Inversiones Extranjeras

El presente trabajo pretende analizar los distintos puntos de vista sobre los efectos de la inversión extranjera en especial las de origen británicas en el país, sobre el sector de los ferrocarriles. Considerando a la tesis liberal en contraposición con la tesis nacionalista sobre los

En este trabajo evaluaremos la inserción de Venezuela en el sistema internacional de protección de inversiones y cómo los inversionistas extranjeros que no cuentan con la protección de un TBI o aquellos que, aun protegidos por uno de estos tratados, no cuentan con un foro imparcial para resolver las disputas que puedan surgir con el Estado venezolano en relación con sus inversiones, puede optimizar su protección. Para esto, daremos particular atención a los efectos de la denuncia de Venezuela de la Convención para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convención CIADI) y las alternativas existentes para que los inversionistas extranjeros puedan ejercer las protecciones brindadas por los TBIs ante un tribunal arbitral internacional que garantice imparcialidad e independencia.

Abordo el tratamiento del Proyecto de Reforma a la Ley de Arbitraje en materia de Inversiones Extranjeras planteando la problemática acerca si Bolivia debe o no seguir el }framework' de la CIADI. Finalizo con una serie de conclusiones y propuestas para futuros trabajos en materia de inversiones y arbitraje del estado.

Resumen: Los mecanismos de solución de controversias Estado-inversor se han relacionado con el arbitraje internacional, debido al uso extensivo del mecanismo de arbitraje en los Tratados de Inversión Bilaterales y otros acuerdos similares. Después de la crisis Argentina, el arbitraje internacional de inversiones ha sido objeto de severas críticas. Como resultado, se ha propuesto la creación de tribunales de inversión permanentes, particularmente en Europa. En este documento se presenta un enfoque diferente: el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionistas dos debe analizarse dentro del marco teórico del Derecho Procesal Administrativo Global. Abstract: The investor-state dispute settlement mechanisms have been related to international arbitration, due to the extensive use of the arbitration mechanism in Bilateral Investment Treaties and other similar agreements. After the Argentina crisis, international investment arbitration has been subject to a backlash. As a result, the creation of permanent investment courts has been proposed, particularly in Europe. In this paper a different approach is presented: the investor-state dispute settlement mechanism should be analyzed within the theoretical framework of the global judicial review.

Introducción. I. La definición de “inversionista” y el treaty shopping. II. La nacionalidad como requisito sine qua non para acceder a la protección de los AII. 1. La nacionalidad de las personas naturales. A. La ley aplicable para determinar la nacionalidad de las perso- nas naturales. B. La doble nacionalidad. i. Nacionalidad de conveniencia y nacionalidad efectiva. a. La doble nacionalidad y los mecanismos de arbitraje: ¿CIADI o no CIADI? C. Personas jurídicas protegidas y la planificación de la nacionalidad corporativa. D. Los criterios utilizados por los AII para atribuir la nacionalidad a una persona jurídica. i. Lugar de constitución: El caso de las empresas holding o letterbox. a. Casos en los que se negó
el levantamiento del velo corporativo. III. Los límites al treaty shopping. Conclusiones.

Argentina es el país más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y uno de los que más Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) ha firmado (58 en total, 55 vigentes). La mayoría de esas demandas fueron presentadas por empresas transnacionales (ETN) por la crisis de 2001-2002 y se refirieron a sectores económicos relacionados con recursos naturales. El 20% de esas demandas se vincula con el sector de agua potable y saneamiento, lo que también convierte a Argentina en el país más demandado en el CIADI por este sector. Son casos de alta conflictividad social y en los que se evidencia el rol del Estado como regulador frente al reclamo por parte de las ETN de protección de la propiedad privada, en los que resalta una asimetría jurídica que favorece la protección de las inversiones sobre el resguardo de los derechos humanos, en particular del derecho humano al agua reconocido por la Organización de Naciones Unidas, ONU, en 2010. Tomando el caso argentino como testigo, esta ponencia expondrá esa asimetría que contraviene las bases más elementales del derecho internacional, para evidenciar la necesidad de revisar el régimen internacional de protección de inversiones y su adecuación a los derechos humanos como obligaciones erga omnes.

Abordo el tratamiento del Proyecto de Reforma a la Ley de Arbitraje en materia de Inversiones Extranjeras planteando la problematica acerca si Bolivia debe o no seguir el framework de la CIADI. Finalizo con una serie de conclusiones y propuestas para futuros trabajos en materia de inversiones y arbitraje del estado.

Guglielmo Godio, más allá de su atractiva y múltiple personalidad de periodista,
explorador, literato y hombre de negocios, fue el responsable de concebir un negocio
portuario de gran magnitud en el fondeadero de Puerto Belgrano, en aguas
de la Bahía Blanca. El presente trabajo da cuenta de este proyecto, generado en
1900 y su contextualización en el marco ideológico y económico de la época. En
este sentido, la relación de este proyecto con la inmigración y la política italiana
de ese entonces y su colisión con los intereses comerciales de la ciudad de Bahía
Blanca serán esbozados en el siguiente artículo con la esperanza que sirva de
base a ulteriores investigaciones.

