Mazón tiene un problema judicial y lo sabe

Ahora que se piden responsabilidades políticas y dimisiones en cada fase de cada sumario apoyado en cada página de cada informe de cada división de la UCO, es conveniente recordar que a 350 kilómetros de Madrid hay un político que desatendió todas las señales y avisos –hasta los que salían por su televisión autonómica– y no mandó hacer nada mientras una ola de agua dulce y macabra se tragaba más de 223 vidas y rompía más de 300.000.

Esa persona sigue gobernando sin más, cada día más desaparecido y más refugiado en Alicante, pese a que el día que pasó eso ni siquiera estaba donde tenía que estar. Su jefe de gabinete, desaparecido y desconectado fuera de València. Algunos de sus consellers estaban ese martes 29 de octubre en Alicante, de donde son originarios, al ver que iba a caer un tormentón. La pregunta que surge es quién del Consell estaba trabajando el día de la peor alerta roja del siglo.

La Fiscalía acaba de pedir que se unifiquen las siete querellas presentadas contra Carlos Mazón y que se investiguen las responsabilidades en un juzgado de instrucción. En caso de que el president de la Generalitat Valenciana deba también ser investigado, que se eleve al Tribunal Superior de Justicia, ya que es aforado.

Mazón enfrenta un problema judicial, y lo sabe desde el principio de la tragedia. Le preocuparon extraordinariamente dos asuntos en la primera semana, cuando había un abandono absoluto de la población: cómo justificar la comida con la periodista Maribel Vilaplana durante la alerta roja ante las insistentes preguntas de los medios de comunicación (privada primero, de trabajo después y, por último, privada de trabajo) y cómo distanciarse de la negligencia y la falta de medidas del Consell.

Por eso, cuando se esperaba su determinación y firmeza en los primeros momentos se ocupó muy mucho de no asumir el mando del Centro de Coordinación (Cecopi) como le permitía la ley. La responsabilidad la dejó en manos de la consellera encargada de Emergencias, Salomé Pradas, que es quien firmaba las órdenes tras los Cecopi (como se encargó de subrayar Mazón hasta por tuits) y a la que cesó semanas después.

No le importó que el despido fuera incoherente con el argumentario que defendía su gobierno: su argumento siempre fue que en la Generalitat no eran responsables de nada porque no tenían información suficiente de la Confederación de Júcar y de Aemet, ambos organismos dependientes del Gobierno de España. Entonces, ¿por qué cesarla si no era culpa del Consell sino del Pedro Sánchez? Quizás porque el trabajo de Pradas estaba acabado. Y no era dirigir la catástrofe, sino ser la cabeza de turco. A día de hoy, con una lealtad fuera de lo común, la exconsellera aún no ha revelado cuántas llamadas hizo aquella tarde a su jefe y cuántas contestó.

Como Mazón tiene un problema judicial y lo sabe, fue más allá y se dedicó a defender a través de sus portavoces que él no solo no era responsable como president de gestionar el desastre, sino que ni siquiera era miembro de ese mismo Cecopi que lo gestionó con tal mal tino.

Administrativamente, con desaparecidos por decenas y con desalojados por miles, el president ponía un cortafuegos de cara a un posible proceso, anteponiendo esa distancia a su propia imagen como líder político. En el PP (nacional) lo sostienen aunque hay quien ha hecho cábalas para un plan B, por si es finalmente imputado o procesado por alguno de los motivos que piden esas querellas contra él: prevaricación, delito de lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Otra idea que podría tener el Partido Popular –que surfea convenientemente la ola que ponen bajo la tabla algunos jueces concretos– sería atornillarlo como president y defender que se debe quedar, haciendo paralelismos con la imputación, por ejemplo, del Fiscal General del Estado, que también se ha quedado en su cargo. El problema es que cuando todo es escándalo judicial nada es escándalo judicial, y se puede ser capaz de equiparar negligencia con resultado de centenares de muertes con una posible filtración de un correo. Todo puede valer si vale.

Mazón está centrado en salir impoluto manchando a otros, ganar tiempo de gobierno y sortear la imputación, algo para lo que ha trabajado y hecho oportunas declaraciones. Es difícil, pero quién sabe si puede conseguirlo. Sin embargo, se equivoca si cree que al esquivar sus posibles problemas judiciales se acabaron sus problemas en general o se desinflará la indignación de la calle.

El próximo 29 de diciembre, cuando se cumplirán dos meses de la tragedia, habrá un tercer toque a toriles para el jefe del Consell en una manifestación que se prevé tan multitudinaria como la primera y la segunda. El suflé de indignación no baja porque la zona cero sigue con miles de personas sin casa, sin ayudas y montañas de coches y residuos decorando sus calles arrasadas y yermas. La ansiada y cacareada reconstrucción no llega, y su ausencia provoca otros males para una población que no puede aguantar más. Como ejemplo, ha habido dos incendios en dos descampados enormes donde se han ido acumulando coches y se ha tenido que confinar a la población, por ejemplo, en Catarroja. Aunque la Generalitat anunció un flamante plan de retirada de escombros, las montañas de coches siguen ahí. Como ahí siguen las personas durmiendo en sofás de amigos o los niños estudiando online o a kilómetros de sus barrios. Están barriendo para despejar sus problemas políticos y esparcir sus responsabilidades. Quieren ocultar sus miserias debajo del mantel, pero ya no hay mantel, sino casi un centenar de querellas y miles de ciudadanos hastiados y maltratados que lo van a recordar cada día 29.