de
pacientes
con
al
menos
un
evento
adverso
del
10,5%
y
el
africano
revela
que
la
tercera
parte
de
los
pacientes
afectados
por
un
incidente
de
seguridad
murieron
a
causa
de
él
y
que
el
14%
presenta
una
discapacidad
permanente.
Como
veremos
posteriormente,
cuando
nos
referimos
a
eventos
adversos,
estamos
hablando
de
errores
e
incidentes
que
generan
algún
nivel
de
daño
en
los
pacientes
llegando
incluso
a
producir
la
muerte.
En
la
actualidad
han
surgido
nuevos
estudios
que
actualizan
los
datos
del
reporte
IOM,
utilizando
una
herramienta
llamada
Global
Trigger
Tool
(GTT)
diseminada
por
el
Institute
for
Healthcare
Improvement
de
Estados
Unidos.
El
GTT
es
un
conjunto
de
gatillos
que
guían
la
búsqueda
de
evidencia
de
daño
generado
a
los
pacientes,
reflejado
en
las
historias
clínicas
de
los
mismos.
El
estudio
más
representativo
de
GTT
hasta
el
momento
fue
el
desarrollado
por
Classen
(2011)
en
el
que
daba
cuenta
de
la
ocurrencia
de
casi
un
evento
adverso
cada
dos
pacientes.
Basados
en
dicho
estudio
y
en
otros
3,
James
establece
que
solo
en
Estados
Unidos,
ocurren
hasta
440.000
por
año
muertes
asociadas
a
los
incidentes
de
seguridad
del
paciente
en
el
marco
del
sistema
de
salud.
Desde
la
perspectiva
de
la
gestión
de
riesgos
se
pude
analizar
el
trabajo
de
Amalberti
(2005)
donde
se
plantea
que
en
términos
de
riesgos,
la
salud
como
actividad
capaz
de
generar
una
muerte
a
partir
de
un
incidente
involuntario
(no
relacionado
a
la
patología
del
paciente)
posee
una
probabilidad
mayor
(1/1000)
que
otras
actividades
consideradas
ultra
seguras
como
la
aviación
comercial
y
la
industria
nuclear
(1/10.000.000).
De
acuerdo
a
esta
estimación,
cada
mil
pacientes
que
ingresen
a
las
instituciones
de
salud,
uno
fallecerá
por
un
evento
adverso
asociado
al
cuidado
de
la
salud
como
se
muestra
en
la
figura
siguiente.
Evento
que
en
una
gran
proporción
será
evitable.
Por
último
es
importante
destacar
que
la
falta
de
estrategias
apropiadas
de
seguridad
del
paciente
tendientes
a
disminuir
la
ocurrencia
de
incidentes,
genera
costos
elevados
como
lo
expresa
el
informe
de
la
Sociedad
de
actuarios
de
Estados
Unidos
(Shreve
Jon
et
al,
2010),
estipulando
un
costo
asociado
a
errores
en
Estados
Unidos
durante
el
año
2008
de
19.500
millones
dólares
de
los
cuales
alrededor
del
87%
fue
generado
por
el
aumento
de
los
costos
de
la
prestación
médica
de
hospitalización,
consulta
externa
y
medicamentos
recetados
a
personas
que
se
vieron
afectados
por
errores
médicos.
Por
su
parte
los
costos
indirectos
fueron
aproximadamente
de
1.400
millones
dólares
en
relación
con
las
tasas
de
aumento
de
la
mortalidad
entre
las
personas
que
sufrieron
errores
médicos
y
aproximadamente
1100
millones
de
dólares
relacionados
con
la
pérdida
de
productividad
debido
a
los
reclamos
judiciales
por
discapacidad
a
corto
plazo.
Asimismo
han
comenzado
a
surgir
diversos
estudios
respecto
a
los
costos
de
la
no
seguridad
del
paciente.
Uno
de
los
más
representativos
ha
sido
la
revisión
bibliográfica
publicada
por
la
Junta
de
Andalucía
de
España
en
el
que
puede
apreciarse
el
impacto
353
económico
que
errores
de
medicación,
infecciones
y
complicaciones
quirúrgicas
generaban
sobre
el
sistema
de
salud.
Para
un
mayor
análisis
de
este
punto
podrá
encontrarse
en
la
bibliografía
anexa
el
trabajo
completo.
En
los
párrafos
anteriores
se
habló
de
errores
médicos,
eventos
adversos
e
incidentes
de
seguridad.
Es
importante
destacar
que
actualmente
existe
controversia
acerca
de
la
taxonomía
de
seguridad
del
paciente,
pudiéndose
encontrar
en
la
literatura
divergencias
en
el
uso
de
los
términos
anteriormente
mencionados.
En
la
presente
clase,
nos
basaremos
en
las
definiciones
de
la
Alianza
Mundial
para
la
Seguridad
del
Paciente
de
la
Organización
Mundial
de
la
Salud,
donde:
•
Error:
se
define
como
la
falla
para
completar
un
plan
tal
y
como
fue
planeado
o
el
uso
de
un
plan
equivocado
para
lograr
un
objetivo
•
Evento
adverso:
es
el
daño
generado
en
un
paciente
a
partir
de
la
práctica
profesional
o
de
algún
aspecto
relacionado
al
cuidado
dentro
del
ámbito
de
la
salud
•
Incidente
de
seguridad:
es
una
circunstancia
que
generó
o
pudo
haber
generado
un
daño
involuntario
a
un
paciente.
Habitualmente
llamamos
incidente
de
seguridad
al
conjunto
de
todos
los
eventos
adversos,
errores
y
otros
conceptos
que
veremos
a
continuación
como
los
near
miss
y
los
harmless
hit.
De
esta
forma
los
incidentes
de
seguridad
pueden
abarcar
una
amplia
gama
de
posibilidades
que
van
desde
un
error
que
es
detenido
antes
que
llegue
al
paciente
por
una
barrera
eficaz
de
seguridad
o
por
azar
(near
miss)
hasta
la
ocurrencia
de
un
evento
que
genera
daño
grave
y
permanente
e
incluso
la
muerte
del
paciente
(evento
centinela).
Existe
un
grupo
de
incidentes
que
son
aquellos
que
en
general
involucran
a
un
error
y
que
atraviesa
todas
las
barreras,
llegando
a
impactar
en
el
paciente
pero
no
generándole
daño.
A
este
grupo
algunos
autores
lo
identifican
como
harmless
hit.
Un
ejemplo
de
ellos
es
la
administración
de
un
antibiótico
equivocado
en
lugar
de
otro
pero
sin
que
le
genere
un
daño
evidente
al
paciente.
Por
último
es
pertinente
aclarar
que
los
incidentes
de
seguridad,
hayan
producido
daño
(evento
adverso)
o
no,
no
son
generados
necesariamente
a
partir
de
un
error
ni
tampoco
todos
los
errores
producen
daños.
A
modo
de
resumen
a
continuación
se
listan
algunos
incidentes
de
seguridad
del
paciente
frecuentemente
presentes
en
las
instituciones
de
salud:
•
Extracción
accidental
de
dispositivos
biomédicos
(tubos
endotraqueales,
tubos
de
drenaje,
sondas,
accesos
venosos
centrales
y
periféricos,
catéteres
de
presiones
intracardiacas
o
intracraneales,
etc.).
•
Errores
de
medicación
(incidentes
con
drogas
de
alto
riesgo
administradas
en
infusión
continua,
equivocación
de
frascos
de
insulina,
dosis
de
fármacos
incorrectamente
prescriptos
o
administrados,
errores
en
la
dilución
de
drogas,
errores
en
la
conservación
de
drogas
con
condiciones
especiales
de
almacenamiento,
droga
administrada
al
paciente
incorrecto,
etc.).
•
Administración
errónea
de
sangre
y
hemoderivados.
•
Extracción
de
muestras
a
pacientes
equivocados.
354
•
Errores
en
la
comunicación
de
indicaciones
o
resultados
críticos.
•
Monitoreo
o
interpretación
inadecuado
de
parámetros
vitales
y
alarmas
de
equipos
biomédicos.
•
Caídas
y
lesiones
producidas
a
los
pacientes.
•
Infecciones
asociadas
al
cuidado
de
la
salud.
•
Fallas
en
el
funcionamiento
de
equipos
de
soporte
vital
como
ventiladores
mecánicos,
BIPAP,
ECMO,
etc.
•
Cirugías
realizadas
en
el
lugar,
paciente
o
con
el
procedimiento
equivocados.
•
Procedimientos
realizados
a
pacientes
equivocados.
•
Errores
de
diagnóstico
medico.
•
Robos
de
recién
nacidos
y
suicidios
dentro
de
las
instituciones
de
salud,
entre
otros.
Los
aspectos
anteriormente
mencionados,
han
generado
que
la
Seguridad
del
Paciente
se
convierta
rápidamente
en
una
línea
de
gestión
prioritaria
dentro
de
las
instituciones
de
salud
a
nivel
global.
Luego
de
cientos
de
estudios
publicados
y
trece
años
de
experiencia
mundial,
la
verdad
sobre
la
ocurrencia
de
incidentes
de
seguridad
en
las
instituciones
sanitarias,
se
ha
convertido
en
un
hecho
incuestionable.
En
la
actualidad
el
foco
de
la
discusión
no
está
puesto
sobre
este
punto
sino
en
el
estudio
de
las
causas
de
los
errores
y
eventos
adversos,
el
análisis
de
los
riesgos
asociados
al
cuidado
de
la
salud
de
las
personas
y
las
estrategias
necesarias
para
reducirlos
o
evitarlos.
La
“no
seguridad”,
el
no
trabajar
en
Seguridad
del
paciente
tiene
implicancias
éticas,
en
primer
lugar
pone
en
riesgo
lo
más
sagrado,
la
vida
de
la
persona,
la
cual
es
intangible
e
inviolable,
y
en
segundo
término
contra
la
integridad.
Dicho
en
otros
términos,
se
viola
el
principio
de
prima
facie
de
“no
maleficencia”,
ya
que
lo
primero
en
el
ámbito
de
la
salud
es
no
hacer
daño,
no
hacer
el
mal.
Por
el
contrario,
en
estas
instituciones
tienen
el
deber
desde
el
punto
de
vista
ético
de
“hacer
el
bien”,
de
promover
la
salud,
de
prevenir
la
enfermedad,
de
restaurar
la
salud
y
aliviar
el
sufrimiento.
Causas
de
los
incidentes
de
seguridad
del
paciente
De
manera
casi
sistemática
cuando
se
indaga
a
los
profesionales
de
la
salud
acerca
de
las
causas
de
los
incidentes
de
seguridad
y
en
especial
de
los
errores,
suelen
escucharse
argumentos
que
poseen
una
tendencia
a
identificar
fuentes
unicausales
que
por
lo
general
se
relacionan
con
las
deficiencias
de
las
personas
para
ejecutar
adecuadamente
sus
labores.
Así,
se
escuchan
expresiones
relativas
a
la
falta
de
capacidad
o
formación
de
un
profesional
o
a
la
falta
de
atención
o
profesionalismo
para
llevar
adelante
su
tarea.
Sin
embargo,
a
partir
del
análisis
de
incidentes
de
seguridad,
con
daño
o
sin
él,
puede
afirmarse
que
en
la
Salud
los
eventos
siguen
un
patrón
similar
al
de
otras
actividades
como
la
aeronáutica
y
la
industria
nuclear.
355
A
partir
de
la
famosa
teoría
del
queso
suizo
desarrollada
por
James
Reasson
y
utilizada
ampliamente
en
el
ejercicio
de
interpretación
de
los
incidentes
de
seguridad
del
paciente,
podría
deducirse
que
en
general
los
incidentes
de
seguridad
del
paciente
ocurren
por
diversas
causas
y
factores
predisponentes
relacionados
a
cuestiones
estructurales,
fallas
en
los
procesos
y
controles,
problemas
relacionados
con
la
tecnología
y
en
algunos
casos
a
fallas
humanas.
En
efecto
algunos
estudios
dan
cuenta
que
el
factor
humano
como
elemento
causal
de
los
incidentes
en
salud
solamente
interviene
en
el
5%
de
los
casos.
La
teoría
de
Reasson
plantea
que
para
que
un
riesgo
llegue
a
producir
un
daño,
necesita
atravesar
diversas
barreras.
En
este
sentido
plantea
que
los
procesos
contienen
fases,
como
láminas
de
queso
suizo,
las
que
poseen
fallas
a
partir
de
su
diseño
y
que
estas
fallas
latentes
son
los
agujeros
que
al
alinearse
permiten
que
el
riesgo
atraviese
el
proceso
entero
sin
ser
detenido.
Visto
de
esta
forma,
la
idea
acerca
de
cómo
ocurren
los
incidentes
parece
demasiado
teórica.
Sin
embargo,
se
invita
al
lector
a
reflexionar
acerca
de
las
tajadas
de
queso
que
se
han
alineado
en
el
último
incidente
que
conoce
o
que
haya
ocurrido
en
su
organización.
No
se
debe
preguntar
quién
cometió
el
error,
sino
qué
pasó,
cómo
pasó
y
por
qué
pasó.
Una
vez
que
se
comprende
cómo
ocurren
los
errores,
estaremos
preparados
para
dar
el
siguiente
paso:
implementar
estrategias
de
seguridad
del
paciente
en
nuestra
Institución.
Estrategias
institucionales
para
elevar
la
seguridad
de
los
pacientes
Existen
diversas
herramientas
y
soluciones
ofrecidas
por
organismos
como
la
Alianza
Mundial
por
la
Seguridad
del
Paciente,
The
Joint
Commission,
el
Institute
for
Safe
Medication
Practices,
el
Institute
for
Healthcare
Improvement,
la
Agency
for
Healthcare
Research
and
Quality,
el
National
Center
for
Patient
Safety,
entre
otros,
que
pueden
servir
de
guía
al
momento
de
adoptar
estrategias
de
mejora
y
que,
solo
a
fines
ilustrativos,
pueden
ordenarse
en
diferentes
estrategias:
a.
Establecer
un
fuerte
liderazgo
Un
adecuado
liderazgo
favorece
el
desarrollo
de
estrategias
tendientes
a
reducir
la
posibilidad
de
ocurrencia
de
un
incidente
de
seguridad
o
de
minimizar
su
impacto
(grado
de
daño)
si
ocurriese.
El
liderazgo
no
solo
depende
de
los
estratos
jerárquicos,
aunque
sin
ellos
es
imposible
que
las
estrategias
de
seguridad
del
paciente
se
perpetúen
en
el
tiempo.
El
compromiso
de
la
alta
Dirección
es
fundamental
para
que
un
cambio
cultural
profundo
tenga
lugar.
Independientemente
de
ello,
el
estímulo
y
apoyo
de
pequeñas
iniciativas
y
mejoras
identificadas
por
las
fases
operativas
de
los
Servicios,
hará
que
las
medidas
establecidas
en
el
marco
de
un
programa
de
seguridad
del
paciente,
sean
adoptadas
rápidamente
por
estos
estratos.
356
Por
último,
la
experiencia
local
muestra
que
un
adecuado
liderazgo
llevado
adelante
por
quienes
conducen
las
estrategias
institucionales
de
seguridad
del
paciente,
favorecen
en
gran
medida
la
adhesión
del
resto
de
los
profesionales
de
la
Institución.
Estos
líderes
formales
deben
ser
reconocidos
por
su
iniciativa,
inventiva,
formación
y
versatilidad
en
la
comunicación
con
los
representantes
de
las
diversas
disciplinas.
Es
común
por
ello
que
exista
en
las
organizaciones
un
comité
multidisciplinario
de
seguridad
del
paciente
a
fin
de
tener
representadas
todas
las
voces
del
equipo
de
salud.
b.
Estimular
una
cultura
de
seguridad
del
paciente
El
éxito
de
las
mejoras
en
la
seguridad
de
los
pacientes
radica
en
gran
medida
en
el
establecimiento
de
un
entorno
libre
de
culpa
que
permita
detectar
y
reportar
eventos
o
factores
predisponentes
a
fin
de
ser
analizados
y
abordados
con
herramientas
de
gestión
adecuadas.
En
este
punto
los
directores
de
las
instituciones
y
los
mandos
medios,
poseen
una
gran
oportunidad
ya
que,
como
se
ha
observado
en
nuestro
país,
la
participación
activa
de
estos
líderes
favorece
de
manera
excepcional
el
desarrollo
de
mejoras
en
las
áreas.
Por
el
contrario,
en
ambientes
poco
estimulados
y
preferentemente
punitivos
los
beneficios
en
términos
de
seguridad,
difícilmente
se
mantienen
a
lo
largo
del
tiempo.
Existe
alguna
discusión
acerca
de
cuál
es
el
grado
de
tolerancia
del
estado
no
punitivo,
pero
la
experiencia
nos
muestra
que
un
ambiente
favorable
a
la
comunicación
de
incidentes
de
seguridad
y
sus
factores,
favorecen
una
alta
tasa
de
reportes
y
facilitan
la
gestión
de
los
errores
médicos
y
de
los
riesgos,
mejorando
la
calidad
y
seguridad
de
las
prestaciones.
Por
supuesto
que
aquí
no
se
plantea
el
hecho
de
negar
el
error
o
desestimar
las
consecuencias.
Un
artículo
publicado
en
New
England
Journal
of
Medicine
en
el
año
2009
(Balancing
no
blame
with
accountability
in
Patient
Safety)
discute
acerca
de
que
la
mirada
sistémica
no
puede
servir
de
excusa
para
no
cumplir
las
pautas
establecidas
(hay
que
higienizarse
las
manos,
identificar
al
paciente,
marcar
el
sitio
quirúrgico,
cumplir
con
las
barreras
de
seguridad
establecidas),
sino
que
hay
que
poder
balancear
una
cultura
de
no
punición
con
la
responsabilidad
profesional
que
cada
uno
debe
tener
ante
el
cuidado
de
los
pacientes.
Existen
diversas
herramientas
que
favorecen
el
estímulo
de
una
cultura
de
seguridad
equilibrada.
Una
de
ellas
son
las
Patient
Safety
Leadership
WalkRounds
o
recorridas
ejecutivas
de
seguridad
del
paciente.
La
herramienta
fue
popularizada
por
el
Institute
for
HealthCare
Improvement
(IHI)
de
Estados
Unidos
y
consta
de
la
creación
de
espacios
de
diálogo
entre
la
alta
Dirección
y
el
personal
de
las
áreas,
cualquiera
sea
su
rango.
A
estas
recorridas
se
invita
a
representantes
de
las
diversas
actividades
del
área
seleccionada
como
kinesiólogo,
enfermera,
médico,
mucama,
personal
administrativo,
etc.,
y
se
dialoga
acerca
de
la
existencia
de
incidentes
de
seguridad
y
las
condiciones
del
entorno
o
los
procesos
que
pudieran
llevar
al
personal
a
cometer
un
error.
En
ellas
se
muestra
el
compromiso
de
los
directores
con
la
problemática
del
Servicio
y
se
facilita
el
conocimiento
de
los
problemas
de
manera
directa
para
asumir
la
responsabilidad
de
la
mejora
de
manera
conjunta.
Otras
actividades
que
favorecen
la
apertura
hacia
esta
nueva
cultura
propuesta
incluyen
la
presentación
de
casos
y
análisis
de
errores
en
ateneos
específicos
o
institucionales,
la
discusión
sistemática
de
factores
que
pudieran
generar
incidentes,
el
estímulo
necesario
para
reportar
incidentes
de
seguridad
y
la
comunicación
permanente
acerca
de
las
mejoras
logradas
a
partir
de
ellos.
357
c.
Generar
sistemas
de
reporte
de
incidentes
de
seguridad
del
paciente
“Un
sistema
de
reporte
se
refiere
a
los
procesos
y
tecnología
de
la
información
empleados
en
la
estandarización,
comunicación,
devolución,
análisis,
aprendizaje,
respuesta
y
diseminación
de
las
lecciones
aprendidas
a
través
de
los
reportes
de
eventos”.
Existen
diversos
tipos
de
reportes
de
incidentes
publicados
en
la
bibliografía
que
pueden
dividirse
de
acuerdo
al
carácter
mandatario
(voluntario,
obligatorio)
y
de
acuerdo
al
tratamiento
de
los
datos
del
reportante
(confidencial,
anónimo,
público).
Es
recomendable
que
cada
institución,
o
cada
unidad,
adopte
el
sistema
más
adecuado
a
la
cultura
y
el
proceso
madurativo
de
los
equipos
interdisciplinarios.
Los
sistemas
más
recomendados
por
la
bibliografía
para
instituciones
que
comienzan
a
abordar
la
temática
son
los
voluntarios
y
anónimos.
Es
importante
comprender
que
no
hay
evidencia
disponible
que
asegure
que
un
sistema
de
reporte
voluntario
sea
la
herramienta
ideal
para
la
gestión
total
de
los
errores.
Por
el
contrario,
diversos
artículos
hacen
referencia
que
la
tasa
de
los
reportes
comunicados
representa
entre
el
10
y
el
25%
de
lo
que
realmente
ocurre.
Sin
embargo
se
ha
observado
que
estas
herramientas
poseen
una
gran
utilidad
en
relación
al
fortalecimiento
de
la
cultura,
llevando
a
las
unidades
e
instituciones
a
niveles
de
proactividad
sorprendentes
respecto
de
la
detección
de
incidentes
y
el
compromiso
con
el
cambio
y
las
mejoras
implementadas.
Los
reportes
de
incidentes
deben
ser
por
sobre
todo
no
punitivos
y
debe
poder
asegurarse
a
los
reportantes
que
ningún
dato
aportado
por
ellos
será
utilizado
con
fines
persecutorios
sino
con
el
único
objetivo
de
analizar
qué
pasó,
cómo
pasó
y
qué
puede
hacerse
para
evitar
que
vuelva
a
suceder.
Existen
diversas
herramientas
complementarias
del
reporte
de
incidentes
que
favorecen
la
identificación
de
errores
y
eventos
adversos
como
la
revisión
sistemática
de
historias
clínicas
o
las
Global
Trigger
Tools
del
IHI.
La
fortaleza
de
estas
herramientas
radica
en
la
búsqueda
activa
de
incidentes
y
no
es
dependiente
de
la
voluntad
del
reportante.
Por
otro
lado,
en
nuestro
medio
poseen
una
gran
debilidad
que
es
la
dependencia
de
la
correcta
y
veraz
confección
de
las
historia
clínicas
por
parte
de
los
profesionales.
d.
Analizar
las
causas
profundas
de
los
incidentes
a
través
del
Análisis
de
Causa
Raíz
(ACR)
El
análisis
de
causas
raíz
tiene
sus
orígenes
en
la
psicología
industrial
y
en
el
estudio
de
los
factores
humanos
y
consiste
en
una
aproximación
al
análisis
del
error
de
manera
retrospectiva.
Tuvo
un
especial
impacto
en
la
industria
nuclear
y
en
la
aviación,
entre
otras,
ya
que
aportó
mucho
valor
al
análisis
de
los
accidentes
industriales
graves.
En
el
ámbito
sanitario
diversas
asociaciones
promovieron
su
utilización
aportando
metodologías
bien
estructuradas
para
el
análisis
de
las
causas
raíces
y
orientando
la
herramienta
hacia
los
sistemas
y
no
exclusivamente
hacia
las
personas.
Los
ACR
son
utilizados
para
el
estudio
de
los
eventos
centinelas
y
conlleva
un
trabajo
multidisciplinario
a
partir
del
cuál
se
analizan
todas
las
posibles
causas
del
incidente
producido
y
se
investiga
el
mal
funcionamiento
o
no
existencia
de
las
barrera
necesarias
para
detener
al
mismo.
Paralelamente
se
investiga
acerca
de
todos
los
factores
involucrados
en
el
evento
(personas,
equipos,
procedimientos,
información,
entornos,
contingencias
externas,
entre
otros).
358
Está
compuesta
por
una
multiplicidad
de
herramientas
cualitativas
que
incluyen
el
diagrama
de
Ishikawa,
la
línea
de
tiempo
cronológica,
el
diagrama
de
flujo
de
información,
focus
group,
el
análisis
de
barreras
y
la
técnica
de
Five
Why
entre
otros.
Al
culminar
el
análisis
se
realizan
recomendaciones
para
la
prevención
de
errores
futuros
y
se
diseminan
las
lecciones
aprendidas.
e.
Adelantarse
a
los
incidentes
utilizando
el
Análisis
Modal
de
Fallos
y
sus
efectos
(AMFE)
El
Análisis
Modal
de
Fallos
y
Efectos
es
un
método
dirigido
a
lograr
el
aseguramiento
de
la
calidad,
mediante
el
análisis
sistemático.
Contribuye
a
identificar
y
prevenir
los
modos
de
fallo
de
un
proceso,
evaluando
su
gravedad,
ocurrencia
y
detección,
sobre
las
cuales
habrá
que
actuar
para
evitar
que
se
presenten.
Su
utilidad
radica
en
la
posibilidad
de
adelantarse
a
la
ocurrencia
de
un
incidente
ya
que
realiza
un
análisis
prospectivo
de
un
proceso
nuevo
o
un
proceso
con
gran
riesgo
de
ocurrencia
de
evento
centinela.
Estrategias
asociadas
a
la
gestión
del
cuidado
de
pacientes
En
cuando
a
las
estrategias
establecidas
en
las
fases
operativas,
es
pertinente
tener
en
cuenta
que
el
propósito
es
generar
barreras
redundantes
que
sean
capaces
de
detener
la
probabilidad
de
errores
o
incidentes
en
general.
Para
ello
se
proponen
algunas
de
las
soluciones
planteadas
por
la
literatura
mundial.
a.
Identificación
correcta
de
pacientes
Diversas
situaciones
como
el
cambio
de
unidad,
habitaciones
compartidas,
nombres
similares,
estado
neurológico,
etc.;
pueden
favorecer
la
ocurrencia
de
un
error
de
identificación
de
pacientes.
Algunas
organizaciones
proponen
que
para
reducir
dicho
riesgo,
se
utilice
un
sistema
de
identificación
que
contenga
dos
objetivos:
identificar
en
forma
confiable
a
la
persona
como
aquella
a
quien
está
dirigido
la
práctica
o
tratamiento;
y
hacer
que
estos
coincidan
con
la
persona.
Para
ello
debe
en
primer
lugar
identificarse
al
paciente
con
una
pulsera
que
contenga
datos
verificables,
no
pudiendo
utilizarse
como
dato
válido
el
número
de
unidad
o
box
ni
la
patología
del
paciente;
en
segundo
lugar,
verificar
la
identidad
del
paciente
con
al
menos
dos
datos
antes
de
realizar
cualquier
práctica
de
riesgo
como
administración
de
medicamentos,
sangre
o
hemoderivados,
o
extracción
de
sangre
y
otras
muestras
para
análisis
clínicos
o
antes
de
proporcionar
cualquier
otro
tratamiento
o
procedimiento.
b.
Reducción
del
riesgo
de
caídas
Las
caídas
constituyen
un
gran
porcentaje
de
las
lesiones
sufridas
en
pacientes
hospitalizados.
Por
ello
es
recomendable
implantar
evaluaciones
de
riesgo
de
caídas
utilizando
escalas
afines
a
cada
grupo
atareo
pudiendo
incluir
los
antecedentes
de
caídas,
una
revisión
del
consumo
de
alcohol
y
medicamentos,
evaluación
de
la
deambulación
y
el
equilibrio
y
estado
neurológico
entre
otros.
Dicha
evaluación
debe
estar
acompañada
de
las
medidas
necesarias
para
reducir
el
riesgo
de
caídas
de
acuerdo
al
nivel
de
cada
paciente
incluyendo
la
educación
al
paciente
y
su
familia,
la
disponibilidad
de
mobiliario
y
elementos
personales
del
paciente,
un
adecuado
calzado
y
superficie
de
tránsito
en
óptimas
condiciones
y
una
valoración
reiterada
entre
otras.
359
Es
importante
destacar
que
las
acciones
tomadas
deben
ser
seguidas
por
el
equipo
de
salud
en
su
totalidad
y
no
deben
existir
mensajes
discordantes
hacia
el
paciente
respecto
de
ellas.
c.
Estrategias
de
comunicación
eficaz
En
todo
proceso
de
atención,
las
comunicaciones
más
propensas
al
error
son
las
órdenes
verbales
brindadas
de
forma
oral
o
telefónicamente.
Otra
comunicación
propensa
al
error
es
la
transmisión
verbal
de
resultados
críticos,
como
por
ejemplo
los
de
laboratorio.
La
experiencia
compartida
en
Argentina,
sugiere
que
los
errores
de
comunicación
favorecen
en
gran
medida
la
ocurrencia
de
eventos
centinelas.
Una
propuesta
de
mejora
para
este
punto
es
que
las
instituciones
elaboren
una
política
y/o
procedimiento
para
órdenes
orales
y
telefónicas
que
incluya
un
proceso
de
lectura-‐anotación-‐relectura:
el
receptor
de
la
orden
o
los
resultados
anota
la
información
y
luego
vuelve
a
leerla
aguardando
la
confirmación
de
que
lo
que
se
ha
anotado
y
leído
es
exacto.
Es
recomendable
que
se
identifiquen
alternativas
aceptables
para
los
casos
en
que
el
proceso
de
relectura
no
sea
posible
como
por
ejemplo
las
situaciones
de
emergencia.
d.
Estrategias
de
uso
seguro
de
medicamentos
Etiquetado
y
almacenamiento
diferencial
de
drogas
de
alto
riesgo.
Las
recomendaciones
más
actuales
sugieren
que
los
electrólitos
concentrados
y
otras
drogas
de
alto
riesgo
no
se
guarden
en
las
unidades
de
atención
salvo
que
sea
necesario
desde
el
punto
de
vista
clínico
y
no
existan
otros
sistemas
de
provisión
de
los
mismos.
Por
tanto,
las
drogas
de
alto
riesgo
existentes
en
los
stocks
de
las
unidades
de
cuidados,
deben
estar
debidamente
etiquetadas
y
poseer
un
esquema
de
almacenamiento
diferencial
del
resto
de
los
fármacos
existentes
para
evitar
la
administración
errónea.
Este
almacenamiento
diferencial
puede
realizarse
a
través
de
la
habilitación
de
mobiliario
específico
que
contenga
cerradura
mecánica
o
digital
y
con
acceso
limitado.
El
control
en
todas
las
fases
de
la
medicación
es
necesario,
tanto
en
la
copra
y
almacenamiento,
como
en
la
dispensación
y
administración.
Doble
chequeo
independiente.
Los
sistemas
de
doble
chequeo
independiente
implican
la
revisión
del
trabajo
que
una
persona
realiza
(cálculo,
preparación,
dilución,
carga,
programación
de
bombas,
etc.).
De
esta
forma
la
probabilidad
de
que
dos
personas
cometan
el
mismo
error
con
la
misma
medicación
se
reduce
al
mínimo.
Es
importante
aplicar
esta
técnica
solo
a
los
puntos
más
susceptibles
de
error
debido
al
impacto
negativo
que
un
gran
número
de
controles
puede
producir
sobre
el
factor
temporal
de
la
actividad
de
los
profesionales.
360
e.
Estrategias
de
gestión
del
recurso
humano
Si
bien
la
gestión
del
recurso
humano
en
salud
es
compleja
desde
el
punto
de
vista
de
los
costos
y
la
escasez
de
profesionales
médicos
y
enfermeros,
es
relevante
realizar
esfuerzos
destinados
a
la
formación
y
permanencia
de
un
equipo
estable
de
profesionales
y
de
distribución
optima
de
pacientes
por
cada
profesional
disponible.
Diversos
estudios
han
dado
cuenta
del
impacto
negativo
que
poseen
una
inadecuada
distribución
de
pacientes
a
cargo,
el
exceso
de
horas
de
trabajo
y
la
rotación
del
personal.
Aunque
existe
controversia
al
respecto,
es
importante
ilustrar
este
punto
con
los
estudios
de
Aiken
y
Dawson
donde
se
observa
que
cada
paciente
añadido
a
la
carga
media
de
una
enfermera
(con
nivel
equiparable
a
enfermera
profesional
o
licenciada)
se
asocia
a
una
mortalidad
del
7%
y
que
18
horas
de
trabajo
continuo
afectan
el
desempeño
de
un
médico
equivalente
a
niveles
de
alcohol
de
0.10%.
Pacientes
por
la
seguridad
de
los
pacientes
Diversas
organizaciones
y
en
particular
la
Alianza
Mundial
por
la
Seguridad
de
los
Pacientes
liderada
por
la
OMS,
estimulan
la
participación
activa
de
las
personas
en
calidad
de
enfermos
o
acompañantes
como
partícipes
fundamentales
en
las
estrategias
de
seguridad.
La
propuesta
está
dirigida
no
solo
a
la
inclusión
de
las
familias
en
los
cuidados,
habitualmente
observado
en
las
unidades
de
cuidados
intensivos
pediátricos
y
neonatales,
sino
también
a
la
incorporación
de
los
mismos
pacientes
a
la
toma
de
decisiones
en
cuanto
a
los
cuidados
brindados
y
la
prevención
de
errores.
Diversas
publicaciones
dan
cuenta
que
los
pacientes
informados
se
convierten
en
pacientes
más
seguros
y
que
la
participación
de
los
mismos
constituye
una
barrera
más
en
el
proceso
de
seguridad.
Variadas
son
las
formas
en
que
se
sugiere
la
incorporación
de
los
pacientes,
abarcando
desde
la
información
de
los
nombres
y
esquemas
horarios
de
la
medicación
que
el
mismo
está
por
recibir
hasta
la
identificación
activa
de
su
identidad
y
la
posibilidad
de
frenar
un
procedimiento
o
cuidado
si
posee
dudas
respecto
al
mismo.
Siguiendo
esta
idea
sería
lícito
que
el
paciente
se
sienta
en
libertad
de
consultar
a
una
enfermera
la
causa
de
la
diferencia
en
el
color
del
fármaco
que
le
está
por
administrar
respecto
al
del
día
anterior,
o
de
solicitar
a
un
médico
aclaraciones
si
posee
dudas
respecto
de
un
procedimiento
a
realizar
y
los
profesionales
debieran
acceder
con
madurez
a
dichos
requerimientos.
Asimismo,
las
nuevas
tendencias
fomentan
la
comunicación
de
errores
o
eventos
adversos
a
los
pacientes
involucrados
sin
ocultar
la
verdad
y
en
particular
a
aquellos
sobre
los
que
se
haya
generado
un
daño
mayor.
La
inclusión
de
los
pacientes
implica
por
tanto
uno
de
los
puntos
fundamentales,
menos
logrados
y
más
desafiantes
en
la
carrera
por
el
cambio
cultural
de
las
instituciones
de
Argentina.
El
desarrollo
de
otras
disciplinas
como
las
de
Control
de
Infecciones
y
Gestión
de
riesgos
aportan
herramientas
robustas
para
la
mejora
de
procesos
en
seguridad
del
paciente.
361
Por
citar
solo
algunas,
se
encuentra
el
caso
de
las
guías
de
práctica
clínica,
la
utilización
de
bundles,
listas
de
verificación
ante
procedimientos,
evaluación
sistemática
de
equipos
biomédicos,
análisis
y
estandarización
de
procesos,
entre
otros.
Es
de
destacar
que
durante
el
desarrollo
de
la
Diplomatura,
podrán
profundizarse
todos
los
conceptos
y
estrategias
introducidas
en
el
presente
módulo.
Conclusiones
La
evidencia
disponible
y
la
experiencia
compartida,
invita
a
cada
profesional
involucrado
en
el
cuidado
de
los
pacientes
a
desarrollar
y
estimular
un
pensamiento
proactivo
que
facilite
la
búsqueda
de
los
errores
y
sus
predisponentes;
fomentando
una
cultura
madura,
abierta
y
equilibrada
que
sirva
de
vehículo
para
la
implementación
de
las
mejoras
necesarias
en
nuestras
unidades
e
instituciones.
Es
en
esa
búsqueda
donde
siempre
surge
la
necesidad
de
reflexionar
acerca
del
cambio
y
en
particular,
del
tremendo
esfuerzo
que
implica
un
cambio
de
modelo
cultural.
Por
otro
lado,
trabajar
en
Seguridad
del
paciente
se
convierte
en
una
obligación
moral,
el
principio
ético
de
“no
maleficencia”
nos
obliga
a
poner
todos
los
medios
necesarios
para
evitar
el
riesgo
de
daño
al
paciente
asociado
a
la
atención
de
salud.
Nuestro
código
deontológico
nos
obliga
a
hacer
el
bien,
a
respetar
la
vida
humana,
la
cual
es
inviolable
e
intangible,
tenemos
el
deber
de
promover
la
salud,
de
prevenir
la
enfermedad,
de
restaurarla
salud,
de
aliviar
el
sufrimiento,
y
ante
todo
“no
dañar”
a
los
pacientes.
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362
MALTRATO
EN
EDUCACIÓN
MÉDICA
Ana
María
Rancich
Doctora
en
Humanidades
Médicas,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires
(UBA),
Argentina
Profesional
de
apoyo
a
la
Investigación,
CONICET
Contacto:
[email protected]
Sabrina
Fernanda
Merino
Alumna
de
la
Carrera
de
Medicina,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina
Donato
Martín
Doctor
en
Medicina,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina.
Investigador
adjunto
CONICET
Ricardo
J.
Gelpi
Doctor
en
Medicina,
Facultad
de
Ciencias
Médicas,
Universidad
Nacional
de
La
Plata,
Argentina
Investigador
principal,
CONICET
Instituto
de
Bioquímica
y
Medicina
Molecular
(IBIMOL),
Subsede:
Instituto
de
Fisiopatología
Cardiovascular,
Departamento
de
Patología,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires,
J.E.
Uriburu
950
-‐
Piso
2,
C1114AAD
Buenos
Aires,
Argentina
La
relación
médico
paciente
se
caracterizó
desde
la
época
hipocrática
dentro
de
una
concepción
paternalista.
El
profesional
era
el
que
sabía
lo
que
le
estaba
sucediendo
al
enfermo
en
cuanto
a
su
enfermedad
y
cómo
podía
solucionar
mejor
su
problema.
En
las
últimas
décadas,
esta
concepción
cambia
debido
a
diferentes
hechos
históricos.
Se
inicia
con
la
utilización
de
seres
humanos
como
sujetos
de
investigación,
a
los
que
no
se
les
informaba
de
los
tratamientos
a
seguir
y
sobre
todo
no
se
los
consultaba
si
querían
participar,
es
decir,
no
se
respetaba
su
autonomía.
En
la
actualidad,
esta
relación
tanto
en
investigación
como
en
la
práctica
clínica
se
fundamenta
en
el
respeto
por
la
autonomía
del
paciente.
Indudablemente,
la
forma
como
se
entabla
el
vínculo
docente-‐alumno
en
educación
médica
constituirá
la
base
de
cómo
1,2
actuará
el
alumno
en
su
práctica
educativa
y
en
el
futuro,
en
la
práctica
médica
con
el
paciente.
Pero,
¿cambió
dicho
vínculo
en
este
último
tiempo
en
base
a
estos
nuevos
aspectos
de
la
relación
médico-‐paciente?
A
pesar
de
estos
cambios
de
la
relación
médico-‐paciente,
no
ocurre
lo
mismo
en
la
relación
docente-‐alumno.
Hace
más
de
treinta
años
que
se
viene
investigando
sobre
conductas
moralmente
incorrectas
de
docentes
y
de
alumnos
en
educación
médica.
En
cuanto
a
los
primeros,
las
investigaciones
demuestran
acciones
de
abuso
o
de
maltrato
hacia
los
estudiantes
en
distintos
aspectos:
verbal,
académico,
sexual,
físico,
religioso
y
racial.
En
referencia
a
los
segundos,
el
principal
hecho
incorrecto
lo
constituye
la
deshonestidad,
es
decir,
el
engaño.
3,4,5
En
definitiva,
este
artículo
tiene
por
objetivo
realizar
un
análisis
de
los
diferentes
aspectos
del
maltrato
docente
a
través
de
diferentes
estudios
que
tratan
la
temática:
definición,
caracterización,
tipos,
consideración
de
los
docentes
y
alumnos,
consecuencias,
cargos
docentes,
ocurrencia,
severidad
y
especialidades
donde
ocurre,
medidas
tomadas
y
limitaciones
de
los
trabajos.
Maltrato
o
abuso
docente
6
Uno
de
los
primeros
comentarios
que
se
realiza
acerca
del
maltrato
docente
es
en
un
artículo
publicado
por
Silver
en
1982.
En
este
trabajo,
el
autor
acuña
el
término
“abuso”
en
educación
médica,
en
comparación
con
el
que
se
comete
con
los
niños
en
las
familias.
363
A
partir
de
allí,
se
realizan
a
lo
largo
de
estos
años
investigaciones
referidas
a
estos
aspectos
en
distintas
partes
del
mundo
y
también
en
América
Latina.
7-‐13
Definición
de
maltrato
14
En
los
trabajos
posteriores
al
de
Silver
se
usa
tanto
la
palabra
“maltrato”
como
“abuso”,
considerándolas
sinónimos.
En
algunas
de
las
encuestas
o
cuestionarios
utilizados
en
las
investigaciones,
los
autores
les
presentan
a
los
estudiantes
definiciones.
dejan
a
criterio
de
los
alumnos
la
concepción
que
tengan
sobre
estos.
20
16-‐19
generalidad:
“experiencias
adversas”,
o
“incidentes
moralmente
incorrectos”.
8,9,15
En
otros
Asimismo,
en
otros
utilizan
términos
de
mayor
11-‐13
Las
definiciones
pueden
diferir
según
los
ámbitos
en
los
cuales
se
usan.
21
22
El
Diccionario
de
la
Real
Academia
Española
define
maltratar
como:
“tratar
mal
a
alguien
de
palabra
u
obra” .
Para
Magnus
et
al,
el
maltrato
constituye
una
conducta
intimidante
y
hostil
hacia
el
educando
durante
su
formación.
El
abuso
es
definido
por
el
mismo
Diccionario
como:
“acto
que
comete
un
superior
que
se
excede
en
el
ejercicio
de
sus
atribuciones
con
perjuicio
de
un
inferior”.
23
El
Apéndice
Teacher-‐Learner
Relationship
&
Procedures
to
Address
Student
Mistreatment
de
la
Escuela
de
Medicina,
Universidad
de
Georgetown,
define
abuso
como:
“conducta
intencional
que
puede
esperarse
que
razonablemente
cause
un
daño
emocional
o
físico”.
Señala
ejemplos:
críticas
inapropiadas
o
no
profesionales
que
tratan
de
menospreciar,
avergonzar
o
humillar;
pedir
al
alumno
24
tareas
con
el
intento
de
humillarlo
o
denigrarlo
o
pedirle
que
realice
servicios
personales.
Otros
de
los
términos
utilizados,
en
menor
medida,
y
usado
más
en
el
aspecto
sexual,
es
“acoso”.
También
es
definido
en
dicho
Apéndice
como:
“conductas
verbales
o
físicas
que
son
ofensivas,
hostiles
e
intimidantes,
acompañadas
a
menudo
por
una
petición
de
sumisión
como
condición
para
continuar
el
proceso
educativo”.
24
El
Comité
para
los
Estudiantes
de
la
Asociación
de
Colegios
Médicos
Americanos
(AAMC)
anualmente
realiza
una
encuesta
a
los
graduados
de
todas
las
escuelas.
En
ella,
entre
otros
aspectos,
a
partir
de
1991,
se
investiga
la
profundidad
y
amplitud
del
abuso.
El
cuestionario
sufre
en
distintas
oportunidades
cambios;
en
2011,
con
el
objeto
de
obtener
mayor
precisión
en
las
respuestas,
se
adiciona
la
siguiente
definición
de
maltrato:
Conducta
intencional
o
no
que
falta
el
respecto
a
la
dignidad
de
otros
y
que
interfiere
excesivamente
con
el
proceso
de
aprendizaje.
Ejemplos
de
maltrato:
acoso
sexual,
discriminación
o
acoso
basado
en
la
raza,
religión,
etnicidad,
género
u
orientación
sexual,
humillación,
castigo
psicológico
o
físico
o
el
uso
de
grados
u
otras
formas
de
evaluación
de
manera
25
punitiva.
Teniendo
en
cuenta
las
definiciones
anteriores,
se
puede
señalar
que
hay
distintos
tipos
de
maltrato:
verbal
(humillación,
denigración,
insulto,
menosprecio,
subestimación);
académico:
(injusticia
en
evaluaciones
o
grados,
desinterés
por
alumno,
falencias
pedagógicas);
físico
(golpes,
empujones);
sexual
(comentarios,
humor,
acoso,
términos)
y
discriminatorio.
16,26
27
28
Cabe
destacar
que
en
todas
las
encuestas
o
cuestionarios
o
presentación
de
casos
o
grupos
focales
usados
en
los
diferentes
trabajos,
los
mismos
expresan
percepciones
de
los
alumnos
sobre
estas
conductas,
dado
que
por
las
características
personales,
sociales
y
culturales
pueden
variar
de
estudiante
a
estudiante
y
de
facultad
a
facultad.
En
definitiva,
son
experiencias
subjetivas,
18
que
no
se
puede
comprobar
si
son
reales.
También
puede
haber
diferente
interpretación
por
las
partes
involucradas.
17,25
364
En
definitiva,
no
son
hechos
observables
por
terceras
personas
y
documentados.
En
general,
son
pocos
los
alumnos
que
29
30
denuncian.
Los
mismos
manifiestan
que
no
lo
realizan
por
diferentes
razones:
“autoridades
no
solucionan
nada”,
miedo
a
represalias,
29,30
31
29
posibles
efectos
negativos
en
las
evaluaciones
y
falta
de
efectividad.
Otra
de
las
razones
es
que
el
estudiante
en
32
los
años
clínicos,
se
siente
presionado
y
constantemente
observado
y
evaluado,
por
ello
podría
tratar
de
minimizar
conflictos.
Prevalencia
de
las
distintas
formas
del
maltrato
Más
del
50%
de
los
alumnos
consultados
en
la
mayoría
de
los
trabajos
analizados
perciben
maltrato
hacia
su
persona.
13,17,18,27,30,31,33-‐38
10-‐
En
2013,
los
graduados
de
las
escuelas
médicas
de
Estados
Unidos
que
contestan
la
encuesta
que
realiza
anualmente
la
Asociación
Americana
de
Colegios
Médicos,
señalan
que
sufrieron
maltrato
a
lo
largo
de
su
carrera
entre
un
5%
al
25
40%,
con
un
promedio
de
17%
de
todas
las
escuelas.
Cabe
destacar
que
no
todos
los
trabajos
analizados
clasifican
de
la
misma
manera
las
formas
de
maltrato.
Las
más
señaladas
son:
verbal,
académico,
sexual,
discriminatorio
y
físico.
Casi
todos
los
autores
coinciden
que
el
más
común
de
los
maltratos
es
el
verbal,
representado
por
humillaciones,
denigraciones,
gritos,
desautorizaciones,
menosprecio,
llamadas
de
atención
en
público,
burla,
insultos,
maldiciones,
etc.
En
la
mayoría
de
los
casos
también
con
más
del
50%
de
respuesta.
10-‐13,15-‐17,20,27,30,34-‐45
Llama
la
atención
7
que
en
uno
de
los
trabajos,
casi
la
tercera
parte
de
los
estudiantes
señalan
que
es
común
aceptar
este
tipo
de
maltrato.
Otra
de
las
formas
de
maltrato
es
el
sexual
a
través
de
comentarios,
chistes,
insinuaciones,
invitaciones,
uso
de
términos
específicos,
etc.
Sus
porcentajes
se
hallan
entre
5%
y
el
55%.
7,10,17,13,33,35,43,41
También
los
porcentajes
son
altos
y
variados
en
el
maltrato
académico
(injusticia
en
evaluaciones,
exigencias
no
contempladas
previamente,
formas
de
enseñanza
no
acordes,
castigos
por
no
completar
trabajos).
Oscilan
entre
13%
y
el
87%.
actos
discriminatorios
(género,
religioso,
racial,
sexual)
fluctúan
entre
10%
y
38%.
11,13
43,45
11-‐13,16,35,41,43,45,46
Los
Llama
también
la
atención
que
en
varios
trabajos
los
estudiantes
manifiestan
maltrato
físico
(golpes,
poner
en
riesgo
su
persona
ante
determinadas
situaciones
clínicas,
arrojar
elementos,
empujones).
En
este
caso,
los
porcentajes
varían
entre
5%
y
26%.
10,16,37,41,43,45
Otra
forma
de
maltrato
constituyó
tomar
crédito
por
algún
trabajo
del
alumno
o
pedir
servicios
personales
(realizar
compras),
con
porcentajes
alrededor
del
50%.
16,
17,
43
Otro
hecho
que
cabe
señalar
es
que
en
la
mayoría
de
los
trabajos
analizados,
son
las
mujeres
las
que
señalan
mayormente
conductas
abusivas,
7,8,16,31-‐39,47
generalmente
referidas
al
acoso
sexual
18,14,30,48
48
35
y
discriminación,
trayéndoles
serias
consecuencias.
36
Solo
uno
de
los
trabajos
indicó
que
fueron
los
varones
los
que
sufren
más
maltrato.
Cantidad
de
abusos
En
algunos
artículos,
los
autores
consultan
a
los
estudiantes
sobre
la
cantidad
de
episodios
de
maltrato.
Los
alumnos
manifiestan
entre
el
2%
y
el
20%
haber
sufrido
más
de
un
incidente,
17,
30,
8,
35,
20,
43,
11-‐13
44
salvo
en
uno
que
superó
el
30%.
En
otro
estudio
se
indica
39
que
los
más
jóvenes
tuvieron
hasta
cinco
incidentes
y
los
más
grandes
más
de
cinco.
Asimismo,
en
tres
investigaciones
se
pide
a
los
estudiantes
que
evalúen
la
severidad
del
abuso.
En
uno
de
ellos,
el
promedio
de
15
42
37
severidad
es
4,31
sobre
7.
Solo
13%
lo
catalogó
como
severo
en
un
estudio
y
el
64%,
en
otro.
365
Otro
dato
importante
a
destacar
es
lo
señalado
en
varios
trabajos:
el
maltrato
y
discriminación
aumenta
con
los
años
de
formación
del
alumno
y
con
la
experiencia
que
tengan,
35,
39
48
sobre
todo
en
los
años
clínicos,
12,
20
salvo
un
estudio
que
indicó
mayor
número
de
7
incidentes
en
las
ciencias
básicas.
Algunas
investigaciones
realizan
estudios
longitudinales
comprobando
que
en
algunos
aspectos
disminuye
el
número
de
conductas
incorrectas
de
los
docentes,
por
ejemplo
en
el
maltrato
en
sí
y
en
el
acoso
sexual,
como
así
también
la
cantidad
de
docentes
clínicos
30
y
residentes
que
los
realizan.
Aunque
otros
trabajos
manifiestan
que
el
problema
se
amplia
a
todas
las
escuelas
médicas
de
Estados
Unidos
y
de
otros
países,
no
habiendo
una
disminución
considerable
a
pesar
de
los
esfuerzos
realizados.
25,42
Un
trabajo
más
reciente
de
la
Asociación
Americana
de
Colegios
Médicos,
comprueba
que
hubo
una
disminución
en
los
porcentajes
de
hechos
humillantes
señalados
por
los
alumnos
que
terminaron
su
carrera
entre
el
2012
y
2013,
sobre
todo
cuando
especifican
más
los
ítems
25
de
la
encuesta
(34%
al
23%).
Teniendo
en
cuenta
las
especialidades,
algunos
trabajos
indican
que
se
producen
más
incidentes
abusivos
en
cirugía.
47
20,
43,49
Otro
señala
que
el
mejor
trato
es
en
medicina
familiar
y
el
peor
en
ginecología
y
cirugía
y
otro
manifiesta
en
las
rotaciones
clínicas.
31,
39,
44
12,
30,
Docentes
que
maltratan
por
cargo
o
profesión
en
función
docente
En
cuanto
a
la
persona
que
realiza
los
actos
incorrectos,
los
trabajos
indican
el
cargo
docente,
o
la
instancia
en
que
se
encuentran
en
la
carrera
(básica
o
clínica)
o
la
profesión.
Cabe
destacar
que
ninguno
de
los
trabajos
analizados
se
refiere
al
género
del
docente.
Además,
en
cada
uno
de
los
estudios
puede
existir
una
denominación
particular
de
los
diferentes
cargos
o
profesionales
con
función
docente
porque
pueden
variar
en
los
distintos
años
de
la
carrera,
en
los
distintos
países
y
en
los
diferentes
trabajos.
La
mayoría
de
los
artículos
señala
a
los
residentes
preclínicos
o
básicos,
31,
39
39,
42,
51
profesores,
7,
10,
14,
16,
17,
30,
31,
40-‐42,
48,
50,
8,
11-‐13,
31,
35,
44,
45,
48,
50
44
médicos
consultantes,
enfermeros
10,
14,
16,
30,
31
auxiliares,
internos,
7,
11,
12,
41,
42,
45
7,
14,
16,
31,
37,
38,
40
clínicos,
7,
10,
16,
17,
30,
34,
37,
39,
42
integrantes
de
la
planta
jerárquica
del
servicio,
14,
35
e
investigadores,
todos
en
función
docente.
En
definitiva,
como
se
observa
los
hechos
abusivos
tienen
por
protagonistas
principalmente
a
los
docentes
que
están
en
los
hospitales
y
en
menor
medida,
a
los
docentes
básicos
y
auxiliares.
Motivos
del
maltrato
o
abuso
Muchos
son
los
motivos
que
pueden
llevar
a
los
educadores
a
cometer
estos
actos
incorrectos.
En
algunos
de
los
trabajos
se
consulta
a
los
alumnos
al
respecto
señalando
abuso
de
poder,
complejo
de
superioridad,
estrés
laboral,
rivalidad
entre
el
personal
médico,
demora
en
la
atención
del
paciente
e
imprudencia.
10,
11
En
otro
de
los
estudios
realizados,
los
alumnos
consideran
que
el
maltrato
es
tanto
funcional
como
disfuncional,
porque
puede
tener
una
buena
intención,
la
necesidad
de
alcanzar
un
objetivo
y
lograr
un
resultado
positivo,
a
pesar
de
algunas
consecuencias
negativas.
49
En
otros
artículos,
sus
autores
sugieren
cuáles
pueden
ser
las
causas
de
estos
incidentes.
Uno
de
ellos
es
que
los
docentes
no
lo
consideran
maltrato
o
abuso,
sino
solo
una
percepción
de
los
alumnos
con
respecto
a
ellos
o
una
“dramatización”,
subestimando
dicha
prevalencia.
30,
32
Algunos
educadores
señalan
que
abusan
y
humillan
porque
ellos
sufrieron
estos
maltratos
cuando
eran
366
estudiantes
10,
15,
50,
52
32
y
quizás
porque
perciben
que
pueden
tener
impunidad .
Además,
conocen
y
aplican
el
refrán:
“esto
se
hizo
en
51
50
mis
días
de
estudiante”.
Esta
concepción
puede
llevar
a
no
reconocer
el
daño
que
pueden
causar.
Los
docentes
y
alumnos
32
53
muchas
veces
lo
consideran
como
parte
inevitable
de
la
educación
médica
y
como
un
“legado
transgeneracional”.
Otro
de
los
motivos
que
pueden
llevarlos
a
realizar
estas
acciones
es
el
poder
que
los
educadores
detentan
ante
el
estado
de
debilidad
o
vulnerabilidad
emocional
del
alumno
en
un
ambiente
donde
priva
determinada
jerarquía.
8,
30,
32,
35
Otra
causa
es
la
diversidad
social
y
cultural
que
puede
haber
entre
educadores
y
educandos,
lo
que
lleva
dadas
las
características
particulares
del
proceso
de
enseñanza-‐aprendizaje
médico,
a
cometer
estos
actos
sobre
todo
por
la
intensidad
de
interacciones
en
los
años
clínicos.
30,
35
32
32
Otras
pueden
ser
causas
pedagógicas,
por
ejemplo:
falta
y
pobre
manejo
del
conocimiento,
no
estar
formados
para
enseñar
y
las
53
creencias,
actitudes
y
valores
compartidos
por
los
docentes
que
conforman
esta
subcultura.
Algunos
educadores
pueden
interpretar
que
ejercer
abuso
es
necesario
para
mejorar
la
enseñanza,
es
decir,
que
puede
constituir
un
refuerzo
negativo,
28,
29,
30,
50
54
sobre
todo
para
fortalecerlos
en
la
resolución
de
problemas
clínicos.
Y
por
último,
unas
de
las
caracterizaciones
señaladas
por
varios
autores
es
que
la
educación
médica
constituye
un
proceso
de
endoculturación
moral.
19,
52
Cada
facultad
tiene
su
propia
cultura,
a
la
que
va
tener
que
adaptarse
el
alumno,
generalmente
a
través
29
de
un
rito
de
pasaje
constituido
por
acciones
humillantes
y
denigrantes.
7,
35
Consecuencias
del
maltrato
Indudablemente,
dadas
las
características
personales
de
cada
alumno,
estas
acciones
tienen
que
influir
significativamente
en
su
carrera,
a
nivel
personal
y
profesional,
35,42
52
aunque
algunos
estudiantes
quizás
no
son
perturbados
por
las
acciones
negativas.
Una
de
las
consecuencias
señaladas
en
los
trabajos
es
que
el
maltrato
tiene
como
objetivo
transformar
el
idealismo
que
traen
los
alumnos
al
ingresar
a
la
carrera
en
cinismo,
para
que
puedan
soportar
con
más
entereza
los
avatares
clínicos.
30,
32.
40
En
cuanto
a
los
efectos
en
su
carrera,
diferentes
autores
señalaron
los
siguientes:
dudas
en
elección
de
la
misma,
42
31
42,
55
32
deserción,
50
mala
relación
con
docentes,
fracasar
en
las
evaluaciones,
inseguridad,
no
manejarse
correctamente
con
los
pacientes,
no
tener
confianza
clínica,
26,
41,
50
57
34
41
miedo
a
repetir
conductas,
privación
de
sueño
para
los
exámenes,
falta
de
habilidad
para
aprender,
7
miedo
a
represalias.
También
se
pueden
señalar
consecuencias
a
nivel
psicológico
o
emocional:
alcohol
y/o
drogas,
31
7,
18
31
36
baja
confianza,
hostilidad,
baja
autoestima,
31,
41
31,
41,
43
31
16,
18
estrés,
31,
32,
36,
42,
50
depresión,
20
7,
18,
31,
41, 43
abuso
de
42
decepción,
sentirse
defraudado,
ideas
de
suicidio
e
intentos,
ansiedad,
18,
31
57
angustia y
burnout.
16
16
También
estos
actos
pueden
influir
es
su
vida
personal,
familiar
y
social
y
en
su
salud
física.
Las
mujeres
significativamente
más
14
que
los
hombres
suelen
padecer
estos
maltratos,
teniendo
dudas
sobre
todo
en
la
elección
de
la
carrera.
También
se
comprobó
26
que
los
alumnos
de
bajo
rendimiento
son
los
que
sufren
más
estas
acciones
abusivas.
En
los
abusos
sexuales
(bromas,
comentarios,
señas,
atención
sexual
no
aceptada,
etc.),
los
alumnos
tienen
miedo
de
ser
ignorados
o
a
las
reacciones
familiares
o
de
7
amistades
y
sufrir
represalias,
y
quizás
por
ello,
estos
actos
no
son
manifestados
por
los
estudiantes.
367
Acciones
para
prevenirlo
29
Como
se
señaló,
algunos
estudios
comprueban
que
el
maltrato
aumenta
a
través
de
los
años
y
se
extiende
a
la
mayoría
de
los
países.
En
algunos
casos
y
en
diferentes
facultades,
se
toman
medidas
con
el
objeto
de
disminuir
y
prevenir,
por
ejemplo:
establecimiento
de
estándares
de
conducta
en
esta
relación,
programas
para
reconocer
el
abuso
e
incrementar
la
sensibilidad
de
los
docentes
hacia
las
consecuencias
que
crean
en
los
alumnos,
creación
de
un
comité
para
investigar
y
manejar
el
abuso,
32
procedimientos
para
la
culpa
de
abuso
y
protección
de
las
quejas
ante
represalias.
Otras
instituciones
tratan
de
concientizar
a
sus
docentes
sobre
los
privilegios
y
derechos
de
los
alumnos,
estableciendo
consejos
para
ambas
partes,
procedimientos
de
castigo
y
también
reformas
institucionales,
32,39,40,58
32
por
ejemplo,
establecer
criterios
claros
de
evaluación.
Limitaciones
de
los
trabajos
Como
se
comentó,
estos
actos
sufridos
deben
ser
interpretados
como
percepciones
señaladas
por
los
propios
alumnos,
basadas
en
sus
características
personales,
creencias,
actitudes,
valores
y
normas
que
consideran
que
se
deben
cumplir
en
la
relación
educador-‐
educando
en
su
formación
médica.
Asimismo,
los
datos
aportados
por
los
alumnos
son
retrospectivos
y
pueden
llevar
a
sobre
o
19
27
subvaloración,
sobre
todo
cuando
se
realizan
en
los
últimos
años
o
cuando
están
ya
graduados.
Además,
pueden
ser
conductas
19
realizadas
quizás
por
un
pequeño
número
de
educadores
que
se
relacionan
con
muchos
estudiantes.
Estos
hechos
llevan
a
interpretarlos
con
cierta
cautela,
dado
que
constituyen
actos
que
carecen
de
objetividad
(no
se
comprueban
como
reales)
o
de
sentido
legal.
14,
16,
18,
29,
35
47
Por
lo
tanto,
todos
estos
trabajos
no
cuentan
con
criterios
de
validez
específicos,
constituyendo
una
de
las
limitaciones
más
importantes.
Además,
son
pocos
los
estudios
que
evalúan
estos
aspectos
a
nivel
nacional
en
todas
las
escuelas
de
medicina,
sino
que
se
han
tomado
pequeñas
muestras
de
alumnos,
27,30
lo
que
impide
realizar
generalizaciones,
sacar
conclusiones
27
terminantes
y
sugerir
reformas.
Conclusiones
La
mayoría
de
las
personas
suponen
que
las
universidades
son
“santuarios
pacíficos”
donde
prolifera
el
conocimiento,
donde
se
35
investiga
y
se
enseña
en
un
alto
nivel.
Los
trabajos
analizados
en
este
artículo
están
demostrando
lo
contrario.
Las
acciones
moralmente
incorrectas
de
los
educadores
interfieren
el
proceso
de
enseñanza-‐aprendizaje
de
los
alumnos
en
educación
médica.
Quizás
estos
docentes
tienen
y
ponen
en
práctica
creencias
que
producen
diferentes
obstáculos
en
este
desarrollo
y
que
se
53
contraponen
a
los
valores
y
objetivos
básicos
del
mismo,
constituyendo
así
una
subcultura.
Así,
como
es
una
obligación
formar
a
los
docentes
desde
el
punto
de
vista
pedagógico,
cabría
también
hacerlo
desde
lo
ético,
principalmente
teniendo
en
cuenta
la
relación
que
va
a
tener
con
el
alumno,
para
que
“el
compromiso
moral
constituya
una
59
práctica,
una
síntesis
y
una
aplicación
del
pensamiento
y
razonamiento
moral
en
la
interacción
docente-‐alumno”.
Por
ello,
la
35
equidad,
la
dignidad,
el
respecto
y
la
justicia
deben
ser
enfatizados
fervientemente
en
estos
ámbitos.
En
definitiva,
estos
actos
pueden
llevar
a
los
alumnos
a
entablar
con
el
paciente
tanto
en
las
prácticas
educativas
como
en
su
futura
práctica
profesional,
una
relación
no
acorde
con
los
principios
éticos
actuales,
dado
que
en
su
formación
no
encontró
los
modelos
docentes
que
les
enseñaran
a
aplicarlos.
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Mariscal
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Navia
Molina
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Paniagua
J,
de
Urioste
Nardin
R,
Espejo
EE.
Maltrato
y/o
violencia:
fenómeno
de
estudio
en
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EH,
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MD,
Battistone
MJ,
Cleary
LM,
Fagan
MJ
Friedman
E,
Gliatto
PM,
Harrell
HE,
Jennings
MS,
Ledford
CH,
Mechaber
AJ,
Mintz
M,
O'Brien
K,
Thomas
MR,
Wong
RY.
Do
Attending
Physicians,
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Residents,
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de
la
obstrucción.
Quaderns
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52.
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TK,
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P,
Lewis
PR,
Mauger
DT,
Gingrich
DL,
Leong
SL.
Frequency
and
negative
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medical
student
mistreatment
based
on
specialty
choice:
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FA,
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prevalence
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association
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burnout.
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Strong
D,
Wall
HP,
Jameson
V,
Horn
HR,
Black
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Brown
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A
model
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SL,
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Navigating
the
wards:
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medical
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use
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compases.
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371
VIOLENCIA
HOSPITALARIA
Diana
Cohen
Agrest
Dra.
en
Filosofía
(UBA)
y
Mag.
en
Bioética
(Monash
University,
Australia).
Docente
e
investigadora
(UBA)
(UNAM).
Contacto:
[email protected]
María
Elena
Rey
Estudiante
de
filosofía
(UBA).
Docente
de
bioética
(Universidad
Isalud).
Colaboradora
en
diversos
medios
periodísticos.
Contacto:
[email protected]
“Queremos
usar
un
guardapolvo
blanco,
no
un
chaleco
antibalas”
Jorge
Gilardi,
Presidente
de
la
Asociación
de
Médicos
Municipales
Por
su
contacto
permanente
con
sus
pacientes,
los
profesionales
de
la
salud
son
agentes
sociales
privilegiados
para
el
reconocimiento
de
los
factores
que
inciden
en
la
violencia:
la
pobreza,
la
falta
de
educación
y
las
políticas
de
salud
deficientes.
Además,
conviven
en
contacto
permanente
con
situaciones
de
violencia:
son
ellos
quienes
atienden
a
las
personas
que
sufren
actos
violentos,
son
ellos
quienes
lidian
con
las
consecuencias
de
una
sociedad
que
no
enfrenta
la
violencia
macrosocial
y,
a
menudo,
son
los
receptores
de
violencia
por
parte
de
los
mismos
pacientes
que
atienden.
Por
estar
directamente
involucrados
en
situaciones
de
violencia,
y
porque
la
violencia
incide
en
las
condiciones
laborales
y,
por
lo
tanto,
en
la
capacidad
del
profesional
para
realizar
su
trabajo
satisfactoriamente,
este
es
un
problema
que
las
instituciones
sanitarias
no
pueden
ignorar.
Lamentablemente,
el
reconocimiento
de
estos
factores
y
los
problemas
a
los
que
dan
lugar
no
se
ha
traducido
en
abordajes
de
este
problema
creciente
que
permitan
dar
soluciones
a
las
situaciones
de
violencia
que
se
presentan
en
la
práctica
clínica
diaria.
Una
de
las
razones
que
explican
la
ausencia
de
un
abordaje
integral
es
que
las
políticas
públicas
de
salud
en
gran
medida
continúan
centrándose
en
el
tratamiento
agudo
de
la
enfermedad,
sin
un
desarrollo
paralelo
que
permita
hacer
frente
a
la
violencia
que
afecta
la
atención
sanitaria.
Las
instituciones
deben
comenzar
a
dar
respuesta
a
lo
que
todos
los
profesionales
involucrados
en
la
atención
clínica
ya
conocen:
que
la
violencia
social
y
ambiental
limita
la
efectividad
de
los
tratamientos
y
pone
en
riesgo
a
profesionales
de
la
salud
y
pacientes
por
igual.
En
estas
páginas,
proponemos
examinar
la
violencia
en
el
ámbito
hospitalario
a
la
luz
del
concepto
de
“violencia
social”.
A
continuación,
examinaremos
en
detalle
la
violencia
que
sufren
pacientes
y
trabajadores
de
la
salud,
para
después
repasar
algunas
sugerencias
que
se
han
brindado
para
paliar
esta
situación.
Por
último,
verteremos
algunas
breves
reflexiones
acerca
del
rol
de
las
autoridades
públicas
en
la
prevención
de
la
violencia.
La
violencia
social
como
causa
de
la
violencia
hospitalaria
La
violencia
es
un
fenómeno
polifacético,
por
lo
que
el
primer
paso
para
su
análisis
debe
ser
la
constatación
de
las
diversas
variantes
que
puede
adoptar
y
el
reconocimiento
de
que
todas
ellas
se
encuentran
relacionadas.
Esta
naturaleza
polifacética
de
la
violencia
es
representada
por
el
Modelo
Ecológico
de
la
OMS,1
que
comenzó
a
utilizarse
en
la
década
de
los
70.
1
Martinez
J.
La
violencia
como
problema
social.
Inmanencia,
Vol.
3
N
1,
Enero-‐
Julio
2014:
45-‐47.
372
En
el
marco
de
este
modelo,
en
la
violencia
aparecen
factores
etiológicos
de
orden
biológico,
social,
cultural,
económico
y
político.
De
dicha
multicausalidad
se
infiere
que
no
existe
un
factor
único
que
explique
la
violencia
ni
a
nivel
individual
ni
a
nivel
institucional,
y
que
una
política
pública
que
busque
reducir
los
niveles
de
violencia
debe
enfrentar
todos
ellos
a
la
vez,
empezando
por
reconocer
que
la
fragmentación
de
los
campos
profesionales
dificulta
el
diseño
de
estrategias
adecuadas.
El
modelo
clasifica
los
factores
de
la
violencia
en
cuatro
niveles:
1º
Violencia
individual.
Implica
identificar
los
factores
biológicos,
psicológicos
y
personales
que
influyen
en
el
comportamiento
de
los
individuos
violentos.
Al
investigar
la
violencia
a
nivel
individual
debemos
buscar,
por
lo
tanto,
características
demográficas,
trastornos
psícológicos,
adicciones,
padecimientos
de
maltrato,
y
cualquier
otro
factor
que
permita
identificar
a
los
individuos
que
corren
riesgo
de
cometer
actos
violentos.
2º
Violencia
doméstica
o
vincular.
En
este
nivel,
se
deben
analizar
los
comportamientos
violentos
en
el
marco
de
las
relaciones
más
cercanas
de
los
individuos
(relaciones
de
pareja,
familiares,
amistosas,
laborales).
3º
Violencia
comunitaria.
Se
deben
explorar
los
contextos
comunitarios
(escuela,
trabajo,
barrio)
con
el
fin
de
identificar
las
características
del
ámbito
que
aumenten
los
riesgos
de
que
se
produzcan
actos
violentos.
Una
mejora
en
la
calidad
de
vida
de
la
población,
respuestas
al
desempleo,
tratamiento
de
las
adicciones
y
un
acceso
igualitario
a
servicios
públicos,
son
algunas
de
las
mejoras
necesarias
para
incidir
de
manera
directa
en
la
reducción
de
las
tasas
de
violencia.
4º
Violencia
social.
Al
usar
el
término
“violencia
social”
estamos
poniendo
el
acento
en
un
análisis
de
las
estructuras
económico-‐
sociales,
políticas,
jurídicas,
religiosas
y
culturales
que
impiden
que
ciertos
individuos,
grupos
y
comunidades
alcancen
su
potencial
pleno.2
Estas
estructuras
son
violentas
porque
causan
daño
a
las
personas
de
manera
estructural,
al
estar
incrustradas
en
la
organización
social.
Así,
en
el
nivel
más
amplio
de
este
esquema,
se
deben
considerar
factores
relacionados
con
la
estructura
específica
de
la
sociedad
que
alientan
o
inhiben
la
violencia,
como
por
ejemplo,
el
grado
de
aceptación
a
las
normas
legales
y
sociales
de
una
comunidad.
Las
intervenciones
deben
ser
de
carácter
general,
por
lo
que
competen
al
Estado:
la
mejora
de
las
políticas
sanitarias,
económicas,
educativas
y
sociales
que
contribuyen
a
mantener
las
desigualdades
sociales
entre
los
diversos
grupos
de
una
comunidad.
En
su
uso
coloquial,
el
término
violencia
implica
un
daño
físico;
sin
embargo,
un
abordaje
multifacético
de
los
fenómenos
violentos
nos
obliga
a
comprenderlos
y
enmarcarlos
en
su
aspecto
social,
reconociendo
las
estructuras
sociales
normalizadas
por
instituciones
y
por
la
experiencia
diaria
que
permiten
que
estos
actos
sucedan.
