Desigualdad, ODS y universidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia Germán Albeiro Castaño Duque Compilador © Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible © Vicerrectoría de Investigación Editorial Universidad Nacional de Colombia © Germán Albeiro Castaño Duque Compilador © Autores: Alejandro Barrera-Escobar, Jorge Iván Bula Escobar, Germán Albeiro Castaño Duque, Alejandra Castaño Franco, Juan Felipe Castellanos-Martínez, Alejandro Echeverri Rubio, Daian Tatiana Flórez Quintero, Lida Marcela Franco, Jorge Alejandro García Ramírez, Andrés Felipe Gómez Sánchez, Mario Fernando Guerrero, Giovany Guevara, Mariela Márquez Quintero, Daniel Stid Ortiz López, Daniel Osorio Barreto, Johanna Peláez-Higuera, Carlos Mario Ramírez Guapacha, Antonio José Rengifo Lozano, Rayén Amanda Rovira Rubio, Norma Liliana Ruiz Gómez, Belizza Janeth Ruiz Mendoza, Héctor Mauricio Serna-Gómez, Victoria Eugenia Valencia Maya, Jaime Andrés Vieira Salazar, Jeannette Zambrano Nájera. Primera edición, noviembre de 2020 ISBN 978-958-794-279-8 (papel) Colección Escuela de Pensamiento Coordinador: Mario Fernando Guerrero Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible Director: Germán Albeiro Castaño Duque Edición Editorial Universidad Nacional de Colombia [email protected] www.editorial.unal.edu.co Coordinación editorial: Yecid Muñoz Santamaría Corrección de estilo: María Carolina Ochoa Cotejo de pruebas: Marisol García Rodríguez Diseño de la colección: Marisol del Rosario Vallejo Diseño de la cubierta: Nick Yei Castro Gómez Diagramación: Andrea Kratzer Moreno Bogotá, D. C., Colombia, 2020 Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y políticas públicas : una mirada desde la academia / Germán Albeiro Castaño Duque, compilador. -- Primera edición . -- Manizales : Universidad Nacional de Colombia. Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible ; Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría de Investigación. Editorial, 2020. 374 páginas : ilustraciones (principalmente a color), diagramas, mapas. – (Colección Escuela de Pensamiento) Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo e índice analítico ISBN 978-958-794-279-8 (rústica) 1. Objetivos de desarrollo sostenible 2. Desarrollo sostenible 3. Democracia 4. Gobierno 5. Gestión 6. Colombia -- Política gubernamental -- Siglo XXI I. Castaño Duque, Germán Albeiro, 1959-, compilador II. Serie CDD-23 338.92709861 / 2020 Contenido Prefacio 00 Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad 18 Reflexiones en torno al ods-1 36 Hambre cero, fincas sostenibles: un paso a la soberanía alimentaria y el respeto al medio ambiente. ods-2 64 Mejorar la salud y el bienestar de la población colombiana para el año 2030. ods-3 74 La calidad de la educación como apuesta de desarrollo. ods-4 96 Igualdad de género y desafíos para el desarrollo sostenible: Agenda 2030. ods-5 112 Accesos a agua potable y saneamiento básico: análisis de avances en Colombia. ods-6 134 Energía asequible y no contaminante: reflexión sobre la democratización de la electricidad, ¿al servicio de quién? ods-7 154 Trabajo decente y crecimiento económico. ods-8 164 Industria, innovación e infraestructura: un círculo virtuoso. ods-9 186 Reducción de las desigualdades: una reflexión a partir de las condiciones laborales de la mujer. ods-10 206 Ciudades sostenibles: el reto urbano para alcanzar 222 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ods-11 Eficiencia y conciencia: hacia una política de producción y consumo más sostenible. ods-12 246 Políticas para el cambio: apuestas de acción por el clima en Colombia. ods-13 258 Mares, océanos y recursos marinos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre 276 el Derecho del Mar. ods-14 Vida de ecosistemas terrestres. ods-15 298 Lo social y lo ambiental: el desafío del acuerdo de paz. ods-16 318 Las alianzas y las políticas públicas: el motor para el cumplimiento de los ods. ods-17 350 Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad Mario Fernando Guerrero Programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, Universidad Nacional de Colombia Desigualdad en el mundo El 21 de enero de 2019 la ONG Oxfam Internacional publicó su informe anual sobre pobreza mundial y desigualdades: “¿Bienestar público o beneficio privado?”, un sólido documento