Desafíos del desarrollo humano en la primera infancia

Desafíos del desarrollo humano en la primera infancia / Ianina Tuñón ... [et al.]. - 1a ed. . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2015.- (Sociedad)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-691-405-5

1. Sociología. I. Tuñón, Ianina  II. Tuñón, Ianina, coord.

CDD 301

La publicación fue realizada con fondos del proyecto Foncyt PICT 2010-2195: Condiciones de vida y capacidades de desarrollo humano de la niñez y adolescencia en diferentes contextos macroeconómicos, tipos de familia y dimensiones de derechos, con sede en el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Comité de referato: Agustín Salvia, Silvia Balzano y Ianina Tuñón

Imagen de de tapa: David Knox (www.davidknx.com)

Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U.

Armado: Lucía Sánchez

© Los autores.

© Editorial Biblos, 2015

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PRESENTACIÓN

Derechos, sistemas de protección e infancia temprana

Apuntes sobre el caso de la Argentina en el contexto de la región*

Ianina Tuñón

La comunidad internacional reconoce el imperativo del desarrollo humano y social en numerosos instrumentos normativos. En el caso particular de la infancia, la mayoría de los países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), y han asumido compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000). Con respecto a la primera infancia, se destacan los objetivos y las metas establecidas en el marco de foros y conferencias de la Unesco y la OEI en la última década, en relación con la expansión y la mejora de los sistemas de cuidado y educación, con particular énfasis en las infancias más vulnerables.[1] Al mismo tiempo, se han sancionado numerosas leyes de protección de derechos y se ha progresado en la adopción de Sistemas Integrales de Protección de la infancia.

El amplio reconocimiento internacional y los compromisos asumidos por los Estados constituyen un imperioso desafío en términos de garantizar una ciudadanía plena para la infancia. El ejercicio de una ciudadanía plena por parte de los niños y las niñas supone establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad con la infancia, que considere al niño y a la niña independientes, titulares de derechos propios, con derechos especiales por su condición particular de desarrollo y con los mismos derechos que todas las personas (Grosman, 1994).

Lo fundamental es que, en estos instrumentos legales, los Estados reconocen que el sostenimiento de la vida y el desarrollo infantil requieren contar con un conjunto integrado de factores económicos, sociales y culturales favorables. Esta relación, si bien tiene validez universal, adquiere especial relevancia cuando se trata de proteger el derecho a vivir una niñez plena en términos de desarrollo de capacidades humanas. Implica el derecho a un medio ambiente adecuado para la vida, el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la atención de la salud, a una educación de calidad. El derecho a poder vivir con su familia, compartir juegos, acceder a estímulos emocionales e intelectuales, en condiciones socialmente adecuadas. Así es como los desafíos son relevantes para los Estados y las sociedades de los países de la región.

En la última década, América Latina ha experimentado un crecimiento económico sostenido, con sus divergencias y dinámicas específicas. Se estima que la región alcanzó un crecimiento anual promedio de casi 5% en el período 2003-2008 (OCDE-Cepal, 2011). En particular, el incremento de los precios de los productos primarios exportados fortaleció la estabilidad macroeconómica y facilitó recursos para que los gobiernos implementaran políticas para amortiguar los efectos de la crisis 2008-2009 sobre la pobreza.

Al mismo tiempo, los países de la región convergen en una dinámica demográfica que se ha dado en llamar bono demográfico, como consecuencia de la reducción de la presión de la población infantil y el estancamiento en el crecimiento de la población de los adultos mayores. Esta constricción de la base de la pirámide poblacional representa una situación favorable para el desarrollo, en tanto la carga potencial que soportan las personas en edades activas es relativamente más baja que en períodos anteriores (SIPI, 2012). Cabe señalar que esta situación, propicia para el desarrollo es de tipo coyuntural, presenta algunas divergencias según los países, pero se exhibe como una oportunidad para la promoción y el fortalecimiento de la inversión en áreas estratégicas. Sin dudas, construir mejores estructuras de oportunidades para el desarrollo en los primeros años de vida parece ser una decisión trascendental y urgente.

