Editorial
Esperar contra toda esperanza
La publicación del informe de la Comisión de la verdad ha
conmocionado a la sociedad salvadoreña, a la que hasta ahora parecfa
que nada era capaz de sorprenderla. Muchos pensaron precipitadamente
que el informe de la Comisión de la verdad diría algunas cosas generales pero, en definitiva, nada importante. Las cosas seguirían más o menos como hasta entonces. De hecho, tanto el gobierno como la Fuerza
Armada esperaban que el resultado de las investigaciones encargadas a
las comisiones de depuración y de la verdad no aportaría nada nuevo.
Estas, conscientes de su mandato y responsabilidad, hicieron un buen
trabajo, pese a los pocos recursos y al tiempo limitado con los que
contaron. El fruto de su dedicación está en el resultado de sus respectivos informes, los cuales, aunque incompletos, han sido lo suficientemente importantes para comenzar la depuración de la Fuerza Armada y
para conocer un poco más la verdad. La novedad de ambas comisiones
perturbó hondamente el orden establecido. La lista de depurados desautorizó la impunidad de la Fuerza Armada y el informe de la verdad
confirmó con su autoridad parte de lo que ya era conocido públicamente.
El informe de la Comisión de la verdad es un símbolo de la verdad
más honda del país y de la exigencia para romper con el pasado. Su
lectura corrida causa horror y es dificil leerlo de un sólo tirón, pero es
indispensable hacerlo y reflexionar sobre su contenido, porque muestra
uno de los extremos a los que llegó la aberración de la humanidad y del
Estado. Cristianamente, el informe muestra el misterio de la iniquidad
en toda su brutalidad.
El informe intenta romper con ese pasado diciendo la verdad que ha
encontrado. Ciertamente, se trata de una verdad incompleta aún, pero lo
que dice tiene la fuerza de la verdad. Sin embargo, las fuerzas del pasa-
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La realidad que pensaban silenciada y tergiversada
para siempre ha comenzado a aparecer en el informe
y se ha hecho pública ...
do siguen ofreciendo tenaz resistencia y, en lugar de aprovechar esta
verdad sobre sí mismas para reconstituir el Estado, el ejército y el sistema judicial, se niegan a aceptarla, en un intento desesperado para conservar el orden de violencia y muerte que permitió, promovió, toleró y
encubrió.
De la conmoción y la sorpresa hay que pasar a la asimilación de la
verdad del informe y a la lucha para que esa verdad, traducida en recomendaciones, se historice en El Salvador. En estas recomendaciones que
se suman a las hechas por la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas se juega el futuro democrático del país.
Esta edición de la revista ECA pretende ayudar a proporcionar claves de lectura del informe de la Comisión de la verdad y a reflexionar
sobre su contenido. Este editorial es una introducción a los artículos y
comentarios que siguen, donde se analiza y reflexiona sobre el informe
desde la perspectiva social, política, jurídica y teológica.
1. El texto de historia contemporánea más importante
Para el gobierno y la Fuerza Armada, el informe de la Comisión de
la verdad ha resultado muy inoportuno porque los comisionados no hicieron caso de sus presiones e incluyó los nombres de las instituciones y
de las personas responsables de graves hechos de violencia contra los
que encontró prueba suficiente. Pese a ello, lo que más les ha molestado
es que el informe desautorice la versión oficial sobre la guerra y sus
motivos y haya confirmado con su autoridad lo que ya se sabía sobre las
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Contaban con el silencio o con la versión distorsionada que con
la ayuda de la prensa escrita presentaron como realidad durante más de
una década.
Por todo ello, el gobierno, los militares y los políticos de la derecha
-e incluso un obispo- han desautorizado el informe en sí mismo, a
veces sin ni siquiera haberlo leído, y a los comisionados, lo cual es
contradictorio porque las partes fueron consultadas previamente y los
aceptaron. Así, a la Comisión se le encomendó investigar los hechos
graves de violencia ocurridos a partir de enero de 1980 y recomendar
las medidas legales, políticas y administrativas derivadas de los resultados de su investigación; las partes, por su lado, se comprometieron a
cumplir dichas recomendaciones sin restricción alguna.
Lo sorprendente no es el contenido del informe, sino que quienes
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aceptaron y dieron el mandato a La Comisión de La verdad se sientan
sorprendidos. No debe olvidarse que La Comisión se hizo necesaria porque el Estado salvadoreño sistemáticamente se negó a investigar Los
crímenes más horrendos de La década pasada y a Llevar a Los responsables ante Lajusticia. Sin duda, Los sorprendidos pensaron que la Comisión mantendría en términos generales la versión de los hechos que ellos
habían dado, porque resulta muy difícil aceptar que ellos también se
creyeron que lo que decían era verdad. Pero la realidad que pensaban
silenciada y tergiversada para siempre ha comenzado a aparecer en el
informe y se ha hecho pública nacional e internacionalmente. De ahí que
ante lo inevitable, ahora busquen el olvido oficial con la ley de amnist{a,
silenciar el informe con el desinterés gubernamental y La postergación
del cumplimiento de las recomendaciones que justifican con falta de
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recursos económicos y fundamento constitucional.
