Perspectivas sobre el desarrollo sostenible en Colombia
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A partir de la identificación de los retos para Colombia y los países signatarios de la Agenda 2030, este texto analiza los avances en la implementación efectiva de los ODS y las metas en mención desde diferentes perspectivas de interés como la economía circular, la minería sostenible, la movilidad sostenible, la energía marina, el cambio climático y la inversión, la democratización ambiental, el manejo del recurso hídrico, la regulación de las energías renovables y la transición energética justa.
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Perspectivas sobre el desarrollo sostenible en Colombia - Lyndon W. Jay Huffington
CAPÍTULO PRIMERO
LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR COMO MOTOR DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA
CAROLINA MONTES CORTÉS*
INTRODUCCIÓN
En la desesperada carrera por encontrar una solución competitiva que le permita a la comunidad internacional continuar con su desarrollo económico mientras le hace frente a la acelerada degradación y agotamiento de los recursos naturales, han surgido diferentes propuestas como: 1) apostarle a un desarrollo sostenible; 2) aplicar el principio de responsabilidad extendida del productor y 3) adoptar el sistema de economía circular, entre otras tantas que buscan generar un efecto positivo sobre el medio ambiente. Al parecer, la solución, además de requerir el impulso de diversas iniciativas enfocadas en la sostenibilidad, depende, en gran medida, del compromiso de los países con las estrategias diseñadas para la prevención de la contaminación y la reparación de los daños ambientales. En este capítulo describimos cómo la integración de la responsabilidad extendida del productor a la estrategia de economía circular puede contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible.
Por décadas, la sociedad ha adoptado un modelo económico cimentado en la extracción insostenible de recursos naturales (renovables y no renovables), los cuales son la fuente de alimentación de los diferentes procesos de producción y consumo. A su vez, estos procesos se han desarrollado en un esquema lineal de uso de materiales; esta situación ha favorecido su desperdicio y ha contribuido de manera significativa a generar una problemática ambiental y sanitaria sin precedentes, derivada del aumento en la cantidad de los residuos sólidos que se deben gestionar.
De esta forma, la consecuencia de este modelo insostenible y lineal de producción y consumo con el que se ha promovido la sobreexplotación de la naturaleza ha sido el progresivo agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del medio natural. Millones de toneladas de residuos sólidos deben ser gestionadas cada año en todo el planeta, muchas de las cuales llegan a sistemas incontrolados de disposición final, especialmente en países en desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [Pnuma], 2018).
Recordemos que desde finales de la década de los sesenta la comunidad internacional empezó a ver con preocupación el acelerado agotamiento y contaminación de los recursos naturales, por lo cual se propuso hacerle frente a la problemática ambiental mediante su reconocimiento global. El informe Límites al crecimiento
(1968), contratado por el Club de Roma y elaborado por el Instituto Técnico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), identificó entre las principales causas de la afectación ambiental la explotación de los recursos naturales en cantidades superiores a las que el planeta está en capacidad de regenerar (clubderoma.net); con ello, se planteó que el crecimiento económico debía tener un límite porque los recursos naturales son finitos.
Desde entonces se han trazado diversas estrategias para alcanzar un desarrollo marcado por la sostenibilidad que les permita a las generaciones actuales satisfacer sus necesidades sin comprometer, con ello, la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas¹ (Informe Brundtland, 1987). Así, y en el camino de redefinir el desarrollo económico, surgió el modelo de economía circular inspirado en el perfecto metabolismo del planeta, que todo lo aprovecha sin generar residuos.
Este novedoso modelo económico se apoyó en herramientas que ya existían, con el fin de integrarlas y organizarlas para el propósito de la circularidad. Figuras como la responsabilidad extendida del productor (en adelante, REP), el aprovechamiento y tratamiento de residuos y la innovación ambiental y el ecodiseño, entre otras, fueron recogidas e integradas para proponer mejoras a los procesos productivos conducentes a lograr una mayor eficiencia, en especial, en lo referente al uso de materiales, agua y energía.
Conscientes de la importancia de la economía circular (en adelante, EC) y de su aporte al desarrollo sostenible, el propósito de este capítulo es documentar cómo la REP se ha convertido en una herramienta clave para impulsar la recuperación de los materiales a partir de la cual se logra concretar la pretendida circularidad. Para el logro del objetivo de investigación, se realzó una revisión documental, tomando como base los planteamientos de EC propuestos por la Fundación Ellen MacArthur en el año 2012 e incluidos en la Estrategia Nacional de Economía Circular (en adelante, ENEC), diseñada para el país en el año 2019, así como el modelo de REP propuesto en 1990 por Thomas Lindhqvist e incorporado en las normas posconsumo colombianas desde el año 2007. Así mismo, se tomó como base de estudio el concepto de desarrollo sostenible, propuesto en 1987 por la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas.