En esta última década, los países de la región implementaron programas de transferencia de ingresos con una particular orientación a las familias y las infancias, como por ejemplo: Bolsa Familia, en Brasil; Chile Solidario, en Chile; Familias en Acción, en Colombia; Oportunidades, en México; Bono Juancito Pinto, en Bolivia; Asignación Universal por Hijo, en la Argentina, por mencionar algunos. Estas políticas de asistencia monetaria, por lo general, estuvieron asociadas a condicionalidades en aspectos que –se conjetura– favorecen la supervivencia, pero también el desarrollo humano de los niños y las niñas en el campo de la educación y la salud. Además, se avanzó en la construcción de subsistemas de protección integrales focalizados en la primera infancia, como por ejemplo: Chile Crece Contigo; Uruguay Crece Contigo; Cero a Siempre, en Colombia; Primeros Años, en la Argentina, entre otros que se están desarrollando en la región. Estos subsistemas de protección integral en materia de cuidado infantil surgen como una cuestión central de los sistemas de bienestar. A través de estos sistemas, los Estados asumen responsabilidades en la provisión de cuidado infantil y reconocen al niño y la niña como sujetos de derechos.

En este proceso de creación de la institucionalidad necesaria para la construcción de estructuras de oportunidades más integrales para la infancia, los caminos recorridos por los países de la región encuentran convergencia en las políticas elegidas, pero sus avances han sido disímiles en términos de las modalidades y los tiempos de implementación, los puntos de partida y las calidades de los servicios.

Una pieza clave de los procesos de construcción de políticas, programas y sistemas de protección son el acceso a información, evaluación y monitoreo. Sobre este aspecto, también las situaciones de los países son diferentes. Justamente, en los últimos años, se han desarrollado propuestas específicas de medición de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos, como la de Cepal/Unicef (2012), que representa una importante contribución en términos de interpelar sobre la necesidad de construir datos que permitan una aproximación al estado de situación de poblaciones especialmente vulnerables como la infancia, pero desde una perspectiva conceptual multidimensional y con marcos de referencia (umbrales) basados en los derechos.

Si bien algunos países de la región se han hecho eco de estas propuestas, como por ejemplo México, a través de la Coneval/Unicef (2013), también existen otros países donde no sólo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido de modo sustantivo en la construcción de estadísticas oficiales, como en la Argentina.[2] Aun en el marco de los progresos y los retrocesos, faltan más y mejores diagnósticos sobre las condiciones de vida de la niñez. Ésta es una importante deuda que tienen algunos de los Estados de la región, que no siempre garantizan los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Al mismo tiempo que se presentan importantes falencias en la provisión de estadísticas oficinales confiables, públicas y sostenidas en el tiempo, que propicien la investigación académica y el debate sobre cómo definir los problemas de integración social de las nuevas generaciones, que es una buena forma de comenzar a darles solución.

Si bien –tal como se mencionó– hubo importantes avances en la configuración de subsistemas integrales de protección a la primera infancia, estos subsistemas no sólo responden a la legislación vigente, con la que los Estados tienen un compromiso de cumplimiento y garantía. También se encuentran asociados a un viejo y persistente problema, como es la integración de las mujeres al mercado de trabajo y las múltiples tensiones e inequidades de género que ello supone, en el marco de las estrategias familiares de cuidado de los niños y las niñas. Sin embargo, lo novedoso es la asunción de responsabilidades en la provisión de cuidado y educación infantil por parte de los Estados y el reconocimiento del niño y la niña como sujeto de derechos.

En el marco de estas cuestiones y antecedentes de los procesos por los que transitan los países de la región, en términos de construcción de sistemas de protección integrales para la infancia, se propuso reunir un conjunto de contribuciones de investigadores de diferentes disciplinas y países de la región, en torno a aspectos esenciales al desarrollo de la infancia en sus primeros años de vida.