El rechazo, la desautorización y el olvido del informe obedecen a las
mismas razones por las cuales el Estado permitió que dentro de él surgiera otro Estado que ejerciera el poder reál, despojando a sus órganos
de todo el poder público. Por eso, conocer los nombres de las persona.s
que delinquieron y de las instituciones que lo permitieron es tan inoportuno ahora como lo fue antes. De hecho, en El Salvador la verdad y sus
testigos siempre han sido inoportunos, por eso, la primera no se ha
buscado y los segundos siempre han sido amedrentados, amenazados e
incluso eliminados físicamente. Argumentos como la confidencialidad o
la peligrosidad para la estabilidad del país son simples pretextos para
no confrontar la verdad. La conducta del presidente Cristiani en el caso
de los jesuitas y en otros casos, sobre todo sus omisiones, se puede
explicar por la inoportunidad de conocer la verdad.
Ciertamente, tal como señalan sus detractores con afán de desautorizar el informe, éste sólo contiene una muestra cuantitativa, pero pese a
lo que aquéllos quisieran, es suficientemente significativa como para
sacar conclusiones sólidas sobre la existencia y funcionamiento de prácticas sistemáticas de violencia intensa y brutal. Adicionalmente, la muestra presenta otro valor de considerable importancia. La Comisión nunca
definió qué consideraba hecho grave de violencia. Fue la población que
se acercó a ella la que denunció lo que según su apreciación debía ser
conocido en la Comisión por ser un hecho grave de violencia. Este criterio popular, sin duda, dejó fuera hechos violentos menos importantes,
pero quizás con mayor incidencia y número de víctimas. As(, el homicidio, en sus dos formas, la ejecución sumaria y la desaparición que termina en asesinato, acompañado de tortura, es la práctica que predomina
en la muestra.
Habría, pues, razones suficientes para ampliar la muestra y aproximarla al universo de hechos violentos. Sin embargo, la muestra que
constituye el fundamento del informe no descalifica su veracidad. Quienes pretenden desautorizarlo apoyados en este argumento, entre ellos el
presidente Cristiani, son los que con más energía han promovido y defendido la ley de amnistía, lo cual es contradictorio. Ampliar la investigación de los hechos violentos despejaría las dudas y haría que hubiese
más verdad, todo lo cual tendría un efecto muy saludable en la población que aún no ha hablado y significaría un paso adelante hacia la
reconciliación real.
Al valorar la objetividad del informe se debe considerar también la
autocensura que los comisionados se impusieron, cuyos criterios aparecen explicados con bastanle insistencia en el texto. Este rigor, por un
lado, es una garantía para quienes aparecen mencionados por su propio
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nombre; pero por el otro, ha producido vados notables como el de los
civiles que organizaron, dirigieron y-financiaron los escuadrones de la
muerte, uno de los instrumentos más devastadores de la violencia investigada, y el del gobierno de Estados Unidos con sus asesores polfticos y
militares, al no encontrar pruebas suficientemente sólidas. Tampoco se
puede pasar por alto la notable imprecisión con la que el informe atribuye las responsabilidades a los grupos integrantes del FMLN.
No obstante sus limitaciones, el informe es el texto de historia contemporánea del país más importante que todo salvadoreño debiera leer y
conocer, y, no tanto por lo que dice descriptivamente del pasado, sino
por el esfuerzo para identifi~ar los patrones estructurales de la violencia
y el encubrimiento, para romper con ellos y para mostrar las líneas
maestras de la transición hacia la democracia. Al mostrar una parte de
la realidad que había sido ocultada o tergiversada, el informe subvierte
el discurso oficial del gobierno, de la Fuerza Armada y de la derecha.
De ah( que el informe sea subversivo y desenmascarado,, pero también
liberador de la mentira y del pasado mismo, y en este sentido, generador
de historia. Es una victoria de la verdad contra la mentira.
2. Al fin la realidad toma la palabra
En el informe, la realidad salvadoreña oprimida por tantos años al
fin ha podido decir su palabra verdadera, relatando sus horrores y expresando exigencias para transformar las estructuras que promovieron,
toleraron y encubrieron tanta violencia injustamente. No cualquier realidad ha tomado la palabra, sino la realidad secularmente oprimida y
encubierta. La tesis fundamental que afirmaba que el FMLN era un grupo criminal, responsable de todos los males del país sin bien alguno,
mientras que la Fuerza Armada y el gobierno eran los defensores de
todos los bienes nacionales, sin mezcla de mal alguno, ha quedado desmentida.