que consolida información a partir de más de cuatrocientas fuentes gubernamentales y económicas a escala mundial. El informe se concentra en establecer la relación entre la naturaleza de nuestras economías, la desigualdad y la ampliación de las diferencias de oportunidades de vida entre ricos y pobres (“brechas”), llamando la atención sobre cómo la concentración de la riqueza se ha acentuado a lo largo de las últimas décadas y, concluimos nosotros, se hace del mundo un lugar menos sostenible día tras día. Los datos registrados en el informe causan inquietud: durante el último año la riqueza del 50 % de la población más pobre se redujo en 11 %, mientras que la riqueza de los multimillonarios se ha incrementado en 900 000 millones de dólares en el mismo lapso, lo que equivale a un incremento diario de 2500 millones de dólares (Oxfam, 2019). Pero el fenómeno no se limita al último año, sino que se presenta como una tendencia de la última década: 19 los datos recientes publicados por el Banco Mundial (2018) muestran que la tasa de reducción de la pobreza a escala mundial se ha reducido a la mitad desde 2013. Oxfam ya había llamado la atención sobre esta tendencia en su informe de 2017, en el que establecía, con base en datos del Global Wealth Report 2016 (Credit Suisse Research Institute, 2016), que desde 2015 el 1 % más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Además, dentro de esa franja de las personas más ricas, los ocho más acaudalados acumulan la misma riqueza que 3600 millones de personas, lo que equivale a la mitad de la humanidad (Oxfam, 2017). De manera creciente, la riqueza mundial se acumula en pocas manos. El Laboratorio sobre la Desigualdad Global da cuenta de que en prácticamente todas las regiones del mundo se ha incrementado la desigualdad de manera sostenida y la única variación evidente es el ritmo al cual aumenta. En la figura 1.1 podemos apreciar el fenómeno con datos consolidados a escala global. Figura 1.1. El ascenso del 1 % de mayores ingresos a escala global y el estancamiento del 50 % de menores ingresos, 1980-2016 25% 20% 1% de mayores ingresos a nivel global Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia 15% 10% 5% 1980 50% de menores ingresos a nivel global 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Fuente: World Inequality Lab, 2018. La tendencia es sostenida hacia el alza y el fenómeno de acumulación se concentra cada vez en menos población, lo cual no solo incrementa la brecha de pobreza, sino que reduce la clase media global (figura 1.2). 20 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad Figura 1.2. Proyección a 2050 de brecha de desigualdad y clase media mundial. 40% 1% más alto 30% "La clase media global" 20% 0.1% más alto 10% Asumiendo el mantenimiento de las condiciones actuales 0.01% más alto 0% 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Fuente: World Inequality Lab, 2018. Este contexto de desigualdad acentúa las brechas de género especialmente en el plano del ingreso salarial: se encuentra que a escala mundial aquellas mujeres que participan del mercado laboral formal ganan 23 % menos que los hombres, y en términos generales los hombres del mundo poseen 50 % más riqueza que las mujeres. Así mismo, la mayoría de los trabajadores peor remunerados del mundo son mujeres y niñas, quienes además trabajan en las condiciones más precarias (Oxfam, 2017). Amnistía Internacional ha hecho seguimiento a esta “feminización de la pobreza” desde hace una década, y ha calculado en sus informes que el 70 % de las personas pobres del mundo son mujeres estancadas en trampas de género causadas por la discriminación. En algunos países la discriminación contra las mujeres impregna la legislación, y en otros esta discriminación persiste pese a la adopción de leyes de igualdad. Las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres a recursos y medios de producción como la tierra, el crédito y la herencia, no reciben el mismo salario que los hombres y la mayor parte de su trabajo no es remunerado. Las mujeres a menudo trabajan en labores informales, sin seguridad de empleo ni protección social. Al mismo tiempo, se las sigue responsabilizando del cuidado de la familia y del hogar (Amnistía Internacional, 2009). A su vez, hay rampas que las condenan a círculos de violencia pues las mujeres que viven en los lugares más pobres son quienes sufren más abusos psicológicos, físicos y sexuales, con lo cual pierden capacidades productivas y quedan expuestas a relaciones opresivas de dependencia familiar o de pareja. 