Esta revisión ha permitido concluir que, aunque en el país queda un largo camino por recorrer en el esquema de la circularidad de los materiales, son significativos los avances reportados hasta la fecha, los cuales han sido posibles gracias a aplicación del principio de REP, el cual se ha materializado por medio de los programas posconsumo que se desarrollan desde el año 2007 en Colombia. Este, sin duda, es un gran paso para el logro del desarrollo sostenible.
I. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
La EC es definida como un sistema de producción y consumo que promueve la eficiencia en el uso de materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil
; para ello, se vale de la innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible
(Ellen Macarthur Foundation, 2014, § 1).
Según la Fundación Ellen MacArthur (2014), la noción de circularidad tiene un importante origen histórico, pues se fundamenta en los ciclos de la naturaleza. Sostiene que, a partir de los estudios realizados por países industrializados en la época de la posguerra, se pudo evidenciar que el mundo se asemejaba más a un metabolismo que a una máquina. Así mismo, esta noción tiene un fundamento filosófico que reposa en las ideas de diferentes escuelas de pensamiento como
la economía del rendimiento de Walter Stahel; la filosofía del diseño Cradle to Cradle de William McDonough y Michael Braungart; la idea de biomimética presentada por Janine Benyus; la ecología industrial de Reid Lifset y Thomas Graedel; el capitalismo natural de Amory y Hunter Lovins y Paul Hawkens; e el abordaje blue economy, como el descrito por Gunter Pauli. (Ellen Macarthur Foundation, 2014, § 7)
Este sistema tomó fuerza cuando la Fundación Ellen MacArthur público (sic) en el 2012, documentos de apoyo a los gobiernos y empresas para promover la economía circular como un camino para integrar la sostenibilidad ambiental y social al desarrollo económico
(MADS y MCIT, 2019, p. 19); desde entonces, este sistema ha impulsado a países, empresas e investigadores a recurrir a él como una estrategia para el logro del desarrollo sostenible.
Antecede a este sistema de circularidad la crisis del modelo económico y financiero mundial discordante con la sostenibilidad, la crisis de los sistemas de producción apoyados en esquemas lineales que sobrepasan los umbrales de recuperación ambiental y la crisis social alimentada por el desempleo, el aumento de la pobreza y de la desigualdad. La conjunción de estas crisis impulsó la búsqueda de soluciones que les ha permitido a los países continuar con su crecimiento económico bajo un nuevo modelo de sostenibilidad fundamentado en la maximización de los procesos productivos y la eficiencia en el uso de los recursos (Pérez Lagüela y Jiménez Herrero, 2019).
De este modo, la EC comprende tanto aspectos ambientales y económicos como sociales. Encierra el aspecto ambiental porque con su aplicación se maximiza el uso de los recursos en los que se sustentan los procesos productivos y se disminuye la generación de los residuos sólidos destinados a la eliminación; incluye el aspecto económico porque con ella se optimiza el uso de los materiales (insumos de producción) y se accede a materia prima recuperada (o reciclada) disminuyendo los costos de su adquisición; y abarca el aspecto social porque con ella se crean opciones de empleo a partir de la estructuración de negocios apoyados en la recuperación de materiales, lo cual incentiva el uso de mano de obra local.
La Organización para la Economía Circular afirma que, en materia ambiental, el desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía
(economiacircular.org, § 16). Del mismo modo, sostiene que la EC también debe ayudar a la reorientación productiva de los países apoyando la generación de riqueza y empleo, lo cual los llevaría a obtener ventajas competitivas en el contexto global. Según estos expertos, la EC también genera una externalidad positiva y es su contribución en la disminución de la escasez de materias primas y la fluctuación de sus costos dentro de los procesos productivos, lo cual, a su vez, brinda seguridad a las cadenas de suministro de materiales.