Este
reconocimiento
permite
luchar
contra
la
invisibilización
de
buena
parte
de
los
actos
violentos
y
atacar
sus
causas
más
generales:
el
acceso
desigual
a
recursos,
poder
político,
educación
y
salud.
Los
profesionales
de
la
salud
perciben
la
violencia
en
dos
frentes
diferenciados,
pero
que
tienen
las
mismas
raíces.
Son
víctimas
de
actos
violentos
por
parte
de
algunos
pacientes;
también
son
espectadores
o
en
ocasiones
partícipes
indirectos
de
un
sistema
de
salud
que
ejerce
la
violencia
social
sobre
poblaciones
vulnerables,
quitándoles
su
derecho
a
recibir
atención
sanitaria
de
calidad
y
limitando
su
acceso
a
recursos
valiosos.
De
una
manera
u
otra,
pacientes
y
médicos
ocupan
el
lugar
de
víctimas
dentro
de
un
sistema
de
salud
mal
administrado
sobre
el
que
no
ejercen
el
control.
El
concepto
de
violencia
social,
por
lo
tanto,
permite
identificar
las
fuerzas
sociales
ajenas
a
médicos
y
pacientes,
pero
que
terminan
afectando
su
calidad
de
vida
y
el
trabajo
de
los
profesionales
de
la
salud.
2
Galtung
J.
Violence,
peace
and
peace
research.
Journal
of
Peace
Research,
Vol.
6,
1969:
167–191.
373
La
violencia
en
el
sector
sanitario
Las
transformaciones
sociales
por
las
cuales
el
profesional
de
la
salud
abandona
el
tradicional
modelo
paternalista
tiene
como
una
de
sus
consecuencias
la
disolución
de
su
autoridad
en
la
sociedad.
Las
relaciones
entre
médico
y
paciente,
la
base
misma
del
acto
clínico,
se
ha
modificado
sustancialmente:
el
paciente
reclama,
a
veces
con
justeza,
su
derecho
a
ser
atendido
con
rapidez
y
eficiencia.
Pero
en
contextos
sociales
donde
la
medicina
se
ejerce
con
escasez
de
recursos,
en
donde
el
prestigio
profesional
del
médico
ha
caído,
en
donde
los
profesionales
son
mal
pagos
y
las
instituciones
mal
organizadas,
estas
demandas
son
imposibles
de
cumplir.
Ejemplos
de
estas
deficiencias,
por
parte
de
las
instituciones,
son
la
masificación
de
las
salas
de
espera,
la
escasez
de
personal,
la
ausencia
de
medidas
de
seguridad,
la
confluencia
de
pacientes
con
complicaciones
mentales,
marginalidad
y
drogadicción;
por
parte
de
los
pacientes,
la
negativa
a
aceptar
un
diagnóstico,
la
muerte
inesperada
de
un
ser
querido,
el
desacuerdo
con
el
médico
de
urgencias.3
Así,
el
médico
se
convierte
en
el
rostro
visible
de
un
sistema
de
salud
que
no
puede
dar
respuestas
a
una
población
ya
predispuesta
a
la
violencia;
de
allí
que
se
vea
obligado
a
recibir
quejas
y
agresiones
ante
situaciones
que
los
pacientes
estiman
como
injustas.
La
OMS
denuncia
que
casi
un
25%
de
los
incidentes
de
violencia
laboral
ocurren
en
el
sector
de
salud.
La
Organización
Internacional
del
Trabajo
(OIT)
reconoce
la
violencia
en
dicho
entorno
laboral
describiendo
sus
manifestaciones
físicas
y
psicológicas
y
reconociendo
la
importancia
de
actos
tales
como
el
amedrentamiento,
la
intimidación
o
el
hostigamiento
psicológico.4
En
Argentina,
la
violencia
contra
médicos
es
cada
vez
más
común.
“Queremos
usar
un
guardapolvo
blanco,
no
un
chaleco
antibalas”
fue
la
declaración
del
presidente
de
la
Asociación
de
Médicos
Municipales
(AMM),
Jorge
Gilardi,
al
hablar
con
los
medios
acerca
de
la
violencia
que
sufrían
diariamente
los
profesionales
del
hospital
Santojanni,
tras
sufrir
incidentes
protagonizados
por
familiares
de
un
joven
que
falleció
en
el
hospital,
quienes
agredieron
verbalmente
a
custodios
del
centro
asistencial
y
arrojaron
piedras
a
un
grupo
de
periodistas.5
La
magnitud
del
problema
se
reflejó
en
la
encuesta
realizada
entre
2013
y
2014
a
362
profesionales
médicos
que
se
desempeñaban
en
el
ámbito
sanitario
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
y
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires.
De
la
totalidad
de
los
profesionales
de
la
muestra,
333
(el
91,99%)
afirmó
haber
recibido
agresiones
durante
su
trabajo;
de
ellas,
171
(51,35%)
fueron
verbales,
119
(35,74%)
psicológicas,
43
(12,91%)
físicas
y
134
(40,24%)
combinaron
ataques
verbales
y
psicológicos.
Registraron
inconvenientes
laborales
por
su
condición
sexual
103
(28,45%)
de
los
encuestados,
y
319
de
ellos
(88,12%)
afirmaron
sentir
que
su
trabajo
es
una
zona
de
riesgo
para
su
integridad
física
y/o
psicológica.6
La
filial
de
la
Asociación
de
Médicos
Municipales
del
hospital
Elizalde
realizó
una
encuesta
de
opinión
entre
los
profesionales
de
ese
hospital
sobre
los
factores
de
riesgo
que,
en
su
opinión,
contribuyen
a
desencadenar
la
violencia
en
el
medio
hospitalario.
Los
resultados
coinciden
con
los
que
enumeramos
aquí:
la
violencia
del
Estado
⎯entendida
como
la
falta
de
trabajo,
pobreza
e
injusticia
social⎯,
el
estrés
laboral
del
equipo
de
salud
y
la
falta
de
capacitación
del
personal
de
seguridad
y
de
la
policía.
También
se
mencionan
la
falta
de
educación
y
de
respeto
por
los
derechos
del
otro.
Finalmente
son
referidas
las
salas
de
espera
abarrotadas
e
incómodas
y
el
mal
estado
de
las
instalaciones.
3
La
lista
está
tomada
de
Bernardi
J.
et
al.
Evento
adverso
y
violencia
en
el
ámbito
médico
sanitario.
Inmanencia,
Vol.
3
N
1,
Enero-‐
Julio
2014:
67-‐
73.
4
Organización
Internacional
del
Trabajo.
5
“Queremos
usar
un
guardapolvo
blanco,
no
un
chaleco
antibalas",
Diario
La
Prensa,
3
de
septiembre
de
2014.
6
Bernardi
J.
et
al.
Evento
Adverso
y
Violencia
en
el
Ámbito
Médico
Sanitario.
Inmanencia,
Vol.
3
N
1,
Enero-‐
Julio
2014:
67-‐73.
374
Con
pocas
excepciones,
los
profesionales
de
la
salud
no
fueron
capacitados
para
desarrollar
herramientas
para
paliar
la
violencia
que
sufren
sus
pacientes
y
la
que
sus
pacientes
pueden
cometer
sobre
los
profesionales,
y
son
conscientes
de
que
sus
propias
intervenciones
en
pacientes
individuales
y
las
intervenciones
públicas
en
salud
están
condenadas
al
fracaso
si
no
se
toman
en
cuenta
los
condicionantes
sociales
que
permiten
el
desarrollo
de
la
violencia.
La
responsabilidad
mayor
a
la
hora
de
dar
respuestas,
por
lo
tanto,
debe
provenir
de
parte
del
Estado
y
de
las
instituciones
de
salud.
Las
herramientas
que
contribuyen
a
la
erradicación
de
la
violencia
se
encuentran
disponibles:
solo
se
requiere
un
mayor
compromiso
por
parte
de
las
autoridades
públicas
para
aplicarlas.
Es
posible
adoptar,
tanto
en
el
plano
individual
como
en
el
plano
institucional,
acciones
que
reduzcan
o
neutralicen
los
entendimientos
biosociales
que
determinan
la
violencia
social.
Estas
herramientas
pueden
ser
utilizadas
para
que
las
instituciones
alcancen
un
mejor
entendimiento
de
la
violencia
social
y
puedan,
en
cada
caso,
reducir
de
alguna
manera
su
impacto
en
cada
etapa
del
proceso
clínico.7
Adoptar
estas
herramientas
implica,
de
todas
maneras,
un
desafío
importante:
el
compromiso
de
un
Estado
y
de
diversas
instituciones
de
la
salud
para
trabajar
a
la
vez
en
niveles
múltiples,
centrándose
no
solamente
en
el
tratamiento
de
los
pacientes
en
tanto
individuos
enfermos
sino
poniendo
también
el
foco
en
el
desarrollo
de
herramientas
de
prevención
de
la
enfermedad,
en
el
reconocimiento
de
los
desafíos
para
la
salud
que
enfrenta
la
comunidad,
especialmente
en
sus
poblaciones
más
vulnerables,
y
en
el
compromiso
con
la
mejora
del
ámbito
laboral
en
el
que
los
profesionales
de
la
salud
se
desempeñan.
La
incorporación
de
herramientas
de
prevención
de
la
violencia
en
la
salud
pública
El
Modelo
Ecológico
nos
brinda
una
pauta
para
enfrentar
las
causas
de
violencia
en
el
ámbito
hospitalario
al
poner
de
manifiesto
que,
para
prevenirla,
es
necesario
actuar
de
manera
simultánea
en
varios
niveles.
Por
este
motivo,
podemos
relacionarla
y
adaptarla
a
las
intervenciones
preventivas,
que
tradicionalmente
se
estructuran
en
tres
niveles:
a)
Prevención
primaria:
acciones
dirigidas
a
prevenir
la
violencia
antes
de
que
ocurra.
b)
Prevención
secundaria:
medidas
centradas
en
las
respuestas
más
inmediatas
a
la
violencia,
tales
como
son
la
atención
pre-‐hospitalaria
y
los
servicios
de
emergencia.
c)
Prevención
terciaria:
intervenciones
centradas
en
la
atención
prolongada
después
de
actos
violentos,
como
la
rehabilitación
y
la
reintegración
social.
Si
bien
ni
los
profesionales
de
la
salud
ni
los
pacientes
tienen
herramientas
para
enfrentar
la
violencia
hospitalaria,
como
mencionamos,
sí
existen
herramientas
que
pueden
desarrollar
el
Estado
y
las
instituciones
involucradas.
En
esta
sección
mencionamos
algunas
de
las
que
propone
Paul
Farmer,
un
médico
y
activista
de
derechos
humanos
que
ejerce
en
Haití,
en
su
libro
Pathologies
of
Power:
Health,
Human
Rights,
and
the
New
War
on
the
Poor.
1.
El
compromiso
del
Estado
y
la
sociedad
para
hacer
una
prioridad
la
atención
sanitaria
de
la
población.
Farmer
llama
a
tomar
como
ejemplo
el
reclamo
de
Médicos
por
los
Derechos
Humanos,
que
han
argumentado
que
el
acceso
a
la
atención
sanitaria
debe
ser
interpretado
como
un
derecho
básico.8
7
Farmer
P,
Nizeye,
B,
Stulac
S,
Keshavjee
S.
Structural
Violence
and
Clinical
Medicine.
Public
Library
of
Science
Medicine,
Vol.
3/10,
2006:
1686-‐
1691.
8
Farmer
P.
Pathologies
of
Power:
Health,
Human
Rights,
and
the
New
War
on
the
Poor.
Los
Angeles,
University
of
California
Press,
2005:
238.
375
2.
Reinsertar
al
profesional
de
la
salud
en
la
población,
llevando
la
prestación
de
los
servicios
de
salud
a
las
zonas
más
vulnerables.
Farmer
recomienda
que
las
instituciones
se
alíen
con
organizaciones
de
salud
de
la
comunidad
para
averiguar
la
mejor
manera
de
llevar
la
atención
a
los
más
pobres,
entendiendo
que
solo
una
colaboración
estrecha
con
la
comunidad
puede
contribuir
a
hacer
frente
a
las
desigualdades
cada
vez
mayores
en
la
atención
de
la
salud.
Sin
embargo,
Farmer
privilegia
la
responsabilidad
del
Estado
en
la
provisión
de
salud,
advirtiendo
que
“el
fracaso
del
Estado
no
puede
ser
rectificado
por
el
activismo
de
derechos
humanos
por
parte
de
las
organizaciones
no
gubernamentales”.9
3.
Establecer
nuevas
agendas
de
investigación
que
se
centren
en
las
causas
políticas
y
económicas
de
las
deficiencias
en
los
servicios
médicos.
Farmer
advierte
que
esta
investigación
no
debe
poner
en
peligro
o
victimizar
aún
más
a
las
poblaciones
pobres
y
marginadas.
4.
Educar
a
pacientes
y
a
médicos
en
las
causas
de
la
violencia
y
las
maneras
de
prevenirla.
La
educación
es
fundamental
para
la
tarea
de
combatir
las
barreras
sociales
y
económicas
en
salud
y
atención
médica.
Sin
embargo,
en
lugar
de
enseñar
a
un
grupo
selecto
de
estudiantes
con
un
interés
explícito
por
la
salud
y
por
los
derechos
humanos,
debe
haber
un
mandato
educativo
más
amplio
para
concientizar
a
toda
la
población
no
solo
sobre
de
sus
derechos,
sino
también
sobre
sus
obligaciones
como
pacientes
y
los
canales
apropiados
para
expresar
inquietudes,
reclamos
o
mejoras.
Farmer
recomienda
también
que
se
brinden
herramientas
para
que
los
trabajadores
de
salud
y
los
científicos
sociales
puedan
dar
a
conocer
sus
observaciones
en
los
medios
de
comunicación.
Conclusiones
Se
necesita
con
urgencia
un
compromiso
de
las
autoridades
y
de
las
instituciones
sanitarias
que
aborde
la
enfermedad
y
la
violencia
desde
un
punto
de
vista
biosocial.
Este
tipo
de
intervenciones
no
solo
evitaría
el
riesgo
de
sufrir
situaciones
de
violencia
en
la
práctica
médica,
sino
que
redundarían
en
mejores
resultados
para
los
tratamientos
clínicos:
por
ejemplo,
la
reducción
de
las
tasas
de
violencia
hospitalaria
permitiría
una
mayor
adherencia
a
la
terapia
de
las
enfermedades
crónicas10
y
una
mayor
tasa
de
éxito
en
el
tratamiento
de
las
patologías
que
se
propagan
por
la
pobreza
y
la
falta
de
educación.
La
implementación
a
nivel
público
de
este
tipo
de
intervenciones
es
absolutamente
necesaria,
ya
que
permitiría
un
mayor
éxito
en
el
control
de
enfermedades,
una
mayor
satisfacción
laboral
de
los
profesionales
de
la
salud
y
una
mejora
en
la
calidad
de
vida
de
los
pacientes
frente
a
la
mera
intervención
clínica.
Durante
décadas,
quienes
estudian
los
elementos
que
determinan
la
evolución
de
las
enfermedades
han
sabido
que
las
fuerzas
sociales
o
estructurales
representan
la
parte
más
importante
en
la
prevención
y
en
el
abordaje
de
fenómenos
como
la
violencia.
Pero
este
tipo
de
afirmaciones
no
nos
llevan
muy
lejos
si
no
contamos
con
las
herramientas
para
enfrentar
esta
situación.
No
tenemos
una
receta
para
factores
como
la
pobreza,
la
falta
de
educación
o
el
desempleo,
y
no
son
los
profesionales
de
la
salud
ni
las
instituciones
médicas
las
que
deban
brindar
soluciones
para
estos
problemas.
Pero
sí
contamos
con
herramientas
que
permitirían
que
el
profesional
de
la
salud
pueda
enfrentar
mejor
estos
condicionamientos
sociales.
9
Ibidem,
239-‐240.
Veáse,
por
ejemplo,
Osterberg
L,
Blaschke
T.
Adherence
to
medication.
New
England
Journal
of
Medicine,
Vol.
353,
2005:
pp.
486-‐497
y
Sumartojo
E.
When
tuberculosis
treatment
fails:
A
social
behavioral
account
of
patient
adherence.
The
American
review
of
respiratory
disease,
Vol.
147,
1993:
1311–1320.
10
376
Pioneros
de
la
salud
pública
moderna
durante
el
siglo
XIX,
como
Rudolph
Virchow,
entendieron
que
las
epidemias
y
la
esperanza
de
vida
estaban
estrechamente
ligadas
a
las
condiciones
sociales
y
a
la
calidad
de
vida
de
las
comunidades.11
Aquellos
líderes
podrían
no
haber
empleado
el
término
“violencia
social”,
pero
eran
muy
conscientes
de
su
carga
para
las
sociedades,
pues
argumentaron
convincentemente
a
favor
de
intervenciones
estructurales:
educación,
saneamiento
básico,
mejora
de
los
derechos
de
las
comunidades.
Estas
intervenciones
son
igualmente
necesarias
en
el
presente,
aun
cuando
contemos
con
mejores
herramientas
clínicas,
incluyendo
vacunas,
diagnósticos
y
un
gran
arsenal
de
terapias
eficaces.
La
violencia
social
sigue
siendo
una
de
las
principales
causas
de
fenómenos
tan
dispares
como
la
violencia
laboral
y
la
muerte
prematura
y
discapacidad.
Podemos
comenzar
a
abordar
este
fenómeno
por
una
resocialización
de
nuestra
comprensión
del
rol
del
Estado
frente
a
las
instituciones
de
salud,
adoptando
estrategias
que
permitan
que
las
mismas
puedan
hacer
frente
a
las
demandas
de
la
población.
Al
insistir
en
que
la
atención
de
la
salud
debe
ser
una
prioridad
fundamental
del
Estado,
no
podemos
centrarnos
en
la
mera
atención
clínica
de
los
pacientes.
También
debemos
esforzarnos
por
reconocer
el
derecho
de
médicos
y
pacientes
de
contar
con
instituciones
eficientes,
con
sueldos
dignos
y
con
herramientas
para
hacer
frente
a
los
conflictos
que
puedan
surgir:
son
estas
intervenciones
las
que
reducirán
el
número
de
víctimas
de
la
violencia
social.
Solo
de
esta
manera
podremos
lograr
que
la
medicina
alcance
sus
metas
más
nobles:
el
cuidado
estructural
de
la
salud
de
toda
la
comunidad.
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usar
un
guardapolvo
blanco,
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un
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tuberculosis
treatment
fails:
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11
McKeown
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The
role
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medicine:
Dream,
mirage,
or
nemesis?
Princeton:
Princeton
University
Press;
1980.
Parte
Cuarta
ÉTICA
DE
LA
INVESTIGACIÓN
378
PROBLEMAS,
COMPROMISOS
Y
DEMANDAS
PARA
UN
SISTEMA
NACIONAL
DE
GARANTÍAS
EN
LA
PROTECCIÓN
DE
LAS
PERSONAS
INCLUIDAS
EN
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS
Juan
Carlos
Tealdi
El
imperativo
categórico
en
bioética
y
derechos
humanos
§1.
En
Argentina,
el
organismo
regulador
de
los
medicamentos
⎯ANMAT⎯,
presenta
una
base
informativa
de
1872
estudios
de
farmacología
clínica
autorizados
entre
los
años
2001
y
lo
que
va
de
2014
(entre
1994
y
2000
habían
sido
autorizados
431
estudios).
En
la
ficha
de
datos
de
cada
investigación
a
la
que
se
tiene
acceso,
figura
el
título
del
estudio,
la
fase
del
mismo,
el
patrocinador,
su
representante
(u
organización
de
investigación
por
contrato),
el
centro
de
investigación
donde
se
realiza,
el
comité
institucional
de
ética
que
aprobó
el
ensayo
para
el
centro,
y
la
situación
del
estudio.
Si
bien
esas
fichas
solo
ofrecen
información
mínima,
algunos
de
sus
datos
ilustran
⎯como
veremos⎯
sobre
varias
de
las
deficiencias
del
sistema
de
evaluación
y
protección
de
los
derechos
de
las
personas
incluidas
en
investigaciones
biomédicas
en
nuestro
país.
§2.
La
magnitud
del
problema
ético
de
los
ensayos
clínicos
con
medicamentos
patrocinados
por
la
industria
farmacéutica
es
tan
grande
como
para
que
distintos
especialistas
mundiales
hayan
propuesto
un
conjunto
de
cambios
radicales
para
que
estos
ensayos
tengan
como
fin
primario
la
búsqueda
de
conocimiento
generalizable
sobre
la
salud
humana
para
responder
en
modo
justo
a
una
necesidad
médica
legítima,
y
no
a
las
necesidades
creadas
por
y
para
el
mercado
de
los
medicamentos.
Pero
este
problema
tiene
indicios
de
agravarse
si
se
aprueba
el
proyecto
reservado
de
libre
comercio
entre
Estados
Unidos
y
la
Unión
Europea,
actualmente
en
gestión,
que
daría
mayor
poder
aún
a
las
mega-‐corporaciones
frente
a
los
estados-‐nación.
Por
eso
es
que
para
quienes
trabajamos
en
comités
de
ética
que
revisan
estas
investigaciones,
el
problema
ético
es
de
tal
magnitud
y
la
distorsión
del
sistema
de
protección
de
las
personas
de
tal
dimensión,
que
un
interrogante
que
se
nos
presenta
frecuentemente
es
si
no
habría
que
establecer
una
moratoria
de
estas
investigaciones
hasta
lograr
refundar
este
sistema
con
la
debida
responsabilidad
para
las
personas
que
son
incluidas
en
las
mismas.
§3.
Esa
pregunta
responsable
se
nos
impone
porque
en
la
perspectiva
de
bioética
y
derechos
humanos
con
la
que
debemos
trabajar,
el
imperativo
categórico
para
la
evaluación
de
las
investigaciones
biomédicas
que
ha
quedado
recogido
reiteradamente
en
la
historia
normativa
de
este
campo,
en
cuanto
al
respeto
del
bienestar
y
los
derechos
fundamentales
de
las
personas,
es
continuamente
interpelado:
“El
médico
debe
considerar
lo
mejor
para
el
paciente
cuando
preste
atención
médica”.
Código
Intern.
de
Ética
Médica,
AMM
1949.
“Se
habrán
de
respetar
plenamente
la
dignidad
humana,
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales”.
Declaración
Universal
sobre
Bioética
y
Derechos
Humanos,
UNESCO
2005.
379
“En
todo
estudio
de
farmacología
clínica,
los
intereses
y
el
bienestar
de
cada
participante
del
estudio
deben
prevalecer
por
sobre
los
intereses
de
la
ciencia
y
de
la
sociedad.
Régimen
de
Buena
Práctica
Clínica
para
Estudios
de
Farmacología
clínica,
ANMAT.
“Aunque
el
objetivo
principal
de
la
investigación
médica
es
generar
nuevos
conocimientos,
este
objetivo
nunca
debe
tener
primacía
sobre
los
derechos
y
los
intereses
de
la
persona
que
participa
en
la
investigación”.
Párrafo
8,
Declaración
de
Helsinki,
AMM
2013.
Un
sistema
de
investigaciones
justo
y
responsable
§4.
Desde
ese
marco
de
bioética
y
derechos
humanos,
un
sistema
justo
en
la
realización
de
investigaciones
biomédicas
exige
responsabilidad
moral,
legal
y
administrativa
de
quienes
realizan
esas
investigaciones,
que
son
los
centros
de
investigación,
investigadores
y
patrocinadores;
y
responsabilidad
asimismo
de
quienes
regulan,
evalúan,
autorizan
y
controlan
las
mismas,
que
son
los
comités
de
ética
y
el
Estado
con
sus
organismos
pertinentes.
Estos
son
los
cinco
agentes
ética
y
legalmente
responsables
de
las
investigaciones,
porque
quien
es
incluido
en
una
investigación
no
debe
equipararse
a
los
responsables
de
la
investigación.
§5.
Sobre
esa
relevante
distinción
se
ha
establecido,
sin
embargo,
por
vía
del
vaciamiento
contractual
del
sentido
moral
del
consentimiento
informado,
una
de
las
inversiones
de
sentido
funcionales
para
construir
sistemas
nacionales
de
investigación
biomédica
con
apariencia
de
legitimidad
pero
sin
respaldo
ético
ni
garantías
legales
en
su
funcionamiento.
Del
mismo
modo,
el
sentido
de
la
responsabilidad
del
investigador
hacia
las
personas
y
la
profesión
–establecido
en
Nuremberg
y
Helsinki-‐
ha
sido
invertido
para
convertirlo
en
responsabilidad
del
investigador
para
con
los
patrocinadores.
Y
el
sentido
de
la
responsabilidad
de
los
Estados,
debido
en
normas,
autoridades
y
procedimientos
de
alcance
nacional
para
armonizar
el
sistema,
ha
sido
invertido
al
disociar
y
atomizar
esa
responsabilidad
en
comités
de
ética
locales,
burocráticamente
establecidos,
pero
sin
autoridad
efectiva
para
la
protección
universal
que
exige
el
respeto
de
los
derechos
humanos.
§6.
En
esta
situación,
aunque
es
al
Estado
a
quien
le
cabe
la
máxima
responsabilidad
política,
legal
y
administrativa
en
la
evaluación,
autorización
y
control
de
las
investigaciones;
a
los
comités
de
ética
nos
cabe
la
más
alta
responsabilidad
moral
en
la
discusión
de
todas
aquellas
cuestiones
que
puedan
vulnerar
los
derechos
de
las
personas
y
dar
lugar
a
investigaciones
no
éticas.
Para
cumplir
con
ese
fin,
los
comités
de
ética
debemos
rechazar
los
intentos
de
reducción
a
una
mera
burocratización
administrativa
carente
de
conciencia
crítica,
porque
esta
resulta
funcional
a
una
apariencia
de
legalidad
aunque
vacía
de
legitimidad
moral.
Los
comités
de
bioética
debemos
reflexionar
sobre
nuestra
propia
ética
y
la
responsabilidad
de
nuestra
función,
y
cultivar
el
valor
de
enfrentarnos
a
la
adversidad
del
poder
y
los
intereses
cuando
estos
son
contrarios
al
respeto
de
la
dignidad
y
los
derechos
de
las
personas.
Por
eso
es
que
en
este
contexto
resulta
necesario
que
los
comités
de
ética
impulsemos,
desde
un
marco
de
responsabilidad
y
compromiso
en
materia
de
bioética
y
derechos
humanos,
las
acciones
a
establecer
en
un
consenso
de
bioética
para
las
investigaciones
biomédicas,
para
que
estas
acciones
puedan
ser
adoptadas
en
las
pautas
operativas
de
cada
comité
comprometido
con
esta
iniciativa.
§7.
Hay
diversas
razones
para
explicar
los
fallos
que
se
observan
en
la
responsabilidad
de
esos
cinco
agentes
del
sistema,
incluidos
los
comités
de
ética,
a
pesar
de
la
exigencia
de
normas
existentes,
como
las
de
ANMAT
y
otros
organismos.
Esas
razones
nos
explican
por
qué
se
realizan
investigaciones
que
no
son
éticas,
ya
que
vulneran
los
derechos
de
las
personas,
y
nos
brindan
las
respuestas
que
debemos
dar
a
esas
situaciones.
380
§8.
Los
centros
que
realizan
investigaciones
biomédicas.
Son
los
responsables
institucionales
desde
el
punto
de
vista
ético,
legal
y
administrativo,
de
la
inclusión
de
personas
a
estos
estudios,
y
deben
garantizar
que
cuentan
en
modo
rápidamente
accesible
con
los
recursos
necesarios
y
específicos
para
la
atención
de
la
salud
y
los
riesgos
de
esas
personas
y
la
protección
de
sus
derechos.
Por
eso
es
que
los
centros
de
investigación
deben
ser
categorizados
según
el
tipo
de
investigaciones
que
pueden
realizar
de
acuerdo
con
la
categoría
de
riesgos
y
complejidad
que
puedan
tratar.
En
las
investigaciones
biomédicas,
esa
categorización
debe
tener
en
cuenta
la
complejidad
del
establecimiento
de
salud
en
el
cual
pueda
acreditarse
un
centro
de
investigaciones
biomédicas.
La
inclusión
de
personas
en
investigaciones
biomédicas
desde
ámbitos
ambulatorios
y
de
consultorios
externos,
o
en
instituciones
de
salud
sin
acreditación
ni
categorización
como
centros
de
investigación,
es
una
práctica
no
ética
que
las
expone
a
riesgos
sin
las
debidas
garantías,
y
que
debe
ser
rechazada.
§9.
Los
investigadores.
La
matrícula
profesional
de
los
médicos
autoriza
a
realizar
procedimientos
diagnósticos
y
terapéuticos
aprobados
pero
no
habilita
para
realizar
investigaciones.
Sin
embargo,
y
a
pesar
de
la
mayor
responsabilidad
que
supone
una
investigación,
dado
que
se
trata
de
una
búsqueda
de
conocimiento
cuyos
resultados
sobre
los
pacientes
en
cuanto
a
seguridad
y
eficacia
se
conocerán
después
de
realizada
la
misma,
los
médicos
que
actúan
como
investigadores
principales
no
poseen
matriculación
especial
ni
categorización
según
complejidad
y
riesgos
de
las
investigaciones
que
pueden
realizar.
Y
esto
a
pesar
de
la
exigencia
de
la
Disposición
6677/2010
de
ANMAT
que
exige
copia
autenticada
del
título
de
especialista
o
del
certificado
de
residencia
completa
o
de
postgrado
en
la
especialidad
de
la
enfermedad
en
estudio,
lo
que
no
siempre
queda
acreditado.
§10.
Una
falta
seria
de
algunos
investigadores
es
la
presentación
a
los
comités
de
ética
de
protocolos
sobre
los
cuales
no
tienen
un
detallado
conocimiento.
Los
patrocinadores
presentan
la
propuesta
a
los
investigadores,
y
algunos
de
ellos
llevan
al
comité
ese
protocolo
sin
haber
hecho
su
propia
evaluación
para
juzgar
el
auténtico
interés
de
la
propuesta
y
a
veces,
como
hemos
comprobado,
hasta
sin
haberlo
leído.
Por
eso
es
que
los
comités
de
ética
debemos
exigir
que
toda
presentación
de
un
estudio
de
farmacología
clínica
vaya
acompañado
de
los
fundamentos
del
investigador
para
proponer
realizar
dicho
estudio
en
los
pacientes
que
ha
de
incluir.
§11.
Los
patrocinadores.
La
falta
de
garantías
en
la
protección
de
los
derechos
de
las
personas
incluidas
en
investigaciones
biomédicas
y
la
consecuente
realización
de
investigaciones
no
éticas
encuentra
a
veces
su
origen
su
origen
en
el
diseño
por
los
patrocinadores
de
un
estudio
injustificable
desde
el
punto
de
vista
científico-‐metodológico
y
ético.
La
responsabilidad
del
diseño
de
los
estudios
de
farmacología
clínica
hoy
recae
en
el
patrocinador,
ya
que
en
las
investigaciones
multinacionales
promovidas
por
la
industria
farmacéutica,
ese
diseño
es
realizado
por
un
grupo
de
investigadores
a
nivel
central.
Sin
embargo,
y
a
pesar
de
que
las
propuestas
de
algunos
protocolos
amenazan
seriamente
el
respeto
debido
a
quienes
se
quiere
incluir
en
un
estudio,
no
hay
ninguna
norma
o
procedimiento
que
establezca
algún
tipo
de
calificación
para
esas
fallas.
Por
eso
es
que
los
patrocinadores
deben
ser
calificados,
al
igual
que
centros
e
investigadores,
según
sus
antecedentes
en
la
responsabilidad
de
su
función.
§12.
El
supuesto
de
beneficio
para
las
personas
incluidas
en
investigaciones
es
desdibujado,
a
veces
hasta
por
completo,
en
esos
diseños
o
en
su
propuesta.
Por
un
lado
porque
se
induce
en
un
modo
sutil
de
abuso
de
confianza,
a
que
pacientes
y
familiares
puedan
pensar
que
el
ser
incluido
en
un
ensayo
clínico
es
tener
la
posibilidad
de
un
avance
en
términos
terapéuticos,
aunque
una
investigación
es,
por
definición,
de
resultados
inciertos
hasta
su
cierre
y
evaluación
final.
Pero
también
porque
un
gran
número
de
los
ensayos
clínicos
que
se
realizan
en
el
mundo,
ofrecen
muy
pocas
posibilidades
de
superar
la
eficacia
y
seguridad
de
los
estándares
de
tratamiento,
ya
que
se
trata
de
ensayos
que
solo
buscan
una
porción
del
mercado,
en
competencia
con
381
medicamentos
ya
aprobados.
De
este
modo,
la
incertidumbre
de
los
resultados
y
el
interés
comercial
quedan
enmascarados
y
protegidos
bajo
la
apariencia
de
un
progreso
científico
que
bajo
la
falsa
pretensión
de
ser
bueno
en
sí
no
necesitaría
otra
justificación.
Este
es
un
retroceso
moral
que
no
respeta
la
dignidad
de
las
personas
y
que
tenemos
la
obligación
de
rechazar
para
que
cambie.
§13.
La
complejidad
de
diseño
de
muchos
protocolos
actuales,
además,
convierte
en
absolutamente
incomprensible
e
incapaz
de
discernimiento
por
una
persona
razonable
a
la
información
brindada
en
el
consentimiento
que
se
presenta
a
los
pacientes,
haciendo
que
su
ponderación
de
riesgos
y
beneficios
sea
absolutamente
nula.
Esto
convierte
a
su
inclusión,
aún
con
la
firma
del
consentimiento,
en
una
acción
no
ética
que
vulnera
los
derechos
a
la
integridad,
la
libertad
y
el
bienestar
de
esas
personas
bajo
la
apariencia
de
legitimación
de
un
procedimiento
que
en
verdad
es
de
nulidad
absoluta
en
términos
éticos.
Por
eso,
el
modelo
global
de
consentimiento
debe
ser
acompañado
por
una
hoja
de
información
breve,
elaborada
por
el
investigador,
que
recoja
en
modo
conciso
y
adaptado
a
la
mayor
comprensión
y
discernimiento
por
la
persona
invitada
a
ser
incluida
en
una
investigación,
los
aspectos
básicos
que
toda
persona
razonablemente
desearía
conocer
de
la
propuesta
que
le
realizan.
Y
esa
información
debe
estar
redactada
considerando
los
aspectos
complejos
de
comprender
para
tomar
una
decisión
auténticamente
libre.
La
confusión
en
la
distinción
y
atribución
de
responsabilidades
§14.
Otra
razón
básica
y
extendida
del
fallo
en
una
realización
plenamente
responsable
de
las
investigaciones,
es
la
confusión
en
la
distinción
y
atribución
a
cada
agente
de
su
responsabilidad,
así
como
el
incumplimiento
de
las
normas
vigentes.
En
los
actuales
ensayos
clínicos
con
medicamentos
patrocinados
por
la
industria
farmacéutica,
los
patrocinadores
han
ido
desdibujando
en
forma
creciente
a
la
función
del
centro
de
investigación
y
del
investigador.
La
inclusión
de
personas
a
las
investigaciones
en
centros
ambulatorios
de
salud
y
en
consultorios
externos
o
particulares,
muchas
veces
situados
en
ciudades
pequeñas
y
alejadas,
sin
complejidad
ni
experiencia
alguna
para
investigar
o
para
asistir
a
las
personas
que
puedan
sufrir
algún
efecto
adverso;
quita
todo
sentido
al
concepto
de
centro
de
investigación,
y
hace
que
el
investigador
se
reduzca
a
ser
un
colector
de
datos
para
un
proyecto
en
cuyo
diseño
no
participó,
y
a
cuyos
resultados
globales
en
el
seguimiento
de
la
investigación
tiene
acceso
limitado
y
tardío,
restringiendo
así
su
obligación
de
cuidado.
En
ese
marco,
de
los
tres
responsables
debidos
de
la
investigación,
solo
queda
uno
con
pleno
poder
de
ejercicio
que
es
el
patrocinador,
distorsionando
gravemente
la
protección
de
derechos
de
las
personas
incluidas.
§15.
Por
otro
lado,
la
responsabilidad
de
los
comités
de
ética
y
del
Estado
en
la
evaluación,
autorización
y
control
de
las
investigaciones,
también
es
confusa
en
sus
responsabilidades.
El
Estado
nacional
no
ha
aprobado
una
ley
sobre
investigaciones
biomédicas
que
demarque
esas
responsabilidades,
pero
tampoco
ha
establecido
esa
demarcación
por
normas
administrativas
o
por
una
política
pública
acorde
con
los
intereses
de
nuestra
población
y
nuestra
realidad
sanitaria.
En
Argentina
no
existe
una
distinción
de
responsabilidades
según
categorías
de
riesgos
e
interés
nacional,
ni
de
complejidad
científica
y
metodológica,
entre
las
investigaciones
que
pueda
evaluar
un
comité
de
ética
y
las
que
debería
evaluar
inicialmente
o
particularmente
una
comisión
nacional
autónoma
de
expertos
en
la
materia.
En
los
comités
de
ética
se
reciben,
por
ejemplo,
protocolos
a
realizar
sobre
neonatos,
que
pueden
interferir
en
el
calendario
oficial
de
vacunaciones,
y
sin
una
evaluación
previa
de
un
organismo
nacional
que
determine
si
es
aceptable
enviarlo
o
no
a
evaluación
de
los
comités
locales.
Asimismo
sucede
con
investigaciones
patrocinadas
por
organismos
militares
extranjeros,
que
han
de
tratar
información
de
alto
interés
en
defensa
nacional,
y
que
sin
embargo
han
llegado
a
los
comités
sin
ninguna
revisión
nacional
previa.
Y
así
ocurre
con
ensayos
clínicos
con
medicamentos
de
muy
alto
riesgo,
dudosa
efectividad,
alto
costo
y
gran
complejidad
en
el
diseño,
a
realizar
en
individuos
y
grupos
vulnerables,
que
son
derivados
a
los
comités
locales
sin
una
382
revisión
previa
que
se
expida
en
modo
preliminar
acerca
de
si
es
admisible
aceptar
su
ingreso
al
sistema
de
evaluación.
Pero
esa
revisión
previa
no
debe
ser
ejercida,
como
de
hecho
se
hace,
por
comités
privados
tolerados
en
el
sistema
como
si
tuvieran
un
rango
de
organismo
público
de
alcance
nacional
y
apareciendo
como
comité
institucional
de
ética
que
aprobó
el
estudio
para
el
centro.
La
subrogación
de
los
comités
de
ética
§16.
En
un
ensayo
clínico
comparativo
de
la
seguridad
cardiovascular
de
ziprasidona
y
olanzapina,
realizado
entre
2003
y
2007,
se
incorporaron
a
nivel
mundial
a
18000
pacientes,
900
de
ellos
en
Argentina.
La
inclusión
de
pacientes
en
nuestro
país
se
realizó
en
33
centros,
muchos
de
ellos
de
baja
complejidad.
La
mayoría
de
esos
centros
no
tenían
comité
de
ética
pero
se
mencionaba
como
presentación
ante
un
comité
de
ética
nacional,
a
la
realizada
ante
el
Comité
de
Ética
Independiente
para
Ensayos
en
Farmacología
Clínica
de
la
Fundación
de
Estudios
Farmacológicos
y
de
Medicamentos
–FEFYM-‐.
Esa
presentación
resultó
suficiente
para
alcanzar
a
los
centros
que
no
contaban
con
comités
de
ética.
Esto
habilita
una
subrogación
inaceptable.
En
ese
estudio
se
registraron
114
eventos
adversos
serios,
en
su
mayoría
por
descompensación
psicótica.
Doce
pacientes
presentaron
ideación
suicida
y
tres
de
ellos
murieron
por
suicidio.
Pero
no
estuvo
garantizado
ni
el
seguimiento
del
estudio
en
cada
centro
por
un
comité
de
ética,
ni
el
acceso
por
los
familiares
a
un
comité.
La
Ley
3301
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
sobre
Protección
de
Derechos
de
Sujetos
en
Investigaciones
en
Salud,
anticipa
ese
problema
al
exigir
información
constante
para
los
sujetos
a
través
de
un
comité
de
ética.
Nadie
puede
negar
que
la
garantía
de
acceso
a
esa
información
solo
puede
brindarse
con
un
comité
suficientemente
cercano
como
para
poder
consultarlo
en
modo
presencial,
y
suficientemente
comprometido
en
su
responsabilidad
institucional
por
pertenecer
al
establecimiento
que
incorpora
a
las
personas.
Por
eso
es
que
el
estudio
antes
mencionado,
como
tantos
otros,
fue
realizado
sin
las
debidas
garantías
para
que
los
intereses
y
el
bienestar
de
cada
participante
del
estudio
prevaleciera
sobre
los
intereses
de
la
ciencia
y
de
la
sociedad.
§17.
Sin
embargo,
los
comités
de
ética
no
debemos
aceptar
influencias
indebidas,
y
para
cumplir
la
responsabilidad
de
nuestro
rol
en
la
aprobación
y
monitoreo
de
una
investigación,
en
orden
a
observar
el
respeto
de
la
dignidad,
los
derechos
y
el
bienestar
de
las
personas
incluidas
en
la
misma,
debemos
tener
sede
en
el
establecimiento
que
garantiza
el
cuidado
de
las
personas
a
incluir
en
un
estudio
y
en
la
que
funciona
el
centro
de
investigación
que
incorpora
a
dichas
personas.
La
subrogación
de
la
evaluación,
autorización
y
control
de
una
investigación
biomédica
en
un
comité
de
ética
ajeno
al
centro
que
ha
de
incorporar
personas
con
las
garantías
debidas
de
cuidado
y
atención
de
la
salud,
y
suficientemente
lejano
de
pacientes
y
familiares
para
su
seguimiento,
es
una
práctica
no
ética
que
vulnera
los
derechos
de
esas
personas.
Los
comités
de
ética
no
debemos
aceptar
la
subrogación
y
debemos
estipularlo
en
nuestras
pautas
operativas.
La
ausencia
de
un
sistema
nacional
integrado
de
calidad
para
evaluación
y
monitoreo
§18.
Otra
de
las
razones
que
conduce
a
la
realización
de
estudios
de
farmacología
clínica
sin
las
debidas
garantías
para
la
protección
de
los
derechos
fundamentales
de
las
personas,
es
la
ausencia
de
un
sistema
nacional
integrado
para
la
evaluación
y
monitoreo
con
la
necesaria
calidad
científica,
ética
y
legal,
para
controlar
la
gran
complejidad
actual
de
muchos
de
esos
estudios.
En
el
reducido
número
de
quienes
tenemos
dedicación
completa
a
la
bioética
desde
hace
más
de
veinticinco
años,
dedicando
gran
parte
de
nuestro
trabajo
diario
a
la
revisión
de
investigaciones
biomédicas,
hemos
podido
observar
que
en
los
últimos
años
ha
crecido
aceleradamente
la
complejidad
científica,
metodológica
y
con
ello
ética
de
muchos
ensayos
clínicos
con
medicamentos.
Pese
a
nuestra
amplia
experiencia
en
el
campo,
estas
nuevas
investigaciones
nos
obligan
a
minuciosas
evaluaciones,
con
consultas
altamente
especializadas,
y
dedicando
a
ello
muchas
horas
de
trabajo.
La
complejidad
del
diseño
de
estos
ensayos
no
solo
383
representa
una
enorme
exigencia
para
la
capacidad
de
quienes
debemos
realizar
la
evaluación
ética,
sino
también
para
los
propios
investigadores
principales
que
a
veces
confiesan
su
incapacidad
para
comprender
el
fundamento
último
para
una
ponderación
riesgo/beneficio,
para
la
determinación
de
un
margen
de
no
inferioridad,
o
para
la
fundamentación
epidemiológica
de
un
estudio
entre
otras
muchas
variables.
Y
sin
embargo,
muchos
investigadores
llevan
adelante
las
investigaciones
aún
con
esa
incomprensión
de
las
últimas
razones
científico/metodológicas
para
realizarlas.
Entre
1994
y
2003,
la
ANMAT
tuvo
una
tasa
de
rechazo
del
6%.
Nuestra
experiencia
en
revisión
de
protocolos
durante
esos
años
fue
semejante.
Pero
en
la
última
década,
y
con
un
aumento
año
tras
año,
la
complejidad,
debilidades
y
riesgos
para
las
personas
de
muchos
protocolos
propuestos,
nos
lleva
a
reparos
cada
vez
más
frecuentes
y
mayores,
y
a
una
tasa
de
rechazo
creciente
por
encontrar
observaciones
insalvables
en
el
diseño
de
estos
estudios.
§19.
Y
sin
embargo,
en
ese
marco
de
situación,
se
siguen
enviando
centenares
de
investigaciones
a
ser
evaluadas
por
comités
de
ética
locales
sin
ninguna
capacitación
especial
para
enfrentarse
a
ese
desafío.
El
resultado
no
puede
ser
otro
que
una
revisión
deficiente
que
deja
desprotegidas
a
las
personas
incluidas
en
una
investigación.
Y
cabe
preguntarse
cómo
es
posible
que
esto
suceda
una
y
otra
vez,
sin
distinción
alguna
entre
niveles
de
responsabilidad
y
exigencias
de
idoneidad
para
las
evaluaciones,
y
sin
que
el
Estado
nacional
y
los
estados
provinciales
promuevan
y
aseguren
programas
de
capacitación
continua
diseñados
para
responder,
a
esa
complejidad
tecno-‐científica
y
bioética,
con
un
enfoque
de
derechos
humanos
que
ponga
en
el
centro
de
esa
capacitación
al
bienestar
y
los
derechos
fundamentales
de
las
personas.
La
evaluación
ética
de
un
protocolo
de
investigación
es
mucho
más
que
la
suma
que
agrega
las
opiniones
de
los
distintos
miembros
de
un
comité
de
ética
incluyendo
al
metodólogo.
La
responsabilidad
mayor
en
la
adecuada
comprensión
y
armonización
de
los
distintos
aportes
que
se
realizan
en
un
comité
de
ética,
corresponde
a
quien
actúa
como
autoridad
del
mismo.
Esta
función
debe
ser
cumplida
por
una
persona
con
suficiente
capacitación
teórico-‐práctica,
a
la
vez
científica
y
ética,
como
para
comprender
la
interrelación
entre
unos
y
otros
aspectos.
Esa
complejidad
científica,
técnica
y
ética,
exige
una
especial
experiencia
para
su
evaluación.
Y
esto
no
puede
pedirse
a
cada
miembro
del
comité,
aunque
sí
a
la
autoridad
del
comité.
Pero
el
Estado
y
los
centros
de
investigación
tienen
la
obligación
de
garantizar
las
condiciones
y
recursos
para
que
esto
sea
posible.
§20.
Los
comités
de
ética
deben
tener
personal
rentado
para
la
dirección
y
secretaría
del
comité.
El
número
de
horas
de
dedicación
dependerá
del
número
de
protocolos
que
cada
comité
revise.
Pero
no
es
serio
derivar
a
evaluación
ad-‐honorem,
protocolos
que
demandan
muchas
horas
para
su
lectura,
búsqueda
de
bibliografía
sobre
el
estado
de
la
cuestión,
consultas
con
especialistas
en
el
tema
específico,
intercambio
con
el
investigador,
debate
en
reunión
de
comité,
elaboración
de
los
informes
correspondientes,
seguimiento
de
los
eventos
adversos,
entrevistas
a
pacientes
incluidos,
y
monitoreo
del
estudio.
Si
esta
tarea
se
sigue
haciendo
sin
el
debido
reconocimiento
por
el
Estado
y
las
instituciones,
lo
único
que
se
promueve
es
la
inclusión
de
personas
a
investigaciones
biomédicas
sin
las
garantías
que
corresponden.
La
evaluación
y
seguimiento
de
investigaciones
es
una
tarea
especializada
que
requiere
su
reconocimiento
responsable.
La
industria
farmacéutica
paga
aranceles
en
establecimientos
públicos
y
privados
para
esta
tarea,
de
manera
que
no
cabe
argumentar
la
falta
de
recursos
para
hacer
lo
que
se
debe.
La
ANMAT
requiere
en
su
Disposición
6677/2010,
una
lista
de
miembros
de
cada
comité,
incluyendo
el
nombre,
fecha
de
nacimiento,
sexo,
profesión
u
ocupación,
posición
en
el
comité
y
relación
con
la
institución;
pero
lo
que
también
debe
pedir
para
conocer
la
realidad
operativa
de
cada
comité,
es
el
número
de
horas
que
los
miembros
dedican
a
esa
tarea
y
muy
en
especial
el
número
de
horas
rentadas
que
su
máxima
autoridad
tiene
para
realizar
su
trabajo.
Sin
este
dato
no
se
puede
saber
si
los
comités
de
ética
pueden
cumplir
o
no,
efectivamente,
con
su
tarea
de
proteger
los
derechos
de
las
personas
incluidas
en
investigaciones
biomédicas.
Esto
debe
cambiar.
384
La
estructuración
del
sistema
en
niveles
de
responsabilidad
§21.
Por
eso
es
que
el
Estado
debe
estructurar
en
niveles
de
responsabilidad
el
sistema
de
protección
de
los
derechos
de
las
personas
en
las
investigaciones
biomédicas,
y
debe
garantizar
su
funcionamiento
acorde
con
la
categorización
de
seguridad
según
riesgos,
de
eficacia
según
beneficios,
y
de
complejidad
científico-‐metodológica.
Esa
categorización
debe
dar
lugar
a
un
criterio
que
demarque
las
atribuciones
de
los
comités
de
ética
locales,
las
comisiones
provinciales
y
de
un
organismo
nacional
de
expertos
para
la
evaluación,
asesoramiento
y
monitoreo
en
la
materia.
Hay
investigaciones
que
antes
de
ser
revisadas
por
comités
de
ética
locales
o
provinciales
deben
tener
una
revisión
preliminar
por
un
organismo
nacional
que
emita
opinión
respecto
a
la
pertinencia
o
no
de
enviarlo
directamente
o
con
modificaciones,
a
los
otros
niveles.
Eso
debería
suceder,
entre
otras,
con
todas
las
investigaciones
clasificadas
como
de
interés
nacional,
de
alto
riesgo
individual
o
para
la
salud
pública,
o
de
alta
complejidad.
Y
las
investigaciones
que
un
comité
de
ética
local
rechace
por
razones
de
incompatibilidad
entre
la
realización
de
la
investigación
y
el
respeto
de
derechos
humanos
y
libertades
fundamentales,
deben
ser
revisadas
por
un
organismo
nacional
para
que
confirme
o
rechace
con
fundamentos
explícitos
el
dictamen
de
ese
comité.
En
la
actualidad,
la
ANMAT
no
ejerce
esa
función,
y
el
rechazo
de
un
protocolo
por
un
comité
por
creer
que
su
realización
vulneraría
derechos
fundamentales,
no
tiene
procedimiento
alguno
para
su
revisión
por
un
organismo
superior
al
comité.
Ese
protocolo
puede
ser
evaluado
y
eventualmente
aprobado
por
otro
comité
de
ética
sin
intervención
y
pronunciamiento
alguno
por
parte
del
Estado
nacional
respecto
al
rechazo
del
primer
comité.
Y
como
las
provincias
tienen
distintos
sistemas
de
regulación
sobre
investigaciones,
también
puede
suceder
que
una
investigación
rechazada
en
una
provincia
por
poner
en
riesgo
derechos
fundamentales
de
las
personas,
pueda
ser
autorizada
en
otra
que
entienda
que
no
existe
ese
riesgo.
Esta
situación
desautoriza
en
los
hechos
a
la
obligación
de
los
comités
de
ética
de
proteger
los
derechos
de
las
personas
a
incluir
en
investigaciones
biomédicas
y
es
uno
de
los
signos
más
graves
de
las
inconsistencias
morales
del
sistema
de
evaluación
de
investigaciones
biomédicas.
En
esa
falta
de
distinción
y
armonización
entre
responsabilidades
locales,
provinciales
y
nacionales,
de
los
comités
y
comisiones
de
bioética,
y
del
Estado,
las
personas
incluidas
en
investigaciones
biomédicas
quedan
expuestas
a
graves
faltas
de
garantías
en
la
protección
de
sus
derechos.
§22.
La
evaluación
y
aprobación
de
investigaciones
biomédicas
por
comités
de
ética
a
veces
llamados
“independientes”,
que
no
pertenecen
a
la
institución
sede
del
centro
de
investigaciones,
ni
forman
parte
de
la
administración
pública
provincial
o
nacional,
es
una
seria
transgresión
que
debe
rechazarse.
En
el
año
2002,
el
comité
de
ética
del
Hospital
de
Clínicas
aprobó
un
estudio
sobre
olanzapina
intramuscular
en
pacientes
con
esquizofrenia,
distinto
del
antes
mencionado
comparativo
con
ziprasidona.
Sin
embargo,
aunque
en
la
base
de
datos
de
ANMAT
figura
este
hospital
como
centro
de
investigación
y
un
investigador
de
este
hospital
como
investigador
principal,
el
comité
institucional
de
ética
que
figura
como
que
aprobó
el
ensayo
para
el
centro,
pese
a
haberlo
hecho
nosotros,
es
el
comité
hoy
conocido
como
Comité
de
Ética
en
Investigación
Clínica.
Aunque
esto
pudiera
leerse
como
un
error
en
la
carga
de
la
información,
esto
no
es
así.
De
los
38
estudios
autorizados
por
la
ANMAT
en
lo
que
va
de
este
año,
más
de
la
mitad
aparecen
aprobados
por
dos
comités
de
ética
que
no
se
vinculan
con
los
centros
de
investigación
que
realizarán
el
estudio,
ni
tampoco
forman
parte
de
un
establecimiento
de
salud
que
vaya
a
prestar
atención
a
las
personas
incluidas
en
el
mismo:
estos
s on
el
“Comité
Independiente
de
Ética
para
Ensayos
en
Farmacología
Clínica
(FEFYM)”
y
el
“Comité
de
Ética
Independiente
en
Investigación
Clínica”,
denominado
desde
2012
“Comité
de
Ética
en
Investigación
Clínica
(CEIC)”.
Algunas
de
las
investigaciones
que
estos
comités
aprueban,
se
realizan
a
cientos
de
kilómetros
de
sus
sedes,
sin
posibilidad
alguna
de
monitoreo
o
de
atención
a
las
demandas
que
los
pacientes
pudieran
tener
para
recurrir
al
comité.
El
estudio
titulado
“Evaluación
comparativa
de
la
seguridad
y
la
eficacia
de
la
daptomicina
frente
al
estándar
de
atención
en
sujetos
pediátricos
de
dos
a
diecisiete
años
de
edad
con
bacteriemia
causada
por
Staphylococcus
Aureus”,
a
realizarse
en
el
Hospital
de
Niños
Dr.Orlando
Alassia,
de
Santa
Fe,
autorizado
por
ANMAT
en
noviembre
385
de
2013,
y
un
estudio
sobre
oseltamivir
en
pacientes
inmunocomprometidos
con
influenza,
a
realizarse
en
el
mismo
hospital,
autorizado
por
ANMAT
en
enero
de
2014;
así
como
el
estudio
de
seguridad
para
cambiar
los
antipsicóticos
existentes
por
bifeprunox
en
pacientes
con
esquizofrenia,
realizado
en
el
Instituto
Neurociencias
de
Mendoza,
y
autorizado
por
ANMAT
en
2009;
fueron
todos
aprobados
por
el
Comité
Independiente
de
Ética
para
Ensayos
en
Farmacología
Clínica
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
y
son
solo
tres
ejemplos
entre
centenares
de
una
cuestión
que
lleva
tantos
años
como
la
existencia
misma
de
nuestro
organismo
regulador
del
medicamento.
Y
esta
situación
se
permite
a
pesar
de
tratarse
de
población
pediátrica
y
psiquiátrica,
altamente
vulnerable,
lo
cual
resulta
extremadamente
grave.
A
estos
comités
hoy
se
les
permite
seguir
actuando
de
hecho
como
si
realizaran
una
suerte
de
habilitación
de
alcance
nacional,
sin
que
esta
función
y
autoridad
se
encuentre
recogida
en
ninguna
norma
que
así
lo
disponga.
Estos
comités,
que
en
modo
mayoritario
aparecen
aprobando
investigaciones
sin
esas
responsabilidades,
representan
una
de
las
graves
fallas
éticas
de
nuestro
sistema
que
debe
ser
rechazada
y
a
la
que
debe
ponerse
fin.
Otros
problemas
que
hacen
posible
la
realización
de
investigaciones
no
éticas
§23.
Otro
de
los
problemas
fundamentales
que
hacen
posible
la
realización
de
investigaciones
no
éticas
es
la
falta
de
acceso
público
y
de
cada
uno
de
los
responsables
del
sistema
a
una
amplia
información
sobre
estos
estudios.
De
ese
modo
las
personas
podrán
tomar
una
decisión
informada
sobre
su
inclusión
o
no
en
una
investigación.
La
transparencia
en
la
información
es
una
clave
fundamental
para
un
sistema
responsable
que
la
administración
pública
debe
garantizar.
§24.
La
restricción
impuesta
por
la
confidencialidad
en
la
evaluación
de
ensayos
clínicos
no
puede
ser
contraria
a
la
protección
de
las
personas,
y
por
eso,
los
comités
de
ética
deben
poder
intercambiar
información
sobre
estos
estudios
cuando
resulte
necesario
para
un
mejor
cumplimiento
de
su
función.
Este
supuesto
debe
afirmarse
en
las
pautas
operativas,
y
quedar
expresamente
recogido
en
los
contratos
que
establecen
los
centros
de
investigación,
los
investigadores
y
los
patrocinadores.
§25.
Para
finalizar:
en
Argentina,
las
normas
existentes
permiten
la
autorización
automática
de
un
fármaco
que
haya
sido
autorizado
en
un
país
de
alta
vigilancia.
Así,
el
Estado
nacional
subroga
su
rol
de
agente
moral
y
protección
de
los
derechos
de
las
personas.
Sin
embargo,
los
países
productores
de
medicamentos
han
ido
flexibilizando
sus
exigencias
regulatorias
ante
el
enorme
poderío
y
crecimiento
acelerado
de
la
industria
farmacéutica
y
sus
estudios,
mientras
ha
crecido
la
complejidad
y
riesgo
de
esos
ensayos
clínicos.
Todo
esto
aumenta
la
desprotección
de
las
personas
en
cualquier
país.
Por
eso
es
que
esta
norma
debe
ser
modificada
y,
al
igual
que
Brasil,
nuestro
país
debe
reservarse
la
potestad
de
evaluar
y
juzgar
en
modo
autónomo
si
una
investigación
tiene
interés
comunitario,
una
relación
riesgo/beneficio
aceptable,
y
es
éticamente
justificable.
386
NEUROCIENCIAS
E
INVESTIGACIÓN
EN/CON
ANIMALES:
MITOS
Y
RETOS
ACTUALES
Marta
Alicia
Bigliardi
Profesora
en
Ciencias
Biológicas
y
Naturales.
Maestría
en
Ética
Aplicada,
especialidad
Bioética
(Tesista).
Miembro
del
Comité
de
Ética
de
Hospital
María
Ferrer
[email protected]
Carmen
Alicia
Cardozo
de
Martínez
DDS,
MSc,
Fogarty
International
Scholar
en
Ética
en
Investigación
Biomédica
y
Sicosocial
OMS/OPS
Univ.
de
Chile.
Profesora
Titular
pensionada
de
la
Univ.
Nac.
de
Colombia,
actualmente
miembro
del
Centro
Interdisciplinario
de
Estudios
en
Bioética,
Vicerrectoría
de
Investigación
Universidad
de
Chile.
[email protected]
Silvina
Lidia
Heisecke
Médica
Veterinaria
Universidad
de
Buenos
Aires.
Profesional
Principal
Carrera
de
Apoyo
a
la
Investigación,
Consejo
Nacional
de
Investigaciones
Científicas
y
Técnicas,
CONICET.
Miembro
Sub-‐Sección
Investigación
y
Rehabilitación
de
Enfermedades
Neurocognitivas,
Sección
Neurología,
Dpto.
Medicina,
CEMIC,
Buenos
Aires,
Argentina.
[email protected]
El
prefijo
“neuro”
se
ha
instalado
ampliamente
en
muchos
ámbitos
de
nuestra
vida
cotidiana.
Neuroética,
neuroeconomía,
neuroeducación
y
neuroimágenes
constituyen
algunos
ejemplos
de
la
forma
en
que
los
conocimientos
generados
en
torno
al
sistema
nervioso
se
han
aplicado
a
otros
campos
y
un
reconocimiento,
quizás
no
suficientemente
asumido,
que
todas
las
actividades
animales,
humanas
y
no
humanas,
están
originadas,
reguladas
y
ejecutadas
gracias
a
la
función
del
sistema
nervioso.
La
ciencia
no
ha
escapado
a
esta
realidad,
por
lo
que
también
contamos
con
el
término
neurociencias.
Un
neófito
podría
deducir
que
las
neurociencias
son
la
rama
de
la
ciencia
que
estudia
a
las
neuronas.
Sin
embargo,
esta
palabra
encierra
un
concepto
mucho
más
amplio.
Si
bien
las
neuronas
ocupan
un
lugar
preponderante,
las
neurociencias
también
abarcan
todos
los
aspectos
de
la
anatomía
y
fisiología
normal
y
patológica
del
sistema
nervioso
central
y
periférico,
el
estudio
del
comportamiento
humano
y
animal,
los
sentimientos
y
la
relación
entre
la
mente
y
el
cerebro.
Los
modelos
experimentales
animales
o
Animales
de
Laboratorio,
han
aportado
mucho
del
conocimiento
actual
en
neurociencias
y
su
ámbito
de
estudio
incluye
al
instinto,
el
aprendizaje,
la
conducta
y
la
cognición
que
engloba
la
memoria
y,
en
el
ser
humano,
al
lenguaje,
la
capacidad
de
cálculo
y
las
funciones
ejecutivas
(programar
y
ejecutar
una
tarea),
entre
otras.
La
investigación
en
neurociencias
se
ha
desarrollado
en
diversos
niveles
de
complejidad,
partiendo
de
los
organismos
completos
y
las
primeras
disecciones
realizadas
en
la
antigüedad,
pasando
por
los
sistemas
orgánicos,
la
utilización
de
órganos
completos
o
parciales
y
llegando
luego
a
los
niveles
tisulares,
celulares
y
moleculares.
El
camino
de
la
construcción
de
conocimiento
ha
pasado
sucesivas
veces
por
la
disección,
la
separación
y
la
búsqueda
del
detalle
pequeño
para
luego
recomponer
esos
datos
y
llevarlos
a
los
mamíferos
mayores
y
primates
hasta
llegar
al
hombre.
Otras
veces,
en
ese
camino,
se
ha
recurrido
al
empleo
de
modelos
teóricos
y
prácticos
in
silica
o
in
vitro
para
llegar
luego
al
nivel
in
vivo
en
diferentes
modelos
animales
como
C.
elegans,
Aplysia
punctata,
renacuajos,
sapos,
embriones
de
pollo,
pequeños
roedores,
perros,
gatos,
cerdos
y
primates,
incluido
el
hombre.
1
La
investigación
hace
que
la
ciencia
y
los
modelos
experimentales,
animales
y
no
animales,
brinden
los
datos
con
los
que
los
neurocientíficos
van
tejiendo
la
telaraña
que
busca
una
verdad.
Las
tecnologías
contemporáneas
nos
tienen
acostumbradas
a
1
Siempre
que
se
hace
referencia
a
un
modelo
experimental
animal,
se
está
colocando
una
variable
a
estudiar
en
un
ser
vivo
que,
por
lo
tanto,
se
considera
experimental.
En
el
caso
de
los
animales
de
laboratorio,
su
uso
no
solo
refiere
a
la
etapa
de
investigación
sino
también
su
cría,
albergue
y
387
obtener
datos
muy
concretos
y
precisos
sobre
valores
y
parámetros
biológicos
pero,
si
hay
algo
que
caracteriza
a
los
seres
vivos,
es
su
capacidad
para
el
cambio
y
la
adaptación.
Por
este
motivo,
biología
y
tecnología
no
terminan
de
coincidir
en
un
punto
común.
Intentaremos,
en
este
capítulo,
revisar
no
exhaustivamente
y
resumir
la
evolución
del
conocimiento
en
torno
al
sistema
nervioso
y
el
rol
que
han
tenido
y
tienen
los
modelos
animales
en
la
generación
de
estos
saberes.
Nos
cuestionaremos
también,
a
la
luz
de
los
conocimientos
actuales
en
neurociencias,
la
validez
de
los
modelos
animales
empleados
en
los
experimentos
y
la
posible
extrapolación
de
los
resultados
obtenidos.
Reiteraremos
los
aspectos
fundamentales
relacionados
con
el
uso
y
cuidado
de
los
animales
en
la
investigación
en
neurociencias
contenidos
en
guías
y
acuerdos
internacionales.
Construyendo
conocimientos
en
neurociencias
Desde
tiempos
inmemoriales,
los
animales,
las
guerras,
las
discapacidades
congénitas
y
adquiridas,
las
enfermedades
y
la
muerte
misma,
han
sido
los
modelos
y
hechos
inspiradores
de
la
búsqueda
y
generación
de
conocimientos;
algunos,
por
esa
condición
tan
humana
de
querer
saber
y
entender,
y
otros
con
la
intención
de
prevenir,
tratar
o
curar
enfermedades.
Por
el
año
1600,
Sir
Francis
Bacon
clasificaba
a
la
investigación
como
experimenta
lucifera,
para
hacer
referencia
a
los
experimentos
que
arrojaban
luz
sobre
un
asunto
y
experimenta
fructifera
para
los
que
rendían
frutos
concretos.
La
distinción
entre
investigación
básica
y
aplicada
resulta
relevante
cuando
nos
adentramos
en
el
análisis
de
los
modelos
animales
en
experimentación,
especialmente
en
el
área
de
las
neurociencias.
Sin
dudas,
uno
de
los
primeros
desafíos
con
los
que
se
enfrenta
un
estudiante
de
carreras
relacionadas
con
las
ciencias
biológicas
y
biomédicas,
es
el
asumir
y
comprender
la
frase
“la
ontogenia
recapitula
la
filogenia”.
No
resulta
sencillo
incorporar
el
concepto
de
que
cada
individuo
está
repitiendo
y
reconstruyendo
la
evolución
de
su
especie.
Más
desafiante
aún
es
tratar
de
construir
la
idea
de
que
un
individuo,
no
solo
está
recapitulando
a
su
propia
especie
sino
que
está
tomando
sucesos,
procesos,
reacciones,
respuestas
que
también
suceden
en
otras
especies
no
siempre
cercanas
en
la
escala
filogenética.
Un
apropiado
ejemplo
para
esta
afirmación
ha
quedado
puesto
en
evidencia
gracias
a
la
investigación
en
neurociencias
con
animales.
La
hormona
concentradora
de
melanina,
conocida
como
MCH
por
las
iniciales
de
su
nombre
en
inglés,
Melanin
1
Concentrating
Hormone,
es
un
péptido
cíclico
de
diecinueve
aminoácidos
que
fue
descripto
originalmente
por
Kawauchi,
en
1983,
en
la
glándula
pituitaria
de
peces
teleósteos
y
relacionado
con
la
regulación
del
color
de
su
tegumento.
Identificado
el
péptido,
se
lo
buscó
en
ratas
de
laboratorio
y
se
lo
encontró
con
funciones
de
neurotransmisión
en
su
sistema
nervioso
central
(SNC).
Las
investigaciones
continuaron
en
el
ser
humano
y
hoy
se
le
reconocen
funciones
relacionadas
con
el
arousal
(término
difícil
de
traducir
2,3
al
español),
el
control
del
sueño
y
la
vigilia
así
como
del
apetito
y
el
peso
corporal,
la
función
reproductiva,
entre
otras.
Un
derrotero
semejante
recorrieron
los
conocimientos
relacionados
con
el
Péptido
Vasoactivo
Intestinal
VIP
(por
su
sigla
en
inglés
4
Vasoactive
Intestinal
Polypeptide)
aislado
originalmente
por
Said
and
Mutt,
en
1970,
del
intestino
delgado
de
cerdo,
luego
identificado
en
la
rata
y
hoy
reconocido
también
como
neurotransmisor
en
el
sistema
nervioso
humano.
cuidado
que
implica
que,
en
condiciones
de
no
experimentación,
el
animal
debe
mantener
condiciones
de
vida
digna
y
adecuada
a
su
especie,
su
fisiología
y
etología.
El
animal,
en
este
caso,
no
es
únicamente
para
la
experimentación
sino
que
tiene
una
nueva
forma
de
vida
dada
por
los
seres
humanos
que
debe
garantizar
su
bienestar
a
la
vez
que
dar
resultados
fiables
y
válidos
para
justificar
éticamente
su
entrega
a
la
investigación.
Estos
animales
nacen,
crecen
y
mueren
en
los
laboratorios,
por
lo
que
ya
no
existe
para
ellos
la
vida
silvestre.
388
El
VIP
es
un
polipéptido
de
veintiocho
aminoácidos
secretado,
principalmente,
por
las
células
de
todo
el
intestino
y
relacionado
originalmente
con
el
control
de
la
secreción
de
electrolitos
y
agua
por
parte
de
la
mucosa
intestinal.
Sin
embargo,
las
sucesivas
investigaciones
continuaron
encontrándole
funciones
tanto
a
nivel
de
diferentes
tejidos
y
su
inervación
periférica
como
también
a
5,6
nivel
del
SNC.
Más
interesantes
se
volvieron
aún
las
neurociencias
cuando
se
describió
al
óxido
nítrico
(NO,
nitric
oxide)
como
una
molécula
gaseosa
sintetizada
a
partir
del
aminoácido
L-‐arginina
por
la
acción
de
la
enzima
óxido
nítrico
sintasa
(NOS,
del
inglés,
nitric
oxide
synthase)
y
se
le
atribuyó
funciones
como
neurotransmisor
y
componente
de
las
vías
de
señalización
que
operan
entre
los
vasos
7
sanguíneos
cerebrales,
las
neuronas
y
la
glía.
La
síntesis
de
NO
a
nivel
del
SNC
está
regulada
por
tres
isoformas
de
NOS:
la
óxido
nítrico
sintasa
endotelial
(eNOS),
la
óxido
nítrico
sintasa
neuronal
(nNOS)
y
la
óxido
nítrico
sintasa
inducible
(iNOS).
La
alteración
de
8,9
las
vías
de
síntesis
de
NO
subyace
en
muchos
mecanismos
de
lesión
cerebral.
Resulta
curioso
que,
en
este
capítulo,
todavía
no
nos
hemos
referido
a
las
neuronas
sino
a
lo
que
ellas
hacen:
sintetizar,
liberar
y
recaptar
neurotransmisores,
siempre
en
relación
al
espacio
sináptico.
Quizás
porque
es
nuestro
conocimiento
más
reciente
y
contemporáneo
que
se
construyó
sobre
la
base
de
la
electrofisiología,
la
ley
del
todo
o
nada,
la
transmisión
del
impulso
nervioso,
las
teorías
de
membrana,
los
balances
de
sodio,
potasio
y
cloro
y
el
estudio
de
la
neurona
aislada.
Cuenta
Eric
Candel,
primer
médico
psiquiatra
en
recibir
el
Premio
Nobel
en
el
año
2000,
por
sus
estudios
en
A.
punctata
relacionados
con
el
aprendizaje
y
la
memoria,
que
cuando
inició
su
formación
en
1955
se
desalentó
mucho
cuando
su
maestro
Harry
Grundfest
le
indicó
que
debía
estudiar
“una
10
célula
por
vez”.
Dice
el
saber
popular
“una
golondrina
no
hace
verano”
y
una
neurona
no
hace
sinapsis...
¿De
qué
vale
una
neurona
si
no
puede
hacer
sinapsis
con
otra
neurona
o
con
un
órgano
receptor
o
un
órgano
efector?
¿Cómo
pensamos
a
la
neurona
hoy?
