"Aurora de una nueva República”

"Aurora de una nueva República” se denomina el “conjunto de hombres y mujeres preocupados por el presente y el futuro de la República y sus instituciones”, que hizo su presentación pública el miércoles 8. Estos son, por orden alfabético, algunos de sus miembros:

Marcos Aguinis. Funcionario del gobierno alfonsinista en el área de Cultura. Entre otros libros escribió la biografía del almirante Guillermo Brown, a pedido de la DAIA y como homenaje y donación al almirante Massera en 1977. En el diario La Nación alterna artículos en los que compara a Kirchner con Hitler y otros en los que considera antisemita cualquier cuestionamiento a las violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Israel.

Atilio Alterini. Juez civil y comercial, en 1976 prestó juramento por los estatutos golpistas. El brigadier Osvaldo Cacciatore lo designó director de asuntos jurídicos de la Municipalidad porteña, donde dictaminó en favor del despido de mujeres embarazadas y se refirió a la cesantía con la significativa expresión “acto eliminatorio”. Además convalidó el despido de una maestra detenida-desaparecida, por no presentarse a trabajar. Como miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, Alterini aprobó el contrato y los honorarios de Alterini como director del proyecto Digesto Jurídico Argentino. La auditoría del Ministerio de Justicia detectó “un gasto exagerado en contrataciones de personal temporario, con presunto criterio de favoritismo político”. Entre los beneficiarios figura su hermano, el juez Jorge Horacio Alterini, con una remuneración mensual de 3000 pesos.

Miguel Angel Espeche Gil. Asesor de Elisa Carrió y postulante al premio Nobel de la Paz por una doctrina sobre la ilegalidad de la deuda externa. Durante la dictadura que contrajo la masa fundacional de esa deuda era director de América del Norte en la Cancillería. Según los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, en 1977 se quejó en tono emocional al secretario de asuntos interamericanos Terence Todman por la falta de reconocimiento a las presuntas mejoras en la situación de los derechos humanos. En cambio calló cuando le pidieron explicaciones por el secuestro de las monjas francesas y las Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz. En 1978 protestó porque el embajador Raúl Castro dijo que la Argentina tenía mala imagen por las violaciones a los derechos humanos y no reconoció “los progresos realizados”. En 1979 intentó negociar en vano la libertad de Jacobo Timerman por elogios del gobierno de Carter a Videla. También justificó la detención de dirigentes sindicales en la Argentina porque así se garantizaba el derecho a trabajar.

Pablo Luis Manili. Como constitucionalista postula la prioridad de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo objeta la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de los indultos. Esto le ha valido el encomio del rancio académico Horacio García Belsunce y la Cámara Federal de San Martín lo citó para declarar válido el indulto al ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Riveros.

Horacio Sanguinetti. Director de asuntos jurídicos del ministerio del Interior durante la dictadura de Lanusse y asesor de gabinete del ministro Horacio Liendo durante la de Viola, datos que constan en su legajo oficial pero no en su curriculum que arranca con cautela en 1983, como si hubiera nacido con la democracia. Macri lo designó interventor del teatro Colón, cargo que debió dejar por el escándalo del alquiler para un show comercial de una marca de calzado de las pocas instalaciones utilizables en la caótica obra sin final a la vista.

Jorge Reinaldo Vanossi. Alternó entre la UCR y PRO. Como informante por la mayoría radical en el debate de la ley de obediencia debida este constitucionalista dijo que no usaría “capítulos de erudición ni excesivas citas, porque éste no es momento de pergaminos ni de entelequias intelectuales sino de realidades patéticas”. Agregó que “las cosas fueron como fueron” y es “ocioso entrar en bizantinismos jurídicos”. Ministro de Justicia durante la presidencia interina del ex senador Eduardo Duhalde dictaminó que los caceroleros incurrían en el delito de sedición.

Agustín Zbar. Legislador porteño de la UCR, en 1999 fundamentó la primera reforma al Código de Convivencia Urbano que devolvió a la Policía Federal la facultad de detener a los ciudadanos que antes dependía de fiscales o jueces, elevó de 10 a 30 días el plazo máximo de arresto y hasta prohibió hablar de sexo en la calle. Con un discurso muy parecido al que convalidó la ley de obediencia debida, dijo que “muy lamentablemente”, la nueva norma “debe ajustarse a las fuerzas del poder, y no podemos cumplir la misión más importante de un cuerpo legislativo y de la política, que es tratar de encauzar, de orientar la realidad, y no meramente de someterse a ella, de claudicar ante ella. Aun cuando esto vaya a convertir a muchas personas que ejercen una actividad lícita en víctimas de una norma”, que calificó como “de dudosa constitucionalidad, la misión más sagrada de esta Legislatura en el día de hoy, la razón de Estado, es evitar ese conflicto” con el gobierno nacional de Menem, que había firmado un decreto de reposición de los derogados edictos policiales.

Si así la defiende este águila guerrera, la República está a salvo.