21 Vemos entonces que la desigualdad tiene implicaciones profundas, más allá de la básica manera de entenderla como diferencia de ingresos entre pobres y ricos. En palabras del sociólogo sueco Göran Therborn (2015), en su libro La desigualdad mata: la falta de acceso a servicios básicos y las necesidades vitales insatisfechas representan baja calidad de vida, disminución en la esperanza de vida, enfermedades y muertes. Así mismo, es ultraje a la dignidad humana, a la posibilidad de que cada ser humano desarrolle una imagen positiva de sí mismo y, a partir de esto, una vida plena en desarrollo de sus potencialidades y capacidades para funcionar en sociedad. La desigualdad niega un lugar en sus sociedades a miles de millones de personas; es exclusión que lleva a humillaciones y vejaciones. Desigualdad en Colombia Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia El caso de Colombia es poco alentador. Nuestro país es uno de los más desiguales del mundo con un índice de Gini de 0.517, siendo el séptimo país a escala mundial y el segundo de Latinoamérica, solo detrás de Honduras (Banco Mundial, 2017). La incidencia de la pobreza monetaria —la línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que permiten un nivel de vida adecuado (Dane, 2016)— es del 26.9 %, lo cual implica que, según el último censo, cerca de doce millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza; es decir, que sus núcleos familiares de cuatro personas deben sobrevivir con ingresos inferiores a 1.3 SMLM. Quibdó (47.9 %) y Riohacha (46.9 %) fueron las ciudades con mayor incidencia de pobreza. La pobreza extrema es del 7.4 %, por lo cual 3.5 millones de personas sobreviven en núcleos familiares de cuatro personas con ingresos inferiores a 465 320 pesos (0.6 SMLM). Igualmente las ciudades con mayor pobreza extrema fueron Quibdó (17.7 %) y Riohacha, (15.1 %), lo cual coincide con las estimaciones de la localización de la pobreza multidimensional, con 33.2 % para la región Pacífico y 26.4 % para la región Caribe (Dane, 2017). Estas cifras de base establecen un panorama general que, como hemos visto, no expone la amplitud del impacto de las disparidades. En el caso de Colombia la desigualdad define derroteros de vida muy diferentes para las personas según su hogar de nacimiento, aquello a lo que tendrán acceso y de lo que carecerán en su infancia y definirá su vida. En este sentido, podemos decir que existen múltiples ciudadanías dentro de Colombia y, según la riqueza de nuestras familias, vivimos en Colombia diferentes, donde para algunos existe el acceso a derechos fundamentales pero para otros no. En principio existen la Colombia urbana y la Colombia rural, con inmensas brechas de calidad de vida entre ellas y con una incidencia de la pobreza 22 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad multidimensional del 36.6 % en el campo, en contraste con el 11.4 % en la ciudad. Para un niño que nace en el campo se duplica la posibilidad de nacer en la pobreza sin oportunidad de tener acceso a servicios sociales básicos. Así mismo, el índice de pobreza extrema es tres veces mayor entre el campo, con 15.4 %, frente a 5 % para la ciudad (Dane, 2017). Es una conclusión del informe de la Misión para la Transformación del Campo (2014) que la reducción de la pobreza en los territorios rurales no ha sido suficiente para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, y las diferencias se han ampliado con el tiempo. Una persona que nace hoy en el campo tiene el 11 % de posibilidades de no tener vivienda, el 60 % de no contar con agua potable y el 85 % de no contar con alcantarillado, y el ingreso promedio mensual de los trabajadores del campo es tres veces menor que el de la ciudad. En educación, un derecho fundamental y un servicio social determinante para el futuro de cada individuo, las posibilidades para los campesinos se reducen: actualmente el analfabetismo ronda el 18 % y un niño en el campo ingresa muy pronto a la vida laboral de subsistencia, de modo que tiene acceso a tan solo 5.5 años de estudio en promedio frente a la oportunidad de los jóvenes