Como
una
célula
nerviosa,
muy
nerviosa,
aislada
o
como
un
modelo
de
integración
y
comunicación…
Veamos
entonces
otro
aporte
de
la
investigación
con
animales
que
ilustra
esta
invitación
a
la
reflexión.
Existen
líneas
de
trabajo
en
las
que
se
entrena
a
un
primate
no-‐humano
para
cumplir
ciertas
tareas
y
consignas
que
son
“premiadas”
o
“castigadas”
según
el
diseño
del
experimento.
Los
monos
más
“inteligentes”
no
cumplen
las
consignas
y
son
descartados
(seguramente
sometidos
a
eutanasia
u
olvidados
en
una
jaula
con
agua
y
alimento,
hasta
que
puedan
ser
destinados
a
otro
experimento
siempre
que
las
manipulaciones
previas
no
los
hayan
convertido
en
“no
aptos”
para
una
nueva
investigación).
Los
monos
más
sumisos,
aprenden
la
tarea
y
se
les
colocan,
entonces,
electrodos
en
puntos
muy
precisos
del
cerebro,
fijados
al
cráneo,
para
registrar
la
actividad
de
una
única
neurona...
Como
todo
este
proceso
de
preparación
del
sujeto
experimental
puede
llevar
más
de
un
año
solo
se
obtiene,
por
lo
general,
un
único
mono
que
cumple
todos
los
parámetros
fijados
por
el
investigador.
El
resultado
logrado
luego
del
registro
de
la
actividad
de
una
sola
neurona,
de
un
solo
mono,
se
publica
a
posteriori
con
títulos
tales
como
11,12
“Participación
de
las
neuronas
prefrontales
en
tareas
de
memoria”.
Esta
descripción
dista
enormemente
de
la
gran
preocupación
colectiva
de
quienes
usan
y
cuidan
animales
de
laboratorio
en
relación
al
tamaño
de
la
muestra
y
la
validez
del
diseño
estadístico,
situación
que
ha
obligado
a
que
los
Comités
Institucionales
de
Uso
y
Cuidado
de
Animales
de
Laboratorio
(CICUAL
por
su
sigla
en
español,
IACUC
en
inglés)
incluyan
siempre
dentro
de
sus
miembros
a
un
estadístico
con
experiencia
y
conocimiento
en
investigación
con
animales.
389
Apasionantes
las
neurociencias
pero…
¿y
los
animales?
Las
civilizaciones
antiguas
como
los
persas,
los
egipcios
o
los
pueblos
originarios
adoraban
a
algunos
animales,
elegidos
especialmente
por
alguna
característica
que
esa
sociedad
admiraba
como
la
capacidad
para
volar,
tener
mucha
fuerza
o
poder
comer
hierbas
muy
tóxicas
sin
que
les
hicieran
daño.
Las
imágenes
adoradas
podían
estar
representadas
por
un
animal
real,
como
el
toro
que
personifica
al
dios
Baal,
o
modelados
que
combinaban
partes
humanas
con
otras
de
animales
o
partes
de
animales
entre
sí.
Posiblemente
por
admiración
o
por
temor
a
lo
desconocido
eran
considerados
especiales.
En
cambio,
los
antiguos
griegos
pensaban
que
todos
los
entes
o
seres,
todo
lo
que
existía,
se
dividía
en
“personas”
y
“cosas”
con
un
concepto
muy
restringido
de
persona:
solo
lo
eran
los
hombres
libres
jóvenes
que
además
eran
bellos
y
buenos;
el
resto,
mujeres,
niños,
ancianos
y
todos
los
demás
seres
vivos
eran
considerados
cosas
y
no
se
diferenciaban
de
las
rocas
a
las
que
se
les
asignaba
el
mismo
valor.
El
uso
y
el
sometimiento
eran
totales
y
no
se
tenía
cuidado
alguno
con
ellos.
La
tradición
judío-‐cristiana
tuvo
un
enfoque
con
otras
características
según
lo
reflejan
los
textos
sagrados:
Dios
dijo:
“Hagamos
al
hombre
a
nuestra
imagen
y
semejanza
y
que
le
estén
sometidos
los
peces
del
mar
y
las
aves
del
cielo,
el
ganado,
las
fieras
de
la
Tierra
y
todos
los
animales
que
se
arrastran
por
el
suelo”.
Génesis
I,
v
26.
Y
los
bendijo
diciéndoles:
“Sean
fecundos,
multiplíquense,
llenen
la
Tierra
y
sométanla;
dominen
a
los
peces
del
mar
y
a
las
aves
del
cielo
y
a
todos
los
seres
vivientes
que
se
mueven
sobre
la
Tierra”.
Génesis
I,
v
28.
El
hombre
es
el
amo,
todo
le
pertenece.
Con
esta
idea
de
dominación
y
de
pertenencia,
el
hombre
de
nuestra
cultura
se
dispuso
a
usar
a
los
animales,
la
tierra
y
la
Tierra
para
su
servicio,
incluida
la
generación
de
conocimiento.
La
idea
de
“uso”,
se
mantuvo
durante
siglos,
utilizando
a
los
animales
para
lo
que
fuera
menester
ya
sea
carga,
transporte,
abrigo,
alimento,
comercio,
diversión
u
2
objeto
de
estudio.
Hubo
algunos
intentos
de
protección
animal
surgidos
de
comunidades
religiosas
en
el
siglo
XVII,
especialmente
en
comunidades
europeas
protestantes
pero,
en
general,
las
consideraciones
sobre
los
animales
variaron
poco
durante
siglos
y
fluctuaron
entre
cierto
cariño
por
los
animales
domésticos
y
la
indiferencia.
Debieron
pasar
muchos
años
para
que
nuestra
civilización
sufriera
un
quiebre
importante
en
su
forma
de
pensar,
que
ocurrió
luego
de
arrojarse
la
bomba
nuclear
en
Hiroshima
y
Nagasaki.
Hasta
ese
momento,
se
creía
que
la
naturaleza
(y
todo
lo
que
la
constituye)
tenía
un
poder
infinito
de
recuperación.
No
importaba
lo
que
se
hiciese,
la
Tierra
y
toda
la
naturaleza
se
recuperaban
siempre.
Pero
a
partir
de
la
devastación
que
causaron
esas
bombas
nucleares
y
la
ausencia
de
toda
vida
en
los
terrenos
afectados
por
ellas,
durante
cerca
de
veinte
años,
mostró
que
la
naturaleza
acusa
recibo
y
obra
en
consecuencia.
El
desarrollo
científico,
que
para
aquél
entonces
se
fundamentaba
en
la
experimentación
en
seres
humanos,
hecho
que
dio
pie
a
las
primeras
denuncias
y
declaraciones
universales
sobre
respeto
a
las
personas,
especialmente
aquellas
en
condición
de
vulnerabilidad,
generó
un
innumerable
cúmulo
de
investigaciones
en
animales
con
graves
denuncias
de
abuso
y
maltrato,
especialmente
de
perros
2
En
la
actualidad,
el
concepto
de
uso
se
ha
asociado
a
todos
los
procedimientos
técnicos
de
albergue,
diseño
y
desarrollo
de
procedimientos
experimentales,
punto
final,
muerte
sin
dolor
ni
sufrimiento,
conservación
de
especímenes,
etc.,
mientras
que
se
ha
adicionado
permanentemente
el
término
cuidado
para
hacer
referencia
a
las
condiciones
éticas
de
reconocimiento
y
protección
de
los
animales
según
sus
características
etológicas
y
de
bienestar.
390
y
primates.
Esta
situación,
aunque
ha
cambiado,
mantiene
entre
muchos
grupos
sociales
el
imaginario
del
científico
cruel
que
olvida
el
respeto
y
consideración
que
se
debe
a
los
animales
como
parte
integral
del
ecosistema.
La
Segunda
Guerra
Mundial,
al
igual
que
otras
guerras
previas,
trajo
muchas
derivaciones
en
el
pensar
humano
que
involucran
a
la
13
naturaleza
y
a
todos
los
seres
vivos,
entre
los
que
están
obviamente
los
animales
y
también
los
seres
humanos.
El
filósofo
alemán
Hans
Jonas,
refugiado
en
Canadá
y
luego
en
EE.UU.,
extrae
consecuencias
morales
de
sus
estudios
filosóficos
y
comienza
a
desarrollar
una
nueva
ética
de
la
responsabilidad
orientada
al
futuro
y
a
la
subsistencia
de
las
futuras
generaciones
centrada
en
los
problemas
éticos
y
sociales
creados
por
la
tecnología.
El
principio
de
responsabilidad
planteado
por
Jonas es
fundamental
en
el
diálogo
ético-‐filosófico
porque,
partiendo
del
principio
14
“vida”,
se
proyecta
sobre
la
responsabilidad
de
cuidar
la
vida.
La
vida
propia,
la
ajena
y
la
de
todo
el
planeta
siendo,
entonces,
fundamental
a
la
hora
de
considerar
a
la
Naturaleza,
como
la
llama
Jonas,
o
el
medio
ambiente
como
lo
denominamos
actualmente.
Jonas
sostiene
que,
desde
el
“saber”,
el
ser
humano
puede
“accionar”
con
eficiencia.
Esta
afirmación
debía
ser
una
gran
preocupación
de
la
época
porque
también
se
le
atribuye
a
Albert
Einstein
la
frase
“Aquellos
que
tienen
el
privilegio
de
saber,
tienen
la
obligación
de
actuar”.
La
percepción
que
implica
saber,
posibilita
el
“poder”
de
responder
a
las
demandas
del
medio,
modificándolo
o
modificándose.
Jonas
continúa
y
enlaza
la
idea
de
libertad
con
su
principio
de
responsabilidad.
Valorar
la
vida,
reconocer
la
libertad
del
hombre
con
respecto
al
medio
ambiente
y
la
capacidad
de
interaccionar
con
él,
lo
lleva
a
decir:
“El
hecho
de
poseer
el
valor
supremo
de
la
vida
y
de
poder
relacionarse
y
modificarla,
implica
el
deber
de
cuidarla”.
El
principio
de
responsabilidad
de
Hans
Jonas
nos
orienta
a
pensar
que
la
naturaleza,
así
comprendida,
se
determina
como
lo
que
15
debe
ser
“respetado”,
“preservado”
o
“conservado”.
La
ciencia
nos
permite
anticipar,
en
parte,
los
resultados
previsibles
de
nuestras
acciones.
Jonas
toma
en
cuenta,
por
un
lado,
la
extensión
de
nuestros
poderes
y,
por
el
otro,
la
de
nuestros
deberes,
fundando
su
filosofía
de
la
vida
en
una
ética
de
la
responsabilidad.
Esta
nos
impone
transmitir
a
las
generaciones
presentes
y
futuras
un
ambiente
que
permita
que
la
vida
continúe,
es
decir,
pone
en
relevancia
el
derecho
a
la
vida
de
las
generaciones
futuras.
No
carece
de
sentido
preguntar
si
el
estado
de
la
naturaleza
extrahumana,
la
biósfera
en
su
totalidad
y
en
sus
partes,
que
ahora
están
sometidas
a
nuestro
poder,
no
ha
llegado
a
ser
⎯por
eso
mismo⎯
un
bien
confiado
al
hombre.
Y
que
ella
misma
tenga
una
pretensión
con
respecto
a
nosotros,
no
solo
para
nuestro
bien,
sino
igualmente
para
su
propio
bien
y
su
16
propio
derecho.
Esto
conlleva
una
crítica
a
la
idea
moderna
de
apropiación
plena
y
entera
de
la
naturaleza
y
de
lo
producido.
“La
naturaleza
es
ese
bien
común
del
que
se
puede
usar”
pero
que
no
nos
pertenece.
Es
imposible
la
negación
de
la
intervención
del
hombre
sobre
la
naturaleza,
pero
Jonas
ejerce
una
crítica
a
esa
intervención
técnica,
señalando
que
se
puede
usar
pero
no
“abusar”.
La
tierra
es
un
“patrimonio”
común
de
la
Humanidad,
pero
sin
sentido
de
propiedad,
no
nos
pertenece,
por
ello
Jonas
insta
a
regresar
a
la
antigua
idea
de
“usufructo”
para
suplantar
la
idea
de
propiedad.
La
ética
de
la
responsabilidad
de
Jonas
se
funda
sobre
la
solidaridad
creciente,
en
las
interacciones
de
los
hombres
con
la
naturaleza
y
entre
ellos.
Esto
implica
tomar
conciencia
de
lo
común
y
de
la
comunidad
que
formamos
con
nuestro
medio.
Usar
responsablemente
la
naturaleza
es
obrar
con
prudencia,
orientar
y
controlar
la
acción.
La
cuestión
no
es
hacer
menos,
sino
de
otro
modo.
391
El
paradigma
de
esta
idea
de
relación
hombre-‐naturaleza
retorna
a
las
antiguas
concepciones
aborígenes,
de
la
tierra
como
un
bien
prestado,
la
madre
tierra,
que
nos
sirve
de
morada
y
sustento,
pero
que
debemos
devolver
para
uso
de
nuestros
descendientes
sin
deteriorar.
La
ficción
estática
de
la
naturaleza
no
antropomorfizada
es
imposible
de
mantener.
Obliga
permanentemente
a
los
CICUAL
a
deliberar
sobre
la
relación
animal-‐humano,
el
dolor
y
el
sufrimiento
animal,
pero
también
el
sufrimiento
que
puede
padecer
el
mismo
investigador
y
su
equipo
de
trabajo
ante
el
dolor
del
animal,
obligándose
entonces
a
aplicar
todos
los
protocolos
de
analgesia
y
anestesia
para
evitarlo
y
así
proteger
al
animal
y
a
sí
mismo.
Uso,
cuidado,
ética
y
técnica
en
investigación
en
neurociencias
con
modelos
animales
Al
igual
que
en
otros
campos
de
la
investigación
biológica
y
biomédica,
el
uso
de
modelos
animales
experimentales
en
neurociencias
requiere
no
solamente
de
un
trabajo
cuidadoso
en
torno
al
bienestar
del
animal
sino
también
en
la
búsqueda
de
la
validez
y
reproducibilidad
de
los
resultados
de
la
investigación
desarrollada
a
partir
de
su
uso.
Este
es
un
imperativo
ético
pues
solamente
de
esta
manera
se
puede
justificar
su
empleo.
Ello
implica
pensar
necesariamente
en
el
control
de
las
variables
experimentales
que
deben
ser
reducidas
al
máximo
para
lograr
un
diseño
experimental
adecuado.
Ese
control
de
las
variables
tiene
una
relación
directa,
a
la
vez,
con
la
definición
al
máximo
de
las
condiciones
de
producción,
albergue,
cuidado
y
manejo
del
animal
en
los
sitios
de
experimentación.
Por
ello,
al
igual
que
en
la
aplicación
de
otras
metodologías
y
modelos,
se
requiere
un
estricto
control
fijado
por
programas
de
aseguramiento
de
la
calidad
del
modelo
experimental
que,
en
el
caso
de
las
neurociencias,
involucra
respuestas
biológicas
y
comportamentales
del
animal
que
deben
ser
evaluadas
para
responder
a
la
pregunta
del
investigador
quien,
a
su
vez,
debe
contar
con
todo
el
conocimiento
requerido
para
la
investigación
con
ellos.
Si
en
investigación
biomédica
se
requiere
certificación
o
acreditación
para
el
uso
de
animales,
en
neurociencias
es
más
importante
aún
contar
con
investigadores
idóneos
en
cada
campo
de
conocimiento.
En
Europa
y
EE.UU.
se
realizan
certificaciones
por
cada
procedimiento
aplicado
que
deben
renovarse
cada
dos
años
cuando
ellos
recurren
a
métodos
invasivos.
De
allí
que
el
concepto
de
Modelo
Animal
Experimental
o
Modelo
Animal
de
Investigación
es
un
animal
que
cumple
con
ciertos
requisitos
o
estándares
previamente
establecidos
que
garantizan
su
pleno
conocimiento,
su
albergue
y
cuidado
técnica
y
adecuadamente
realizado
y
su
condición
etológica
reconocida
y
asegurada
a
favor
del
bienestar
del
animal.
Es
decir
que
el
animal
que
se
utilice
en
investigación
no
puede
ser
tomado
de
su
medio
natural,
pues
sería
imposible
considerar
la
cantidad
de
variables
que
afectan
su
comportamiento
tanto
biológico
como
relacional,
situación
que
invalidaría
los
resultados
de
la
investigación.
Por
esto,
tanto
las
Guías
de
Cuidado
como
los
principios
del
CIOMS
17,18
y
otras
Directivas
Internacionales
19,20
establecen
que
solo
se
empleen
animales
obtenidos
en
centros
certificados,
garantizando
además
que,
una
vez
obtenidos,
se
mantendrá
la
calidad
de
los
mismos
dando
un
albergue
y
cuidado
adecuados.
Así,
el
animal
experimental
ideal
debería
ser
capaz
de
dar
una
respuesta
fiable
y
reproducible,
fundada
en
su
pureza
vigilada,
controlada
y
contrastada,
al
igual
que
se
hace
con
otros
reactivos
(químicos
o
físicos),
sin
olvidar
su
posible
contaminación
tanto
biótica
como
abiótica
que
puede
generar
un
efecto
distorsionador
sobre
los
resultados
esperados
y/o
observados
en
el
proceso
experimental.
Estos
requisitos
ameritan
el
profundo
conocimiento
del
comportamiento
habitual
de
la
especie
a
la
que
pertenece
el
animal
para
poder
brindar
los
cuidados
de
manera
correcta,
garantizando
la
expresión
fisiológica
y
etológica
propia
de
su
especie
en
un
medio
adecuado
para
ello.
Se
requiere
además
que
haya
homogeneidad
somática,
es
decir,
grupos
de
animales
con
igualdad
de
sexo,
peso
y
edad,
situación
sencilla
de
conseguir
en
roedores
y
pequeños
animales
como
C.
Elegans,
A.
punctata
o
Drosophila
392
melanogaster)
pero
mucho
más
compleja
en
animales
mayores
como
herbívoros,
carnívoros
y
primates.
Así
mismo,
se
requiere
también
homogeneidad
genética
obtenida
por
una
tasa
de
consanguinidad
elevada
que
solo
se
logra
con
el
conocimiento
y
la
experiencia
necesarios
para
realizar
los
cruzamientos
adecuados.
Finalmente
es
imprescindible
la
homogeneidad
sanitaria,
que
implica
la
determinación
específica
de
la
flora
intrínseca
de
los
animales
y
el
uso
de
barreras
tendientes
a
evitar
posibles
contaminaciones
que
influyan
en
la
expresión
genética
del
animal
(genotipo),
condicionando
a
largo
plazo
el
fenotipo
y
a
corto
plazo
el
dramatipo
(estado
físico).
21
22
En
su
libro
Proust
y
la
Neurociencia, Jonah
Lehrer
recopila
trabajos
que
investigan
la
neurogénesis
en
monos
que,
en
un
principio,
se
daba
como
un
hecho
muy
poco
frecuente
pero
luego
se
comprobó
que
ocurría.
Él
comenta
en
una
nota
al
pie:
“Además,
casi
todos
los
primates
viven
en
un
entorno
que
coarta
la
neurogénesis.
Una
jaula
de
aspecto
tristón,
crea
un
cerebro
tristón…”.
Las
neuronas
cambian,
crecen,
establecen
nuevas
conexiones
como
se
puede
observar
en
la
Figura
1.
Figura
1.
Células
del
cerebelo
de
un
ratón
transgénico
(marcadas
en
verde
con
fluoresceína)
junto
a
la
localización
de
un
receptor
metabotrópico
(marcado
en
rojo
con
rodamina).
La
expresión
del
receptor
está
íntimamente
relacionada
con
el
rebrote
de
las
dendritas
primarias
y
espinas
dendríticas
en
primavera.
Los
brotes
maduros
son
expulsados
hacia
la
capa
molecular
manteniendo
el
aspecto
mostrado
en
la
imagen
hasta
bien
entrado
el
otoño.
La
imagen
titulada
“Ya
es
primavera
en
el
cerebelo”
fue
presentada
en
un
concurso
de
fotografía
científica
por
Nagore
Puente,
Dpto.
de
Neurociencias
de
la
Universidad
del
País
Vasco.
Técnica:
microscopía
confocal.
Este
tipo
de
hallazgos
y
observaciones
que
se
han
dado
a
lo
largo
de
la
evolución
del
conocimiento
en
el
campo
de
las
neurociencias,
es
lo
que
nos
invita
a
pensar
sobre
la
validez
de
los
modelos
animales
en
esta
disciplina.
¿Cuánto
de
lo
hallado/medido
en
un
experimento
pertenece
al
animal
y
cuánto
al
ambiente?
¿Cuánto
podemos
extrapolar
a
otras
especies
interactuando
con
otros
ambientes?
¿Quién
y
cómo
determina
la
validez
de
una
investigación
con
animales
que
no
cumplen
con
los
mínimos
estándares
de
bienestar
y
cuidado?
Trabajar
con
Modelos
Animales
Experimentales
requiere
un
nuevo
lenguaje,
un
complejo
conocimiento
que
articule
a
la
biología,
la
antropología,
la
etología,
la
sociología,
el
derecho,
la
estadística,
los
sistemas
complejos,
la
biología
molecular,
la
bioquímica,
la
física
y
una
serie
de
conceptos
que
están
inmersos
dentro
de
esta
que
se
ha
denominado
la
Ciencia
y
tecnología
de
la
experimentación
animal,
la
cual
aún
ni
se
insinúa
en
muchos
países.
También
requiere
nuevas
actitudes,
aptitudes
y
disposición,
pues
quien
trabaja
393
con
animales
experimentales
dentro
de
las
pautas
validadas
a
nivel
internacional,
cumpliendo
con
las
disposiciones
vigentes
desde
hace
más
de
60
años
en
el
mundo
desarrollado,
se
involucra
en
un
mundo
de
sensibilidad
y
respeto
por
todos
los
seres
vivos,
por
el
dolor,
por
el
malestar,
por
el
futuro
del
mundo
y
por
tratar
de
ser
más
tolerantes
y
menos
violentos.
El
trabajo
con
rigor
y
calidad
promovido
por
las
Buenas
Prácticas
de
Laboratorio
obliga
al
investigador
y
su
equipo
a
usar
el
animal
con
los
mayores
estándares
y
a
proteger
todas
sus
respuestas
para
garantizar
sus
resultados
y
mantener
la
dignidad
de
los
animales
utilizando
el
mínimo
requerido
3
sin
sufrimiento
y
recurriendo
a
los
métodos
alternativos
siempre
que
sea
posible.
3R:
Reemplazo,
Reducción
y
Refinamiento
en
la
investigación
en
neurociencias
23
Sara
Blanco,
en
sus
“Reflexiones
morales
sobre
los
animales
en
la
filosofía
de
Martha
Nussbaum”,
plantea
que
el
trato
moral
a
los
animales
no
humanos
ha
pasado
a
ser
una
demanda
social
que
reclama
ser
resuelta
con
urgencia,
antes
que
una
cuestión
de
la
ética
aplicada
solo
asumida
por
algunos
intelectuales.
Ya
en
1955
Russel
y
Bursh
proponían
el
Principio
de
las
3
R
indicando
que,
el
avance
en
el
conocimiento
científico
debe
lograrse
procurando
el
Reemplazo
del
modelo
animal,
la
Reducción
de
la
cantidad
de
animales
utilizados
y
el
Refinamiento
de
los
procedimientos
experimentales.
Sara
Blanco,
citando
a
Martha
Nussbaum,
propone
una
justicia
interespecie
que
asegure
derechos
sociales
básicos
que
incluyan
a
los
animales
no
humanos.
Entre
las
diez
acciones
a
tomar
sugiere
“Emplear
una
metodología
basada
en
la
imaginación”
que
podemos
entenderla
como
un
retorno
a
los
tiempos
de
Ramón
y
Cajal
quien,
sin
poder
contar
con
los
medios
tecnológicos
que
evidenciaran
la
existencia
del
espacio
sináptico
y
el
modo
de
comunicación
de
las
neuronas,
pudo
imaginarlo
y
describirlo
tal
y
como
fuera
22
demostrado
muchos
años
después
con
el
advenimiento
de
la
microscopía
electrónica.
Según
cuenta
Jonah
Lehrer,
Cajal
decía
en
sus
Consejos
para
el
joven
investigador
“quien
no
posea
una
cierta
intuición
de
la
verdad,
cierto
instinto
adivinatorio
para
columbrar
la
idea
en
el
hecho
y
la
ley
en
el
fenómeno,
pocas
veces
dará,
cualquiera
que
sea
su
talento
de
observador,
con
una
explicación
razonable”.
Don
Santiago
Ramón
y
Cajal
lanzó
la
hipótesis
de
los
vacíos
existentes
entre
las
neuronas
y
propuso
que
en
el
cerebro,
al
igual
que
en
los
mapas,
los
lugares
más
interesantes
son
los
espacios
vacíos.
Hoy
podríamos
preguntarnos:
¿Están
realmente
vacíos?
¿Cómo
se
estudia
el
vacío?
¿Su
estudio
podrá
equipararse
al
estudio
del
espacio?
¿Será
tiempo
de
interactuar
con
otras
disciplinas,
con
los
que
estudian
el
espacio…
los
físicos,
los
matemáticos?
4
¿Necesitaremos
incorporar
conceptos
de
la
física
cuántica
recurriendo
a
modelos
como
el
gato
de
Schrödinger,
concebido
en
1935,
que
tiene
la
doble
virtud
de
haber
propuesto
una
idea
desafiante
sin
sacrificar
gato
alguno?
Mientras
que
los
que
trabajamos
en
neurociencias
y
otras
ramas
de
la
biomedicina
estamos
satisfechos
porque
desciframos
el
código
genético
y
encontramos
las
bases
íntimas
de
algunas
enfermedades,
los
físicos
nos
llevan
cuerpos
de
ventaja
descubriendo
partículas
cada
vez
más
pequeñas,
sub-‐atómicas,
que
también
están
en
nuestro
ADN.
¿Podrán
los
animales
ayudarnos
a
integrar
estos
conocimientos?
3
Para
ejemplo
visitar
http://www.bioterios.com/2013/post.php?s=2014-‐07-‐24-‐un-‐software-‐muestra-‐en-‐directo-‐el-‐desarrollo-‐del-‐sistema-‐
nervioso-‐celula-‐a-‐celula
Desarrollo
del
SNC
del
embrión
de
Drosophila
melanogaster.
4
Disponible
en
http://ed.ted.com/lessons/schrodinger-‐s-‐cat-‐a-‐thought-‐experiment-‐in-‐quantum-‐mechanics-‐chad-‐orzel
394
La
primera
condición
del
investigador
que
decida
trabajar
con
animales
de
laboratorio
es
el
respeto
por
la
vida,
por
el
dolor
o
el
sufrimiento
a
que
estos
pueden
ser
sometidos
en
los
experimentos
bajo
su
responsabilidad;
dentro
de
estas
últimas,
se
incluye
la
búsqueda
de
alternativas
al
uso
del
modelo
animal.
Decidido
el
empleo
de
modelos
animales,
consideramos
ineludible
observar
las
normas
emitidas
por
el
Consejo
de
Organizaciones
Internacionales
de
las
Ciencias
Médicas
(CIOMS),
Ginebra,
1985
en
sus
“Principios
Directrices
Internacionales
para
la
Investigación
18
Biomédica
que
Implique
el
Uso
de
Animales”. Transcribimos
a
continuación
las
más
relevantes:
•
•
•
•
•
•
Ya
que
es
imprescindible
para
la
salud
del
hombre
usar
animales
en
el
laboratorio,
este
uso
se
debe
hacer
luego
de
no
poder
reemplazarlo
por
modelos
matemáticos,
simulación
por
computadoras
y
sistemas
biológicos
in
vitro.
Se
deben
realizar
luego
de
la
debida
consideración
de
su
relevancia
para
la
salud
humana
o
animal
y
para
el
avance
del
conocimiento
biológico.
Su
cantidad
no
debe
ser
mayor
que
la
requerida
para
obtener
resultados
científicamente
válidos.
Los
investigadores
y
el
resto
del
personal
deben
tratar
siempre
a
los
animales
como
seres
sensibles
y
deben
considerar
como
imperativo
ético
su
cuidado
y
uso
apropiado,
evitándoles
o
minimizándoles
el
disconfort,
distrés
o
dolor.
Los
investigadores
deben
suponer
que
los
procedimientos
que
causan
dolor
en
los
seres
humanos
también
los
causan
en
otras
especies
vertebradas,
aunque
aún
se
requieran
más
conocimientos
acerca
de
la
percepción
de
dolor
por
parte
de
los
animales.
Los
procedimientos
con
animales
que
puedan
provocar
más
que
un
distrés
o
dolor
mínimo
o
pasajero,
deben
ser
realizados
con
sedación,
analgesia
o
anestesia
de
acuerdo
con
las
prácticas
veterinarias
aceptadas.
No
se
debe
practicar
cirugías
u
otros
procedimientos
dolorosos
en
animales
no
anestesiados
paralizados
con
agentes
químicos.
Varios
filósofos
contemporáneos
se
han
expresado
con
respecto
a
su
concepto
sobre
los
animales.
El
más
notorio
es
Peter
Singer,
australiano
de
origen,
ahora
trabajando
en
EE.UU.,
quien
equipara
a
los
animales
con
los
seres
humanos,
adjudicándoles
derechos
semejantes.
Tal
es
la
equiparación
que
Singer
hace
de
los
animales
con
los
seres
humanos
que
compara
la
lucha
por
sus
derechos
24
con
la
de
los
negros
en
EE.UU.
y
la
de
las
mujeres
por
la
igualdad
de
sexos.
Este
filósofo
es
muy
criticado
por
esta
equiparación.
No
es
posible
afirmar
que
los
animales
son
iguales
a
los
seres
humanos,
por
el
bien
de
ambos.
Cada
especie
se
adapta
a
su
ambiente
y
tiene
necesidades
diferentes,
si
bien
las
básicas
de
alimentación,
hidratación,
conservación
de
la
temperatura
corporal
y
evitación
del
dolor,
aislamiento
y
confinamiento
son
comunes
a
todos
los
animales
humanos
y
no
humanos.
El
sentido
común,
el
menos
común
de
todos
los
sentidos,
nos
puede
ayudar
a
distinguir
estas
situaciones.
Peter
Singer
resalta
la
consideración
o
valoración
moral
de
los
seres
humanos
y
los
animales,
dándole
a
cada
uno
su
individualidad
y
causalidad,
integrándolos
en
un
ecosistema
que
los
generó
y
le
dio
a
cada
uno
su
función
y
papel
dentro
de
ella,
por
lo
que
deberían
considerarse
como
seres
únicos
que
merecen
compartir
la
naturaleza.
25
El
filósofo
Bentham,
basa
nuestra
obligación
de
abstenernos
de
causar
dolor,
displacer
o
angustia
a
los
animales
en
la
capacidad
que
ellos
tienen
de
sentir
dolor.
El
hombre,
con
su
libre
albedrío,
tiene
posibilidad
de
elegir
qué
hacer
y
cómo
hacerlo.
A
los
animales
no
les
permitimos
elegir.
El
poder
del
hombre
lo
obliga
moralmente
a
respetar
al
débil,
al
que
no
puede
defenderse
o
ha
sido
privado
de
su
capacidad
de
defensa.
Hoy,
la
tecnología
médica
cuenta
con
muchas
herramientas
que
posibilitan
estudios
in
vivo
del
sistema
nervioso
humano:
la
secuenciación
genómica,
la
determinación
de
marcadores
biológicos
en
líquido
cefalorraquídeo,
anticuerpos
monoclonales
que
395
ayudan
a
identificar
péptidos,
neurotransmisores
y
receptores,
radioligandos
que
se
unen
a
determinadas
sustancias
y
luego
se
hacen
visibles
mediante
tomografía
por
emisión
de
positrones
(PET
por
su
sigla
en
inglés),
PET
combinado
con
desoxifluoroglucosa
(FDG)
para
medir
consumo
de
glucosa
y
metabolismo
cerebral,
SPECT,
radiografías,
tomografías,
resonancia
magnética
nuclear
y
tractografías
para
evaluar
morfología
del
cerebro
y
resonancia
magnética
nuclear
funcional
para
estudiar
funciones
del
cerebro.
Pruebas
diagnósticas
con
drogas
como
la
de
levo-‐dopa,
electroencefalogramas,
polisomnografías,
electromiogramas.
Y
la
lista
continúa.
En
la
evolución
del
conocimiento
en
neurociencias
hubo
que
descartar
muchas
hipótesis
y
conceptos
como
la
búsqueda
del
neurotransmisor
ideal,
la
idea
de
que
las
neuronas
son
una
estructura
fija
que
no
se
modifica
ni
se
regenera
y
de
que
cada
neurona
sintetiza
un
solo
neurotransmisor
y
hace
sinapsis
solo
con
otra
neurona.
Quizás
los
animales,
en
su
estado
natural,
nos
hayan
mostrado
ya
todo
o
casi
todo
lo
que
podían
pero
los
modelos
transgénicos
ofrecen
un
mundo
aún
no
desarrollado
para
el
estudio
de
enfermedades
neurodegenerativas
como
la
demencia
por
Alzheimer
y
el
Huntington.
La
construcción
del
conocimiento
que
viene
debería
nutrirse
del
esfuerzo
y
el
sacrificio
de
personas
y
animales
que
ya
dieron
su
vida
para
que
hoy
tengamos
incalculables
cantidades
de
hallazgos
y
datos
en
todos
los
idiomas.
Internet
es
a
los
tiempos
actuales
lo
que
a
Gutenberg
cuando
creó
la
imprenta...
La
información
está
en
inglés,
español,
alemán,
ruso,
italiano,
chino,
japonés.
En
la
India
también
se
investiga
y
se
publica
mucho.
Quizás
sea
el
momento
de
darle
las
gracias
a
los
animales,
permitirles
que
se
realicen
y
florezcan
(como
plantea
23
Nussbaum)
y
nosotros,
los
seres
humanos,
sentarnos
a
ordenar
esta
Babel
científica
que
hemos
creado.
Trabajando
en
ambientes
médicos,
son
pocas
o
nulas
las
oportunidades
en
las
que
se
recurre
a
datos
provenientes
de
la
investigación
básica
en/con
animales
para
atender
al
caso
clínico
puntual.
Existe
una
gran
brecha
entre
el
conocimiento
generado
por
la
ciencia
básica
y
el
médico
sentado
frente
a
su
paciente.
Quizás
estemos
transitando
los
tiempos
para
el
gran
desarrollo
de
la
medicina
traslacional.
26,27
Los
grandes
retos
para
la
investigación
en
neurociencias
La
investigación
en
neurociencias
en
América
Latina
está
en
crecimiento
gracias
al
avance
de
los
programas
de
maestría
y
doctorado
en
este
campo.
Esto
invita
a
abrir
nuevas
áreas
de
investigación
que
anteriormente
no
existían,
como
la
relacionada
con
la
cría
y
adecuado
manejo
de
los
animales
de
laboratorio.
El
estudio
de
las
relaciones
mente
y
cerebro
y,
con
ellas,
todas
las
áreas
del
conocimiento
del
sistema
nervioso
central
y
periférico,
requieren
del
empleo
de
animales
de
diversas
especies
y
modelos
que
deben
cumplir
con
estándares
mínimos
de
producción,
albergue,
uso
y
cuidado
comprendidos
dentro
de
pautas
y
guías
de
aceptación
universal.
El
reto
para
nuestra
región
es
la
apertura
de
programas
de
formación
y
entrenamiento
en
Ciencia
y
Tecnología
de
Modelos
Animales
Experimentales
y
la
acreditación
de
centros
que
cuenten
con
animales
certificados
y
claras
políticas
de
bienestar
animal.
El
plantel
profesional
a
cargo
de
los
centros
de
producción
y
entrenamiento
de
los
animales
de
experimentación
debería
incluir
siempre
a
un
etólogo.
Dentro
de
los
programas
de
formación
es
urgente
la
capacitación
de
los
miembros
de
los
CICUAL,
CICUA
O
IACUC.
Así
mismo
estos
Comités
deberían
contar
con
la
conformación
adecuada,
obteniendo
así
no
solo
la
relevancia
para
su
trabajo,
sino
su
independencia
para
contribuir
a
regular
la
investigación
que
se
haga
con
animales,
garantizando
la
aplicación
permanente
del
principio
de
las
Tres
Erres.
396
Podemos
afirmar
que
la
postura
consensuada
en
los
ámbitos
biológicos,
éticos
y
jurídicos,
considera
altamente
a
los
animales
y
les
otorga
un
estatus
digno
de
cuidado
y
respeto.
Adherimos
a
este
concepto
y
acordamos
con
Mahatma
Gandhi
cuando
dice:
“La
grandeza
de
una
nación
y
su
capacidad
moral
se
pueden
juzgar
por
la
forma
en
que
trata
a
los
animales”.
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21.-‐
CARDOZO
de
M.
CA,
y
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El
Animal
como
Sujeto
Experimental.
Aspectos
Técnicos
y
Éticos.
2007
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22.-‐
JONAH
LEHRER.
Proust
y
la
Neurociencia.
Ed.
Paidós.
1ra.
Ed.
2010
23.-‐
SARA
MARTÍN
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Reflexiones
morales
sobre
los
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en
la
filosofía
de
Martha
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Revista
de
Bioética
y
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2012,
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59-‐72
nd
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TOM
REGAN,
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Animal
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1989.
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0-‐13-‐036864-‐4
25.-‐
JEREMY
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Introduction
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the
Principles
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Morals
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XVII
Citado
por
P.
Singer
en:
“ALL
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ARE
EQUAL”
Cap.
1
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Edited
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1989.
ISBN
#
0-‐13-‐036864-‐4.
26.-‐
What
is
Translational
Medicine?
Science
Translational
Medicine,
Integrating
Medicine
and
Science.
http://www.sciencemag.org/site/marketing/stm/definition.xhtml
27.-‐
REYES
S,
TAJIRI
N,
BORLONGAN
CV.
Developments
in
intracerebral
stem
cell
grafts.
Expert
Rev
Neurother.
2015
Mar
5:1-‐13.
28.-‐
CARDOZO
DE
MARTINEZ
CA,
MRAD
DE
OSORIO
A.
Investigación
científica:
una
perspectiva
ética.
En
BIOETICA.
Lolas
S
Fernando
y
De
Freitas
Jose
Geraldo
Editores.
Editorial
Mediterráneo
Santiago
de
Chile
y
Buenos
Aires
Argentina.
ISBN
978-‐956-‐220-‐349-‐4
2013
29.-‐
CARDOZO
DE
MARTINEZ
CA,
MRAD
DE
OSORIO
A.
Ética
en
investigación
con
animales:
validez,
responsabilidad
y
protección.
En
BIOETICA.
Lolas
S
Fernando
y
De
Freitas
Jose
Geraldo
Editores.
Ed.
Mediterráneo
Santiago
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Chile
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978-‐956-‐220-‐349-‐4
2013
30.-‐
CARDOZO
DE
MARTINEZ
CA,
MRAD
DE
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A.
Comités
de
ética
en
investigación:
¿una
necesidad
sentida
o
una
realidad
impuesta?
En
BIOÉTICA.
Lolas
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De
Freitas
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Editores.
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Mediterráneo
Santiago
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978-‐956-‐220-‐
349-‐4
2013
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CARDOZO
DE
MARTINEZ
CA,
MRAD
DE
OSORIO
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Retos
y
dificultades
para
la
conformación
de
comités
institucionales
de
cuidado
y
uso
de
animales
(CICUAL)
en
Colombia.
En
RETOS
Y
DILEMAS
DE
LOS
COMITÉS
DE
ÉTICA
EN
INVESTIGACIÓN.
Velez,
Ruiz
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Torres
Editores
Académicos.
Colección
Textos
de
Medicina
y
Ciencias
de
la
Salud
Editorial
Universidad
el
Rosario.
ISBN
978-‐958-‐738-‐332-‐4
Rustica
ISBN
978-‐958-‐738-‐333-‐1
Digital.
P
295-‐319.
Bogotá,
2013.
398
LA
INVESTIGACIÓN
EN
VACUNAS
Y
ENFERMEDADES
DESATENDIDAS:
¿UN
ASPECTO
RELEGADO
EN
LA
ÉTICA
DE
LA
INVESTIGACIÓN?
Ida
Cristina
Gubert
Profesora
de
Inmunología
y
Bioética.
Coordinadora
del
Comité
de
Ética
en
Investigación
Sector
de
Ciencias
de
la
Salud
Universidad
Federal
do
Paraná.
Brasil.
Contacto:
[email protected]
María
Consuelo
Miranda
Montoya
MD,
MSc
Investigadora
Asociada,
Escuela
de
Medicina,
Universidad
Industrial
de
Santander
Comité
de
ética
CDI,
Colombia
Estela
Quiroz
Malca
MD.
Universidad
Nacional
Federico
Villarreal.
Lima,
Perú
Las
vacunas
son
consideradas
uno
de
los
logros
más
importantes
de
la
ciencia
médica,
han
preservado
un
incontable
número
de
vidas
desde
su
introducción
en
la
práctica
clínica,
hace
más
de
200
años
(Morgan
y
Parker
2007).
Al
principio,
el
objetivo
de
las
vacunas
consistía
en
la
prevención
de
enfermedades
infecciosas
transmisibles.
Posteriormente,
con
el
desarrollo
de
tecnologías,
métodos
de
diagnóstico
y
mejor
conocimiento
de
las
funciones
del
sistema
inmune,
han
pasado
a
ser
utilizadas
como
recursos
terapéuticos.
Por
un
lado,
las
vacunas
han
contribuido
a
controlar
e
incluso
erradicar
enfermedades;
por
otro
lado,
aunque
se
reconocen
sus
bondades,
en
nuestros
días
son
consideradas
villanas
responsables
de
eventos
adversos
serios
y
de
enfermedades
autoinmunes
por
científicos,
clínicos
y
laicos
(Soriano,
Nesher
y
Shoenfeld
2015).
En
el
centro
de
este
debate
está
el
tema
de
las
enfermedades
desatendidas
con
una
demanda
por
nuevas
vacunas
para
condiciones
que
comprometen
la
vida
y
la
calidad
de
vida
de
miles
de
millones
de
personas
viviendo
en
condiciones
de
pobreza
(Hotez
y
Brown,
2009;
Bethony
y
col.,2011).
La
producción
de
vacunas
para
una
variedad
de
enfermedades
transmisibles
conocidas
desde
el
siglo
pasado
ha
contribuido
en
la
reducción
y
control
de
estas.
Sin
embargo,
no
ha
sucedido
lo
mismo
para
condiciones
que
se
constituyen
en
causas
de
significante
morbilidad
y
mortalidad,
especialmente
en
poblaciones
viviendo
en
los
llamados
países
en
vías
de
desarrollo.
I.
Enfermedades
desatendidas
Hace
años
muchas
personas
creían
que
la
antigua
batalla
de
los
humanos
contra
las
enfermedades
infecciosas
había
prácticamente
terminado,
con
la
humanidad
siendo
la
ganadora.
Los
acontecimientos
de
las
últimas
décadas
han
demostrado
la
temeridad
de
esa
posición.
Al
menos
una
docena
de
“nuevas”
enfermedades
fueron
identificadas
(como
el
SIDA,
la
enfermedad
del
legionario,
y
el
síndrome
pulmonar
por
hantavirus)
y
las
enfermedades
tradicionales
que
parecían
estar
“de
salida”
(como
la
malaria
y
la
tuberculosis)
están
resurgiendo.
A
nivel
mundial,
las
enfermedades
infecciosas
siguen
siendo
la
principal
causa
de
muerte,
y
son
la
tercera
causa
principal
de
muerte
en
los
Estados
Unidos.
Está
claro
que
la
batalla
no
se
ha
ganado
(NIH
2007).
La
Organización
Mundial
de
la
Salud
(WHO)
define
enfermedades
tropicales
desatendidas
(ETD)
al
grupo
de
dolencias
causadas
por
categorías
importantes
de
patógenos
como
los
virus
y
las
bacterias,
los
protozoarios
y
los
helmintos
(WHO,
ND)
mientras
en
el
Instituto
Nacional
de
Salud
de
los
Estados
Unidos
(NIH)
se
puede
encontrar
la
definición
para
enfermedades
emergentes
y
re-‐
emergentes
(NIH,
2007).
399
Bethony
y
col.
(2011)
establecen
una
diferencia
entre
enfermedades
desatendidas
(ED)
y
enfermedades
tropicales
desatendidas
(ETD);
para
estos
autores
Tuberculosis,
Malaria
y
VIH
son
enfermedades
desatendidas
mientras
Dengue,
Cólera,
infecciones
parasitarias
entéricas,
Chagas,
amebiasis,
Leishmaniosis
y
Leptospirosis
son
enfermedades
tropicales
desatendidas.
Las
enfermedades
infecciosas
emergentes
son
enfermedades
que
no
han
tenido
lugar
en
los
seres
humanos
antes
(este
tipo
de
emergencia
es
difícil
de
establecer
y
es
probablemente
poco
frecuente);
se
han
producido
con
anterioridad,
pero
solo
afectaban
a
un
pequeño
número
de
personas
en
lugares
aislados
(como
el
SIDA
y
la
fiebre
hemorrágica
del
Ébola);
o
se
han
producido
a
lo
largo
de
la
historia
humana,
pero
solo
han
sido
recientemente
reconocidas
como
distintas
enfermedades
debidas
a
un
agente
infeccioso
(enfermedad
de
Lyme
y
las
úlceras
gástricas
por
ejemplo).
Se
identifican
con
diversas
etiologías:
priónica,
viral,
bacteriana,
micótica
o
parasitaria;
en
diferentes
poblaciones
de
riesgo,
con
diferentes
vías
de
transmisión,
historia
natural
y
eco-‐epidemiología.
Las
llamadas
re
emergentes,
son
aquellas
afecciones
infecciosas
conocidas
que
reaparecen
después
de
una
disminución
significativa
de
su
incidencia
(Weissenbacher
M
y
col.).
Son
enfermedades
que
antes
eran
problemas
importantes
de
salud
a
nivel
mundial
o
en
un
país
determinado,
y
luego
se
redujeron
drásticamente,
pero
son
cada
vez
más
problemas
de
salud
en
una
proporción
significativa
de
la
población
(la
malaria
y
la
tuberculosis
por
ejemplo).
En
el
texto
las
enfermedades
emergentes,
re-‐emergentes
y
tropicales
serán
abordadas
como
el
tema
genérico
de
desatendidas.
Las
enfermedades
desatendidas
son
consideradas
como
una
tríada:
huésped,
patógeno
y
ambiente.
Las
características
del
huésped
comprenden
edad,
nutrición,
genética,
cultura
y
comportamiento
entre
otras,
mientras
que
las
de
los
patógenos
son
la
resistencia
a
drogas
y
al
sistema
inmune
del
huésped,
el
tejido
afectado;
algunos,
como
lo
helmintos,
son
muy
bien
adaptados
a
sus
huéspedes,
animales
o
humanos,
poseen
un
ciclo
de
vida
complejo
y
presentan
cambios
en
sus
antígenos.
Para
el
ambiente,
las
condiciones
como
saneamiento
básico
e
higiene,
accesibilidad,
oportunidad
y
calidad
de
los
servicios
de
salud
son
absolutamente
importantes.
Algunos
programas
de
control
de
vectores
son
eficientes
para
control
y
eliminación
de
estas
enfermedades
(Bioventures
2011,
Massad
2007);
sin
embargo
puede
surgir
la
resistencia
a
insecticidas
presentando
dificultades
adicionales
(Bioventures
2011,
Hotez
y
Brown
2009)
además
de
la
toxicidad
para
humanos
y
daños
al
ambiente.
Por
otra
parte
las
enfermedades
infecciosas
transmitidas
por
vectores
requieren
de
una
estrategia
global
integral
para
su
control,
lo
cual
implica
la
inversión
de
recursos
económicos
y
la
sostenibilidad
de
los
estrategias.
Enfermedades
emergentes
como
el
síndrome
respiratorio
agudo
y
grave
(SARS,
por
sus
siglas
en
inglés),
virus
de
la
inmunodeficiencia
humana
(VIH),
gripe
aviar-‐porcina,
virus
de
papiloma
humano
(VPH)
y
gripe
ofrecen
a
la
industria
farmacéutica
incentivos
para
la
producción
de
nuevas
drogas
y
vacunas,
porque
inciden
de
manera
dramática,
frecuentemente
con
altas
tasas
de
mortalidad,
aparecen
súbita
y
inesperadamente,
amenazan
las
poblaciones
de
los
países
ricos
y
así
se
constituyen
en
un
buen
mercado
y
con
un
retorno
financiero
asegurado
(Hotez
2011).
Los
países
desarrollados
tienen
reglamentos
que
ayudan
a
proteger
al
público
en
general
de
las
enfermedades
infecciosas.
Medidas
de
salud
pública
que
suelen
incluir
la
eliminación
del
patógeno
a
partir
de
su
depósito
o
de
su
ruta
de
transmisión.
Estas
medidas
incluyen
garantizar
un
suministro
de
agua
potable,
la
gestión
eficaz
de
tratamiento
y
disposición
de
aguas
residuales,
y
el
inicio
de
los
programas
de
vacunación
de
seguridad
alimentaria,
control
de
animales.
400
Las
enfermedades
desatendidas
se
encuentran
actualmente
bajo
la
atención
del
mundo
globalizado
porque
acentúan
la
pobreza
y
representan
un
importante
desafío
para
la
seguridad
global
y
los
derechos
humanos
fundamentales
(Hotez,
Fenwick,
Savioli
y
Molyneux
2009)
y
la
reciente
epidemia
de
Ébola
es
un
buen
ejemplo
de
la
desatención
para
con
enfermedades
emergentes
y
desatendidas
que
sin
embargo,
por
su
magnitud,
resultó
en
una
tentativa
de
toma
de
decisiones
internacional
apresurando
la
disponibilidad
de
una
vacuna
preventiva
(Ledgerwood
y
col.
2014).
Nuevas
drogas,
nuevas
herramientas
de
diagnóstico
y
vacunas,
saneamiento
básico
adecuado,
acceso
a
agua
potable,
nuevas
modalidades
de
prevención
y
tratamiento,
constituyen
el
pilar
de
los
esfuerzos
para
la
eliminación
global
de
enfermedades
desatendidas
(Barry
y
col.
2013,
Wharan
y
Lazarou
2013,
McCarty
y
col.
2014).
De
acuerdo
a
Hotez
y
col.
(2009)
dos
o
tres
billones
de
una
economía
de
US$
100
trillones
deben
ser
considerados
un
mecanismo
modesto,
aun
altamente
eficaz
para
aliviar
la
pobreza
de
las
personas
viviendo
en
el
nivel
más
bajo
de
pobreza.
James
Wilson
(Wharan
y
Lazarou
2013)
hace
mención
al
hecho
de
que
aparentemente
se
considera
que
una
vida
futura
es
de
menor
valía
que
una
vida
en
el
momento
presente,
dado
que
muchas
estrategias
de
salud
actual
implícitamente
asumen
que
salvar
una
vida
en
la
actualidad
es
más
valioso
que
salvar
una
vida
en
el
futuro,
concluye
afirmando
que
la
inversión
en
la
erradicación
de
enfermedades
podría
ayudar
tanto
a
las
poblaciones
presentes
como
a
las
futuras.
En
los
países
en
desarrollo,
donde
las
enfermedades
desatendidas
son
prevalentes,
la
mala
nutrición
es
una
realidad
y
puede
ser
un
factor
limitante
para
vacunar
a
los
niños
(WHO
2013).
Las
enfermedades
desatendidas,
prevalentes
en
países
pobres,
actualmente
llaman
la
atención
del
mundo
globalizado
así
como
de
las
organizaciones
de
salud.
Tanto
las
vacunas,
como
la
administración
masiva
de
drogas
(MDA,
por
sus
siglas
en
inglés),
control
de
vectores,
higiene,
medidas
de
saneamiento
y
educación
deben
estar
asociados
si
el
propósito
es
eliminar
y
controlar
las
enfermedades
desatendidas.
II.
Epidemiología
Las
enfermedades
desatendidas
representan
un
grupo
de
infecciones
que
afectan
aproximadamente
a
un
billón
de
personas
que
viven
debajo
de
la
línea
de
pobreza
(Hotez
y
Brown
2009,
Hotez
y
col.
2009)
y
el
impacto
en
las
distintas
comunidades
varía
dependiendo
de
la
región
geográfica
donde
viven
(Bethony
y
col.
2011).
Datos
de
las
OMS
indican
que
6.6
millones
de
niños
menores
de
cinco
años
de
edad
murieron
en
el
año
2012
principalmente
por
condiciones
que
podrían
ser
prevenidas
o
tratadas
con
acceso
a
medidas
simples
y
de
bajo
costo.
La
diarrea
y
la
malaria
son
dos
causas
importantes
de
mortalidad
infantil
y
la
desnutrición
constituye
el
factor
subyacente
en
aproximadamente
45%
de
los
óbitos
en
la
niñez,
hecho
que
torna
los
niños
especialmente
vulnerables
(WHO
2013).
Las
enfermedades
causadas
por
parásitos
como
protozoarios
y
helmintos
tienden
a
cursar
crónicamente
produciendo
discapacidades,
las
cuales
son
importantes
razones
por
las
que
las
personas
no
logran
salir
de
su
condición
de
atrapadas
en
la
pobreza
(Hotez
y
Brown
2009,
Hotez
y
col.
2009),
mientras
que
otras
enfermedades
desatendidas,
especialmente
aquellas
causadas
por
virus
como
Fiebre
Ébola,
Fiebre
Lassa,
SARS,
cursan
de
forma
aguda
y
fulminante,
en
brotes,
diseminándose
a
gran
escala
(NIH
2007)
e
impactan
tanto
a
países
desarrollados
como
aquellos
en
vías
de
desarrollo.
401
Las
enfermedades
re-‐emergentes
como
tuberculosis
y
malaria
“resurgen”
como
resultado
de
multiresistencia
a
drogas
entre
otros
factores,
y
la
rabia
por
la
inadecuada
profilaxis
pre
o
postexposición
y
con
respecto
a
difteria
y
pertussis
por
interrupción
de
los
procesos
de
inmunización
(NIH
2007).
Los
países
en
desarrollo
sufren
particularmente
de
muchas
enfermedades
infecciosas
debido
a
condiciones
de
hacinamiento
y
falta
de
higiene
que
son
ideales
para
el
crecimiento
y
la
propagación
de
agentes
patógenos.
Lo
mismo
es
cierto
para
muchos
entornos
interiores
de
las
ciudades.
Estos
lugares
son
un
reservorio
constante
de
agentes
causantes
de
enfermedades.
Condiciones
como
los
conflictos
internos,
falta
de
educación,
inexistencia
de
agua
potable
y
saneamiento
básico,
calidad
de
las
viviendas,
actividades
de
guerrilla,
tráfico
de
drogas,
regímenes
autoritarios,
falta
de
respeto
a
los
derechos
humanos,
marginalización
de
grupos
étnicos,
poblaciones
vulnerables
como
refugiados,
migrantes
y
minorías
étnicas
son
factores
determinantes
para
la
prevalencia
o
reemergencia
de
enfermedades
desatendidas
(Hotez,
Fenwick,
Savioli,
Molyneux
2009,
Bethony
y
col.
2011).
En
este
contexto
los
patógenos
encuentran
condiciones
ideales
para
su
propagación
y
diseminación
entre
las
personas
causando
enfermedades
fulminantes
o
crónicas,
de
curso
lento
o
rápido,
dependiendo
del
modo
de
transmisión.
III.
Vacunas
y
nuevas
drogas
El
final
del
siglo
XIX
y
principios
del
siglo
XX
se
considera
como
la
edad
de
oro
del
desarrollo
de
las
vacunas
y
los
70
años
subsecuentes
han
sido
testigos
del
diseño
de
vacunas
preparadas
con
patógenos
atenuados
e
inactivados,
como
toxoides,
subunidades,
cultivo
celular
y
por
tecnología
de
DNA
recombinante
(Ada
y
Ramsay
1997)
y
vectores
virales
(Bioventures
Report
2011).
La
necesidad
de
inversiones
para
el
desarrollo
de
nuevas
drogas
y
vacunas
para
las
enfermedades
desatendidas
es
conocida
desde
hace
tiempo
(Weber
y
Kremer
2001,
Stefanakis
et.al.
2012).
Sin
embargo,
aunque
se
considera
importante
la
carga
que
representan
las
enfermedades
desatendidas
para
la
población
afectada,
cuando
se
trata
de
inversiones
de
capital
financiero
e
intelectual
que
podrían
ser
destinados
al
proceso
de
investigación
y
desarrollo
de
nuevas
terapias
y
campañas
de
salud
pública
el
tema
está
sub
representado
(Bonney
2013;
Oprea,
Braunack-‐Mayer
y
Gericke
2014).
Además,
se
necesitan
inversiones
con
el
fin
de
mejorar
las
vacunas
y
los
adyuvantes
ya
disponibles
(O´Hagan
2007,
Muzundar
y
Cline
2009).
Algunas
de
las
barreras
que
imponen
límites
al
involucramiento
de
la
industria
farmacéutica
en
la
investigación
y
desarrollo
de
vacunas
y/o
nuevas
drogas
para
las
infecciones
desatendidas
están
ampliamente
descritas
en
la
literatura
(Research
and
Development
(R&D)).
Entre
dichas
barreras
importantes
encontramos:
la
no
comprensión
de
algunas
de
estas
enfermedades
y
la
complejidad
científica
y
tecnológica
involucradas;
las
condiciones
de
debilidad
económica,
social
y
de
salud
en
los
países
en
desarrollo;
el
temor
al
rompimiento
de
la
propiedad
intelectual;
el
hecho
de
que
no
estén
identificadas
dentro
de
las
prioridades
de
investigación
y
el
bajo
retorno
financiero
(Weber
y
Kremer
2001;
Butler
2010;
Stefanakis,
Robertson,
Ponder
y
Moree
2012;
Oprea
y
col.
2014).
Benatar
(2013)
comenta
el
papel
de
las
distorsiones
de
valores
y
la
pérdida
de
oportunidades
para
priorizar
tratamientos
eficaces,
que
aplicados
rápidamente
resultarían
en
mejora
de
vida
para
muchas
personas
desatendidas
en
sus
necesidades
básicas
de
salud.
402
Los
ensayos
clínicos
para
estudiar
nuevas
drogas
y
vacunas
son
largos
y
costosos
(Muzundar
y
Cline
2009,
Bergquist
y
Lustigman
2010,
Bioventures
Report
2011,
Bethony
y
col.
2011,
Hotez
y
col.
2013)
siendo
6
a
11
años
el
promedio
para
la
producción
de
una
nueva
droga,
y
para
una
vacuna
entre
6
a
12
años,
agregando
12
a
18
meses
para
obtener
el
registro
en
las
agencias
regulatorias
(Stefanakis
y
col.
2012).
Además
de
la
necesidad
de
un
seguimiento
a
largo
plazo
durante
el
ensayo,
para
controlar
eventos
adversos,
hecho
que
representa
un
aumento
en
los
costos
(Kulkarni,
2013).
Muzundar
y
Cline
(2009)
comentan
el
declive
en
la
producción
de
vacunas
no
solo
desde
el
número
de
laboratorios
productores
sino
también
en
la
cantidad
de
inmuno
biológicos
disponibles,
lo
que
lleva
a
la
interrupción
en
el
suministro;
de
la
misma
forma,
una
publicación
de
Bioventures
(2011)
muestra
que
desde
el
año
2000
hasta
2009,
26
nuevos
productos
han
sido
aprobados
para
enfermedades
tropicales,
de
los
cuales
apenas
tres
eran
vacunas.
Kappagoda
y
Ioannidis
(2014)
refieren
que
al
realizar
una
investigación
en
una
base
de
datos
para
ensayos
aleatorizados
encontraron
pocos
estudios
para
prevención
o
control
de
importantes
enfermedades
desatendidas.
Aspectos
éticos
En
la
evaluación
de
la
eficacia
de
las
vacunas
para
enfermedades
desatendidas
van
a
surgir
situaciones
que
implican
aspectos
éticos,
dado
que
estas
son
prevalentes
en
poblaciones
marginadas,
con
escasos
recursos,
y
que
no
van
a
representar
ganancias
para
los
patrocinadores.
Las
pautas
internacionales
(CIOMS,
1993)
preconizaban
que
los
ensayos
con
vacunas
deberían
ser
realizados
en
los
países
de
origen
del
laboratorio
productor,
con
el
objeto
de
proteger
a
la
población
vulnerable,
de
riesgos
inherentes
a
los
ensayos;
sin
embargo,
algunas
cepas
de
los
patógenos
en
estudio
no
existían
en
tales
países
de
modo
que
la
investigación
en
los
países
en
vías
de
desarrollo
se
configuraba
como
un
beneficio
para
la
población.
Por
otro
lado
según
Levine
(2005)
las
agencias
y
organizaciones
internacionales
pueden
evaluar
las
necesidades
de
salud
de
un
país
a
través
de
estudios
epidemiológicos;
sin
embargo,
las
prioridades
en
salud
de
los
mismos
deberían
ser
establecidas
por
los
gobiernos
de
cada
país.
Este
autor
comenta
que
un
factor
importante
a
ser
considerado
en
los
ensayos
para
producir
vacunas,
es
la
capacidad
del
país
huésped
de
mantener
el
producto
de
la
investigación
disponible
para
su
población
una
vez
terminado
el
ensayo.
Dado
el
caso
de
que
el
país
no
disponga
de
condiciones
para
mantener
la
disponibilidad
esto
significará
que
no
se
hizo
una
adecuada
evaluación
de
las
posibilidades
reales
del
país.
Antes
de
su
liberación
para
uso
en
las
poblaciones,
la
seguridad
y
la
eficacia
de
las
vacunas
normalmente
son
evaluadas
en
ensayos
aleatorizados,
controlados,
que
son
considerados
el
patrón
de
oro
para
estas
evaluaciones.
Sin
embargo,
los
ensayos
con
vacunas
para
las
cuales
no
existe
un
patrón
a
comparar
suscitan
cuestionamientos
en
relación
al
empleo
obligado
del
placebo
(
OMS,
2013).
Por
consiguiente,
expertos
de
la
OMS
(2013)
establecieron
un
protocolo
de
orientaciones
sobre
el
uso
de
placebo
en
ensayos
de
vacunas.
Kulkarni
(2013)
argumenta
que
en
algunos
casos
la
comparación
del
nuevo
inmuno
biológico
con
una
vacuna
no
relacionada
puede
ser
benéfico
y
cita
como
ejemplo
la
comparación
del
ensayo
para
la
Encefalitis
Japonesa
con
una
vacuna
para
rabia
en
el
403
grupo
control.
El
mismo
argumento
de
equidad
puede
ser
verdadero
para
la
vacuna
contra
cólera
en
Haití
en
que
la
población
pobre
y
marginalizada
podría
recibir
una
vacuna
antes
de
que
una
nueva
ola
de
epidemia
empezara
(Bioventures,
2011).
Sin
embargo,
los
ensayos
clínicos
pueden
evaluar
apenas
la
inmunogenicidad
de
una
vacuna
y
en
estos
casos,
las
reglas
de
equidad
se
pueden
perder
y
la
vacuna
comparadora
tendría
apenas
la
función
de
compensación
(Kulkarni,
2013).
Los
accidentes
post-‐vacunales
suelen
ser
un
importante
problema,
especialmente
en
niños.
(Kulkarni,
2013).
De
esta
forma,
la
calidad
y
seguridad
de
las
vacunas
deben
ser
demostradas
en
los
ensayos
clínicos
y
los
investigadores
deben
considerar
criterios
de
inclusión
y
exclusión
bastante
restrictivos,
con
el
objetivo
de
disminuir
las
dificultades
relativas
a
la
seguridad
de
las
vacunas
(Myers
y
Pineda,
2009;
Kwok,
2011)
y
como
forma
de
minimizar
los
riesgos
previsibles.
Los
eventos
adversos
deben
anticiparse
con
mayor
énfasis
en
los
niños
que
en
los
adultos
y
por
lo
tanto,
un
seguimiento
a
largo
plazo
es
necesario
por
lo
menos
hacia
el
final
del
ensayo
(Kulkarni,
2013)
además
de
considerarse
la
necesidad
de
alguna
intervención
(Bioventures
Report,
2011).
Westra
y
col.,
(2013)
comentan
la
importancia
de
tener
en
cuenta
las
molestias
que
podrían
presentar
los
niños
que
participan
en
los
ensayos
clínicos
para
vacunas,
independientemente
de
los
riesgos
del
ensayo
en
sí
mismo.
Macklin
(2007;2009)
se
refiere
a
las
cuestiones
éticas
en
las
investigaciones
de
las
vacunas
para
VIH
cuando
habla
de
los
riesgos,
previstos
y
no
previstos
y
del
estándar
de
cuidados
para
los
participantes
en
estas
investigaciones,
las
que
también
son
válidos
cuando
se
prueban
otras
vacunas.
Kwok
(2011)
argumenta
que
la
eliminación
de
riesgos
es
imposible,
y
que
sin
embargo,
estos
son
superados
por
los
beneficios;
considera
también
que
hay
susceptibilidades
individuales
a
eventos
adversos
no
solo
para
vacunas
sino
que
también
para
medicamentos.
En
este
contexto
se
sitúa
también
el
debate
sobre
los
aspectos
éticos
y
morales
de
vacunar
a
los
niños
varones
con
la
vacuna
para
el
virus
del
papiloma
humano
(VPH)
(Luyten
y
col.,
2014).
Por
lo
tanto
se
deberían
considerar
niveles
éticos
consistentes
de
modo
que
los
riesgos
y
beneficios
sean
igualmente
distribuidos
(Barry
y
Molyneaux,
1992)
o,
conforme
lo
señalado
por
Macklin
(2003),
debido
a
que
ante
la
no
existencia
de
mecanismos
para
controlar
la
investigación
en
estas
circunstancias
podría
tornar
a
las
poblaciones
aún
más
vulnerables.
En
relación
a
este
tema
J.
Skola,
director
general
de
el
instituto
Nacional
de
Salud
y
Bienestar
de
Finlandia
dice:
“Las
vacunas
son
productos
biológicos
con
efectos
biológicos.
Nosotros
nunca
podremos
asegurar
que
son
100%
seguras”.
(Kwok,
R.
The
real
issues
in
vaccine
safety.
Nature,p.
473,
6
May,2011).
Otro
aspecto
a
ser
tomado
en
consideración
es
el
relacionado
al
Consentimiento
informado,
en
este
sentido
y
dado
que
las
enfermedades
desatendidas
las
padecen
los
habitantes
de
los
países
más
pobres,
se
podría
esperar
niveles
más
bajos
de
comprensión
del
propósito,
validez
y
beneficios
de
los
ensayos.
Por
consiguiente
se
deberán
tomar
en
cuenta
los
aspectos
culturales
de
la
comunidad
en
la
elaboración
y
en
el
proceso
de
toma
del
consentimiento.
Barry
y
Molyneaux
(1992)
hacen
un
abordaje
de
algunos
dilemas
éticos
en
los
ensayos
clínicos
para
el
desarrollo
de
una
nueva
droga
y
una
vacuna
para
malaria,
404
entre
las
que
figuran:
las
dificultades
para
la
obtención
del
consentimiento
informado
en
distintas
culturas,
conseguir
el
involucramiento
de
la
comunidad,
además
del
deseo
de
las
personas
de
participar
en
los
ensayos
clínicos.
La
participación
de
la
comunidad
facilita
la
adherencia
y
la
retención
de
los
participantes
(Macklin,
2009).
Considerando
la
visión
utilitarista,
mientras
la
comunidad
esté
protegida,
también
lo
estarían
las
personas
que
por
distintas
razones
no
pueden
ser
vacunadas,
como
los
inmuno
comprometidos,
que
se
beneficiarán
del
altruismo
de
aquellos
que
se
someten
a
recibir
las
vacunas
en
los
ensayos
clínicos.
Los
niños
por
definición,
son
vulnerables
y
Kulkarni
(2013)
describe
algunas
de
las
dificultades
éticas
relacionadas
con
los
ensayos
en
pediatría,
como
el
consentimiento
firmado
por
los
padres
o
responsables
legales
y
la
correcta
comprensión
de
los
términos
científicos
y
del
proceso
involucrado
en
los
ensayos
clínicos,
agravados
por
el
equívoco
de
los
padres
que
pueden
percibir
una
ventaja
económica
por
la
participación
de
sus
hijos
en
los
mismos.
Así,
surgen
algunas
preguntas:
¿Cuál
es
la
eticidad
de
permitir
la
participación
de
niños
en
estos
ensayos
clínicos?
O
al
revés,
¿sería
ético
no
permitir
la
participación
de
niños
en
estos
ensayos?
¿Serían
los
niños
más
vulnerables
por
participar
en
los
ensayos
clínicos
para
vacunas?
y
¿cómo
abordar
los
eventos
adversos
que
pueden
resultar,
dado
que
el
sistema
inmune
puede
no
estar
preparado
para
el
desafío?
Otro
tema
importante
es
el
que
se
refiere
al
consentimiento
otorgado
por
los
responsables
de
albergues
para
niños
institucionalizados
(Srinivasan,
2011;
Kulkarni
(2013).
Una
alternativa
presentada
por
Kulkarni
(2013)
que
ya
se
ha
utilizado
en
ensayos
de
nuevas
vacunas
como
la
del
dengue,
es
un
escalonamiento
por
edad
para
los
ensayos
de
fase
I
y
II,
empezando
con
adultos,
pasando
por
niños
y
finalizando
en
bebés.
En
esta
situación,
es
importante
tener
en
cuenta
la
epidemiología
de
la
enfermedad,
los
riesgos
y
beneficios
de
la
vacuna
para
cada
grupo
de
edad
y
el
perfil
de
seguridad.
El
autor
también
argumenta
que
si
la
vacuna
será
utilizada
solo
en
los
bebés,
los
niños
mayores
estarían
innecesariamente
expuestos
a
los
riesgos,
sin
beneficios
directos,
ante
esta
situación
se
deben
tener
en
cuenta
otros
aspectos
como:
la
inmunidad
de
grupo,
colectiva
o
de
rebaño
(herd
immunity)
que
es
la
protección
de
una
determinada
población
ante
una
infección
debido
a
la
presencia
de
un
elevado
porcentaje
de
individuos
que
han
sido
vacunados
y
que
por
lo
tanto
son
inmunes
a
la
misma.
Los
estudios
con
adolescentes
también
presentan
retos
éticos,
legales
y
operacionales
porque
aunque
estos
sean
intelectual
y
mentalmente
capaces
de
dar
su
consentimiento
no
tienen
el
derecho
legal
de
hacerlo
(Kulkarni,
2013).
El
embarazo
es
otro
tema
relevante
y
las
pruebas
empleadas
para
su
detección
en
una
adolescente
pueden
ser
culturalmente
complejas
en
ciertas
sociedades
o
comunidades
(Kulkarni,
2013).
Retomando
el
tema
de
la
vulnerabilidad
de
las
poblaciones,
esta
se
considera
también
muy
importante.
Se
define
individuos
vulnerables
a
aquellos
incapaces
de
negarse
a
participar
en
un
ensayo
clínico,
incapaces
de
firmar
un
consentimiento
válido
ó
que
pueden
estar
sujetos
a
inducción,
coerción,
explotación,
entre
ellos
los
bebés,
niños,
enfermos,
mujeres
embarazadas,
individuos
mentalmente
comprometidos,
prisioneros
y
los
pertenecientes
a
las
fuerzas
armadas
entre
otros
(Greco,
1999;
Macklin,
2003).
También
personas
que
viven
bajo
condiciones
de
analfabetismo,
carencia
de
salud,
viviendas
inadecuadas,
sin
saneamiento
básico
se
encuentran
en
condiciones
de
vulnerabilidad.
405
Al
respecto
Florencia
Luna
(2009),
propone
que
la
vulnerabilidad
no
es
un
concepto
fijo
en
una
población
en
particular,
sino
que
existen
situaciones
que
se
suman
agregando
vulnerabilidades
a
personas
bajo
condiciones
inadecuadas
de
asistencia
a
las
necesidades
básicas.