Ha quedado demostrado que la violencia fue anterior a la existencia
del FMLN y aun a la guerra. Según el informe, la violencia no tiene su
origen en la guerra. Esta última sólo supone un incremento a partir de
unos patrones ya establecidos firmemente. Los homicidios comenzaron
antes de la guerra. Los patrones de violencia sistemática e indiscriminada más la inoperancia del sistema judicial, que forma parte activa de
este cuadro, se establecieron antes de 1980. Esto se explica porque la
violencia obedece a una manera muy particular de entender la práctica
poUtica en El Salvador: la doctrina de la seguridad nacional. Según esta
El grito de la muerte no ha caído en el vacío,
sino que ha sido recogido y lanzado públicamente.
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concepción el adversario ideológico o polftico podía y debla ser eliminado físicamente. Quienes sostuvieron esta idea y la pusieron en práctica
generaron una cultura de la violencia, en la cual la intolerancia extrema
era determinante. En este contexto, -Losescuadrones de la muerte, las
unidades paramilitares y los operativos militares de limpieza no fueron
más que los instrumentos utilizados para eliminar a los adversarios
como si estuvieran armados en el campo de batalla.
Los cr{menes no se explican, por lo tanto, como hechos aislados ni
son responsabilidad de civiles y, o militares fuera de sus cabales, sino
que obedecen a una polftica planificada y llevada a la práctica cuidadosamente por salvadoreños y asesores militares y políticos estadounidenses. Los treinta casos que aparecen analizados detalladamente en el informe tienen el único propósito de concretizar estas prácticas, poniendo
rostro tanto a las v{ctimas como a los victimarios. Lo importante no son
los casos, aunque sea lo que más polvareda ha levantado, sino el fracaso del Estado salvadoreño al permitir la consolidación de esta manera
de entender la polftica y al dejarse arrebatar el poder por los grupos de
civiles y militares que lo convirtieron en una fachada "democrática".
De la perversión del Estado no sólo es responsable la Fuerza Armada,
sino también el sistema judicial, al que la corrupción, la timidez y la
debilidad lo hicieron tan inoperante que ni siquiera pudo actuar eficazmente en los delitos atribuidos al FMLN, y los polfticos oportunistas de
todos los colores que, a través de alianzas con los militares, medraron
en provecho propio.
Aunque la Comisión de la verdad no fue más allá del ámbito polftico,
conviene recordar que la raíz última de la perversión del Estado salvadoreño se encuentra en el enriquecimiento ilícito. En el fondo, se trata
de acumular, retener y aumentar las riquezas mal habidas. Quizás la
Comisión de la verdad no fue más allá del ámbito polftico -aunque en
el informe hay algunos indicios- porque no quiso comprometer a civiles
que, además,pasan por ser "lo mejor" de la sociedad salvadoreña. Ellos
también son cómplices por su modo exclusivista y privilegiado de entender el pa{s y por su silencio.
Los sucesivos gobiernos salvadoreños (la junta, Magaña, Duarte y
Cristiani) y sus ministros de defensa (García, Vides Casanova, Larios y
Ponce), los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la prensa escrita y también los embajadores estadounidenses (Hinton, Pickering, Corr
y Walker), sus secretarios de Estado (Haig, Shultz, Baker) y sus presidentes (Reagan y Bush) tenían conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo e incluso lo toleraron, lo financiaron y lo ocultaron. Para la
mayor{a de ellos también era legítimo y usaron en vano el nombre de la
"democracia" para justificar la eliminación fisica de los adversarios
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políticos. Todos ellos conoclan la verdad, pero se callaron y encubrieron
los crímenes, supeditando la política (y su permanencia en el poder por
lo que respecta a los funcionarios salvadoreños) a la justicia, y muchas
veces, mintieron paladinamente para ocultar lo que sablan y hadan.
Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos son tan responsables
como los de El Salvador. Recordemos que sus ayudas financiera, diplomática y militar fueron fundamentales para que se llegara a los extremos de violencia y brutalidad narrados en el informe. Los gobiernos de
Reagan y Bush son responsables de una descarada violencia contra la
verdad y de un encubrimiento vergonzoso. Después de todo esto, resulta
increíble que algunos funcionarios actuales del gobierno de Washington
afirmen descaradamente que siempre estuvieron en favor de los derechos humanos, del diálogo, de la negociación y de la democracia. Ellos
también tienen necesidad de olvidar lo que dijeron e hicieron.
El FMLN también cayó en la aberración de aceptar que la erradicación de la injusticia y de la violencia de la sociedad justificaba en
algunas ocasiones la eliminación del enemigo, desconociendo los derechos a la vida y al debido proceso. El poder de las armas obnubiló el
análisis político y puso en serio peligro la dimensión humanitaria que
caracteriza su causa.
