Como era previsible la Corte Suprema del Perú declaró procedente la extradición de la abogada Mónica Feria detenida por la Interpol el 28 de Diciembre en Alemania. ¿Las imputaciones? Ser “…autora de los delitos contra la tranquilidad pública en las modalidades de apología del delito y terrorismo en agravio del Estado Peruano”.
Pero, ¿quién es la nueva extraditable y por qué concita tanta atención de los medios (des)informativos y de algunos sectores del establishment político? Su nombre completo es Jesús Mónica Feria Tinta y salió a la palestra internacional cuando en Junio de 1997 se acercó a la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado Peruano por la masacre, ejecución extrajudicial y torturas contra prisioneros por subversión en el Penal “Miguel Castro Castro” (Canto Grande - Lima), efectuado entre el 6 al 9 de Mayo de 1992. En esos aciagos días de la matanza de prisioneros, ella estuvo encarcelada en el Pabellón de Mujeres 1A de dicho centro penal supuestamente por ser colaboradora de Sendero ( fue detenida el 13 de abril del 92 por el delito de “haber ayudado a periodistas británicos a que entrevisten a una columna guerrillera de Sendero Luminoso en Ayacucho”). Fue, por consiguiente, una de las sobrevivientes de la “barbarie de Castro Castro” y testigo presencial de primera fila de este ataque militar contra indefensos prisioneros.
Tras haber estado un año y tres meses encarcelada (en las peores condiciones que puede sufrir un inculpado por “terrorismo”) un tribunal sin rostro la absolvió por insuficiencia de pruebas. En 1993 viajó a Inglaterra donde se dedicó a los estudios de post grado, particularmente, del Derecho Internacional y a la defensa legal de las víctimas de la represión del régimen fujimontesinista. Por esta labor de defensa de los Derechos Humanos la fundación Gruber de Georgetown University Law Center en Washington, le otorgó, el 10 de octubre del 2007, el “Premio Justicia”.
El reconocimiento internacional a su indoblegable lucha contra las violaciones de los DDHH (no solo del Perú sino también de otras partes del mundo), desató las iras de toda la clase política que sostiene al actual régimen apro-fujimontesinista -y por supuesto de todo su soporte mediático- que no le perdona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado Peruano por los crímenes de Castro Castro. Por ello no tuvieron mejor idea que reavivar el viejo juicio de “apología del terrorismo” -del cual ya había sido absuelta- y pedir su captura internacional (hecho que fue consumado luego de las ultimas fiestas de Navidad) y, ahora, su extradición al Perú.
La intencionalidad de socavar la imagen de la abogada internacionalista es más transparente que las aguas diáfanas de un manantial andino. Por ello no sorprende que la ministra de Justicia Rosario Fernández declare que este caso es “tan emblemático” y que “el Estado no puede darse el lujo que (la extradición) se quiebre por vencimiento de plazos”. Ahora –para la Justicia Peruana- todo está sobre rieles. El problema, sin embargo, es que hasta el momento no se conoce si el tipo penal que se le imputa es “pertenencia a la organización senderista, colaboración, apología o actos concretos de violencia”, como muy bien lo ha señalado el doctor Marcos Ibazeta (ex presidente de la Sala Penal para casos de Terrorismo).
Los “delitos” por los que se los quiere castigar a Mónica Feria no pueden ser otros mas que haber sobrevivido al infierno de la masacre del penal Castro Castro (Canto Grande) y haber tenido el coraje de denunciar a los principales responsables de este genocidio político: Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El primero como jefe de Estado, el segundo como jefe de los servicios de inteligencia. Mónica Feria preparó para tal fin 564 páginas de alegatos, exponiendo y presentado pruebas de que los hechos ocurridos en el penal de Castro Castro fue un asalto militar (con participación conjunta de las fuerzas especiales de la policía y de las fuerzas armadas ) planificado y ordenado desde los más alto del poder con la intención de exterminar a los presos y no un ataque provocado por un motín, tal como habían asegurado hasta el cansancio, los funcionarios del régimen. También había logrado recopìlar un legajo de 700 páginas en el que se exponían los mil y un actos de torturas a los que fueron sometidos todos los sobrevivientes de la masacre.