En este proceso de construcción de Sistemas de Protección Integrales, el Estado y la sociedad argentina tienen desafíos sustantivos, y la oportunidad de nutrirse del conocimiento científico construido en torno a las necesidades y las capacidades de desarrollo en la infancia temprana, y de las experiencias de más de una década de países vecinos, como Chile y Uruguay.

Es así como se consideró oportuno reunir, en la presente publicación, trabajos de investigación de diferentes campos disciplinarios y países de la región, que se juzgan esenciales para la comprensión de la complejidad del desarrollo humano y social de la infancia temprana y, en particular, en su relación con el fenómeno de la pobreza estructural y las desigualdades sociales.

Los trabajos aquí reunidos se organizan en tres apartados y responden a las preguntas que siguen.

1. ¿Cuáles son los indicadores que mejor nos aproximan a la medición de los logros y los déficits de desarrollo humano de la infancia? ¿Y cuáles, las mejores formas de construcción del dato en términos de aportar elementos para la mejor compresión de fenómeno?

2. ¿Cuáles son los múltiples aspectos del espacio de las capacidades que comprometen el desarrollo biopsicosocial de los niños y las niñas? ¿Qué rol desempeñan las diferentes agencias de cuidado en la satisfacción de las necesidades de los niños y las niñas, y cuál es el potencial de dichas agencias como proveedoras de cuidado? ¿Cuál es el aporte alcanzado a través de los sistemas de protección, en términos de formación, sensibilización y acompañamiento de las familias, en las prácticas de cuidado y crianza de los niños y las niñas? ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de las experiencias de países de la región?

3. Por último, y si bien –tal como ha sido señalado– en la región se han producido importantes progresos sociales en términos de integración social, a través del empleo de los adultos y una merma de la pobreza por ingresos, aún persiste una pobreza de tipo estructural en la que la infancia se encuentra sobrerrepresentada. Asimismo, existe una proporción importante de la infancia en situación de pobreza estructural que no participa de programas de protección integral y sobre la que cabe preguntarse: ¿Cómo están siendo criados y socializados en el interior de sus familias? ¿Cuáles son los roles, las figuras de crianza y las posiciones concretas que los niños y las niñas tienen y pueden reconocer en estos procesos? ¿Cuáles son las formas de organización familiar que se despliegan en función de satisfacer las necesidades y el bienestar de la infancia? ¿Qué desigualdades sociales se reconocen en términos de los recursos humanos y sociales de los hogares, pero también en términos del tipo de configuración familiar y el ciclo vital del hogar?

Lograr avanzar en el conocimiento orientado por estas preguntas parece relevante en términos de construir un mejor diagnóstico, pero también con el objetivo de dimensionar los desafíos que tienen por delante el Estado y la sociedad argentina en la construcción de un Sistema de Protección Integral y, en un sentido más amplio, respecto de las estructuras de oportunidades que permitan garantizar un inicio de la vida más equitativo.

Notas sobre los avances y desafíos de la Argentina en el reconocimiento del niño y la niña como sujeto de derechos, protección, cuidado y educación

El Estado nacional adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) a través de la sanción de la ley N° 23.849 en 1990; asumió compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ONU, 2000) para el año 2015; sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ley Nº 26.061) en 2005; y la Ley de Educación Nacional (ley 26.206) en 2006; y la Ley Nº 26.233 sobre Centros de Desarrollo Infantil. En esta línea, se presentó, en 2008, el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley Nº 26.061; y se creó una nueva institución: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf); y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, como órganos rectores de las políticas de niñez de la nación y sus provincias, y base de la implementación de un Sistema de Protección Integral a nivel nacional.