Ahora bien, en el informe la realidad no sólo ha tomado la palabra
para decir verdad, sino que lo ha hecho contradiciendo la mentira oficial masiva y mantenida.
El Estado salvadoreño lleva muchas décadas afirmando en su discurso La
preeminencia de la patria,
pero negándose a garantizar en La práctica una vida digna para Las mayorlas; de Dios, pero usando
su nombre en vano y pervirtiendo Lo religioso, al
recurrir a él para encubrir y hacer pasar lo malo
por bueno; de la unión,
pero obligando a una parte de los salvadoreños a
tomar las armas o abandonar el pa{s para defenderse de la violencia estatal; de la Libertad, pero
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eliminando físicamente a todos aquellos que no estaban de acuerdo con
el discurso oficial; de la democracia, pero impidiendo su mínimo ejercicio con elfraude electoral.
El informe ha desenmascarado la patria de los privilegiados,
excluyente de las mayorías y cuya defensa fue asumida por una alianza
nefasta de empresarios, políticos y militares, que mezcló sus ideas y
temores con intereses políticos y personales. Así, pues, el informe de la
Comisión no le quita la/ama a quienes señala como responsables de la
violencia, porque ellos mismos se la quitaron cuando pusieron las armas
y la justicia al servicio de la eliminación física de los adversarios y del
terror.
La verdad sobre la patria exige simultáneamente una patria nueva
para todos, donde la vida y la convivencia sean posibles. Las rabiosas
reacciones contra el informe, así como la ignorancia, los incumplimientos y los olvidos, buscan desautorizar este desenmascaramiento y, consecuentemente, su capacidad para romper con el pasado y para generar
una patria nueva.
El FMLN,fiel a su tradición humanista y ética y a la memoria de sus
caldos, no debiera volver a caer en la tentación de buscar un acomodo
fácil, comprometiendo la verdad, apoyado en la engañosa tesis de la
estabilidad. El lugar histórico del FMLN está al lado del pueblo empobrecido, desposeído y débil. Entonces, su mensaje es claro y su liderazgo
eficaz. Así ha sucedido al hacerse presente en pleno durante la represión
de la manifestación de los lisiados de guerra de ambos bandos, que
reclamaban el cumplimiento de la ley que los protege frente a casa
presidencial. En medio de la crisis, el FMLN apareció unido y hablando
el mismo lenguaje, el de los acuerdos de paz.
La gran lección del informe de la verdad es que el poder armado, el
predominio de lo militar sobre lo político, siempre tiende a deshumanizar a la sociedad y a las personas. La absolutización de los fines, de las
dirigencias y de los programas lleva a entender la pol{tica como guerra
de eliminación del adversario. La política sin ética transforma al adversario en enemigo sin rostro y sin derechos, volviéndose excluyente hasta
el extremo de imposibilitar la convivencia e incluso la vida misma.
La lucha por la democracia del futuro pasa por la reconstitución del
Estado en oposición a las prácticas de violencia, corrupción y fraude, y
a la cultura que esas prácticas introyectaron en toda una generación de
salvadoreños. Nuevas prácticas democráticas y justas generarán nueva
cultura, pero para eso hará falta luchar contra las fuerzas tenebrosas
que ofrecen resistencia y tiempo, quizás toda una generación. Por eso,
lo reiJ/mente importante no es la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera la de su presidente -aunque estas
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renuncias tendrlan un valor simbólico muy importante para la transición
democrática, porque sería reconocer el fracaso del sistema judicial y la
necesidad de emprender una reforma a fondo-, sino el compromiso con
la revisión profunda del derecho vigente y la reforma de todo el sistema
judicial. Reemplazar unos magistrados por otros con idéntica mentalidad y los mismos intereses no solucionaría la crisis planteada en el seno
del sistema judicial.
3. La tradición de la verdad
El informe de la verdad ha sido posible porque en El Salvador existe
una tradición larga y poderosa de denuncia y de verdad. El grito de la
muerte no ha caído en el vacfo, sino que ha sido recogido y lanzado públicamente. Muchos salvadoreños y muchas instituciones se convirtieron
en voz de los sin voz, convencidos de la necesidad ética de denunciar la
injusticia y de anunciar la verdad. No tuvieron miedo ni a los riesgos ni
a los conflictos que ese compromiso conllevaba, convencidos de que, a
largo plazo, la denuncia de la injusticia y el anuncio de la verdad eran
algo bueno y fruct(fero, y no se equivocaron. A causa de ello se ha
derramado mucha sangre, pero el bien producido ha sido enorme al dar
paso a una tradición de la palabra de verdad. Esta tradición no es un
regalo concedido desde arriba, sino que ha sido conquistado desde abajo.
