Periodista, vinculado desde hace 30 años a Radiotelevisión Española. En la actualidad está adscri... more Periodista, vinculado desde hace 30 años a Radiotelevisión Española. En la actualidad está adscrito al programa Informe Semanal. En 2004 es nombrado asesor y redactor del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de titularidad del Estado (Consejo de Sabios). Fundador y presidente de AIDEKA, colectivo de profesionales y académicos que destaca por sus informes sobre el tratamiento informativo de la Radiotelevisión pública. Investigador en comunicación audiovisual. Imparte cursos de comunicación audiovisual para organizaciones y colectivos sociales. Es coautor del libro Comunicación informativa en la sociedad de la información (UNED 2003).
Informe del grupo de estudios Teledetodos sobre el estado de la comunicación audiovisual en Españ... more Informe del grupo de estudios Teledetodos sobre el estado de la comunicación audiovisual en España y propuestas para su regeneración democrática.
El dictamen parte de dos principios básicos, una apuesta decidida por la comunicación de servicio público y la convicción de que para tener una mirada critica antes hay que estar dispuestos a edificar. Los promotores de este informe tenemos ideas comunes, pero también diversas sobre el modelo de Radiotelevisión pública, pero si en algo coincidimos plenamente es en la necesidad de abrir un debate con la ciudadanía y con los grupos políticos que pueden determinar un modelo democrático, sostenible y de calidad que ya no puede esperar por más tiempo.
Nuestras propuestas están meditadas y fundamentadas, pero sin lugar a dudas pueden ser enmendadas, corregidas y mejoradas. Hemos hecho el esfuerzo de elaborar un documento que pueda servir de base para la reflexión y el debate públicos. De ese intercambio de ideas puede que surja por fin la posibilidad de conseguir entre todos una auténtica Radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.
El Dictamen constata el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro.
Se propone un gran pacto social: un auténtico contrato con la ciudadanía más allá del acuerdo entre partidos, que permita que los ciudadanos se apropien y controlen el servicio público.
Este pacto debe estar basado en primar la rentabilidad social sobre la económica, con total transparencia financiera. En su marco debe producirse la transformación de la radiotelevisión pública en un Servicio Público Multimedia.
El informe propone un cambio cualitativo de la gobernanza, con auténticos Consejos Audiovisuales independientes y mediante la participación de la sociedad civil a través de Consejos Sociales y una plataforma interactiva de Ciudadanos por el Servicio Público. Los Consejos Sociales propondrían la mitad más uno de los integrantes de los Consejos de Administración y el resto los grupos parlamentarios, exigiéndose para su nombramiento una mayoría cualificada de 2/3 de los votos parlamentarios. El máximo responsable de la gestión sería un Director General, elegido por el Consejo de Administración por concurso público. La participación profesional se realizaría a través de unos Consejos de Informativos reforzados, unos nuevos Consejo de Programación y un Estatuto de la Carrera Profesional.
Con la vista puesta en un sistema integral y cooperativo de tipo federal, se proponen mecanismos de asociación y coordinación de RTVE y los organismos autonómicos. Fruto de este proceso sería la creación de un nuevo canal generalista de ámbito estatal, bilingüe y con desconexiones territoriales.
Se aboga por una financiación pública transparente, suficiente y sostenible, teniendo por fuente fundamental el canon por el uso del espectro radioeléctrico, dedicando el pago pagado por los operadores privados a un fondo de reserva y capitalización e incorporando a la declaración del IRPF una casilla informando al contribuyente sobre su aportación concreta a la financiación del servicio público. Se propone mantener por el momento sin publicidad RTVE, pero mantenerla en los canales públicos autonómicos.
Periodista, vinculado desde hace 30 años a Radiotelevisión Española. En la actualidad está adscri... more Periodista, vinculado desde hace 30 años a Radiotelevisión Española. En la actualidad está adscrito al programa Informe Semanal. En 2004 es nombrado asesor y redactor del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de titularidad del Estado (Consejo de Sabios). Fundador y presidente de AIDEKA, colectivo de profesionales y académicos que destaca por sus informes sobre el tratamiento informativo de la Radiotelevisión pública. Investigador en comunicación audiovisual. Imparte cursos de comunicación audiovisual para organizaciones y colectivos sociales. Es coautor del libro Comunicación informativa en la sociedad de la información (UNED 2003).