Almeida
(2009),
en
su
estudio
con
una
población
vulnerable
en
Brasil,
que
participaba
en
un
ensayo
clínico
de
cohortes
de
fase
I
para
una
vacuna
para
ancilostomídeos
revela
aspectos
interesantes
mostrando
que
los
participantes
tenían
muy
claro
conceptos
como
autonomía
así
como
sus
expectativas,
riesgos
y
beneficios
y
sus
motivaciones
para
participar
del
ensayo.
A
modo
de
reflexión
La
aplicación
de
medidas
que
serían
benéficas
a
todas
las
comunidades
y
que
incluyen
educación,
definición
de
prioridades,
inversiones
en
las
necesidades
básicas,
políticas
de
salud
pública,
control
de
vectores,
viviendas
de
calidad,
saneamiento
básico,
agua
potable
y
vacunas
son
una
cuestión
de
justicia,
especialmente
para
las
áreas
menos
privilegiadas.
La
prevención
y
erradicación
de
enfermedades
demandan
voluntad
política
y
una
cantidad
significativa
de
inversiones
en
cuidados
de
salud,
medidas
de
saneamiento,
nuevos
medicamentos
y
vacunas.
Sin
embargo,
las
indicaciones
para
vacunar
y
la
adhesión
a
los
protocolos
de
vacunas
son
importantes
temas
a
considerar.
De
un
lado
está
el
temor
a
las
vacunas
y
del
otro
está
el
hecho
de
que
en
ocasiones
las
personas
tienen
que
viajar
largas
distancias
para
acceder
a
un
servicio
de
salud.
Las
personas
que
viven
debajo
de
la
línea
de
pobreza,
en
condiciones
de
miseria,
necesitan
las
herramientas
para
salir
de
estas
condiciones;
salud,
educación,
nutrición,
compasión,
justicia
y
derechos
humanos
están
desatendidos
en
estas
poblaciones.
La
tecnología
per
se,
no
solucionará
el
problema.
No
solo
las
enfermedades
son
desatendidas,
también
las
personas
que
las
padecen,
una
vez
que
no
pueden
satisfacer
necesidades
básicas
como
educación,
vivienda
adecuada,
saneamiento
básico,
acceso
a
salud
y
nutrición
adecuada.
Algunas
preguntas
al
respecto:
¿cuáles
son
las
enfermedades
prioritarias
para
la
industria
farmacéutica,
para
los
países
y
para
cuáles
países?
Por
ejemplo,
¿cuál
sería
el
interés
de
la
industria
farmacéutica
en
la
producción
de
vacunas
para
helmintos
y
protozoarios?
¿Qué
poder
adquisitivo
y
de
presión
tienen
las
personas
afectadas
por
estas
parasitosis?
Si
se
comparan
las
inversiones
que
han
sido
realizadas
para
el
desarrollo
de
una
vacuna
para
VIH
y
VPH
se
percibe
el
interés
de
la
industria
farmacéutica
y
de
los
países,
una
vez
que
cuando
se
trata
de
vacunas
hay
toda
una
cuestión
política
involucrada
además
del
apelación
que
se
hace
en
torno
a
enfermedades
de
moda
como
VPH.
Podemos
hacer
preguntas
acerca
de
lo
que
constituye
una
norma
ética
apropiada
para
la
asignación
de
fondos
para
el
cuidado
de
la
salud
en
la
disminución
de
la
propagación
de
enfermedades
infecciosas.
¿Se
deben
gastar
dólares
públicos
en
proyectos
de
investigación
para
desarrollar
fármacos
cuyo
costo
estará
fuera
del
alcance
de
los
países
en
desarrollo
o
de
las
ciudades
del
interior?
¿Hay
alguna
manera
legal
y
ética
para
evitar
el
exceso
de
venta
sin
receta
de
antibióticos,
una
práctica
que
puede
mejorar
la
evolución
de
los
patógenos
resistentes
a
los
antibióticos?
(NIH,
2007).
Por
último,
es
necesario
considerar
el
tema
de
la
Justicia
distributiva
(
Macklin,
2004)
que
implica
la
distribución
adecuada
de
riesgos
y
beneficios,
y
considera
a
la
salud
como
un
bien
primario,
por
lo
que
los
gobiernos
deberían
establecer
políticas
públicas
que
permitan
el
acceso
a
todos
los
ciudadanos
a
los
cuidados
en
salud,
lo
que
contribuiría
a
reducir
las
desigualdades
existentes
entre
las
clases
ricas
y
las
menos
favorecidas
en
las
naciones
así
como
entre
los
países
industrializados
y
los
países
en
desarrollo
406
y
de
ese
modo
el
tema
de
las
enfermedades
desatendidas
y
sus
vacunas
NO
siga
siendo
un
aspecto
relegado
en
la
ética
de
la
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408
USO
DE
MEDICAMENTOS
OFF-‐LABEL
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PEDIATRÍA.
CUANDO
LA
EXCEPCIÓN
ES
LA
REGLA
María
Fabiana
Ossorio
Jefe
del
Comité
de
Docencia
e
Investigación
(Hospital
General
de
Niños
Pedro
de
Elizalde,
Ex
Casa
Cuna),
JTP
del
Dpto.
de
Pediatría
Facultad
de
Medicina
(Universidad
de
Buenos
Aires,
UBA)
Vocal
argentino
(Sociedad
Latinoamericana
de
Investigación
Pediátrica)
Fernando
Ferrero
Jefe,
Departamento
de
Medicina,
Hospital
General
de
Niños
Pedro
de
Elizalde
Profesor,
Departamento
de
Pediatría,
Facultad
de
Medicina,
Universidad
de
Buenos
Aires
Investigador
Principal,
Consejo
de
Investigaciones
en
Salud,
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
Patricia
Cudeiro
Presidente
del
Comité
de
Ética
Hospital
General
de
Niños
Pedro
de
Elizalde
Miembro
Titular
del
Consejo
Académico
de
Ética
en
Medicina
Academia
Nacional
de
Medicina.
Buenos
Aires,
Argentina
Fabiana
Pestchanker
Jefa
de
Servicio
de
Clínica
Pediátrica
HIGA
Ramón
Carrillo
(Ciudadela)
Magister
en
Ética
Biomédica
(UCA)
Coordinadora
de
Comité
de
Ética
de
la
Investigación
HIGA
Ramón
Carrillo
(Ciudadela),
Argentina
¿Qué
es
uso
off-‐label
de
medicamentos?
Se
entiende
por
uso
off-‐label
de
medicamentos
(o
fuera
de
la
indicación)
a
la
prescripción
de
medicamentos
actualmente
disponibles
y
comercializados
normalmente
para
una
indicación
diferente
a
aquella
para
la
que
fue
aprobado
por
las
autoridades
regulatorias.
También
se
aplica
al
uso
de
medicamentos
en
una
población,
a
una
dosis
o
por
una
vía
para
las
que
no
fue
aprobado.
¿A
qué
se
debe
el
uso
off-‐label
de
medicamentos?
La
razón
de
la
existencia
y
vigencia
de
este
fenómeno
es
compleja.
Por
un
lado
(el
más
frecuente),
porque
muchas
medicaciones
no
han
sido
suficientemente
estudiadas
y
por
lo
tanto
su
uso
no
ha
sido
aprobado
para
ciertas
poblaciones
(niños,
ancianos,
embarazadas).
También
se
da
el
caso
de
pacientes
muy
graves
o
terminales
donde
los
médicos
apelan
a
todo
recurso
terapéutico.
En
oportunidades,
frente
a
medicaciones
debidamente
aprobadas
para
un
uso
específico,
los
médicos
tienden
a
utilizar
medicaciones
del
mismo
grupo,
aunque
no
hayan
sido
aprobadas
para
ese
uso.
Lo
mismo
ocurre
frente
a
dos
condiciones
patológicas
similares,
en
la
que
los
médicos
pueden
utilizar
en
una
las
drogas
aprobadas
para
la
otra.
Frecuencia
del
uso
off-‐label
de
medicamentos
La
prescripción
de
medicamentos
por
fuera
de
su
indicación
es
muy
frecuente.
En
términos
generales
se
puede
asumir
que
una
de
cada
cinco
prescripciones
son
por
fuera
de
su
indicación.
Sin
embargo,
en
algunas
especialidades,
grupos
de
pacientes
y
enfermedades
esta
prevalencia
puede
ser
mucho
mayor.
Particularmente
en
pediatría
este
fenómeno
alcanza
proporciones
realmente
llamativas.
Se
han
reportado
cifras
de
78%
en
pacientes
hospitalizados
y
26%
en
pacientes
asistidos
en
la
guardia.
Estas
cifras
no
son
privativas
de
Estados
Unidos,
sino
también
reportes
de
Australia
(47%),
Holanda
(18%)
y
Francia
(37%).
En
Argentina
existe
poca
información
sobre
este
fenómeno,
pero
rondaría
el
40%
de
las
prescripciones
en
un
hospital
de
alta
complejidad,
agravándose
en
sectores
como
terapia
intensiva
y
neonatología.
409
¿Es
ilegal
el
uso
off-‐label
de
medicamentos?
El
uso
de
medicación
según
la
indicación
se
refiere
a
que
una
agencia
regulatoria
(FDA,
EMA,
ANMAT,
ANVISA),
basada
en
sólida
información
científica
aprueba
el
uso
de
esa
medicación
específicamente
para
las
condiciones
(enfermedad,
grupo
poblacional,
etc.)
en
que
científicamente
se
demostró
que
es
segura
y
eficaz.
Esa
información
forma
parte
de
la
información
para
prescribir
o
“inserto”
que
acompaña
a
cada
especialidad
medicinal.
El
uso
off-‐label
no
necesariamente
es
incorrecto,
solo
quiere
decir
que
las
agencias
regulatorias
no
poseen
suficiente
evidencia
científica
para
aprobar
su
uso
para
otras
indicaciones
o
en
otros
grupos
humanos.
Las
agencias
regulatorias
controlan
que
las
medicaciones
disponibles
en
el
mercado
sean
seguras
y
eficaces,
pero
no
controlan
como
son
utilizadas
por
los
médicos.
El
término
off-‐label
no
necesariamente
significa
uso
inapropiado,
ilegal,
contraindicado
o
investigativo.
El
criterio
médico
del
profesional
actuante
puede
justificar
plenamente
este
uso
cuando
sea
en
el
mejor
interés
del
paciente.
¿Cómo
hacer
para
limitar
o
terminar
con
el
uso
off-‐label
de
medicamentos?
Aunque
ha
quedado
establecido
que
el
uso
off-‐label
de
medicamentos
no
necesariamente
significa
uso
inapropiado,
el
empleo
de
cualquier
medio
terapéutico
o
diagnóstico
sin
la
suficiente
evidencia
científica
que
lo
respalde,
aún
con
la
mejor
intención,
puede
exponer
al
paciente
a
un
riesgo
innecesario.
La
única
forma
de
vencer
este
dilema
es
estimular
la
investigación
de
cada
droga
para
todas
las
condiciones
donde
pueda
ser
útil
y
en
todos
los
grupos
poblacionales
donde
podría
ser
utilizado.
Este
desafío
se
ve
enormemente
limitado
por
cuestiones
económicas:
el
desarrollo
de
una
droga
y
obtener
su
aprobación
para
un
condición
en
particular
implica
la
erogación
de
enormes
cantidades
de
dinero.
Es
por
ello
que
las
empresas
farmacéuticas
limitan
la
investigación
a
aquellas
condiciones
muy
frecuentes,
lo
que
permitirá
recuperar
la
inversión
en
un
tiempo
razonable.
Sin
embargo,
iniciativas
destinadas
específicamente
a
pediatría
desarrolladas
en
Estados
Unidos
y
Europa
en
los
últimos
25
años
se
han
mostrado
efectivas
para
disminuir
el
uso
off-‐label
de
medicamentos.
En
Estados
Unidos,
la
Best
Pharmaceuticals
for
Children
Act
(BPCA)
otorga
a
las
empresas
seis
meses
más
de
exclusividad
en
el
mercado
para
drogas
ya
aprobadas
si
se
efectúan
estudios
en
población
pediátrica,
y
la
Pediatric
Research
Equity
Act
(PERA)
establece
que
casi
todas
las
nuevas
drogas
deben
incluir
estudios
en
niños
si
existe
potencial
uso
en
ellos.
Estas
dos
leyes
han
ocasionado
más
de
500
cambios
de
indicación
en
relación
a
población
pediátrica.
Queda
claro
que
apoyar
decididamente
la
investigación
en
pediatría
es
la
única
manera
de
obtener
medidas
diagnósticas
y
terapéuticas
eficaces
y
seguras
para
nuestros
niños.
Quienes
se
oponen
a
la
investigación
en
pediatría
en
un
equivocado
intento
por
proteger
a
una
población
vulnerable,
lo
único
que
hacen
es
enfrentarla
a
un
peligro
mucho
mayor,
perpetuando
el
olvido
que
la
historia
ha
hecho
de
los
mismos.
Si
hacemos
un
corto
viaje
por
el
tiempo
a
muy
a
grandes
rasgos,
encontraremos
distintas
etapas
y
cada
una
con
su
propia
característica
e
idiosincrasia
en
la
consideración
de
la
niñez.
410
La
antigüedad
y
la
niñez
Los
griegos
no
diferencian
una
“edad”
de
niñez.
No
cuentan
con
una
palabra
que
los
defina
y
hay
poca
representación
artística
de
este
grupo
etario.
Sin
embargo
crean
el
concepto
de
educación
y
de
escuela
como
“el
lugar
del
tiempo
libre”.
Lo
natural
del
tiempo
libre
es
pensar
y
aprender.
Aparece
el
concepto
del
niño
como
un
ser
que
se
educa
y
que
reciben
atención
médica
⎯por
ejemplo,
Hipócrates
trataba
la
luxación
de
cadera
y
pie
bot.
Los
romanos
profundizan
esta
idealización
con
actos
sociales
que
lo
demuestran,
por
ejemplo,
al
niño
romano
recién
nacido
se
lo
dejaba
en
el
suelo.
Correspondía
entonces
al
padre
reconocerlo
levantándolo
en
sus
brazos;
es
decir,
elevarlo
(elevare)
del
suelo:
elevación
física
que,
en
sentido
figurado,
se
ha
convertido
en
criarlo.
Si
el
padre
no
"elevaba"
al
niño,
este
era
abandonado,
expuesto
ante
la
puerta,
al
igual
que
sucedía
con
los
hijos
de
los
esclavos
cuando
el
amo
no
sabía
qué
hacer
con
ellos.
No
se
aceptaba
al
niño
como
un
crecimiento
natural
independiente
de
la
voluntad
consciente
de
los
hombres,
para
los
cuales
constituía
un
nada,
un
nihil
destinado
a
desaparecer,
a
no
ser
que
se
le
reconociese
mediante
una
decisión
reflexiva
del
padre.
Ya
con
Quintiliano
y
la
ley
contra
el
infanticidio,
la
vida
del
niño
se
convierte
en
un
valor,
el
propio
niño
se
convierte
en
una
forma
interesante
y
agradable,
señal
de
la
atención
que
se
le
presta.
La
Edad
Media
y
la
niñez
Durante
la
Edad
Media
desaparece
el
concepto
incipiente
de
niñez.
Parece
como
si
el
hombre
de
principios
de
la
Edad
Media
solo
viese
en
el
niño
un
hombre
pequeño
o,
mejor
dicho,
un
hombre
aún
más
pequeño
que
pronto
se
haría
⎯o
debería
hacerse⎯
un
hombre
completo,
lo
que
constituía
un
período
de
transición
bastante
breve.
En
aquel
duro
ambiente
de
guerreros,
la
debilidad
que
simboliza
el
niño
ya
no
parecía
agradable
y
gentil.
En
un
mundo
que
no
sabe
leer
ni
escribir
(que
era
la
gran
mayoría),
no
era
necesario
distinguir
niños
de
adultos.
Antes
de
la
modernidad
Siglo
XV:
cambio
de
la
oralidad
a
una
época
de
escritura.
Inicios
de
transformación
del
concepto
de
adultez
(el
que
puede
leer
y
escribir;
el
que
es
un
ser
individual).
Siglo
XVI:
Rousseu
“Emille”.
Emerge
una
diferenciación
respecto
del
adulto
en
las
representaciones
artísticas.
“La
naturaleza
quiere
que
los
niños
sean
niños
antes
de
ser
hombres.
Si
nosotros
queremos
pervertir
este
orden
produciremos
frutos
precoces
que
no
tendrán
ni
madurez
ni
sabor
y
pronto
se
marchitarán".
Siglo
XVII:
Se
asienta
el
concepto
de
que
es
intolerable
el
infanticidio
y
la
muerte
de
niños.
Los
niños
son
seres
diferentes
a
los
adultos
Emergencia
del
niño
Después
del
siglo
XVIII:
El
niño
es
considerado
como
ser
capaz
de
contemplar
el
mundo
de
una
manera
diferente
al
adulto.
Deja
de
ser
un
adulto
pequeño.
Se
diferencian
algunos
segmentos:
bebé
(siglo
XIX),y
aparecen
los
primeros
tribunales
de
menores
(1899,
Illinois).
411
Fines
siglo
XIX
e
inicios
del
siglo
XX:
El
niño
es
considerado
como
sujeto
de
estudio
y
atención.
Hay
un
desarrollo
incipiente
de
la
psicología
evolutiva,
y
de
psicología
cognitiva:
el
niño
es
un
sujeto
en
desarrollo
y
evolución.
Paralelamente
emerge
la
idea
de
niño
como
posesión
económica,
como
bien
y
lamentablemente
a
los
avances
se
retrocede
porque
no
produce
como
los
adultos,
por
tanto
es
un
ser
inferior
que
debe
ser
controlado
y
administrado
por
ellos.
A
principios
del
siglo
XX,
el
50%
de
los
niños
trabajaba.
Durante
el
siglo
XX:
1950-‐1980:
Niños
como
seres
lúdicos
(Erikson).
En
Europa
en
los
60
y
en
América
Latina
en
los
80,
surgen
políticas
sociales
enfocadas
en
la
atención
del
problema
de
la
niñez.
Ya
en
1989,
se
produce
un
cambio
radical
de
paradigma:
los
niños
son
considerados
como
sujetos
de
derechos
(CIDN).
Siglo
XX
-‐
Historia
de
los
derechos:
•
•
•
•
•
•
Declaración
de
Ginebra
de
1924,
Unión
Internacional
de
Socorros
de
los
Niños
(1920).
Creación
de
UNICEF
(Fondo
Internacional
de
Emergencia),
el
11
de
septiembre
de
1946.
Declaración
de
los
Derechos
del
Niño,
Asamblea
General
de
la
ONU,
el
20
de
noviembre
de
1959.
Convención
Internacional
sobre
los
Derechos
del
Niño,
Asamblea
General
de
la
ONU
(20
de
noviembre
de
1989).
Cumbre
Mundial
a
favor
de
la
Infancia,
ONU
(1990).
“Un
mundo
apropiado
para
los
niños”,
Sesión
Especial
de
la
Asamblea
General
de
la
ONU
sobre
la
Infancia,
Nueva
York,
mayo
de
2002.
Después
de
este
breve
repaso
de
la
consideración
socio-‐política
del
rol
del
niño
en
la
historia,
podemos
expresar
que
dicho
rol
no
ha
sido
ni
es
muy
distinto
en
la
medicina,
aún
en
estos
días.
Mucho
más
si
nos
adentramos
en
el
terreno
de
la
investigación.
Queda
claro
que
apoyar
decididamente
la
investigación
en
pediatría
es
la
única
manera
de
obtener
medidas
diagnósticas
y
terapéuticas
eficaces
y
seguras
para
nuestros
niños.
¿Por
qué
la
investigación
pediátrica?
Aclarando
conceptos
La
investigación
en
pediatría
es
fundamental,
pues
existen
enfermedades
y
condiciones
de
salud
propias
de
la
infancia;
las
mismas
requieren
herramientas
de
diagnóstico
y
tratamiento
específicas.
Por
otra
parte,
erróneamente
suele
considerarse
a
los
niños
como
adultos
pequeños,
por
lo
que
muchas
de
las
drogas
utilizadas
en
la
actualidad
en
niños
lo
son
en
base
a
estudios
y
experiencias
desarrolladas
en
adultos,
simplemente
adecuando
la
dosis
a
la
masa
corporal.
Pero
los
niños
no
son
adultos
pequeños,
ellos
presentan
diferente
metabolismo
frente
a
drogas
utilizadas
en
adultos.
Es
así
que
existe
la
posibilidad
de
que
algunas
de
las
drogas
que
se
utilizan
en
la
práctica,
pueden
ser
inefectivas
e
incluso
riesgosas
si
no
han
sido
evaluadas
adecuadamente
niños.
Ya
hemos
detallado
el
uso
en
niños
de
drogas
no
investigadas
en
pediatría
(“uso
fuera
de
la
indicación”
u
off-‐label),
y
reforzamos
que
implica
un
riesgo
importante,
potencialmente
mayor
que
el
relacionado
con
participar
en
una
investigación
adecuadamente
412
controlada.
Es
así
que
quienes
se
oponen
a
la
investigación
en
pediatría
en
un
equivocado
intento
por
proteger
a
una
población
vulnerable,
lo
único
que
hacen
es
enfrentarla
a
un
peligro
mucho
mayor.
Aunque
cada
vez
que
se
habla
de
investigación
en
menores
se
tiene
en
mente
la
investigación
experimental
farmacológica,
no
debe
olvidarse
que
los
estudios
observacionales
proveen
importantes
respuestas
para
los
problemas
de
salud
en
la
infancia.
La
investigación
epidemiológica
permite
conocer
las
causas,
evolución
e
impacto
de
las
enfermedades
infantiles,
y
la
respuesta
a
las
mismas
de
acuerdo
a
factores
genéticos
y
medioambientales,
permitiendo
así
mejorar
las
intervenciones
preventivas,
diagnósticas
y
terapéuticas.
Por
encima
de
equivocados
preconceptos,
la
investigación
en
pediatría
debe
ser
analizada
independientemente
de
la
edad
de
los
participantes
y
justificada
si
cumple
los
recaudos
éticos
y
metodológicos
necesarios.
Sin
embargo,
por
tratarse
de
una
población
considerada
vulnerable,
solo
se
justificará
cuando
existe
una
real
incertidumbre,
presenta
un
beneficio
potencial
para
la
población
involucrada
y
guarda
relación
con
los
riesgos
de
la
investigación.
Además
de
la
consideraciones
antes
vertidas,
toda
investigación
a
realizarse
en
niños,
niñas
y
adolescentes
deberá
ajustarse
estrictamente
a
las
normas
nacionales
e
internacionales
que
rigen
las
mismas,
siendo
responsabilidad
de
los
investigadores
su
cumplimiento
y
la
protección
de
los
sujetos
participantes.
Junto
con
el
Consentimiento
Informado
otorgado
por
quien
corresponda,
de
acuerdo
con
las
normas
que
rigen
la
materia,
se
deberá
obtener
el
asentimiento
de
todo
menor
competente
para
participar
en
una
investigación,
debiendo
respetarse
su
negativa
a
participar
en
un
estudio.
Aunque
la
competencia
está
dada
por
la
maduración
del
menor
más
que
por
su
edad
cronológica,
la
edad
a
la
que
se
establece
el
requerimiento
varía
según
las
diferentes
jurisdicciones.
Para
aquellas
situaciones
de
negativa
del
niño
al
asentimiento
en
que
el
único
esquema
terapéutico
esté
basado
en
una
investigación,
se
deberá
considerar
el
mejor
interés
para
el
niño,
siendo
fundamental
en
estas
circunstancias
el
rol
del
Comité
Institucional
de
Ética
en
Investigación.
En
general,
las
investigaciones
en
pediatría
deberían
comenzar
en
fases
avanzadas
del
desarrollo
del
producto
(Fases
2
o
3),
cuando
se
disponga
de
datos
de
seguridad
en
adultos.
No
obstante,
en
condiciones
que
afecten
predominante
o
exclusivamente
a
los
niños,
el
programa
de
investigación
debe
conducirse
enteramente
a
esa
población,
excepto
para
datos
iníciales
de
seguridad
y
tolerancia,
que
puedan
obtenerse
en
adultos
(Fase
1).
En
algunas
oportunidades,
la
fase
temprana
de
investigación
podrá
desarrollarse
solo
en
niños
cuando
las
investigaciones
en
adultos
brinden
escasa
información
o
los
exponga
a
riesgos
inapropiados.
Se
considera
que
la
situación
ideal
y
recomendable
es
comparar
la
droga
en
investigación
con
el
mejor
tratamiento
existente.
El
uso
de
placebo
podría
estar
justificado
solo
en
caso
de
no
existir
un
tratamiento
que
haya
demostrado
ser
realmente
eficaz.
413
La
investigación
en
pediatría,
por
sus
características
especiales,
plantea
mayores
responsabilidades
tanto
para
el
investigador
como
para
los
patrocinadores
y
los
Comités
de
Ética
en
Investigación.
Sin
embargo,
estas
responsabilidades
extras
no
deberían
ser
causales
de
exclusión
de
los
niños
de
la
investigación.
Se
debe
guardar
un
equilibrio
entre
el
lógico
deseo
de
proteger
una
población
vulnerable
y
el
riesgo
de
caer
en
excesos
que,
aunque
bien
intencionados,
podrían
generar
el
efecto
contrario
al
deseado,
haciendo
que
los
niños
continúen
siendo
“huérfanos
terapéuticos”.
Más
aún,
promover
la
investigación
en
niños,
niñas
y
adolescentes
cumple
con
el
espíritu
de
la
Convención
por
los
Derechos
del
Niños
(art.
3
y
24).
La
Sociedad
Argentina
de
Pediatría,
como
organización
dedicada
al
bienestar
de
los
niños,
apoya
decididamente
la
investigación
que
los
involucre,
y
toda
iniciativa
que
garantice
la
obtención
de
medidas
diagnósticas
y
terapéuticas
eficaces
y
seguras
para
nuestros
niños.
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415
INVESTIGACIÓN
CON
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
PSICOSOCIAL
E
INTELECTUAL:
DESAFÍOS
BIOÉTICOS
María
Angélica
Sotomayor
Saavedra
Miembro
de
FLACEIS,
Comité
de
Ética
de
Investigación
del
Servicio
de
Salud
Metropolitano
Oriente
Santiago
de
Chile,
Comité
de
Ética
de
Investigación
y
del
Comité
de
Ética
Asistencial
de
Clínica
Las
Condes
Santiago
de
Chile
Contacto:
[email protected]
Luz
María
Pagano
Curadora
Pública.
Miembro
honorario
del
Comité
de
Bioética
del
INCUCAI.
Miembro
Consultivo
de
la
Red
Iberoamericana
de
Expertos
en
la
Convención
Internacional
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad
Miembro
Adscripto
del
Instituto
de
Derechos
Humanos
de
la
Universidad
Notarial
Argentina
Claude
Vergès
Miembro
de
la
Redbioética,
FLACEIS,
IAB,
CIB
UNESCO
2012-‐2015.
Presidenta
del
Comité
de
Bioética
de
la
Universidad
de
Panamá,
Coordinadora
de
La
Comisión
de
Bioética
del
Hospital
del
Niño;
Profesora
de
Historia
de
la
Medicina,
Deontología
y
Bioética-‐Universidad
de
Panamá
Katya
Rodríguez
Médica
especialista
en
medicina
interna
y
preventiva.
Postgrado
de
Bioetica/Etica
de
la
Investigación,
Docente
de
postgrado
y
Miembro
de
FLACEIS.
Circunscribiremos
el
presente
trabajo
al
grupo
conformado
por
personas
con
discapacidad
psicosocial,
mental
o
intelectual,
poniendo
el
acento
en
la
procedencia
ética
a
que
sean
incorporados
como
sujetos
de
investigación
y
seguidamente
en
qué
recaudos
resultan
esenciales
en
la
prestación
del
consentimiento
informado,
dada
su
especial
condición
de
vulnerabilidad.
VULNERABILIDAD.
PERSONAS
O
GRUPOS
VULNERABLES
Vulnerable,
proviene
del
latin
vulnerabĭlis
y,
en
palabras
del
Diccionario
de
la
Real
Academia
Española
de
la
Lengua
(DRAE),
se
dice
de
aquel
“que
puede
ser
herido
o
recibir
lesión,
física
o
moralmente”.
Luna,
a
su
vez,
señala
que
el
vocablo
“vulnerabilidad”
ha
sido
utilizado
en
ética
de
la
investigación
desde
sus
inicios,
para
identificar
a
ciertas
clases
de
poblaciones
que
parecen
necesitar
una
protección
especial.
Este
concepto
ha
merecido
la
crítica
de
algunos
autores
mientras
que
ha
sido
defendido
por
otros.
Lo
cierto
es,
que
el
término,
como
recuerda
la
mencionada
autora,
ha
sido
definido
en
las
2
Pautas
CIOMS
como
la
incapacidad
de
las
personas
vulnerables
de
proteger
sus
propios
intereses.
Claramente
son
personas
que,
por
diversos
motivos,
entre
ellos
la
discapacidad
mental
o
intelectual,
pueden
ser
pasibles
de
aprovechamiento
por
parte
de
terceros,
o
dicho
en
palabras
de
la
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos
“Las
personas
con
discapacidad
mental
están
sujetas
3
a
prejuicios
y
fuertes
estigmas,
constituyendo
un
grupo
vulnerable
a
violaciones
de
derechos
humanos
a
nivel
global”.
También
se
4
define
la
vulnerabilidad
como
el
estado
de
personas
o
grupos
que,
por
cualquier
razón
o
motivos
no
sean
capaces
de
proteger
sus
propios
intereses
y
considera
vulnerables
aquellas
personas
que
posean
su
capacidad
de
autodeterminación
reducida,
sobre
todo
en
lo
que
se
refiere
al
consentimiento
libre
e
informado.
Entendiendo
que
resulta
ineludible
el
consentimiento
informado
de
todo
sujeto
de
investigación
y
que
en
materia
de
discapacidad
mental
hay
matices
que
deberán
ser
considerados
en
cada
caso
particular,
resultará
ineludible
concluir
que
el
consentimiento
informado
de
las
personas
respecto
de
quienes
se
ha
dictado
sentencia
judicial
de
incapacidad
o
interdicción,
debe
ser
obtenido
a
través
de
su
representante
legal.
Otro
enfoque
nos
brindan
los
“Principios
para
la
Protección
de
los
Enfermos
Mentales
y
el
Mejoramiento
de
la
Atención
de
la
Salud
Mental”
de
la
Organización
de
Estados
Americanos
OEA,5(en
adelante,
Principios
de
Salud
Mental),
los
que
refieren
416
6
primordialmente
al
respeto
a
la
autonomía
del
sujeto,
a
su
autodeterminación
y
autorresponsabilidad”, siendo
estos
quienes
deben
prestar
el
consentimiento
informado,
pudiendo
sí
variar
las
condiciones
en
que
se
lo
prestará.
El
mismo,
conforme
el
concepto
acuñado
por
el
Principio
11,
es
aquel
obtenido
libremente
sin
amenazas
ni
persuasión
indebida,
después
de
proporcionar
al
paciente
información
adecuada
y
comprensible,
en
una
forma
y
en
un
lenguaje
que
este
entienda,
acerca
de:
a)
El
diagnóstico
y
su
evaluación;
b)
El
propósito,
el
método,
la
duración
probable
y
los
beneficios
que
se
espera
obtener
del
tratamiento
propuesto;
c)
Las
demás
modalidades
posibles
de
tratamiento,
incluidas
las
menos
alteradoras
posibles;
d)
Los
dolores
o
incomodidades
posibles
y
los
riesgos
y
secuelas
del
tratamiento
propuesto.
Tratándose
de
un
acto
personalísimo,
el
consentimiento
informado
únicamente
debe
ser
dado
por
el
propio
interesado
y,
como
excepción,
cuando
tenga
imposibilidad
de
prestarlo
competerá
este
al
representante
legal.
Por
lo
demás,
aun
cuando
se
haya
autorizado
cualquier
investigación
a
través
del
representante
legal
de
la
persona
con
discapacidad
psíquica,
debe
hacerse
todo
lo
posible
por
informarle
de
la
misma
y
lograr
que
participe
en
cuanto
sea
posible
en
la
toma
de
decisión
de
acuerdo
con
sus
capacidades,
debiendo
respetarse
siempre
su
negativa
a
participar
en
la
investigación
o
a
continuar
participando,
es
decir
a
revocar
el
consentimiento
dado.
Entre
la
decisión
propia
y
la
decisión
por
sustitución
en
cabeza
del
representante
legal,
existe
una
tercera
vía
que
es
aquella
denominada
“sistema
de
toma
de
decisiones
con
apoyo”.
La
toma
de
decisiones
con
apoyo
se
enmarca
en
el
modelo
social
de
la
discapacidad
⎯cuyo
máximo
exponente
está
en
la
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad⎯,
que
Parte
de
la
premisa
de
que
la
discapacidad
es
en
parte
una
construcción
y
un
modo
de
opresión
social,
y
el
resultado
de
una
sociedad
que
no
considera
ni
tiene
presente
a
las
personas
con
discapacidad.
Asimismo,
apunta
a
la
autonomía
de
la
persona
con
discapacidad
para
decidir
respecto
de
su
propia
vida,
y
para
ello
se
centra
en
la
eliminación
de
cualquier
tipo
7
de
barrera,
a
los
fines
de
brindar
una
adecuada
equiparación
de
oportunidades.
Bajo
esta
mirada,
las
personas
con
discapacidad
dejan
de
ser
consideradas
objeto
de
beneficencia
o
de
programas
sanitarios
para
8
ser
consideradas
sujetos
de
derechos
humanos
y,
centrándose
en
las
capacidades
más
que
en
las
deficiencias,
se
propende
a
que
9
cada
persona
logre
ampliar
su
espacio
personal
de
libertad. En
esa
línea,
lo
que
caracteriza
a
los
apoyos
es
que
deben
respetar
los
derechos,
la
voluntad
y
las
preferencias
de
las
personas
con
discapacidad
y
nunca
deben
consistir
en
decidir
por
ellas.
Dicho
de
otro
modo,
el
apoyo
está
más
asociado
a
la
cooperación,
entendiéndose
que
la
decisión
es
tomada
por
la
propia
persona
y
no
integrada
con
la
voluntad
de
otro,
quien
se
limita
a
cooperar
o
ayudar.
El
Reglamento
del
Parlamento
Europeo
y
del
Consejo
de
Europa
de
2014
sobre
Ensayos
Clínicos
de
Medicamentos
de
Uso
Humano,
brinda
consideraciones
específicas
sobre
cómo
ha
de
procederse
cuando
el
sujeto
de
ensayo
se
encuentra
comprendido
en
un
colectivo
vulnerable.
Si
se
trata
de
una
persona
incapaz,
“se
prestará
una
atención
específica
a
la
evaluación
de
la
solicitud
de
autorización
de
un
ensayo
clínico
a
partir
de
la
experiencia
que
se
tenga
sobre
la
enfermedad
en
cuestión
y
el
colectivo
de
pacientes
afectado
o
recabando
asesoramiento
sobre
los
problemas
clínicos,
éticos
y
psicosociales
específicos
de
esta
enfermedad
y
estos
10
pacientes”.
Normas
éticas
internacionales
Además
del
Código
de
Nuremberg,
desde
el
seno
de
la
Asociación
Médica
Mundial,
surgió
la
Declaración
de
Helsinki
que
en
sus
distintas
versiones,
la
última
de
las
cuales
es
del
año
2013,
adopta
principios
éticos
para
las
investigaciones
médicas
en
seres
417
humanos.
11
Resulta
relevante
señalar
que
estos
principios
atienden
a
proporcionar
mayor
protección
a
los
grupos
o
sujetos
vulnerables,
entre
estos
las
personas
con
discapacidad
psicosocial/intelectual.
Así,
el
Principio
19
ilustra
que
algunos
grupos
y
personas
sometidas
a
investigación
son
particularmente
vulnerables
y,
por
ello,
pueden
tener
más
posibilidades
de
sufrir
abuso
o
daño
adicional
debiendo
recibir
la
consecuente
protección.
Por
su
parte,
como
resguardo,
el
Principio
20
es
categórico
en
que
la
investigación
médica
en
un
grupo
vulnerable
solo
se
justifica,
en
tanto
responda
a
las
necesidades
o
prioridades
de
salud
de
ese
grupo
y
no
pueda
realizarse
en
un
grupo
no
vulnerable.
Concordantemente,
las
Normas
CIOMS
o
Pautas
Éticas
Internacionales
para
la
Investigación
y
Experimentación
Biomédica
en
Seres
Humanos,
12
dedican
la
Pauta
9
a
“Las
limitaciones
especiales
del
riesgo
cuando
se
investiga
en
individuos
incapaces
de
dar
consentimiento
informado”,
situación
en
la
cual
se
exige
según
la
Pauta
13
una
justificación
especial
para
invitar
a
individuos
vulnerables
a
participar
como
sujetos
de
investigación
correspondiendo
en
caso
de
ser
seleccionados,
aplicar
estrictamente
los
medios
para
proteger
sus
derechos
y
bienestar.
Bioética
de
los
derechos
humanos
En
el
enfoque
actual
de
una
Bioética
fundada
en
los
Derechos
Humanos,
algunos
de
los
principios
que
ha
planteado
el
enfrentamiento
de
la
discapacidad
son
la
no
discriminación,
el
acceso
universal
a
la
salud
y
a
otros
bienes
sociales.
Este
enfoque
a
su
vez
fundamenta
y
presiona
la
adopción
por
parte
de
los
Estados,
de
medidas
tendientes
a
concretar
estos
derechos
con
miras
a
lograr
la
igualdad
de
oportunidades
para
todas
las
personas
sin
excepción.
En
la
tensión
en
que
la
Bioética
confronta
a
los
sistemas
jurídicos
en
los
diversos
países,
el
paso
siguiente
indispensable
implicará
la
eliminación
gradual
de
los
obstáculos
para
la
plena
integración
de
las
personas
con
discapacidad
y
la
corrección
de
los
obstáculos
institucionales
presentes
en
distintos
cuerpos
legales
que
constituyen
restricciones
y
discriminación,
así
como
la
manifestación
de
criterios
y
prácticas
que
puedan
inhibir,
en
los
hechos,
13
la
igualdad
de
oportunidades.
Desde
otro
punto
de
vista,
se
deben
establecer
principios
protectores
precisamente
para
eliminar
el
riesgo
de
abuso
y
explotación
de
las
personas
en
situación
de
discapacidad.
La
Declaración
Universal
sobre
Bioética
y
Derechos
Humanos
de
UNESCO
establece
que
la
investigación
científica
tiene
una
responsabilidad
social
para
servir
a
los
intereses
de
la
humanidad
y
que
dicha
Declaración
busca
promover
el
respeto
de
la
dignidad
humana
y
proteger
los
derechos
humanos
de
los
participantes
en
investigaciones.
El
artículo
7
detalla
los
recaudos
que
habrán
de
14
cumplirse
para
que
una
persona
carente
de
capacidad
pueda
intervenir
en
una
investigación
o
práctica
médica
apoyándose
en
la
dignidad
humana,
la
autonomía
y
la
responsabilidad
individual.
El
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos,
15
en
su
art.
7º
y
la
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
16
Discapacidad
coinciden
en
señalar
que
“Ninguna
persona
será
sometida
a
tortura
u
otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos
o
degradantes.
En
particular,
nadie
será
sometido
a
experimentos
médicos
o
científicos
sin
su
consentimiento
libre
e
informado”.
En
sentido
similar
y
como
instrumento
que
tiene
como
principal
protagonista
a
las
personas
con
padecimiento
psíquico,
los
Principios
de
Salud,
establecen
en
el
ap.
15
del
Principio
11
que
No
se
someterá
a
ensayos
clínicos
ni
a
tratamientos
experimentales
a
ningún
paciente
sin
su
consentimiento
informado,
excepto
cuando
el
paciente
esté
incapacitado
para
dar
su
consentimiento
informado,
en
cuyo
caso
solo
podrá
ser
sometido
a
un
ensayo
clínico
o
a
un
tratamiento
experimental
con
la
aprobación
de
un
órgano
de
revisión
competente
e
independiente
que
haya
sido
establecido
específicamente
con
este
propósito.
418
El
precepto
transcripto,
no
deja
duda
alguna
que
estas
prácticas
solo
se
encuentran
permitidas
cuando
la
propia
persona
presta
su
consentimiento
informado.
Esta
consideración
al
igual
que
los
artículos
22
sobre
respeto
de
la
privacidad
y
31
sobre
recopilación
de
datos
y
estadísticas,
insisten
sobre
un
trato
“en
igualdad
de
condiciones
con
las
demás”
personas
y
sobre
la
protección
de
“los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales,
así
como
los
principios
éticos
en
la
recopilación
y
el
uso
de
estadísticas”
y,
consecuentemente,
se
enmarcan
en
los
valores
éticos
y
derechos
humanos
generales
aplicables
a
todos
los
seres
humanos.
En
la
17
misma
línea,
en
la
Observación
General
Nº
20
adoptada
por
el
Comité
de
los
Derechos
Humanos
de
Naciones
Unidas, el
Comité
observa
que
“que
los
informes
de
los
Estados
Partes
contienen
por
lo
general
escasa
información
a
este
respecto”.
Agregan
que
“Convendría
prestar
mayor
atención
a
la
necesidad
de
asegurar
el
cumplimiento
de
esta
disposición
y
a
los
medios
para
lograrlo”.
El
Comité
observa
asimismo,
“que
se
necesita
una
protección
especial
en
relación
con
esos
experimentos
en
el
caso
de
las
personas
que
no
están
en
condiciones
de
dar
un
consentimiento
válido,
en
particular
de
las
sometidas
a
cualquier
forma
de
detención
o
prisión.
Estas
personas
no
deben
ser
objeto
de
experimentos
médicos
o
científicos
que
puedan
ser
perjudiciales
para
su
salud”.
Claramente
y
pese
a
no
estar
nombrada,
se
encuentra
en
esta
situación
la
investigación
con
personas
con
discapacidad.
El
Convenio
para
la
Protección
de
los
Derechos
Humanos
y
la
Dignidad
del
Ser
Humano
con
respecto
a
las
aplicaciones
de
la
Biología
18
y
la
Medicina
se
ocupa
del
tópico
en
tratamiento
en
el
capítulo
V
titulado
“Investigación
científica”.
Partiendo
de
la
premisa
de
libertad
en
la
investigación
la
permite
para
las
personas
con
excepción
que
se
den
las
siguientes
condiciones:
a)
Que
no
exista
un
método
alternativo
al
experimento
con
seres
humanos
de
eficacia
comparable;
b)
Que
los
riesgos
en
que
pueda
incurrir
la
persona
no
sean
desproporcionados
con
respecto
a
los
beneficios
potenciales
del
experimento;
c)
Que
el
proyecto
de
experimento
haya
sido
aprobado
por
la
autoridad
competente
después
de
haber
efectuado
un
estudio
independiente
acerca
de
su
pertenencia
científica,
comprendida
una
evaluación
de
la
importancia
del
objetivo
del
experimento,
así
como
un
estudio
multidisciplinar
de
su
aceptabilidad
en
el
plano
ético;
d)
Que
la
persona
que
se
preste
a
un
experimento
esté
informada
de
sus
derechos
y
las
garantías
que
la
ley
prevé
para
su
protección
y
e)
Que
el
consentimiento
a
que
se
refiere
el
artículo
5
se
haya
otorgado
expresa
y
específicamente
y
esté
consignado
por
escrito.
Este
consentimiento
podrá
ser
libremente
retirado
en
cualquier
momento.
Específicamente
vinculado
a
las
personas
que
no
tienen
capacidad
para
expresar
su
consentimiento
acerca
del
mismo,
suma
a
las
antedichas
condiciones:
a)
Que
los
resultados
previstos
del
experimento
supongan
un
beneficio
real
y
directo
para
su
salud;
b)
Que
el
experimento
no
pueda
efectuarse
con
una
eficacia
comparable
con
sujetos
capaces
de
prestar
su
consentimiento
al
mismo;
c)
Que
se
haya
dado
específicamente
y
por
escrito
la
respectiva
autorización
y
d)
Que
la
persona
no
exprese
su
rechazo
al
mismo.
Finalmente,
de
modo
excepcional
y
bajo
determinados
recaudos
que
enuncia
admite
autorizar
un
experimento
cuyos
resultados
previstos
no
supongan
un
beneficio
directo
para
la
salud
de
la
persona.
La
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad,
claro
paradigma
del
modelo
social
de
discapacidad
e
hito
histórico
del
reconocimiento
de
los
derechos
de
las
personas
con
discapacidad
en
igualdad
de
condiciones
con
las
demás,
reafirma
en
el
art.
12
que
las
personas
con
discapacidad
tienen
derecho
en
todas
partes
al
reconocimiento
de
su
personalidad
jurídica,
a
la
vez
que
reconoce
que
tienen
capacidad
jurídica
en
igualdad
de
condiciones
con
las
demás
en
todos
los
aspectos
de
la
vida,
para
concluir
⎯y
aquí
la
gran
innovación⎯
en
que
los
“Estados
Partes
adoptarán
las
medidas
pertinentes
para
proporcionar
acceso
a
las
personas
con
discapacidad
al
apoyo
que
puedan
necesitar
en
el
ejercicio
(el
resaltado
es
propio)
de
su
capacidad
jurídica”
(art.
12.3).
Así,
la
Convención
reconoce
que
existen
personas
que,
justamente,
por
su
condición
de
discapacidad,
en
el
caso
mental
o
intelectual,
pueden
requerir
de
determinados
apoyos
para
tomar
algunas
decisiones.
La
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
419
Personas
con
Discapacidad,
entonces,
adopta
el
modelo
social
de
discapacidad
en
reemplazo
del
modelo
de
representación
o
sustitución
y
se
refiere,
a
lo
largo
de
todo
su
articulado,
a
los
distintos
tipos
de
apoyo
que
pueden
prestarse.
Dicho
de
otro
modo,
el
art.
12
plantea
una
fórmula
tripartita
consistente
en
el
ejercicio
de
los
derechos
por
el
propio
interesado,
con
apoyos
y
salvaguardias.
Por
lo
tanto,
la
Convención
de
las
Perdonas
con
Discapacidad
es
categórica
en
que
todas
las
personas,
incluidas
aquellas
que
tienen
alguna
discapacidad,
tienen
el
derecho
a
ejercer
por
sí
mismas
su
capacidad
jurídica.
Marín
Calero
realiza
una
clasificación
de
los
apoyos
que
consideramos
sumamente
ilustrativa.
Dice
este
autor
que
el
apoyo
es
un
derecho
que
las
personas
con
discapacidad
pueden:
a)
exigir
de
la
sociedad
en
general
y
del
Estado
en
particular;
b)
por
regla
general
es
voluntario,
la
persona
con
discapacidad
puede
elegir
libremente
sus
apoyos
y
solo
le
podrá
ser
impuesta
determinada
persona
por
el
juez
en
circunstancias
excepcionales;
c)
podrá
extenderse
al
ámbito
psicológico,
a
la
propia
formación
de
la
voluntad;
19
d)
debe
ser
suficiente
y
real;
e)
no
se
sustenta
en
la
sospecha,
pero
sí
en
la
vigilancia
y
f)
en
ciertos
casos
debe
ser
obligatorio.
20
Lo
recepta
el
recientemente
sancionado
Código
Civil
y
Comercial
de
la
República
Argentina
en
cuyo
art.
43
se
lee:
cualquier
medida
de
carácter
judicial
o
extrajudicial
que
facilite
a
la
persona
que
lo
necesite
la
toma
de
decisiones
para
dirigir
su
persona,
administrar
sus
bienes
y
celebrar
actos
jurídicos
en
general.
Las
medidas
de
apoyo
tienen
como
función
la
de
promover
la
autonomía
y
facilitar
la
comunicación,
la
comprensión
y
la
manifestación
de
voluntad
de
la
persona
para
el
ejercicio
de
sus
derechos.
El
interesado
puede
proponer
al
juez
la
designación
de
una
o
más
personas
de
su
confianza
para
que
le
presten
apoyo...
Por
su
parte
la
Observación
General
N°
1
del
Comité
de
Supervisión
del
Cumplimiento
de
la
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad,
precisa
que
los
apoyos
deben
respetar
los
derechos,
la
voluntad
y
las
preferencias
de
las
personas
con
discapacidad
y
nunca
deben
consistir
en
decidir
por
ellas.
Las
personas
con
discapacidad
pueden
escoger
a
una
o
más
personas
de
apoyo
en
las
que
confíen
para
que
les
ayuden
a
ejercer
su
capacidad
jurídica
respecto
de
determinados
tipos
de
decisiones,
o
pueden
recurrir
a
otras
formas
de
apoyo,
entre
pares,
o
la
asistencia
para
comunicarse
(los
resaltos
son
propios).
Llegado
a
este
punto,
no
tenemos
dudas
que
bajo
la
óptica
del
modelo
social
de
la
discapacidad
que
propicia
la
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad
siempre
debe
requerirse
el
consentimiento
informado
de
quien
va
a
participar
de
una
investigación
médica.
Cuando,
el
sujeto
presenta
alguna
discapacidad
psicosocial
podrá
contar
con
uno
o
más
apoyos
para
que
la
toma
de
tal
decisión
sea
efectuada
con
cabal
entendimiento
y
conocimiento
de
su
contenido.
En
ocasiones
este
proceso
puede
requerir
tiempo
pero
es
esencial
para
que
la
investigación
sea
considerada
ética
en
cuanto
respeta
la
dignidad
y
la
autonomía
del
sujeto.
Solo
en
situaciones
excepcionalísimas,
en
que
la
persona
se
encuentre
absolutamente
imposibilitada
de
interaccionar
con
su
entorno
y
expresar
su
voluntad
por
cualquier
modo
o
medio
se
puede
aceptar
que
la
decisión
la
tome
su
representante,
es
decir
que
lo
sustituya
en
la
decisión,
o
por
decirlo
en
vocabulario
de
la
Convención,
que
opere
un
“apoyo
intenso”
con
facultades
de
representación.
En
este
marco
no
podemos
dejar
de
señalar
la
importancia
de
un
lenguaje
sencillo
en
la
comunicación
como
lo
prevé
la
Convención
en
cuanto
exige
que
la
información
a
los
sujetos
de
investigación
se
brinde
en
lenguaje
accesible.
En
similares
términos
se
21
pronuncian
diversas
regulaciones
nacionales.
420
También
es
muy
importante,
detenerse
a
analizar
la
forma
de
estimular
la
investigación
orientada
al
provecho
de
las
personas
que
tengan
discapacidad,
considerando
todas
las
garantías
necesarias
y
con
el
respeto
irrestricto
a
su
dignidad.
La
investigación
en
este
colectivo
resulta
indispensable
para
prevenir
la
enfermedad,
curarla
o
eventualmente,
conseguir
mejores
estándares
de
calidad
de
vida,
justamente
para
este
grupo,
evitando
que
por
temor
a
correr
ciertos
riesgos
que
debieran
los
mínimos
o
exponer
a
las
personas
con
discapacidad,
se
deje
de
realizar
investigación
indispensable,
precisamente
para
atender
las
necesidades
de
este
colectivo
y
en
su
beneficio.
Cautelando
los
resguardos
señalados,
velando
por
la
pertinencia
y
calidad
de
la
investigación
y
la
idoneidad
de
los
investigadores,
a
través
de
Comités
adecuados
y
acreditados,
la
Ética
de
la
Investigación
científica
cumple
también
uno
de
sus
principales
objetivos,
cual
es
defender
y
garantizar
los
derechos
de
todos
los
sujetos
de
investigación
biomédica
y
psicosocial.
Especial
énfasis
merecen
los
derechos
de
los
grupos
vulnerables,
dentro
de
los
cuales
están
las
personas
con
discapacidad
psicosocial/intelectual.
Algunas
soluciones
legislativas
en
América
Latina
1.
Argentina.
En
la
República
Argentina,
en
el
cabe
nombrar
en
el
ámbito
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
a
la
Ley
sobre
Protección
de
Derechos
de
Sujetos
en
Investigaciones
de
Salud
Nº
3301
22
que
prevé
determinadas
garantías
cuando
los
que
participan
son
sujetos
en
situación
de
vulnerabilidad,
y
en
la
provincia
de
Buenos
Airesa
la
Ley
11.044
de
Investigaciones
en
la
Salud
Humana
23
que,
en
el
capítulo
2,
contempla
investigaciones
que
involucren
a
personas
con
discapacidad
mental.
En
jurisdicción
24
provincial,
algunas
leyes
de
salud
mental
aluden
a
la
materia.
En
efecto,
la
ley
8806
de
la
provincia
de
Entre
Ríos
y
la
ley
7365
la
de
25
provincia
de
La
Rioja disponen
en
el
inc.
d)
de
sus
respectivos
arts.
2º
que
el
paciente
con
padecimientos
mentales
tiene
derecho
“a
no
ser
objeto
de
pruebas
clínicas
ni
de
tratamientos
experimentales
sin
su
consentimiento
informado”.
Y,
el
art.
3
de
la
ley
6976
de
la
provincia
de
San
Juan
enumera
entre
los
derechos
de
las
personas
afectadas
en
su
salud
mental:
“d)
A
no
ser
objeto
de
pruebas
clínicas
ni
de
tratamientos
experimentales”sin
mencionar
el
consentimiento
informado
que
sí
prevén
las
leyes
de
Entre
Ríos
y
La
Rioja
como
excepción
a
la
prohibición.
En
el
mismo
sentido,
la
Ley
Nacional
de
Salud
Mental
Nº
26.65726,
garantiza
en
el
art.
7,
inc.
m)
el
derecho
de
toda
persona
con
padecimiento
mental
“a
no
ser
objeto
de
investigaciones
clínicas
ni
tratamientos
experimentales
sin
un
consentimiento
fehaciente”.
Por
último,
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
se
ocupa
de
la
materia
en
el
art.
59
en
cuyo
vasto
contenido
específicamente
dispone
que
“Ninguna
persona
con
discapacidad
puede
ser
sometida
a
investigaciones
en
salud
sin
su
consentimiento
libre
e
informado,
para
lo
cual
se
le
debe
garantizar
el
acceso
a
los
apoyos
que
necesite”.
2.
Chile.
En
la
República
de
Chile,
la
Ley
20.120
sobre
Investigación
Científica
en
el
ser
humano,
su
genoma,
y
prohíbe
la
clonación
27
humana se
ocupa
de
la
materia
en
el
art.
11
que
establece
“Toda
investigación
científica
en
un
ser
humano
deberá
contar
con
su
consentimiento
previo,
expreso,
libre
e
informado,
o,
en
su
defecto,
el
de
aquel
que
deba
suplir
su
voluntad
en
conformidad
con
la
28
ley”.
Más
específicamente,
la
Ley
N°
20.584
sobre
Derechos
y
Deberes
de
las
Personas
en
Salud, considera
en
su
artículo
28
por
una
parte
una
prohibición
absoluta
para
que
personas
con
discapacidad
psíquica
o
intelectual
que
no
puedan
expresar
su
voluntad
participen
en
una
investigación
científica.
Por
otra
parte
respecto
de
personas
con
discapacidad
psíquica
o
intelectual
que
tengan
la
capacidad
de
manifestar
su
voluntad
y
que
hayan
dado
consentimiento
informado,
exige
la
evaluación
ético
científica
por
un
Comité
de
Ética
acreditado,
la
autorización
de
la
Autoridad
Sanitaria
competente,
además
de
la
manifestación
de
voluntad
expresa
de
participar
tanto
de
parte
del
paciente
como
de
su
representante
legal.
En
este
sentido,
se
estaría
cumpliendo
con
el
postulado
de
la
421
Convención,
en
el
sentido
que
intervenga
un
ente
neutral
frente
a
este
tipo
de
personas.
La
ley
consagra
asimismo,
un
derecho
a
reclamo
ante
la
Comisión
Nacional
de
Protección
de
los
Derechos
de
las
Personas
con
Enfermedades
Mentales,
con
el
fin
que
esta
revise
la
regularidad
de
los
procedimientos
en
cuestión.
Por
su
parte
Chile
como
parte
de
la
Convención
sobre
la
Discapacidad,
29
aprobó
en
el
año
2014
la
Ley
20.422 que
Establece
Normas
sobre
Igualdad
de
Oportunidades
e
Inclusión
Social
de
Personas
con
Discapacidad,
que
reconoce
los
“derechos
y
principios
de
participación
activa
y
necesaria
en
la
sociedad
de
las
personas
con
discapacidad,
fomentando
la
valoración
en
la
diversidad
humana,
dándole
el
reconocimiento
de
persona
y
ser
social
y
necesario
para
el
progreso
y
desarrollo
del
país.”
Consagra
el
pleno
goce
y
ejercicio
de
sus
derechos
“en
condiciones
de
igualdad
con
las
demás
personas,
en
especial
lo
referente
a
su
dignidad,
el
derecho
a
constituir
y
ser
parte
de
una
familia,
su
sexualidad
y
salud
reproductiva.”
3.
Uruguay.
La
República
Oriental
del
Uruguay
regula
la
temática
vinculada
a
la
investigación
en
seres
humanos
en
el
Decreto
379/008
y
establece
que
en
los
casos
que
involucren,
entre
otros,
a
personas
portadoras
de
perturbaciones
o
enfermedades
mentales
o
sujetos
con
disminución
en
su
capacidad
de
consentimiento,
no
solo
se
debe
cumplir
con
las
exigencias
del
consentimiento
libre
e
informado,
a
través
de
los
representantes
legales
de
los
sujetos
referidos
sino
que
deberá
haber
justificación
de
la
selección
de
los
sujetos
de
investigación,
especificada
en
el
protocolo
aprobado
por
el
Comité
de
Ética
en
Investigación.
4.
Ecuador.
La
Ley
Orgánica
de
Discapacidades,
30
con
objetivos
de
difícil
cumplimiento,
podría
llevar
a
que
no
se
planteen
investigaciones
en
las
que
se
pueda
reclutar
personas
con
discapacidad
en
general.
Esta
ley,
expedida
en
el
Registro
oficial
del
25
de
Septiembre
del
2012,
enfatiza
los
Derechos
Sociales,
Políticos,
Económicos,
en
Salud
y
Educación,
entre
otros,
de
las
personas
con
discapacidad.
Así,
obliga
por
ejemplo
a
que
las
empresas
y
compañías
contraten,
en
el
4%
de
su
nómina,
a
personas
con
discapacidad,
sin
importar
el
grado
de
discapacidad
que
pueda
tener
el
contratado.
Esta
ley,
sin
embargo
no
aborda
la
investigación
con
personas
con
discapacidad,
ni
tampoco
el
Consentimiento
Informado.
Lo
único
relacionado
con
este
trabajo,
está
en
el
“Capítulo
segundo:
de
los
derechos
de
las
personas
con
discapacidad,
sección
primera:
de
los
derechos
Artículo
22.-‐
Genética
humana
y
bioética.-‐
La
autoridad
sanitaria
nacional
en
el
marco
del
Sistema
Nacional
de
Salud
normará,
desarrollará
y
ejecutará
el
Programa
Nacional
de
Genética
Humana
con
enfoque
de
prevención
de
discapacidades,
con
irrestricto
apego
a
los
principios
de
bioética
y
a
los
derechos
consagrados
en
la
Constitución
de
la
República
y
en
los
tratados
e
instrumentos
internacionales.
Por
su
parte,
la
Ley
Orgánica
de
Salud31
dispone
en
forma
general
como
derechos
del
paciente
en
el
artículo
7
“(…)
l)
No
ser
objeto
de
pruebas,
ensayos
clínicos,
de
laboratorio
o
investigaciones,
sin
su
conocimiento
y
consentimiento
previo
por
escrito;
ni
ser
sometida
a
pruebas
o
exámenes
diagnósticos,
excepto
cuando
la
ley
expresamente
lo
determine
o
en
caso
de
emergencia
o
urgencia
en
que
peligre
su
vida”.
El
Ministerio
de
Salud
Pública
con
fecha
julio
del
2014,
emitió
el
Reglamento,
N°00004889,
para
la
Aprobación
y
Seguimiento
de
los
Comités
de
Ética
de
Investigación
en
Seres
Humanos
(CEISH),
que
establece
las
funciones
de
dicho
Comité,
e
indica
en
el
apartado
a.)
“Respetar
la
autonomía
de
la
persona
que
participa
en
la
investigación:
consentimiento
informado
de
la
persona
que
participa
en
el
estudio
o
de
su
representante
legal,
idoneidad
del
formulario
escrito
y
del
proceso
de
obtención
del
consentimiento
informado,
justificación
de
la
investigación
en
personas
incapaces
de
dar
consentimiento”.
422
32
5.
Panamá.
En
Panamá,
la
Ley
78
de
diciembre
de
2003 que
regula
la
investigación
al
igual
quela
Resolución
que
adopta
la
Guía
33
Operacional
de
Bioética
en
investigación no
mencionan
específicamente
a
los
grupos
vulnerables,
pero
hace
obligatorio
el
proceso
de
consentimiento
informado
y
de
su
documentación
escrita
y
firmada
por
el/la
participante
de
la
investigación
así
como
la
obligación
de
la
justificación
clara
para
incluir
personas
que
no
pueden
dar
su
consentimiento
(Art.5.4.5).
Su
actualización
a
través
34
del
Decreto
Ejecutivo
N°1843
del
16
de
diciembre
de
2014 tampoco
define
a
la
vulnerabilidad,
pero
la
reconoce
implícitamente
en
su
artículo
9.3
al
otorgarse
la
revisión
y
aprobación
de
las
investigaciones
realizadas
con
participantes
de
las
comunidades
indígenas
cuando
esta
pertenencia
representa
un
criterio
de
inclusión
en
el
estudio
oyéndose
el
parecer
de
las
autoridades
tradicionales
de
estos
grupos;
esta
disposición
se
repite
en
los
artículos
27
y
52.
No
hay
referencia
a
las
personas
con
discapacidad.
Por
otra
parte,
la
Ley
6835establece
las
garantías
respeto
a
la
autonomía
de
las
personas
para
las
decisiones
sobre
su
atención
médica
o
su
participación
en
investigaciones.
El
artículo
8
dispone
que
“el
titular
del
derecho
a
la
información
es
el
paciente”,
pero
los
artículos
9
y
10
consideran
la
posibilidad
de
incapacidadparcial.
En
este
caso,
la
información
debe
ser
adaptada
a
su
grado
de
comprensión
sin
perjuicio
que
su
representante
asume
la
responsabilidad
de
las
decisiones
médicas.
La
responsabilidad
de
definir
el
grado
de
incapacidad
del
paciente
corresponde
al
médico
y
debe
ser
justificado.
Entre
las
situaciones
de
consentimiento
por
sustitución
(Art.
19)
está
la
incapacidad
de
tomar
una
decisión
“porque
su
estado
físico
o
psíquico
(del
paciente)
no
le
permite
hacerse
cargo
de
la
situación
según
el
criterio
del
médico
responsable
de
la
asistencia”
o
la
incapacidad
legal.
En
esta
situación
“la
decisión
o
intervención
médica
debe
respetar
la
dignidad
personal
del
enfermo,
estar
motivada,
ser
objetiva
y
proporcionada,
quedando
reflejado
todo
ello
en
el
expediente
clínico.
En
todo
caso,
se
intentará
que
tanto
el
enfermo
como
sus
parientes
y
allegados
intervengan
cuando
sea
posible
en
la
toma
de
decisiones”.
(Art.21)
Estas
disposiciones
son
sumamente
importantes
en
cuanto
la
investigación
debe
inscribirse
en
este
marco.
La
reglamentación
de
esta
ley
36
define
como
consentimiento
informado
el
“documento
en
que
se
acredita
en
forma
escrita,
la
voluntad
libre
y
consciente
de
un
paciente,
o
su(s)
representante(s),
cuando
sea
el
caso,
manifestada
en
pleno
uso
de
sus
facultades…”
Sin
embargo,
en
toda
la
reglamentación
como
en
las
disposiciones
sobre
voluntades
anticipadas
(Cap.
IV)
y
sobre
el
paciente
en
fase
terminal
(Cap.
V),
la
única
vulnerabilidad
definida
es
la
del
menor
de
edad
representado
por
sus
padres
o
tutores;
la
otra
adaptación
mencionada
es
la
utilización
del
sistema
Braille
para
las
personas
no
videntes
(Art.
3).
Todos
los
demás
casos
de
personas
con
discapacidad
son
omitidas.
6.
Costa
Rica.
La
Ley
reguladora
de
investigación
biomédica
de
Costa
Rica37
fue
objeto
de
largas
discusiones
públicas
en
el
país
y
el
resultado
de
este
amplio
debate
dio
un
documento
muy
detallado.
Además
de
un
artículo
específico
sobre
el
consentimiento
informado
en
personas
con
discapacidad
que
precisa
que
la
información
requerida
debe
darse
en
condiciones
y
formatos
accesibles
y
apropiados
a
sus
necesidades
(Art.
16),
el
capítulo
IX
de
dicho
reglamento
está
enteramente
dedicado
a
las
investigaciones
con
grupos
vulnerables,
entre
ellos
las
personas
sin
capacidad
volitiva
y
cognoscitiva
declarada
judicialmente
(Art.
64).
En
este
caso,
se
podrá
realizar
una
investigación
únicamente
“cuando
se
prevea
que
los
resultados
puedan
producir
beneficios
reales
o
directos
para
su
salud,
o
cuando
no
se
puedan
obtener
resultados
comparables
en
individuos
mayores
o
capaces
de
otorgar
su
consentimiento.
Cuando
sea
previsible
que
la
investigación
clínica
no
vaya
a
producir
resultados
en
beneficio
directo
para
la
salud
de
estos
participantes,
la
investigación
podrá
ser
autorizada
de
forma
excepcional,
si
concurrieran
las
siguientes
condiciones:
a)
Que
la
investigación
tenga
como
objetivo
contribuir
a
la
comprensión
de
la
enfermedad
o
a
un
resultado
beneficioso
para
otras
personas
de
423
la
misma
edad
o
con
la
misma
enfermedad
o
condición.
b)
Que
la
investigación
entrañe
un
riesgo
y
una
carga
mínimos
para
el
participante”.
El
otro
grupo
importante
de
personas
con
discapacidad
está
representado
por
las
personas
altamente
dependientes
de
la
atención
en
salud
(Art.
65);
el
artículodetalla
las
posibilidades
e
insiste
sobre
las
medidas
adicionales
de
protección
dándole
al
paciente
la
posibilidad
de
ser
informado
tan
pronto
como
sea
posible
y
de
retirarse
aun
si
el
tutor
firmo
el
consentimiento.
Consideraciones
finales
El
aumento
de
personas
con
discapacidad
refleja
el
impacto
positivo
de
la
evolución
de
la
ciencia
y
de
los
derechos
humanos
en
la
sobrevida
y
en
la
esperanza
de
vida
al
nacer,
pero
con
un
aumento
del
envejecimiento,
de
las
enfermedades
ligadas
al
mismo
y
de
las
enfermedades
crónicas
discapacitantes.
También
refleja
el
impacto
negativo
de
la
violencia.
Estas
personas
tienen
necesidades
específicas
para
la
resolución,
disminución
o
adaptación
de
sus
discapacidades,
y
precisamente
por
tales
razones,
resulta
necesario
realizar
investigaciones
de
todo
tipo:
epidemiológicas,
psicológicas,
médicas,
legales
y
de
equipos,
entre
otras.
En
todas
ellas,
es
necesario
respetar
los
postulados
éticos
de
la
investigación
con
seres
humanos,
haciendo
especial
hincapié
en
la
participación
de
estas
personas
sobre
la
base
de
un
consentimiento
informado
libre
y
voluntario.
Estas
investigaciones
obligan
a
los
investigadores
y
comités
de
ética
de
investigación
a
la
mayor
vigilancia,
con
un
enfoque
de
protección
de
estas
personas,
debiendo
considerar
el
incremento
del
tiempo
y
costo
necesario
para
esta
etapa.
Respecto
del
Comité
de
Ética
de
Investigación
resultan
aplicables
los
postulados
siguientes,
a
saber:
•
Vigilar
que
el
objetivo
de
la
investigación
beneficie
directamente
a
los
participantes
o
al
grupo
que
representa
enfatizando
en
el
principio
de
no
maleficencia
que
implica,
la
absoluta
improcedencia
de
exponerlos
a
riesgos
innecesarios.
•
La
información
brindada
debe
tomar
en
cuenta:
el
grado
de
discapacidad
y
la
capacidad
de
comprensión
del
sujeto,
así
como
la
extensión
de
esta
información:
siempre
completa
pero
el
proceso
de
entrega
de
la
misma
puede
ser
inmediato
o
progresivo
hasta
que
los
investigadores
estén
convencidos
que
el
consentimiento
sea
propio
y
sincero.
La
modalidad
de
apoyo
para
esta
comprensión
de
la
información
y
del
empoderamiento
de
la
decisión
facilita
esta
etapa.
•
El
consentimiento
informado
con
apoyo
debe
ser
revisado
e
incluso
controlado
atentamente
por
el
Comité
de
Ética
para
asegurarse
que
no
haya
influencia
indebida
o
coerción
en
los
estudios
epidemiológicos
y
sociales.
Siendo
la
protección
de
la
dignidad
e
integridad
de
las
personas
con
discapacidad
el
eje
de
toda
investigación,
es
imprescindible
examinar
los
riesgos
psicológicos
y
sociales
tanto
en
los
objetivos
como
en
la
metodología
de
recolección
de
datos.
•
Aunque
el
grupo
de
investigadores
sea
multidisciplinario
lo
que
permite
una
información
más
clara
y
adaptada
a
la
condición
de
la
discapacidad
particular
de
cada
persona
la
toma
de
decisión
con
apoyo
implica
que
sea
la
propia
persona
con
discapacidad
quién
designe
a
la
persona
que
le
ayudará
en
su
toma
de
decisión.
Para
evitar
conflictos
de
intereses,
nunca
el
apoyo
debiera
ser
un
integrante
del
equipo
investigador.
•
Vigilar
estrechamente
el
desarrollo
de
la
investigación,
revisando
no
solamente
sus
efectos
adversos
sino
también
las
causas
del
rechazo
a
participar
y
de
los
abandonos.
Estos
últimos
datos
pueden
aportar
a
la
comprensión
de
los
problemas
de
salud
de
las
personas
con
discapacidad.
424
Si
bien
estos
preceptos
están
inscritos
en
los
principios
éticos
de
las
guías
y
declaraciones
internacionales
sobre
ética
de
investigación
vigentes,
es
necesario
que
las
regulaciones
nacionales
profundicen
o
detallen
las
pautas
para
investigación
en
esta
categoría
de
población,
materia
que
se
aborda
de
manera
más
o
menos
completa
según
la
prioridad
que
le
dé
el
país
a
la
investigación.
Los
datos
estadísticos
y
sociales
que
existen
sobre
estos
grupos
son
incompletos
para
la
mayoría
de
nuestros
países,
siendo
temas
indispensables
y
algunos
prioritarios
para
investigación.
La
calidad
de
vida
a
la
cual
tienen
derecho
las
personas
con
discapacidad
es
otro
tema
para
investigaciones
clínicas
y
sociales.
Los
comités
de
ética
de
investigación
tienen
la
tarea
de
vigilar
que
el
diseño
de
estas
investigaciones
no
provoque
mayor
estigmatización
o
discriminación
social
sin
caer
en
un
paternalismo
que
disminuya
la
autonomía
de
los/las
participantes
para
dar
su
consentimiento
informado.
En
los
estudios
clínicos
o
de
equipos
especiales,
el
Comité
debe
vigilar,
con
particular
atención,
que
sean
adoptadas
las
precauciones
necesarias
para
evitar
o
disminuir
los
riesgos
en
todo
participante
de
una
investigación
clínica.
Todas
estas
medidas
no
debieran
ser
impedimento
para
la
investigación
en
personas
con
discapacidad
sino
un
llamado
de
atención
para
la
protección
de
un
grupo
vulnerable
por
su
condición
personal
y
social.
Conclusión
Todos
los
instrumentos
que
regulan
la
investigación
biomédica
y
psicosocial
sea
en
el
ámbito
internacional,
regional
o
local,
coinciden
en
la
protección
de
los
grupos
vulnerables,
entre
los
que
indiscutiblemente
se
encuentran
las
personas
con
discapacidad
psicosocial/
intelectual.
