Espacios globales y espacios locales

Revista de Estudios Sociales 61 | Julio 2017 Entre lo local y lo global: espacios e interacción en los nuevos enfoques de las ciencias sociales Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales. Panorámica sobre Sudamérica y Chile, 2010-2015 Global and Local Spaces: Seeking New Approaches to Environmental Conflicts. General Overview upon South America and Chile, 2010-2015 Espaços globais e espaços locais: em busca de novos enfoques aos conflitos ambientais. Panorama sobre a América Latina e o Chile, 2010-2015 Aaron Napadensky y Ricardo Azocar Edición electrónica URL: https://journals.openedition.org/revestudsoc/860 ISSN: 1900-5180 Editor Universidad de los Andes Edición impresa Fecha de publicación: 1 julio 2017 Paginación: 28-42 ISSN: 0123-885X Referencia electrónica Aaron Napadensky y Ricardo Azocar, «Espacios globales y espacios locales: », Revista de Estudios Sociales [En línea], 61 | Julio 2017, Publicado el 01 julio 2017, consultado el 04 mayo 2021. URL: http:// journals.openedition.org/revestudsoc/860 Los contenidos de la Revista de Estudios Sociales están editados bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. provided by OpenEdition View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE 28 Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales. Panorámica sobre Sudamérica y Chile, 2010-2015* Aaron Napadensky** – Ricardo Azocar*** Fecha de recepción: 30 de junio de 2016 · Fecha de aceptación: 15 de diciembre de 2016 · Fecha de modificación: 26 de enero de 2017 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 Cómo citar: Napadensky, Aaron y Ricardo Azocar. 2017. “Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales. Panorámica sobre Sudamérica y Chile, 2010-2015”. Revista de Estudios Sociales 61: 28-43. https://dx.doi. org/10.7440/res61.2017.03 R E S U M E N | El artículo observa los Conflictos Ambientales (CA) en Sudamérica y Chile como acontecimientos tensionados por la confrontación de concepciones espaciales distintas, pero levantadas sobre un mismo espacio material. Para argumentar esto, y recurriendo a datos del Banco Mundial, Environmental Justice Atlas, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Observatorio Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), Banco Central de Chile, Coordinadora Defensa del Agua y la Vida, prensa y radio nacional, se realizaron un levantamiento y localización de los CA, orígenes de sus capitales, e Inversión Extranjera Directa (IED). El resultado de las cartografías, y sus cruces, evidenció la relación entre concentración espacial de CA e IED, dando cuenta de una fricción no resuelta entre espacios concebidos desde lo local y lo global. PA L A B R A S C L AV E | Suramérica, Chile (Thesaurus); inversión extranjera directa, espacios locales, conflictos ambientales (Autor) Global and Local Spaces: Seeking New Approaches to Environmental Conflicts. General Overview upon South America and Chile, 2010-2015 A B S T R AC T | The article oversees the Environmentas Conflicts (CA as per its Spanish acronym) in South America and Chile caught through the confrontation of different conceptual spaces, but rising from the same material space. For this argument and retrieving data from the World Bank, Environmental Justice Atlas, Latin American Observatory for Environment Conflicts (OLCA as per its Spanish acronym), Observatory of Mining Conflicts in Latin America (OCMAL as per its Spanish acronym), Central Bank of Chile, Life and Water Defence Coordinator and national press and radio, a lifting and location of the CA’s capital sources and Direct Foreign Investment (IED as per its Spanish acronym) was undertaken. The result from the mapping and its crossings provided evidence of the relationship between the space concentration of CA and IED, noticing a non-solved friction between spaces conceived from the local and the global. KEYWORDS | South America, Chile (Thesaurus); direct foreign investment, local spaces, environment conflicts (Author) * ** *** El artículo es producto del proyecto “(RE) Organización funcional y morfologías metropolitanas emergentes en ciudades intermedias del sur de Chile: Los casos del Área Metropolitana de Concepción y Área Metropolitana de Puerto Montt, Chile”, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad del Bío-Bío (Chile). Proyecto de investigación interno DIUBB 150801 4/I. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, investigador y director del Laboratorio de Estudios Urbanos del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Bío-Bío (Chile). Sus principales líneas de investigación son: procesos de metropolización y transformación funcional de los sistemas urbanos, conflictos ambientales, territorio y espacio urbano. Dentro de sus últimas publicaciones se encuentran: “Centros tradicionales, nuevas centralidades y descentralización en metrópolis intermedias latinoamericanas: Caso del Gran Concepción, Chile”. Cuaderno Urbano 21 (21): 29-56, 2016; y “Espacios genéricos y apropiaciones sociales en centros comerciales. El caso del mall Plaza del Trébol en el área metropolitana de Concepción, 1994-2012” (en coautoría). Revista: Urbano 18 (31): 32-51, 2015. * [email protected] Arquitecto de la Universidad del Bío-Bío. Colaborador del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío. Sus principales líneas de investigación son: conflictos ambientales locales e infraestructuras, y las intervenciones arquitectónicas y paisaje. * [email protected] DOSSIER Espaços globais e espaços locais: em busca de novos enfoques aos conflitos ambientais. Panorama sobre a América Latina e o Chile, 2010-2015 R E S U M O | O artigo observa os Conflitos Ambientais (CA) na América Latina e no Chile como acontecimentos impulsionados pela confrontação de diferentes concepções espaciais, que são, porém, levantadas sobre um mesmo espaço material. Para argumentar isso, recorrendo a dados do Banco Mundial, Environmental Justice Atlas, Observatório Latino-americano de Conflitos Ambientais (OLCA), Observatório de Conflitos Mineiros na América Latina (OCMAL), Banco Central do Chile, Coordenadora de Defesa da Água e da Vida, imprensa e rádio nacional, foi realizado um levantamento e localização dos CA, origens de seus capitais e Investimento Estrangeiro Direto (IED). O resultado das cartografias e seus cruzamentos evidenciou a relação entre concentração espacial de CA e IED, dando conta de uma fricção não resolvida entre espaços concebidos desde o local e o global. PA L AV R A S - C H AV E | América do Sul, Chile (Thesaurus); investimento estrangeiro direto, espaços locais, conflitos ambientais (Autor) Introducción No parece haber discusión en torno a la idea de que los conflictos ambientales (CA) están profundamente imbricados en el proceso de expansión del modelo de acumulación capitalista neoliberal, iniciado con fuerza desde mediados del siglo XX. Esto no quiere decir que antes los problemas ambientales estuviesen ausentes, sino que estos han devenido en situaciones conflictivas, en la medida en que esta visión capitalista global se ha dado a la par de la expansión y profundización de la democracia, la masificación del acceso a la información y a los medios de difusión, creando nuevos espacios para el empoderamiento de comunidades locales que están reaccionando frente a aquellas imposiciones que consideran injustas. Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación que se ha desarrollado con especial fuerza durante las últimas décadas, por lo menos en el contexto sudamericano, atizada en parte por el aumento y visibilidad sustanciales que están adquiriendo los CA; se aprecia un mayor interés en estudiar y analizar sus causas, consecuencias y posibles mecanismos de resolución, al emerger una vigorosa discusión continental, heterogénea en sus aproximaciones, pero principalmente circunscrita a los estudios de caso (Alfie 2013; Aliste y Stamm 2016; Acselrad et al. 2010; Carmona y Jaimes 2015; Constantino, 2015; Folchi 2001; Fuenzalida y Quiroz 2012; Guimarães 1991; Güiza et al. 2015a; Gómez 2002; Hillón 2014; Leguizamón 2015; Lunelli y Castillo 2014; Mullahy y Sabatini 1995; Munévar y Valencia 2015; Napadensky 2005, 2008, 2010; Oliveira, Zanquim y Espíndola 2016; Poma 2014; Sabatini 1999; Sabatini y Sepúlveda 2002; Vallejos 2008; Vélez, Ramos y Alayón 2011). Dentro de este contexto, la presente investigación se propuso alejarse de los estudios de caso y tomar la dimensión espacial de los CA como foco central de la discusión, más allá de su escala urbano-metropolitana, abordando su dimensión global, subcontinental y de país, contribuyendo con ello a ampliar el debate, aún en construcción. En este sentido, el presente artículo tiene como propósitos: i) localizar los conflictos ambientales activos en Sudamérica y Chile, ii) vincularlos con los datos de IED, identificando el origen de los capitales detrás de los proyectos que los detonan, entendiendo estos como