Todavía está pendiente el nombramiento del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función se considera relevante en tanto se espera que ejerza una función de supervisión de las acciones del gobierno y otros actores, de promoción de los derechos del niño y la niña, y constituya espacios de diálogo entre éstos y el Estado.

En 2005, se comenzó a implementar el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años,[3] que se propone desarrollar acciones de sensibilización, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades de las familias para la crianza de los niños y las niñas desde un enfoque integral del desarrollo infantil. Se trabaja básicamente con tres líneas de acción:

Acompañamiento a las familias a través de facilitadores[4] que procuran fortalecer aspectos de la crianza aportando información y contactos oportunos.

Promoción de iniciativas comunitarias orientadas a mejorar la calidad de los vínculos del niño y la niña con los adultos de referencia familiares.

El desarrollo de actividades con las familias, en torno a cuestiones como una alimentación saludable, la importancia del juego en los vínculos y el aprendizaje, la educación en los primeros años, la escolarización inicial y el rol de la lectura, y el cuidado de la salud, entre otros.

En noviembre de 2009, en el marco de la crisis internacional y un progresivo estancamiento en la creación de pleno empleo, el Estado argentino amplió el régimen de protección social dirigido a la población en situación de vulnerabilidad, a través de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). Lamentablemente, este programa fue promulgado por medio de un decreto de necesidad y urgencia (1602/2009).[5] Esta política constituyó un punto de inflexión en el sistema de protección social, transformando el régimen de asignaciones familiares existente, y fue dirigido únicamente a los trabajadores formales.

Entre otras medidas, la creación de la AUH estuvo acompañada por la inmediata incorporación a este programa de los hijos menores de dieciocho años de hogares que hasta ese momento recibían ingresos de otros programas de lucha contra la pobreza. Se estima que, a través de la reestructuración del sistema, más de 2,2 millones de niños pasaron a ser beneficiarios directos del nuevo esquema. Según información oficial, a finales de 2010, la AUH asistía económicamente a 1,9 millones de hogares y brindaba asignaciones a 3,5 millones de niños y niñas. Actualmente, la AUH consiste en una prestación familiar no contributiva, que combina una transferencia de ingresos en efectivo con condicionalidades orientadas a promover la documentación, la salud y la educación de los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad social[6] (Salvia, Tuñón y Poy, 2014).

En esta línea, existen evidencias de un crecimiento sostenido del gasto público total y social desde 2003 hasta la actualidad. La participación del gasto público social se estima en alrededor de 65% del gasto público total, lo cual responde a las acciones del Estado nacional en materia de protección social (tanto de carácter contributivo como no contributivo). Asimismo, se destacan programas en el campo de la salud como el Programa REMEDIAR + REDES; el Plan Sumar (ex Plan Nacer); y, en particular, la incorporación de vacunas al Calendario Nacional de Vacunación y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.[7]

En el marco de estos adelantos en la protección social en áreas claves del desarrollo humano y social de la infancia, cabe interrogarse sobre el estado de situación de la infancia en la Argentina, en un conjunto acotado de indicadores de pobreza directa y participación en el sistema de seguridad social.

Según estimaciones propias, con base en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA),[8] entre 2005 y 2013 se registró una merma de 9,4 puntos porcentuales en la proporción de población entre cero y diecisiete años en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).[9] No obstante, se arriba al cuarto trimestre de 2013 con prácticamente un cuarto de la infancia urbana en hogares con NBI.[10]

La propensión a la inseguridad alimentaria[11] también experimentó una disminución de 13,7 pp entre 2005 y 2013. Sin embargo, se advierte que la situación más severa sigue una tendencia a la merma hasta 2009, tras lo cual revierte la tendencia y se estabiliza en torno a un 10%. Lo que permite afirmar que, en 2013, aproximadamente 1 de cada 10 niños o niñas urbanos vivía en hogares donde se expresó percibir hambre por no poder acceder a los alimentos a causa de problemas económicos.