En
paralelo,
resulta
indispensable
estimular
con
todas
las
garantías
necesarias
y
con
el
respeto
irrestricto
a
su
dignidad,
la
investigación
provechosa
para
conseguir
mejores
estándares
de
calidad
de
vida.
Al
disminuir
los
factores
externos
que
profundizan
esta
vulnerabilidad,
se
facilita
la
construcción
(o
la
reconstrucción)
de
la
autonomía
individual.
Tanto
los
derechos
humanos
como
los
valores
éticos
reconocen
el
derecho
a
la
autonomía
de
decisión
como
intrínseco
a
cada
persona.
La
Convención
sobre
las
Personas
con
Discapacidad,
basándose
en
los
adelantos
científicos
y
de
derechos
humanos,
incluye
este
derecho
de
modo
general,
inclusive
para
las
personas
con
discapacidad
mental
o
intelectual.
Aunque
debemos
reconocer
que
puede
ocurrir
(de
manera
transitoria
o
permanente)
que
la
discapacidad
intelectual
sea
tal
que
se
encuentre
afectada
la
comprensión
de
una
persona
y
deba
un(a)
responsable
legal
tomar
las
decisiones
informadas
en
su
lugar,
se
debe
buscar
el
asentimiento/consentimiento
de
la
persona
con
discapacidad,
proporcional
a
su
capacidad
de
juicio.
El
reconocimiento
de
la
presencia
de
alguien
designado
por
la
persona
con
discapacidad
como
el
apoyo
en
estas
decisiones,
favorece
la
participación
independiente
de
ésta.
En
caso
de
rechazo
absoluto,
en
cualquier
momento
del
proceso
de
asentimiento/consentimiento
o
durante
el
desarrollo
de
la
investigación,
se
debe
respetar
esta
decisión
sin
perjuicio
de
la
atención
integral
que
se
merecen.
En
todo
los
demás
pasos
de
la
investigación
no
se
debe
hacer
diferencia
con
los
participantes
sin
discapacidad,
ya
que
el
respeto
a
la
dignidad
de
los
participantes
es
un
valor
fundamental
de
la
investigación.
La
normativa
es
clara
sobre
este
punto
y
no
puede
constituir
un
pretexto
para
una
actitud
paternalista
que
tendría
un
resultado
negativo
para
el
avance
de
la
ciencia
y
para
la
salud
de
las
personas
con
discapacidad.
Al
mismo
tiempo,
los
comités
de
ética
de
investigación
deben
revisar
los
protocolos
de
investigación
en
que
intervienen
personas
con
discapacidad
con
extrema
precaución
a
favor
de
su
dignidad
e
integridad.
A
partir
de
lo
expuesto
podemos
concluir
en
que:
425
•
Se
puede
investigar
con
personas
con
discapacidad
siempre
que
puedan
manifestar
su
voluntad
y
solo
en
aquellas
cuestiones
que
los
afecten.
Esta
posición
que
a
nuestro
juicio
-‐
es
la
que
más
se
acerca
a
los
principios
de
respeto
de
la
autonomía
de
los
participantes,
debe
tomar
en
cuenta
la
variabilidad
de
la
condición
mental
o
psicosocial
de
la
persona,
•
en
ocasiones
excepcionalísimas,
debidamente
evaluadas
y
que
siempre
sea
en
provecho
directo
de
las
personas
con
discapacidad,
pueden
participar
aquellas
sin
capacidad
de
expresar
su
voluntad,
situación
en
la
que
se
requiere
que
el
tutor
legal
asuma
la
responsabilidad
del
consentimiento
informado
bajo
la
vigilancia,
supervisión
y
seguimiento
estricto
de
los
Comités.
•
Referencias
bibliográficas
1.-‐
The
Nuremberg
Code
(1947)http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/
2.-‐
Luna
F.
Vulnerabilidad:
la
métafora
de
las
capas,
SJA
1/10/2008,
Lexis
Nº
0003/014059
ó
0003/014068.
3.-‐
Corte
IDH.
“Caso
Ximenes
López
vs.
Brasil”,
sentencia
de
4
de
julio
de
2006.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf.
4.-‐
Decreto
379/008
Anexo
I,
punto2)
b),
Promul.
4/08/2008;
public.
14/08/2008,
República
Oriental
del
Uruguay.
Disponible
en
http://www.elderechodigital.com.uy/smu/legisla/D0800379.html.
5.-‐
Adoptados
por
la
Asamblea
General
en
su
resolución
46/119,
de
17
de
diciembre
de
1991,
A/RES/46/119
del
19/10/2005.
https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/principiosproteccionmental.htm.
6.-‐
Iglesias
MG.
Poder
decirlo
todo:
hombre,
persona
y
ley
26.657.
Derecho
de
Familia.
Revista
interdisciplinaria
de
doctrina
y
jurisprudencia
Nº
51.
Buenos
Aires:
Abeledo
Perrot;
2011:
103-‐110.
7.-‐
Palacios
A.
El
modelo
social
de
discapacidad:
orígenes,
caracterización
y
plasmación
en
la
Convención
Internacional
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad.
1era.
Edición.
Madrid:
Ediciones
Cinca;
2008:
27.
8.-‐
Fábrega
Ruiz,
Cristóbal
F,
Aproximación
de
urgencia
a
la
Convención
de
Naciones
sobre
los
derechos
de
las
personas
con
discapacidad
y
su
relación
con
el
ordenamiento
español.
http://www.derechoshumanosaequitas.org/wp-‐content/uploads/2009/06/convencion-‐y-‐
ordenamiento-‐
espanol.pdf.
Consultado
el
1/01/2012.
9.-‐
Villaverde
M.
La
nueva
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad
(ONU).
En
clave
de
derechos
civiles
y
políticos,
JA
2008-‐
III-‐1041.
10.-‐
UE
Nº
536/2014
Diario
Oficial
de
la
Unión
Europea,
27/5/2014,
L
158/1.
http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐
content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0536.
Consultado
el
28/02/2015.
art.
10.2
11.-‐
Enmendada
en
los
años
1975,
1983,
1989,
1996,
2000,
2002,
2004,
2008
y
actualizada
en
la
64ª
Asamblea
General,
Fortaleza,
Brasil,
en
octubre
2013.
12.-‐
Preparadas
por
el
Consejo
de
Organizaciones
Internacionales
de
las
Ciencias
Médicas
(CIOMS)
en
colaboración
con
la
Organización
Mundial
de
la
Salud,
Ginebra
2000,
disponible
enhttp://www.cioms.ch/publications/guidelines/pautas_eticas_internacionales.htm,
sitio
visitado
el
22/2/2015
13.-‐
Congreso
Nacional
de
Chile
Historia
de
la
Ley
N°
20.422:
6-‐7.
Disponible
en
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422
sitio
visitado
el
3/3/2015
14.-‐
Aprobada
por
la
Conferencia
General
de
la
UNESCO
el
19
de
octubre
de
2005
disponible
en
http://portal.unesco.org/es/ev.php-‐
URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html,
sitio
visitado
el
5/3/2015
15.-‐
Disponible
en
http://www.un.org/es/rights/overview/charter-‐hr.shtml
sitio
visitado
el
4/3/2015.
16.-‐
Aprobada
por
la
Asamblea
de
las
Naciones
Unidas
el
13/12/2006,
de
jerarquía
constitucional
en
la
República
Argentina
(según
ley
27.044;
sanc.
19/11/2014
;promul.
11/12/2014;
publ.
22/12/2014).
17.-‐
Observación
General
No.
20,
Comentarios
generales
adoptados
por
el
Comité
de
los
Derechos
Humanos,
Artículo
7
-‐
Prohibición
de
la
tortura
u
otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos
o
degradantes,
44º
período
de
sesiones,
U.N.
Doc.
HRI/GEN/1/Rev.7
at
173
(1992).www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom20.html.
Consultada
el
5/03/2015.
426
18.-‐
Consejo
de
Europa,
comprobado
el
13
de
marzo
de
2003,
Fecha:
4
de
abril
de
1997,
http://www.unav.es/cdb/coeconvencion.html,
compulsado
el
7/03/2015.
19.-‐
Marín
Calero
C.
Los
apoyos
a
la
capacidad
jurídica
de
obrar
de
todas
las
personas
con
discapacidad.
En
Bariffi
F,
Palacios
A
(Coords.).
Capacidad
Jurídica,
Discapacidad
y
Derechos
Humanos.
Buenos
Aires:
Ediar;
2009:
395-‐396.
20
Ley
26.994,
sanc.
01/10/2014;
promul.
07/10/2014;
publ.
08/10/2014,
http://www.infojus.gob.ar/nuevo-‐codigo-‐civil-‐y-‐comercial-‐de-‐la-‐nacion.
Consultado
el
7/03/2015.
21.-‐
En
este
sentido,
art.
8º
del
Decreto
379/008
Anexo
I,
punto
2)
b),
promul.
4/08/2008;
public.
14/08/2008,
República
Oriental
del
Uruguay.
Disponible
en
http://www.elderechodigital.com.uy/smu/legisla/D0800379.html.
En
Chile
el
Art.
11
de
la
Ley
20.120de
Investigación
dispone
“Toda
investigación
científica
en
un
ser
humano
deberá
contar
con
su
consentimiento
previo,
expreso,
libre
e
informado,
o,
en
su
defecto,
el
de
aquel
que
deba
suplir
su
voluntad
en
conformidad
con
la
ley.
Para
los
efectos
de
esta
ley,
existe
consentimiento
informado
cuando
la
persona
que
debe
prestarlo
conoce
los
aspectos
esenciales
de
la
investigación,
en
especial
su
finalidad,
beneficios,
riesgos
y
los
procedimientos
o
tratamientos
alternativos.
Para
ello
deberá
habérsele
proporcionado
información
adecuada,
suficiente
y
comprensible
sobre
ella.
Asimismo,
deberá
hacerse
especial
mención
del
derecho
que
tiene
de
no
autorizar
la
investigación
o
de
revocar
su
consentimiento
en
cualquier
momento
y
por
cualquier
medio,
sin
que
ello
importe
responsabilidad,
sanción
o
pérdida
de
beneficio
alguno.”
(el
resalto
es
nuestro)
22.-‐
Sanc.
26/11/2009;
promul.
11/01/2010;
publ.
09/02/2010.
23.-‐
Sanc.
06/12/1990,
promulg.
26/12/1990,BoletínOficial
13/02/1991.
24.-‐
Sanc.
07/06/1994;
promul.
28/06/1994;
B.O.
14/07/1994.
25.-‐
Sanc.
12/09/2002,
B.O.
18/10/2002.
26.-‐
Sanc.
25/11/2010;
promul.
02/12/2010;
publ.
03/12/2010.
27.-‐
Congreso
Nacional
de
Chile
Ley
N°
20.584
Arts.
9
y
.11
inc.1°
Disponible
en
http://www.leychile.cl/N?i=253478&f=2006-‐09-‐22&p=sitio
visitado
el
24/1/2015.
28.-‐
Congreso
Nacional
de
Chile
Ley
N°
20.584
Arts.
28
y
29
Disponible
en:http://www.leychile.cl/N?i=1039348&f=2012-‐10-‐01&p=,
sitio
visitado
el
24/1/2015.
29.-‐
Congreso
Nacional
de
Chile
Ley
N°
20.422
disponible
en
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422
Sitio
visitado
el
3/3/2015
30.-‐
Parlamento
República
del
Ecuador
Ley
Orgánica
de
Discapacidades.
Disponible
en
www.consejodiscapacidades.gob.ec/.../ley_organica_discapacidades,
sitio
visitado
el
8/3/2015
31.-‐
Ley
N°67,
Registro
Oficial
Suplemento
423
de
22
de
Diciembre
del
2006.
Disponible
en
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/EC/ley_organica_de_salud.pdf.
Consultada
el
5/03/2015.
32.-‐
Asamblea
Legislativa
de
la
República
de
Panamá
Ley
78
del
17
de
diciembre
de
2003
gaceta
Oficial
24952
del
19
de
diciembre
de
2003
http://www.gorgas.gob.pa/wp-‐content/uploads/2014/04/LEY-‐78.pdf.
33.-‐
Asamblea
Nacional
de
la
República
de
Panamá
Resolución
N°
390
del
6
de
noviembre
de
2003,
Gaceta
Oficial
24938
del
28
de
noviembre
2003
Disponible
en
200.46.254.138/legispan/PDF_NORMAS/.../2003/2003_531_2550.PDF.
34.-‐
Ministerio
de
Salud,
Panamá
Decreto
Ejecutivo
N°1843
del
16
de
diciembre
de
2014
Gaceta
Oficial
Digital
N°
27681-‐A
www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/.../GacetaNo_27681a_20141216.pdf.
35.-‐
Asamblea
Legislativa
Ley
68
del
20
de
noviembre
de
2003
Gaceta
Oficial
24935
del
25
de
noviembre
de
2003www.gorgas.gob.pa/.../Ley-‐68-‐
2003-‐Regula-‐los-‐derechos-‐y-‐obligaciones.pdf
36.-‐
Asamblea
Nacional
Decreto
Ejecutivo
1458
del
6
de
noviembre
de
2012.
Gaceta
Oficial
27160-‐A
del
9
de
noviembre
de
2012www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/.../GacetaNo_27160a_20121109.pdf
37.-‐
Asamblea
Legislativa
de
la
República
de
Costa
Rica
Ley
reguladora
de
investigación
biomédica,
21
de
noviembre
2013,
Gaceta
N°79
del
25
de
abril
de
2014,
p
6-‐19
www.gaceta.go.cr/pub/2014/04/25/COMP_25_04_2014.pdf
427
LOS
ALUMNOS
UNIVERSITARIOS
COMO
SUJETOS
DE
INVESTIGACIÓN
Graciela
Alicia
Castillo
Bioquímica.
Es
Profesional
Principal
del
CONICET.
Integrante
de
proyecto
de
investigación,
CIUNT,
Instituto
de
Fisiología
(Facultad
de
Medicina,
UNT)
Integrante
del
Comité
de
Bioética
de
la
Facultad
de
Medicina,
UNT
Gabriel
Guillermo
Francisco
Orce
Médico
y
Doctor
en
Medicina.
Profesor
Titular
de
Fisiología
y
Director
del
Instituto
de
Fisiología
(Facultad
de
Medicina,
UNT)
Presidente
del
Comité
de
Bioética
de
la
Facultad
de
Medicina,
UNT
Contacto:
[email protected]
Bartolomé
Enrique
Llobeta
Médico
Certificado
en
Tocoginecología.
Profesor
Adjunto
de
Bioética
en
la
Facultad
de
Medicina,
UNT
Secretario
del
Comité
de
Bioética
de
la
Facultad
de
Medicina,
UNT
Contacto:
[email protected]
La
incorporación
de
alumnos
como
sujetos
de
investigación
es
una
práctica
muy
extendida
en
el
ámbito
académico.
Se
les
realiza
encuestas,
participan
en
grupos
focales
sobre
los
temas
más
diversos,
se
les
saca
sangre,
se
los
pesa
y
se
los
mide.
Deben
dar
su
opinión
sobre
grados
de
bienestar
o
sufrimiento,
sobre
conductas
médicas
o
evaluar
la
actividad
docente
de
muchas
maneras.
Son
una
población
cautiva
e
ideal,
por
la
adecuada
o
conveniente
proporción
entre
los
sexos,
y
porque,
en
grupo,
ofrecen
la
posibilidad
de
alcanzar
una
muestra
representativa
y
homogénea
en
poco
tiempo
y
con
un
menor
esfuerzo
del
investigador.
La
posibilidad
de
incluir
a
los
alumnos
en
proyectos
de
investigación
es,
además,
una
fuerte
tentación.
Los
alumnos
representan
una
accesible
e
inagotable
fuente
de
posibles
participantes,
y
en
general
manifiestan
muy
limitadamente
la
capacidad
de
distinguir
los
límites
de
la
autoridad
legítimamente
ejercida
por
el
docente.
Este
hecho
permite
al
docente
exceder
con
alguna
frecuencia
los
límites
lícitos
y
abusar
de
la
situación,
exigiendo
por
ejemplo
la
participación
estudiantil
bajo
amenaza
de
ser
excluidos
de
las
actividades
curriculares
en
caso
de
negativa,
causando
así
grave
daño
académico
al
estudiante
y
vulnerando
el
principio
ético
fundamental
del
consentimiento
previo
de
un
sujeto
de
investigación
(además,
por
supuesto,
de
sentar
un
pésimo
ejemplo
moral
para
el
desempeño
futuro
del
educando).
Los
estudiantes
conforman
un
grupo
cuya
representatividad
debe
ser
bien
evaluada
antes
de
realizar
sobre
ellos
ningún
estudio
que
trate
de
temas
no
específicos
de
los
estudiantes
o
de
las
manifestaciones
en
este
grupo
de
la
variable
en
estudio.
Se
trata
de
un
grupo
compacto,
saludable
y
tentadoramente
disponible
(en
general,
los
estudiantes
concurren
espontáneamente
en
grandes
números
a
lugares
definidos,
y
su
nivel
educacional
es
alto,
lo
que
en
principio
facilita
las
tareas
de
su
reclutamiento).
Sin
embargo,
su
representatividad
es
bastante
limitada
en
términos
sociales
más
amplios,
dados
su
origen
social
(abrumadoramente
de
clase
media
o
alta)
y
sus
hábitos
y
necesidades
particulares.
Habitualmente
los
investigadores
consideran
que
sus
proyectos
entrañan
un
bajo
riesgo.
En
realidad,
en
el
ámbito
académico
las
investigaciones
epidemiológicas,
educativas
o
de
investigaciones
sociales
en
salud
son
mucho
más
frecuentes
que
las
investigaciones
clínicas.
No
suelen
someter
sus
proyectos
a
la
evaluación
independiente
de
un
comité
porque
consideran
innecesaria
y
burocrática
esa
evaluación,
que
por
otra
parte
no
suele
ser
exigida
por
las
autoridades
académicas.
Es
raro
que
conduzcan
procesos
válidos
de
consentimiento
informado
y,
además,
si
el
tema
de
la
investigación
está
relacionado
con
la
actividad
académica,
los
docentes
428
suponen
que
es
obligación
de
los
estudiantes
participar
en
investigaciones
de
bajo
riesgo
que
pueden
mejorar
la
actividad
docente
y
beneficiarlos.
En
los
párrafos
anteriores
hemos
intentado
describir
algunas
características
de
la
investigación
en
los
claustros
universitarios.
Las
experiencias
que
brinda
la
evaluación
ética
de
proyectos
de
investigación
nos
permite
un
conocimiento
directo
de
las
características
descriptas.
Nuestra
intención
es
la
de
reflexionar
sobre
estos
hechos.
Por
lo
tanto,
el
objetivo
de
este
trabajo
es
caracterizar
al
colectivo
“alumnos”
como
una
población
vulnerable
en
investigación,
identificar
los
riesgos
a
los
que
se
exponen
y
recomendar
medidas
adecuadas
para
respetar
los
derechos
de
estos
particulares
sujetos
de
investigación.
Sujetos
vulnerables
en
investigación
con
seres
humanos
La
preocupación
por
la
participación
de
alumnos
como
sujetos
de
investigación
en
una
unidad
académica
cualquiera,
en
investigaciones
conducidas
por
los
docentes
o
las
autoridades
de
dicha
unidad,
tiene
ya
larga
data.
La
Declaración
de
Helsinki,
documento
de
la
Asociación
Médica
Mundial
adoptada
en
1964
y
enmendada
por
última
vez
en
2013
por
la
64°
Asamblea
General
en
Fortaleza,
Brasil,
es
considerada
como
la
“piedra
angular”
de
referencia
en
ética
de
la
investigación
en
1
humanos
a
nivel
internacional,
aunque
está
dirigido
especialmente
a
médicos
y
principalmente
guía
a
los
científicos
que
realizan
investigaciones
clínicas.
Si
bien
no
existe
una
mención
directa
a
la
situación
de
los
alumnos,
hay
numerosas
referencias
a
la
obligación
moral
de
cuidar
y
proteger
al
participante
de
una
investigación.
Entre
otros,
los
puntos
4,
7,
8
y
9
hablan
de
“promover
y
velar
por
la
salud,
el
bienestar
y
los
derechos
de
los
pacientes”
como
un
deber
del
investigador;
asegurar
respeto
por
los
derechos
individuales
de
los
seres
humanos
o
privilegiar
los
derechos
e
intereses
de
los
participantes
por
sobre
la
posibilidad
de
obtener
un
conocimiento.
El
texto
menciona
con
frecuencia
las
obligaciones
y
deberes
de
protección
y
promoción
que
poseen
los
profesionales.
Son
constantes
las
referencias
a
la
dignidad,
los
intereses
y
los
derechos
de
las
personas
como
valores
morales
intocables,
que
ninguna
circunstancia
o
normativa
ética
o
jurídica
debería
vulnerar
o
suprimir.
Los
puntos
16,
17
y
18
reconocen
la
existencia
de
riesgos
y
costos
asociados
a
la
participación
en
una
investigación,
junto
a
la
necesidad
(y
obligación)
de
ponderarlos
con
los
posibles
beneficios,
de
minimizarlos
y
de
documentarlos.
Los
puntos
19
y
20
están
referidos
a
la
existencia
de
personas
o
grupos
“vulnerables”,
más
expuestos
que
otros
grupos
a
sufrir
daños
por
su
participación
en
un
proyecto
de
investigación.
Los
redactores
de
la
nueva
versión
2013
separan
estos
puntos
del
resto
del
texto
en
una
sección
con
un
título
específico
como
muestra
de
la
necesidad
de
reconocer
e
identificar
a
este
grupo
de
sujetos.
La
redacción
de
la
Declaración
no
nos
permite
distinguir
cuáles
son
esos
grupos
ni
quienes
pertenecen
a
la
categoría
de
vulnerables,
pero
establece
claramente
que
deben
ser
protegidos
de
manera
diferente
y
cuáles
son
las
condiciones
a
cumplir
para
conducir
un
proceso
de
investigación
de
manera
ética.
Debemos
detenernos
en
el
documento
elaborado
por
el
Consejo
de
Organizaciones
Internacionales
de
las
Ciencias
Médicas
(CIOMS),
en
la
versión
2002,
para
poder
acercarnos
a
una
posible
definición
de
“sujeto
vulnerable”.
La
Pauta
13
nos
informa
que
429
Son
personas
vulnerables
las
absoluta
o
relativamente
incapaces
de
proteger
sus
propios
intereses.
Específicamente,
pueden
tener
insuficiente
poder,
inteligencia,
educación,
recursos,
fuerza
u
otros
atributos
necesarios
para
proteger
sus
2
intereses.
En
los
comentarios
a
la
Pauta
13,
los
redactores
incluyen
un
párrafo
denominado
“Otros
grupos
vulnerables”,
que
hace
mención
específica
a
los
estudiantes
de
medicina
y
enfermería.
Estos
grupos
son
vulnerables
por
la
cercanía
al
investigador
y
por
la
posibilidad
de
ser
influenciados
indebidamente
por
la
expectativa
de
premio
o
de
castigo
al
momento
de
prestar
o
no
su
consentimiento
informado.
La
cercanía
al
investigador
los
expone
a
una
distribución
desigual
de
las
cargas
y
costos
de
una
investigación,
pues
son
invitados
con
frecuencia
a
participar
en
investigaciones
que
no
están
centradas
en
problemas
específicos
de
los
estudiantes
como
grupo.
La
República
Argentina
cuenta
en
su
extenso
marco
normativo
en
salud
con
un
documento
específico
que
pauta
la
actividad
de
investigación
en
humanos.
El
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación
promulgó
en
septiembre
de
2011
una
“Guía
para
Investigaciones
en
Seres
Humanos”
como
expresión
de
su
preocupación
para
asegurar
el
cumplimiento
de
pautas
éticas
y
científicas
válidas.
En
esta
guía
se
considera
“vulnerable”
a
quien
no
es
capaz
de
defender
adecuadamente
sus
propios
intereses
y
se
asocia
la
2
vulnerabilidad
a
la
posesión
de
una
autonomía
disminuida
o
inexistente
(Pauta
3). Específicamente
se
puntualiza
que
personas
“subordinadas”
pertenecen
al
grupo
de
sujetos
que,
al
poseer
alguna
desventaja
cultural,
educativa
o
social,
tienen
su
autonomía
disminuida
y
son
vulnerables.
Consideramos
que
los
alumnos
se
encuentran
en
cierto
grado
de
subordinación,
real
o
imaginada,
a
las
autoridades
docentes
y
no
pueden
aceptar
o
rechazar
la
participación
en
un
estudio
de
manera
válida.
La
pauta
8
asimila
la
vulnerabilidad
a
la
posibilidad
de
ser
indebidamente
forzado
a
participar
por
alguna
influencia
o
promesa
o
coerción.
Para
proteger
los
derechos
de
estos
posibles
participantes,
impone
el
requisito
de
la
presencia
de
un
testigo
independiente
del
investigador
en
el
proceso
de
consentimiento
informado.
La
pauta
12
ofrece
una
amplia
definición
de
grupo
vulnerable
que
reproducimos
a
continuación
y
establece
estrictas
condiciones
especiales
para
la
realización
de
estudios
y
la
protección
de
estos
sujetos:
Grupo
de
individuos
con
incapacidad
mental
o
legal
para
comprender
las
características
de
una
investigación
o
para
expresar
su
voluntad
o
que
por
una
condición
social,
cultural,
educativa
o
económica
desfavorable
es
susceptible
a
ser
influenciado
por
la
expectativa
de
recibir
un
beneficio
por
participar
en
la
investigación
(incentivo
indebido)
o
a
ser
víctima
de
una
amenaza
por
parte
de
los
investigadores
u
otros
en
una
situación
de
poder
si
se
rehusaran
a
participar
3
(coerción). (El
resaltado
es
nuestro).
2
Un
análisis
de
la
pauta
reseñada
nos
permite
observar
su
coincidencia
con
lo
expresado
en
la
Pauta
13
del
Documento
de
CIOMS y
expresar
claramente
que
los
alumnos
que
participan
como
sujetos
en
investigaciones
conducidas
por
sus
docentes
son
sujetos
vulnerables
y
es
obligación
de
las
instituciones
académicas
velar
por
su
protección,
cuidar
sus
intereses
y
asegurar
que
sus
derechos
no
sean
vulnerados.
¿Son
los
alumnos
sujetos
vulnerables?
A
continuación,
y
en
consonancia
con
las
pautas
éticas
mencionadas,
ofrecemos
las
razones
por
las
que
creemos
que
los
alumnos
universitarios
que
son
invitados
a
participar
como
sujetos
de
investigación
constituyen
un
grupo
de
personas
vulnerables.
430
En
principio,
podemos
mencionar
tres
condiciones
que
hacen
de
los
alumnos
sujetos
vulnerables
en
una
investigación:
• La
posibilidad
de
que
la
voluntariedad
se
encuentre
comprometida.
• La
posibilidad
de
que
la
confidencialidad
pueda
estar
comprometida.
• La
posibilidad
de
que
se
enfrenten
a
riesgos
personales
o
grupales
por
su
participación.
Revisemos
estas
condiciones.
a)
Voluntariedad
La
participación
libre
y
voluntaria
de
los
sujetos
es
una
condición
ética
ineludible
en
cualquier
investigación
en
humanos,
incluso
en
aquellas
que
a
primera
vista
ofrecen
solo
beneficios
para
el
individuo
o
su
comunidad
o
es
de
importancia
relevante
el
conocimiento
a
adquirir.
Ya
el
primer
documento
internacional
que
se
ocupa
de
la
ética
en
la
investigación
en
seres
humanos
⎯el
Código
o
Decálogo
de
Nuremberg
(1947)⎯
realza
la
importancia
del
consentimiento
voluntario
de
los
sujetos
al
colocarlo
como
el
primer
principio
básico
a
respetar
para
conducir
con
legitimidad
y
licitud
una
investigación.
Los
alumnos
universitarios
pueden
tener
serias
dificultades
para
prestar
un
consentimiento
libre
y
sin
coerción,
aún
cuando
se
le
presente
un
formulario
de
consentimiento
informado
a
firmar.
Están
en
una
posición
de
gran
sumisión
en
relación
con
el
docente.
Ya
sea
porque,
explícita
o
implícita,
existe
la
promesa
o
la
expectativa
de
algún
beneficio
económico
o
académico
si
decide
participar
o
el
temor
a
algún
tipo
de
perjuicio
o
represalia
en
su
vida
académica
por
no
querer
hacerlo,
la
voluntariedad
puede
afectarse
hasta
el
punto
de
no
ser
libre
para
firmar
un
documento
de
consentimiento
informado
o
de
encontrarse
en
coerción
para
firmarlo.
Otro
aspecto
a
tener
en
cuenta
es
la
posibilidad
de
que
los
estudiantes
sujetos
de
investigación
no
se
encuentren
en
condiciones
de
ser
veraces
y,
por
temor
a
represalias,
decidan
ocultar
información
que
pudiera
disgustar
a
los
docentes
que
hacen
el
estudio
o
interferir
en
los
resultados.
Por
ejemplo,
un
alumno
podría
tener
temor
de
proporcionar
información
“inadecuada”
(“políticamente
incorrecta”
u
opuesta
a
lo
que
el
sujeto
perciba
como
la
hipótesis
preferida
del
docente
investigador).
Dependiendo,
por
supuesto,
del
tipo
de
investigación
de
que
se
trate,
esta
situación
representa
un
riesgo
muy
concreto
para
un
alumno
y
puede,
además
afectar
la
validez
de
la
información
que
obtengan
los
investigadores,
modificando
los
resultados
y
las
conclusiones
del
estudio.
b)
Privacidad
y
confidencialidad
El
resguardo
de
la
confidencialidad
de
los
datos
que
brinda
un
sujeto
de
investigación
o
que
pueden
obtenerse
de
los
procedimientos
de
un
estudio
y
de
la
privacidad
del
sujeto
de
investigación
es
un
requerimiento
ético
de
primer
orden.
Los
sujetos
tienen
derecho
a
saber
de
qué
manera
el
equipo
investigador
planea
el
cuidado
de
la
identidad,
la
intimidad
o
la
privacidad
del
participante.
Los
alumnos
sujetos
de
investigación
enfrentan,
con
mayor
probabilidad
que
otros
grupos,
el
riesgo
de
perder
su
intimidad
y
anonimato
o
de
que
sus
datos
u
opiniones
se
revelen.
La
causa
de
este
riesgo
reside
en
la
cercanía
al
investigador
y
la
relativa
estrechez
del
claustro
universitario
en
un
contexto
en
el
que
es
posible
identificar
con
pocos
datos
quién
o
quienes
han
prestado
consentimiento
para
la
investigación
o
han
revelado
ciertos
datos
sobre
sí
mismos
o
las
personas
del
grupo
que
se
está
estudiando.
Es
frecuente
encontrar
proyectos
que
invaden
la
privacidad
de
las
personas:
indagan
hábitos
tóxicos,
características
del
sueño
o
la
alimentación,
opiniones
sobre
el
desempeño
docente
o
aspectos
de
la
vida
sexual
de
los
alumnos.
Es
muy
importante
que
los
investigadores
reconozcan
que
estos
datos,
si
no
son
cuidados
de
acuerdo
a
normas
éticas
existentes,
pueden
perjudicar
al
sujeto
o
su
grupo
de
pertenecía
y
que
actúen
en
consecuencia.
431
c)
Riesgos
asociados
al
desarrollo
de
una
investigación
Cualquier
sujeto
de
investigación
puede
ser
sometido
a
algún
riesgo
o
sufrir
un
daño
durante
el
proceso
de
investigación.
Una
exigencia
moral
indubitable
es
la
obligación
de
los
investigadores
es
de
conocer,
sopesar
e
informar
de
esos
riesgos;
intentar
minimizar
la
posibilidad
de
que
acontezca
un
riesgo
desconocido
y
prevenir
los
posibles
daños.
Los
alumnos
participantes
de
la
investigación
deben
asumir
riesgos
habitualmente
desconocidos
o
minimizados
por
los
investigadores.
Los
docentes
comparan
a
menudo
los
riesgos
que
pueden
sufrir
los
alumnos
con
aquellos
a
los
que
se
enfrentan
los
sujetos
en
las
investigaciones
clínico
farmacológicas
y
concluyen
⎯erróneamente⎯
que
las
investigaciones
que
habitualmente
desarrollan
no
presentan
riesgos
o
no
pueden
producir
daños
a
los
estudiantes.
4
Sin
embargo,
siguiendo
a
María
Lucrecia
Rovaletti
podemos
afirmar
que
los
alumnos
sujetos
de
investigación
en
proyectos
conducidos
por
sus
docentes
corren
el
riesgo
de
ser
dañados
en
su
persona,
su
familia,
su
grupo
o
su
comunidad.
A
nivel
individual
el
riesgo
de
un
daño
físico
es
menor
pero
la
participación
en
el
proyecto
puede
acarrear
ansiedad,
tensión,
culpa
o
agravio
a
la
autoestima.
El
temor
de
la
divulgación
pública
de
datos
sensibles
brindados
o
de
la
identidad
del
participante
es
real:
el
sujeto
puede
ser
obligado
a
perder
su
intimidad
o
a
poner
en
riesgo
su
privacidad
por
un
supuesto
beneficio
hacia
su
grupo,
la
sociedad
o
la
ciencia.
A
nivel
grupal
o
social
el
peligro
es
la
estigmatización
y
discriminación
por
la
divulgación
de
ciertas
conductas
investigadas,
el
perjuicio
a
la
imagen
social
del
grupo
o
la
posibilidad
de
que
se
produzcan
conflictos
interpersonales
o
institucionales
con,
por
ejemplo,
represalias
o
castigos
ejecutados
por
autoridades
o
personas
involucradas
en
las
opiniones
que
brindan
los
alumnos.
La
vulnerabilidad
de
estos
sujetos
ha
llevado
a
algunas
instituciones
universitarias
a
redactar
normas
específicas
y
estrictas
de
protección
a
los
alumnos
a
los
que
se
desea
hacer
participar
como
sujetos
en
una
investigación.
Por
ejemplo
el
Comité
de
Ética
de
la
Investigación
de
la
Universidad
Autónoma
de
Madrid
redactó
en
el
año
2008
un
documento
con
propuestas
para
respetar
los
5
aspectos
éticos
asociados
a
la
participación
de
sus
estudiantes
en
trabajos
de
investigación.
En
relación
a
los
posibles
beneficios
de
participar
en
una
investigación,
en
algunos
ambientes
universitarios
se
suele
estimular
la
participación
de
los
estudiantes
en
investigación,
aduciendo
que
se
puede
lograr
que
alcancen
así
una
mejor
comprensión
de
los
5
procesos
y
resultados
de
la
investigación
que
el
que
obtendrían
en
los
libros
de
texto
o
en
las
explicaciones
de
clase.
La
necesidad
de
realizar
una
ponderación
de
los
riesgos
y
beneficios
de
que
se
permita
en
el
ámbito
académico
la
participación
de
estudiantes
como
sujetos
de
investigación
nos
enfrenta
a
la
siguiente
pregunta:
¿es
lícito
que
los
estudiantes
sean
convocados
para
una
investigación
que
no
aporte
ningún
beneficio
a
la
actividad
académica
o
que
no
se
relacione
con
temas
que
les
incumbe
directamente?
Medidas
a
tomar
para
proteger
a
los
alumnos
sujetos
de
investigación
Las
distintas
normas
y
guías
nacionales
e
internacionales
diseñadas
para
conducir
investigaciones
que
respeten
los
intereses
y
los
derechos
de
los
participantes
exigen
que
se
adopten
medidas
especiales
cuando
se
piensa
incluir
sujetos
pertenecientes
a
una
población
vulnerable.
432
En
los
siguientes
párrafos
presentamos
una
serie
de
medidas
destinadas
a
cuidar
a
los
alumnos,
sus
intereses
y
derechos
como
sujetos
vulnerables
participando
de
una
investigación
en
el
ámbito
académico.
Deben
ser
tomadas
como
sugerencias
que
expresan
nuestra
convicción
de
que
toda
investigación
puede
y
debe
ser
conducida
por
el
camino
del
respeto
por
todo
ser
vivo
y
la
responsabilidad
en
la
construcción
del
conocimiento.
Las
medidas
que
creemos
adecuadas
para
proteger
los
derechos
de
los
alumnos
sujetos
de
investigación
son:
1.
Sugerimos
la
redacción
de
un
código
de
conducta
que
explicite
los
comportamientos
éticos
en
el
ámbito
universitario
y
contenga
un
conjunto
de
normas
que
establezcan
los
límites
de
la
autoridad
del
docente
y
especifiquen
las
obligaciones,
los
derechos
y
los
deberes
de
docentes
y
estudiantes,
tanto
para
la
investigación
como
la
docencia.
Podría
tomar
la
forma
de
un
contrato,
que
todos
los
interesados
firmen
y
se
comprometan
explícitamente
a
respetar,
y
del
cual
conserven
una
copia.
2.
Se
observa
que
el
conocimiento
general
de
los
principios
de
la
ética
de
la
investigación
y
de
la
bioética
en
general
es
limitado.
Por
lo
tanto,
se
sugiere
difundir
las
normas
de
la
bioética,
especialmente
a
lo
referente
a
las
normas
éticas
en
investigación
y
sus
principales
documentos,
poniendo
énfasis
en
las
obligaciones
morales
que
atañen
a
todos
los
integrantes
de
la
comunidad
universitaria.
3
3.
De
acuerdo
a
las
normas
éticas
y
legales
que
rigen
la
investigación
en
nuestro
país,
someter
todo
proyecto
de
investigación
a
realizarse
en
el
ámbito
académico
a
evaluación
por
un
comité
de
bioética
independiente
de
los
investigadores.
Los
docentes
deberían
ser
informados
por
la
autoridad
correspondiente
de
la
necesidad
y
la
importancia
de
respetar
la
revisión
ética
de
todo
proyecto
de
investigación
que
involucre
seres
humanos.
4.
Informar
a
los
estudiantes
en
lo
concerniente
a
sus
derechos
como
posibles
sujetos
de
investigación
como
manera
de
empoderar
a
estas
personas
vulnerables,
permitiendo
que
reconozcan
e
identifiquen
sus
necesidades
e
intereses
si
son
convocados
a
participar
de
un
estudio
conducido
por
sus
docentes.
5.
Asegurar
que,
en
la
medida
de
las
posibilidades
de
cada
unidad
académica,
se
cumplan
los
siguientes
requisitos
que
ayudarán
a
proteger
a
los
posibles
participantes
de
abusos
o
daños:
•
El
primer
y
muy
importante
requisito
es
la
justificación
de
la
elección
de
los
alumnos
como
sujetos
en
el
estudio.
El
hecho
de
que
los
estudiantes
puedan
ser
reclutados
con
facilidad
no
debe
hacer
perder
de
vista
que
deben
también
ser
los
principales
beneficiarios
de
los
procedimientos
a
los
que
se
los
somete.
Implica
que
los
estudios
deberían
tratar
sobre
temas
de
utilidad
directa
para
el
estudiante
(aunque
no
necesariamente
inmediata
ni
para
el
grupo
participante),
no
sobre
temas
generales
que
pudieran
ser
estudiados
con
igual
beneficio
potencial
en
otros
grupos
o
en
la
población
general.
•
Todo
estudio
que
se
realice
con
sujetos
humanos
y
tenga
como
destino
su
diseminación
debe
ser
sometida
a
evaluación
bioética.
Si
se
trata
de
un
trabajo
requerido
para
aprobación
de
un
curso,
una
maestría
o
un
doctorado
y
cuyo
propósito
primario
sea
el
aprendizaje
de
y
entrenamiento
en
métodos
y
técnicas
de
investigación
pueden
no
requerir
aprobación
de
un
comité,
pero
deben
cumplir
con
varios
requisitos:
a)
implicar
un
mínimo
riesgo;
b)
no
involucrar
información
sensible
(aquella
que
es
potencialmente
dañina
si
se
disemina,
como
por
ejemplo
la
salud
mental,
la
actividad
sexual
o
el
abuso
del
alcohol
y
las
drogas,
potenciado
en
el
entorno
cerrado
de
la
Universidad,
lo
que
crea
delicadas
cuestiones
de
confidencialidad);
c)
no
implicar
participación
de
sujetos
de
poblaciones
vulnerables,
y
d)
no
ejercer
coerción
sobre
los
sujetos
que
hayan
decidido
participar
libremente).
Si
eventualmente
el
investigador
decide
que
la
información
obtenida
merece
ser
diseminada,
no
puede
hacerlo
sin
obtener
previamente
su
aprobación
por
un
comité
de
bioética.
Dado
que
el
433
•
destino
de
los
trabajos
de
tesis
es
su
publicación,
están
sujetos
obligatoriamente
a
evaluación
bioética
si
implican
6
investigación
con
seres
humanos.
No
debe
hacerse
un
estudio
con
estudiantes
que
se
encuentren
desarrollando
la
materia
que
dicta
el
docente/investigador
que
conduce
la
investigación.
Los
docentes
no
deberían
incorporar
a
estudiantes
que
se
encuentren
sometidos
a
su
evaluación
académica
directa
y/o
por
profesores
del
mismo
departamento
que
se
encuentren
en
relación
jerárquica
vertical,
tanto
ascendente
como
descendente,
con
el
investigador
principal.
Por
tanto,
los
profesores
no
deberían
exigir
o
7
requerir
la
participación
de
los
estudiantes
directamente
en
sus
clases
y
en
el
aula.
El
reclutamiento
de
los
estudiantes
podría
realizarse
por
medios
indirectos,
por
ejemplo
mediante
avisos
en
los
tablones
de
anuncios
o
en
las
páginas
web
de
los
departamentos
o
las
facultades.
•
Para
favorecer
la
voluntariedad
y
la
confidencialidad,
se
debería
interponer
una
tercera
persona
para
el
trato
directo
con
los
estudiantes
y
la
recogida
de
los
datos.
•
En
lo
posible,
no
realizar
las
actividades
de
reclutamiento
e
investigación
durante
clases
o
prácticas.
Se
sugiere
que
el
procesamiento
de
los
datos
obtenidos
se
haga
después
de
que
los
estudiantes
sean
evaluados
para
facilitar
su
veracidad.
•
Utilizar
registros
independientes
de
las
fichas
docentes.
Codificar
los
datos
o
usar
archivos
de
acceso
restringido
contribuirían
a
proteger
la
intimidad
y
la
confidencialidad
de
los
estudiantes
participantes.
•
Un
punto
conflictivo
propio
de
algunas
universidades
es
el
incentivo
a
participar
o
las
compensaciones
académicas
por
la
participación
del
estudiante.
Se
recomienda
que
sea
proporcional
al
esfuerzo
y
competencias,
que
no
incluya
una
mayor
puntuación
o
mejor
calificación
para
el
estudiante
o
la
aprobación
de
una
actividad
o
examen.
En
caso
de
ofrecer
algún
incentivo
académico,
se
debería
asegurar
una
alternativa
para
recibir
igual
gratificación
pero
sin
participación
en
el
estudio
para
los
estudiantes
que
se
rehúsen
a
participar.
Se
debería
mantener
totalmente
separadas
las
esferas
docentes
de
las
7
investigativas.
Para
favorecer
esta
separación
se
podrían
extender
certificados
de
participación
para
los
alumnos
sujetos
de
investigación.
Como
alternativa
para
los
que
decidieran
no
participar,
un
posibilidad,
por
ejemplo,
sería
pedirles
la
redacción
de
un
trabajo
monográfico
para
recibir
ese
mismo
certificado.
Conclusiones
Los
alumnos
que
participan
como
sujetos
en
investigaciones
guiadas
por
sus
docentes
son
sujetos
vulnerables,
de
acuerdo
con
las
normas
creadas
desde
la
mitad
del
siglo
pasado
para
guiar
a
quienes
desean
o
necesitan
investigar
con
sujetos
humanos.
Las
instituciones
académicas
no
deben
desconocer
esta
condición
de
sus
alumnos.
Es
una
responsabilidad
de
sus
autoridades
el
cuidado
y
la
protección
de
los
alumnos
y
el
resguardo
de
sus
derechos,
sin
desconocer
que
todos
los
miembros
del
claustro
universitario,
en
especial
los
docentes
/investigadores,
tienen
un
rol
en
la
tarea
de
proteger
a
seres
humanos
vulnerables.
Consideramos
de
suma
importancia
todo
esfuerzo
que
se
realice
para
que
los
docentes
tomen
conciencia
de
sus
obligaciones
morales
y
legales
y
los
alumnos
puedan
participar
en
las
investigaciones
sin
ver
amenazados
sus
legítimos
derechos
e
intereses.
Referencias
bibliográficas
1.-‐
Tealdi
Juan
C.
Investigación
en
salud
en
Diccionario
Latinoamericano
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Dir.
Juan
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UNESCO
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Universidad
Nacional
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Colombia;
2008.
2.-‐
Consejo
de
Organizaciones
Internacionales
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las
Ciencias
Médicas
(CIOMS)
y
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Mundial
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la
Salud
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Pautas
éticas
internacionales
para
la
investigación
biomédica
en
seres
humanos.
(Versión
del
año
2002).
434
3.-‐
Ministerio
de
Salud
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Resolución
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Investigaciones
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Bs.
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4.-‐
Rovaletti
M
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La
ética
en
los
proyectos
de
investigación
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las
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En
Ceccheto
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(Compiladores).
Peligros
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riesgos
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(Bio)Ética
en
la
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Homenaje
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José
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1°
edición.
Buenos
Aires:
Editorial
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2009.
5.-‐
Universidad
Autónoma
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Madrid.
Comité
de
Ética
de
la
Investigación
(CEI).
Aspectos
éticos
de
la
intervención
de
estudiantes
de
la
UAM
como
sujetos
de
investigación.
Junio
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2008.
Disponible
en:
http://www.ub.edu/rceue/archivos/VIEncuentro_InvEstudiantesUAM.pdf.
Consultado
en
febrero
y
marzo
de
2015
6.-‐
http://www.colorado.edu/vcr/irb/investigator-‐resources/guidance-‐documents
Consultado
en
febrero
y
marzo
de
2015
7.-‐
Normativa
para
la
realización
de
proyectos
de
investigación
con
la
participación
de
alumnos
de
la
URJC.
http://www.urjc.es/z_files/ab_invest/Comite_Etica_Investigacion/Normativa_Interna/NORMATIVA%20INVESTIGACION%20CON%20ALUMNOS.pdf
Consultado
en
febrero
y
marzo
de
2015.
435
LA
SITUACIÓN
LEGAL
DE
LA
EXPERIMENTACIÓN
CON
ANIMALES.
UNA
REVISIÓN
SOBRE
LAS
NORMATIVAS
VIGENTES
EN
LA
ARGENTINA
Marcela
Rebuelto
Médica
Veterinaria.
Doctora
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires
(UBA).
Especialista
en
Bioética,
FLACSO
Profesora
Asociada
Regular,
Cátedra
de
Farmacología,
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias,
UBA.
Miembro
del
Comité
Institucional
de
Cuidado
y
Uso
de
Animales
de
Laboratorio,
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias,
UBA
Susana
Zampolini
Médica
Veterinaria,
FCV
UBA.
Miembro
de
la
Comisión
Municipal
de
Bioética-‐
Secretaría
de
Salud
Pública
del
Partido
de
La
Matanza,
Provincia
de
Buenos
Aires.
Miembro
de
la
Comisión
Provincial
de
Bioética
-‐
Ministerio
de
Salud
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires.
1
El
uso
de
animales
en
las
investigaciones
biomédicas
genera
actualmente
un
debate
en
sus
aspectos
éticos
y
científicos.
Una
de
las
miradas
posibles
sostiene
que
el
uso
de
animales
ha
contribuido
al
avance
en
el
conocimiento
y
cura
de
enfermedades
de
2
los
seres
humanos,
aumentando
calidad
y
expectativa
de
vida .
Sobrado
ejemplo
de
su
contribución
a
la
salud
humana
podemos
hallar
en
la
producción
de
vacunas.
Se
pueden
recordar
como
referencias
históricas
las
inoculaciones
de
Robert
Koch
de
cultivos
puros
del
bacilo
del
ántrax
a
diversos
animales
de
laboratorio,
que
demostraron
la
relación
causal
entre
el
bacilo
y
la
enfermedad,
lo
que
dio
origen
a
los
Postulados
de
Koch;
postulados
que
marcan
un
punto
de
inflexión
en
la
historia
de
la
microbiología
al
introducir
por
primera
vez
en
ella
el
método
experimental.
En
la
misma
línea
encontramos
la
investigación
de
Pasteur,
que
a
través
de
la
inoculación
de
bacilos
atenuados
a
rumiantes,
demostró
la
efectividad
de
este
método
para
la
protección
de
la
enfermedad
y
permitió
evidenciar
que
se
podían
obtener
vacunas
cultivables
en
el
laboratorio
por
métodos
experimentales.
En
la
actualidad
en
la
producción
y
control
de
las
vacunas
se
siguen
utilizando
animales
de
laboratorio.
La
importancia
de
las
mismas
en
el
fortalecimiento
de
la
salud
pública
se
vio
recientemente
destacada
por
la
aparición
en
EE.UU.
de
un
brote
de
sarampión
a
causa
de
la
negación
de
3
algunos
padres
a
vacunar
a
sus
hijos.
Desde
otra
perspectiva,
el
uso
de
los
animales
en
la
experimentación
encuentra
críticos,
que
fundamentan
su
objeción
en
dos
aspectos:
el
ético,
cuestionando
el
uso
de
animales
como
un
medio
para
el
bienestar
del
ser
humano;
y
el
científico,
al
considerar
que
los
experimentos
en
animales
no
generan
datos
relevantes
y
representativos
para
su
extrapolación
a
la
salud
de
los
seres
4
humanos.
El
nuevo
rol
como
miembros
de
la
familia
de
algunos
animales
de
compañía
sobre
todo
en
sociedades
urbanas,
el
avance
en
el
estudio
del
comportamiento
animal,
los
conocimientos
referentes
a
la
anatomía
y
fisiología
de
los
animales,
que
identifican
sin
lugar
a
dudas
las
estructuras
y
funciones
necesarias
para
sentir
dolor,
los
movimientos
sociales
como
el
de
los
vegetarianos
y
veganos,
1
Si
bien
todas
las
especies,
incluida
Homo
sapiens,
pertenecen
al
reino
animal,
vamos
a
utilizar
en
este
escrito
el
término
animal
para
referirnos
a
los
animales
no
humanos.
2
Kehinde
EO.
They
see
a
rat,
we
seek
a
cure
for
diseases:
The
current
status
of
animal
experimentation
in
medical
practice.
Med
Princ
Pract
2013,
22(1),
52-‐61.
3
Diario
La
Nación.
Disponible
en:
http://www.lanacion.com.ar/1765519-‐un-‐brote-‐inesperado-‐el-‐sarampion-‐vuelve-‐a-‐eeuu-‐y-‐pone-‐en-‐evidencia-‐a-‐
los-‐padres-‐antivacunas,
acceso
marzo
2015.
436
que
rechazan
el
uso
de
animales
para
alimentación,
así
como
la
condena
al
uso
de
pieles
de
animales
como
indumentaria
y
la
desaprobación
de
actividades
de
entretenimiento
como
las
corridas
de
toros,
cacerías
o
riñas
de
gallos,
son
muestras
de
cómo
el
debate
atraviesa
la
sociedad
toda.
Es
a
causa
de
estas
consideraciones
y
muchas
otras,
que
se
ha
instaurado
el
debate
sobre
las
relaciones
existentes
entre
los
animales
y
el
hombre,
desafiando
el
paradigma
que
permitía
el
uso
indiscriminado
de
los
animales
por
parte
de
los
humanos
sin
mayores
conflictos.
La
sola
presunción
de
que
los
seres
humanos
somos
una
especie
más,
con
orígenes
especificables,
que
se
pudo
entrever
desde
Darwin
en
adelante,
modificó
las
piezas
del
tablero
ético,
de
modo
que
el
empleo
de
los
animales
en
las
ciencias
es
solamente
un
aspecto,
de
la
relación
entre
especies,
que
siempre
será
un
problema
tanto
técnico
como
moral.
El
cambio
de
paradigma
que
se
está
viviendo
en
el
colectivo
científico
implica
el
cambio
de
una
ética
antropocéntrica
a
una
biocéntrica,
que
amplía
la
comunidad
moral
para
incluir
a
los
animales
no
humanos
en
ella.
Es
un
cambio
complejo,
que
necesariamente
será
lento,
ya
que
exige
reformulaciones
importantes
de
muchos
supuestos
en
nuestra
sociedad.
El
análisis
ético
relativo
al
tema
de
la
experimentación
con
animales
exigiría
tener
en
consideración
los
otros
usos
que
la
sociedad
hace
de
los
mismos
y
el
sufrimiento
a
los
que
los
somete;
para
no
caer
en
un
debate
que
mutila
y
esconde
parte
de
los
tópicos
que
acechan
tras
los
discursos
de
moda.
Algunos
antecedentes
La
publicación
de
libros
como
The
Principles
of
Humane
Experimental
Technique
(1959)
y
Animal
Machines
(1964),
ambos
en
el
Reino
Unido,
reforzó
en
la
sociedad
la
idea
de
que
los
animales
eran
sometidos
a
tratos
abusivos
y
crueles
para
el
beneficio
de
los
seres
humanos.
William
M.S.
Russell
y
Rex
Burch,
autores
de
The
Principles
of
Humane
Experimental
Technique,
describieron
las
condiciones
en
las
cuales
se
encontraban
los
animales
de
laboratorio
que
se
utilizaban
para
la
investigación
científica.
Los
autores
desarrollaron
el
principio
de
las
3Rs:
el
reemplazo
del
uso
de
animales
siempre
que
sea
posible
por
sistemas
como
los
cultivos
de
tejidos,
órganos
ex
vivo,
computadoras;
ii)
la
reducción
del
número
de
animales,
utilizando
el
mínimo
que
asegure
objetivos
válidos;
y
(iii)
el
refinamiento
del
alojamiento
y
de
las
técnicas
experimentales,
para
evitar
o
minimizar
la
producción
de
dolor
o
daños
a
los
animales
de
experimentación.
Sin
perjuicio
de
lo
anterior,
queda
claro
que
la
utilización
de
animales
en
procedimientos
científicos
sigue
siendo
pilar
imprescindible
para
garantizar
la
seguridad
de
los
seres
humanos,
los
animales
y
el
medio
ambiente,
y
para
hacer
avanzar
los
conocimientos
que
desembocarán
en
mejoras
en
la
salud
y
el
bienestar
de
animales
humanos
y
animales
no
humanos.
4
Greek
R,
Pippus
A,
Hansen
LA.
The
Nuremberg
Code
subverts
human
health
and
safety
by
requiring
animal
modeling.
BMC
medical
ethics
2012,
13(1),
16.
437
5
Ya
en
la
declaración
de
la
Asociación
Médica
Mundial
(AMM)
sobre
uso
de
animales
en
la
investigación
biomédica ,
de
octubre
de
2006,
se
recuerda
que
la
Declaración
de
Helsinki
exige
que
la
investigación
biomédica
en
seres
humanos
debe
estar
basada,
cuando
corresponda,
en
la
experimentación
animal,
aclarando
que
solo
deben
usar
animales
cuando
está
claro
que
su
uso
es
necesario
para
lograr
un
resultado
importante
y
cuando
no
se
disponga
de
ningún
otro
método
posible
(art.
2
y
4).
Los
principios
de
las
3Rs
son
ampliamente
aceptados
en
la
actualidad
por
la
comunidad
científica,
y
han
servido
de
fundamento
para
la
redacción,
en
1985
por
parte
del
Consejo
de
Organizaciones
Internacionales
de
las
Ciencias
Médicas
(CIOMS,
sigla
en
inglés),
de
las
Pautas
éticas
internacionales
para
la
investigación
biomédica
utilizando
animales,
recientemente
actualizadas
(2012)
en
trabajo
6
conjunto
con
Consejo
Internacional
para
la
Ciencia
de
Animales
de
Laboratorio
(ICLAS,
sigla
en
inglés) .
Estas
Pautas,
si
bien
concebidas
como
recomendaciones
generales,
en
muchos
países
son
la
base
para
las
regulaciones
en
la
experimentación
científica.
En
lo
que
se
refiere
a
la
producción
animal,
en
Animal
Machines,
Ruth
Harrison
denuncia
las
condiciones
de
la
cría
intensiva
de
aves,
cerdos
y
terneros
desarrolladas
en
Inglaterra,
motivando
la
creación
de
un
comité
para
tratar
estos
temas
(Brambell
Committee).
Las
conclusiones
a
las
cuales
arribaron
los
expertos
citados
para
este
comité
fueron
la
base
para
los
principios
del
bienestar
animal,
las
llamadas
5
libertades,
que
resumidas
consisten
en
considerar
necesario
que
el
ser
humano
asegure
un
trato
a
los
animales
tal
que
estos
se
vean
libres
de
sed
y
hambre,
de
incomodidades,
de
dolor,
lesiones,
enfermedades,
miedo
y
distress,
y
que
puedan
expresar
el
comportamiento
habitual
de
su
especie.
Es
también
cierto
que
numerosos
filósofos
contemporáneos
aportaron
argumentos
al
debate.
Peter
Singer
y
Tom
Regan,
por
nombrar
dos
ejemplos,
proveyeron
sendos
fundamentos
para
justificar
la
necesidad
de
modificar
nuestra
conducta
en
el
trato
hacia
los
animales
y
el
debate
continúa
enriqueciendo
todas
las
áreas
de
las
ciencias.
Situación
normativa
actual
en
Argentina
La
preocupación
de
la
sociedad
por
el
trato
dado
a
los
animales
se
ha
plasmado
en
diversas
reglamentaciones.
En
lo
referente
al
uso
de
los
animales
con
fines
científicos,
la
Unión
Europea,
y
países
como
EE.UU.,
Canadá,
Australia,
y
nuestros
vecinos
Brasil
y
Uruguay,
por
citar
ejemplos,
cuentan
con
reglamentaciones
específicas,
que
buscan
proteger
al
animal
de
experimentación
forjando
un
marco
referencial
coherente
con
los
principios
postulados
por
CIOMS-‐ICLAS.
En
1986,
la
UE
promulgó
la
directiva
86/609/EEC
que
ha
sido
actualizada
recientemente
(Directiva
UE
2010/63),
relativa
a
la
protección
de
los
animales
utilizados
en
la
investigación
científica
para
los
países
miembros.
Cabe
destacar
que
la
Unión
Europea
mantiene
un
registro
del
número
total
de
animales
utilizados
para
experimentación
u
otros
fines
científicos;
es
así
que durante
el
año
2011
se
utilizaron
con
estos
fines
algo
menos
de
11,5
millones;
los
roedores
y
los
conejos
representaron
el
80
%
del
total
de
animales
utilizados,
siendo
los
ratones
la
especie
más
utilizada
(61
%
7
del
total),
seguidos
por
las
ratas
(el
14
%).
En
EEUU,
el
documento
que
regula
el
uso
de
los
animales
de
laboratorio
en
la
investigación
científica
es
la
Guía
para
el
cuidado
y
uso
de
animales
de
laboratorio,
editada
por
primera
vez
en
1963,
con
sucesivas
modificaciones,
siendo
la
última
la
8ª
edición
(2010).
5
Asociación
Médica
Mundial
(AMA).
Declaración
sobre
el
uso
de
animales
en
la
investigación
biomédica.
Disponible
en:
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/a18/index.html.pdf?print-‐media-‐type&footer-‐right=[page]/[toPage],
acceso
marzo
2015
6
Council
for
International
Organizations
of
Medical
Sciences
(CIOMS).
International
Guiding
Principles
for
Biomedical
Research
involving
Animals.
Disponible
en
http://www.cioms.ch/images/stories/CIOMS/IGP2012.pdf,
acceso
marzo
2015.
438
En
la
actualidad,
en
nuestro
país
no
hay
una
ley
vinculada
exclusivamente
al
uso
de
animales
con
fines
científicos.
Para
nuestro
8
9
10
derecho
civil,
los
animales
son
bienes
muebles
semovientes,
pasibles
de
propiedad.
Sin
embargo,
existe
una
ley
nacional
que
11
establece
penas
para
las
personas
que
ejerzan
actos
de
maltrato
o
crueldad
hacia
los
animales
(Ley
14.346).
Esta
norma
fue
promulgada
en
octubre
de
1954
con
el
fin
de
proteger
sobre
todo
a
los
animales
de
trabajo,
acorde
al
uso
de
la
época;
por
ejemplo,
en
uno
de
sus
artículos
se
define
como
acto
de
maltrato
el
emplear
animales
de
tiro
en
vehículos
que
excedan
notoriamente
sus
fuerzas,
o
hacerlos
trabajar
en
jornadas
excesivamente
prolongadas.
Algunos
artículos
se
pueden
aplicar
a
los
animales
de
12
laboratorio
cuando
son
utilizados
en
experimentación
animal.
Por
ejemplo,
es
un
acto
de
maltrato
“no
alimentar
en
calidad
y
calidad
suficiente
a
los
animales”
(art.
2,
inc.
1).
Así
mismo,
se
consideran
actos
de
crueldad
“practicar
la
vivisección
con
fines
que
no
sean
científicamente
demostrables,
y
en
lugares
o
por
personas
que
no
estén
debidamente
autorizados”
(art.
3,
inc.
1),
“intervenir
quirúrgicamente
animales
sin
anestesia
y
sin
poseer
el
título
de
médico
o
veterinario,
con
fines
que
no
sean
terapéuticos
o
de
perfeccionamiento
técnico
operatorio
salvo
urgencias”
(art.
3,
inc.
3),
“experimentar
con
animales
de
grado
superior
en
la
escala
zoológica
al
indispensable
según
la
naturaleza
de
la
experiencia”
(art.
3
inc.
4),
y
“abandonar
a
sus
propios
medios
a
los
animales
utilizados
en
experimentaciones”
(art.
3,
inc.
5).
Es
importante
destacar
la
concordancia
con
los
principios
de
las
3
Rs
de
Russell
y
Burch,
publicados
después
de
la
promulgación
de
esta
ley.
Existen
también
en
nuestro
país
algunas
normativas
técnicas
referentes
a
las
exigencias
de
habilitación
de
los
bioterios
de
animales
de
experimentación.
La
Administración
Nacional
de
Medicamentos,
Alimentos
y
Tecnología
Médica
(ANMAT),
que
interviene
en
el
13
área
de
la
medicina
humana,
aprobó
en
1996
la
Disposición
6344,
que
reglamenta
los
requisitos
para
bioterios
de
laboratorios
elaboradores
de
especialidades
medicinales
y/o
de
análisis
para
terceros,
siendo
de
cumplimiento
obligatorio
cuando
los
laboratorios
utilicen
animales
de
experimentación.
En
esta
disposición
se
trata
sobre
la
ubicación
y
aspectos
edilicios
de
los
bioterios,
las
condiciones
del
medio
ambiente,
los
procedimientos
de
limpieza
y
mantenimiento
de
los
animales
y
la
disposición
de
excretas,
y
el
alojamiento
y
alimentación
de
los
animales,
así
como
su
calidad
genética
y
sanitaria.
En
forma
semejante,
y
con
requerimientos
similares
a
los
estipulados
en
la
disposición
ANMAT
6344/96,
el
Servicio
Nacional
de
Sanidad
y
Calidad
14
Agroalimentaria
(SENASA),
de
competencia
en
materia
de
sanidad
y
calidad
animal
y
vegetal,
promulgó
las
resoluciones
617/2002,
que
trata
los
requisitos
necesarios
para
la
habilitación
técnica
de
laboratorios
que
posean
bioterios
de
producción,
mantenimiento
y
15
locales
de
experimentación
(anexo
1),
y
482/2002,
que
trata
de
las
buenas
prácticas
de
elaboración
de
productos
veterinarios,
e
16
incluye
las
instalaciones
de
los
bioterios.
En
la
regulación
para
las
buenas
prácticas
en
la
investigación
clínica ,
ANMAT
indica
la
obligatoriedad
de
los
estudios
preclínicos
en
especies
animales
previa
a
la
aceptación
de
un
protocolo
de
ensayo
clínico
farmacológico,
describiendo
la
necesidad
de
realizar
estudios
de
farmacodinamia,
farmacocinética
y
de
toxicología
preclínica
en
tres
7
Unión
Europea.
Informe
de
la
Comisión
al
Consejo
y
al
Parlamento
Europeo.
Séptimo
Informe
sobre
las
estadísticas
relativas
al
número
de
animales
utilizados
para
experimentación
y
otros
fines
científicos
en
los
Estados
miembros
de
la
Unión
Europea.
Disponible
en:
http://eur-‐
lex.europa.eu/legal-‐content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0511R(01)&from=ES
,
acceso
febrero
2015
8
Corresponde
aclarar
que
este
Código
Civil
será
reemplazado
en
el
transcurso
de
los
años
2015
y
2016.
9
Código
Civil
argentino,
art.
2318:
Son
cosas
muebles
las
que
puedan
transportarse
de
un
lugar
a
otro,
sea
moviéndose
por
sí
mismas,
sea
que
solo
se
muevan
por
una
fuerza
externa,
con
excepción
de
las
que
sean
accesorias
a
los
inmuebles.
10
Código
Civil
argentino,
art.
2312:
Los
objetos
inmateriales
susceptibles
de
valor,
e
igualmente
las
cosas,
se
llaman
“bienes”.
El
conjunto
de
los
bienes
de
una
persona
constituye
su
“patrimonio”.
11
Ley
14.346.
Disponible
en
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-‐154999/153011/norma.htm
acceso
marzo
2015
12
Los
artículos
son
transcriptos
textualmente.
13
ANMAT.
Disposición
6344/96.
Disponible
en
www.fmed.uba.ar/investigadores/cicual/anmat.doc
,
acceso
marzo
2015
14
SENASA,
Resolución
617/02.
Disponible
en:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=76216,
acceso
marzo
2015
15
SENASA.
Resolución
482/2002.
Disponible
en;
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-‐74999/74679/norma.htm,
acceso
marzo
2015
439
especies
(una
de
las
cuales
deberá
ser
no
roedora).
La
realización
de
estudios
farmacológicos
en
animales
previos
a
su
experimentación
en
seres
humanos
se
corresponde
con
las
normas
éticas
de
referencia
(Declaración
de
Helsinki
y
Pautas
Éticas
Internacionales
para
la
Investigación
Biomédica
en
Seres
Humanos
de
la
CIOMS,
por
citar
ejemplos).
Sin
embargo,
ninguna
de
las
normativas
anteriormente
nombradas
regula
el
uso
ético
de
los
animales
en
la
experimentación
biomédica,
e
incluso
deja
totalmente
fuera
de
su
ámbito
a
ciertas
investigaciones,
como
por
ejemplo
la
investigación
básica
o
las
realizadas
por
instituciones
que
no
sean
laboratorios,
como
por
ejemplo
las
realizadas
en
la
academia.
Existe
en
nuestro
país
la
Asociación
Argentina
de
Ciencia
y
Tecnología
de
Animales
de
Laboratorio
(AACyTAL),
la
cual
ha
manifestado
en
numerosas
oportunidades
la
necesidad
de
una
ley
de
animales
de
laboratorio.
En
el
año
2012,
esta
entidad
presentó
un
proyecto
de
ley
del
uso
y
cuidado
de
animales
de
laboratorio.
Debido
al
gran
interés
que
este
anteproyecto
despertó
en
diversos
grupos
de
la
comunidad
científica,
sobre
todo
investigadores,
AACyTAL
convocó
a
la
realización
de
talleres,
durante
los
cuales
se
organizaron
grupos
de
trabajo
formados
por
diferentes
expertos,
incluyendo
investigadores
y
docentes
y
miembros
de
laboratorios
medicinales
privados,
de
diversas
profesiones
(veterinarios,
bioquímicos,
técnicos
de
bioterio,
farmacéuticos)
que
fueron
discutiendo
y
re-‐
elaborando
cada
artículo.
El
resultado
de
estos
talleres
fue
un
anteproyecto
de
ley
consensuado
y
acorde
a
la
normativa
internacional,
basado
en
el
principio
de
las
3Rs,
aplicable
a
la
realidad
nacional,
que
se
encuentra
actualmente
en
etapa
de
revisión
final
para
ser
presentado
en
el
Congreso
Nacional
y
ser
sometido
a
debate
en
las
cámaras
de
senadores
y
diputados.
Este
anteproyecto
contempla
el
uso
de
animales
de
laboratorio
en
la
investigación
biomédica,
docencia,
control
de
calidad
y
otros
fines
científicos,
así
como
también
la
investigación
en
animales
silvestres;
contempla
la
creación
de
registros,
de
una
comisión
nacional
responsable
de
llevar
adelante
las
políticas
de
protección
a
los
animales
de
experimentación,
la
creación
de
comités
de
ética
de
investigación
institucionales,
y
la
necesaria
competencia
de
aquellos
involucrados
en
los
procedimientos
a
los
cuales
serán
sometidos
los
animales.
Algunas
normativas,
como
las
de
EE.UU.
y
Canadá,
han
buscado
asegurar
un
control
regulatorio
a
nivel
institucional,
organizando
los
comités
de
cuidado
y
uso
de
animales
de
laboratorio
(CICUAL
o
IACUC,
por
sus
siglas
en
inglés),
con
objetivos
similares
a
los
comités
de
ética
de
investigación
con
seres
humanos.
Estos
comités
tienen,
entre
otras,
la
función
de
revisar,
proponer
modificaciones
y
controlar
la
investigación
que
se
realiza
con
animales
en
el
ámbito
de
una
determinada
institución.
Este
objetivo
es
primordial,
ya
que
difícilmente
una
legislación
podría
contemplar
las
innumerables
variaciones
de
procedimientos
que
se
realizan
sobre
los
animales
en
el
transcurso
de
los
diversos
proyectos
de
investigación.
En
la
Argentina,
pese
a
que
no
existe
una
obligación
legal,
en
muchos
establecimientos
en
los
cuales
son
importantes
las
actividades
con
animales
de
experimentación,
como
universidades
e
institutos
de
investigación,
han
implementado
la
formación
de
CICUALes,
siendo
estos
comités
los
encargados
de
la
aplicación
de
las
normativas
éticas
en
dichas
actividades.
Conclusiones
Es
una
febril
fantasía
exhortar
cualquiera
de
los
cursos
contrapuestos
de
la
acción
ética
respecto
de
la
experimentación
con
animales:
aprobarla
sin
restricciones
o
negarla
por
completo.
Aristóteles
en
su
ética
clásica
planteaba
que
a
la
virtud
no
se
la
encuentra
en
ninguno
de
los
extremos
sino
que
hay
que
buscarla
en
un
punto
intermedio.
Los
extremos
respecto
de
la
investigación
con
animales
corresponderían
seguramente
a
opciones
fragmentarias
e
imperfectas,
y
el
que
las
recomiende
a
alguna
de
ellas
se
16
ANMAT,
Disposición
6677/2010.
Disponible
en:
440
aleja
de
la
prudencia.
El
debate
es
apasionado
y
hasta
fanático
entre
los
que
privilegian
el
avance
del
conocimiento
médico
y
quienes
apelan
al
respeto,
en
sentido
ampliado,
por
la
vida.
Prudente
sería
entonces
ubicarse
en
un
justo
medio,
lugar
donde
encontrar
a
quienes
deberían
formular
guías
éticas.
Si
bien
la
comunidad
científica
se
ha
adelantado
a
los
legisladores
al
instituir
numerosos
CICUALes,
en
nuestro
país
se
necesita
una
legislación
específica
para
dar
marco
obligatorio
al
uso
de
animales
en
investigación,
tanto
por
razones
éticas
como
científicas.
Esta
reglamentación
beneficiaría
no
solo
a
los
animales,
sino
también
a
aquellos
científicos
que
investigan
utilizando
animales,
ya
que
les
permitiría
trabajar
en
el
marco
legal
de
los
estándares
bioéticos
de
la
comunidad
científica
internacional.
Al
decir
de
Ushma
Savla,
“…los
científicos
bien
entrenados
tienen
el
privilegio,
pero
no
el
derecho
automático,
de
utilizar
animales
17
como
sujetos
de
investigación.