agentes generadores de conflicto; y iii) cruzar los datos levantados —CA e IED— e interpretar las cartografías resultantes de ello. De conflictos y justicias ambientales Como se ha mencionado, la cuestión de los CA, en cuanto discusión, por lo menos en el contexto sudamericano, y remitiéndose con especial atención a los países de lengua española, es relativamente nueva, no extrañando por ello las precisiones, las delimitaciones y los matices constantes en las definiciones que convergen en esta línea de investigación. Es así que se ha diferenciado entre conflictos ambientales locales (CAL)1 y conflictos socioambientales (CSA),2 por cuanto los primeros serían una disputa distributiva entre actores relacionados con las externalidades (ambientales) derivadas de un uso o cambio de uso del suelo; mientras que los segundos son causados por el acceso y control de los recursos del medioambiente, especialmente la tierra pero también el agua, los bosques, mantos minerales, etcétera (De la Cuadra 2015; Mullahy y Sabatini 1995; Sabatini 1997; Sabatini y Sepúlveda 2002). Otra definición plantea que los CA se generan al tensionar la estabilidad histórica 1 Los CAL son más propios de las áreas urbanas, y estos pueden ser variados, como los conflictos generados por la instalación de termoeléctricas en ciudades, como en el caso de Bocamina II en Coronel (Chile) (Azocar y Napadensky 2014), o incluso detonados por la construcción de edificios en altura, como los conflictos documentados para el caso de Buenos Aires (Argentina) (Azuela y Cosacov 2013). 2 Un ejemplo de CSA es el documentado entre los proveedores y administradores de infraestructura vial y los aborígenes Tipnis, en Bolivia (De la Cuadra 2015). Aquí, la discusión es quién tiene derecho sobre las tierras, si los pueblos originarios, dado el uso ancestral que hacen de estas, o las empresas detrás del desarrollo vial. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 29 30 DOSSIER entre una comunidad y su hábitat, confrontación de intereses que se da entre actores sobre un medioambiente específico (Folchi 2001). Trabajos como el de Güiza et al. (2015a) pasan revista a las definiciones de CA, panorámica que va desde aquellas que lo señalan como una disputa frente al acceso, control y uso de los recursos naturales, y las que lo colocan como una contienda entre distintas formas de significar, representar y valorizar culturalmente la naturaleza. Sin embargo, y pese a los distingos mencionados, parece existir consenso en considerar los conflictos no necesariamente como algo negativo del todo, ya que estos son generadores de movilización y cambio en las estructuras sociales, y forman parte de la interacción humana y movilización social, donde los actores involucrados construyen nuevas redes y amplían las existentes (Munévar y Valencia 2015; Poma 2014). No obstante, no parece haber consenso a la hora de determinar si los conflictos ambientales son predominantemente una cuestión de grupos vulnerables que sienten una profundización de las inequidades territoriales preexistentes (Vásquez et al. 2008; Vásquez y Salgado 2009), o más bien son un tema de élites que se movilizan para conservar sus condiciones de vida (Aliste y Stamm 2016), con todo lo que esto puede implicar. Junto con estas precisiones terminológicas y estos consensos y disensos relativos, existe un amplio debate del cómo, cuáles, y desde dónde se deberían resolver los CA —o si es necesario resolverlos—, discutiendo aspectos financieros en particular (Martínez-Pulido et al. 2015) como positivos y negativos en general; tal es el caso de modelos como la Resolución de Problemas Basados en Intereses (RPBI), Resolución de Problemas Basados en Valores (RPBV) (Vallejos 2008), Agendas Interinstitucionales Ambientales (AIA) (Güiza et al. 2015a), estructuras judiciales de mediación-conciliación (Ernandorena 2012; Lunelli y Castillo 2014; Ferreira Mendes y Miyasaka 2015), Tribunales Arbitrales (Oliveira, Zanquim y Battistello 2016), Consultas Previas (Hillón 2014) e Instituciones Anidadas (Vélez, Ramos y Alayón 2011). Todos instrumentos que buscan hacerse cargo de las contradicciones materiales, ideológicas y de visión de mundo detrás de los conflictos ambientales (Alfie 2013); sin embargo, la gran mayoría se mueve dentro de las leyes del mercado, en un juego de internalización de externalidades, compensaciones, mitigaciones y reparaciones. Sin dejar lo expuesto, es relevante consignar que, ya en el último tercio del siglo