Su relato no puede ser más estremecedor: “La masacre empezó a las cuatro de la madrugada del 6 de mayo con una fuerte explosión. Hicieron uso de granadas, cohetes y helicópteros para entrar en la cárcel que tenía 548 reclusos. El pabellón 1A albergaba a aproximadamente 130 reclusas, entre ellas varias embarazadas y ancianas. Las fuerzas de seguridad aplicaron gases de fósforo blanco contra nosotras y terminaron la demolición del pabellón lanzando cohetes desde un helicóptero. Muchos lograron escaparse. Yo gateé sobre mis codos encima de cadáveres todavía calientes y cubiertos de sangre. Varios reos fueron fusilados por francotiradores. En la noche del 7 de mayo el pabellón fue destruido piso por piso mediante bombas y explosivos. Sacaron a los heridos pero sólo para dejarles morir fuera. Cuando los presos y presas salieron del pabellón el 9 de mayo después de cuatro días de ataque, privados de su sueño, sin agua y alimentos, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los presos indefensos. Las mujeres presas que fueron trasladadas al hospital en camiones fueron expuestas a violencia indecible perpetrada por hombres encapuchados; los hombres presos que habían sobrevivido permanecieron sin atención médica por casi dos semanas. Todos los sobrevivientes fueron sometidos a torturas sistemáticas: a un sistema de muerte lenta.”
Desde que comenzó el operativo (cínicamente denominado “Mudanza I”) Fujimori estuvo al tanto desde el Pentagonito conjuntamente con su Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares. El día 10 (fecha en que finalmente acabó la masacre) se apersonó a la semi derruida cárcel para constatar in situ los efectos del ataque aprobando los resultados. Y los resultados fueron éstos: 43 muertos, 184 heridos y un número indeterminado (pero mucho mayor que muertos y heridos) expuestos a torturas en las diferentes cárceles a donde fueron trasladados.
Si se llegó a saber la verdad de la “matanza de Canto Grande” (o Castro Castro) fue en gran parte producto del trabajo y la perseverancia de Mónica Feria. Y esto no se lo pueden perdonar nunca las élites de poder y sus representantes enquistados en todo el andamiaje del Estado represor. Y por eso toda esta bullaranga de la extradición que han armado y que tendrá como triste final ser solo eso: una bullaranga.
Pero, ¿quién es la nueva extraditable y por qué concita tanta atención de los medios (des)informativos y de algunos sectores del establishment político? Su nombre completo es Jesús Mónica Feria Tinta y salió a la palestra internacional cuando en Junio de 1997 se acercó a la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado Peruano por la masacre, ejecución extrajudicial y torturas contra prisioneros por subversión en el Penal “Miguel Castro Castro” (Canto Grande - Lima), efectuado entre el 6 al 9 de Mayo de 1992. En esos aciagos días de la matanza de prisioneros, ella estuvo encarcelada en el Pabellón de Mujeres 1A de dicho centro penal supuestamente por ser colaboradora de Sendero ( fue detenida el 13 de abril del 92 por el delito de “haber ayudado a periodistas británicos a que entrevisten a una columna guerrillera de Sendero Luminoso en Ayacucho”). Fue, por consiguiente, una de las sobrevivientes de la “barbarie de Castro Castro” y testigo presencial de primera fila de este ataque militar contra indefensos prisioneros.
Tras haber estado un año y tres meses encarcelada (en las peores condiciones que puede sufrir un inculpado por “terrorismo”) un tribunal sin rostro la absolvió por insuficiencia de pruebas. En 1993 viajó a Inglaterra donde se dedicó a los estudios de post grado, particularmente, del Derecho Internacional y a la defensa legal de las víctimas de la represión del régimen fujimontesinista. Por esta labor de defensa de los Derechos Humanos la fundación Gruber de Georgetown University Law Center en Washington, le otorgó, el 10 de octubre del 2007, el “Premio Justicia”.
El reconocimiento internacional a su indoblegable lucha contra las violaciones de los DDHH (no solo del Perú sino también de otras partes del mundo), desató las iras de toda la clase política que sostiene al actual régimen apro-fujimontesinista -y por supuesto de todo su soporte mediático- que no le perdona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado Peruano por los crímenes de Castro Castro. Por ello no tuvieron mejor idea que reavivar el viejo juicio de “apología del terrorismo” -del cual ya había sido absuelta- y pedir su captura internacional (hecho que fue consumado luego de las ultimas fiestas de Navidad) y, ahora, su extradición al Perú.