No
debe
abusarse
de
este
privilegio”.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/buscarNormas.do;jsessionid=F67F6FC313B1539B7A3FD7DD53B42283,
acceso
marzo
2015
17
Savla
U.
Responsible
conduct
in
animal
research.
Journal
of
Clinical
Investigation
2003,
112(10),
1456.
441
INVESTIGACIÓN
DE
ALTERNATIVAS
TERAPÉUTICAS
PARA
EL
TRATAMIENTO
DE
MICROORGANISMOS
MULTIRRESISTENTES:
ASPECTOS
ÉTICOS
Viviana
Lifschitz
Bioquímica,
Diplomada
en
Bioética
en
investigación
y
Magíster
en
Ciencias
del
Medio
Ambiente
y
la
Salud
Profesora
Titular
de
Metodología
de
la
Investigación
II-‐Carrera
de
Kinesiología
y
Fisiatría
de
la
Facultad
de
Medicina
de
de
la
Universidad
Nacional
del
Nordeste
(UNNE).
Contacto:
[email protected]
Lorena
Dos
Santos
Médica,
Doctora
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires
(UBA),
Profesora
Titular
de
Farmacología
de
la
Facultad
de
Medicina
de
la
UNNE
Luis
Antonio
Merino
Bioquímico,
Doctor
de
la
UNNE,
Profesor
Titular
de
Microbiología,
Parasitología
e
Inmunología
y
Metodología
de
la
Investigación
de
la
Facultad
de
Medicina
de
la
UNNE.
Necesidad
de
nuevas
alternativas
El
descubrimiento
de
los
antimicrobianos
para
tratar
las
infecciones
ha
sido,
desde
el
punto
de
vista
de
la
salud,
uno
de
los
avances
más
importantes
en
la
historia
de
la
humanidad.
En
1930,
el
descubrimiento
de
sulfonamidas
y
b-‐lactámicos
tuvo
un
impacto
profundo
en
el
tratamiento
de
infecciones
bacterianas
previamente
fatales
(Butler
y
Cooper
2011).
La
capacidad
de
adaptación
de
los
microorganismos
desarrollada
por
millones
de
años
y
la
presión
impuesta
por
el
uso
inadecuado
y/o
excesivo
de
los
mismos,
tanto
en
seres
humanos
como
en
la
producción
agropecuaria,
han
provocado
un
aumento
de
los
mecanismos
de
resistencia
antimicrobiana
con
la
consiguiente
pérdida
de
efectividad
de
estos
agentes.
Esto
se
ha
visto
agravado
con
el
aumento
de
los
viajes
y
del
comercio
de
alimentos,
que
permite
que
esta
farmacorresistencia
se
propague
rápidamente,
como
ha
ocurrido
con
la
metalobeta-‐lactamasa-‐1
(NDM-‐1),
enzima
que
confiere
resistencia
al
importante
grupo
de
los
antibióticos
carbapenémicos.
En
2004
ya
se
estimaba
que
el
70%
de
las
bacterias
patógenas
era
resistente
a
por
lo
menos
una
clase
de
los
antibióticos
existentes.
Este
aumento
de
la
capacidad
de
los
microorganismos
para
resistir
la
acción
de
los
antimicrobianos
supone
un
mayor
riesgo
para
los
pacientes
y
un
aumento
en
los
costos
de
la
atención
sanitaria
al
aumentar
los
días
de
internación
y
la
gravedad
de
las
complicaciones
(Butler
y
Cooper
2011;
OMS
2014).
A
pesar
de
la
necesidad
de
nuevos
antibióticos
que
surge
de
esta
situación,
su
desarrollo
y
el
número
de
fármacos
aprobados
ha
disminuido
(Butler
y
Cooper
2011;
Demain
y
Sanchez
2009;
Donadio
y
otros.
2010;
OMS
2013).
“Las
infecciones
hospitalarias
por
bacterias
multirresistentes
ya
son
causa
de
unas
80000
muertes
anuales
en
China,
30000
en
Tailandia,
y
al
menos
25000
en
la
Unión
Europea
y
23000
en
los
Estados
Unidos
de
América”(OMS
2013,
p.
1).
“Más
de
la
mitad
de
la
producción
mundial
de
antibióticos
son
administrados
a
los
animales,
sobre
todo
en
la
agroindustria.
Por
lo
tanto,
en
todo
el
planeta,
el
agua
dulce
y
los
suelos
se
van
contaminando
gradualmente
de
residuos
de
antibióticos,
lo
que
en
gran
medida
contribuye
al
fenómeno
de
la
resistencia
a
los
antibióticos
de
las
comunidades
bacterianas
por
mutaciones
genéticas”
(Godinat
2015,
p.
1).
442
La
búsqueda
de
nuevos
antimicrobianos
y
de
otras
intervenciones
para
prevenir
y
tratar
las
enfermedades
infecciosas
para
contrarrestar
el
aumento
de
resistencia
ha
menguado
desde
los
‘80
(IDSA
2015;
OMS
2013).
Este
descenso
se
observa
claramente
en
el
artículo
de
Sukkar
(2013)
que
muestra
los
antibióticos
aprobados
en
EEUU
en
los
últimos
años:
Butler
y
Cooper
(2011)
señalan
que
desde
el
2000,
solo
20
nuevos
antibióticos
han
sido
comercializados,
de
los
cuales
11
son
derivados
de
productos
naturales
y
9
derivados
sintéticos.
Ante
esta
situación
el
Grupo
de
Asesoramiento
Estratégico
y
Técnico
sobre
Resistencia
a
los
Antimicrobianos
recomendó,
entre
otros
puntos,
a
la
OMS
que
colabore
con
la
industria
de
las
ciencias
de
la
vida
y
con
otros
sectores
para
facilitar
el
desarrollo
de
nuevas
opciones
terapéuticas
y
profilácticas
(OMS
2013).
En
la
próxima
asamblea
de
la
OMS
(2015)
a
realizarse
en
mayo
de
2015
se
desarrollará
un
plan
de
acción
global
que
incluye
5
objetivos
estratégicos:
•
Mejorar
el
conocimiento
y
vigilancia
de
la
resistencia
antimicrobiana;
•
Fortalecer
el
conocimiento
a
través
de
la
vigilancia
e
investigación;
•
Reducir
la
incidencia
de
infecciones;
•
Optimizar
el
uso
de
los
agentes
antimicrobianos;
y
•
Desarrollar
las
condiciones
económicas
para
un
desarrollo
sustentable
que
tome
en
cuenta
las
necesidades
de
todos
los
países,
e
incrementar
la
inversión
en
nuevas
medicinas,
herramientas
diagnósticas,
vacunas
y
otras
intervenciones.
Al
problema
de
la
multirresistencia
se
suma
el
de
enfermedades
como
el
Chagas
y
otras
enfermedades
desatendidas,
para
las
cuales
no
han
surgido
medicamentos
nuevos
en
décadas.
Para
combatir
la
multirresistencia
las
opciones
son
el
estudio
del
uso
combinado
de
antibióticos,
desarrollo
de
nuevos
fármacos
(especialmente
de
aquellos
que
constituyan
una
verdadera
innovación
terapéutica),
desarrollo
de
nuevas
y/o
mejoramiento
de
intervenciones
para
prevenir
las
infecciones.
El
desarrollo
de
nuevos
antibióticos
presenta
varios
inconvenientes:
•
La
industria
farmacéutica
establece
sus
prioridades,
entre
otras
variables,
según
la
frecuencia
de
uso
y
la
administración
por
tiempos
prolongados
de
los
fármacos.
Un
ejemplo
de
ello
es
el
mayor
desarrollo
de
medicamentos
para
enfermedades
crónicas
(prevalentes
en
los
países
desarrollados)
en
detrimento
de
las
destinadas
a
infecciones
(prevalentes
en
países
de
bajos
recursos
y/o
de
evolución
generalmente
aguda
que
no
requiere
tratamientos
prolongados)
por
no
generar
estas
últimas
un
margen
de
ganancia
tan
amplio
como
las
primeras.
El
13%
de
la
población
mundial
consume
el
87%
de
los
medicamentos
y
la
gran
mayoría
de
los
países
en
vías
de
desarrollo
no
tienen
acceso
a
los
remedios
que
necesitan.
G.
Charon
citado
por
Godinat
menciona
que
el
mercado
mundial
de
antibióticos
es
3
a
10
veces
menos
rentable
que
el
de
medicamentos
para
enfermedades
crónicas.
•
Falta
de
procesos
que
permitan
establecer
las
prioridades
de
investigación
a
largo
plazo
con
transparencia,
involucrando
a
todos
los
actores
y
con
un
adecuado
manejo
de
la
información.
•
Para
probar
la
eficacia
y
seguridad
de
los
nuevos
antibióticos,
se
analizan
mediante
ensayos
clínicos
controlados
(ECC)
en
pacientes
con
aislamientos
de
microorganismos
sensibles
al
antibiótico
estándar;
aunque
la
prioridad
debiera
ser
el
desarrollo
de
estudios
para
identificar
y
evaluar
nuevos
antibióticos
útiles
frente
a
las
cepas
multirresistentes.
443
•
El
desarrollo
o
descubrimiento
de
diversas
moléculas
con
noveles
mecanismos
de
acción
requiere
el
estudio
de
numerosas
sustancias,
buscar
en
ambientes
inexplorados
(medio
ambientes
extremos
como
superficies
volcánicas,
fondos
oceánicos)
y/o
la
búsqueda
de
nuevas
clases
microbianas
que
los
produzcan,
representado
un
enorme
gasto
para
la
industria
y
no
siempre
redituable.
Problemas
ético
-‐
metodológicos
para
el
estudio
de
los
nuevos
antibióticos
El
desarrollo
de
nuevos
antimicrobianos
se
realiza,
como
para
todo
fármaco,
a
través
de
etapas
que
van
desde
las
pruebas
en
laboratorio,
ensayos
con
animales
hasta
los
ensayos
en
seres
humanos.
Veamos
los
problemas
ético-‐metodológicos
de
la
última
fase
de
su
investigación.
En
palabras
de
Cash
y
otros
(2014)
el
hecho
de
contar
con
un
diseño
científicamente
apropiado
no
basta
para
determinar
que
un
estudio
cumple
con
los
requerimientos
éticos.
La
exposición
de
los
participantes
de
una
investigación
al
daño
físico
o
social
solo
pueden
justificarse
cuando
existe
una
buena
razón
para
anticipar
algún
beneficio
compensatorio
para
la
sociedad
⎯es
decir,
para
el
corpus
de
conocimientos
científicos
o
el
bienestar
de
futuros
pacientes
o
de
la
sociedad
en
general,
además
de
establecer
todas
las
precauciones
para
respetar
la
integridad
y
la
intimidad
de
la
persona
(Cash
y
otros
2014;
Rodríguez
Rey
2009).
Saber
si
un
diseño
científicamente
apropiado
plantea
problemas
éticos
representa
un
problema
común,
desde
controlar
el
riesgo
potencial
de
explotación
de
los
sujetos
sometidos
a
la
investigación
clínica,
hasta
situaciones
más
complejas
como
la
siguiente:
Por
ejemplo,
en
términos
científicos
el
diseño
de
un
estudio
puede
ser
satisfactorio,
o
incluso
óptimo,
pero
podría
poner
sobre
los
hombros
de
los
participantes
una
carga
que
podría
evitarse
o
reducirse
con
un
diseño
diferente.
Si
el
diseño
alternativo
permite
obtener
resultados
científicamente
equivalentes
disminuyendo
los
riesgos
para
los
sujetos
de
la
investigación,
entonces
ese
diseño
se
vuelve
éticamente
obligatorio.
Pero
supongamos
que
el
diseño
alternativo
involucra
una
reducción
del
probable
valor
científico
de
la
investigación.
De
acuerdo
con
lo
que
marcan
las
actuales
pautas
éticas,
en
referencia
a
la
prueba
de
nuevos
medicamentos
contra
terapias
eficaces
y
vigentes,
con
frecuencia
las
empresas
farmacéuticas
diseñarán
ensayos
que
garanticen
los
buenos
resultados
de
su
producto.
Esto
se
puede
lograr
planeando
un
estudio
ciego
inadecuado,
proponiendo
el
análisis
incorrecto,
o
utilizando
el
medicamento
de
comparación
de
manera
incorrecta
o
con
dosis
no
efectivas.
Los
así
llamados
diseños
de
Pollyanna,
en
realidad
son
ejercicios
fraudulentos
de
mercadotecnia
que
nada
tienen
que
ver
con
la
ciencia
(Cash
y
otros
2014).
Según
Rodríguez
Rey
(2009)
una
investigación
clínica
es
ética
cuando
tiene:
•
Valor
•
Validez
científica
•
Selección
equitativa
del
sujeto
•
Proporción
favorable
riesgo
beneficio
•
Evaluación
independiente
•
Consentimiento
Informado
•
Respeto
a
los
sujetos
inscritos.
Metodológicamente
los
ensayos
clínicos
controlados
(ECC),
como
mencionan
Lalani
y
otros
(2008),
proveen
una
oportunidad
única
de
evaluar
el
tratamiento
de
infecciones
con
un
alto
grado
de
validez
(osteoarticulares
en
este
estudio
en
particular)
dada
la
recolección
de
datos
prospectivos,
definiciones
objetivas
de
desenlaces
clínicos
y
microbiológicos
y
un
relativo
seguimiento
a
largo
plazo
de
los
pacientes.
444
El
proceso
de
randomización
de
los
ECC,
al
minimizar
los
sesgos
de
selección,
contribuye
a
generar
datos
con
un
alto
nivel
de
validez
lo
cual
sería
una
práctica
más
ética
que
la
introducción
de
estos
nuevos
tratamientos
basados
en
el
“olfato
clínico”
o
la
experiencia.
Hellman
y
Hellman
(1991)
mencionan
que
el
ensayo
clínico
controlado
randomizado
se
ha
convertido
en
la
técnica
estándar
para
modificar
los
métodos
diagnósticos
o
terapéuticos.
Sin
embargo,
la
aplicación
de
esta
técnica
crea
un
dilema
ético.
A
los
investigadores
que
participan
en
tales
estudios
se
les
confronta
con
su
deber
de
brindar
atención
personal
y
lealtad
al
paciente
y
la
necesidad
de
llevar
adelante
experimentos
que
no
necesariamente
reportarán
un
beneficio
directo
para
los
mismos
pacientes.
Cuando
el
médico
cree
que
la
severidad
y
la
probabilidad
de
daño
y
bien
están
balanceados
en
forma
pareja,
la
randomización
puede
ser
éticamente
aceptable.
Si
el
médico
no
tiene
preferencia
por
cualquiera
de
los
tratamientos
(está
en
un
estado
de
equilibrio),
la
randomización
es
aceptable.
Sin
embargo,
si
cree
que
el
nuevo
tratamiento
puede
ser
más
o
menos
exitoso
o
más
o
menos
tóxico,
la
utilización
de
la
randomización
no
es
coherente
con
la
fidelidad
al
paciente
(Hellman
y
Hellman
1991).
Según
Yap
(2010)
los
defensores
de
los
ECC
tienden
a
valorar
sus
virtudes
estadísticas
y
éticas,
mientras
quienes
los
critican
se
preocupan
por
sus
fallas
éticas.
El
requerimiento
ético
para
decidir
llevar
a
cabo
un
ECC
sería
la
evidencia
de
existencia
de
una
condición
de
equilibrio
clínico
(equipoise),
es
decir
que
no
exista
clara
evidencia
sobre
la
superioridad
de
alguno
de
los
dos
tratamientos
a
comparar.
Esto
es
lo
que
se
denomina
equilibrio
interno.
Otra
consideración
es
el
equilibrio
externo
que
considera
que
no
existe
otra
opción
de
estudio
aparte
de
las
dos
consideradas
en
el
ECC.
Si
se
cumplen
ambas
condiciones
de
equilibrio,
los
participantes
de
la
investigación
no
verían
avasallados
sus
intereses
individuales
por
los
intereses
de
los
logros
científicos
del
estudio.
Este
criterio
es
el
que
se
utiliza
para
justificar
los
ensayos
de
no
inferioridad
de
nuevos
antibióticos
en
los
cuales
se
investigan
pacientes
con
infecciones
por
microorganismos
sensibles
a
la
terapia
estándar.
Según
la
pauta
8
de
CIOMS
(2002)
en
toda
investigación
biomédica
en
sujetos
humanos,
el
investigador
debe
garantizar
que
los
beneficios
potenciales
y
los
riesgos
estén
razonablemente
balanceados
y
que
los
riesgos
hayan
sido
minimizados.
Las
intervenciones
o
procedimientos
que
incluyan
la
posibilidad
de
beneficio
diagnóstico,
terapéutico
o
preventivo
directo
para
el
sujeto
individual,
a
la
luz
de
los
riesgos
y
beneficios
previstos,
deben
justificarse
por
la
expectativa
de
que
serán,
al
menos,
tan
ventajosas
para
él
como
cualquier
otra
alternativa
disponible.
Los
riesgos
de
intervenciones
sin
posibilidad
de
beneficio
diagnóstico,
terapéutico
o
preventivo
directo
para
el
individuo
deben
justificarse
en
relación
con
los
beneficios
anticipados
para
la
sociedad
(conocimiento
generalizable).
Los
riesgos
de
tales
intervenciones
deben
ser
razonables
en
relación
con
la
importancia
del
conocimiento
que
se
espera
obtener.
Los
ECC
constituyen
la
metodología
de
referencia
para
responder
a
preguntas
clínico-‐terapéuticas,
pero
se
corre
el
riesgo
de
que
la
industria,
cuyo
objetivo
principal
es
producir
conocimiento
sobre
el
medicamento,
convierta
a
los
individuos
en
simples
herramientas
(Homedes
y
otros
2012).
En
varios
párrafos,
la
Declaración
de
Helsinki
trata
del
bienestar
de
los
sujetos
de
investigación
y
de
cómo
evitar
riesgo.
Las
consideraciones
relativas
al
bienestar
de
los
sujetos
debieran
tener
prioridad
sobre
los
intereses
de
la
ciencia
y
la
sociedad;
los
ensayos
clínicos
deben
estar
precedidos
por
un
adecuado
trabajo
de
laboratorio
o
experimentación
en
animales
para
demostrar
una
probabilidad
razonable
de
éxito
sin
riesgo
indebido;
cada
proyecto
debiera
estar
precedido
por
una
cuidadosa
evaluación
de
los
riesgos
y
cargas
predecibles
en
comparación
con
los
beneficios
previstos
para
el
sujeto
o
para
otros;
los
investigadores
médicos
deben
estar
seguros
de
que
los
riesgos
previstos
han
sido
adecuadamente
evaluados
y
pueden
ser
manejados
satisfactoriamente
y
445
los
riesgos
y
cargas
para
el
sujeto
deben
minimizarse
y
ser
razonables
en
relación
con
la
importancia
del
objetivo
o
conocimiento
que
se
espera
obtener.
Un
caso
particular:
la
necesidad
de
información
sobre
la
respuesta
de
los
microorganismos
multirresistentes
a
las
terapias
combinadas
y
a
los
nuevos
antibióticos
En
el
caso
de
infecciones
por
microorganismos
multirresistentes
(MMR),
para
los
cuales
no
se
cuenta
con
ningún
antimicrobiano
al
que
sean
sensibles,
la
práctica
habitual
consiste
en
tratarlos
según
consensos
basados
en
la
experiencia
de
expertos
e
informes
de
casos
y
series
de
casos
retrospectivas
mediante
terapias
combinadas
con
dos
o
tres
antimicrobianos.
Según
Yap
y
otros
(2010)
muchas
de
estas
terapias
actuales
no
han
verificado
su
eficacia
mediante
estudios
científicos,
por
lo
que
sería
justificado
criticar
estas
decisiones
clínicas
basadas
solo
en
la
experiencia
personal.
Por
ello
sería
mejor
desarrollar
conocimientos
sólidos
sobre
los
efectos
de
las
intervenciones
a
través
de
estudios
controlados
que
expongan
a
algunas
personas
a
daños
–o
a
la
ausencia
de
beneficios–,
que
introducir
innovaciones
carentes
de
esos
conocimientos,
exponiendo
potencialmente
a
toda
la
población
a
tales
riesgos
(Cash
y
otros
2014).
¿Sería
ético
un
ECC
o
sería
mejor
un
estudio
observacional
prospectivo
en
el
caso
de
infecciones
por
MMR?
Dado
que
en
el
caso
de
la
mayoría
de
las
infecciones
por
MMR
no
existe
una
situación
de
equilibrio
clínico
en
la
cual
podamos
comparar
dos
terapias
la
opción
ética
y
válida
serían
los
estudios
prospectivos
observacionales
para
evaluar
las
combinaciones
terapéuticas
recomendadas
por
los
consensos
de
expertos.
Son
situaciones
similares
a
las
de
terapias
a
las
que
aún
no
se
ha
otorgado
la
licencia
para
ponerlas
a
disposición
del
público
en
general,
puesto
que
los
estudios
realizados
para
establecer
su
inocuidad
y
eficacia
no
se
han
completado,
pero
se
utilizan
a
veces
en
personas
con
infección
por
el
VIH
o
en
que
no
hay
opciones
terapéuticas.
Ello
es
compatible
con
la
Declaración
de
Helsinki,
artículo
II.1,
que
señala
que
"...el
médico
debe
tener
la
libertad
de
usar
una
nueva
forma
de
diagnóstico
o
de
terapia,
si
a
su
juicio
ofrece
la
esperanza
de
salvar
una
vida,
restablecer
la
salud
o
aliviar
el
sufrimiento".
También,
en
caso
de
que
se
descubrieran
antibióticos
con
nuevos
mecanismos
de
acción,
una
vez
que
fueran
probados
mediante
ECC
contra
la
medicación
estándar,
sería
deseable
que
se
realizaran
estudios
observacionales
o
bien
ensayos
clínicos
pragmáticos
para
verificar
su
utilidad
y
efectos
adversos
contra
MMR.
Según
la
pauta
1
de
CIOMS
(2008)
“Justificación
ética
y
validez
científica
de
la
investigación
epidemiológica
que
involucra
a
seres
humanos”,
la
justificación
ética
está
dada
por
la
perspectiva
de
descubrir
nuevas
vías
de
mejorar
la
salud
de
los
individuos,
grupos
o
poblaciones.
Tales
investigaciones
pueden
justificarse
éticamente
solo
si
se
llevan
a
cabo
de
manera
de
respetar
y
proteger
y
en
forma
justa
a
los
sujetos
de
investigación.
Más
aún,
dado
que
la
investigación
científicamente
inválida
no
es
ética,
los
investigadores
y
patrocinadores
deben
asegurar
que
la
misma
se
realiza
conforme
a
los
principios
aceptados
científicamente
y
el
conocimiento
pertinente
de
la
literatura
científica.
Para
asegurar
la
validez
de
estos
estudios
observacionales
es
fundamental
la
claridad
en
la
definición
de
caso,
punto
final
o
éxito
clínico,
punto
final
o
éxito
microbiológico,
y
registrar
en
forma
precisa
la
variabilidad
en
los
patrones
de
resistencia
antimicrobiana.
446
El
proceso
de
consentimiento
informado
en
el
estudio
de
nuevos
antibióticos
Un
protocolo
de
investigación
se
caracteriza
por
el
rigor
metodológico
en
todos
los
pasos
por
seguir,
desde
el
reclutamiento
de
los
participantes,
las
especificaciones
técnicas
de
la
recolección
de
información
y
la
metodología
de
investigación,
el
análisis
estadístico
y
la
presentación
de
los
resultados.
Solo
así
se
asegura
la
validez
interna
del
estudio.
La
aceptación
a
participar
es
mediada
por
un
consentimiento
informado,
pues
la
única
decisión
que
toma
el
sujeto
de
investigación
es
participar
o
marginarse,
mas
durante
el
estudio
no
tiene
cabida
decisión
alguna
salvo
el
retiro
(Kottow
2007).
Los
ensayos
clínicos
para
lograr
la
aprobación
de
nuevos
antibióticos
en
general
incluyen
las
siguientes
categorías
de
infecciones:
infecciones
por
Clostridium
difficile,
diarreas
asociadas
a
C.
difficile,
infecciones
de
piel
y
partes
blandas,
neumonías
tanto
de
la
comunidad
como
hospitalarias,
infecciones
del
tracto
urinario,
infecciones
intra-‐abdominales
complicadas
y
tuberculosis
(Butler
y
Cooper
2011).
La
mayoría
de
ellas
de
evolución
aguda
y
grave,
por
lo
que
el
tiempo
de
inicio
del
tratamiento
es
un
punto
crítico
para
definir
la
evolución
de
los
mismos.
El
consentimiento
informado
(CI),
expresión
tangible
del
respeto
a
la
autonomía
de
las
personas
en
el
ámbito
de
la
atención
médica
y
de
la
investigación
en
salud,
es
un
proceso
continuo
y
gradual
que
se
da
entre
el
personal
de
salud
y
el
paciente
y
que
se
consolida
en
un
documento.
Sin
embargo,
en
el
contexto
de
la
investigación
de
estas
patologías
el
estado
del
paciente
y
el
apremio
necesario
para
la
toma
de
decisiones
dificultan
su
implementación
adecuada.
Se
debe
prestar
especial
atención
a
las
circunstancias
de
obtención
del
CI
de
manera
que
permitan
a
la
persona
o
su
representante
una
adecuada
oportunidad
de
aceptar
o
rechazar
su
participación
minimizando
las
posibilidades
de
coacción
o
influencia
(Rodríguez
Rey
2009).
Mediante
el
consentimiento
informado
el
personal
de
salud
le
informa
al
paciente
competente
o
sus
representantes,
en
calidad
y
en
cantidad
suficientes,
sobre
la
naturaleza
de
la
enfermedad
y
del
procedimiento
terapéutico
que
se
propone
utilizar,
los
riesgos
y
beneficios
que
este
conlleva
y
las
posibles
alternativas.
El
documento
escrito
solo
es
el
resguardo
de
que
el
personal
médico
ha
informado
y
de
que
el
paciente
ha
comprendido
la
información,
de
manera
que
pueda
priorizar
de
acuerdo
a
sus
valores
u
objetivos
personales.
Los
problemas
éticos
que
surgen
de
los
requerimientos
del
consentimiento
informado
del
paciente
son
muy
diversos.
Un
riesgo
es
la
producción
de
un
sesgo
de
información
para
no
desincentivar
a
los
voluntarios
respecto
de
su
participación
en
el
ensayo.
Respecto
del
tratamiento,
deberá
informarse
ampliamente
sobre
las
expectativas,
las
complicaciones
posibles,
los
efectos
adversos
y
las
eventuales
secuelas;
pero
cuidando
de
no
excederse
en
la
extensión
del
CI
al
punto
que
dificulte
su
lectura.
Una
opción
sería,
según
Zavala
y
Alfaro-‐Mantilla
(2011)
agregar
un
resumen
del
documento
de
CI
en
el
que
se
exprese
con
toda
claridad:
que
es
una
investigación,
que
como
toda
investigación
implica
riesgos
aunque
sean
mínimos,
que
su
participación
es
voluntaria
y
en
qué
consiste
su
participación.
Es
común
en
investigación
clínica
que
el
investigador
sea
el
mismo
médico
tratante,
en
estos
casos
la
palabra
del
médico
suele
incidir
en
la
toma
de
decisión
de
“su
paciente”.
Esa
relación
de
poder
del
médico,
afecta
a
su
vez
la
objetividad
del
abordaje.
Por
ello
es
aconsejable
que
el
profesional
que
asuma
ambas
funciones,
tome
los
recaudos
necesarios
para
no
superponer
roles
(Ceschi
y
Marré
2012).
447
Para
lograr
un
correcto
proceso
de
consentimiento
informado
es
necesario
analizar
las
diferentes
capas
de
vulnerabilidad
que
están
operando
y
que
podrían
afectar
la
capacidad
de
ejercer
la
autonomía
de
estas
personas,
como
menciona
Luna
(2011)
para
luego
“diseñar
salvaguardas
adecuadas
para
evitar
o
minimizar
cada
capa
de
vulnerabilidad
encontrada,
protegiendo
en
profundidad
y
de
forma
exhaustiva
cada
uno
de
los
aspectos
que
puedan
presentarse”.
Las
formas
concretas
de
vulnerabilidad,
con
sus
complejidades
particulares,
se
deben
considerar
para
brindar
una
protección
específica.
Futuros
desafíos:
las
investigaciones
con
bacteriófagos
como
terapia
antimicrobiana
García
y
Lopez
(2002)
en
su
revisión
sobre
bacteriófagos,
virus
que
infectan
a
las
bacterias,
mencionan
a
los
fagos
como
instrumentos
adecuados
para
ser
usados
como
agentes
para
combatir
las
enfermedades
infecciosas
causadas
por
bacterias.
Este
objetivo
quedó
relegado
por
el
descubrimiento
y
empleo
generalizado
de
los
antibióticos,
pero
el
preocupante
y
creciente
desarrollo
de
las
resistencias
bacterianas
ha
hecho
que,
desde
hace
unos
años,
se
piense
de
nuevo
en
los
fagos
como
una
alternativa
terapéutica
al
uso
de
los
antimicrobianos
actuales.
El
uso
y
producción
de
fagos
para
la
terapia
y
profilaxis
en
humanos
se
mantuvo
a
pequeña
escala,
aun
después
del
advenimiento
y
propagación
de
los
antibióticos
en
el
oeste
de
Europa
y
los
EE.
UU.
El
Instituto
Pasteur
de
Francia
produjo
preparaciones
de
fagos
contra
Pseudomonas,
Staphylococcus,
E.
coli
y
Serratia
hasta
1974.
Uno
de
los
institutos
más
conocidos
por
estudiar
y
producir
preparaciones
de
fagos
terapéuticos
fue
el
Instituto
Tibilisi
en
la
República
de
Georgia,
fundado
en
1923
por
Georgi
Eliava
y
Felix
d’Herelle.
Desde
su
fundación
hasta
los
años
90,
el
instituto
suplió
a
toda
la
URSS
con
preparaciones
de
fagos
terapéuticos.
Recientemente,
se
ha
llamado
a
la
comunidad
internacional
al
establecimiento
de
bancos
de
fagos
para
apoyar
esta
terapia
y
para
la
investigación
básica.
En
el
Congreso
de
Microbios
o
Virus
de
Paris
en
2010,
la
Colección
Alemana
de
Microorganismos
(DSMZ)
anunció
su
disposición
para
coleccionar
fagos
con
propósitos
terapéuticos
(Pimienta
Rodríguez
2013).
La
investigación
de
esta
clase
de
terapia
traerá
aparejados
nuevos
desafíos
metodológicos
y
éticos.
Sin
lugar
a
dudas,
el
desafío
principal
para
el
uso
seguro
de
los
fagos
será
la
realización
de
ensayos
clínicos
a
gran
escala,
de
acuerdo
con
las
entidades
reguladoras
más
rigurosas.
Para
ello
será
necesaria
la
implementación
de
nuevas
regulaciones
para
evaluar
la
efectividad
terapéutica
de
los
fagos,
las
cuales
deben
ser
diferentes
a
los
estándares
establecidos
para
los
antibióticos.
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G
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EM
PESQUISAS
COM
CRIANÇAS:
O
CASO
DA
LEUCEMIA
LINFOIDE
AGUDA
Luciana
G.
Matos
Bióloga.
Mestre
em
Ciências
da
Saúde
(Patologia
Molecular
do
Câncer)
pela
Universidade
de
Brasília,
DF,
Brasil
Tainá
M.
Marques*
Bióloga.
Mestre
em
Ciências
da
Saúde
(Patologia
Molecular
do
Câncer)
pela
Universidade
de
Brasília,
DF,
Brasil
Dirce
Guilhem
Doutora
em
Ciências
da
Saúde
(Bioética).
Pós-‐Doutora
em
Bioética
e
Pesquisa
s
com
Seres
Humanos.
Professora
titular.
Departamento
de
Enfermagem.
Orientadora
dos
Programas
de
Pós-‐Graduação
em
Ciências
da
Saúde
e
Enfermagem.
Faculdade
de
Ciências
da
Saúde.
Universidade
de
Brasília,
DF,
Brasil.
Contacto:
[email protected]
A
comunidade
científica
e
a
sociedade
reconhecem
a
importância
que
o
desenvolvimento
de
pesquisas
representa
para
promover
a
saúde
e
contribuir
para
a
melhoria
da
qualidade
de
vida
das
pessoas.
A
legitimidade
dos
estudos
está
baseada
em
dois
pilares
fundamentais:
validade
científica
e
respeito
a
requisitos
éticos
fundamentais
na
condução
das
investigações
e
no
processo
de
1
comunicação
científica.
Embora
sejam
consideradas
vulneráveis
e
exijam
proteção
adicional,
a
inclusão
de
crianças
e
adolescentes
nos
estudos
contribui
para
aumentar
a
validade
científica
das
pesquisas
que
se
mostram
relevantes
para
esse
grupo
e
para
garantir
2
que
elas
possam
desfrutar
dos
benefícios
da
pesquisa.
O
câncer
entre
crianças
e
adolescentes
é
uma
doença
considerada
rara
se
comparada
às
neoplasias
que
afetam
os
adultos,
o
que
corresponde
entre
1%
e
3%
de
todos
os
tumores
malignos
na
maioria
das
populações.
Porém,
como
o
Brasil
é
um
país
jovem,
com
33%
da
população
incluída
na
faixa
etária
até
19
anos,
estimava-‐se
em
2012
o
surgimento
de
cerca
de
11.530
casos
novos
de
câncer
nessa
população.
Essas
estimativas
permaneceram
válidas
para
o
ano
de
2013,
uma
vez
que
são
elaboradas
e
difundidas
a
cada
dois
3
anos.
As
leucemias
são
as
neoplasias
malignas
mais
frequentes
na
infância.
Estão
divididas
em
diversos
subgrupos
e
cada
um
deles
possui
características
distintas
e
tratamentos
diferenciados.
São
classificadas
em
agudas
e
crônicas.
A
leucemia
aguda
é
dividida
em
Leucemia
Linfoide
Aguda
(LLA)
e
Leucemia
Mielóide
Aguda
(LMA),
representando
75%
e
15-‐20%
dos
casos
respectivamente.
A
leucemia
crônica
responde
por
cerca
de
5-‐10%
dos
casos.
O
pico
de
maior
incidência
da
LLA
é
registrado
na
faixa
etária
de
três
a
quatro
anos
de
idade
e
a
LMA
em
torno
dos
dez
anos.
Porém,
os
dois
tipos
podem
atingir
qualquer
faixa
etária.
A
LLA
é
uma
doença
que
atinge
principalmente
os
leucócitos
e
representa
o
mais
grave
e
mais
comum
câncer
infantil,
apresentando
maior
frequência
em
4-‐6
pacientes
do
sexo
masculino.
Leucemia
Linfoide
Aguda
é
uma
doença
que
têm
progressão
acelerada
e
necessita
de
intervenção
precoce
⎯poliquimioterapia
e
radioterapia,
utilizadas
de
forma
associada
ou
separadamente
e,
em
alguns
casos,
o
transplante
de
medula⎯
para
garantir
uma
5
resposta
eficaz
do
organism.
Nas
últimas
quatro
décadas,
a
taxa
de
sobrevida
de
pacientes
com
LLA
aumentou
consideravelmente,
6,7
de
10%
nos
anos
1960
para
80%
na
atualidade,
mostrando
um
grande
avanço
no
tratamento
da
doença.
A
melhora
do
prognóstico
deve-‐se
à
descoberta
precoce
da
doença
e
ao
desenvolvimento
e
utilização
de
medicamentos
quimioterápicos
com
ação
4,8
antileucêmica
eficaz,
possibilitando
assim
o
maior
controle
da
doença.
*
As
duas
primeiras
autoras
tiveram
contribuição
igualitária
na
elaboração
do
manuscrito
apresentado.
450
É
possível
verificar
que
crianças
e
suas
famílias
se
beneficiaram
muito
com
o
conhecimento
resultante
das
pesquisas.
No
entanto,
esses
estudos
nos
colocam
frente
a
importantes
desafios,
incluindo
questões
relacionadas
à
obtenção
do
consentimento
(pais
ou
responsáveis),
do
assentimento
(crianças),
minimização
da
vulnerabilidade,
dos
riscos
e
dos
conflitos
de
interesses.
Considerando
esses
aspectos,
o
objetivo
deste
estudo
é
o
de
analisar
os
requisitos
éticos
subjacentes
à
inclusão
de
crianças
portadoras
de
leucemias
em
pesquisas
biomédicas.
Pesquisas
e
avanços
diagnósticos
e
terapêuticos
Pesquisas
básicas
e
clínicas
trouxeram
grandes
avanços
no
que
se
refere
ao
arsenal
terapêutico
disponível
para
o
tratamento
de
crianças
com
câncer.
A
LLA
é
uma
doença
de
origem
não
conhecida
e,
na
maioria
das
vezes,
as
pesquisas
direcionam-‐se
a
aprimorar
os
métodos
diagnósticos,
disponibilizar
tratamentos
mais
efetivos
e
aumentar
a
taxa
de
sobrevida.
Porém,
pesquisadores
e
médicos
clínicos
precisam
compreender
que
a
inclusão
de
crianças
traz
desafios
para
os
diferentes
tipos
de
estudos
sobre
leucemia
que
são
9
realizados.
As
pesquisas
genéticas
e
moleculares
têm
progredido
muito
nas
últimas
décadas.
O
principal
foco
da
pesquisa
básica
é
buscar
a
compreensão
sobre
quais
são
os
genes,
as
estruturas
celulares
e
as
vias
metabólicas
envolvidas
no
processo
da
doença
transformando
o
conhecimento
produzido
em
instrumentos
para
o
desenvolvimento
de
novos
métodos
diagnósticos,
drogas
e/ou
10
técnicas
de
intervenção
a
partir
do
entendimento
de
como
a
doença
se
expressa
e
evolui.
No
caso
da
LLA
a
pesquisa
básica
é
necessária
para
ampliar
o
conhecimento
sobre
as
questões
fisiológicas,
celulares
e
moleculares
específicas
da
doença.
Tem
como
principal
ferramenta
o
estudo
das
questões
celulares
e
moleculares
associadas
a
fatores
clínicos
e
esse
tipo
de
evidência
permite
avaliar
pacientes
em
longo
prazo
efetuando
correlações
constantes
entre
os
dados
obtidos
em
laboratório
e
aqueles
obtidos
clinicamente.
Essas
informações
permitem
buscar
métodos
de
diagnóstico
e/ou
de
combate
à
doença
em
estudo
e
a
pesquisa
aplicada
entra
para
testar
se
esses
diagnósticos
e/ou
tratamentos
desenvolvidos
são
mesmo
eficazes
ou
não.
11-‐13
Paralelamente
a
isso,
a
epigenética
vem
ganhando
espaço
na
pesquisa
básica
por
meio
do
estudo
de
características
genômicas
adquiridas,
estáveis
mesmo
após
muitas
divisões
celulares,
mas
que
não
envolvem
mudança
na
sequência
do
DNA.
Essas
14
informações
são
fundamentais
para
entender
a
complexidade
das
doenças
em
estudo.
A
pesquisa
básica
é
realizada
a
partir
de
materiais
biológicos
e
genéticos
originários
de
pacientes
acometidos
pela
leucemia.
Mesmo
que
a
criança
não
esteja
formalmente
incluída
em
um
estudo,
o
seu
material
está
sendo
utilizado
como
matéria-‐prima
para
o
desenvolvimento
de
investigações
científicas.
Portanto,
o
doador
(se
possível)
e
seu
responsável
legal
precisam
ser
informados
15
sobre
os
procedimentos
adotados
e
devem
concordar
de
forma
explícita
com
sua
realização.
No
caso
da
LLA
essa
questão
se
torna
ainda
mais
delicada
já
que
a
maioria
dos
potenciais
participantes
são
crianças.
Estudos
nessa
área
acompanham
crianças
desde
o
início
da
doença
até
a
vida
adulta,
estabelecendo
os
links
existentes
entre
as
questões
moleculares,
os
dados
fenotípicos
e
o
estilo
13
de
vida
do
paciente.
O
processo
de
síntese
de
novos
medicamentos
inclui
uma
fase
pré-‐clínica,
na
qual
o
princípio
ativo
deve
primeiramente
ser
testado
em
modelos
animais.
Infelizmente
não
existem
modelos
que
desenvolvam
a
doença
de
forma
semelhante
aos
seres
humanos,
sendo
16
necessário
que
os
testes
prévios
sejam
realizados
em
crianças
portadoras
da
doença.
A
pesquisa
clínica
com
crianças,
embora
451
controversa,
é
necessária
devido
às
diferenças
biológicas
entre
cânceres
adultos
e
infantis
o
que
concorre
para
que
os
efeitos
dos
2
fármacos
também
sejam
diferentes. Cada
fase
de
um
ensaio
clínico
implica
em
questões
éticas
diferenciadas.
Na
Fase
I,
a
droga
é
testada
pela
primeira
vez
em
pessoas
saudáveis,
mas
no
caso
das
drogas
tóxicas
anticâncer
ela
é
aplicada
em
pacientes
que
se
encontram
em
estágio
avançado
da
doença
principalmente
para
se
conhecer
a
farmacologia
e
a
toxidade
da
droga
e
se
obter
informações
biológicas
sobre
o
novo
agente,
tais
como
o
grau
de
inibição
de
alvos
moleculares
no
tumor.
Na
Fase
II,
busca-‐se
verificar
a
eficácia
da
droga
para
determinada
situação
ou
doença.
Normalmente,
em
oncologia
pediátrica
esses
estudos
são
preferencialmente
observacionais
e
utilizam
uma
única
droga.
Na
Fase
III,
é
realizada
uma
avaliação
global
sobre
a
contribuição
que
o
novo
agente
pode
trazer
para
o
tratamento
da
doença,
caracterizando-‐se
por
grandes
estudos,
de
delineamento
2
experimental,
randomizados,
nos
quais
o
novo
agente
é
comparado
com
o
melhor
tratamento
consolidado
existente.
Finalizada
a
etapa
experimental,
as
evidências
produzidas
deverão
ser
transformadas
em
protocolos
de
intervenção
com
o
objetivo
de
verificar
como
os
testes
diagnósticos
e
os
medicamentos
se
comportam
em
um
ambiente
real
de
aplicação
com
o
intuito
de
se
17
encontrar
soluções
sustentáveis
para
problemas
de
saúde
pública.
Por
exemplo,
encontrar
a
dosagem
ideal
dos
fármacos
para
cada
tipo
de
tratamento
da
LLA,
implica
na
realização
de
pesquisas
translacionais
e
a
consequente
inclusão
de
crianças
nos
estudos.
Esses
procedimentos
expõem
crianças
voluntárias
a
diversos
riscos
que
incluem
tanto
a
coleta
do
material
que
será
utilizado
para
a
18
pesquisa
como
a
participação
nos
testes
com
os
medicamentos
desenvolvidos.
É
preciso
ponderar
que
o
conhecimento
e
os
avanços
no
tratamento
só
se
tornaram
possíveis
a
partir
do
estudo
de
células
leucêmicas
de
pacientes.
Portanto,
como
em
todas
as
pesquisas
envolvendo
seres
humanos,
padrões
éticos
devem
ser
exigidos
e
cumpridos
para
proteger
as
crianças
incluídas
nas
pesquisas,
principalmente
quando
se
considera
a
sedimentação
de
sua
18
vulnerabilidade,
uma
vez
que
estão
incapacitadas
de
decidir
por
si
mesmas.
Crianças
não
podem
ser
consideradas
como
“adultos
em
miniatura”
no
que
se
refere
a
aspectos
psicológicos
e
necessidades
clínicas.
Sua
inclusão
em
pesquisas
básicas
(por
meio
do
fornecimento
de
material
biológico)
ou
clínicas
(medicamentos,
testes
diagnósticos,
protocolos
de
intervenção)
é
mandatória
uma
vez
que
as
evidências
produzidas
são
a
base
para
lhes
assegurar
o
melhor
tratamento
19
disponível.
O
grande
desafio
consiste
em
manter
o
equilíbrio
entre
a
responsabilidade
de
protegê-‐las
e
a
obrigação
moral
de
trabalhar
no
sentido
de
disponibilizar
tratamentos
dirigidos
especificamente
para
a
população
infantil.
Pesquisas
com
crianças:
vulnerabilidade
e
proteção
O
conceito
de
vulnerabilidade
se
mostra
extremamente
pertinente
no
cenário
da
pesquisa
envolvendo
crianças.
Considera-‐se
pessoa
ou
sujeito
vulnerável
aquele
indivíduo
que
não
possui
condições
pessoais
para
tomar
decisões
autônomas
que
o
protejam
em
situações
de
conflito,
que
tem
dificuldade
de
acesso
a
bens
de
consumo
e
serviços,
que
se
encontra
em
situação
de
fragilidade
em
processos
de
negociação,
o
que
contribui
para
situações
de
desigualdade
e
possibilidade
de
danos.
20-‐22
No
entanto,
o
conceito
de
vulnerabilidade
deve
ser
compreendido
como
uma
construção
multidimensional,
incluindo
fatores
individuais,
programáticos,
sociais
e
culturais.
No
contexto
de
pesquisa
em
saúde,
estão
profundamente
imbricados
os
seguintes
aspectos:
baixo
nível
educacional
e
falta
de
informações,
baixo
poder
aquisitivo,
dificuldade
de
acesso
a
serviços
de
educação
e
saúde,
ausência
de
regulamentação/legislação
específica
para
normatizar
a
realização
de
pesquisas,
pouco
ou
nenhum
452
conhecimento
sobre
a
diferença
entre
investigações
biomédicas
e
cuidados
de
saúde,
relações
assimétricas
entre
23
profissionais/pesquisadores
e
pacientes/participantes,
submissão
a
valores
e
crenças
tradicionalmente
aceitos
como
verdadeiros.
Adicionalmente,
no
caso
específico
de
crianças,
outro
aspecto
concorrente
diz
respeito
à
legislação
em
vigor
no
Brasil,
que
considera
esse
grupo
como
seres
tutelados
até
aos
18
anos,
ou
seja,
até
sua
maioridade
legal.
Se
por
um
lado,
essa
posição
pode
ser
considerada
protetora
e
uma
forma
de
coibir
abusos
na
condução
de
pesquisas,
por
outro,
emerge
seguinte
questão:
o
responsável
legal
está
agindo
de
fato
no
melhor
interesse
da
criança?
Países
desenvolvidos,
como
os
Estados
Unidos
e
os
países
membros
da
Comunidade
Europeia,
introduziram
legislação
específica
para
o
desenvolvimento
de
pesquisas
envolvendo
crianças.
O
Departamento
de
Saúde
e
Serviços
Humanos
(da
sigla
em
inglês,
DHHS)
estabeleceu
um
conjunto
de
regras
para
a
proteção
dos
participantes
de
estudos
que
está
codificada
no
Registro
Federal,
título
45,
Subparte
D,
refere-‐se
explicitamente
a
questões
relacionadas
à
investigação
pediátrica.
Nesta
seção
estão
descritas
as
regras
que
devem
ser
adotadas
por
um
Comitê
de
Ética
em
Pesquisa
no
processo
de
análise
de
pesquisas
envolvendo
crianças.
Deve
ser
garantido
o
cumprimento
dos
seguintes
pontos:
1)
os
principais
riscos
foram
minimizados;
2)
os
riscos
pela
participação
podem
ser
considerados
razoáveis
em
relação
aos
benefícios
esperados;
3)
o
processo
de
seleção
dos
participantes
é
justo;
4)
o
processo
de
24
obtenção
do
consentimento
informado
está
explicitado
e
adequado
em
função
dos
riscos
da
pesquisa.
Em
função
do
aumento
do
número
de
ensaios
clínicos
com
crianças,
a
Comunidade
Europeia
publicou
legislação
específica
⎯a
25
Diretriz
2001/20/CE
em
janeiro
de
2007⎯,
nos
mesmos
moldes
da
regulamentação
estadunidense.
Alguns
aspectos
apontados
foram
os
seguintes:
1)
exigência
da
realização
de
ensaios
clínicos
para
a
síntese
de
medicamentos
relevantes
para
a
população
infantil;
2)
incentivo
para
as
empresas
farmacêuticas
que
se
propuserem
a
realizar
os
estudos;
3)
orientações
relativas
aos
requisitos
éticos
fundamentais
para
a
realização
de
ensaios
clínicos
desde
o
nascimento
até
a
idade
adulta.
Essas
diretriz
está
direcionada
para
todos
os
atores
envolvidos
em
processos
de
julgamento
clínico
incluindo
comitês
de
ética
em
pesquisa,
gestores,
pesquisadores,
médicos
clínicos,
familiares
e
a
sociedade
em
geral.
19,25
Além
disso,
os
principais
documentos
internacionais
contendo
diretrizes
éticas
para
subsidiar
a
realização
de
pesquisas
com
seres
humanos
sistematizam
os
requisitos
necessários
para
a
inclusão
de
pessoas
e
grupos
considerados
vulneráveis,
incluindo-‐se
as
crianças,
e
para
os
quais
deve
ser
direcionada
especial
atenção.
26-‐31
As
diretrizes
internacionais
buscam
promover
a
adoção
de
requisitos
éticos
nas
pesquisas
e
a
proteção
dos
participantes
envolvidos
nas
investigações.
Passaram
por
um
longo
processo
de
discussão
e
reflexão
e
representam
salvaguardas
fundamentais
para
reforçar
princípios
de
equidade
e
respeito
aos
participantes.
Do
cenário
internacional
ao
contexto
brasileiro
A
primeira
regulamentação
brasileira
para
nortear
a
realização
de
pesquisas
envolvendo
seres
humanos
foi
a
denominada
Resolução
196/96:
diretrizes
e
normas
regulamentadoras
de
pesquisas
envolvendo
seres
humanos.
A
elaboração
do
documento
refletiu
o
movimento
internacional
e
tomou
como
referência
para
sua
elaboração
os
principais
documentos
disponíveis.
Baseou-‐se,
ainda,
na
legislação
do
país,
para
garantir
subsídios
legais
à
regulamentação.
Esse
documento
representa
um
marco
para
o
cenário
das
pesquisas
no
Brasil.
As
normas
e
diretrizes
propostas
contemplam
os
avanços
técnico-‐
científicos
contemporâneos
e
têm
um
forte
alinhamento
com
os
princípios
bioéticos
da
autonomia,
beneficência,
não
32
maleficência
e
justiça,
que
têm
sido
amplamente
utilizados
no
contexto
da
prática
de
pesquisa
internacionalmente.
453
A
utilização
desses
princípios,
acrescidos
de
princípios
adicionais
⎯como
os
da
confidencialidade,
privacidade,
voluntariedade,
equidade
e
não
estigmatização⎯,
constituem-‐se
em
requisitos
fundamentais
para
a
proteção
dos
participantes
e
para
garantir
que
seus
direitos
e
deveres
sejam
observados
e
cumpridos
por
todos
os
atores
envolvidos
no
processo
de
pesquisa.
32,33
Essa
concepção
ampliada
se
afunila
no
decorrer
do
texto
como
estratégia
para
atender
as
especificidades
requeridas
por
diferentes
grupos.
Duas
passagens
merecem
especial
atenção.
O
capítulo
III,
n.
3,
letra
J,
afirma
que
a
pesquisa
deve
“ser
desenvolvida
preferencialmente
em
indivíduos
com
autonomia
plena.
Indivíduos
ou
grupos
vulneráveis
não
devem
ser
sujeitos
de
pesquisa
quando
a
informação
desejada
possa
ser
obtida
através
de
sujeitos
com
plena
autonomia,
a
menos
que
a
investigação
possa
trazer
benefícios
diretos
aos
vulneráveis.
Nesses
casos,
o
direito
dos
indivíduos
ou
grupos
que
queiram
participar
da
pesquisa
deve
ser
15
assegurado,
desde
que
seja
garantida
a
proteção
à
sua
vulnerabilidade
e
incapacidade
legalmente
definida.
[Sem
grifos
no
original].
Essa
seria
a
situação
ideal,
mas
a
restrição
não
deve
excluir
grupos
particulares,
como
é
o
caso
das
crianças.
Há
condições
de
saúde,
situações
de
risco
e
de
doenças
específicas,
como
é
o
caso
da
LLA,
que
necessitam
ser
pesquisadas
para
garantir
o
melhor
interesse
desse
grupo.
A
inclusão
dos
participantes
(por
meio
da
autorização
de
seus
pais
ou
responsáveis)
necessita
ser
efetuada
de
forma
autônoma
e
voluntária.
Porém,
é
preciso
considerar
que
existem
fatores
adicionais
como
a
percepção
muitas
vezes
diferenciada
que
pais
e
crianças
e
adolescentes
têm
sobre
o
que
significam
os
conceitos
de
risco,
benefício
e
autonomia
no
processo
de
tomada
de
34
decisões.
O
fato
de
que
essas
divergências
de
opinião
existem
deve
ser,
portanto,
cuidadosamente
considerado.
No
capítulo
IV,
n.
3,
letra
A,
o
texto
da
Resolução
aponta
para
o
seguinte
fato:
Nos
casos
em
que
haja
qualquer
restrição
à
liberdade
ou
ao
esclarecimento
necessário
para
o
adequado
consentimento,
deve-‐se
ainda
observar:
a) em
pesquisas
envolvendo
crianças
e
adolescentes,
portadores
de
perturbação
ou
doença
mental
e
sujeitos
em
situação
de
substancial
diminuição
em
sua
capacidade
de
consentimento,
deverá
haver
justificação
clara
da
escolha
dos
sujeitos
da
pesquisa,
especificada
no
protocolo,
aprovada
pelo
Comitê
de
Ética
em
Pesquisa,
e
cumprir
as
exigências
do
consentimento
livre
e
esclarecido,
através
dos
representantes
legais
dos
referidos
sujeitos,
sem
15
suspensão
do
direito
de
informação
do
indivíduo,
no
limite
de
sua
capacidade. [Sem
grifos
no
original].
Após
16
anos
de
sua
utilização,
a
Resolução
196/96
passou
por
processo
de
reformulação
e
foi
substituída
pela
466/2012
que
passou
a
ser
a
referência
principal
para
definição
dos
requisitos
éticos
em
pesquisas
com
humanos
no
Brasil.
Um
dos
avanços
apontados,
indica
a
exigência
da
obtenção
do
Termo
de
Assentimento
por
meio
do
qual
a
criança
que
tem
capacidade
para
15
compreender
o
processo
deverá
fornecer
sua
anuência
para
participação
na
pesquisa .
Esse
termo
não
exclui
a
obtenção
do
Termo
de
Consentimento
Livre
e
Esclarecido
(TCLE)
que
deverá
ser
obtido
de
pais
ou
responsáveis
A
responsabilidade
de
pesquisas
incluindo
crianças
deve
ser
compartilhada
pelos
diferentes
atores
envolvidos
nesse
cenário.
Além
do
cuidado
dispensado
por
pesquisadores
e
equipe
de
pesquisa,
o
protocolo
deve
ser
alvo
de
avaliação
criteriosa
por
parte
dos
comitês
de
ética
em
pesquisa,
para
garantir
o
bem-‐estar
dos
menores.
O
Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente
em
seu
artigo
2º,
aponta
que
“considera-‐se
criança,
para
os
efeitos
desta
Lei,
a
pessoa
até
35
doze
anos
de
idade
incompletos”.
Sob
a
denominação
de
crianças
ou
menores
estão
incluídos
atores
de
diferentes
níveis
de
454
compreensão
e
autonomia.
Embora
essa
Lei
não
esteja
diretamente
relacionada
à
prática
científica,
traz
alguns
subsídios
importantes
para
nortear
a
realização
das
pesquisas.
No
capítulo
II,
intitulado
Do
Direito
à
Liberdade,
ao
Respeito
e
à
Dignidade,
fica
explicitado
nos
artigos
17
e
18,
que
o
direito
à
liberdade
compreende
os
seguintes
aspectos:
II
-‐
Opinião
e
expressão:
Art.
17.
O
direito
ao
respeito
consiste
na
inviolabilidade
da
integridade
física,
psíquica
e
moral
da
criança
e
do
adolescente,
abrangendo
a
preservação
da
imagem,
da
identidade,
da
autonomia,
dos
valores,
ideias
e
crenças,
dos
espaços
e
objetos
pessoais.
Art.
18.
É
dever
de
todos
velar
pela
dignidade
da
criança
e
do
adolescente,
pondo-‐os
a
salvo
de
qualquer
tratamento
35
desumano,
violento,
aterrorizante,
vexatório
ou
constrangedor.”
Essa
passagem
da
lei
resguarda
a
proteção
exigida
para
a
inclusão
de
crianças
e
adolescentes
em
pesquisas
biomédicas
e
comportamentais.
Garante,
ainda,
a
observância
do
princípio
de
respeito
pelas
pessoas
a
partir
do
momento
que
preserva
o
direito
ao
exercício
da
autonomia,
dirigindo
especial
atenção
ao
processo
de
desenvolvimento
para
a
capacidade
de
tomar
decisões
que
se
constrói
ao
longo
da
vida.
É
preciso
observar
e
considerar
a
maturidade
demonstrada
pelas
crianças
e
atuar
de
forma
a
garantir
que
sua
vontade
também
seja
considerada
no
processo
de
recrutamento
para
participação
nas
pesquisas.
Dessa
forma,
ainda
que
os
pais
ou
responsáveis
tenham
tomado
a
decisão
de
fornecer
o
consentimento
para
a
inclusão
das
crianças
nos
estudos,
sua
decisão
de
aceitar,
rejeitar
a
participação
ou
abandonar
a
pesquisa
no
decorrer
da
mesma
deve
estar
assegurada
no
protocolo
de
investigação.
36,37
Princípios
bioéticos
e
sua
aplicabilidade
às
pesquisas
com
crianças
A
delimitação
de
princípios
éticos
para
subsidiar
a
prática
de
pesquisa
está
intimamente
vinculada
ao
processo
de
consolidação
da
bioética
como
campo
disciplinar.
Alguns
deles
⎯autonomia,
beneficência,
não-‐maleficência
e
justiça⎯
desempenham
papel
fundamental
e
devem
ser
observados
e
respeitados
durante
a
condução
das
pesquisas
e
a
comunicação
científica
dos
resultados
encontrados.
A
sua
construção
teórica
encontra
correspondência
prática
objetivando-‐se
principalmente
garantir
a
proteção
e
o
respeito
aos
direitos
dos
participantes
dos
estudos.
O
princípio
da
autonomia
está
fortemente
vinculado
à
tradição
ocidental
individualista
na
qual
a
pessoa
teria
liberdade
para
decidir
sobre
sua
situação
de
saúde
e/ou
participação
em
pesquisas.
Representa
a
capacidade
que
um
indivíduo
possui
de
deliberar
sobre
seus
próprios
atos
e
de
decidir
de
forma
livre,
sem
qualquer
forma
de
coação,
coerção,
sedução
ou
intimidação.
Para
que
isso
ocorra,
a
pessoa
deve
receber
todas
as
informações
que
são
necessárias
para
promover
sua
compreensão
sobre
determinada
situação
ou
problema
de
saúde
e/ou
pesquisa.
38,39
Pessoas
ou
grupos
com
autonomia
diminuída
⎯entre
os
quais
as
crianças⎯
devem
ser
protegidos
e
a
sociedade
deve
estabelecer
mecanismos
para
garantir
seus
direitos
e
segurança.
A
voluntariedade,
um
dos
componentes
constitutivos
do
princípio
da
autonomia
pode
estar
comprometida
em
muitas
situações
e
cuidado
adicional
deve
ser
40
dirigido
para
assegurar
o
seu
cumprimento.
A
inclusão
de
crianças
em
pesquisas
demonstra
essas
contradições.
Como
as
crianças
legalmente
não
podem
decidir
sobre
o
que
é
melhor
para
elas,
esse
direito
é
atribuído
aos
pais
ou
responsáveis
que
devem
decidir
sobre
a
sua
participação
ou
não
nos
estudos
propostos.
Para
que
pais
e
responsáveis
possam
optar
pelo
melhor
interesse
das
crianças
devem
ser
plenamente
informados
sobre
455
os
objetivos
do
projeto
de
pesquisa
proposto,
o
que
lhes
permitirá
avaliar
e
garantir
a
integridade
física,
cognitiva,
emocional
e
o
41
desenvolvimento
social
das
mesmas.
Nesse
cenário,
o
princípio
da
autonomia
encontra
sua
correspondência
prática
em
dois
procedimentos
distintos:
a
obtenção
do
consentimento
livre
e
esclarecido
por
parte
dos
pais
ou
responsáveis
e
a
aquisição
do
termo
de
assentimento
por
parte
da
criança.
16,19,42
Faz
parte
de
um
processo
contínuo
e
dinâmico
que
permite
o
estabelecimento
de
diálogo
permanente
entre
pesquisadores,
pais
ou
responsáveis
e
a
criança
potencial
voluntária,
o
que
definirá
sua
inclusão
no
estudo.
O
termo
de
assentimento
demonstra
a
participação
ativa
da
criança
no
processo
e,
embora
em
muitos
casos
as
crianças
realmente
não
possuam
todas
as
habilidades
desenvolvidas
para
entender
as
possíveis
consequências
e
implicações
desta
participação,
cabe
aos
responsáveis
pela
pesquisa
e
aos
responsáveis
pela
criança
encontrar
estratégias
para
explicar
de
forma
contextualizada
os
43
procedimentos
aos
quais
ela
será
submetida.
Os
princípios
de
beneficência
e
da
não-‐maleficência
estão
intimamente
relacionados
e
rementem
à
ética
hipocrática
e
suas
máximas:
1)
Fazer
o
bem:
que
implica
na
obrigação
moral
de
atuar
em
benefício
de
outrem
e
no
caso
da
pesquisa
verificar
se
a
pessoa
incluída
no
estudo
terá
acesso
aos
benefícios
provenientes
de
estudos
exitosos;
e
2)
Primum
non
nocere:
que
requer
a
adoção
de
atitudes
que
visem
evitar
danos
ou
minimizá-‐los
ao
máximo
evitando
causar
sofrimento
e
produzir
incapacidades.
38,39
Esses
dois
princípios
exigem
a
realização
criteriosa
de
um
balanço
entre
riscos
e
acesso
a
benefícios
decorrentes
da
participação
na
28
pesquisa,
com
o
objetivo
de
minimizar
os
potenciais
danos
que
poderia
ocorrer.
Existem
diferentes
formas
de
classificar
os
riscos
na
prática
de
pesquisa.
Tradicionalmente
eles
são
hierarquizados
e
apresentados
partindo-‐se
das
questões
mais
simples
e
evoluindo
para
as
mais
complexas.
De
acordo
com
as
regulamentações
internacionais
e
brasileiras,
crianças
e
adolescentes
estão
incluídos
entre
os
grupos
de
populações
vulneráveis
e
necessitam
proteção
especial.
40-‐43
O
princípio
da
justiça
no
contexto
da
pesquisa
em
saúde
remete
à
questão
da
equidade
no
que
se
refere
à
distribuição
de
encargos
e
benefícios.
O
critério
para
verificar
se
uma
conduta
é
considerada
ética
do
ponto
de
vista
da
justiça,
implica
na
valoração
equitativa
38
da
ação.
Toda
e
qualquer
discriminação
deve
ser
evitada
para
que
as
pessoas
possam
ser
tratadas
de
forma
justa.
Nesse
cenário,
o
princípio
da
justiça
representa
imparcialidade
nos
seguintes
aspectos:
1)
recrutamento
dos
participantes:
deve
ser
efetuada
seleção
justa
dos
potenciais
participantes,
independente
de
fatores
externos,
tais
como
aspectos
sociais,
raciais
ou
de
saúde.
Os
critérios
de
inclusão
e
exclusão
devem
ser
definidos
em
função
do
delineamento
científico
do
estudo
e
não
de
privilégios
pessoais
ou
grupais;
2)
nenhum
grupo
de
pessoas
deve
ser
utilizado
como
meio
para
o
desenvolvimento
de
testes
diagnósticos
ou
de
medicamentos
que
não
estarão
acessíveis
para
os
participantes
incluídos
nos
estudos
e/ou
para
a
comunidade
da
qual
eles
foram
recrutados;
3)
pessoas
e
grupos
vulneráveis
devem
ser
incluídos
em
estudos
que
tragam
possibilidade
de
acesso
a
produtos
considerados
exitosos;
4)
o
convite
para
participação
no
estudo
deve
ser
extensivo
a
todas
as
pessoas
que
atendam
os
critérios
de
inclusão
e
não
apenas
aqueles
que
estão
vinculados
aos
cuidados
do
pesquisador
principal.
44,45
O
processo
de
avaliação
ética
das
pesquisas
envolvendo
crianças,
especialmente
aquelas
com
LLA
Considerando-‐se
as
diretrizes
internacionais,
a
normatização
e
a
legislação
brasileiras
relacionada
às
pesquisas
envolvendo
seres
humanos,
o
processo
de
avaliação
ética
dos
protocolos
de
pesquisas
que
incluem
crianças,
em
especial
aquelas
com
LLA
deve
ser
alvo
de
análise
criteriosa
por
parte
dos
membros
de
comitês
de
ética
em
pesquisa
(CEP).
A
decisão
do
CEP
deve
considerar
que
os
456
princípios
fundamentais
⎯tais
como
o
respeito
pela
autonomia,
o
acesso
a
benefícios
decorrentes
da
participação
na
pesquisa,
a
análise
ponderada
sobre
os
riscos
envolvidos
e
a
possibilidade
de
ser
incluído
em
estudos
que
focalizem
questões
específicas
sobre
a
saúde
das
crianças,
entre
outros
que
poderiam
ser
mencionados⎯
estão
contemplados
no
projeto
apresentado.
Além
disso,
os
membros
do
CEP
devem
ter
capacitação
para
analisar
a
viabilidade
científica
e
operacional
(incluindo
estrutura
adequada
para
46
fornecer
suporte
aos
participantes)
da
pesquisa.
O
Comitê
de
Ética
e
Pesquisa
deve
ser
rigoroso
com
a
conduta
dos
pesquisadores
responsáveis
por
um
estudo
clínico
que
inclui
menores
incapazes.
Pesquisas
envolvendo
crianças
portadoras
de
doenças
complexas,
como
é
o
caso
da
leucemia,
são
muito
longas
e
subdivididas
em
etapas
distintas:
estudos
e
testes
propriamente
ditos.
A
primeira
exige
a
coleta
de
material
para
estudos
relacionados
ao
desenvolvimento
da
doença
e
expõe
as
crianças
a
procedimentos
invasivos
para
coleta
de
sangue
e
de
medula
óssea,
o
que
pode
ocasionar
riscos
de
infecção.
Infelizmente
não
existe
método
menos
invasivo
para
a
coleta
de
amostras
dos
participantes
e
que
não
os
faça
sentir
dor
durante
o
processo.
No
entanto,
os
pesquisadores
devem
trabalhar
no
sentido
de
minimizar
esses
riscos
ao
máximo,
uma
vez
que
nessa
fase
da
pesquisa
as
crianças
serão
submetidas
a
riscos
e
não
se
beneficiarão
diretamente
das
descobertas
do
estudo.
Aspecto
importante
diz
respeito
ao
fato
de
que
as
crianças
que
participam
dessa
etapa
da
pesquisa
não
serão
incluídas
nas
próximas
etapas
que
se
relacionam
ao
desenvolvimento
dos
fármacos.
Considerando
essas
questões,
e
equipe
deve
fornecer
aos
pais
ou
responsáveis
todas
as
informações
relativas
aos
objetivos
do
estudo
e
aos
procedimentos
adotados
para
que
possam
decidir
no
melhor
interesse
da
criança.
Essas
informações
devem
estar
discriminadas
no
protocolo
e
ser
alvo
de
análise
por
parte
do
CEP.
Paralelamente
à
participação
da
pesquisa
deve
ser
garantido
o
oferecimento
do
tratamento
padrão
estabelecido
para
o
seu
tratamento.
A
etapa
seguinte
inclui
o
desenvolvimento
e
os
testes
com
os
novos
medicamentos.
O
comitê
deve
avaliar
como
será
feito
o
processo
de
recrutamento
dos
potenciais
participantes
e
como
serão
respeitados
os
seus
direitos
e
autonomia.
O
Termo
de
Consentimento
Livre
e
Esclarecido
deve
ser
claro,
conciso
e
com
linguagem
compatível
ao
grupo
para
o
qual
ele
será
dirigido.
O
Termo
de
Assentimento
é
um
requisito
fundamental
e
deve
ser
analisado
pelo
CEP.
15,19,
46
Nessa
etapa
os
responsáveis
se
deparam
com
decisões
complexas,
pois
testes
com
novos
princípios
ativos
podem
submeter
as
crianças
a
riscos
em
alguns
casos
desconhecidos
e
sem
garantias
da
ação
desses
medicamentos.
Outra
questão
que
deve
estar
contemplada
é
o
fato
de
que
os
medicamentos
utilizados
necessitem
ser
interrompidos
para
se
iniciar
a
pesquisa
com
o
novo
fármaco.
Em
geral,
a
autorização
para
a
participação
de
crianças
nesses
estudos
é
muito
questionada
considerando-‐se
os
riscos
não
mensuráveis
a
que
serão
expostas.
A
decisão
dos
pais
pode
entrar
em
conflito
com
o
desejo
da
criança,
fragilizando-‐a
ainda
mais
nesse
processo.
É
nesse
cenário
que
a
avaliação
do
comitê
de
ética
se
mostra
extremamente
necessária:
é
preciso
analisar
a
credibilidade
da
pesquisa,
o
atendimento
aos
requisitos
éticos
para
sua
condução
e,
algo
ainda
mais
complexo,
definir
os
47
procedimentos
para
o
acompanhamento
e
fiscalização
de
sua
implementação
e
desenvolvimento.
457
Conclusão
O
desejo
de
que
crianças
e
pessoas
incapazes
⎯ou
seja,
pessoas
vulneráveis
e
com
autonomia
diminuída⎯
possam
beneficiar-‐se
dos
resultados
exitosos
das
pesquisas
clínicas
nos
remete
aos
conflitos
que
emergem
de
sua
inclusão
nos
protocolos
de
pesquisa.
A
história
da
ciência
está
marcada
por
casos
de
conduta
imprópria
em
pesquisas
com
crianças
e
este
fato
contribuiu
para
alavancar
a
criação
e
divulgação
de
diretrizes
éticas
internacionais
para
pesquisas
envolvendo
seres
humanos,
com
cuidado
especial
direcionado
às
crianças
e
outros
grupos
vulneráveis.
Paralelamente
a
isso,
os
países
foram
delimitando
ao
longo
do
tempo
o
arcabouço
ético,
normativo
e
legal
para
subsidiar
as
pesquisas
com
humanos.
O
processo
de
revisão
ética
e
científica
dos
protocolos
de
pesquisa
por
parte
de
um
comitê
de
ética
deve
ser
rigoroso,
especialmente
quanto
à
necessidade
da
participação
de
crianças
e
como
essa
participação
irá
impactar
em
suas
vidas.
Os
estudos
para
o
tratamento
das
leucemias
foram
extremamente
benéficos
considerando-‐se
a
modificação
do
perfil
de
morbi-‐mortalidade
da
doença
e
da
sobrevida
após
a
implementação
dos
tratamentos
desenvolvidos
e
de
exames
diagnósticos
menos
invasivos.
Os
princípios
éticos
são
fundamentais
para
garantir
o
respeito
pelas
pessoas
envolvidas,
salvaguardar
sua
dignidade,
preservar
sua
privacidade
e
assegurar
sua
autonomia
no
processo
de
tomada
de
decisão.
O
consentimento
por
parte
dos
pais
ou
responsáveis
é
de
extrema
importância
e
a
obtenção
do
assentimento
das
crianças
demonstra
respeito
por
seus
sentimentos
no
que
relaciona
à
participação
na
pesquisa.
Cabe
ao
pesquisador
principal
e
sua
equipe
fornecer
informações
e
proporcionar
apoio
às
famílias
para
minimizar
dúvidas
e
prover
pronto
atendimento
em
caso
necessidade.