XX, la cuestión de los CA estaba presente en la bibliografía anglosajona de forma estable; no obstante, a diferencia de Sudamérica y su enfoque predominantemente constructivista, el énfasis anglo se centra más en cómo estos conflictos son evidencia de procesos considerados injustos, poniendo de este modo la justicia como el eje central de discusión y dejando entrever en los debates y posiciones académicos una mirada mayoritariamente estructuralista. La justicia es, esencialmente, un set de principios para resolver reclamaciones conflictivas; la búsqueda de una relación de equidad. Sin embargo, esta toma diferentes significados dependiendo del contexto social, geográfico e histórico. Así, la justicia social es una particular aplicación de los principios de lo justo, que se ejerce en conflictos que surgen fuera de la necesaria cooperación social, y por la búsqueda individual de avanzar (Harvey 2009), pero que depende de nuestra posición social y localización histórica (Fainstein 2010; Harvey 1996). En otras palabras, se refiere al grado en el cual una sociedad particular afronta social e individualmente el trato justo, a través de una división imparcial de ventajas y desventajas (Dikeç 2009). Siguiendo la lógica del óptimo de Pareto —que plantea mejorar las condiciones de un individuo sin que ello empeore las de los demás—, el principio de justicia social aplica a la división de beneficios y localización de cargas que surgen producto de los procesos de emprendimiento (Harvey 2009). Por su parte, la justicia ambiental busca evitar el impacto desigual o desproporcionado de las amenazas ambientales sobre grupos de población en desventaja y, por tanto, más vulnerables, impidiendo que instalaciones que producen daño y peligros potenciales se encuentren situadas de manera concentrada en lugares donde residen grupos étnicos, socialmente empobrecidos y con menos posibilidades de presión social y económica (Bahadur, Samuels y Williams 1998). Ya sea justicia, justicia social o justicia ambiental, estas poseen una dimensión espacial; componente formativo y vital de cómo la justicia o injusticia son socialmente construidas y temporalmente evolucionadas. Por tanto, la justicia es una continua dialéctica socio-espacial (Soja 2010). De aquí que la aplicabilidad del concepto justicia al espacio radica, como objetivo central de la política pública, en la búsqueda de una distribución justa de los beneficios y mitigación de las desventajas (Fainstein 2010). Siendo en sí misma una crítica a los sistemas de exclusión, dominación y oposición (Dikeç 2009), pero que, bajo el sistema imperante, sólo aspira a ser distributiva, donde ganadores compensan a perdedores (Marcuse 2009), manteniendo y manifestando la injusticia en la producción y reproducción de las relaciones de poder, dominación espacial, expresión de la lógica del máximo beneficio (Dikeç 2009). En términos generales, mientras que la discusión sudamericana y de habla castellana es de enfoque constructivista —se levanta desde lo particular a lo general—, donde priman los estudios de caso y, en menor medida, aproximaciones geográficas, en la literatura anglosajona la discusión se enfoca principalmente desde la crítica estructuralista —va de lo general a lo particular—, centrándose mucho más en la cuestión de la justicia, profundizando en sus alcances sociales, ambientales y espaciales. De aquí que se consideró pertinente plantear una aproximación a los CA desde lo espacial, pero no desde el estudio de rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER caso, sino más bien desde una panorámica de escala continental y nacional, tomando algunos principios desde los cuales construir una hipótesis exploratoria e interpretar los resultados del trabajo desarrollado. Por lo mismo, y por el carácter panorámico del trabajo, no se contempló la profundización en los conflictos ambientales catastrados, sin entrar en la casuística, ni siquiera como ejemplo, lo que contribuye al buen desarrollo de la amplitud que busca cubrir el artículo. Los CA como una cuestión espacial Antes de proseguir es relevante exponer un supuesto, cuya adopción no sólo contextualiza la hipótesis, sino que también le ofrece sentido procedimental a la metodología de investigación, posibilitando establecer nuevos límites a la interpretación de sus resultados. La concepción del espacio como continente pasivo de los procesos sociales ha sido paulatinamente relevada por la idea del espacio como campo