Estos datos permiten inferir que la AUH, en el último trimestre de 2009, fue una medida acertada como estrategia de compensación en el marco de la crisis internacional 2008-2009. También, cabe advertir que no ha sido una medida suficiente (Salvia, Tuñón y Poy, 2014).

La población de niños y niñas que participa del sistema de seguridad social, a través de la AUH y otros planes sociales en la Argentina urbana, se estimó en 34,9% en 2013. A pesar de la creciente cobertura del nuevo régimen de AUH como de los cambios ocurridos en la seguridad social en general, se calcula que aproximadamente un 23,5% población infantil no recibe asistencia económica del Estado, y 20,4% vive en hogares con NBI (Tuñón, 2014).

En este sentido, existe un desafío pendiente de protección social a la infancia, y de revisión de los criterios de elegibilidad y universalidad. En efecto, al fundamentarse la AUH en criterios restrictivos, basados en la situación laboral de los padres de los niños y las niñas, los beneficios sólo llegan a una parte de la población sin cobertura. La AUH reafirma la situación de informalidad laboral de gran parte de la población argentina, que no logra ser revertida, a juzgar por el porcentaje de cobertura de la AUH. Las trayectorias laborales de los sectores vulnerables son cambiantes e inestables, pero desde el Estado debe ser promovida su inclusión plena. Entonces, cabe cuestionar el criterio de elegibilidad de los beneficiarios a partir de la condición laboral de los progenitores de los niños y las niñas (Salvia, Tuñón y Poy, 2014; Tuñón, 2014).

Desde la perspectiva de los derechos sociales, cabe llamar la atención que las mejoras alcanzadas estos años en el nivel de vida y bienestar de los hogares con niños y niñas, a través de esta asignación –aunque por demás imprescindible–, está lejos de ser una plataforma para la inclusión social, y un indicador de desarrollo humano sustentable e integrado socialmente.

A nivel de la primera infancia, los niños y las niñas entre cero y cuatro años, en 2013, en un 27,5%, residía en hogares con NBI, y 16,6%, en hogares en situación de riesgo alimentario (9,2%, en situación de riesgo severo). El 34,9% de esta población se encontraba bajo el sistema de AUH u otros planes sociales. La propensión a pertenecer a hogares con NBI es levemente superior a la observada en otros grupos de edad (23,6% en el grupo de cinco a doce años, y 22,8% en el de trece a diecisiete años), lo que permite reconocer la mayor vulnerabilidad a la pobreza estructural (Tuñón, 2014).

La mayor vulnerabilidad de la primera infancia a pertenecer a hogares con NBI se asocia con la juventud de sus progenitores, que pertenecen a un grupo poblacional más propenso a enfrentar circunstancias hostiles, como los problemas de empleo y educación. Los problemas de rezago educativo, desempleo y subempleo, y la informalidad laboral afectan de modo particular a los jóvenes, al mismo tiempo que son más extendidos y graves en situación de pobreza. Estos hogares con recursos materiales escasos, problemas de empleo y débiles relaciones familiares, comunitarias e institucionales de integración, se ven limitados en su capacidad de construir condiciones de bienestar para sus hijos.

En tal sentido, las carencias de recursos materiales, humanos y sociales condicionan las oportunidades de desarrollo integral del niño y la niña,[12] en la medida en que se trata de un fenómeno multidimensional del que participan aspectos biológicos, psicológicos, ambientales, y socioculturales. Es decir que se trata de un fenómeno que depende de los recursos de los hogares en un sentido amplio, y respecto de las estructuras de oportunidades que se construyen desde los Estados, en relaciones de corresponsabilidad con la sociedad civil y el mercado.

A partir de los progresos de las sociedades en el reconocimiento del niño y la niña como sujeto de derechos, y una mayor democratización del conocimiento científico respecto de qué es el desarrollo y su implicancia en la infancia temprana, muchos de los Estados de la región han comenzado a orientar acciones en favor de generar mejores estructuras de oportunidades para el desarrollo en los primeros años de vida, y en particular en las áreas de los servicios de cuidado y educación, que son las más rezagadas.