de la ciudad de asistir 9.2 años. De esta forma, solo 27 de cada cien niños campesinos asiste a la educación media debido a las grandes distancias que los separan de las escuelas y a los altos costos de transporte y manutención (Mineducación, 2017). Esta inmensa diferencia entre los dos mundos tiene implicaciones profundas en la sostenibilidad de Colombia a largo plazo. En este momento el campo es un lugar poco atractivo para las nuevas generaciones, lo que acelera el proceso de urbanización que ya concentra el 74 % de la población de Colombia en zonas urbanas, por encima del índice mundial, cercano al 52 %, e incluso superior al que proyecta Naciones Unidas para 2050, de 66 % (ONU, 2018). Por esta razón, se importa cerca del 30 % de los alimentos necesarios en Colombia, lo que compromete seriamente la seguridad alimentaria del país. Adicionalmente, de los alimentos que se producen en Colombia el 83.5 % se deben a pequeños agricultores, que se ven enfrentados a la alta concentración de la tierra. Con el último censo agrario, tras 45 años de diferencia con el censo de 1970, se estableció que los grandes tenedores de tierra en el país, terratenientes y empresas, pasaron de tener cinco millones de hectáreas a tener más de 47 millones. La concentración de la tierra se ha exacerbado hasta el punto de que el 1 % de los grandes propietarios tiene en su poder el 81 % de la tierra, mientras que los medianos y pequeños propietarios, que representan al 99 % de las familias campesinas, poseen tan solo el 19 % (Dane, 2016). Grandes cantidades de tierra fueron despojadas de manera violenta (6.6 millones de hectáreas, 15 % de la superficie agropecuaria del país), pero el proceso de restitución es lento y a la fecha tan solo se han devuelto, según la Unidad de Restitución de Tierras (2018), 338 362 hectáreas. 23 La desigualdad rural también ha dejado al campesinado a merced de la violencia. La deficiente presencia de las instituciones del Estado en regiones niega a los habitantes del territorio acceso a los derechos fundamentales y ha permitido que sean otros los protagonistas del desarrollo regional. Mafias, narcotráfico y actores armados han reemplazado o cooptado las instituciones, y esto, aunado a la falta de inversión en carreteras e infraestructura, ha aislado a las regiones haciendo más evidente la mencionada diferencia de ciudadanías. En ese orden de ideas, es diferente el país de las comunidades afrocolombianas de Chocó, donde la desigualdad económica se profundiza por la discriminación racial, como sucede también para la Colombia indígena, e incluso hay otro país para las niñas y la mujeres de Colombia. La figura 1.3 nos muestra la jerarquización del acceso a ingresos en América Latina. Figura 1.3. Desigualdad en el acceso al ingreso debido a diferencias de género y condición étnica A. Nueve países, según origen étnico (indígena o no indígena)a 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia 0 0 a 3 años 4 a 7 años 8 a 11 años 12 años y más Años de escolaridad Hombre no indígenac Hombre indígena Mujer no indígenac Mujer indígena América Latina (países seleccionados): ingresos laborales mensuales medios entre los ocupados de 15 años de edad y más, según sexo, condición étnico-racial y años de escolaridad, total nacional, alrededor de 2015 (En dólares de 2010 de paridad de poder adquisitivo) 24 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad B. Cuatro países, según origen racial (afrodescendiente o no afrodescendiente)b 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 0 a 3 años 4 a 7 años 8 a 11 años 12 años y más Años de escolaridad Hombre no afrodescendiented Hombre afrodescendiente Mujer no afrodescendiented Mujer afrodescendiente Fuente: Cepal, 2018, p. 29. (© Naciones Unidas. Todos los derechos reservados). Desigualdad y Objetivos de Desarrollo Sostenible La desigualdad es violencia y genera más violencia. Por ello, una de las conclusiones que encontramos en el informe de Oxfam (2017) establece que si continúa la tendencia de concentración de la riqueza, el incremento de la desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades, lo que incrementa la delincuencia y la inseguridad y hace que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza. Construir bases para una sociedad equitativa es construir paz. Por esta razón, el acuerdo firmado en 2016 para la superación del conflicto armado interno en Colombia plantea como condiciones históricas de la violencia, y de su persistencia a lo largo de décadas, “la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños”. De tal manera, la base de la reconciliación para un nuevo país debe ser la “construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza” (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 12 de noviembre de 2016). 