dinámico, dialéctico, coproductor de experiencias sociales. Así, el espacio producido, expresión de forma y proceso, puede ser estudiado como una trialéctica, en el entendido de que cada espacio producido es a la vez tres espacios, es decir, espacio percibido — por cuanto está constituido por el mundo material, físico, tangible—, concebido —por cuanto pertenece al mundo de las construcciones imaginarias y representaciones sociales— y vivido —al estar constituido desde las experiencias cotidianas, construido desde la simultaneidad de lo real e imaginado, espacio de articulaciones de complejos símbolos y códigos, sitio de estructuras individuales pero también de experiencias colectivas— (Lefebvre 2008a, 2008b, 2008c y 2009; Soja 2000, 2003). Así, y al abrigo de lo expuesto, la hipótesis de trabajo plantea que los CA no sólo son evidencias de la exclusión y profundización de las inequidades territoriales, en cuanto movilizaciones ex post, o como tema de élites, en cuanto movilizaciones ex ante, sino que fundamentalmente son trazas, evidencias, una suerte de socioindicador de fricciones no resueltas entre escalas y concepciones espaciales construidas desde lo global y lo local, que, si bien son distintas, y muchas veces de intereses contrapuestos, se levantan sobre un mismo espacio material. Para validar la hipótesis, la pesquisa desarrolla una metodología que conjuga datos histórico-económicos con información socioambiental, construyendo una serie de cartografías y gráficos, los cuales se analizan e interpretan con el propósito de establecer una correlación entre Inversión Extranjera Directa (IED), entendida como indicador de la presencia de concepciones espaciales globales ejercidas sobre espacios locales, y los CA, como indicador de la existencia no sólo de un espacio local en el sentido material, sino también de un espacio concebido desde lo local y friccionado desde lo global, cuestión que precisamente detona el CA. Metodología De forma sintética, el método aplicado se desarrolla en seis fases: i) recopilación, levantamiento, homologación e integración de bases de datos con CA; ii) generación de gráficos y cartografías de los CA a escala sudamericana y nacional; iii) recopilación de información de la IED en países sudamericanos y pesquisas del origen de los capitales de inversión detrás de los CA; iv) generación de gráficos y cartografías con IED a escala sudamericana y nacional; v) cruce de información CA e IED; y vi) análisis e interpretación de cartografías y gráficos resultantes del cruce de información. En la primera fase, posterior a los catastros levantados, y antes de la integración de la bases de datos, se procedió a homologar las categorías de CA, utilizando para ello las del Environmental Justice Atlas, es decir, diez categorías: i) energía nuclear; ii) minería y canteras; iii) gestión de residuos; iv) agricultura y silvicultura; v) combustibles fósiles y energía; vi) gestión del agua; vii) infraestructuras; viii) infraestructura turística; ix) áreas de manejo; x) industria y utilidades. Las fuentes revisadas se circunscribieron en un marco temporal, que va desde 1990 hasta 2105. El año 1990 corresponde a la caída de la última de las dictaduras de derecha de Sudamérica, en Chile. Y 2015, a la disponibilidad de información completa, donde se incorporan catastros existentes, como los del Environmental Justice Atlas,3 los del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA),4 los del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)5 y los de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida.6 Además, se construyeron nuevos, levantados exclusivamente para este trabajo, a partir de prensa escrita y plataformas digitales nacionales, como los diarios La Tercera7 y El Mercurio,8 más cercanos a la derecha política, y Radio Bío-Bío9, con sensibilidad de izquierda. Para el caso de la IED, se revisó la información del Banco Mundial y el Banco Central de Chile. No obstante lo pertinente y adecuado que se considera el enfoque metodológico para los fines perseguidos, la información recopilada y su agrupación y forma de 3 https://ejatlas.org 4 http://olca.cl/oca/index.htm 5 https://www.ocmal.org/ 6 http://www.derechoalagua.cl 7 http://www.latercera.com 8 http://www.emol.com 9 http://www.biobiochile.cl Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 31 32 DOSSIER representación tienen limitantes insoslayables. Con relación a la recopilación y agrupación, se trabajó un mix entre bases de datos