HOracio Versvisky Pagina 12

Cómo los medios ocultan el mundo

Sandra Russo
Página 12

Este nuevo libro de Pascual Serrano establece de modo definitivo, con un catálogo estremecedor de hechos, la prueba del ADN de que los medios desinforman.” La frase es de Ignacio Ramonet, quien prologa Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo, que acaba de ser publicado en España. Ramonet es ese francés un poco respingado de Le Monde Diplomatique, a quien a su vez el propio Pascual Serrano admira porque le atribuye la noción de “pensamiento único”. Fue una frase que Ramonet usó en un Foro Social, y que prendió en todo el mundo para nombrar algo que todavía, antes de ser detectado y pasado a discurso, circulaba camuflado en el agua del neoliberalismo de los ’90.

Pascual Serrano, me gustaría presentarlo, es uno de los directores del periódico digital Rebelión, en el que diariamente se pueden leer algunos de los mejores artículos de política exterior y derechos humanos de todo el mundo. Y Pascual tiene una especialidad, una especificidad como intelectual de izquierda, y es detectar la trampa del poder en el lenguaje periodístico. Tiene un ojo entrenado como he visto pocos y una solidez admirable para transmitir sus hallazgos semánticos en textos breves que desvisten títulos, ediciones, formas de expresión, fotos, secuencias de información.

De eso se trata su nuevo libro, pero lo que es verdaderamente nuevo y necesario es el enfoque del trabajo de Serrano. Porque vivimos un tiempo en el que los circuitos de la información se han llenado de dinero. La información ya no es sólo poder, sino capacidad económica para escindir el poder de la política. La libertad de la economía para subordinar a la política a sus intereses específicos es la libertad central que se defiende en el coloquio al que fueron a hablar los Vargas Llosa.

Pero precisamente a propósito de sus presuntas detenciones o retenciones en el aeropuerto, que no fueron más que trámites migratorios largos, y del operativo mediático increíble que se montó en la Argentina, donde el aire preelectoral es el cultivo en el que crecen los hongos informativos, es oportuno hacer pie en el trabajo de Serrano. En el mundo del capitalismo globalizado, la información que circula por los grandes medios construye diariamente un mundo paralelo a su antojo, hundiendo a los espectadores, oyentes y lectores en los velos de ese mundo paralelo, en el que fue detenido Mario Vargas Llosa al llegar a Venezuela. Eso jamás ocurrió, pero es lo de menos. Se monta la estantería mediática de los hechos y se pone a hablar a todo el mundo como si lo que no ocurrió hubiera ocurrido, y después sólo se debe repetir las declaraciones: una ficción está siendo consumida como información.

La semana pasada, Serrano publicó un artículo en el que afirma que “sólo se puede llegar a la conclusión de que en Venezuela hay un empresario de apellido Chávez que compra bancos. Para los medios no es que el Estado venezolano haya comprado el Banco de Santander, ha sido Chávez quien ha sacado los millones de su bolsillo y se lo ha quedado. Es curiosa la sintonía de todos los medios: Agencia AFP: Grupo Santander vende a Chávez el Banco de Venezuela por 1050 millones de dólares, El Mundo: Santander vende a Chávez su filial en Venezuela por 750 millones, EFE en Heraldo de Soria: El Santander acuerda la venta del Banco de Venezuela a Chávez, RTVE: El Santander vende a Chávez su filial en Venezuela por 750 millones, El País: El Santander vende su filial venezolana a Chávez por 750 millones. Y, por si no fuera poco, El Mundo llega a titular Chávez se convierte en el primer banquero de Venezuela.”

Los medios sustraen al Estado venezolano del escenario significante. Atribuyéndole a Chávez un personalismo propio de la presunta dictadura que describen, son los propios medios los que se niegan a entrar en la lógica de un Estado democrático y soberano. “En El País del día siguiente, ya ni siquiera Chávez compra el banco, se lo entregan: ‘El Santander entrega el Banco de Venezuela a Chávez por 755 millones’.”

Quizá sea necesaria esta manipulación informativa del proceso venezolano, ya que lo que está haciendo el gobierno de Chávez es lo mismo que hacen otros gobiernos. Por eso debe ser narrado de otra manera. “Los estados están comprando acciones de los bancos, es decir, nacionalizando. Medio año antes, Bush anunció la compra de acciones en nueve de los mayores bancos del país por un total de 250.000 millones de dólares. Claro que, entonces, el dueño ya no era el presidente, por eso titulaban EE.UU. negocia la nacionalización de hasta el 40 por ciento de Citigroup (El País 22-2-2009) o EE.UU. baraja nacionalizar parte de la banca (Público 9-20-2008). No publicaban que Obama negocia la compra o Bush baraja comprar.

El objetivo preciso, discursivo, es evitar “la asociación entre Hugo Chávez como legítimo representante de los venezolanos y convertir las decisiones de su gobierno en iniciativas personales y, si es posible, que las audiencias crean que el banco se lo queda Chávez para él”. Un ejemplo, apenas, del mundo paralelo que crean los medios, para no responder por el mundo que ocultan.