25 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia Alineado a lo establecido en el acuerdo de paz, los ODS surgen en el mundo como diecisiete acuerdos con visión de futuro para construir las bases de una sociedad global que piensa en la vida del planeta, en las personas, en la paz y en la equidad. Más allá de establecer metas medibles a cumplir en el plazo de 2030, son ideales, imperativos que nos trazan caminos para hacer del mundo un lugar más sostenible y por ello vivible. Y es allí donde radica la fuerza de los ODS. Más allá de los compromisos adquiridos por los actores del mundo presentes en las conferencias, por encima de sus rúbricas, se encumbra la positiva visión de futuro representada en los diecisiete escenarios y lo que ella dice del espíritu humano: en un ejercicio de prospectiva en el que participaron personas de todas las culturas, religiones, idiomas y rincones del mundo, donde se pudo plantear cualquier escenario posible, se llegó al acuerdo de un mundo mejor y más justo, ese futuro que es posible en cuanto puede ser imaginado y, aún más, representado. Colombia, como uno de los países precursores del acuerdo que dio forma a los ODS en la conferencia de Río+20, ha venido estableciendo herramientas pioneras para incluir la Agenda 2030 en las herramientas de planeación. Un Conpes, plan de desarrollo territorial, y el Plan Nacional de Desarrollo 20182020 trazan rutas para implementar lo contenido en los objetivos. Sin embargo, como hemos visto, mucho está por hacer, y se plantea realizarlo involucrando a todos los actores mediante alianzas que sumen el compromiso de ONG y la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional, haciendo especial énfasis en que el capital privado es un factor determinante para llegar a las metas. Sin perder de vista lo anterior, es clave resaltar el papel del Estado en el logro de la equidad y la sostenibilidad. “No dejar a nadie atrás” es el lema de la Agenda 2030, pero en una sociedad globalizada que gira a la velocidad de las comunicaciones instantáneas, acostumbrada a la competencia, ¿quién tiene la intención de mirar hacia atrás? Los Estados deben hacerlo. El principal papel del Estado tiene que ver con su capacidad para generar equidad, igualando oportunidades y promoviendo inclusión social en un marco de derechos. En una sociedad que jerarquiza con base en las diferencias de las que hemos hablado, y que a partir de esto diferencia de manera inequitativa el acceso a bienes valorados, el Estado debe tener capacidad de intervenir para garantizar las mismas oportunidades de acceso a educación, salud, servicios públicos esenciales, etc. Sin embargo, hemos observado cómo desde las décadas de los ochenta y noventa los modelos de privatización han desmantelado las capacidades de los Estados en América Latina para hacer frente a la desigualdad. Según el estudio del Laboratorio de Desigualdad Global (World Inequality Lab, 2018), iniciativa codirigida por el economista Thomas Piketty, el debilitamiento de lo público 26 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad aunado al fenómeno de la globalización ha cargado la balanza de la propiedad de la riqueza hacia el sector privado. De esta manera, la riqueza de las naciones ha pasado de estar en manos de los Estados a estar en poder de los privados, hasta el punto de que en los países “desarrollados” la riqueza pública es negativa o próxima a cero dado que la riqueza privada neta es de entre 400 % y 700 % del ingreso nacional. Esta disparidad entre instituciones públicas en su mínima expresión y grandes empresas transnacionales ha puesto el mercado en beneficio de los grandes capitales a través de tres estrategias que desmienten la teoría de “crecimiento por goteo” pues las ganancias nunca bajan a las esferas más pobres, sino que se siguen concentrando en las esferas de mayores ingresos: primero, los salarios han crecido poco en las últimas décadas y en algunos países se han estancado; segundo, la presión que se ejerce sobre los pequeños productores, quienes se ven a merced de la fluctuación de los precios de los mercados, de modo que ven reducidas constantemente las ganancias de su trabajo; y tercero, la poca capacidad de los Estados para evitar la evasión fiscal por parte de grandes fortunas, las cuales han evadido a escala mundial un estimado de 200 000 millones de dólares en concepto de impuestos (Oxfam, 2019). Para maximizar ganancias algunas empresas recurren a modelos de producción que fomentan la esclavitud y el trabajo forzado de niños, niñas y mujeres en países pobres. La concentración del flujo de capital en manos de grandes compañías transnacionales (en 2015 las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos) ha impulsado una carrera de los gobiernos alrededor del mundo por presentar mejores incentivos para la inversión, con lo cual las rebajas fiscales para las empresas privadas se encuentran en su punto más alto del último siglo (Oxfam, 2019). El círculo de concentración se cierra con la captura de la legislación y con políticas que, por lobby o presión, terminan siendo favorables a estos grandes capitales. En esta dinámica de ampliación de brechas, es imperativa la intervención del Estado para establecer modelos tributarios justos que permitan financiar esquemas de redistribución de la riqueza. Así mismo, los modelos tributarios sobre la riqueza y las herencias son una herramienta de los Estados para controlar la acumulación desmedida de capitales. Otras herramientas fundamentales para la promoción de la equidad son los proyectos de inversión social y servicios públicos directamente relacionados con los ODS. Educación, salud, alimentación, agua y energía deben ser una fuente inagotable de oportunidades para todos. Oxfam (2019) establece en su análisis que la gratuidad y la universalidad de los servicios públicos son la base de la reducción de la desigualdad: En el momento en el cual los servicios se diseñan y funcionan adecuadamente desde lo público, tienen efectos inigualables sobre la reducción de la pobreza y 27 la desigualdad. Por el contrario, la alternativa de alianzas público-privadas (APP) no es viable para servicios como educación, salud y otros que inciden directamente en las condiciones básicas de los seres humanos. De hecho, la estrategia APP puede aumentar la desigualdad y agotar los recursos de los gobiernos. En este sentido, el “Estado es por antonomasia una fuente inagotable de libertad” (Oxfam, 2019), y por ello debe su existencia a lograrla para todos más allá de sus provisiones iniciales de nacimiento. Entonces, los ODS como orientadores de políticas públicas son a la vez ideales y hoja de ruta en la búsqueda de la equidad en el mundo y son una clara pauta de lo que debe ser conseguido para el logro de la igualdad. Universidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible En Colombia la desigualdad se manifiesta cuando evidenciamos que las inequidades son repetitivas y se concentran por generaciones en las mismas comunidades. Las mismas regiones concentran el conflicto armado por la imposibilidad de los gobiernos de sustentar legalidad e institucionalidad, mientras que otras regiones se sumen en trampas de pobreza. El sistema político, económico y social ha institucionalizado la inequidad y la reproduce sistemáticamente promoviendo relaciones basadas en la exclusión, lo cual deforma la cooperación en igualdad de condiciones y hace de nuestro entorno algo poco innovador y competitivo. Según la Cepal en su informe “La ineficiencia de la desigualdad”: Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia El costo para la sociedad no se agota en la pérdida futura de ingresos de una persona que no continúa sus estudios, ya que hay externalidades positivas asociadas a la interacción entre personas con alto nivel de educación; en otras palabras, el beneficio social de la inversión en educación va más allá del beneficio privado. Cuando la desigualdad impide el acceso a la educación, sus efectos no son localizados, sino que además se difunden, afectando el conjunto del sistema económico. (Cepal, 2018) La insuficiente acumulación de capacidades que logra la población colombiana a través de la educación