la publicación del informe de la verdad muestra la fuerza de esta
tradición salvadoreña, que forzó a incluir en los acuerdos una comisión
de la verdad, a elaborar el informe mismo y a publicarlo. Los tres comisionados y su equipo técnico pusieron mucho de su parte para recoger
la información, analizarla, sistematizarla y finalmente escribir el informe, pero, en realidad, los miles de testigos -fundamentalmente las madres y los parientes más próximos de las víctimas- fueron quienes lo
escribieron al fin <!ecuentas. El autor del informe, por lo tanto, es el
pueblo salvadoreño que durante muchos largos años ha estado denunciando la violencia y ha luchado por sacar la verdad a la luz. Por eso
mismo, la documentación generada a raíz del informe le pertenece y
debiera estar pronto a su disposición; lo cual, por otro lado, sería de
mucha utilidad para que quienes se sienten ofendidos constaten la evidéncia que la Comisión reunió en su contra y le sirvió de fundamento
para señalarlos en su informe.
Muchísimos salvadoreños han hablado, incluidos miembros de la
Fuerza Armada y de los escuadrones de la muerte, y han relatado muchas cosas de las cuales fueron testigos presenciales. Al Ministro de
Defensa le consta el interés de la Comisión por localizar a los testigos
dentro del ejército, pues por su medio circularon las invitaciones para
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La amnistía otorgada no revierte nada,
no expresa la fuerza de lo nuevo, tampoco promueve
la transición, sino que expresa la miseria de lo viejo.
aclarar y declarar. Por otra parte, le consta cómo la Fuerza Armada, el
Ministerio de Defensa y él mismo se negaron a colaborar, pretextando
falta de archivos o simplemente no atendiendo los llamados de la Comisión. Pero pese a esta falta de colaboración y a la de la Corte Suprema
de Justicia, una parte de la verdad ha salido a la luz, gracias a las
denuncias de los familiares de las víctimas.
La negativa del presidente Cristiani a garantizar la seguridad de los
testigos de la Comisión que, por otro lado, es una obligación constitucional, muestra el débil compromiso con la verdad del gobierno actual.
En realidad, los testigos siempre han sido muy incómodos, como la verdad misma, para el gobierno de turno. Así se explica que éstos nunca
hayan promovido seriamente la investigación de los hechos violentos. Lo
normal ha sido tratar a los testigos como sospechosos e incluso como
criminales y, o delincuentes con tal de evitar su declaración. Esta postura de los gobiernos anteriores, reforzada por el actual, ha hecho que la
población desista y no acuda a las instancias gubernamentales obligadas por la ley a protegerla y a oír sus quejas y denuncias. En palabras
de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial
está diseñado para no funcionar. Por eso, es hipócrita exigir a la Comisión cumplir con procedimientos judiciales que los tribunales no cumplieron durante doce años.
Ahora bien, todav{a no se ha dicho todo. El informe muestra que
muchas cosas aún no han sido relatadas. La Comisión ha sido un instrumento muy eficaz para que los testigos comiencen a hablar, pero el
trabajo no ha concluido y, por lo tanto, debiera continuar por el bien del
país. La Comisión ha demostrado que si se genera confianza y credibilidad, los testigos aparecen y hablan. La empresa no es imposible.
En lugar de profundizar el surco abierto por la Comisión de la verdad,
el discurso oficial busca cerrarlo y olvidarlo. El informe ha puesto al gobierno, al ejército y a la derecha en un aprieto dificil. Entonces, no es
extraño que su reacción consista en defenderse, atacando con la prepotencia acostumbrada y desnaturalizando el informe, hablandode perdón
y olvido. I.a Fuerza Armada y la Corte Suprema de Justicia se han rasgado
las vestiduras hipócritamente y quisieran deshacerse del informe alegando
equívocamente su inconstitucionalidad e intervencionismo, ser contrario a
la reconciliación y a la soberanía nacional, buscar la destrucción de la
Fuerza Armada, etc. El presidente de la Corte Suprema de Justicia llegó al
extremo de calificarlo como una estupidez del poder ejecutivo.
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El ataque más eficaz y peligroso, sin embargo, proviene del presidente Cristiani, quien ha minimizado la trascendencia del informe no con la
combatividad burda de los otros miembros de su gobierno, sino con
aparente dignidad y sensatez poUtica. Cristiani no ignora el informe ni
lo desacredita, pero le niega toda eficacia para transformar la sociedad.
La amnistía, anunciada antes de conocer el informe, aprobada rápidamente por una minoría simple en la asamblea, que no se aplica a todos
por igual, pues no ha beneficiado a los respohsables de los asesinatos de
los marinos estadounidenses ni a los miembros de los cuerpos de seguridad que guardan prisión por crímenes que sus superiores les ordenaron,
es el recurso que el presidente ha encontrado para desarticular el potencial dinamizador del in/orme para la transición.