Informe del grupo de estudios Teledetodos sobre el estado de la comunicación audiovisual en Españ... more Informe del grupo de estudios Teledetodos sobre el estado de la comunicación audiovisual en España y propuestas para su regeneración democrática.
El dictamen parte de dos principios básicos, una apuesta decidida por la comunicación de servicio público y la convicción de que para tener una mirada critica antes hay que estar dispuestos a edificar. Los promotores de este informe tenemos ideas comunes, pero también diversas sobre el modelo de Radiotelevisión pública, pero si en algo coincidimos plenamente es en la necesidad de abrir un debate con la ciudadanía y con los grupos políticos que pueden determinar un modelo democrático, sostenible y de calidad que ya no puede esperar por más tiempo.
Nuestras propuestas están meditadas y fundamentadas, pero sin lugar a dudas pueden ser enmendadas, corregidas y mejoradas. Hemos hecho el esfuerzo de elaborar un documento que pueda servir de base para la reflexión y el debate públicos. De ese intercambio de ideas puede que surja por fin la posibilidad de conseguir entre todos una auténtica Radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.
El Dictamen constata el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro.
Se propone un gran pacto social: un auténtico contrato con la ciudadanía más allá del acuerdo entre partidos, que permita que los ciudadanos se apropien y controlen el servicio público.
Este pacto debe estar basado en primar la rentabilidad social sobre la económica, con total transparencia financiera. En su marco debe producirse la transformación de la radiotelevisión pública en un Servicio Público Multimedia.
El informe propone un cambio cualitativo de la gobernanza, con auténticos Consejos Audiovisuales independientes y mediante la participación de la sociedad civil a través de Consejos Sociales y una plataforma interactiva de Ciudadanos por el Servicio Público. Los Consejos Sociales propondrían la mitad más uno de los integrantes de los Consejos de Administración y el resto los grupos parlamentarios, exigiéndose para su nombramiento una mayoría cualificada de 2/3 de los votos parlamentarios. El máximo responsable de la gestión sería un Director General, elegido por el Consejo de Administración por concurso público. La participación profesional se realizaría a través de unos Consejos de Informativos reforzados, unos nuevos Consejo de Programación y un Estatuto de la Carrera Profesional.
Con la vista puesta en un sistema integral y cooperativo de tipo federal, se proponen mecanismos de asociación y coordinación de RTVE y los organismos autonómicos. Fruto de este proceso sería la creación de un nuevo canal generalista de ámbito estatal, bilingüe y con desconexiones territoriales.
Se aboga por una financiación pública transparente, suficiente y sostenible, teniendo por fuente fundamental el canon por el uso del espectro radioeléctrico, dedicando el pago pagado por los operadores privados a un fondo de reserva y capitalización e incorporando a la declaración del IRPF una casilla informando al contribuyente sobre su aportación concreta a la financiación del servicio público. Se propone mantener por el momento sin publicidad RTVE, pero mantenerla en los canales públicos autonómicos.
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El dictamen parte de dos principios básicos, una apuesta decidida por la comunicación de servicio público y la convicción de que para tener una mirada critica antes hay que estar dispuestos a edificar. Los promotores de este informe tenemos ideas comunes, pero también diversas sobre el modelo de Radiotelevisión pública, pero si en algo coincidimos plenamente es en la necesidad de abrir un debate con la ciudadanía y con los grupos políticos que pueden determinar un modelo democrático, sostenible y de calidad que ya no puede esperar por más tiempo.
Nuestras propuestas están meditadas y fundamentadas, pero sin lugar a dudas pueden ser enmendadas, corregidas y mejoradas. Hemos hecho el esfuerzo de elaborar un documento que pueda servir de base para la reflexión y el debate públicos. De ese intercambio de ideas puede que surja por fin la posibilidad de conseguir entre todos una auténtica Radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.
El Dictamen constata el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro.
Se propone un gran pacto social: un auténtico contrato con la ciudadanía más allá del acuerdo entre partidos, que permita que los ciudadanos se apropien y controlen el servicio público.
Este pacto debe estar basado en primar la rentabilidad social sobre la económica, con total transparencia financiera. En su marco debe producirse la transformación de la radiotelevisión pública en un Servicio Público Multimedia.