Si bien durante la última década el Estado argentino ha avanzado en el reconocimiento del derecho al cuidado y la educación desde temprana edad,[13] es fácil advertir que los servicios de que participan los niños y las niñas entre cero y cuatro años pertenecen a diferentes institucionalidades (Ministerios de Educación, organizaciones sociales, comunitarias y empresarias), y se combinan con diferentes modalidades (maternales, jardines, jornadas extendidas, entre otras), al mismo tiempo que carecen de un marco regulatorio común, y no se garantiza la formación suficiente de los educadores (Unicef, 2011).[14] Además, la extensión de la oferta de servicios se revela insuficiente para garantizar el derecho de todos los niños y las niñas al cuidado y la educación en sus primeros años de vida.

Según los datos construidos a partir de los registros administrativos del Ministerio de Educación de la Nación correspondientes al relevamiento anual 2010, y los datos poblacionales del Censo 2010, en la Argentina aproximadamente 4% de los niños y las niñas menores de tres años asistían a jardines maternales. Mientras que a sala de tres años asistía 38,7%, y a sala de cuatro años, 77,6%.[15] Cabe recordar que estos ciclos en el nivel inicial no son obligatorios en la Argentina, aunque la Ley de Educación Nacional promueve la inclusión temprana de los niños y las niñas, y en tal sentido, es una obligación del Estado garantizar la oferta.

Los progresos en términos de garantizar la oferta de educación inicial son lentos y por demás insuficientes. La distribución de la población escolarizada según el tipo de gestión educativa permite advertir que la escolarización en establecimientos de gestión públicos se incrementa a medida que aumenta la edad de los niños y las niñas, o se aproximan los ciclos obligatorios. Es claro que esto se debe a varios procesos combinados: por un lado, la insuficiente oferta de servicios educativos de gestión pública en los ciclos inferiores del nivel inicial; y, por otro lado, la mayor propensión de los sectores sociales medios profesionales de incluir a sus hijos tempranamente en la educación inicial. Es claro que, en este proceso, operan factores de oferta y de demanda en relación con recursos humanos y sociales de los hogares, y con desiguales estructuras de oportunidades para la educación de los niños y las niñas menores de cinco años.

A partir de estimaciones propias, es posible una aproximación a la fragmentación educativa en el interior de la educación inicial. Los niños y las niñas entre cero y cuatro años del estrato socioeconómico medio alto registran el doble de chances de asistir al nivel respecto de sus pares en el estrato social muy bajo (25% inferior). Asimismo, se advierte la mayor propensión de los niños y las niñas de sectores medios profesionales a asistir a educación inicial de gestión privada, y entre los niños y las niñas más pobres, de asistir a la educación de gestión pública de modo casi exclusivo.

Entonces, es fácil advertir que la inclusión temprana en la educación inicial es un proceso claramente fragmentado en términos socioeconómicos y según el tipo de gestión educativa; lo cual revela profundas inequidades en los primeros años de vida y, en tal sentido, estructuras de oportunidades por demás desiguales e injustas.

El Estado argentino se encuentra lejos de poder cumplir con las metas de universalización de la escolarización en niños y niñas entre los tres y los cuatro años de edad. También se está distante de generar ofertas en cantidad y calidad, orientadas de modo prioritario a las infancias vulnerables, y de promover y garantizar seriamente la formación suficiente de los educadores.

Existe evidencia en torno a los beneficios de la inclusión temprana de los niños y las niñas en programas de cuidado y educación. Sin ser exhaustivos, y sólo a modo de ejemplo, se mencionan: el Proyecto de Preescolar High/Scope Perry y el programa Early Head Start, en Estados Unidos; el Programa Promesa en Colombia; el estudio Educación Preescolar y Primaria Efectiva (EPPE), en el Reino Unido; el Integrated Child Development Service (ICDS), en la India, y el Proyecto Integral de Desarrollo Infantil (PIDI), en Bolivia; son algunos estudios y experiencias que fueron objeto de evaluación y que arrojaron resultados similares (Siraj-Blatchford y Woodhead, 2009).