4. La amnistía: el olvido
El presidente Cristiani defiende la amnist{a como un bien para el
país y la equipara con el perdón cristiano, pero no ha podido mostrar de
qué manera este perdón legal expresa el perdón real, que sí es un bien
social, y además se contradice, pues si el informe carece de autoridad
por parcial, si es inconstitucional -tal como alegan algunos funcionarios de su gobier~
y falaz, la amnistía sería innecesaria. Si se teme
una acción judicial es porque hay fundamento suficiente para iniciarla y
sostenerla. Los términos absolutos en los cuales se ha concedido la amnistía reconocen implícitamente la verdad del informe.
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La amnistía es peligrosa porque pretende desvirtuar las posibilidades
y los beneficios sociales del informe. Ni el olvido ni el denostado recuerdo son en sí mismos buenos o malos, lo son dependiendo de cómo se
usan. Olvidar lo ocurrido cuando aún no han desaparecido las estructuras que lo permitieron es un mal social grave. El punto no es olvidar,
sino romper con el pasado. La amnistía no ayuda a esta ruptura, puesto
que, en sí misma, es un acto del pasado, concedida bajo la presión de
los militares y en su beneficio exclusivo. Históricamente es falso que
ayude a la reconciliación, porque los militares no tienen disposición
para enmendarse. Así, uno de los coroneles amnistiados, implicado en el
caso de los jesuitas, ya se había beneficiado de la amnistía de 1987,
pues también está implicado en la masacre de Las Hojas ( 1983 ).
Con toda razón, se ha dicho que la amnistía es para los perdonados
de siempre. La amnistía de Duarte de 1987, aparte de librar de responsabilidad a los militares implicados en hechos graves de violencia, no
impidió, tal como lo muestra el informe, que esos hechos se siguieran
produciendo. La amnistía es totalmente ineficaz como instrumento para
garantizar los derechos fundamentales. Por eso, la mejor manera para
deslegitimarla es ampliar la investigación y abrir los archivos de las
agencias gubernamentales estadounidenses sin censura previa. Entonces, se aclararán más hechos violentos graves, aparecerán más responsables, en una palabra, habrá más verdad y surgirá, simultáneamente, lo
absurdo de la amnistía. Esta coyuntura pone a prueba la tesis fundamental de la poUtica exterior del gobierno estadounidense actual, según
la cual los derechos humanos son centrales para dicha política.
La amnistía tampoco es un bien cristiano. Cristianamente, el perdón
se otorga con generosidad, pero sólo tras la confesión de los pecados.
Es convicción cristiana que esa confesión es algo bueno, no sólo ni principalmente por lo que tiene de oneroso, aunque indudablemente es una
pena mínima para reparar, sino por lo que tiene de liberador al dejar de
estar en la mentira. Nadie, excepto el FMI.N, ha pedido perdón, ni siquiera ha admitido que pudieron haberse cometido errores, por lo tanto,
nadie se ha dejado perdonar. Lo humanizante de la reconciliación no
radica en anular o disminuir el castigo justo, cosa por demás necesaria,
sino en la oferta y aceptación de perdón mutuo. Al anteponer salir con
bien de un posible castigo al perdón y la acogida se ha causado un daño
grave al país.
La amnistía es una oportunidad perdida para avanzar hacia la reconciliación tan necesaria como acto positivo de acogida y perdón mutuos. Más aún, trivializa el acto hondamente humano de pedir y otorgar
perdón, llegando al extremo de que la ley de amnistía establece que la
gracia concedida es obligatoria para el inculpado, de tal manera que
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aunque éste quisiera, no puede ponerse al margen de ella y enfrentar
judicialmente las responsabilidades que se le atribuyen. Está claro,
pues, que el Estado no desea correr riesgos y por eso no está dispuesto
a permitir que se ventilen los crímenes cometidos en la década pasada
en un juzgado.
El mensaje de la amnistía afirma que en El Salvador tanto los asesinos como el sistema social mismo estánfuera del alcance de la ley. Por
lo tanto, los primeros no serán molestados por la justicia y el segundo
no será perturbado, desatendiendo los males estructurales que hicieron
del Estado de derecho una fachada del poder real asesino. Al comprender en la gracia de la amnistía los delitos comunes presuntamente vinculados a la guerra, es decir, en la práctica, cualquier delito común, y los
cometidos por el sistema judicial, extralimitando con todo ello las facultades precisas establecidas por la Constitución, el gobierno está confirmando al país que nada bueno se puede esperar de lo legal, pues siempre favorece a los poderosos y actúa en contra de las mayorías desposeídas. Con toda razón, los pobres saben que sólo la ilegalidad los salva, tanto si se trata de conseguir un servicio _público como de pedir
justicia. Desde esta perspe.c..tbl.a,el país ha cambiado muy poco. A los
poderosos el Estado les concede con facilidad la amnistía, pero para los
pobres y desesperados quisiera la pena de muerte.