Durante casi tres décadas el movimiento político que liderara Batlle y Ordóñez postuló un claro acercamiento del Uruguay a Estados Unidos, al que vio como un escudo protector contra las amenazas expansionistas de sus poderosos vecinos y las presiones diplomáticas de las potencias extranjeras. Sobre el filo de la crisis de 1929, sin embargo, para algunos sectores de la vida política uruguaya -incluido el núcleo de jóvenes dirigentes que lideró el “segundo impulso” batllista- ya resultaban evidentes algunos rasgos marcadamente negativos de la presencia de poderosos intereses económicos norteamericanos, que dominaban sectores estratégicos de la economía uruguaya.
En el marco de la crisis económica desatada en 1929, dichos intereses -no solo los británicos, como otrora- resultarían afectados por el nuevo impulso dirigista y estatista. Aquí radicó el nudo del conflicto al que debió hacer frente la diplomacia norteamericana: qué posición adoptar ante un movimiento político que tradicionalmente había tenido una clara posición pro-norteamericana, pero que albergaba en su seno dirigentes con ideas de fuerte impronta nacionalista en lo económico y de preocupante permisividad hacia la presencia de las fuerzas de izquierda y la penetración comercial soviética.
La mirada y el accionar de la diplomacia norteamericana en el marco de la crisis del Uruguay batllista (1930-1933), se muestran en toda su riqueza en los informes diplomáticos norteamericanos que integran esta selección. Dicha documentación, relevada en los archivos del Departamento de Estado (National Archives, Washington D.C) nos ofrece un nuevo prisma para observar la historia del Uruguay contemporáneo.

El capítulo aborda en primer lugar y en forma panorámica, una descripción de las inversiones estadounidenses en Uruguay a comienzos de los años treinta. En una segunda parte analiza con mayor profundidad, apelando a la consulta de la correspondencia diplomática estadounidense, el conflicto suscitado entre el gobierno uruguayo y la poderosa “International Telephone and Telegraph Co. (IT&T), por la adjudicación del contrato para el tendido de la red de teléfonos subterráneos en Montevideo, que fuera otorgada a la compañía alemana Siemens & Halske. Dicha decisión se encuadra dentro de una serie de medidas adoptadas entre octubre y noviembre de 1931 -la más sonada de las cuales fue la creación del ente petrolero estatal, ANCAP- como fruto del acuerdo político concertado entre el batllismo y el nacionalismo independiente. El texto incluye un apéndice documental.

Resumen: En primer lugar, este artículo describe las características de la solución de controversias inversor-Estado como un régimen internacional, dentro de un espacio mayor: la protección de inversiones extranjeras. En segundo lugar, el trabajo se focaliza en el examen del régimen a la luz del modelo institucional de las relaciones internacionales, e identifica tres instancias de resistencia del modelo relacional: el retiro del CIADI – Bolivia, Ecuador y Venezuela-, el planteo de alternativas a los mecanismos de resolución de disputas actuales –sistema de tribunales de inversiones propuesto por la Unión Europea-, y la recuperación de la competencia de resolver en los tribunales locales aquellos conflictos jurídicos surgidos con inversores extranjeros –Sudáfrica-.

Abstract: Firstly, this paper describes the characteristics of investor-State dispute settlement as an international regime, within a bigger space: foreign investment protection. Secondly, this paper focuses on the examination of the regime in the light of the institutional model of international relations and it identifies three instances of resistance by the relational model: ICSID withdrawal –Bolivia, Ecuador and Venezuela-, alternatives to present dispute resolution mechanisms –European Union's proposal for an investment court system-, and domestic courts' reacquisition of jurisdiction to settle disputes with foreign investors –South Africa- .

En el capítulo se indaga acerca de las consecuencias del intento de Cambiemos por reinsertar a la Argentina en el mundo. Los autores señalan que el gobierno apostó a convertir a la Argentina en el supermercado del mundo y a generar una lluvia de inversiones, en ambos casos con un papel destacado del capital extranjero. Pero al analizar los resultados obtenidos, estos fueron decepcionantes en los propios términos en los que se lo había propuesto el gobierno. En relación con el perfil de inserción externo, se observa que las medidas tendientes a la liberalización y a la desregulación no lograron incrementar las exportaciones, aunque sí hubo un cambio hacia una mayor primarización de la canasta exportadora. A su vez, en relación con los años previos se produjo un aumento en las importaciones. Este incremento no estuvo centrado en las compras externas de insumos y bienes de capital por parte del sector productivo, sino en la adquisición de bienes de consumo final y automóviles. Y dio lugar a uno de los déficits comerciales más grandes de nuestra historia. Por otro lado, las inversiones extranjeras no crecieron de manera significativa, en tanto sí lo hizo la remisión de utilidades, por lo que no hubo un aporte de ahorro externo por parte de los capitales extranjeros como esperaba el gobierno. Finalmente, se señala que, ante el fracaso en el llamado a capitales extranjeros en la esfera productiva, el agravamiento del déficit comercial fue compensado a partir del ingreso de dólares especulativos y por un nuevo y acelerado proceso de endeudamiento público. Ambos aspectos incrementaron la vulnerabilidad de la economía argentina y la volvieron extremadamente dependiente del financiamiento externo. El agotamiento de la capacidad de tomar deuda con el sector privado condujo a un acuerdo con el FMI que no solo no evitó, sino que profundizó, una crisis económica que deterioró severamente las condiciones de vida de la clase trabajadora.Fil: Belloni, Paula. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Wainer, Andrés Gastón. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina. - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina; Argentin

Fox Quesada, nuestro ex presidente del sexenio 2000-2006, entre sus asuntos a abordar durante la presidencia se encontraba la política económica, la cual, a su vez fue seguida por Calderón, también ex presidente de México del sexenio 2006-2012, aunque con algunos cambios en busca de la "mejora" de esta política.