El informe propone un cambio cualitativo de la gobernanza, con auténticos Consejos Audiovisuales independientes y mediante la participación de la sociedad civil a través de Consejos Sociales y una plataforma interactiva de Ciudadanos por el Servicio Público. Los Consejos Sociales propondrían la mitad más uno de los integrantes de los Consejos de Administración y el resto los grupos parlamentarios, exigiéndose para su nombramiento una mayoría cualificada de 2/3 de los votos parlamentarios. El máximo responsable de la gestión sería un Director General, elegido por el Consejo de Administración por concurso público. La participación profesional se realizaría a través de unos Consejos de Informativos reforzados, unos nuevos Consejo de Programación y un Estatuto de la Carrera Profesional.
Con la vista puesta en un sistema integral y cooperativo de tipo federal, se proponen mecanismos de asociación y coordinación de RTVE y los organismos autonómicos. Fruto de este proceso sería la creación de un nuevo canal generalista de ámbito estatal, bilingüe y con desconexiones territoriales.
Se aboga por una financiación pública transparente, suficiente y sostenible, teniendo por fuente fundamental el canon por el uso del espectro radioeléctrico, dedicando el pago pagado por los operadores privados a un fondo de reserva y capitalización e incorporando a la declaración del IRPF una casilla informando al contribuyente sobre su aportación concreta a la financiación del servicio público. Se propone mantener por el momento sin publicidad RTVE, pero mantenerla en los canales públicos autonómicos.
El dictamen parte de dos principios básicos, una apuesta decidida por la comunicación de servicio público y la convicción de que para tener una mirada critica antes hay que estar dispuestos a edificar. Los promotores de este informe tenemos ideas comunes, pero también diversas sobre el modelo de Radiotelevisión pública, pero si en algo coincidimos plenamente es en la necesidad de abrir un debate con la ciudadanía y con los grupos políticos que pueden determinar un modelo democrático, sostenible y de calidad que ya no puede esperar por más tiempo.
Nuestras propuestas están meditadas y fundamentadas, pero sin lugar a dudas pueden ser enmendadas, corregidas y mejoradas. Hemos hecho el esfuerzo de elaborar un documento que pueda servir de base para la reflexión y el debate públicos. De ese intercambio de ideas puede que surja por fin la posibilidad de conseguir entre todos una auténtica Radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.
El Dictamen constata el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro.
Se propone un gran pacto social: un auténtico contrato con la ciudadanía más allá del acuerdo entre partidos, que permita que los ciudadanos se apropien y controlen el servicio público.
Este pacto debe estar basado en primar la rentabilidad social sobre la económica, con total transparencia financiera. En su marco debe producirse la transformación de la radiotelevisión pública en un Servicio Público Multimedia.
El informe propone un cambio cualitativo de la gobernanza, con auténticos Consejos Audiovisuales independientes y mediante la participación de la sociedad civil a través de Consejos Sociales y una plataforma interactiva de Ciudadanos por el Servicio Público. Los Consejos Sociales propondrían la mitad más uno de los integrantes de los Consejos de Administración y el resto los grupos parlamentarios, exigiéndose para su nombramiento una mayoría cualificada de 2/3 de los votos parlamentarios. El máximo responsable de la gestión sería un Director General, elegido por el Consejo de Administración por concurso público. La participación profesional se realizaría a través de unos Consejos de Informativos reforzados, unos nuevos Consejo de Programación y un Estatuto de la Carrera Profesional.
Con la vista puesta en un sistema integral y cooperativo de tipo federal, se proponen mecanismos de asociación y coordinación de RTVE y los organismos autonómicos. Fruto de este proceso sería la creación de un nuevo canal generalista de ámbito estatal, bilingüe y con desconexiones territoriales.
Se aboga por una financiación pública transparente, suficiente y sostenible, teniendo por fuente fundamental el canon por el uso del espectro radioeléctrico, dedicando el pago pagado por los operadores privados a un fondo de reserva y capitalización e incorporando a la declaración del IRPF una casilla informando al contribuyente sobre su aportación concreta a la financiación del servicio público. Se propone mantener por el momento sin publicidad RTVE, pero mantenerla en los canales públicos autonómicos.