tiene impacto directo desde el punto de vista de competitividad del país, como lo muestra el Índice de Competitividad Global (ICG) que publica el World Economic Forum (2018). Este índice compara la productividad de los países relacionando dimensiones de base social, así como el contexto institucional y el clima político y social imperante; lo hace considerando doce pilares fundamentales interrelacionados. Los cuatro primeros tienen que ver con requerimientos básicos para crear entornos productivos: 1) instituciones, 2) infraestructura, 3) entorno macroeconómico y 4) salud y educación básica; 28 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad un segundo grupo tiene seis pilares llamados “potenciadores de eficiencia”: 5) educación superior y entrenamiento, 6) eficiencia de los mercados de bienes, 7) eficiencia del mercado de trabajo, 8) desarrollo del mercado financiero, 9) base tecnológica, 10) tamaño de los mercados; finalmente hay dos factores de innovación: 11) sofisticación de las empresas y 12) innovación. En el índice 2017-2018 Colombia aparece en el puesto 66 entre 137 países, a 33 puestos de Chile, la más competitiva de las naciones latinoamericanas, y cinco puestos atrás en comparación con el periodo 2016-2017. Aunque no parece un mal resultado, sí lo es si se revisan los resultados de índices individuales. Los resultados en salud y educación básica son deficientes a largo plazo pues sin una fuerza laboral saludable y educada no se pueden lograr niveles de innovación sostenibles que aprovechen el cambio tecnológico. Así mismo, con los logros actuales en infraestructura y la poca estabilidad de las instituciones, Colombia tenderá a caer en su capacidad de productividad a mediano plazo, de modo que se volverá cada vez menos competitiva a causa de la desigualdad. Como lo confirma la Cepal (2018), “corregir la desigualdad no es un beneficio que solo pueden permitirse los países que cuentan con elevados niveles de ingreso, sino una condición necesaria para que los países rezagados se aproximen a los niveles de productividad de los primeros”. En este entorno todas las instituciones deben intervenir en la resolución de la desigualdad sistémica, y entre ellas las instituciones de educación superior tienen un papel fundamental que desempeñar por su capacidad transformadora, en conexión con las apuestas de la Agenda 2030: La transformación es una ambición compleja y a largo plazo. Debe comenzar por reconocer que la agenda de DS requiere un cambio de paradigma en la educación. No se trata solo de transformar la responsabilidad institucional, sino también de reorientar el currículo y la enseñanza para atender mejor las necesidades de las generaciones actuales y futuras. El proceso llevará tiempo, y es necesario adoptar un enfoque de cambio resiliente e inclusivo. (Albareda-Tiana, Vidal-Raméntol y Fernández, 2018) Transformar individuos que cambien sus sociedades es la meta, promoviendo el pensamiento crítico y responsable de cada cual en torno a las consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales de cada uno de sus actos, como parte de una comunidad local, pero así mismo de una sociedad global. Individuos que sean partícipes en la toma de decisiones de sus sistemas políticos y que impulsen cambios hacia la dirección del desarrollo y la sostenibilidad de los procesos humanos a toda escala. Para enfrentar este reto se han acordado —a escala mundial y en escenarios abiertos y multilaterales de participación— lineamientos de acciones de articulación de los ODS con la educación y las universidades, empezando por 29 el compromiso de promover la educación para el desarrollo sustentable (EDS), establecido en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y en su iniciativa The Future We Want; luego, el acuerdo Peoples’ Sustainability Treaty on Higher Education (Tilbury, 2012), elaborado para la misma conferencia, en el cual se establecen cinco ámbitos prioritarios de trabajo para la transformación de las instituciones de educación superior (IES): 1) Cultural: posicionar el desarrollo sostenible como principio de cambio en la educación superior. 2) Campus: implementar prácticas sostenibles en los recintos universitarios. 3) Currículo: reorientación temática y pedagógica. 4) Compromiso institucional: para acercar la academia a las comunidades e impulsar el acceso amplio a la educación superior. 