Recordemos que este sistema económico surge como una respuesta a la explosiva demanda de materias primas y recursos naturales para sustentar el crecimiento poblacional en el mundo
y el gran desperdicio de materiales como basura y la contaminación que estos producen en los ecosistemas
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MADS y MCIT], 2019, p. 19), lo cual determina el aspecto ambiental que la justifica; además, este novedoso sistema busca disminuir la gran dependencia que existe entre los países para abastecerse de materias primas, lo cual tiene un impacto económico en los procesos productivos. Advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que […] en la economía circular los residuos no son vistos como desecho sino como recursos, lo que es importante si se considera que, para alcanzar un desarrollo económico sostenible en todo el mundo hacia 2050, será necesario reducir un 90 % el uso de materiales en los países industrializados
(Cepal, 2021, § 4), una meta que supone realizar grandes esfuerzos, sobre todo en la recuperación de los materiales que contienen los residuos sólidos.
Así las cosas, la EC, como sistema que busca obtener eficiencia en el uso de los recursos naturales, debe estar cimentada en la aplicación de los principios generales ambientales que desde décadas atrás se han formulado para la prevención o restauración del medio ambiente. No obstante, de manera particular, este sistema está abocado a la aplicación de principios específicos, tal como los identifica la Fundación para la Economía Circular. Ejemplo de estos son:
— Ecoconcepción. Conocido también como ecodiseño, este principio tiene en cuenta todos y cada uno de los impactos ambientales que se generan a lo largo de la vida útil de los productos que se ponen en el mercado. Con la aplicación de este principio se pretende que desde la concepción del producto se definan las estrategias de recuperación de sus materiales y componentes, buscando siempre generar la menor contaminación ambiental posible.
— Ecología industrial y territorial. Con la aplicación de este principio se pretende que las industrias se organicen en un determinado territorio en el que se garantice una gestión óptima e integradora de los insumos y de los recursos de producción como materias primas, agua y energía.
— Economía de la funcionalidad. Este principio se fundamenta en privilegiar el uso de los productos por encima de su propiedad; es decir, que los productores se deben enfocar en vender un servicio o funcionalidad de un bien por encima de la venta del bien mismo.
— Reutilización, reparación y segundo uso. Con este principio se busca poner fin a la obsolescencia programada permitiendo reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores
(economiacircular.org, § 14) o favoreciendo la reparación o reutilización de ciertas partes de los residuos que siguen siendo funcionales o útiles para la elaboración de nuevos productos.
— Valorización. Con este principio se busca que los materiales presentes en los residuos sólidos sean recuperados mediante procesos de reciclaje o aprovechamiento energético cuando no sea viable su reciclaje.
Sin desconocer el gran aporte filosófico y conceptual de la EC para la optimización de los procesos productivos, este sistema por sí solo no logra alcanzar los objetivos económicos, ambientales y sociales que en él subyacen. Por tanto, debe valerse de motores o vehículos que permitan impulsar las estrategias de circularidad y uso eficiente de recursos. Entre los vehículos diversos y complementarios de impulso de la EC resalta la aplicación del principio de REP porque con él se operativiza la recuperación de materiales, se genera valor en la cadena de aprovechamiento y se contribuye de manera notable al cierre del ciclo productivo, puesto que la circularidad de materiales, complementada con bucles circulares internos que pretendan mejorar el uso de materiales, agua y energía, es fundamental para el desarrollo de políticas y programas de aprovechamiento. Por estas razones, a continuación se presentará sucintamente el principio de la REP.
II. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA REP
Tal como lo hemos sostenido en otros escritos, la REP ha sido uno de los conceptos ambientales más revolucionarios de los últimos tiempos (Montes, 2021); surgió en Suiza en 1990 en el marco de un informe elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente de ese país titulado Modelos para la responsabilidad extendida del productor. Más adelante, en 2004, la REP fue definida como un principio ambiental, con todas sus implicaciones; incluso ha llegado a constituirse en un principio rector del derecho ambiental². En efecto, de acuerdo con los autores del referido informe ambiental, la REP debe entenderse como
[…] un principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final. (Lindhqvist et al., 2008, p. 18)
La razón para denominar la REP como un principio ambiental obedeció al interés de convertirlo en un instrumento orientador de los aspectos jurídicos, políticos, administrativos, sociales, económicos e informativos, entre otros.
De esta forma, la REP, como principio, busca instar a los productores a estar atentos a todos y cada uno de los impactos ambientales que se puedan generar en las diferentes etapas de producción, consumo y eliminación de los productos puestos en el mercado, con el fin de tomar medidas preventivas frente a ello, con fundamento en la incertidumbre o impredecibilidad del daño ambiental que se puede generar. En otras palabras, la REP se orienta más a cumplir obligaciones y deberes de diligencia ambiental para la prevención y control de los impactos que se derivan de los procesos productivos que a buscar una indemnización a título de responsabilidad patrimonial. Lo anterior no obsta para que a algún productor se le pueda hallar responsable de los daños causados al medio ambiente por causa de cierto producto o proceso productivo, según lo determine la legislación local.