Entre las evidencias construidas en el marco de estos estudios, algunos de ellos de tipo experimentales, cabe destacar: a. los mayores progresos cognitivos, sociales y comportamentales de los niños y las niñas que participaron de los programas respecto de sus pares que no lo hicieron; b. los beneficios prolongados en el rendimiento escolar en los trayectos educativos posteriores, que se reconocieron en una reducción de las deserciones escolares y la tasa de repetición, y c. la mayor propensión al desarrollo de capacidades de lectoescritura de modo temprano.

Algunas de estas investigaciones se realizaron sobre programas educativos de alta calidad para niños y niñas en situación de pobreza. Los resultados, tanto de corto como de largo plazo, de las intervenciones tempranas fueron positivos y mostraron la importancia de que sean integrales. Es decir que contemplen aspectos nutricionales, de la salud física y emocional, así como la estimulación en el desarrollo de capacidades lingüísticas, motoras, creativas, sociales, entre otras que potencien el crecimiento y el desarrollo plenos de los niños y las niñas.[16]

Contribuciones de este libro a la cuestión del desarrollo en la primera infancia

Este libro reúne un conjunto de artículos de investigadores de diversas disciplinas (medicina, psicología con especialización en neurociencias, psiquiatría, psicomotricidad, sociología, economía, entre otros) y de diferentes países de la región, como Chile, Uruguay, México, Colombia y la Argentina. Esto ya nos brinda un conjunto amplio de perspectivas teóricas sobre el desarrollo humano y social del niño y la niña en sus primeros años, pero también la oportunidad de conocer hallazgos de investigación empírica con aplicación a diferentes realidades de la región. También se suman la evaluación de las experiencias concretas de implementación de programas orientados a la primera infancia y excelentes aportes en términos de recomendaciones y sistematización de dichas prácticas.

Los primeros capítulos que abordan la cuestión de la medición de la pobreza, la exclusión y el desarrollo en los primeros años de vida, desde enfoques teóricos alternativos a las medidas economicistas de pobreza indirecta, adhiriendo a perspectivas multidimensionales y enfoques de derechos.

El primero de los capítulos se denomina Aportes para la medición de las privaciones sociales en la primera infancia. Incidencia, evolución y principales determinantes (Argentina, 2010-2013), en coautoría mía con Santiago Poy. Este trabajo se realizó en el marco del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y con base en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). En él se presenta una aproximación al espacio de privaciones sociales que experimentan las infancias entre los cero y los cuatro años en seis (6) dimensiones de derechos: 1. alimentación; 2. saneamiento; 3. vivienda; 4. salud; 5. información, y 6. estimulación temprana. La propuesta y el ejercicio de cálculo adhieren a la propuesta de Cepal y Unicef (2012) de medición de pobreza infantil, y suma definiciones y umbrales de derechos que se estiman más exigentes y generosos con las infancias. Claro está que ello es posible en el marco de un programa de investigación en el que se construyen datos primarios a partir de una encuesta propia, que tiene la ventaja de poder introducir indicadores originales y que se ajustan a enfoques integrales del desarrollo y de las situaciones socioeconómicas de los hogares; y cuya limitación es la representatividad a nivel de jurisdicciones o regiones, con lo cual los ejercicios de cálculo y análisis son a nivel de la población urbana de la Argentina y principales determinantes seleccionados.