As
pesquisas
com
leucemias
se
mostram
promissoras
e
já
se
vislumbra
a
possibilidade
de
que
em
um
futuro
próximo
o
tratamento
seja
feito
de
forma
individualizada
de
acordo
com
as
características
da
progressão
da
doença
em
cada
paciente
e
a
capacidade
de
seu
organismo
responder
aos
fármacos,
favorecendo
ao
aumente
da
sobrevida.
Outro
aspecto
que
merece
especial
atenção
nesse
contexto
diz
respeito
à
comunicação
científica
dos
resultados
dos
estudos,
fornecendo
a
base
e
o
direcionamento
para
novos
estudos,
que
devem
ser
realizados
seguindo-‐se
os
mais
rigorosos
requisitos
éticos
e
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SE
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Y
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“COMITÉS
DE
ÉTICA
INDEPENDIENTES”?
Eduardo
A.
Duro
Médico
Pediatra
y
Medico
Pediatra
Neonatólogo
(SAP),
Magíster
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires
en
Salud
Publica,
Docente
Autorizado
en
la
Facultad
de
Medicina
(UBA)
Director
de
la
Carrera
de
Especialista
en
Pediatría,
Facultad
de
Medicina,
(UBA),
Argentina.
Contacto:
[email protected]
Susana
N.
Torres
Bioquímica
especializada
en
bioética,
Coordinadora
del
Comité
de
Bioética
del
Hospital
Interzonal
General
de
Agudos
“Eva
Perón”
de
San
Martín;
Profesora
de
la
Universidad
Nacional
de
José
C.
Paz,
Argentina..
Para
el
marco
normativo
de
Argentina,
al
establecerse
en
1996
el
primer
Régimen
de
Buenas
Prácticas
de
Investigación
en
Estudios
de
Farmacología
Clínica,
en
el
que
se
exigía
la
presentación
a
la
ANMAT (Administración
Nacional
de
Medicamentos,
Alimentos
y
Tecnología
Médica) de
la
“Autorización
del
Comité
de
Docencia
e
Investigación
del
centro
donde
se
realizará
el
estudio”
y
una
“Autorización
de
Comité
de
Ética,
independiente”,
hasta
el
año
2010,
un
Comité
de
Ética
Independiente
era
considerado
un
"Grupo
independiente
(del
estudio
científico
que
se
va
a
realizar)
de
personas
(institucional,
regional
o
nacional)
constituido
por
profesionales
médicos
y
no
médicos
y
por
no
profesionales,
que
tiene
la
responsabilidad
de
verificar
que
se
protejan
la
seguridad,
integridad
y
derechos
humanos
de
las
personas
participantes
en
el
estudio”
y
agregaba
“Los
comités
de
ética
se
constituirán
y
ejercerán
sus
tareas
libres
de
influencias
de
aquellas
personas
que
conducen
o
intervienen
en
el
estudio
clínico
(investigadores,
1
patrocinador,
etc.).”
Cabe
destacar
que
en
ese
entonces,
y
en
algunos
casos
hasta
la
actualidad,
la
mayoría
de
las
instituciones
(centros)
y
sobre
todo
en
el
ámbito
público,
contaban
con
un
Comité
de
Docencia
e
Investigación,
pero
no
asimismo
con
un
Comité
de
Ética.
Por
otra
parte,
ya
funcionaban
algunos
comités
autodenominados
“independientes”
que
valoraban
investigaciones,
sobre
todo
de
investigación
clínica
farmacológica,
que
no
pertenecían
a
centros
asistenciales
y
eran
contratados
por
patrocinadores
de
este
tipo
de
estudios
para
su
evaluación
y
aprobación.
Por
este
último
hecho,
comenzaría
con
posterioridad
a
ponerse
en
tela
de
juicio
la
independencia
de
dichos
comités
para
la
toma
de
decisiones.
Promovidos
por
leyes
nacionales
(Ministerio
Nacional
de
Salud
Ley
n°
24.724/96)
y
locales
(Ministerio
de
Salud
Prov.
de
Buenos
Aires
Ley
nº
11.044/90),
y
ante
la
necesidad
de
regularizar
la
situación
en
los
centros
donde
se
realizaban
investigaciones,
algunos
de
ellos
con
larga
trayectoria
científica,
comienzan
a
formarse
los
comités
de
ética/bioética
institucionales.
Ante
discrepancias
en
la
interpretación
de
la
normativa,
expresiones
que
se
prestaban
a
ambigüedades,
y
distintos
criterios
en
cuanto
a
evaluación
y
aprobación
de
protocolos,
surge
la
necesidad
de
modificarla.
460
La
Disposición
Nº
6677/2010
de
ANMAT,
“Régimen
de
Buena
Práctica
Clínica
para
Estudios
de
Farmacología
Clínica”
deroga
la
anterior
introduciendo
confusión
en
los
acrónimos
ya
que
habla
de
“CEI”
refiriéndose
al
Comité
de
Ética
en
Investigación,
mientras
que
esta
sigla
era
utilizada
cotidianamente
para
Comité
de
Ética
Independiente.
A
raíz
de
esta
disposición,
los
llamados
Comités
Independientes
debieron
eliminar
esta
última
expresión
de
su
nombre,
pasando
a
denominarse
Comités
de
Ética
de
Investigación
Clínica.
En
esta
nueva
norma
en
el
glosario
define
Comité
de
Ética
en
Investigación
como:
“Organización
que
actúa
en
su
ámbito
de
competencia,
independiente
del
patrocinador
y
el
investigador,
integrada
por
profesionales
médicos
o
científicos
y
miembros
no
2
médicos
o
no
científicos” .
Reproduce
una
norma
superior,
la
Resolución
Nº
1490/2007
del
Ministerio
de
Salud
que
usa
iguales
términos
para
definir
independencia.
Esta
es
a
su
vez
derogada
por
la
Resolución
Nº
1480/2011
que
requiere
“evaluación
independiente,
competente
y
oportuna
de
los
aspectos
éticos,
científicos,
sociales
y
operativos
de
los
estudios
propuestos,
3
fundamentada
en
el
estado
corriente
del
conocimiento
científico
y
en
las
normas
éticas
aplicables”.
Es
así
que
al
hacer
mas
complejo
el
entramado
normativo,
no
queda
claro
como
los
comités
que
evalúan
y
aprueban
protocolos
de
investigación
podrán
ejercer
sus
tareas
libres
de
influencias
o
conflictos
de
interés.
En
su
trabajo
publicado
en
la
revista
Medicina
(Buenos
Aires),
Sergio
Gonorazky
hace
hincapié
en
las
limitaciones
de
comités
denominados
“independientes”,
aportando
y
documentando
discrepancias
en
las
evaluaciones
y/o
aprobaciones
realizadas
por
estos
comités
contratados
por
los
patrocinadores
de
estudios
clínicos
y
otros
comités
pertenecientes
a
distintas
instituciones
de
salud.
Habla
de
“conformar
comités
de
ética
de
investigación
independientes
de
los
patrocinadores
e
investigadores,
sin
conflictos
de
interés,
y
que
los
controles
que
se
ejerzan
sobre
ellos
garanticen
a
los
sujetos
y
comunidades
en
las
que
se
realizará
la
investigación
el
debido
resguardo
en
la
calidad
bioética,
metodológica
y
técnica
en
la
implementación
de
los
estudios
de
4
investigación”
En
los
documentos
internacionales
se
define
“independiente”
como
“independiente
del
investigador,
del
patrocinador
o
de
cualquier
otro
tipo
de
influencia
indebida”
para
el
párrafo
15
de
la
Declaración
de
Helsinki;
y
para
CIOMS
versión
Ginebra
2002,
pauta
2:
“Independientes
del
equipo
de
investigación,
y
cualquier
beneficio
directo,
financiero
o
material
que
ellos
pudiesen
obtener
de
la
investigación,
no
debiera
depender
del
resultado
de
la
evaluación”.
Para
el
diccionario
independiente
quiere
decir
autónomo,
que
sostiene
sus
derechos
u
opiniones
sin
admitir
intervención
ajena.
Esto
es
una
condición
del
comité
que
para
su
dictamen
no
depende
de
nadie,
dentro
del
marco
de
las
reglas
que
se
ha
dado
a
si
mismo.
La
Ley
11.044
del
Ministerio
de
Salud
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires,
mediante
su
decreto
reglamentario
3.385/08.
Menciona:
“En
caso
de
que
las
Instituciones
de
Salud
no
tengan
la
capacidad
de
integrar
los
comités
de
ética
y
de
investigación
podrá
recurrir
a
comités
de
ética
y
de
investigación
independientes
constituidos
acordes
a
las
buenas
prácticas
clínicas
y
reconocidos
por
el
Ministerio
de
Salud”.
461
A
su
vez,
el
Comité
de
Ética
Central
del
Ministerio
de
Salud
de
esta
provincia
con
el
fin
de
regular
esta
acción,
emite
un
documento
técnico
en
el
cual
dictamina:
“Considerar
como
Comité
de
Ética
Independiente
(a
los
fines
del
art.
4
Decreto
3385/08)
a
aquel
Comité
Institucional
con
independencia
de
criterio
e
influencias
en
la
evaluación
de
protocolos
y
que
haya
cumplido
con
el
trámite
dispuesto
por
el
Reglamento
para
Registro
y
Acreditación
de
Comités
Institucionales
de
Ética
en
Investigación”.
Además,
“solo
los
Comités
Institucionales
acreditados
podrán
actuar
como
Comités
subrogantes
para
la
evaluación
en
Instituciones
que
no
posean
Comités
propios”.
Por
consiguiente,
quedan
excluidos
de
esta
posibilidad
los
otrora
comités
“independientes”
por
no
ser
institucionales.
Acciones
similares
fueron
tomadas
en
el
ámbito
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Como
consecuencia
de
estas
acciones,
los
comités
independientes
no
desaparecieron,
sino
que
realizaron
convenios
o
pasaron
a
formar
parte
de
instituciones
en
las
cuales
se
realizan
investigaciones,
de
este
modo
pasan
a
convertirse
en
comités
institucionales
y
pueden
continuar
con
sus
tareas,
son
acreditados
por
las
autoridades
regulatorias
y
además
pueden
actuar
como
comités
subrogantes
para
centros
que
no
poseen
comité
propio.
Si
el
comité
quiere
mantener
el
prestigio
institucional
y
facilitar
el
desarrollo
de
las
investigaciones
en
su
medio
deberá
garantizar
eficacia
e
independencia
en
sus
decisiones,
libres
de
cualquier
influencia
indebida,
conflictos
reales,
potenciales
o
aparentes
de
interés,
situaciones
en
las
que
el
juicio
de
un
sujeto,
en
lo
relacionado
a
sus
obligaciones
primarias
y
la
integridad
de
sus
acciones,
están
o
pueden
estar
indebidamente
influenciadas
por
un
interés
secundario
de
tipo
económico
o
personal.
En
los
últimos
años,
han
surgido
en
nuestro
territorio
diversos
centros
asistenciales
en
donde
se
realiza
investigación
clínica
o
exclusivamente
centros
de
investigación
en
distintas
especialidades
médicas,
la
mayoría
de
los
cuales
cuentan
con
su
propio
Comité
de
Ética
en
Investigación,
el
cual
una
vez
acreditado
actúa
en
otros
centros.
A
su
vez
es
notable
la
disminución
de
investigaciones
clínicas
en
instituciones
públicas,
con
el
consecuente
aumento
en
las
privadas.
Cualquiera
de
los
actores
en
investigación
puede
presentar
conflictos
de
interés
que
alteren
la
independencia
de
las
decisiones
de
5
un
comité.
Todos
deben
actuar
de
manera
transparente
para
identificar
y
abordar
los
conflictos
de
intereses.
Los
estándares
de
acreditación
de
la
Asociación
de
Acreditación
de
los
Programas
de
Protección
para
la
Investigación
en
Seres
Humanos
(AAHRPP,
por
las
siglas
en
inglés)
de
los
EE.UU.,
consideran
que
un
comité
no
es
por
lo
general
una
entidad
independiente,
6
sino
más
bien
una
entidad
que
depende
de
una
organización
o
institución.
Por
esa
dependencia
la
protección
de
los
sujetos
de
investigación
son
responsabilidad
de
la
institución
que
anida
al
comité.
Como
los
conflictos
de
intereses
pueden
afectar
las
investigaciones,
las
instituciones
deben
manejar
públicamente
los
conflictos
de
interés
y
contar
con
políticas
y
procedimientos
para
minimizarlos,
prevenirlos,
hacerlos
públicos.
462
Los
miembros
de
un
comité
tienen
la
obligación
moral
de
renunciar
a
los
debates
para
aprobar
desde
la
ética
una
investigación
si
presentan
conflictos
de
interés
y
esto
es
garantía
de
independencia
del
dictamen
vinculante.
Pero…
¿Quién
es
realmente
independiente?
En
los
Estados
Unidos,
la
propia
OHRP
(Office
for
Human
Research
Protection)
que
fue
creada
en
1971;
y
que
originalmente
dependía
administrativamente
y
financieramente
del
NIH
(National
Institutes
of
Health),
fue
separado
en
el
año
2000
de
este
conglomerado
como
ente
regulador,
para
cumplir
su
misión
de
coordinación,
supervisión
y
orientación
de
todas
las
agencias
en
7
forma
independiente.
Esta
agencia,
originada
en
los
debates
del
Informe
Belmont,
es
acusada
de
poca
independencia
e
inacción
durante
las
controversias
del
estudio
colaborativo
SUPPORT
(Surfactant,
Positive
Pressure
and
Oxygenation
Randomized
Trial)
y
luego
que
emitiera
en
forma
tardía
una
nota
desaprobatoria
sobre
la
forma
en
que
se
desarrollo
el
estudio,
nuevas
cartas
de
adhesión
y
rechazo
tanto
de
la
89
academia
como
del
NIH.
En
pequeñas
comunidades
o
en
hospitales
chicos,
asegurar
la
independencia
de
los
miembros
del
comité
y
disminuir
los
conflictos
10
de
interés
puede
ser
una
tarea
difícil,
donde
los
investigadores
son
colegas,
amigos
personales,
o
miembros
directivos.
¿Qué
pasa
cuando
un
estado
patrocina
una
investigación
de
su
interés
a
través
de
sus
organismos
científicos
tecnológicos,
cuando
subsidia
económicamente
y
quiere
desarrollar
un
proyecto?
En
la
mayoría
de
los
países
existen
normativas
y
disposiciones
nacionales
y
adhesión
mediante
convenios
internacionales
a
regulaciones
éticas,
presentar
a
un
comité
de
ética
de
la
investigación
independiente
del
organismo
oferente,
la
solicitud
de
evaluación
y
aprobación,
adjuntando
el
protocolo
para
su
consideración.
Pero:
¿Ante
que
Comité
de
Ética
de
la
Investigación
debería
presentarse
el
protocolo?
En
la
mayoría
de
los
países
las
estructuras
regulatorias
dependen
del
poder
ejecutivo.
¿Cómo
se
garantiza
la
independencia
del
órgano
regulador
y
de
los
comités
independientes
que
este
controla?
¿En
una
republica
tendría
que
ser
otro
poder?
Cotidianamente
en
el
ámbito
del
Estado
se
promueve,
desarrolla
y
financia
la
investigación
científica
en
las
áreas
Clínica,
Básica,
Experimental
y
Epidemiológica
que
hacen
a
los
problemas
de
salud
de
la
población,
y
esta
es
una
de
sus
obligaciones
fundamentales,
11
pero
¿Cómo
se
protege
a
los
sujetos
de
investigación
cuando
el
que
tiene
que
evaluar
con
independencia
es
su
empleado?
En
los
hospitales
públicos
y
privados
los
miembros
integrantes
de
los
comités
evaluadores
son,
con
excepción
de
un
mínimo
de
uno
a
tres
representantes
de
la
comunidad
o
externos,
empleados
de
la
institución,
igual
que
en
universidades
y
centros
de
investigación,
con
conflictos
de
interés
evidentes,
por
los
fondos
de
investigación,
por
el
prestigio
académico,
por
el
salario,
etc.
La
Declaración
de
Helsinki
dice
en
el
párrafo
15:
“(El)
comité
debe
ser
independiente
del
investigador,
del
patrocinador
o
de
cualquier
otro
tipo
de
influencia
indebida”.
El
Consejo
de
Europa
recomienda:
los
CEIs
deben
ser
independientes
y
manifiestamente
capaces
de
tomar
decisiones
sin
coacción
alguna,
ya
sea
esta
política,
profesional,
institucional
o
mercantil.
Este
crucial
requisito
debiera
quedar
adecuadamente
reflejado
en
los
463
procedimientos
de
designación
de
los
miembros
CEI,
en
los
requisitos
para
la
incorporación
al
CEI
y
procedimientos
para
gestionar
los
potenciales
conflictos
de
interés
(los
miembros
deben
declarar
los
potenciales
conflictos
de
intereses),
y
en
12
las
fuentes
de
financiación
de
CEIs.
Es
casi
imposible
evitar
los
conflictos
de
interés.
Si
el
integrante
del
comité
puede
excusarse
esta
es
la
respuesta
correcta,
ya
que
si
su
evaluación
va
a
estar
bajo
la
influencia
de
segundos
intereses,
lo
correcto
es
que
se
aparte.
Es
prácticamente
imposible
evitar
tener
conflictos
de
intereses
y
no
es
moralmente
señalable
si
este
conflicto
fue
puesto
al
descubierto
y
denunciado
por
el
interesado,
no
se
oculto
y
se
tomaron
medidas
para
minimizarlo.
Los
conflictos
de
interés
están
presentes
incluso
si
el
miembro
del
comité
involucrado
no
participo
de
la
evaluación
del
protocolo
analizado.
Para
Ezequiel
Emanuel
los
conflictos
de
interés
presentes
como
el
interés
financiero
o
el
de
publicación,
se
puede
minimizar
por
medio
de
una
evaluación
independiente
realizada
por
peritos
independientes
al
estudio,
y
con
autoridad
para
aprobar,
enmendar
o
13 14
cancelar
la
investigación.
Citas
y
referencias
bibliográficas
1
ANMAT
Disposición
Nº
4854/96
“Régimen
de
Buenas
Prácticas
de
Investigación
en
Estudios
de
Farmacología
Clínica,
incluyendo
aquellos
de
biodisponibilidad
y/o
bioequivalencia”
modificada
por
Disposición
Nº
5330/1997.
Glosario.
2
ANMAT
Disposición
Nº
6677/2010
“Régimen
de
Buena
Práctica
Clínica
para
Estudios
de
Farmacología
Clínica”
Glosario.
3
Ministerio
de
Salud.
Resolución
1480/2011
“Guía
para
Investigaciones
con
Seres
Humanos.
Objetivos”
4
GONORAZKY,
Sergio
E..
Comités
de
ética
independientes
para
la
investigación
clínica
en
la
Argentina:
Evaluación
y
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para
garantizar
su
independencia.
Medicina
(B.
Aires)
[online].
2008,
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n.2
[citado
2015-‐01-‐21]:
113-‐119.
Disponible
en:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-‐76802008000200001&lng=es&nrm=iso>.
ISSN
1669-‐9106.
5
nd
Tri-‐Council
Policy
Statement:
Ethical
Conduct
for
Research
Involving
Humans
(TCPS).
2
Edition
Secretariat
on
Responsible
Conduct
of
Research.
http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/index/
6
http://www.aahrpp.org/
7
Public
Citizen.
Letter
to
Secretary
of
Health
and
Human
Services
regarding
ongoing
clinical
trials
conducted
by
the
Neonatal
Research
Network.
http://www.citizen.org/2113
(accessed
7
feb
2015).
8
SUPPORT
Study
Group
of
the
Eunice
Kennedy
Shriver
NICHD
Neonatal
Research
Network.
Target
ranges
of
oxygen
saturation
in
extremely
preterm
infants.
N
Engl
J
Med
2010;362:1959–69.
9
The
OHRP
and
SUPPORT
—
Another
View-‐
Letter
to
the
editor
N
Engl
J
Med
2013;
369:e3.
10
Kass
NE,
Adnan
AH,
Ademola
A,
et
al:
The
structure
and
function
of
research
ethics
committees
in
Africa:
a
case
study.
PLoS
Medicine
2007,
4(1):e3.
11
Torres
S,
Duro
EA,
Andrijic
Cucera
M,
Streger
G.
“Investigación
Clínica:
Acceso
a
terapias
post
ensayo
y
obligaciones
del
patrocinador”
en
P.
Sorokin
(coord.).
Número
Especial
de
Jurisprudencia
Argentina
sobre
Derechos
personalísimos,
VIH/sida
y
acceso
a
tratamientos.
LexisNexis,
Buenos
Aires,
2009-‐I,
pp.
27-‐32.
12
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/02_biomedical_research_en/guide/Guide_ES.pdf
13
Emanuel
EJ,
Wendler
D,
Grady
C.
What
makes
clinical
research
ethical?
JAMA2000;283:2701-‐11
14
Emanuel
EJ,
Wendler
D,
Killen
J,
Grady
C.
What
makes
clinical
research
in
developing
countries
ethical?
The
benchmarks
of
ethical
research.
J
Infect
Dis.
2004
Mar
1;189(5):930-‐7.
Epub
2004
Feb
17.
464
VULNERABILIDAD
DEL
SISTEMA
DE
INVESTIGACIÓN
EN
DOS
PAÍSES
DE
POSTGUERRA
EN
CENTRO
AMÉRICA:
MÁS
ALLÁ
DE
LA
REGULACIÓN
Y
LOS
ASPECTOS
ÉTICOS
EN
LA
INVESTIGACIÓN
Luis
Manuel
López-‐Dávila
Doctor
en
Salud
Pública
(INSP,
México).
Master
en
Bioética
y
Derecho
(UB,
España).
Ex
becario
Fogarty
(AECOM-‐
FLACSO).
Coordinador
Comité
de
Bioética
en
Investigación
en
Salud
de
la
Universidad
de
San
Carlos
de
Guatemala,USAC.
Investigador
Facultad
de
Ciencias
Médicas
en
el
Centro
de
Investigaciones
de
las
Ciencias
de
la
Salud,
USAC.
Contacto:
[email protected]
Virginia
Rodríguez
Funes
Doctora
en
medicina,
cirugía
digestiva
hepatobiliar.
Maestría
en
Salud
Pública,
Diplomada
universitaria
en
Metodología
de
evaluación
de
la
terapéutica,
(U.
Paris
VII),
Diplomada
Universitaria
en
Gestión
sanitaria,
Diplomada
en
Bioética
clínica
y
ética
de
la
investigación.
Cirujano-‐investigadora
Hospital
Rosales,
El
Salvador.
Contacto:
[email protected]
Desde
los
años
60
en
la
región
de
Centro
América
dos
países
fueron
notorios
en
el
contexto
internacional
por
el
embate
de
la
guerra
de
guerrillas
que
para
ambos
países
represento
un
alto
impacto
en
las
relaciones
sociales
construidas
desde
el
periodo
colonial
entre
la
clase
oligárquica
y
los
sectores
más
desposeídos
dedicados
al
sector
agrario.
Las
condiciones
de
lucha
armada
centraron
los
esfuerzos
de
gobiernos
autoritarios
y
de
corte
militar
a
generar
estructuras
del
Estado
en
torno
a
la
expansión
del
control
social
con
el
uso
de
recursos
en
manos
del
ejército,
y
los
grupos
paralelos
que
con
altos
grados
de
impunidad
generaron
un
sistema
de
terror
para
el
control
social.
Las
garantías
constitucionales
de
protección
de
los
derechos
humanos
suscritos
por
gobiernos
anteriores,
en
ambos
países,
a
los
periodos
más
intensos
de
represión
fueron
el
preámbulo
de
la
llegada
de
propuesta
como
las
Pautas
Ética
Internacionales
en
Investigación
de
1982
y
1991.
Este
fue
el
preámbulo
para
Guatemala
y
El
Salvador
en
torno
a
los
acuerdo
de
paz
suscritos
en
cada
países,
después
del
costo
social
sin
precedentes
que
llevo
a
miles
de
conciudadanos
a
migrar
a
los
EE.UU.
como
fuente
de
trabajo
y
de
refugio
de
sobrevivencia.
Mientras
eso
sucedió,
en
la
trama
social,
política
y
económica
de
ambos
países,
el
desarrollo
del
conocimiento
cifrado
por
los
avances
metodológicos
de
la
investigación
biomédica
fue
expandiendo
la
“internacionalización”
de
la
investigación
con
la
transferencia
de
fondos,
tecnología,
procedimientos,
datos
y
sujetos
de
experimentación.
Fue
precisamente
el
advenimiento
de
los
estudios
multicentricos
de
tipo
internacional
que
caracterizaron
la
globalización
la
cual
en
el
año
1990
se
consolido
con
la
Conferencia
Internacional
de
Armonización
que
ha
representado
el
núcleo
de
poder
integrado
en
procedimientos
consensuados
para
el
desarrollo
de
investigación
biomédica
en
manos
de
los
países
hegemónicos
del
modelo
económico
capitalista.
Los
países
con
mayor
grado
de
vulnerabilidad
de
acuerdo
a
su
sistema
de
salud
y
dadas
las
característica
de
la
estructura
del
Estado,
permitieron
que
formas
aberrantes
a
las
indicadas
por
diversos
documentos
del
ámbito
internacional
para
la
regulación
de
investigación
biomédica
fueran
utilizados
por
intereses
estrictamente
mercantilistas,
en
tanto
la
debilidad
y
falta
de
estructuras
sólidas
para
el
desarrollo
de
investigación
han
estado
ausentes
entorno
a
la
investigación
gestionada
en
contextos
que
lejos
de
proteger
fueron
el
asidero
de
actos
lesivos
para
sus
conciudadanos.
Este
artículo
expone
dos
escenarios
que
se
han
desarrollado
y
muestra
los
efectos
diferenciales
donde
el
peso
de
los
grupos
de
presión
y
cuya
injerencia
de
tipo
económico
y
político,
han
sido
de
mayor
auge
para
facilitar
la
investigación
biomédica
que
atiende
a
la
realidad
de
países
foráneos,
lejos
se
encuentra
la
posibilidad
de
atender
las
prioridades
de
enfermedades
como
la
tuberculosis
y
otras
de
origen
infeccioso
que
subyacen
en
los
determinantes
sociales
de
la
realidad
de
ambos
países.
465
Ética
en
investigación
en
Guatemala1
Guatemala
es
un
país
de
la
región
de
Centro
América
con
una
población
que
supera
a
los
15
millones
de
habitantes
con
base
a
proyecciones
del
último
censo
realizado
en
el
año
2002.
La
diversidad
cultural
es
una
característica
esencial
para
comprender
la
complejidad
que
el
Estado
debería
de
atender
en
materia
de
salud,
ancestralmente
están
los
diversos
pueblos
originarios
maya,
con
el
colonialismo
surge
el
pueblo
garífuna
y
mestizo.
Es
un
país
con
23
idiomas,
donde
la
división
geográfica
y
política
de
departamentos
y
municipios
se
entrecruzan
con
el
devenir
del
tiempo.
Los
retos
de
investigación
para
el
país
requieren
una
agenda
que
incluya
los
aspectos
de
género
e
interculturalidad.
El
sistema
de
salud
se
caracteriza
por
la
debilidad
de
su
presupuesto
y
deterioro
de
las
condiciones
de
vida
de
la
población.
En
el
ámbito
institucional
del
gobierno
de
Guatemala
existe
la
instancia
reguladora,
quien
tiene
las
atribuciones
de
velar
por
la
2
aplicación
de
las
normas
de
regulación
en
materia
de
investigación
de
ensayos
clínicos.
Se
sabe
que
el
reglamento
para
el
control
sanitario
de
los
productos
farmacéuticos
y
afines,
en
su
artículo
4
confiere
a
este
departamento
la
potestad
de
emitir
los
normativos
y
formularios
necesarios
para
la
puesta
en
práctica
de
los
diferentes
procesos
y
procedimientos.
En
el
Reglamento
Orgánico
del
Ministerio,
Acuerdo
Gubernativo
No.
115-‐99
artículo
35
le
asigna
funciones
para
diseñar,
emitir,
actualizar
y
reajustar
periódicamente
las
normas
técnicas
para
el
control
y
seguridad
de
productos
farmacéuticos
y
afines.
Basada
en
los
siguientes
artículos:
Artículo
96
de
la
Constitución
Política
de
la
República
de
Guatemala,
artículos
174
del
Código
de
Salud,
Título
V,
Capitulo
Único,
Farmacovigilancia,
del
Reglamento
para
el
Control
Sanitario
de
los
Medicamentos
y
Productos
Afines.
Contando
con
el
visto
3
bueno
de
la
jefatura
de
la
Dirección
General
de
Regulación,
Vigilancia
y
Control
de
la
Salud.
4
Se
tiene
como
antecedente
que
las
inspecciones
de
la
Food
and
Drug
Administration
(FDA)
para
la
región
de
centro
américa
realizó
del
año
2009
al
2014
las
siguientes:
El
Salvador
Guatemala
Honduras
Costa
Rica
Nicaragua
Panamá
Belize
TOTAL
12
66
14
60
29
26
4
OAI*
4
5
2
6
3
9
NAI**
3
44
2
42
13
5
4
24
12
41
19
17
VAI***
10
Fuente:
Elaboración
propia
con
la
base
de
datos
de
U.S.
Food
and
Drug
Administration.
Período
observado
2009
marzo
31
2014.
Tomado
de
[Internet]
http://govdashboard.fda.gov/public/dashboards?id=140
fecha
de
búsqueda
07/02/2015
(*OAI
=
No
Action
Indicated;
**
NAI=
Voluntary
Action
Indicated;
***
VAI=
Official
Action
Indicated)
A
pesar
que
el
Código
de
Salud
90-‐97
aprobado
en
el
año
1997
ya
contemplaba
en
algunos
artículo
que
la
responsabilidad
de
regulación
de
investigación
en
salud
le
correspondía
al
MSPAS,
no
se
tenía
ninguna
norma
al
respecto
de
procedimientos
de
autorización
que
regulará
el
desarrollo
de
los
ensayos
clínicos,
esa
condición
permitió
un
periodo
discrecional
en
el
país
donde
todo
1
Algunos
textos
fueron
modificados
y
adaptados
para
esta
publicación
del
original:
Luis
Manuel
López
Dávila
“La
ética
en
Investigación
clínica
farmacológica
en
Guatemala:
“Reflexiones
éticas
locales
en
un
mundo
globalizado”
Presentado
como
tesina
para
obtener
el
grado
de
Máster
en
Bioética
y
Derecho
de
la
Universidad
de
Barcelona,
2010.
2
Información
tomada
de
Internet:
http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/ensayos-‐clinicos.html
07/02/2015
3
Ver
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social,
Coordinación
de
Estudios
Clínicos,
“Normativos
de
Estudios
Clínicos”;
Normativas
Internas
del
Departamento
de
Regulación
y
Control
de
Productos
Farmacéuticos
y
Afines”,
Programa
de
Mejoramiento
de
los
Servicios
de
Salud
–
PMSS
II-‐
Fortalecimiento
Institucional
Préstamo
BID
1221/OC-‐GU,
Guatemala,
junio
2003,
p.
35.
4
Inspecciones
y
datos
relacionados
revelados
solo
incluyen
inspecciones
finalizadas
de
los
investigadores
de
los
ensayos
clínicos,
Comités
de
Ética
en
Investigación
y
las
instalaciones
que
fabrican,
procesan,
empacan
o
mantienen
un
producto
regulado
por
la
FDA
que
se
comercializa
actualmente.
(Traducción
propia
del
original).
466
era
posible
investigarse.
El
antecedente
más
remoto
y
hoy
día
conocido
como
paradigmático
por
su
implicación
en
el
contexto
internacional
fue
la
inoculación
de
sífilis
en
población
vulnerable
realizada
con
fondos
de
los
USA
en
un
periodo
en
el
cual
se
estaba
desarrollando
el
juicio
de
Núremberg,
donde
los
USA
tuvo
un
papel
de
liderazgo
al
lado
de
Francia
e
Inglaterra.
(López
Dávila
L,
Rodríguez
V,
Sagastume
MA,
Peralta
A,
Siede
L,
Guilhem
D,
2011).
La
finalidad
del
Consejo
Internacional
de
las
Ciencias
Médicas
(CIOMS
por
sus
siglas
en
inglés)
con
promover
las
Pautas
Éticas
Internacionales
en
Investigación
para
adaptar
en
cierta
forma
los
contenidos
de
Helsinki
en
países
en
vías
de
desarrollo
(Lolas
F,
y
Quezada
A,
2003)
(Francisco
J.
de
Abajo,
2001)
(AMM,
2013),
tuvo
diversas
expresiones
de
acuerdo
a
la
expansión
del
modelo
5
capitalista
y
su
correlato
en
la
“I&D”
de
la
industria
para
la
región
de
América
Latina,
se
conoce
información
de
los
procesos
en
los
países
con
mayor
auge
en
el
desarrollo
de
investigación
biomédica
como
el
caso
de
Argentina
y
Brasil
por
mencionar
dos
de
los
más
conocidos
para
los
años
80.
El
efecto
de
globalización
y
las
relaciones
de
tipo
internacional
fueron
identificando
los
nichos
de
potencial
desarrollo
para
la
investigación
biomédica
a
través
de
los
estudios
multicentricos
(Conferencia
Internacional
de
Armonización,
1996)
(Angell,
M,
1997).
El
advenimiento
de
la
regulación
supuso
dos
tipos
de
contexto:
los
regulados
y
los
no
regulados;
entre
los
regulados
se
fortaleció
la
vinculación
de
recursos
de
la
industria
farmacéutica
para
las
operaciones
de
la
investigación
por
parte
del
sector
público
como
institución
rectora
por
mandato
constitucional;
entre
los
no
regulados
se
propició
el
desarrollo
de
protocolos
de
interés
comercial
a
través
de
los
estudios
de
fase
IV,
con
el
uso
de
incentivos
para
los
médicos
involucrados
(Angell,
Marcia.
2000).
Aun
cuando
el
Código
Federal
de
los
Estados
Unidos
requirió
la
opinión
de
Comités
de
Ética
en
Investigación
-‐CEI-‐
“locales”,
durante
muchos
años
los
países
desprovistos
de
comités
de
ética
en
investigación
de
la
región
de
América
Latina
y
de
regulación,
recibieron
protocolos
de
estudios
multicentricos
que
habían
sido
únicamente
aprobados
por
dictámenes
de
CEI
de
los
países
donde
ya
operaban
y
tenían
regulación
alguna
para
su
territorio
(Code
of
Federal
Regulations.
2000)
(Cynthia
Mcguire
Dunn
et.
al.
1999).
Esta
situación
es
sencillamente
ridícula,
cuando
se
contrasta
la
situación
cultural,
social
y
económica
que
marca
las
diferencias
en
la
región.
Fue
realmente
un
eufemismo
el
uso
de
la
expresión
“Un
comité
de
ética
local”
(Greco
D,
1999).
A
pesar
de
ello
siguen
llegando
a
los
países
de
la
región
protocolos
de
investigación
aprobados
por
comités
de
ética
foráneos
bajo
la
consideración
metodológica
que
no
son
ensayos
clínicos,
a
pesar
que
emplean
muestras
de
sangre
de
población
vulnerable,
estudios
de
ambiente,
de
género
y
la
cultura.
Las
visitas
de
la
FDA
del
año
1999
y
2000
(Sherbet
S,
s/f)
tuvieron
un
impacto
institucional
que
generó
la
formalización
de
la
“Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
del
País”
en
el
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social,
la
cual
tuvo
un
responsable,
en
dependencia
del
Departamento
donde
se
registran
los
medicamentos
para
su
comercialización
en
Guatemala
en
concordancia
con
el
Código
de
Salud.
El
escenario
de
investigación
clínica
farmacológica
y
la
figura
de
los
CEI
se
formalizo
con
la
creación
de
las
normativas
de
investigación
clínicas
del
año
2001.
De
tal
forma,
que
los
CEI
existentes
previo
a
las
normativas
requerían,
en
el
contexto
internacional,
una
instancia
de
gobierno
que
legalizará
su
funcionamiento.
Verbigracia
la
investigación
autóctona
en
salud
en
ese
período
de
tiempo
no
requería
el
aval
ético
de
un
CEI.
5
Siglas
utilizadas
para
indicar
Investigación
y
Desarrollo.
467
Para
principios
del
año
2003
existían
11
comités
de
ética,
de
los
cuales,
todos
estaban
inscritos,
como
independientes,
ante
la
instancia
de
regulación
y
control
de
productos
farmacéuticos
de
Guatemala.
De
los
cuales
1
pertenece
a
una
Facultad
de
Medicina
privada
y
2
son
de
hospitales
escuela
en
donde
la
Universidad
de
San
Carlos
de
Guatemala,
única
institución
pública
de
educación
superior,
tiene
programas
de
formación
de
pregrado
y
postgrado.
Estos
dos
últimos
se
sabe
que,
en
algún
momento
de
su
origen,
funcionaron
como
comités
de
docencia
e
investigación
y
han
asumido
las
responsabilidades,
como
comité
de
ética,
oficialmente
acreditados.
Y
cuatro
comités
de
hospitales
privados.
Al
revisar
la
composición
de
los
11
comités,
acreditados
hasta
finales
de
2003,
se
observó
que
solo
tres
de
ellos
tenían
un
miembro
6
de
la
comunidad.
En
cuanto
al
número
de
integrantes
6
de
los
comités
tenían
5
miembros,
los
otros
comités
tenían
un
número
de
6
a
10
integrantes.
Cabe
indicar
que
todos
los
comités
estaban
ubicados
en
la
ciudad
de
Guatemala
en
tanto
que
el
país
se
constituye
políticamente
por
22
departamentos.
De
las
dos
normativas
de
ensayos
clínicos
del
año
2001,
una
normativa
regula
el
funcionamiento
de
comités
de
ética
institucional
e
7
independiente.
Es
relevante
señalar
que
la
normativa
no
explicita,
que
debe
de
haber
un
miembro
de
la
comunidad,
por
ello
se
explica,
que
en
tan
solo
3
de
los
11
once
comités
tuvieran
al
menos
una
persona
que
no
tiene
profesión
lo
cual
tampoco
indica
que
sean
representantes
de
la
comunidad,
este
aspecto
identificado
es
relevante,
en
términos
de
considerar
que
las
normas
de
regulación
de
los
comités,
no
apoyan
la
inserción
de
un
miembro
lego
de
la
comunidad.
En
este
mismo
sentido
es
relevante
señalar
que
las
normativas
diseñadas
para
los
comités
de
ética
institucional,
son
escuetas,
no
hacen
explicito
como
deberán
de
estar
conformados
los
comités.
Y
nunca
fue
acreditado
un
comité
como
“institucional”.
Es
claro
que
el
interés
que
ha
motivado
la
regulación
de
ensayos
clínicos
en
el
país
se
ha
promovido
por
los
grupos
empresariales
8
que
promueven
la
investigación
de
las
farmacéuticas
que
desarrollan
protocolos
multicentricos
y
multinacionales
en
el
país.
La
coordinación
de
ensayos
clínicos
del
país
de
2000
a
2003
contó
con
una
secretaria
y
equipo
de
cómputo,
pagado
por
un
sector
de
la
industria
farmacéutica
bajo
la
consideración
que
era
un
apoyo
para
la
gestión.
En
aquel
momento
el
Ministerio
de
Salud
no
contaba,
ni
con
recursos
propios
para
satisfacer
procedimientos
de
interés
nacional
como
la
planificación
de
presupuesto
y
los
procesos
de
compras
de
insumos
y
medicamentos,
de
tal
forma
que
el
soporte
que
cierto
grupo
de
la
industria
daba
para
facilitar
los
procesos
de
gestión
de
aprobación
de
protocolos
de
ensayos
clínicos
incidió
directamente
en
un
conflicto
de
interés
para
la
persona
responsable
de
evaluar,
emitir
dictamen
y
extender
autorización
de
los
protocolos.
El
programa
de
farmacovigilancia
el
cual
estaba
conformado
por
4
profesionales
médicos,
quienes
apoyaban
las
revisiones
de
los
protocolos
sucedía
sin
que
ellos
tuvieran
algún
entrenamiento
específico
para
la
evaluación
y
se
realizaba
como
una
actividad
de
colaboración.
Una
revisión
de
los
Comités
de
Ética
de
la
Investigación
fue
realizada
por
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos,
en
el
año
2003,
tuvo
como
resultado
que
solo
5
Comités
siguieran
con
la
acreditación.
Los
6
comités
que
perdieron
la
acreditación
fueron
por
motivos
como
no
ser
ubicados
físicamente
en
los
lugares
que
habían
dejado
registrados,
no
contar
con
actas
de
las
reuniones
o
no
tener
un
normativo.
En
el
tiempo
se
observa
que
la
normativa
que
dio
la
acreditación
a
los
comités
no
se
encontraba
actualizada
y
que
los
6
Sobre
los
Comités
de
Ética
en
Investigación
en
Guatemala,
se
obtuvo
información
del
archivo
de
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos.
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social,
Normativas,
loc.
cit.
8
Argumentos
similares
se
pueden
Ver:
“Esto
se
ha
tornado
todavía
más
complejo
en
los
últimos
años
a
la
luz
de
numerosos
CEI,
creados
en
el
marco
de
organizaciones
de
investigaciones
lideradas
por
investigadores,
que
terminan
por
ser
el
paso
obligado
de
una
suerte
de
burocracia
que
cumple
con
formas
más
administrativas
que
éticas.”
Tomado
de:
Susa
Vidal,
loc.
cit.
7
468
requerimientos
mínimos
no
eran
alcanzados
por
los
comités.
La
situación
de
pérdida
de
acreditación
trajo
consecuencias
difíciles
para
los
protocolos
que
se
estaban
desarrollando
y
por
supuesto
para
los
participantes
en
los
estudios.
Pero
como
se
ha
indicado
el
papel
de
estos
comités
era
para
formalizar
trámites
en
proyectos
puntuales
que
había
en
gran
medida
justificado
la
creación
de
estos
comités.
Los
comités
con
acreditación
del
Ministerio
de
Salud
Pública
eran
los
que
por
tradición
tienen
una
mayor
implicación
de
dar
aval
ético
a
protocolos
de
estudios
multicentricos
y
multinacionales.
Durante
el
año
2004,
se
tenían
8
comités
acreditados,
ante
el
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social.
El
CEI
de
un
hospital
nacional
de
referencia,
es
un
caso
particular,
el
mismo
dejo
de
funcionar
entre
finales
del
año
2002
y
principios
del
2003,
por
la
falta
de
apoyo
institucional,
el
cual
se
asociaba
a
la
falta
de
conocimiento
por
parte
de
las
autoridades,
en
cuanto
a
las
funciones
del
9
comité.
La
dirección
del
hospital,
quien
es
la
máxima
autoridad
en
representación
del
Ministro
de
Salud,
indicó
al
CEI
que
deberían
de
ponerse
a
controlar
la
entrada
y
salida
de
los
trabajadores.
Al
respecto
Susana
Vidal
(2008)
comenta
que:
10
De
igual
modo,
las
normas
nacionales
que
obligan
a
contar
con
un
comité
en
las
instituciones
donde
se
realiza
investigación
han
determinado
en
muchos
lugares
la
creación
de
comités
con
personas
con
escasa
formación
y
con
poco
poder
para
imponer
decisiones
que
protejan
los
derechos
de
los
participantes
y
establezcan
las
obligaciones
de
los
investigadores.
Todos
los
comités
están
inscritos
como
independientes,
este
hecho,
se
deriva
de
una
confusión
en
la
traducción
de
términos
y
la
inadecuada
formulación
de
las
primeras
normativas
del
año
2001.
En
Guatemala
se
inició
en
el
2003
una
iniciativa
de
formar
un
comité
llamado
“Institucional”
con
funciones
de
apoyo
a
la
Instancia
reguladora
del
país,
integrado
por
diferentes
representantes
de
instituciones,
entre
ellas
representantes
de
la
industria
farmacéutica,
la
universidad
pública
y
la
OPS,
esa
iniciativa
perdió
continuidad,
derivado
del
cambio
de
autoridades
por
parte
del
nuevo
gobierno.
Y
la
clara
intromisión
de
la
industria
farmacéutica
quien
sería
juez
y
parte.
Con
el
cambio
de
gobierno,
se
generó
una
estrategia
para
limitar
la
intromisión
de
la
industria
farmacéutica
en
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
del
País,
para
lo
cual
se
generó
una
oficina
en
dependencia
directa
con
la
oficina
de
la
Asesoría
de
Medicamentos
que
operaba
en
un
despacho
del
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social.
En
este
sentido,
el
Departamento
de
Regulación
de
Medicamentos
y
Productos
Afines,
cooptado
por
la
industria
farmacéutica
no
tenía
ningún
nivel
de
influencia
en
el
proceso
de
modernizar
las
normativas
y
los
procedimientos
para
la
aprobación
de
protocolos
de
ensayos
clínicos.
A
favor
de
dinamizar
la
revisión
de
las
normativas,
el
Programa
de
Fármaco-‐vigilancia
asumió,
desde
principios
del
año
2004,
la
responsabilidad
de
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
del
País,
tomando
como
iniciativa
la
necesidad
de
revisar
los
normativos
relacionados
a
estudios
clínicos,
así
como
la
conformación
de
una
Comisión
de
Evaluación
de
Ensayos
Clínicos,
que
brinde
apoyo
a
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos.
A
la
iniciativa
de
revisión
de
las
normativas
por
parte
del
Programa
Nacional
de
Fármaco
–
vigilancia
hay
que
agregar
el
apoyo
de
la
OPS,
a
través
de
su
representación
para
el
tema
de
Bioética,
acciones
conjuntas
que
consolidaron
un
primer
taller
de
trabajo,
cuyo
resultado
ha
sido
la
revisión
y
modificación
de
las
Normativas
de
Estudios
Clínicos.
Cabe
mencionar
como
aspecto
relevante
en
las
modificaciones
de
las
normativas,
la
introducción
de
criterios
para
estudios
epidemiológicos
y
de
tipo
ambiental.
9
Presentación
del
Dr.
José
García
Noval,
en:
el
curso-‐taller
de
“Bioética
en
investigación
en
salud”,
del
24
al
28
de
marzo
del
año
2003,
CONCYT-‐
SENACYT,
Guatemala.
10
Para
ampliar
el
comentario
ver:
Vidal
S.
Comités
de
ética
de
la
investigación.
En
Tealdi
JC.
Diccionario
latinoamericano
de
bioética.
UNESCO:
Red
Latinoamericana
y
del
Caribe
de
Bioética,
Universidad
Nacional
de
Colombia;
2008:
367.
469
Al
explorar
los
CEI
en
la
Web,
observaciones
de
campo
y
datos
de
referencia
del
MSPAS
de
los
años
2004
-‐2006
se
identifican
los
tipos
de
comité
que
operan
en
el
país:
Clasificación
de
CEI
en
Guatemala,
periodo
de
2004-‐2015
Tipo
de
comité
Institución
Comité
académico
Universidades
y
Centros
de
Investigación.
(Fondos
públicos
y
organismos
de
la
cooperación
internacional)
Comité
de
ensayos
Ligados
a
CRO,
empresarios
de
clínico
servicios
médicos
e
investigadores
y
sector
público
(Fondos
de
la
industria
farmacéutica)
Comité
por
encargo
Instituciones
hospitalarias,
públicas
y
privadas
(No
se
institucionaliza
el
comité,
fondos
extranjeros)
Comité
nacional
de
ética
Ministerio
de
Salud
Pública
y
en
salud
Asistencia
Social.
(Fondos
públicos
y
extranjeros)
Protocolo
de
investigación
revisados
Protocolos
de
temas
de
salud
pública.
Estudios
epidemiológicos,
poblacionales
y
cualitativos.
Moléculas
farmacológica,
estudios
de
Fase
II,
III
y
IV.
Estudios
genéticos
y
productos
con
modificaciones
biotecnológicas.
Estudios
relacionados
con
los
servicios
de
salud
pública.
11
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
de
la
coordinación
de
ensayos
clínicos
y
observación
de
campo.
Entre
el
período
de
2007-‐2008
con
la
llegada
de
la
nueva
normative
de
ensayos
clínicos,
se
realizó
anualmente
la
re-‐acreditación
y
se
inició
la
solicitud
de
los
Procedimientos
Operativos
Estandarizados
para
los
CEI;
sin
embargo
esta
fase
de
revisión
no
se
logró
concretar
pues
el
cambio
de
gobierno
en
enero
de
2008
generó
inestabilidad
en
todos
los
funcionarios
del
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social.
En
el
primer
mes,
de
ese
gobierno,
se
cambió
la
oficina
de
edificio
ubicándola
en
el
lugar
donde
se
tienen
los
servidores
de
computación
en
un
ambiente
poco
saludable
para
cualquier
actividad
de
trabajo,
para
finales
del
2008
se
planteó
reducir
el
salario
al
encargado
de
la
coordinación
de
ensayos
clínicos,
con
lo
cual
se
obtuvo
la
renuncia
del
mismo.
Para
principios
del
año
2009,
los
gestores
de
ensayos
clínicos
miembros
de
las
CRO
(Contract
Research
Organization
por
sus
sigla
en
inglés),
convocaron
a
una
reunión,
con
autoridades
del
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social,
para
plantear
una
propuesta
que
permitiera
derivar
fondos
a
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
por
concepto
de
revisión
de
protocolos
de
tal
forma
que
fuera
auto
sostenible
y
le
permitiera
la
contratación
de
personal,
con
el
propósito
de
reducir
los
tiempos
burocráticos
para
la
autorización
de
protocolos
por
parte
del
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social.
La
propuesta
no
prosperó
pues
un
tiempo
después
el
Ministro
de
Salud
fue
destituido
por
sus
vínculos
con
un
sector
de
la
industria
farmacéutica
que
estaba
favoreciendo
la
adjudicación
de
contratos
de
compra
de
medicamentos
e
insumos.
Para
febrero
de
2009
se
traslada
la
oficina
de
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
al
Departamento
de
Regulación
de
Medicamentos
y
Productos
Afines.
Como
había
operado
hasta
antes
del
año
2004.
Para
el
periodo
comprendido
entre
enero
de
2009
y
marzo
de
2010
se
registran
7
CEI
de
los
cuales
2
pertenecen
a
los
dos
hospitales
nacionales
más
importantes,
otro
de
los
CEI
es
de
una
facultad
de
ciencias
médicas
de
una
universidad
privada,
y
los
otros
4
son
agrupaciones
civiles,
de
los
cuales
uno
pertenece
a
una
institución
que
realiza
investigación
con
fondos
provenientes
de
los
Estados
Unidos.
Los
otros
tres
sirven
en
particular
a
los
protocolos
provenientes
de
la
industria
farmacéutica
vinculados
con
las
CRO
locales
e
internacionales.
11
La
primera
versión
de
esta
información
se
presentó
en
la
reunión
de
FLACEIS
celebrada
en
Santa
Fe
de
Bogotá
en
el
año
2006.
470
Actividades
de
CEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2003
Taller
para
CEI.
No
se
alcanzan
acuerdos.
2004
Participación
de
la
OPS
para
conformar
una
Red
de
CEI.
Reunión
de
comités.
Revisión
de
Normativas.
No
se
alcanzan
acuerdos
y
es
cuestionada
la
participación
de
la
OPS
en
el
tema
de
ética
en
investigación
por
parte
de
empresarios
de
CRO
quienes
además
están
al
frente
de
CEI.
2004
Se
crea
la
Comisión
de
Evaluación
de
Ensayos
Clínicos
del
País,
con
el
objeto
de
apoyar
las
acciones
de
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
del
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social
con
participación
de
la
Universidad
de
San
Carlos
de
Guatemala
(universidad
pública)
y
la
OPS
2005
Revisión
de
Normativas.
Acuerdo
Gubernativo
firmado
por
el
Ministro
y
bloqueo
de
las
CRO
a
través
Programa
Nacional
de
la
Competitividad
con
anuencia
del
Presidente
de
la
República.
2006
Revisión
de
la
Normativa
propuesta
por
la
comisión
de
evaluación
de
Ensayos
Clínicos
del
País
con
el
acompañamiento
de
PRONACOM
y
representantes
de
las
CRO
y
CEI.
Un
año
de
negociación.
2007
se
aprueba
la
normativa.
2008
Cambio
de
gobierno
y
desmantelamiento
de
la
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
y
se
realiza
un
intento
de
convocatoria
de
la
Comisión
de
Evaluación
de
Ensayos
Clínicos
del
país
sin
asistencia
de
los
miembros.
2009
cambio
de
funcionarios,
traslado
de
la
oficina
de
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
al
departamento
de
Regulación
de
Productos
Farmacéuticos
y
Afines.
2010
no
se
ha
realizado
convocatoria
de
la
Comisión
de
Evaluación
de
Ensayos
Clínicos.
2011-‐2014
han
sucedido
diversos
intentos
por
actualizar
las
normativas
conforme
a
la
propuesta
de
la
Oficina
de
Coordinación
de
Ensayos
Clínicos
del
País
del
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social,
sin
lograr
su
objetivo
por
injerencia
de
grupos
de
presión
relacionados
al
desarrollo
de
protocolos
bajo
contratos
con
la
industria
farmacéutica,
además
de
la
alternancia
de
Ministros
de
Salud
que
en
el
periodo
de
gobierno
del
2012
al
2014
lleva
3
ministros.
Fuente:
Elaboración
propia
con
base
a
hechos
sucedidos
desde
2001
hasta
diciembre
de
2014.
Se
puede
deducir
que
la
normativa
solo
se
adapta
a
una
exigencia
formal
de
hacer
una
reglamentación,
no
tomando
en
cuenta
que
tanto
los
dos
tipos
de
comités
tendrán
en
esencia,
que
trabajar
para
el
buen
desarrollo
de
la
investigación
científica.
Este
fue
el
preámbulo
para
iniciar
la
revisión
de
las
normativas
de
acuerdo
a
las
regulaciones
internacionales
como
las
ICH
(International
12
Conference
Harmonization)
y
las
GCP
(Good
Clinical
Pratice) .
Puesto
que
si
las
normativas
nacionales
no
son
suficientes
para
controlar
el
ejercicio
del
buen
desarrollo
de
la
investigación,
en
el
ámbito
nacional.
Estaríamos
suponiendo
que
las
normativas
tienen
una
tendencia
únicamente
de
facilitar
un
proceso
de
exigencia
internacional
o
bien
justificando
la
existencia
de
las
mismas,
sin
un
peso
importante
para
la
protección
de
los
sujetos
de
experimentación.
La
normativa
466-‐2007
que
ha
tenido
vigencia
de
8
años
tuvo
en
su
contenido
un
error
de
nombrar
a
personas
para
la
constitución
de
la
Comisión
de
Ensayos
Clínicos
en
correspondencia
con
su
filiación
institucional,
este
hecho
fue
sujeto
de
discusión
con
el
paso
del
tiempo
cuando
algunos
de
sus
integrantes
fueron
perdiendo
su
representación
institucional.
Entre
los
vacíos
de
la
normativa
se
advertía
la
necesidad
de
regular
los
procedimientos
de
inspección
en
los
protocolos
en
ejecución
y
los
requisitos
para
la
constitución
de
las
CRO,
entre
otros
aspectos
como
los
involucrados
con
la
investigación
genética
o
fármaco
genómica
(Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social.
2003).
12
Ambas
normas
son
consideradas
como
estándares
en
el
marco
internacional,
las
mismas
fueron
consolidadas
en
1996,
en
donde
se
reunieron
expertos
y
representantes
de
los
gobiernos
de
Japón,
Estados
Unidos,
Canadá
y
la
Unión
Europea.
471
Como
toda
norma
que
pretende
regular
los
procesos
dinámicos
de
la
ciencia,
la
modificación
y
actualización,
es
un
paso
fundamental
que
debe
acompañar
las
estructuras
de
funcionamiento
orgánico
del
aparato
de
gobierno.
En
el
Ministerio
de
Salud
Pública
y
Asistencia
Social
responsable
de
regular
los
procesos
y
protección
de
los
sujetos
de
experimentación,
ha
tenido
en
los
últimos
tres
años
una
situación
de
tensión
en
cuanto
a
la
inestabilidad
que
ha
generado
los
3
cambios
de
Ministro
de
Salud
en
cuanto
a
los
niveles
de
gobernanza
que
se
observan
desde
el
nivel
central
y
en
el
nivel
operativo
donde
los
procedimientos
y
la
falta
de
recurso
humano,
para
mejorar
las
garantías
de
cumplimiento
a
la
norma
se
constituyen
en
una
característica
de
la
instancia
que
regula
los
ensayos
clínicos
en
el
país.
Ética
de
la
investigación
en
El
Salvador
El
Salvador
es
un
país
de
América
Central,
pequeño
en
territorio
y
densamente
poblado,
que
cuenta
con
una
larga
historia
de
dictaduras
militares
y
represiones
hacia
la
población
(Ching
E,
Lopez
B
CG,
Tilley
V,
2007)
(Ellacuria
I,
1990)
(Dalton,
R.,
2000)
(Valle
V,
1993), historia
que
comparte
con
muchos
otros
países
latinoamericanos
(Arratia
A,
2010).
Recordamos
este
antecedente
para
efecto
de
nuestro
tema
en
cuestión,
y
colocar
en
perspectiva
el
impacto
de
este
fenómeno
antecedente
en
el
quehacer
científico
del
país.
En
las
décadas
de
los
años
setenta
y
ochenta
del
siglo
pasado,
la
Universidad
de
El
Salvador,
la
universidad
estatal
y
la
única
con
facultad
de
Medicina,
que
por
cierto
tenía
muy
buen
prestigio
de
calidad
y
producción
científica,
sufrió
cierres
prolongados
y
forzados,
además
de
saqueos
de
ella,
por
ser
“sospechosa
y
subversiva”.
Estos
cierres
universitarios
y
persecución,
promovieron
la
emigración
de
académicos
de
calidad,
generando
fuga
de
cerebros,
y
la
“desaparición”
de
otros
también
en
detrimento
de
la
producción
científica
que
había
tomado
auge
durante
los
años
50.
Dice
el
autor
Luis
Alemán:
Al
mediodía
del
19
de
julio
de
1972
los
cuerpos
de
seguridad
de
entonces,
la
guardia
y
la
policía
nacional
invadían
el
Campus
central
de
San
Salvador
y
cierran
la
universidad
por
un
año.
Cuando
vuelve
a
abrir
sus
puertas,
el
4
de
julio
de
1973,
con
personal
ligado
al
gobierno,
la
Universidad
había
retrocedido
en
el
proceso
científico
que
llevaba.
Los
militares
habían
destruido
laboratorios
y
saqueado
bibliotecas.
Aunque
antes
de
esto
el
campus
había
sido
intervenido
varias
veces,
nunca
la
destrucción
había
llegado
a
tal
punto.
Como
ejemplo
lamentable
del
saqueo
que
sufrió
el
alma
mater,
algunos
sobrevivientes
de
la
época
recuerdan
la
destrucción
de
los
Códices
Mayas
que
la
biblioteca
había
adquirido
por
un
valor
de
70
mil
dólares
(Arratia
A,
2010).
Si
nos
ubicamos
en
el
tiempo,
mientras
ocurría
este
duro
periodo
en
el
país,
en
los
países
industrializados
se
estaban
escandalizando
frente
a
la
salida
a
la
vista
pública
de
estudios
de
investigación
en
el
área
de
la
salud,
con
franca
violación
ética
hacia
las
personas
participando
como
sujetos
de
investigación,
tales
como
el
estudio
de
Sífilis
“Tuskegee”,
Willobrook,
el
del
Hospital
Judío
de
Crónicos,
13
reforzaban
el
impulso
para
que
los
principios
éticos
de
la
investigación
plasmada
en
códigos
y
Declaraciones
como
Núremberg ,
y
Helsinki
(1964)
con
sus
posteriores
revisiones
se
respetaran,
era
intenso
(Brennan
T,
1999).
Hasta
el
punto
que
gobiernos
como
el
estadounidense
conformaran
comisiones
que
trabajaran
sobre
el
tema,
surgiendo
también
el
Reporte
Belmont
(The
National
Commission
for
the
protection
of
humans
subjects
of
Biomedical
and
behavioral
research,
1978).
Si
bien
no
es
una
justificación
en
sí,
los
intereses
académicos
en
El
Salvador
se
encontraban
enfocados
en
otro
punto,
como
era
la
crítica
social
y
política.
La
Universidad
sufre
a
partir
de
1977
un
cierre
mucho
más
largo,
de
casi
cuatro
años.
Muchas
universidades
privadas
con
facultades
de
Medicina
surgieron,
pero
con
déficit
de
docentes,
y
con
sustituciones
ad-‐hoc,
como
fue
la
contratación
de
licenciados
en
otras
profesiones
sanitarias
y
no
doctores
en
medicina,
para
la
enseñanza
del
área
básica
o
preclínica
del
doctorado
en
medicina.
13
Una
versión
en
español
del
Código
de
Núremberg
propuesta
por
el
Observatorio
de
Bioética
y
Derecho
del
Parque
Científico
de
la
Universidad
de
Barcelona
se
encuentra
disponible
en:
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/norm/CodigoNuremberg.pdf
Accedido
el
7
de
febrero
de
2015
472
La
Universidad
de
El
Salvador
reinicio
su
actividad
académica
en
un
ámbito
de
clandestinidad
y
restringida
solo
a
“dar
clases”,
fuera
del
campus
universitario,
en
casas
particulares,
durante
esos
años
y
sin
mencionar
también
que
el
presupuesto
le
fue
reducido
de
forma
importante
ya
que
este
proviene
casi
exclusivamente
del
Estado
(Argueta
R,
2011).
El
Estado
trató
de
“desarticular”
la
Universidad
en
su
quehacer
científico,
lo
cual
logro,
no
así,
con
respecto
a
parar
la
critica
que
se
realizaba
hacia
este.
Todo
este
fenómeno
se
desarrollaba
en
un
ambiente
de
caos
social
donde
la
muerte
en
masa
prevalecía,
sin
mencionar
el
riesgo
que
generaba
el
ser
universitario,
de
ser
“matado”
o
“desaparecido”.
En
el
área
de
la
medicina,
la
investigación
para
la
salud
se
vio
fuertemente
afectada
al
parar
su
quehacer,
y
pararon
hasta
el
punto
que
también
se
suspendió
el
requisito
de
realización
de
una
tesis
de
graduación
para
la
obtención
del
título
académico.
La
Revista
Archivos
del
Colegio
Médico,
publicación
oficial
científica
del
gremio
médico
saco
sus
últimos
números
en
1980,
perdiendo
su
categoría
de
estar
indexada
en
Medline.
Una
vez
cesado
el
conflicto
armado
en
El
Salvador
en
1992,
años
después,
a
finales
de
la
década
de
los
años
90,
se
retomaron
las
tesis
de
graduación
para
los
profesionales
sanitarios
de
pregrado
y
postgrados
a
nivel
nacional,
en
el
sector
público
y
en
el
privado,
pero
la
producción
científica
no
resurgía.
Fue
hasta
el
año
2004
que
la
ética
de
la
investigación
comenzó
a
ser
un
tema
de
preocupación
para
las
autoridades
sanitarias,
Ministerio
de
Salud
y
Consejo
Superior
de
Salud
Pública
de
El
Salvador
como
respuesta
frente
a
la
observación
hecha
por
organismos
internacionales
de
salud
de
la
falta
de
existencia
de
entidades
encargadas
de
evaluar
éticamente
los
protocolos
de
investigación.
Esto
ya
lo
habían
“sospechado”
las
autoridades
sanitarias,
porque
si
había
llegaban
solicitudes
de
entidades
internacionales,
de
evaluación
ética
para
desarrollar
protocolos
de
investigación
en
el
país,
y
no
sabían
qué
hacer
con
ellos,
pasándolos
de
mano
en
mano,
hasta
enviarlos
en
ocasiones
al
Comité
de
ética
y
deontología
médica
del
Colegio
Médico
de
El
Salvador.
Por
lo
que
en
el
año
2005,
ambos
rectores
de
la
salud,
fundan
el
Comité
Nacional
de
Ética
de
investigación
para
promover
la
ética
de
la
investigación
a
nivel
nacional
y
llenar
el
vacío
de
ese
ente
evaluador
de
las
propuestas
de
investigación
que
se
querían
realizar
en
el
país
(Ministerio
de
Salud,
2013).
Para
entonces
ya
se
habían
concretado
también
iniciativas
individuales
aisladas
en
dos
distintos
hospitales
escuela
del
sistema
público,
de
tercer
nivel,
de
creación
de
sus
comités
de
ética
de
investigación,
ante
la
necesidad
de
responder
siempre
a
las
ya
mencionadas
iniciativas
internacionales
(Rodríguez
Funes,
MV.,
2010),
pero
también
respondiendo
a
las
iniciativas
locales
de
propuestas,
que
eran
las
tesis
de
graduación
de
los
médicos
especialistas.
Hacemos
énfasis
en
las
iniciativas
internacionales,
porque
sus
investigadores
buscaban
al
ente
evaluador
ético
en
el
país
para
poder
iniciar
sus
proyectos,
mientras
que
de
parte
de
los
investigadores
locales,
no
existía
la
consciencia
de
este
requisito
previo.
No
se
puede
negar
que
habían
esfuerzos
individuales,
que
respondían
más
al
cumplimiento
de
requisitos
académicos,
que
si
bien
en
muchos
de
los
casos
estas
propuestas
no
pasaban
de
ser
recolección
de
estadísticas
básicas,
de
documentar
la
magnitud
de
problemas
a
través
de
prevalencias
e
incidencias
que
luego
dejaban
entrever
problemas
nacionales,
y
no
se
podían
publicar
por
carecer
de
la
evaluación
ética;
y
también
se
escurrían
entre
estos
esfuerzos
algunos
resabios
de
estudios
que
los
diseñaban
como
experimentales
en
sujetos
humanos,
ensayos
clínicos,
inadecuadamente
planificados
y
conducidos
que
violan
el
segundo
principio
ético
de
los
estudios
según
Ezequiel
Emanuel,
de
carecer
de
valor
científico
(Emanuel
E,
2003).
Esta
inadecuación
no
parecía
molestar,
ni
afectar
a
nadie
en
el
país,
ya
que
igual,
nadie
iba
a
leer
o
utilizar
los
resultados.
El
problema
es
que
si
participaban
sujetos
humanos
en
ellos,
como
sujetos
de
estudio,
siendo
estos
“utilizados”
sin
ningún
verdadero
fin
científico.
Estos
dos
comités
institucionales
hospitalarios
ya
creados
previo
el
Nacional
pasaron
en
ese
momento
a
conformar
parte
de
la
Red
de
Ética
de
investigación,
coordinada
por
el
Comité
Nacional.
Esta
red
estableció
comunicación,
educación
e
intercambio
de
473
experiencias
entre
los
distintos
miembros
de
comités,
así
como
para
también
intercambiar
opiniones
de
aspectos
técnicos
y
éticos
de
las
investigaciones
en
salud
(Camp
JW,
Barfield
RC,
Rodriguez
V,
Young
AJ,
Finerman
R,
Caniza
MA,
2009).
Su
ejemplo
promovió
la
creación
de
otros
comités
en
hospitales
similares
donde
se
formaban
especialistas
y
en
dos
universidades
privadas.
El
problema
de
la
ética
de
la
investigación
en
el
país
por
lo
tanto
es
un
problema
complejo
en
el
cual
se
entrecruzan
situaciones
variadas
que
van
desde
la
falta
de
cultura
de
investigación
científica,
sobre
todo
en
el
sector
sanitario
académico
y
de
atención,
que
va
acompañado
del
consiguiente
desconocimiento
de
su
existencia
como
un
requisito
importante
para
su
desarrollo,
hasta
el
habito
o
costumbre
de
los
salvadoreños
al
vivir
en
una
sociedad
violadora
constante
de
los
derechos
humanos,
de
no
reconocer
la
necesidad
de
respetar
a
los
sujetos
que
participan
en
las
investigaciones.
También
tenemos
otro
factor,
y
es
que
la
investigación
científica
en
el
sector
sanitario
ha
sido
considerada
tanto
por
las
universidades
como
por
las
autoridades,
como
una
actividad
“lujosa”,
de
unos
pocos,
y
muy
lejana
al
quehacer
diario
y
a
la
vida
real,
no
siendo
considerada
una
prioridad
para
invertir
en
ella
ni
recursos
humanos
ni
económicos.
Se
le
resta
su
valor
científico,
al
considerarla
un
quehacer
de
personas
“iluminadas”
con
“talento”
y
no
como
una
disciplina
aprendida
y
clave
para
la
toma
de
decisiones.
El
rigor
científico
en
lo
que
se
hace
como
investigación
local
académica
en
las
tesis
de
graduación
es
bajo,
(tamaños
de
muestra
inadecuadamente
calculados,
diseños
forzados
e
inventados,
sin
control
de
sesgos
y
factores
de
confusión,
ni
de
los
errores
aleatorios),
con
débiles
bases
teóricas
que
lo
sustenten
y
desactualizadas
(por
desconocimiento
de
donde
buscar
la
información
científica),
y
esta
producción
es
la
de
mayor
volumen
en
el
país.
Y
esta
deficiencia
se
vuelve
uno
de
los
principales
retos
de
los
comités
de
ética,
quienes
ante
el
poco
rigor
científico
de
los
protocolos
solicitantes,
les
responden
a
los
investigadores
remitiendo
observaciones
a
superar.
En
su
mayoría,
los
investigadores
no
aceptan
las
observaciones
y
toman
la
actitud
de
negación
de
su
error,
tildando
a
los
comités
como
“obstaculizadores”
de
la
investigación,
que
“porque
se
meten
con
la
metodología”
y
terminan
desarrollando
los
protocolos
con
sujetos
humanos
en
instituciones
donde
no
hay
vigilancia
de
lo
que
sucede
o
cuyas
autoridades
desconocen
la
ética
de
la
investigación.
Este
“libertinaje”
en
la
investigación
es
también
permitido
por
las
autoridades,
debido
a
ese
“desprecio”
a
la
investigación
para
la
salud
como
fuente
de
evidencia
científica
para
la
toma
de
decisiones,
lo
cual
se
refleja
en
la
poca
importancia
que
se
le
da
al
tema,
al
hacer
un
nulo
esfuerzo
para
conformar
el
Sistema
Nacional
de
Salud
y
el
marco
regulatorio
para
la
investigación
para
la
salud.
Hechos
concretos,
se
inaugura
en
el
año
2011
un
Instituto
Nacional
de
la
Salud
(INS)
que
no
tiene
como
función
ser
el
ente
rector
de
la
investigación,
o
regularla;
o
que
hay
un
Nuevo
Conacyt
que
cuando
desarrolla
las
líneas
prioritarias,
solo
dice
que
hacer
investigación
en
salud
es
necesario
pero
hasta
allí
propone.
El
INS
solo
realiza
investigación
intramuros,
con
fondos
internacionales
y
asesores
internacionales.
Lo
que
ocurre
en
el
área
académica
es
todavía
más
interesante.
Muchos
de
los
profesores
universitarios
que
los
designan
para
orientar
en
el
desarrollo
de
las
tesis
de
graduación
a
los
alumnos
de
pregrado
y
postgrado
desconocen
no
solo
los
principios
científicos
de
ella,
sino
también
los
principios
éticos,
proyectando
hacer
“estudios
de
investigación”
en
un
cronograma
cerrado
de
tres
meses
desde
el
planteamiento
de
la
pregunta
hasta
la
presentación
del
informe
final,
sin
dar
espacio
a
la
evaluación
ética,
la
cual
tratan
de
rodear
y
“escapársele”
por
muchos
medios.
Y
es
así
como
a
10
años
de
la
implementación
del
Comité
Nacional,
tenemos
datos
como
que
el
100%
de
las
tesis
de
pregrado
del
doctorado
en
medicina
de
la
Universidad
de
El
Salvador,
y
de
los
postgrados
de
maestrías
sanitarias,
son
realizados
sin
evaluación
ética
por
un
comité
adecuadamente
conformado,
y
los
474
consentimientos
informados
son
un
párrafo
donde
el
que
firma
asume
la
responsabilidad
de
lo
que
le
suceda
y
no
una
muestra
de
su
autonomía;
que
el
Comité
Nacional
se
dedica
a
analizar
y
evaluar
en
su
mayoría
protocolos
de
laboratorios
farmacéuticos
internacionales
u
organismos
internacionales
a
quienes
si
les
exigen
evaluación
ética,
u
otros
protocolos
con
financiamientos
cuyos
patrocinadores
en
su
deseo
de
publicar
los
resultados,
solicitan
evaluación
ética.