Con la aplicación de este principio se pretende darle un giro al esquema productivo tradicional que permita tener una visión integral del producto desde su diseño, pues por lo general los impactos ambientales están predeterminados por el diseño de los productos (Lindhqvist, 2000). De esta forma, desde su concepción, el producto debe considerar todas las etapas vinculadas a su elaboración y extenderse hasta su gestión posconsumo previendo opciones de circularidad para los materiales que lo componen.
Se sostiene que la mejora en el diseño de los productos se relaciona de forma directa con
[…] la elección de materiales de bajo impacto o la sustitución de componentes, la reducción del tamaño y peso del producto, la reducción de la energía usada durante la etapa de utilización, el diseño para el desarmado (DpD), el diseño para el reciclaje (DpR), y la prolongación del ciclo de vida útil de un producto mejorando su calidad […]. (Lindhqvist et al., 2008, p. 18)
Por esta razón, la innovación tecnológica se convierte en una herramienta indispensable para la transformación tanto de los procesos productivos como de los insumos que lo sustentan; solo con su aplicación, se podrán recorrer los nuevos caminos de la sostenibilidad que están marcados por expectativas más exigentes de protección del medio natural y de prevención de la contaminación.
Este principio, articulado con la EC, supera las perspectivas de gestión integral de los productos, pues la eliminación posconsumo de estos se visualiza como una acción que se debe evitar para darles paso a múltiples ciclos de recuperación y reincorporación de los materiales dentro de los procesos productivos. No obstante, esta deseable circularidad deberá acompañarse de incentivos para todos los actores que intervienen en la cadena de producción y consumo generando estrategias para la recuperación de los materiales y estímulos para el fortalecimiento de las cadenas de valor.
Solo a partir del fortalecimiento del aprovechamiento de los residuos posconsumo se podrá impulsar el crecimiento de la EC, la cual, en la actualidad, aún presenta un radio reducido frente al gran volumen de residuos con potencialidad de aprovechamiento que se generan y que continúan bajo esquemas lineales de gestión, sin mencionar los múltiples materiales que aún no cuentan con opciones sostenibles de circularidad a causa de limitaciones técnicas, operativas, financieras, económicas, ambientales y normativas.
En todo caso, la aplicación del principio de REP deberá estar sustentada en políticas de gestión de residuos que a su vez se apoyen en la EC y normas jurídicas que incentiven tanto la gestión adecuada de los materiales contenidos en los residuos como la demanda de insumos provenientes de procesos de recuperación y transformación de esos materiales, porque la circularidad de estos depende de la forzosa articulación de acciones y actores vinculados a la cadena de producción, consumo y gestión de residuos.
A continuación se presentarán los avances más representativos que ha tenido Colombia en la incorporación del principio de REP, tanto en las políticas públicas de gestión de residuos como en la normatividad que reglamenta la materia.
III. AVANCES DE COLOMBIA EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Colombia, desde hace varias décadas, ha mostrado su receptividad frente a los temas ambientales respondiendo de forma activa con legislación sobre la materia. Recordemos que desde la década de los setenta en el país se expidieron normas fundamentales que permitieron el desarrollo reglamentario de la temática ambiental³. En el mismo sentido, en la década de los noventa, la ecologización de la Constitución Política permitió darle un nuevo impulso a la reglamentación sobre el uso y protección de los recursos naturales, en especial, gracias a la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la reorganización del Sistema Nacional Ambiental (SINA) que hizo la Ley 99 de 1993.
En este contexto, el principio de REP encontró allanado el camino para su incorporación en la legislación colombiana. De manera preliminar, la política para la gestión integral de residuos de 1998 estableció que tanto a los productores de materias primas y productos terminados como a los generadores de residuos les correspondería hacerse cargo del manejo de sus residuos posconsumo de tal forma que deberían buscar reducirlos, separarlos, recibirlos y atender los impactos ambientales derivados de su generación (Ministerio del Medio Ambiente [MMA], 1998). Si bien las obligaciones descritas no tuvieron eco inmediato en normas que desarrollaron la citada política de gestión de los residuos ordinarios, la REP empezó a incorporase en la normatividad referente a la gestión de los residuos peligrosos y en la reglamentación de los residuos de gestión diferenciada.