De esta forma, el presidente y la asamblea le están diciendo a la
población que no se moleste en analizar, en juzgar, en exigir responsabilidades, nuevas investigaciones o cumplir con las recomendaciones de la
Comisión. La amnistía en lugar de reforzar la confianza en las instituciones y en el derecho, más bien confirma la desconfianza. En realidad,
con esta ley, el gobierno quiere obligar a la población a resignarse a
sobrevivir como pueda, sin exigir mucho de las instituciones ni del derecho y, si es posible, en la ilegalidad, siempre y cuando no ponga en
peligro el orden establecido.
Además, la amnistía es una injusticia para con las víctimas, ante
quienes ningún gobierno ha mostrado sensibilidad. Es muy duro oír al
presidente de los salvadoreños hablar de injusticia cuando se piden
cuentas a los hechores, sin acordarse de las decenas de miles de víctimas, la inmensa mayoría de ellos jóvenes y niños. Toda una generación
de jóvenes cayó víctima de la violencia estatal. Así, en lugar de humanizar, la amnistía deshumaniza; en lugar de dar esperanza, genera desesperanza.
Internacionalmente, la amnistía coloca a El Salvador al margen del
concierto de naciones que reconoce que los crímenes de lesa humanidad
no son amnistiables. Independientemente de si el país se considera o no
obligado por el derecho internacional, su acción lo pone fuera de él.
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La publicación y la difusión del informe constituyen hechos fundantes
para revertir la dinámica de la mentira y del olvido. El perdón ofrecido
y aceptado también podría convertirse en un hecho fundamental para
revertir la dinámica del antagonismo, de la división y del odio. Pero la
amnistía otorgada no revierte nada, no expresa la fuerza de lo nuevo,
tampoco promueve la transición, sino que expresa la miseria de lo viejo,
el egoísmo del poder que siempre se aprovecha en beneficio propio exclusivamente.
Ante estas circunstancias, con mucha razón surge la pregunta de si el
sistema y el pa(s tienen solución, si al final todo continúa igual al salir
ganando los de siempre, si ha merecido la pena tanto sufrimiento. La
pregunta se vuelve más radical por el contexto de resignación, de desencanto y de pérdida de esperanza en el que se formula. De todo ello son
responsables, aunque de manera diversa, el gobierno y el FMLN. El
primero no cumple de acuerdo al ritmo acordado con sus compromisos,
más en concreto con la depuración del ejército, el despliegue de la nueva policía, la entrega de tierra, las recomendaciones de la Comisión de
la verdad. La Corte Suprema de Justicia no acepta su culpabilidad por
su desidia e irresponsabilidad, tampoco ofrece reparación alguna, sino
que se escuda en la prepotencia y el nacionalismo demagógico de su
presidente. La Fuerza Armada ni reconoce ni pide perdón, sino que
tergiversa y se muestra ofendida en su honra y dignidad como si ella
fuera la víctima. Los altos oficiales "patriotas" se retiran sin juicio, sin
responsabilidades, con grandes beneficios económicos y dejando asegurada la continuidad de su línea.
El FMLN no ha estado a la altura de las circunstancias y ha abandonado el liderazgo nacional de los acuerdos de paz y, concretamente, del
informe de la Comisión de la verdad y sus recomendaciones al intentar
pactar con Cristiani a escondidas mientras se discutía la depuración del
ejército, al dividirse y buscar cada grupo su propio medro político en el
contexto electoral. El pragmatismo ha estado a punto de dejar al proceso sin alternativas, al pueblo sin proyecto histórico y a las bases sin
dirigentes confiables.
Los espacios abiertos por la transición deben ser utilizados al máximo con una política más ofensiva por parte de la izquierda, para desde
ellos impulsar con energía la reconstitución del Estado y el imperio del
derecho. La izquierda debe retomar con mano firme el legado de la
guerra y el prestigio social y ético acumulado para dirigir a las mayo-
Avan7.aríamos con más facilidad si quienes tienen poder
lo ponen al servicio de quienes tienen esperan:za y si quienes
tienen esperanza señalan a la sociedad la dirección correcta.
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ESTUDIOS CENTROAMERICANOS
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r(as en la conquista de la democracia que, está demostrado, no le será
regalada desde arriba, sino que deberá ser conquistada desde abajo,
palmo a palmo. Limitarse voluntariamente a los espacios ofrecidos desde arriba, renunciando al protagonismo que corresponde a la izquierda,
es lo más ajeno a una estrategia racional y a la esperanza. Falta imaginación poUtica para mantener en primer plano los objetivos verdaderos
sin ceder a la dinámica del reclamo electoral inmediato.