Los
comités
de
los
hospitales
y
un
par
de
universidades
privadas,
evalúan
los
protocolos
de
las
tesis
de
graduación
de
los
especialistas
en
medicina
y
algún
que
otro
médico
que
conoce
sobre
el
cómo
hacer
investigación
confiable.
Pero
bien
podemos
estimar,
que
más
del
50%
de
la
producción
investigativa
en
el
país,
todavía
se
realiza
sin
evaluación
ética
y
sin
el
cumplimiento
de
los
principios
éticos,
por
lo
que
también
sus
resultados
nunca
se
dan
a
conocer
dentro
ni
fuera
del
país.
Las
publicaciones
salvadoreñas
a
nivel
internacional
en
revistas
indexadas
son
por
consiguiente,
bien
escasas
y
en
su
mayoría,
apoyadas
por
equipos
internacionales.
Serán
pocos
los
médicos
que
conocen,
reciben
y
se
certifican
en
las
Buenas
Prácticas
Clínicas,
siendo
estos
en
su
mayoría,
capacitados
por
la
industria
farmacéutica
internacional,
que
van
a
ser
contratados
como
reclutadores
de
dichos
estudios
los
que
lo
hacen.
Pero
eso
no
es
todo,
también
se
da
el
caso
de
estudios
realizados
por
instituciones
académicas
extranjeras
que
se
apoyan
en
personal
médico
salvadoreño
que
como
desconocen
de
los
procesos
de
investigación,
desarrollan
los
estudios
solo
con
la
evaluación
ética
en
sus
países
de
origen,
obviando
la
evaluación
ética
de
sus
protocolos
por
la
contraparte
salvadoreña,
violando
con
esto
la
tercera
Pauta
de
las
Pautas
Éticas
Internacionales
CIOMS
(OMS,
2015),
que
dice:
“La
organización
patrocinadora
externa
y
los
investigadores
individuales
debieran
someter
el
protocolo
de
investigación
para
la
evaluación
ética
y
científica
en
el
país
de
la
organización
patrocinadora.
Los
estándares
éticos
aplicados
no
debieran
ser
menos
exigentes
que
los
establecidos
para
la
investigación
realizada
en
ese
país.
Las
autoridades
de
salud
del
país
anfitrión
y
el
comité
de
evaluación
ética
nacional
o
local
debieran
garantizar
que
la
investigación
propuesta
corresponda
a
las
necesidades
y
prioridades
de
salud
del
país
anfitrión
y
que
cumpla
con
los
estándares
éticos
necesarios”,
como
por
ejemplo
un
estudio
realizado
por
una
Universidad
española,
que
quería
demostrar
el
impacto
del
gen
Y
español
en
la
población
salvadoreña
y
el
DNA
de
muchos
salvadoreños
salió
del
país
sin
que
ninguna
entidad
ética
del
país
conociera
sobre
ello
(Lovo-‐Gómez
J,
Blanco-‐Verea
A,
Lareu
MV,
Brión
M,
Carracedo
A,
2007).
El
escenario
en
el
país
con
respecto
a
la
ética
de
la
investigación
propone
muchos
retos:
enseñar
a
respetar
primero
el
papel
que
juega
la
investigación
para
la
salud
como
fortalecedora
de
los
sistemas
de
atención
sanitaria,
reconocer
la
delicadeza
de
sus
aspectos
éticos
y
científicos,
concientizar
a
las
autoridades
de
la
necesidad
de
crear
marcos
regulatorios
que
protejan
su
funcionamiento
y
respeto,
introducir
en
el
ámbito
universitario
académico
el
concepto
del
respeto
a
dichos
aspectos
científicos
y
éticos
y
al
médico
y
otros
profesionales
sanitarios
y
de
la
existencia
de
marcos
normativos
internacionales,
de
los
cuales
el
país
es
signatario.
Un
reto
en
realidad
que
exige
mucha
capacitación
sobre
el
tema
para
los
miembros
de
los
comités
de
ética
existentes,
pero
sobre
todo
energía
y
seriedad
para
promover
la
ética
de
la
investigación
como
un
pilar
importante
en
la
construcción
de
un
sistema
sanitario
más
justo
y
eficiente
para
la
población
salvadoreña.
Reflexiones
La
vulnerabilidad
del
sistema
de
investigación
y
la
falta
de
coherencia
entre
el
desarrollo
de
investigación
que
atienda
las
prioridades
de
país
son
una
preocupación
compartida
en
la
región.
Los
países
de
económica
periférica
tienen
sistemas
de
salud
con
característica
de
baja
respuesta
a
la
demanda
de
servicios
de
salud,
y
por
lo
tanto,
una
demanda
insatisfecha.
Estas
condiciones
son
el
preámbulo
para
que
las
ofertas
de
servicios
a
través
de
los
protocolos
de
investigación
puedan
generar
un
efecto
seductor
que
en
general
traslada
a
los
usuarios
de
los
servicios
públicos
a
los
sitios
de
investigación
de
estudios
multicentricos
e
internacionales
475
(Macklin
R,
2004).
El
papel
de
los
CEI
sucede
en
contextos
diversos
donde
la
frontera
de
la
vulnerabilidad
del
sujeto
de
experimentación
reposa
en
manos
de
quienes
en
primera
instancia
avalan
los
protocolos
desde
un
enfoque
ético.
Puesto
que
como
se
ha
expuesto
en
los
dos
contextos
de
Guatemala
y
El
Salvador,
aun
cuando
existe
instancia
de
regulación
estas
no
tienen
los
medios
para
hacer
efectivo
el
cumplimiento
de
las
normas.
Cabe
realzar
la
responsabilidad
del
rol
que
tienen
los
miembros
de
los
comités
de
ética
en
investigación
que
va
más
allá
de
la
responsabilidad
que
el
Estado
tiene,
dado
que
el
juego
de
intereses
económicos
cifra
en
la
región
el
avance
de
las
normas.
Claramente
se
está
frente
a
un
escenario
donde
posiblemente
el
ahínco
por
hacer
el
bien,
como
ser
miembro
de
un
comité
de
ética
en
investigación,
sea
el
último
bastión
por
reivindicar
los
derechos
humanos
y
el
respecto
por
la
dignidad
de
los
más
desposeídos
en
la
sociedad,
quienes
en
países
de
economía
periférica
en
general
son
a
quienes
se
les
vulnera
por
su
condición
de
desigualdad
social
y
económica.
Agradecimiento:
a
la
Dra.
Patricia
Sorokin,
por
su
colaboración
en
la
lectura
del
documento
preliminar
y
sugerencia
para
unir
esfuerzos
de
un
trabajo
en
colaboración.
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7
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Valle
V.
Siembra
de
vientos
El
Salvador
1960-‐69.
San
Salvador:
CINAS;
1993.
477
EL
ROL
DE
LOS
COMITÉS
DE
ÉTICA
EN
LA
EVALUACIÓN
DE
CONTRATOS
EN
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA
Carlos
Burger
Abogado.
Doctor
en
Ciencias
Jurídicas
y
Sociales.
Coordinador
de
la
Comisión
de
Bioética
del
Colegio
Público
de
Abogados
de
la
Capital
Federal.
Director
Maestría
en
Bioética
Universidad
del
Museo
Social
Argentino
Contacto:
[email protected]
La
Investigación
Clínica
en
seres
humanos
supone
un
escenario
complejo
en
el
cual
se
conjugan
obligaciones
éticas
no
exentas
del
régimen
legal
vigente
en
el
país
en
donde
se
desarrollará
la
misma.
Podríamos
identificar
la
intervención
de
distintos
agentes:
1)
Investigador
con
conocimiento
en
la
materia;
2)
Laboratorios
o
patrocinantes
con
proyectos
de
innovación
cuyo
interés
no
se
agota
en
el
desarrollo
de
una
terapia
innovadora
sino
que
además
busca
la
inserción
de
nuevas
drogas
en
el
mercado;
3)
Pacientes
o
sujetos
reclutados,
muchos
de
ellos
vulnerables.
Un
acto
como
el
desarrollo
de
una
investigación
supone
elementos
objetivos
identificados
en
los
riesgos,
beneficios,
potencialidad
de
daños
provenientes
de
los
mismos
procedimientos
o
de
las
drogas
a
ser
probadas
y
elementos
subjetivos
en
los
cuales
pesa
la
responsabilidad
profesional
de
los
investigadores,
la
diligencia,
el
deber
de
cuidado,
y
una
relación
de
causalidad
entre
el
desarrollo
de
la
investigación
y
las
consecuencias
beneficiosas
o
perjudiciales
de
la
misma.
Los
derechos
y
obligaciones
que
genera
el
desarrollo
de
una
investigación
implica
pactar
entre
Institución,
Laboratorio
e
Investigador
un
convenio
en
el
cual
no
solo
se
tengan
en
cuenta
los
intereses
comerciales,
las
invenciones
y
los
derechos
intelectuales
sino
la
forma
en
la
cual
serán
protegidos
los
participantes
y
cómo
aquellos
principios
éticos
reconocidos
por
instrumentos
internacionales
o
por
las
mismas
normas
locales,
serán
respetados
en
el
desarrollo
del
protocolo.
En
el
proceso
de
investigación
el
paciente
recibe
información
a
través
del
Consentimiento
Informado,
entre
la
cual
identificamos
los
posibles
riesgos,
beneficios,
consecuencias
dañosas
y
las
obligaciones
de
reparación
de
dichos
daños.
Debe
existir
en
principio
una
correspondencia
entre
las
promesas
brindadas
al
paciente
en
el
proceso
de
Consentimiento
Informado
y
las
cláusulas
contractuales,
especialmente
en
relación
a
quién
se
hará
cargo
de
responder
frente
al
paciente
por
aquello
que
se
le
garantizó
en
el
formulario
de
consentimiento,
quién
asume
las
obligaciones
por
lo
prometido
al
participante.
Por
otro
lado
el
mismo
paciente
no
participa
como
firmante
del
contrato
y
su
vínculo
con
el
protocolo
ocurre
a
través
del
Consentimiento
Informado
(incluyendo
a
la
institución),
sin
posibilidad
de
negociación
alguna.
La
relación
entre
el
investigador
y
la
Institución
dependerá
del
tipo
de
contrato
laboral
(relación
de
dependencia,
locación
de
servicios,
etc.)
y
el
vínculo
entre
institución-‐investigador
y
patrocinante
lo
es
a
través
del
Contrato
de
Investigación
Clínica
en
el
cual
se
pactan
derechos
y
obligaciones
que
afectan
a
los
derechos
y
obligaciones
asumidas
ante
el
paciente
a
través
del
Consentimiento
Informado.
Obsérvese
que
todo
el
proceso
de
consentimiento
escrito
es
brindado
por
el
mismo
investigador
y
no
por
el
patrocinante.
En
todo
caso
el
Investigador
asume
ante
el
patrocinante
la
obligación
de
solicitar
el
consentimiento
del
paciente
pero
no
podemos
concluir
que
el
Consentimiento
sea
un
contrato
que
vincule
al
paciente
con
el
patrocinante.
Es
por
ello
que
resulta
fundamental
el
rol
del
Comité
de
Ética
como
representante
de
los
derechos
del
participante
al
momento
de
evaluar
un
contrato
de
investigación
clínica.
La
propuesta
que
desarrollaremos
está
vinculada
a
cuál
es
el
rol
del
Comité
de
Ética
y
cuáles
son
los
aspectos
a
evaluar
de
un
contrato
dentro
del
marco
deliberativo
del
Comité.
478
Obligaciones
contractuales
y
Consentimiento
Informado
Es
de
destacar
que
las
obligaciones
contractuales
vinculan
y
someten
a
quienes
firman
el
contrato.
Para
la
ley
argentina,
el
contrato
es
ley
para
las
partes
(art.
1197
C
Civil
vigente)
y
son
terceros
aquellas
personas
que
no
han
participado
en
la
firma
del
mismo
ni
por
si
ni
por
medio
de
representantes.
¿Cómo
puede
entonces
salvaguardarse
los
derechos
de
los
pacientes
en
un
contrato
que
el
mismo
no
suscribe?
El
paciente
o
sujeto
participante
no
es
parte
de
contrato
o
convenio
alguno,
debiendo
reflejarse
los
derechos,
garantías
y
obligaciones
informadas
a
través
del
formulario
de
Consentimiento
Informado.
En
el
convenio
entre
patrocinante-‐institución-‐investigador
se
garantizará
un
efectivo
cumplimiento
con
clara
asignación
de
responsabilidad
acerca
de
las
partes
que
deben
responder
por
cada
acto
vinculado
al
proyecto
de
investigación.
Por
otro
lado,
el
Consentimiento
Informado
cconstituye
un
acto
voluntario.
No
es
un
acto
de
negociación
entre
el
paciente,
el
investigador,
institución
y
patrocinante.
Influye
en
el
contenido
del
contrato
por
las
garantías
exigidas
por
parte
del
marco
regulatorio.
Dado
el
rol
central
en
asegurar
conducción
ética
del
estudio,
el
Comité
de
Ética
está
muy
bien
posicionado
para
asegurar
consistencia
entre
acuerdos-‐protocolo-‐consentimiento,
en
los
siguientes
aspectos:
•
•
•
Que
las
promesas
y
garantías
a
los
pacientes
estén
respaldadas.
Las
promesas
del
Consentimiento
Informado
recaen
sobre
la
institución.
Comunicar
a
los
sujetos
los
posibles
“límites”
a
las
promesas.
Por
otra
parte,
el
nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
Argentina,
establece
y
legitima
claramente
el
rol
evaluador
del
Comité
de
Ética
en
su
artículo
58,
indicando
que
la
investigación
médica
en
seres
humanos
mediante
intervenciones,
tales
como
tratamientos,
métodos
de
prevención,
pruebas
diagnósticas
o
predictivas,
cuya
eficacia
o
seguridad
no
están
comprobadas
científicamente,
solo
puede
ser
realizada
si
se
cumple
con
los
siguientes
requisitos:
a.
Describir
claramente
el
proyecto
y
el
método
que
se
aplicará
en
un
protocolo
de
investigación;
b.
Ser
realizada
por
personas
con
la
formación
y
calificaciones
científicas
y
profesionales
apropiadas;
c.
Contar
con
la
aprobación
previa
de
un
comité
acreditado
de
evaluación
de
ética
en
la
investigación;
d.
Contar
con
la
autorización
previa
del
organismo
público
correspondiente;
e.
Estar
fundamentada
en
una
cuidadosa
comparación
de
los
riesgos
y
las
cargas
en
relación
con
los
beneficios
previsibles
que
representan
para
las
personas
que
participan
en
la
investigación
y
para
otras
personas
afectadas
por
el
tema
que
se
investiga;
f.
Contar
con
el
consentimiento
previo,
libre,
escrito,
informado
y
específico
de
la
persona
que
participa
en
la
investigación,
a
quien
se
le
debe
explicar,
en
términos
comprensibles,
los
objetivos
y
la
metodología
de
la
investigación,
sus
riesgos
y
posibles
beneficios;
dicho
consentimiento
es
revocable;
g.
No
implicar
para
el
participante
riesgos
y
molestias
desproporcionados
en
relación
con
los
beneficios
que
se
espera
obtener
de
la
investigación;
h.
Resguardar
la
intimidad
de
la
persona
que
participa
en
la
investigación
y
la
confidencialidad
de
su
información
personal;
i.
Asegurar
que
la
participación
de
los
sujetos
de
la
investigación
no
les
resulte
onerosa
a
estos
y
que
tengan
acceso
a
la
atención
médica
apropiada
en
caso
de
eventos
adversos
relacionados
con
la
investigación,
la
que
debe
estar
disponible
cuando
sea
requerida;
j.
Asegurar
a
los
participantes
de
la
investigación
la
disponibilidad
y
accesibilidad
a
los
tratamientos
que
la
investigación
haya
demostrado
beneficiosos.
Si
observamos
detenidamente
cada
uno
de
estos
requisitos,
los
mismos
suponen
una
obligación
contractual
pactada
con
el
patrocinante
que
debe
ser
objeto
de
revisión
por
parte
del
Comité
de
Ética.
La
evaluación
del
contrato
por
parte
del
Comité
de
Ética
Como
características
del
contrato,
al
menos
para
la
ley
argentina,
podemos
concluir
que
se
trata
de
un
contrato
innominado
ya
que
no
posee
un
régimen
legal
especifico
ni
establecido
en
la
ley
civil.
Posee
características
análogas
a
locación
de
obra
(ya
que
479
el
objeto
es
la
realización
y
finalización
de
un
protocolo
con
lo
cual
se
disuelve
el
vínculo
entre
Investigador
y
Patrocinante)
y
a
la
locación
de
servicios
(principalmente
por
evaluar
las
características
del
investigador
principal
como
parte
del
contrato).
Es
asimismo
un
contrato
privado
pero
con
cláusulas
de
orden
público
sujetas
a
un
marco
regulatorio
especifico
y
corresponde
la
instancia
de
negociación
a
Investigador,
Institución
y
Patrocinante.
Por
otra
parte
es
uno
de
los
pocos
contratos
que
posee
consecuencias
éticas
sobre
personas
ajenas
a
la
celebración
del
mismo
y
esta
es
una
característica
poco
frecuente
en
los
contratos.
La
dimensión
ética
es
introducida
por
el
debido
respeto
a
declaraciones
internacionales,
de
organismos
profesionales,
que
protegen
los
Derechos
Humanos
de
los
pacientes
al
igual
que
esbozan
los
principios
éticos
a
los
cuales
debe
ajustarse
toda
investigación
en
humanos.
En
Argentina,
tanto
la
Disposición
6677
de
ANMAT
como
la
Resolución
1480
del
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación
indican
la
necesidad
de
que
exista
un
acuerdo
contractual
sujeto
a
revisión
por
parte
del
Comité
de
Ética.
En
líneas
generales,
dichas
normas
indican
que
el
acuerdo
contractual
y
financiero
debería
contemplar
pautas
obligatorias
para
el
desarrollo
de
la
investigación,
que
el
mismo
sea
aprobado
por
parte
del
Comité
de
Ética,
la
responsabilidad
de
información
del
investigador,
la
responsabilidad
del
patrocinante
por
el
producto
y
la
minimización
de
riesgos:
cobertura,
información,
vigilancia,
suspensión
del
protocolo.
El
Comité
de
Ética
debe
notificarse
de
los
aspectos
contractuales
vinculados
a
la
seguridad
de
pacientes,
sin
embargo
no
es
una
instancia
de
negociación,
siendo
uno
de
los
principales
ejes
en
su
evaluación
la
correspondencia
entre
Consentimiento
Informado
y
contrato.
Indica
la
Resolución
1480
del
Ministerio
de
Salud
de
la
Nación:
En
los
ensayos
clínicos
patrocinados
por
una
compañía
farmacéutica
u
otra
comercial,
el
CEI
debe
verificar
que
el
acuerdo
o
contrato
entre
investigador,
institución
y
patrocinador:
(a)
no
incluye
cláusulas
que
limiten
o
parezcan
limitar
los
derechos
de
los
participantes;
(b)
no
presenta
inconsistencias
con
la
información
que
se
proveerá
a
los
participantes
ni
exige
acciones
que
se
oponen
a
los
requisitos
éticos
del
CEI;
(c)
establece
que
los
costos
del
ensayo,
incluyendo
tratamientos
y
procedimientos
del
estudio
y
cobertura
completa
en
caso
de
daño
derivado
de
estos,
serán
cubiertos
por
el
patrocinador;
(d)
explicita
que
la
institución
y
los
investigadores
permanecerán
indemnes
en
cualquier
caso
de
reclamo
por
daños
causados
por
la
participación
en
el
ensayo,
en
las
responsabilidades
que
le
competen
al
patrocinador
y
que,
en
caso
de
conflicto
entre
las
partes,
estos
se
dirimirán
en
tribunales
locales
con
respecto
a
los
centros
de
investigación;
(e)
el
patrocinador
cuenta
con
un
seguro
o
garantía
sujeto
a
la
legislación
argentina;
(f)
el
presupuesto
contempla
de
manera
realista
todos
los
costos
del
ensayo,
de
manera
tal
que
garantice
su
realización
y
que
los
pagos
para
el
investigador
y
su
equipo
sean
proporcionales
a
la
tarea
y
no
constituyan
un
incentivo
indebido
para
incurrir
en
falta
éticas.
Es
decir,
esta
guía
vigente
en
Argentina
indica
la
evaluación
mínima
que
debe
realizar
un
Comité
de
Ética
en
relación
al
Contrato.
Más
allá
de
esta
norma,
estos
aspectos
deberían
ser
tomados
en
cuenta
por
parte
del
Comité:
1)
Partes
firmantes.
No
solo
la
incorporación
del
Patrocinante
(o
CRO)
y
la
Institución
sino
del
investigador
principal
ya
que
debe
asumir
ante
la
Institución
y
el
patrocinante
o
CRO.
La
designación
del
investigador
principal
por
contrato
obedece
a
un
respeto
por
las
garantías
de
idoneidad
que
implica
el
ejercicio
de
la
actividad
experimental
de
acuerdo
con
los
lineamientos
éticos
internacionales.
La
idoneidad
implica
el
cumplimiento
del
deber
de
seguridad
y
actuar
con
conocimiento
en
la
materia
(la
impericia
es
un
supuesto
de
responsabilidad
profesional).
No
incluir
al
investigador
dentro
del
contrato
podría
contravenir
principios
básicos
de
la
contratación
civil
(efecto
de
los
contratos
solo
entre
las
partes).
Incluir
al
investigador
implica
asignar
responsabilidades
en
el
ejercicio
profesional.
480
2)
La
Responsabilidad
del
tratamiento
médico
como
parte
de
las
obligaciones
contractuales.
Una
de
las
referencias
éticas
es
La
Pauta
19
del
Consejo
de
las
Organizaciones
Internacionales
de
las
Ciencias
Médicas
(CIOMS)
la
cual
establece
que
los
investigadores
debieran
garantizar
que
los
sujetos
de
investigación
que
sufran
algún
perjuicio
como
resultado
de
su
participación
en
una
investigación
tengan
derecho
a
tratamiento
médico
gratuito
por
tal
perjuicio
y
apoyo
económico
o
de
otro
tipo
que
pueda
compensarlos
equitativamente
por
cualquier
menoscabo,
discapacidad
o
minusvalía
resultante.
Tal
pauta
debe
interpretarse
con
la
pauta
21,
la
cual
indica
que
los
patrocinadores
externos
tienen
la
obligación
de
garantizar
la
disponibilidad
de:
servicios
para
la
atención
de
salud
esenciales
para
la
segura
conducción
de
la
investigación;
tratamiento
para
los
sujetos
que
sufran
daño
como
consecuencia
de
las
intervenciones
en
estudio
y
servicios
que
sean
parte
necesaria
del
compromiso
del
patrocinador
de
realizar
una
intervención
beneficiosa
o
poner
razonablemente
a
disposición
de
la
población
o
comunidad
participante
del
proyecto
el
producto
beneficioso
desarrollado
como
resultado
de
la
investigación.
3)
Deberes
contractuales
de
información.
El
deber
de
información
es
una
garantía
en
la
seguridad
de
los
pacientes
ya
que
la
existencia
de
una
nueva
información
que
permita
acceder
a
un
conocimiento
de
los
riesgos
de
la
investigación
actúa
en
resguardo
de
los
pacientes
y
en
respeto
de
la
autonomía
de
los
sujetos,
quienes
pueden
optar
por
un
retiro
del
consentimiento.
Se
deben
comprometer
a
no
revelar
la
información
confidencial
y
a
utilizarla
solo
con
el
propósito
del
Estudio.
La
confidencialidad
no
se
aplica
a
la
información
que
sea
de
dominio
público
o
cuando
hubiere
requerimiento
de
la
autoridad
pública
competente.
Reportar
los
eventos
adversos
serios
e
inesperados
en
forma
inmediata
al
Patrocinador,
al
Comité
de
Ética
registrado
y
acreditado
y
a
la
Institución.
4)
Permiso
de
auditorías.
Debe
permitirse
que
el
Patrocinador
o
sus
agentes
autorizados
o
cualquier
autoridad
sanitaria
provincial,
nacional
o
internacional,
pueda
acceder
al
proceso
de
investigación
para
verificar
el
cuidado
de
los
derechos
de
los
pacientes,
entre
otros
aspectos.
5)
La
responsabilidad
por
costos.
La
gratuidad
del
protocolo
de
investigación
tanto
para
el
participante
como
para
la
comunidad
en
general
implica
una
asunción
de
costos
directos
por
parte
del
patrocinante,
los
cuales
incluyen
los
gastos
por
la
droga
del
estudio,
los
procedimientos
y
los
generados
por
las
posibles
consecuencias
para
la
salud
de
los
participantes.
Así
quedan
contemplados:
a)
Los
gastos
originados
por
los
eventos
adversos
relacionados
con
el
estudio
que
estuvieran
previstos
en
el
protocolo
o
en
el
manual
del
investigador
del
producto
de
investigación.
b)
Los
gastos
originados
por
los
eventos
adversos
relacionados
e
inesperados
resultado
de
la
administración
del
producto
de
la
investigación.
c)
Los
gastos
originados
por
un
evento
adverso
consecuencia
directa
de
la
realización
de
un
procedimiento
específico.
d)
Los
daños
y
perjuicios
causados
a
pacientes
o
terceros.
Asimismo
el
patrocinador
no
será
responsable:
a)
De
los
gastos
originados
por
daños
que
resulten
de
procedimientos
que
se
aparten
del
protocolo
específico
o
del
manual
del
investigador
o
incumplimientos
de
la
institución
de
sus
obligaciones
asumidas.
b)
De
los
gastos
originados
por
una
inadecuada
administración
del
producto
de
investigación
ni
de
los
daños
resultados
de
la
omisión,
imprudencia
o
negligencia
del
investigador
e
incumplimientos
por
parte
de
la
institución.
Tampoco
responde
por
los
daños
causados
por
mala
praxis
del
investigador
(supuestos
de
negligencia,
imprudencia,
impericia
e
inobservancia
de
los
deberes
que
correspondan),
ni
por
los
causados
por
culpa
del
paciente
o
del
sujeto
reclutado,
ni
por
daños
causados
por
terceros
a
la
investigación
o
contrato
de
investigación
6)
Seguros.
Como
principio
protector
y
de
garantía
a
los
pacientes,
es
común
que
el
marco
regulatorio
vigente
en
cada
estado
solicite
la
obligación
de
contratar
un
seguro
por
parte
del
patrocinador.
La
existencia
de
responsabilidad
profesional
asumida
por
contrato
implica
una
posible
garantía
de
respuesta
frente
a
eventos
o
daños
causados.
El
contrato
de
seguro
es
una
forma
de
garantía
y
puede
abarcar
tanto
al
sponsor
como
al
investigador.
La
garantía
o
el
seguro
es
parte
de
las
obligaciones
que
verificará
el
Comité
de
Ética.
El
patrocinador
se
obliga
a
contratar
un
seguro
de
responsabilidad
civil,
ensayos
clínicos
que
brinde
cobertura
al
investigador,
la
institución,
ante
eventuales
reclamos
por
los
daños
y
perjuicios
que
pueda
generar
el
desarrollo
del
estudio.
481
7)
Rescisión.
a)
El
patrocinador
debe
suspender
el
proceso
de
desarrollo
debido
a
nuevos
hallazgos
que
afectan
la
seguridad
de
los
pacientes,
siendo
una
obligación
ética
y
contractual
cuya
vigencia
debe
ser
exigida
por
parte
del
Comité
de
Ética.
El
investigador
informará
al
patrocinador
los
hallazgos
que
afecten
la
seguridad
e
hicieran
necesaria
la
rescisión
del
contrato.
Pueden
existir
cláusulas
vinculadas
a
la
rescisión
por
alguna
infracción
al
contrato
por
parte
del
investigador
que
pudiese
afectar
la
seguridad
de
los
pacientes
o
la
aceptabilidad
de
los
resultados
del
estudio.
Un
dilema
en
particular
plantea
la
posible
rescisión
unilateral
sin
causa
o
bien
por
motivos
administrativos.
En
estos
supuestos
el
Comité
puede
exigir
que
se
incluya
la
obligación
de
que
el
paciente
sea
informado
sobre
los
motivos
y
que
sea
planteada
la
rescisión
con
suficiente
antelación
para
convenir
la
forma
más
adecuada
para
retirar
a
los
pacientes
del
protocolo
y
que
ello
no
genere
daños
a
la
salud
de
los
mismos.
A
manera
de
conclusiones
La
complejidad
de
un
protocolo
de
investigación,
muchas
veces
asociada
a
la
ecuación
riesgos-‐beneficios
y
a
la
debida
garantía
de
seguridad
hacia
los
pacientes,
genera
la
necesidad
de
una
evaluación
pormenorizada
de
los
contratos
por
parte
de
los
Comités
ya
que,
precisamente,
es
una
de
las
herramientas
con
las
que
cuenta
para
el
cumplimiento
y
respeto
de
los
principios
éticos
aplicables
en
la
materia.
El
análisis
y
la
evaluación
deberían
extenderse
también
a
una
somera
estimación
de
la
suficiencia
de
los
recursos
económicos
que
brindara
el
protocolo
tanto
en
relación
a
los
costos
directos
como
indirectos,
en
beneficio
de
la
comunidad
hospitalaria
o
de
la
institución.
Sin
perjuicio
de
las
disposiciones
legales
vigentes
en
cada
país,
las
cláusulas
usuales
que
se
estilan
en
los
contratos
suponen
un
análisis
por
parte
de
los
Comités
que
podrían
centrarse
en
las
siguientes
cláusulas
tipo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partes:
incluyendo
al
investigador
y
a
la
posible
representante
del
patrocinante
bajo
la
figura
de
la
CRO
u
OIC
(organización
de
investigación
por
contrato).
Descripción
del
estudio.
Obligaciones
del
investigador
e
institución
en
cuanto
a
buenas
prácticas
clínicas,
habilitaciones,
informes
de
eventos,
manejo
del
producto.
Compensaciones
y
pagos:
overhead
o
costo
indirecto
estimado
en
relación
a
los
gastos
institucionales
no
determinables,
prácticas
según
presupuesto
escrito,
pagos
por
apertura
de
sitio.
Personal/instalaciones:
lo
cual
implica
una
mayor
seguridad
para
el
paciente
por
la
idoneidad
del
equipo
de
investigación
y
las
medidas
de
seguridad
en
caso
de
eventos
adversos.
Informes
entre
las
partes:
especialmente
aquellos
que
afecten
a
la
seguridad
de
los
pacientes,
que
puedan
modificar
la
relación
riesgos-‐beneficios
y
la
decisión
del
paciente
de
seguir
participando.
Publicaciones:
no
solo
en
relación
a
la
autoría
sino
en
relación
a
la
confidencialidad
de
los
participantes.
Información
confidencial:
según
índole
de
la
misma
y
régimen
legal.
Validez,
Rescisión:
interpretación
y
garantías.
Cláusulas
de
indemnidad:
con
particular
cuidado
de
exigir
cartas
o
convenios
por
separado,
firmados
por
el
patrocinante,
si
el
contrato
es
firmado
por
una
CRO
que
no
otorga
indemnidad
por
los
daños
a
cargo
del
patrocinante.
Asimismo
debe
existir
una
cláusula
de
indemnidad
desde
el
Investigador,
la
Institución
hacia
el
Patrocinante/CRO.
Propiedad
Intelectual.
Ley
aplicable:
por
lo
general
la
vigente
en
el
centro
de
investigación.
Seguros.
Discordancias:
debiendo
prevalecer
el
protocolo
en
los
aspectos
científicos
y
el
contrato
en
relación
a
los
aspectos
administrativos
y
financieros.
Idioma
prevalente:
especialmente
en
contratos
bilingües,
la
exigencia
de
la
prevalencia
del
idioma
local.
Jurisdicción:
convenientemente
pactada
en
los
Tribunales
locales
en
relación
al
centro
de
investigación.
¿Es
posible
que
la
firma
de
un
contrato
fracase
por
la
no
aprobación
del
Comité
de
Ética?
Como
bien
lo
establece
la
Resolución
1480
del
Ministerio
de
Salud,
vigente
en
Argentina,
el
contrato
no
puede
contrariar
los
criterios
éticos
del
Comité
y
este
aspecto
482
es
incumbencia
especialmente
reservada
al
mismo.
Es
por
ello
que
el
conocimiento
previo
de
los
procedimientos
operativos,
la
posible
evaluación
de
contratos
marco
o
modelos
consensuados
con
el
Comité,
pueden
ser
una
solución
para
evitar
posibles
desacuerdos
con
el
patrocinante,
ya
que
la
función
de
un
Comité
es
evaluar
el
posible
desarrollo
de
la
investigación,
pero
acorde
a
un
procedimiento
respetuoso
del
marco
legal
vigente,
a
los
principios
éticos
aplicables
y
los
Derechos
Humanos
de
los
pacientes.
.
483
LA
PROTECCIÓN
DE
DATOS
Y
EL
FORMULARIO
DE
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
EN
EL
MARCO
DE
LAS
INVESTIGACIONES
CLÍNICAS
Ana
Laura
Pinto
Líder
Regional
de
Calidad.
Productos
Roche
S.A.Q.e
I.,
Argentina
Contacto:
[email protected]
María
del
Rosario
Moreno
Abogada
a
cargo
del
Departamento
Jurídico
y
de
Gestión
Operativa
de
la
Dirección
Nacional
de
Protección
de
Datos
Personales
del
Ministerio
de
Justicia
y
Derechos
Humanos,
Argentina
Contacto:
[email protected]
La
Ley
Nº
25.326
de
Protección
de
Datos
Personales,
regula
la
protección
integral
de
los
datos
personales
asentados
en
bases
de
datos
u
otros
medios
técnicos
de
tratamiento
de
datos,
sean
estos
públicos
o
privados,
para
garantizar
el
derecho
al
honor
y
a
la
intimidad
de
las
personas,
así
como
el
acceso
a
la
información
que
sobre
las
mismas
se
registre,
de
conformidad
a
lo
establecido
en
el
artículo
43,
tercer
párrafo
de
la
Constitución
Nacional.
En
el
marco
de
esta
ley,
los
datos
relativos
a
la
salud
son
considerados
“datos
sensibles”,
mereciendo
una
mayor
protección
legal
por
tratarse
de
datos
cuya
divulgación
en
el
ámbito
social
puede
dar
lugar
a
conductas
discriminatorias
y
por
su
potencialidad
para
causar
perjuicios
al
titular
de
los
datos,
fundamentalmente
en
los
mercados
laboral
y
de
seguros.
Una
cuestión
básica
a
considerar
es
la
relativa
a
la
recolección
de
los
datos
sensibles.
Si
bien
se
aplican
los
mismos
principios
que
rigen
la
recolección
de
datos
en
general,
la
regla
es
que
ninguna
persona
estará
obligada
a
proporcionar
datos
sensibles.
Al
recolectar
datos
personales
siempre
debe
informarse
al
titular
en
forma
clara
y
expresa
sobre
la
finalidad
para
la
cual
los
datos
serán
utilizados
y
quiénes
son
sus
destinatarios;
la
existencia
del
banco
de
datos,
su
domicilio
y
responsable;
el
carácter
obligatorio
o
facultativo
de
las
respuestas;
las
consecuencias
de
proporcionar
o
no
los
datos
y
la
posibilidad
del
interesado
de
ejercer
los
derechos
de
acceso,
rectificación
y
supresión.
Legalmente,
las
personas
autorizadas
para
efectuar
el
tratamiento
de
los
datos
de
salud
son
los
establecimientos
sanitarios
públicos
o
privados
y
los
profesionales
vinculados
a
las
ciencias
de
la
salud,
quienes
pueden
recolectar
y
tratar
los
datos
personales
relativos
a
la
salud
física
o
mental
de
los
pacientes
que
acudan
a
los
mismos
o
que
estén
o
hubieran
estado
bajo
tratamiento
de
aquellos,
respetando
los
principios
del
secreto
profesional.
Existen
también
otros
supuestos,
tales
como
el
tratamiento
que
resulta
obligatorio
para
cumplir
con
la
normativa
laboral
en
su
relación
con
temas
de
salud
(como
estudios
preocupacionales,
controles
de
inasistencias
por
enfermedad
de
los
trabajadores)
o
la
Ley
Nº
23.798
(SIDA),
que
prohíbe
individualizar
a
las
personas
a
través
de
fichas
o
registros,
los
que
deberán
llevarse
en
forma
codificada;
y,
por
supuesto,
los
casos
de
fuerza
mayor,
como
aquellos
en
que
el
interesado
no
puede
dar
su
consentimiento
y
es
imprescindible
el
tratamiento
de
sus
datos
de
salud
(por
ejemplo
exámenes
a
la
víctima
de
un
accidente).
484
En
todos
los
casos
y
con
más
recelo
aún
en
materia
de
datos
sensibles,
quienes
accedan
a
la
información
deberán
respetar
el
deber
de
confidencialidad
exigido
por
la
citada
normativa,
que
atañe
a
toda
persona
que
intervenga
en
el
tratamiento
de
datos
personales,
deber
del
que
sólo
podrá
el
obligado
liberarse
por
resolución
judicial
o
si
mediaren
razones
fundadas
relativas
a
la
seguridad
pública,
la
defensa
nacional
o
la
salud
pública,
como
por
ejemplo
conflicto
armado,
epidemias,
etc.
En
materia
de
investigaciones
clínicas,
lo
expresado
precedentemente,
nos
lleva
necesariamente
a
hablar
del
Consentimiento
Informado
(CI).
Desde
un
punto
de
vista
médico
el
CI
es
la
declaración
de
voluntad
de
un
sujeto
libre
y
capaz
respecto
de
una
propuesta
médica
relativa
a
la
aplicación
de
un
procedimiento
diagnóstico
o
terapéutico
en
tanto
no
medie
una
situación
de
urgencia.
Es
un
instituto
que
reviste
especial
trascendencia
en
el
ámbito
de
las
investigaciones
clínicas,
farmacológicas
y
farmacogenéticas,
y
su
exigencia
es
demostrativa
del
respeto
por
la
autonomía
y
el
derecho
de
las
personas
a
disponer
del
propio
cuerpo.
La
Ley
Nº
25.326
alude
al
CI
no
solamente
en
el
contexto
de
los
datos
relativos
a
la
salud,
sino
respecto
de
todos
los
casos
en
los
que
se
requiere
el
consentimiento
de
una
persona
para
el
tratamiento
de
sus
datos
personales,
siendo
esta
la
posibilidad
de
manifestar
su
voluntad,
permitiendo
ejercer
el
denominado
derecho
a
la
autodeterminación
informativa,
esto
es,
a
elegir
el
nivel
de
protección
que
cada
persona
quiere
dar
a
la
información
a
ella
referida.
Al
respecto,
la
Ley
Nº
25.326
señala
que
el
tratamiento
de
datos
personales
es
ilícito
cuando
el
titular
no
hubiere
prestado
su
consentimiento
libre,
expreso
e
informado.
Esta
cualidad
del
consentimiento
se
encuentra
definida
en
el
Decreto
N°
1558/01,
reglamentario
de
la
Ley
N°
25.326,
según
el
cual
el
CI
es
el
que
está
precedido
de
una
explicación,
al
titular
de
los
datos,
en
forma
adecuada
a
su
nivel
social
y
cultural,
de
la
siguiente
información:
finalidad
para
la
que
serán
tratados;
existencia
del
archivo,
registro
o
banco
de
datos;
el
carácter
obligatorio
o
facultativo
de
las
respuestas
al
cuestionario
que
se
le
proponga,
en
especial
en
cuanto
a
los
datos
sensibles;
las
consecuencias
de
proporcionar
los
datos,
de
la
negativa
a
hacerlo
o
de
la
inexactitud
de
los
mismos;
la
posibilidad
del
interesado
de
ejercer
los
derechos
de
acceso,
rectificación
y
supresión
de
los
datos.
Por
su
parte,
la
normativa
especial
que
regula
el
Régimen
de
Buenas
Prácticas
de
Investigación
en
Estudios
de
Farmacología
Clínica,
la
Disposición
de
la
Administración
Nacional
de
Medicamentos,
Alimentos
y
Tecnología
Médica
(ANMAT)
Nº
6677/10,
en
lo
que
aquí
estamos
tratando
exige:
•
•
•
Que
los
investigadores
obtengan
un
CI
libre
y
voluntario
de
los
potenciales
participantes
o
de
sus
representantes,
antes
de
su
incorporación
en
el
estudio.
Que
se
proteja
la
confidencialidad
de
la
información
y
la
identidad
de
los
participantes.
Siendo
los
establecimientos
sanitarios
públicos
o
privados
y
los
profesionales
vinculados
a
las
ciencias
de
la
salud
quienes
pueden
recolectar
y
tratar
los
datos
personales
relativos
a
la
salud
física
o
mental
de
sus
pacientes
respetando
el
principio
del
secreto
profesional,
entendemos
que
esta
figura
alcanza
para
asegurar
la
confidencialidad
de
los
pacientes.
Que
se
deje
constancia
de
que
la
participación
en
la
investigación
es
voluntaria
y
que
la
persona
puede
rehusarse
a
participar
o
abandonarla
en
cualquier
momento,
sin
tener
que
expresar
las
razones
de
su
decisión
y
sin
ninguna
pérdida
de
beneficios
a
los
que
tiene
derecho.
485
•
•
•
Si
bien
esto
parece
obvio,
es
una
forma
más
de
que
el
paciente
se
sienta
seguro
al
prestar
su
consentimiento.
La
normativa
de
protección
de
datos
personales
también
dispone
que
el
consentimiento
dado
para
el
tratamiento
de
datos
personales
puede
ser
revocado
en
cualquier
tiempo,
revocación
que
no
tiene
efectos
retroactivos.
Ello
implica
que
los
profesionales
intervinientes
en
un
estudio
o
investigación
clínica
o
farmacológica
podrán
hacer
uso
de
toda
la
información
recopilada
hasta
ese
momento,
guardando
obviamente
las
normas
de
confidencialidad
pertinentes.
Que
conste
que
sus
datos
de
identificación
se
mantendrán
en
forma
confidencial,
aún
en
caso
de
publicación
de
los
resultados
de
la
investigación,
según
la
Ley
Nº
25.326.
Que
se
garanticen
los
derechos
de
la
persona
como
participante
de
una
investigación,
incluyendo
el
acceso
y
derecho
a
disponer
de
su
información
relacionada
con
el
estudio.
La
Ley
Nº
25.326
garantiza
al
titular
de
los
datos,
con
la
sola
acreditación
de
su
identidad,
el
denominado
derecho
de
acceso,
esto
es
el
derecho
a
solicitar
y
obtener
información
de
sus
datos
personales,
así
como
también
el
derecho
de
rectificar,
actualizar,
suprimir
y
someter
a
confidencialidad
los
datos
de
que
es
titular.
Al
respecto,
en
los
Formularios
de
CI
se
plantea
a
veces
un
caso
que
ha
merecido
objeciones:
Hay
cláusulas
que
expresan
que
el
voluntario
acepta
que
no
se
le
brindará
determinada
información
médica
relacionada
con
el
estudio
en
la
etapa
denominada
“ciego”,
esto
es
aquella
que
debe
ser
mantenida
en
secreto
durante
el
estudio
para
evitar
parcialidades
(por
ejemplo,
si
está
recibiendo
droga
o
placebo).
Si
bien
son
claras
las
razones
que
desde
el
punto
de
vista
médico
o
investigativo
avalan
una
cláusula
como
la
mencionada,
la
misma
resulta
observable
en
términos
de
la
legislación
de
protección
de
datos
personales,
atento
que
esta
garantiza
el
derecho
de
acceso
del
titular
en
una
norma
que
conforme
lo
dispuesto
en
el
artículo
44
del
mismo
cuerpo
legal
es
de
orden
público
y
por
ende
no
disponible
por
las
partes.
A
mayor
abundamiento,
cabe
mencionar
que
la
utilización
de
placebo
está
circunscripta
a
situaciones
muy
particulares,
donde
no
existe
alternativa
terapéutica
para
una
determinada
patología,
donde
el
diseño
de
un
estudio
comparativo
contra
el
mejor
tratamiento
disponible
no
es
viable
o
donde
la
patología
del
paciente
lo
permite,
debido
a
que
se
trata
de
enfermedades
no
graves
y
donde
la
utilización
del
placebo
no
implica
ni
un
riesgo,
ni
pone
en
peligro
la
seguridad
del
paciente.
Actualmente
la
aprobación
de
un
estudio
diseñado
contra
placebo
solo
ocurrirá
en
casos
como
los
antes
mencionados,
donde
la
realización
de
la
investigación
pueda
implicar
un
alto
beneficio
para
los
pacientes
participantes
del
ensayo.
Por
tratarse
indudablemente
de
un
tema
que
ha
generado
debate,
las
normas
europeas
sobre
protección
de
datos
personales,
cuyos
lineamientos
sigue
nuestra
legislación,
ya
le
han
dado
solución.
Así,
la
Decisión
de
la
Comisión
Europea
2000/520/CE
(26
de
julio
de
2000)
dictada
con
arreglo
a
la
Directiva
95/46/CE
del
Parlamento
Europeo
y
del
Consejo,
contiene
una
serie
de
criterios
aplicables
a
las
preguntas
más
frecuentes.
Esta
normativa
no
es
obligatoria
para
nuestro
país.
Entre
esas
preguntas
frecuentes,
en
el
punto
14.5
se
dice:
Muchas
veces,
para
garantizar
la
objetividad
de
los
ensayos
clínicos,
se
priva
a
los
participantes
y,
con
frecuencia,
también
a
los
investigadores,
de
la
información
sobre
el
tratamiento.
Este
proceder
podría
poner
en
peligro
la
validez
de
los
486
estudios
de
investigación
y
de
sus
resultados.
¿Tendrán
los
participantes
en
este
tipo
de
ensayos
clínicos
(denominados
"experimentos
a
ciegas")
acceso
a
los
datos
sobre
su
tratamiento
durante
el
ensayo?
La
respuesta
correspondiente
señala:
No,
no
deberá
proporcionarse
este
acceso
a
los
participantes
si
se
les
explicó
tal
restricción
cuando
se
unieron
al
ensayo
y
si
la
revelación
de
la
información
puede
poner
en
peligro
la
integridad
de
la
investigación.
Consentir
la
participación
en
los
ensayos
dentro
de
estas
condiciones
constituye
un
modo
razonable
de
renunciar
al
derecho
de
acceso.
Tras
la
conclusión
del
ensayo
y
el
análisis
de
los
resultados,
los
participantes
tendrán
acceso
a
sus
datos
si
lo
solicitan.
En
primer
lugar,
se
dirigirán
al
médico
o
profesional
sanitario
de
quien
recibieron
tratamiento
en
el
marco
del
ensayo
clínico
y,
en
segundo
lugar,
a
la
empresa
patrocinadora.
•
Que
el
patrocinador
establezca
los
procedimientos
apropiados
para
la
obtención
y
el
registro
de
los
datos
clínicos
de
los
participantes,
incluyendo
el
sistema
de
codificación
que
permitirá
preservar
la
confidencialidad
de
su
identidad.
Conforme
lo
dispuesto
en
la
Ley
N°
25.326
(artículo
7º),
los
datos
sensibles
y
entre
ellos
los
relativos
a
la
salud,
pueden
ser
objeto
de
tratamiento
con
finalidades
estadísticas
o
científicas
cuando
no
puedan
ser
identificados
sus
titulares.
La
ley
define
la
disociación
como
todo
tratamiento
de
datos
personales
efectuado
de
manera
que
la
información
obtenida
no
pueda
asociarse
a
persona
determinada
o
determinable.
También
la
Ley
Nº
25.326
(artículo
28)
dispone
que
sus
normas
no
se
aplican,
entre
otros
casos,
a
las
investigaciones
científicas
o
médicas,
en
la
medida
en
que
los
datos
recogidos
no
puedan
atribuirse
a
una
persona
determinada
o
determinable.
Ello
significa
que
si
la
información
se
encuentra
disociada,
no
pudiendo
atribuirse
a
persona
determinada
o
determinable,
no
será
considerada
como
un
“dato
personal”
susceptible
de
protección
e
incluido
en
las
disposiciones
de
la
Ley
Nº
25.326.
Atento
que
en
materia
de
tratamiento
de
datos
relativos
a
la
salud
no
en
todas
las
etapas
pueden
aplicarse
procedimientos
de
disociación,
cabe
la
protección
legal
contenida
en
los
preceptos
de
la
Ley
Nº
25.326,
en
todos
aquellos
períodos
en
que
sea
necesario
preservarlos,
es
decir
cuando
no
sea
posible
la
aplicación
de
procedimientos
de
disociación,
a
través
de
la
aplicación
de
estrictas
normas
de
confidencialidad.
En
cumplimiento
de
las
normas
citadas,
el
formulario
de
CI
recabado
para
la
realización
de
investigaciones
clínicas
deberá
expresar
la
forma
en
que
se
protegerá
la
información
que
identifica
directamente
al
paciente.
Al
respecto,
cabe
señalar
que
cuando
los
protocolos
de
investigación
son
diseñados
se
prevé
cuál
va
a
ser
el
método
que
se
utilizará
para
el
sesgado
de
la
información
sensible,
como
por
ejemplo
la
identidad
del
paciente.
En
estos
casos
se
utilizan
distintas
alternativas:
la
asignación
de
un
número
de
código
único
que
solo
podrá
relacionarse
con
el
estudio
principal
a
través
de
una
clave
creada
por
el
Patrocinador
mediante
un
archivo
computarizado;
o
la
utilización
de
iniciales,
la
que
será
válida
en
tanto
y
en
cuanto
no
permitan
una
fácil
identificación
del
titular;
o
la
combinación
de
iniciales
y
fechas
de
nacimiento;
o
la
utilización
de
códigos
numéricos
y
alfanuméricos.
En
algunos
casos
se
utilizan
códigos
de
barra
para
poder
transferir
la
información
a
fuentes
internacionales,
por
ejemplo,
pero
preservando
la
identidad
de
los
pacientes
que
están
participando
en
las
investigaciones.
Esta
situación
se
repite
no
solo
respecto
de
la
transferencia
de
datos
sino
que
también
en
el
caso
de
ser
necesario
enviar
a
países
extranjeros
muestras
de
sangre,
biopsias,
etc.
En
estos
casos,
la
identificación
de
dicho
material
sufre
la
misma
disociación
antes
mencionada.
487
En
consecuencia,
los
formularios
de
CI
que
se
elaboren
en
el
marco
de
las
investigaciones
clínicas
deberán
tener
en
cuenta
lo
dispuesto
en
ambas
normativas.
Por
todo
lo
antes
detallado,
es
que
cuando
nos
referimos
al
CI
en
investigación
clínica
estamos
considerando
todo
un
“Proceso
de
Toma
de
Consentimiento”
y
no
la
mera
firma
de
un
documento.
El
paciente
junto
al
testigo
tienen
que
haber
podido
comprender
la
información
que
se
les
ha
brindado,
y
requieren
tener
el
espacio
y
tiempo
suficiente
para
aclarar
sus
dudas
y
definir
libre
y
voluntariamente
su
deseo
de
participar
en
un
determinado
ensayo
clínico.
El
testigo
juega
un
papel
relevante
en
dicho
proceso,
por
lo
que
el
mismo
debe
ser
preferentemente
una
persona
de
suma
confianza
para
el
paciente
(familiar,
amigo,
médico
de
cabecera).
La
elección
del
testigo
por
parte
del
paciente
puede
ser
conflictiva
en
determinadas
situaciones,
por
ejemplo
en
las
investigaciones
en
VIH,
donde
muchas
veces
el
entorno
más
íntimo
del
paciente
desconoce
su
patología.
En
estos
casos
la
figura
del
testigo
podría
estar
representada
por
otro
paciente
con
la
misma
patología.
El
testigo
deberá
estar
presente
a
lo
largo
de
todo
el
proceso
de
toma
de
CI
y
deberá
firmar
el
formulario
de
CI
junto
con
el
paciente
y
el
investigador,
a
fin
de
documentar
que
el
proceso
se
ha
llevado
a
cabo
correctamente.
El
formulario
de
CI
es
uno
de
los
documentos
esenciales
más
relevantes
en
cualquier
proyecto
de
investigación.
Es
por
esto
que
el
mismo
atraviesa
varias
etapas
de
revisión
y
evaluación.
Por
un
lado
tiene
que
ser
evaluado
por
el
investigador,
quien
será
el
responsable
de
administrarle
dicho
formulario
y
la
información
contenida
en
el
mismo
al
paciente.
En
una
segunda
instancia
el
consentimiento
es
evaluado
por
un
comité
de
ética
independiente,
quien
determinará
si
los
tres
principios
básicos
de
la
bioética
se
han
cumplido:
autonomía,
justicia
y
beneficencia.
Luego
de
haber
sido
aprobado
dicho
documento
es
evaluado
por
la
Dirección
Nacional
de
Protección
de
Datos
Personales,
quien
se
centrará
en
la
revisión
de
los
aspectos
legales
vinculados
a
la
confidencialidad
de
los
datos
del
paciente,
en
particular
las
sesiones
de
información
relativa
a
la
salud
del
voluntario
(paciente
o
sano)
y
en
su
caso,
las
transferencias
internacionales
que
de
esta
se
hagan,
teniendo
en
consideración
que
generalmente
son
extranjeros
los
laboratorios
que
efectúan
investigaciones
clínicas.
Asimismo
es
importante
respetar
el
principio
de
calidad
de
los
datos
personales,
el
que
implica
la
recolección
de
datos
adecuados,
pertinentes
y
no
excesivos
en
relación
al
ámbito
y
finalidad
para
la
que
fueron
recogidos;
de
datos
exactos
y
actualizables,
almacenados
de
modo
que
el
titular
pueda
ejercer
el
derecho
de
acceso
y
que
sean
destruidos
cuando
hayan
dejado
de
ser
necesarios
o
pertinentes
para
los
fines
para
los
cuales
fueron
recolectados.
Para
garantizar
la
calidad
de
los
datos
que
se
recolectan
a
lo
largo
de
una
investigación
clínica,
es
que
existen
distintas
instancias
de
control.
Por
un
lado
los
patrocinadores
realizan
visitas
de
monitoreo
con
una
periodicidad
pautada
según
el
diseño
del
protocolo;
dichas
visitas
tienen
por
finalidad
garantizar
el
control
de
calidad
de
todos
los
datos
que
están
siendo
recolectados.
Por
otro
lado
existen
las
auditorias
que
también
son
realizadas
por
el
patrocinador
donde
el
fin
es
el
aseguramiento
de
la
calidad
de
los
datos,
el
seguimiento
del
protocolo,
de
los
procedimientos
propios
del
patrocinador
y
de
los
lineamientos
locales
e
internacionales
que
rigen
la
investigación
clínica.
488
Otra
instancia
de
control
son
los
monitoreos
éticos,
llevados
a
cabo
por
los
Comités
de
Ética.
Tienen
como
finalidad
contribuir
a
la
calidad
y
consistencia
de
la
revisión
ética
de
la
investigación
biomédica.
Para
tal
fin,
los
Comités
establecen
un
procedimiento
para
el
seguimiento
ético
del
estudio
para
el
cual
la
emitido
una
opinión
favorable.
Dicho
procedimiento
queda
documentado
en
el
plan
de
monitoreo
que
el
comité
diseña
para
ese
estudio.
Entre
otros
aspectos
evaluados
durante
el
monitoreo
ético,
el
consentimiento
toma
un
papel
relevante.
Los
miembros
del
Comité
realizando
el
monitoreo,
no
solo
revisarán
los
consentimientos
firmados
archivados
en
el
centro
de
investigación,
sino
que
podrán
citar
a
sujetos
de
investigación
y
testigos
para
realizarles
entrevistas
y
evaluar
los
aspectos
éticos
del
estudio.
Y
por
último
el
documento
es
sometido
a
la
ANMAT
para
su
evaluación,
la
que
centrará
su
revisión
en
cuestiones
metodológicas
y
de
diseño
de
cada
estudio
clínico
en
particular.
Por
otro
lado
los
distintos
entes
reguladores,
como
por
ejemplo
la
Food
and
Drug
Administration:
de
Estados
Unidos
(FDA,
por
su
sigla
en
inglés,
que
podría
traducirse
al
español
como
Agencia
de
Alimentos
y
Medicamentos
o
Agencia
de
Drogas
y
Alimentos),
la
EMEA
(Agencia
Europea
de
Medicamentos)
o
en
nuestro
país
la
antes
mencionada
ANMAT,
que
conducen
inspecciones
que
no
solo
tienen
por
objetivo
garantizar
la
calidad
de
los
datos,
sino
principalmente
verificar
la
seguridad,
integridad
y
derechos
de
los
pacientes.
A
lo
largo
de
una
investigación
clínica
pueden
surgir
actualizaciones
de
seguridad,
respecto
al
perfil
de
la
droga
bajo
investigación,
que
implique
que
el
sujeto
en
investigación
tome
conocimiento
de
dicha
información
a
la
brevedad
y
si
así
lo
desea
manifieste
su
interés
de
seguir
participando.
Ante
esta
situación
es
responsabilidad
del
patrocinador
proveer
de
nueva
y
relevante
información
de
seguridad
a
los
investigadores
para
que
los
mismo
pueden
transmitirla
a
los
sujetos.
Estas
situaciones
suelen
requerir
lo
que
se
denomina,
enmienda
al
CI,
que
debe
ser
sometido
a
todas
las
instancias
de
evaluación
y
eventual
aprobación
mencionadas
previamente.
Dado
que
el
proceso
de
generación
de
una
enmienda
demora
tiempo,
y
el
sujeto
debe
tomar
conocimiento
de
esta
información
de
seguridad
de
forma
urgente,
la
documentación
de
este
proceso
donde
el
investigador
comparte
esta
información
con
el
sujeto
queda
documentada
en
la
historia
clínica,
y
una
vez
aprobada
la
enmienda
al
CI
el
mismo
vuelve
a
pasar
por
el
proceso
de
toma
de
consentimiento
que
culmina
con
las
firmas
de
todas
las
partes.
Referencias
bibliográficas
República
Argentina.
Ministerio
de
Salud.
Secretaria
de
Políticas,
Regulación
e
Institutos
ANMAT
Disposición
6677
(2010)
[en
línea].
Disponible
en:
http://www.anmat.gov.ar/Comunicados/Dispo_6677-‐10.pdf
República
Argentina.
Ley
Nº
23.798
de
SIDA
(1990).
[en
línea].
Disponible
en:
<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-‐
4999/199/norma.htm>
República
Argentina.
Ley
Nº
25.326
de
Protección
de
los
Datos
Personales
(2000).
[en
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Disponible
en:
<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-‐64999/64790/norma.htm>
Moreno
M.
del
R,
Pinto
AL.
El
consentimiento
informado
en
el
marco
de
las
investigaciones
clínicas
y
la
aplicación
de
de
normas
de
confidencialidad.
En
P.
Sorokin
(Coord.)
Número
Especial
de
Jurisprudencia
Argentina
sobre
Derechos
personalísimos,
VIH/sida
y
prensa
escrita.
Buenos
Aires:
LexisNexis,
I(8),
2008:
79-‐82.
489
MONITOREO
ÉTICO
BUENOS
AIRES.
RESULTADOS
DE
LAS
ENTREVISTAS
Y
DILEMAS
ENCONTRADOS
Adriana
Grosman
Traductora
técnico-‐científica.
Coordinadora
Investigación
Clínica
Comité
de
Revisión
Institucional
Hospital
Británico.
Contacto:
[email protected]
Federico
Bottaro
Médico
Clínico.
Jefe
de
la
Emergencia.
Coordinador
Comité
de
Revisión
Institucional
Hospital
Británico.
Contacto:
[email protected]
Gonzalo
Fleire
Médico
Clínico.
Miembro
evaluador
del
Comité
de
Revisión
Institucional
Hospital
Británico.
Contacto:
[email protected]
Victoria
Restano
Licenciada
en
Nutrición.
Miembro
de
la
Comunidad
Hospital
Británico
de
Buenos
Aires.
Contacto:
[email protected]
Valeria
Benardoni
Licenciada
en
enfermería.
Asistente
Comité
de
Revisión
Institucional
Hospital
Británico.
Contacto:
[email protected]
Juan
Carlos
Barreira
Médico
Reumatólogo.
Jefe
de
Departamento
Docencia
e
Investigación
Hospital
Británico.
Miembro
del
Comité
de
Revisión
Institucional
Hospital
Británico.
[email protected]
De
acuerdo
con
las
regulaciones
vigentes
en
Argentina
y
en
Capital
Federal,
Buenos
Aires
(Disp.
6677/10
y
Ley
3301/09
CABA),
el
CEI
(Comité
de
Ética
en
Investigación)
debe
realizar
monitoreo
ético
de
todos
los
estudios
de
farmacología
clínica
al
menos
una
vez
al
año,
o
según
el
grado
de
riesgo,
para
asegurarse
que
se
cumplan
los
requisitos
éticos
aplicables,
supervisando
permanentemente
el
balance
de
riesgos
y
beneficios.
Asimismo,
internacionalmente,
las
Buenas
Prácticas
Clínicas
(BPC)
expresan
en
el
punto
3.1.4
que
el
CEI
deberá
realizar
el
seguimiento
de
cada
ensayo
en
marcha
con
una
periodicidad
proporcional
al
riesgo
al
que
se
exponen
los
sujetos
del
estudio.
Este
seguimiento
será
al
menos
anual.
Existe
una
gran
coincidencia
de
actividades
entre
el
monitoreo
de
los
estudios
de
investigación
realizado
por
la
industria
farmacéutica
y
el
realizado
por
un
CEI.
Sin
embargo,
tal
vez
se
diferencien
en
el
enfoque
con
el
que
conducen
la
supervisión.
El
monitoreo
de
la
industria
está
básicamente
dirigido
a
que
se
haya
cumplido
con
el
protocolo
(inclusión,
procedimientos),
que
se
respeten
las
regulaciones
vigentes,
que
los
datos
obtenidos
sean
veraces
y
estén
documentados,
y
fundamentalmente,
que
la
investigación
proporcione
datos
evaluables.
El
monitoreo
ético
del
CEI
está
destinado
a
reforzar
el
conocimiento
del
sujeto
con
respecto
a
sus
derechos,
conocer
riesgos
no
anticipados,
apoyar
a
la
resolución
de
problemas,
verificar
el
cumplimiento
de
regulaciones,
supervisar
el
balance
riesgo/beneficio
durante
el
estudio,
con
el
objetivo
principal
de
proteger
los
derechos
de
los
sujetos.
El
CEI
del
Hospital
Británico,
CRIHB
(Comité
de
Revisión
Institucional
del
Hospital
Británico)
decide
la
prioridad
de
dicho
monitoreo
ético
considerando
los
siguientes
criterios
para
su
decisión:
nivel
de
riesgo
del
estudio,
nuevas
drogas
o
dispositivos
en
investigación,
estudios
con
poblaciones
vulnerables,
estudios
con
miembros
del
equipo
poco
experto,
estudios
sin
historia
de
investigación
en
el
establecimiento,
selección
al
azar
o
según
plan
de
monitoreo,
quejas
de
pacientes,
quejas
de
personal
del
490
sitio,
estudios
en
que
puedan
verse
afectados
los
derechos
y
bienestar
de
los
sujetos
en
investigación,
número
importante
de
desvíos
presentados
al
CEI,
precediendo
auditorías
o
inspecciones
en
apoyo
del
centro
o
a
solicitud
del
investigador.
Las
herramientas
utilizadas
para
realizar
dicho
monitoreo
son
entrevista
a
los
sujetos,
revisión
de
los
documentos
del
estudio
y
del
proceso
de
consentimiento,
pedido
de
información
para
renovación
anual,
o
informes
periódicos,
Informes
del
CIMD
(DSMB),
evaluación
presencial
de
la
toma
del
consentimiento,
reunión
del
Investigador
con
el
CEI
o
combinación
de
las
anteriores.
Discusión
y
resultados
Es
nuestra
intención
enfocarnos
en
los
resultados
obtenidos
de
las
entrevistas
a
sujetos
realizadas
y
mencionar
ejemplos
de
dilemas
éticos
que
se
nos
han
presentado
como
el
resultado
del
proceso
de
monitoreo
por
parte
del
CEI.
Veinticuatro
sujetos
(24)
de
distintos
investigadores
fueron
entrevistados
por
dos
miembros
del
comité,
a
quienes
se
les
hicieron
preguntas
en
relación
al
proceso
de
obtención
del
consentimiento
informado
y
a
su
conocimiento
de
las
características
del
estudio,
responsabilidades,
y
posibles
contactos.
Un
100%
comprendió
que
su
participación
era
voluntaria,
y
que
podían
retirarse
del
estudio
en
cualquier
momento.
Un
porcentaje
menor
(58%)
comprendía
que
sus
datos
eran
confidenciales.
Solo
un
40%
comprendía
que
contaban
con
un
seguro
en
caso
de
contingencias
relacionadas
con
la
investigación.
Ninguno
conocía
de
la
existencia
y
la
posibilidad
de
contactar
al
CEI
(CRIHB)
o
ANMAT
(Agencia
Regulatoria
Argentina)
en
relación
con
sus
derechos
o
por
consultas
pertinentes.
Acción
Tomada
En
todos
los
casos,
se
hicieron
devoluciones
a
los
investigadores
con
puntos
a
reforzar
en
relación
a
la
toma
de
consentimiento
en
sus
poblaciones
de
pacientes.
Estas
observaciones
podrían
ser
extrapolables
al
resto
de
la
comunidad
que
realiza
investigación
clínica.
Se
interpreta
que
es
tarea
del
comité
colaborar
con
el
aumento
de
la
comprensión
por
parte
de
los
sujetos
de
los
temas
pertinentes
a
las
investigaciones,
reforzando
la
labor
de
los
investigadores
participantes
mediante
la
devolución
de
los
resultados
obtenidos
en
las
entrevistas
a
sujetos
realizadas,
para
una
mejora
continua
del
proceso.
Dilemas
Éticos
A
partir
de
las
entrevistas
conducidas,
y
de
otras
actividades
de
monitoreo
ético,
se
suscitan
conflictos
que
deben
discutirse
en
el
contexto
del
CEI
para
tomar
las
medidas
pertinentes.
A
continuación,
citamos
algunos
ejemplos.
Embarazo
En
un
estudio
de
un
nuevo
anti-‐convulsivante,
el
investigador
informa
sobre
el
embarazo
de
una
de
sus
pacientes.
La
droga
y
su
comparador
son
potencialmente
teratogénicos.
El
consentimiento
aprobado
por
el
CEI
y
adecuadamente
firmado,
decía
claramente
que
la
paciente
debía
utilizar
métodos
anticonceptivos.
También
ello
estaba
correctamente
documentado
en
la
historia
clínica.
Se
le
pide
al
investigador
su
asistencia
a
una
reunión
del
CEI
para
discutir
el
caso
y
sus
posibles
implicancias.
Al
tiempo
de
nacer,
nos
informa
que
el
bebé
tiene
diversas
malformaciones
que
motivan
su
internación
hospitalaria.
Se
solicita
al
investigador
que
informe
esto
como
un
EAS,
según
establecido
en
protocolo.
El
investigador
concurre
a
una
nueva
reunión
del
CEI,
se
solicitan
estudios
genéticos
con
apoyo
del
patrocinador.
Surge
como
nueva
información
que
el
padre
tiene
familiares
con
malformaciones
genéticas.
Los
estudios
revelan
que
no
hay
una
correlación
entre
la
droga
y
las
anomalías
genéticas.
Se
anuncia
491
una
inspección
de
la
FDA.
La
inspección
de
la
FDA
encuentra
que
el
sitio
actúa
según
lineamientos
de
BPC,
sin
hallazgos.
Se
recibe
inspección
de
ANMAT
y
del
CEC
GCBA.
Se
continúa
con
informes
trimestrales
hasta
el
año,
y
luego
cuatrimestrales.
Estos
informes
son
remitidos
al
CEC
GCBA.
Se
hace
una
auditoría
del
centro
con
recomendaciones
sobre
medidas
preventivas
y
correctivas
a
tomar.
El
CEI
solicita
al
investigador,
el
seguimiento
trimestral
de
la
embarazada
hasta
el
nacimiento
del
bebé.
•
•
¿De
quién
es
la
responsabilidad
si
se
produce
un
embarazo?
¿Qué
puede
hacer
el
comité
para
contribuir
a
que
esto
no
ocurra?
Internación
por
Evento
Adverso
Serio
Durante
una
entrevista
de
monitoreo
ético,
el
sujeto
participante
del
HB
menciona
que
ha
estado
internado
en
el
centro
de
salud
próximo
a
su
domicilio
por
un
dolor
de
pecho
agudo.
El
entrevistador
consulta
al
sujeto
la
razón
de
no
haberse
internado
en
el
HB,
donde
se
conducen
los
procedimientos
del
estudio.
El
sujeto
responde
que
el
investigador
le
aconseja
acudir
al
lugar
más
próximo.
Al
consultarle
al
investigador,
el
dice
que
priorizó
la
urgencia
del
caso,
no
puede
definir
a
priori
si
el
evento
está
relacionado
con
el
estudio,
y
por
otra
parte,
que
no
puede
hacerse
cargo
de
la
internación
y
costearlo
personalmente
sin
saber
que
será
cubierto
por
el
patrocinador.
•
¿Cuál
debe
ser
la
postura
del
CEI?
Provisión
de
droga
post-‐estudio
Se
detecta
en
la
entrevista
de
monitoreo
ético
que
el
sujeto
no
sabe
qué
pasará
con
respecto
a
la
droga
de
estudio
cuando
este
finalice.
No
se
sabe
al
iniciar
el
estudio
y
muchas
veces
tampoco
al
momento
de
su
finalización
si
los
resultados
con
una
nueva
droga
han
demostrado
su
superioridad.
Sin
embargo,
la
responsabilidad
del
CEI
es
que
el
sujeto
continúe
recibiendo
el
mejor
tratamiento
conocido
al
finalizar
el
estudio
¿Qué
puede
hacer
el
CEI
para
apoyar
al
sujeto
en
este
tema?
Atención
médica
•
En
una
entrevista
de
un
estudio
cardiológico,
el
sujeto
menciona
que
cumple
con
sus
responsabilidades
del
estudio
con
respecto
a
visitas/estudios
de
protocolo.
Cuando
el
sujeto
consulta
con
el
investigador
sobre
su
patología
neumonológica
de
base,
él
le
responde
que
debe
acudir
a
su
control
regular
con
el
neumonólogo
y
clínico.
El
sujeto
siente
que
su
carga
de
visitas
es
demasiado
pesada
como
para
realizar
otras
consultas,
y
que
igualmente
es
controlado
en
el
protocolo.
•
•
¿Debería
el
investigador
ocuparse
de
toda
la
atención
del
sujeto,
o
es
correcta
la
indicación
del
investigador?
¿Cuál
debe
ser
la
actitud
del
CEI?
Conclusión
El
CEI
verifica
el
cumplimiento
de
las
pautas
éticas
y
regulatorias
de
los
estudios
al
menos
una
vez
al
año.
Tiene
como
objetivo
resguardar
los
derechos
de
los
sujetos.
Puede
utilizar
una
variedad
de
recursos:
entrevistas,
auditorías,
solicitud
de
información,
presenciar
toma
consentimiento,
reunión
con
investigador
o
combinación
de
ellas.
Se
presentan
conflictos
y
dilemas
que
deben
ser
analizados
por
el
CEI
caso
por
caso.
En
conjunto,
el
monitoreo
ético,
las
recomendaciones
a
investigadores
resultantes
del
mismo,
la
ayuda
brindada
a
los
sujetos
y
los
conflictos
que
se
presentan
y
discuten
en
el
seno
del
comité,
permiten
un
enriquecimiento
del
proceso
de
investigación,
que
debemos
fomentar.
492
Referencias
bibliográficas
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Médica
Mundial.
Declaración
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Helsinki
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