La primera norma en incorporar este tipo de responsabilidad fue la Ley 430 de 1998 (derogada)⁴, la cual determinó en el artículo 6.º que los generadores de residuos peligrosos debían responder por su gestión integral⁵; esta obligación fue replicada en los decretos 2676 de 2000 (derogado)⁶, 1609 de 2002 (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015)[⁷] y 4741 de 2005[⁸] (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015).
Precisamente, de la reglamentación de los artículos 20 y 21 del Decreto 4741 de 2005 (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015) surgieron los planes de devolución de productos posconsumo mediante los cuales se buscó el retorno de los materiales contenidos en los residuos peligrosos o en los productos usados, caducos o retirados del comercio para que fueran incorporados a la cadena de producción-importación-distribución-comercialización. Inicialmente, la obligación de elaboración de los planes de devolución de productos posconsumo se limitó a los siguientes residuos: 1) plaguicidas en desuso, sus envases o empaques y los embalajes que se hubieran contaminado con plaguicidas⁹; 2) fármacos o medicamentos vencidos¹⁰ y 3) baterías usadas plomo-ácido¹¹.
Así, en el año 2007 el Ministerio de Ambiente expidió una primera resolución sobre productos posconsumo aplicando los criterios de la REP por medio de la obligación impuesta a los fabricantes e importadores de plaguicidas (ingredientes activos o productos formulados) de elaborar planes de devolución de productos posconsumo; se trató la Resolución 693 de 2007, derogada por la Resolución 1675 de 2013. Con posterioridad, el Ministerio amplió el listado de productos sometidos a la elaboración de los planes de devolución posconsumo a residuos de gestión diferenciada como pilas y acumuladores¹², bombillas y luminarias¹³, computadores y periféricos¹⁴ y llantas usadas¹⁵, entre otros.
Años después, la REP logró alcanzar también la gestión de los residuos ordinarios, pues con la formulación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3874 de 2016, contentivo de la nueva Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, se le apuntó al fomento de la economía circular para contribuir al desarrollo sostenible. Recordemos que desde la actualización de la Política Nacional de Producción Más Limpia en el año 2010 se empezó a promover la transformación productiva para hacerla más respetuosa con el medio ambiente. Específicamente, en el tema de los residuos sólidos se propusieron como líneas de acción 1) desarrollar sistemas de aprovechamiento de residuos en el ámbito regional; 2) regular la temática de los residuos sólidos para los sectores construcción, manufactura, transporte, alimentos y empaques y envases y 3) desarrollar sectorialmente el principio de la REP, entre otros asuntos.
Así las cosas, la REP se estructuró en la Política del año 2016 como un principio orientador para los productores, a quienes les correspondería aplicar un análisis de ciclo de vida para los bienes puestos en el mercado y hacerlo extensivo a la etapa de posconsumo. Con su inclusión en la Política, se buscó desplazar la responsabilidad física o económica de la gestión de los residuos hacia el productor proporcionado incentivos al ecodiseño y, en cumplimiento de la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a los envases y empaques, servir de base para fortalecer la reutilización y aprovechamiento de los materiales contenidos en estos residuos. Se observa en esta Política cómo, de manera subyacente, la aplicación del principio de REP, además de contribuir al aumento de la reutilización y el fortalecimiento del aprovechamiento y del tratamiento de residuos sólidos
(DNP, 2016, p. 47) en el marco de la EC, le apunta a reducir la cantidad de los residuos que llegan a los sitios de disposición final permitiendo alargar la vida útil de los rellenos sanitarios.
De este modo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por la Sostenibilidad) reconoció la relevancia de la EC para el logro del desarrollo sostenible y propuso su implementación como modelo económico para el país, con lo que se avanzó en la formulación de la ENEC, en el año 2020, con metas de transición para el corto y el medio plazos.
Entre tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expidió la Resolución 1407 de 2018 (modificada por la Resolución 1342 de 2020), con el fin de reglamentar la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. La norma, en aplicación del principio de REP, determinó que los productores debían cumplir con la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental para el manejo de los residuos de envases y empaques primarios, secundarios o de único uso, tanto nacionales como importados, que hubieran sido concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final en el mercado nacional (Res. 1407/18). Si bien las metas de aprovechamiento graduales y progresivas son vistas por sectores ambientalistas como bajas, no podemos desconocer los grandes esfuerzos que realiza cada año el sector productivo nacional para la recuperación de los residuos de envases y empaques bajo un esquema normativo confuso e incompleto que pretende alcanzar una recuperación del treinta por ciento en el año 2030.