La intencionalidad de socavar la imagen de la abogada internacionalista es más transparente que las aguas diáfanas de un manantial andino. Por ello no sorprende que la ministra de Justicia Rosario Fernández declare que este caso es “tan emblemático” y que “el Estado no puede darse el lujo que (la extradición) se quiebre por vencimiento de plazos”. Ahora –para la Justicia Peruana- todo está sobre rieles. El problema, sin embargo, es que hasta el momento no se conoce si el tipo penal que se le imputa es “pertenencia a la organización senderista, colaboración, apología o actos concretos de violencia”, como muy bien lo ha señalado el doctor Marcos Ibazeta (ex presidente de la Sala Penal para casos de Terrorismo).
Los “delitos” por los que se los quiere castigar a Mónica Feria no pueden ser otros mas que haber sobrevivido al infierno de la masacre del penal Castro Castro (Canto Grande) y haber tenido el coraje de denunciar a los principales responsables de este genocidio político: Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El primero como jefe de Estado, el segundo como jefe de los servicios de inteligencia. Mónica Feria preparó para tal fin 564 páginas de alegatos, exponiendo y presentado pruebas de que los hechos ocurridos en el penal de Castro Castro fue un asalto militar (con participación conjunta de las fuerzas especiales de la policía y de las fuerzas armadas ) planificado y ordenado desde los más alto del poder con la intención de exterminar a los presos y no un ataque provocado por un motín, tal como habían asegurado hasta el cansancio, los funcionarios del régimen. También había logrado recopìlar un legajo de 700 páginas en el que se exponían los mil y un actos de torturas a los que fueron sometidos todos los sobrevivientes de la masacre.
Su relato no puede ser más estremecedor: “La masacre empezó a las cuatro de la madrugada del 6 de mayo con una fuerte explosión. Hicieron uso de granadas, cohetes y helicópteros para entrar en la cárcel que tenía 548 reclusos. El pabellón 1A albergaba a aproximadamente 130 reclusas, entre ellas varias embarazadas y ancianas. Las fuerzas de seguridad aplicaron gases de fósforo blanco contra nosotras y terminaron la demolición del pabellón lanzando cohetes desde un helicóptero. Muchos lograron escaparse. Yo gateé sobre mis codos encima de cadáveres todavía calientes y cubiertos de sangre. Varios reos fueron fusilados por francotiradores. En la noche del 7 de mayo el pabellón fue destruido piso por piso mediante bombas y explosivos. Sacaron a los heridos pero sólo para dejarles morir fuera. Cuando los presos y presas salieron del pabellón el 9 de mayo después de cuatro días de ataque, privados de su sueño, sin agua y alimentos, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los presos indefensos. Las mujeres presas que fueron trasladadas al hospital en camiones fueron expuestas a violencia indecible perpetrada por hombres encapuchados; los hombres presos que habían sobrevivido permanecieron sin atención médica por casi dos semanas. Todos los sobrevivientes fueron sometidos a torturas sistemáticas: a un sistema de muerte lenta.”
Desde que comenzó el operativo (cínicamente denominado “Mudanza I”) Fujimori estuvo al tanto desde el Pentagonito conjuntamente con su Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares. El día 10 (fecha en que finalmente acabó la masacre) se apersonó a la semi derruida cárcel para constatar in situ los efectos del ataque aprobando los resultados. Y los resultados fueron éstos: 43 muertos, 184 heridos y un número indeterminado (pero mucho mayor que muertos y heridos) expuestos a torturas en las diferentes cárceles a donde fueron trasladados.
Si se llegó a saber la verdad de la “matanza de Canto Grande” (o Castro Castro) fue en gran parte producto del trabajo y la perseverancia de Mónica Feria. Y esto no se lo pueden perdonar nunca las élites de poder y sus representantes enquistados en todo el andamiaje del Estado represor. Y por eso toda esta bullaranga de la extradición que han armado y que tendrá como triste final ser solo eso: una bullaranga.
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