5) Conectar el sistema: generar políticas, incentivos y mecanismos para alinear procesos y prácticas al desarrollo sostenible. Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) y políticas públicas: una mirada desde la academia Así mismo, se debe tener en cuenta la iniciativa Una década de Educación para el Desarrollo Sustentable, respaldada por el sistema de Naciones Unidas en cabeza de la Unesco, cuyos avances y resultados son expuestos en el reporte Shaping the future we want. UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014), en el documento de Declaración sobre la EDS de Aichi-Nagoya de 2014 y en el documento de la Unesco titulado “Roadmap for implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development”. En estos lineamientos, se presenta la EDS como un nuevo paradigma pedagógico en las universidades, que propende al desarrollo no solo de conocimientos, sino también de habilidades, competencias, actitudes y valores para nuevos ciudadanos que se enfoquen en la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la creatividad en busca de un nuevo futuro para sus comunidades sin perder de vista los contextos regionales, nacionales y globales de los que hacen parte. Así mismo, las comunidades académicas, de cara al reto de integrar los ODS en sus instituciones, han venido recogiendo valiosas experiencias en documentos guía como el consolidado por la organización de universidades españolas Crue (2012): “Guidelines for the inclusion of sustainability in the curriculum”, o dialogando a través de revistas científicas como International Journal of Sustainability in Higher Education. Todas estas experiencias de referencia brindan suficientes herramientas para crear hojas de ruta en las universidades, asociadas a procesos de evaluación y seguimiento de su implementación. A este respecto, existen iniciativas —como la de Times Higher Education— de consolidar un escalafón internacional que permita a las instituciones educativas acreditadas medir su impacto social en términos del logro de los ODS en sus entornos nacionales y regionales (THE, 2019). Finalmente, el entorno de inequidad demanda acciones decididas y directas de parte de las instituciones universitarias desde la ponderación de la educación 30 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y universidad como un activo social y económico esencial para lograr la igualdad social y la igualdad de género. En este sentido, son acciones afirmativas y transformativas: 1) generar cambios en los modelos de costeo de las matrículas (ya mencionamos el ideal de lograr la cobertura universal) para evitar costos inasequibles; 2) incluir métricas más incluyentes como parte de los exámenes de ingreso, que brinden la oportunidad a diversos saberes y lenguajes de ser escuchados y a múltiples culturas, de verse incluidas en las universidades; 3) orientar la capacidad de investigación académica a la resolución de problemas de las comunidades y promover el trabajo mancomunado con estas para construir capacidades propias y agencia como parte de la función de extensión universitaria; y 4) finalmente, la innovación tecnológica y la innovación social encauzadas hacia la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Las instituciones de educación superior cuentan en nuestras sociedades con reconocimiento y liderazgo, influencia pública y un estatus de neutralidad que las posiciona para promover cambios culturales y de orientaciones de política pública y su implementación. Para este desarrollo de programas orientados por los ODS será necesario establecer puentes de articulación y diálogo entre todos los actores sociales, en medio de los cuales están las universidades como consciencia crítica, pero también como catalizador de sinergias. Y precisamente son los ODS aquellos integradores que recogen los intereses de los múltiples sectores de la sociedad a partir de los cuales la academia puede generar movilización para la transformación hacia ese ideal universal, seguros de que no tendremos mejor orientación de política pública que la efigie del mundo más digno y sostenible que podamos imaginar. Referencias Amnistía Internacional (2009). La trampa del género. Mujeres, violencia y pobreza. 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