No obstante, tampoco se puede desconocer que el aporte de esta reglamentación a la gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos ha sido relevante. Primero, porque con ella se ha fomentado el aprovechamiento de los residuos de envases y empaques, lo cual ha contribuido al fortalecimiento de las cadenas de valor. Segundo, porque ha favorecido los procesos de educación ambiental en torno a la gestión de los residuos vinculando al consumidor final a programas de sensibilización y cultura ciudadana con el fin de mejorar la separación en la fuente gracias a la mayor información con la que cuenta sobre las posibilidades de reciclaje, trasformación y tratamiento de los residuos que genera. Y por último, porque ha logrado enviar un mensaje claro a los productores en torno a su obligación de internalización de las externalidades ambientales de los productos que ponen en el mercado, lo cual es la aplicación tangible del principio de REP.
Precisamente, la citada obligación de internalización de las externalidades medioambientales es la que promueve el ecodiseño y la innovación que facilita la gestión de los residuos y la recuperación de los materiales que contienen los productos que se ponen en el mercado, fundamento sobre el cual se estructura la EC. Con esto, el desarrollo sostenible se alcanza: 1) a partir de un menor uso de recursos naturales (renovables y no renovables) como materias primas para la producción de bienes y para la prestación de servicios; 2) la disminución en el consumo de agua y energía y 3) el análisis de ciclo de vida que tiene en cuenta los impactos ambientales que generan las actividades económicas y productivas sobre las cuales se estructura el desarrollo económico del país.
Por último, la ENEC formulada por el Gobierno en el año 2019 incluyó la REP como un vehículo de impulso para lograr los objetivos ambientales propuestos y como un instrumento de orientación de las prioridades establecidas y de los mecanismos de gestión requeridos. Según la ENEC, con la aplicación de la REP en el país la obligación de gestión de los residuos se desplaza hacia el eslabón superior de la cadena del producto, esto es, hacia el productor del mismo producto, liberando de esta forma al Estado, representado por las municipalidades, de la responsabilidad de dicha gestión
(MADS y MCIT, 2019, p. 24), lo cual reporta múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales.
IV. CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR AL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Alcanzar un desarrollo sostenible ha sido prioridad para el Estado colombiano en los últimos treinta años, época en la que este concepto alcanzó rango constitucional¹⁶. Desde su concepción inicial en la década de los ochenta, se ha puesto énfasis en la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico y social con la protección de la naturaleza y de los recursos naturales (renovables y no renovables) en los que se sustenta tal desarrollo.
Aunque se señala que el concepto tuvo su origen en 1969[¹⁷], fue el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Nuestro futuro común
, presidido por la noruega Gro Harlem Brundtland (por esto conocido como el Informe Brundtland), el que logró evidenciar los problemas del desarrollo económico e industrial promovido por algunos países y desatar el debate público por medio del cual se promueven cambios.
Dicho informe detalló las características que debía tener el desarrollo económico e industrial para que fuera duradero, y delegó en toda la humanidad la responsabilidad de alcanzar un desarrollo sostenible con el cual se pudiera asegurar la satisfacción de las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer las propias. Por esto, desde su concepción, se determinó que el desarrollo debía imponer los límites que la misma naturaleza nos establecía, según su capacidad de absorber y restaurar los impactos derivados de las actividades humanas (ONU, 1987).
Se propuso entonces avanzar bajo un nuevo modelo de crecimiento económico que les permitiera a todos los países satisfacer sus necesidades de desarrollo brindándoles a todos los habitantes del planeta la oportunidad de colmar sus aspiraciones a una vida mejor
(ONU, 1987, p. 23), sin que importara su condición económica o social. Para el logro de este objetivo, el Informe también propuso garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones, a todo nivel, con el fin de permitir que todos los grupos de interés pudieran ser escuchados.
Sobresale en el documento el dinamismo que caracteriza el desarrollo y el constante cambio que permea la evolución de la sociedad, el cual es el resultado de los avances de la ciencia y la tecnología, con los cuales se aumenta la presión sobre la naturaleza y su capacidad de regeneración. Por esta razón, el Informe enfatiza en la necesidad de contar con la voluntad política de los países de todo el mundo para poder alcanzar el anhelado desarrollo sostenible. Si bien el concepto subraya la necesidad de respetar