El capítulo siguiente se titula ¿Cómo medir exclusión social en la primera infancia? Una propuesta de indicador aplicado al caso colombiano, y es de la autoría de Ana María Osorio Mejía y Luis Fernando Aguado Quintero, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. En él, se realiza una propuesta de medición multidimensional en la que incorporan indicadores novedosos en el campo de la estimulación temprana, la autonomía en la toma de decisiones por parte de la mujer, visibilidad jurídica ante el Estado, entre otros. El ejercicio de cálculo del índice se realizó con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que proporciona una amplia información sobre la salud sexual y reproductiva de las madres, así como información sobre las características socioeconómicas de la población, lo que permite el seguimiento y la evaluación de líneas base relevantes para el diseño y la revisión de políticas orientadas al binomio madre-infante, una de las principales áreas de vacancia. Asimismo, la cobertura nacional y la representatividad a nivel urbano y rural, por departamentos y regiones, permitieron un análisis georreferenciado muy apreciable.

Los siguientes dos artículos trabajan la realidad de México y se focalizan en la cuestión de la construcción de información sobre la primera infancia. El capítulo Elaboración de un paquete de indicadores esenciales de bienestar y desarrollo infantil temprano para monitoreo poblacional en México, de Filipa de Castro y Betania Allen, fue elaborado en el marco del Departamento de Métodos en Salud Pública, Dirección de Salud Reproductiva, Centro de Investigación en Salud Poblacional, del Instituto Nacional de Salud Pública de México. En este marco, se desarrolló una propuesta integrada de un paquete de indicadores esenciales de bienestar y desarrollo infantil, que reflejan tanto los dominios que intervienen en el desarrollo infantil (físico, psicológico, social) como los diferentes sectores involucrados en la atención de esta población (salud, educación, desarrollo social). Lo interesante el trabajo es que describe todos los procedimientos que se siguieron para la construcción del paquete de indicadores. Desde los detalles de la revisión de la literatura científica publicada en México en los últimos veinte años, la revisión de la normativa nacional e internacional vigente, y la evaluación de los indicadores internacionales existentes, hasta los datos epidemiológicos disponibles. Asimismo, se describe la modalidad de implementación de un proceso de evaluación de los indicadores propuestos, a través de un taller de jueces, y los resultados alcanzados. Este detalle sobre los procedimientos seguidos reviste una particular relevancia en términos metodológicos.

El paquete de indicadores fue diseñado desde una perspectiva teórica integral del desarrollo humano, que incluye los siguientes enfoques: enfoque de derechos, enfoque de equidad y enfoque ecológico. Más específicamente, la propuesta busca integrar los dominios físico, psicológico, social, que intervienen en el desarrollo infantil, así como los diferentes sectores involucrados en la atención de esta población (salud, educación, previsión y protección social).

El capítulo Acervo de información para el primer año de vida. Una propuesta basada en derechos humanos, de Rosa María Rubalcava, Sandra Murillo López y Héctor Ernesto Nájera Catalán tiene la originalidad de ubicarse en lo que los autores llaman la etapa (0), y la demografía nacidos vivos, es decir, el primer año de vida del niño o la niña. En este trabajo, los autores interpelan a la comunidad científica, pero también a los gobiernos, sobre la importancia de evitar subsumir el primer año de vida al grupo de edad de cero a cinco años. Entonces, se plantean la paradoja de que, por ejemplo, uno de los Objetivos del Milenio para el 2015 sea reducir la tasa de mortalidad infantil en los menores de cinco años, cuando la mayoría de las muertes se producen en los primeros meses de vida. Asimismo, es claro que los efectos que tienen la pobreza y las condiciones deficitarias del hábitat sobre la salud del niño y la niña en el primer año de vida son especialmente graves en términos del riesgo de vida.

Además, se realiza una sistemática revisión de las fuentes de datos a partir de registros administrativos de México, encuesta de hogares y censos; y se establece una rigurosa relación entre los indicadores disponibles y los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Se reflexiona sobre la subutilización de los registros administrativos y su enorme potencial para la construcción de información valiosa para los gobiernos, los organismos internacionales y las