El potencial transformador del proceso de transición y concretamente de la verdad quieren ser contrarrestados con la resignación, algo muy
necesario para la estabilidad que el dominador desea para imponerse y
conservar el _ordenestablecido. Pero para ello es necesario que lapoblación acepte que las cosas son as(, que no tiene sentido esperar cambios ni luchar por ellos. En una palabra, quiere matar la esperanza e
introyectar inevitabilidad en nombre de la racionalidad política.
No será fácil matar la esperanza del pueblo salvadoreño. Hay que
contar con su tradición de verdad y de esperanza, puesta a prueba en
una guerra larga, dura y cruel. De ah{ saldrán las energ{as para resistir
a las fuerzas contrarias a la transición y para apropiarse de las nuevas
posibilidades abiertas por los acuerdos. Hay que volver a las raíces
para no perder la identidad ni los principios pues, a la larga, la apuesta
ganadora será de la de los principios. Se trata de actuar con moderación y tolerancia, pero sin perder radicalismo ni identidad. En ambas
cosas, el pueblo salvadoreño ha dado lecciones profundas y ahí se encuentra
el fundamento de la esperanza.
S. La terquedad de la esperanza
La situación ha cambiado sin duda, pero no ha
cambiado tanto como para
afirmar que ya se ha cumplido lo establecido en los
acuerdos de paz y en las
recomendaci~nes ~ue diversos organismos internacionales han hecho reiteradamente al gobierno salvadoreño, por lo tanto, hay
que seguir trabajando y lu-
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ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA
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chando en esa dirección. La lucha entre la verdad y la mentira, entre la
justicia y la injusticia, entre el militarismo y la democracia continúa. El
cambio logrado y el respaldo que la verdad, la justicia y la democracia
han recibido facilitan esa lucha, pero de ninguna manera excusan de
continuar la tarea emprendida por el pueblo salvadoreño hace más de
doce años.
Ni los acuerdos ni las recomendaciones han generado aún una tradición que ayude a caminar en profundidad hacia las reformas estructurales indispensables para la democracia. Todavfafalta mucho para liberar
a la población del terror introyectado durante doce años. La práctica
democrática es imposible si el terror persiste. Los observadores internacionales podrán garantizar la limpieza de la formalidad electoral, pero
si la población vota aterrorizada, las elecciones no serán libres. Por ello
todav{a cabe preguntarse cómo hacer realidad histórica las posibilidades ofrecidas en los acuerdos de paz.
Para trabajar y luchar en la dirección correcta es necesario generar
esperanza. La fuerza real para caminar hacia y luchar por la utopfa de
la vida de todos, pero especialmente de las mayor{as empobrecidas y
despose{das, es la esperanza. La dirección fundamental ya está trazada
en los acuerdos y en las recomendaciones, pero caminar en esa dirección sigue siendo muy dif{cil por los obstáculos que ponen las fuerzas
contrarias a la utop{a de la vida. De ah{ la necesidad de lafuerza llamada esperanza. Avanzarfamos con más facilidad si quienes tienen poder
lo ponen al servicio de quienes tienen esperanza y si quienes tienen
esperanza señalan a la sociedad la dirección correcta.
No olvidemos que la esperanza y la utop{a del pueblo salvadoreño no
han sido generadas como conclusiones o extrapolaciones racionales de
una ideologfa o de una actividad polftica, sino como resultado de la dedicación, la entrega y el sacrificio para que las mayor{as vivan dignamente, de la proclamación y la lucha por la verdad y de los riesgos
corridos al enfrentarse a los opresores. A partir de todo ello, las mayor{as han captado la esperanza y la utop{a. La esperanza es la fuerza
para luchar por y orientar esa lucha hacia la utop{a, el mfnimo para
gozar de una vida digna, justa y fraterna.
En El Salvador, la esperanza ha producido muchos bienes, ciertamente, los acuerdos y las recomendaciones. No podemos permitir que
ahora nos quiten la esperanza para seguir luchando por todo ello o que
desaparezca su centralidad, sustituida por el optimismo moderado que,
en el mejor de los casos, nos llevarla al olvido y al pragmatismo. Este
último es necesario as{ como lo es el realismo, pero si desaparece la
esperanza, todas estas realidades también perderán su bondad especifica. Por eso es muy importante mantener la esperanza en El Salvador.
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Dom Pedro Casaldáliga dijo hace muy poco en el auditorio de la
universidad que nos pueden quitar muchas cosas, incluso la libertad,
pero sólo si nos quitan la esperanza nos lo quitan todo, porque en ella
está la fuerza para cambiar la sociedad y as( aproximarla a la utopía.
San Salvador, 20 de mayo de 1993.
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