existentes y otras levantadas específicamente para este trabajo, y, si bien son diversas las fuentes desde las cuales se mapean los CA, especialmente en la escala nacional, estas se integran para formar una sola base de datos, sumergiendo con ello posibles hallazgos respecto de los sesgos inherentes a fuentes documentales como prensa, radio u organizaciones no gubernamentales, que suelen no abstraerse de sus grupos de interés y sesgos políticos (Aliste y Stamm 2016; Carmona y Jaimes 2015). En segundo lugar, es necesario consignar que no es pretensión de este trabajo un desarrollo exhaustivo; más bien, persigue localizar espacialmente los CA levantados y generar una serie de cartografías para su interpretación, localizando y definiendo su naturaleza, no dando cuenta de su complejidad, naturaleza, magnitud o alcance geográfico. De aquí que se haya dejado como definición operativa la de CA, en su amplia acepción, dado que las bases de datos usadas y levantadas para localizar y cartografiar no hacen distinción si estos son CAL, CSA, o si son detonados por stockholders,10 stakeholders,11 o ambos. Tampoco se puede desconocer, y he aquí el interés de cartografiar, que los mapas han sido históricamente objetos de poder, o de despoder, en este caso, por cuanto pueden ser utilizados para mostrar injusticias (Temper et al. 2014), punto relevante para esta materia. El resultado del análisis e interpretación de la superposición de información, tanto la económica (con la IED) como la socioambiental (con los CA), expresada en gráficos y cartografías, fue dando consistencia a la hipótesis aquí planteada, pero también evidenció, en sentido clasificatorio, más que analítico, la existencia de cuatro tipos de países: i) alto en IED y alto en CA; ii) alto en IED y bajo en CA; iii) bajo en IED y bajo en CA; y iv) bajo en IED y alto en CA. Estos países, a su vez, y esto como parte de la propuesta interpretativa del trabajo, se plantean como ejemplificación de cinco categorías (ver el cuadro 1): i) países cumbres; ii) países meseta; iii) países ciénaga; iv) países valle; y v) países cantiles. Sin embargo, estas categorías no son únicas ni estáticas, y pueden ser precisadas, ajustadas o modificadas según cada caso, lugar y momento. También es necesario establecer que esta categorización es más bien descriptiva, y no necesariamente analítica. Cuadro 1. Resumen de categorías identificadas IED CA + + Clasificación Observaciones Países cumbre. Alta fricción no Correlación entre IED y CA, verificada por origen de capitales de resuelta entre concepciones espa- inversión detrás de los proyectos que detonan los CA. Comunidades ciales, globales y locales. locales empoderadas pero con sistemas políticos centralistas. Alta IED y efectivos instrumentos jurídicos-políticos para la resoluPaíses meseta. Baja fricción entre ción de CA, dados a una mayor precisión de los derechos de propiedad concepciones espaciales, globales privada, o a una mayor definición de los bienes públicos. Comunidades y locales. locales empoderadas y sistemas políticos más descentralizados. + - - - - + Alta IED, relajo regulatorio, especialmente medioambiental, indefinPaíses ciénaga. Alta fricción pero ición de bienes públicos y derechos de propiedad privada, ausencia de poca capacidad de reacción o visi- mecanismos efectivos para la resolución de CA, comunidades locales bilidad por parte de grupos locales. poco empoderadas o democracias cooptadas; no hay visibilidad de movimientos NIMBY.12 Países valle. No se evidencia ten- Correlación entre IED y CA, verificada por origen de capitales de sión-fricción global-local. inversión detrás de los proyectos que detonan los CA. Países cantiles. Economías periféricas con poca presencia de flujos globales de capital pero alto CA; no dan cuenta de fricciones entre lo local-global. Comunidades locales empoderadas, alta visibilidad de grupos NIMBY. Alto dinamismo en la inversión nacional, pública o privada, e inexistencia o inoperancia de instrumentos jurídicos-políticos para la prevención o resolución de CA, que evidencia falencias en la precisión del derecho de propiedad privada, o indefinición de bienes públicos. Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de la cartografía y los gráficos, resultante del cruce de información económica y socioambiental. 10 Stockholders o accionistas, llevado al ámbito de los conflictos ambientales, especifica aquellos actores, personas u organizaciones que tienen propiedades comprometidas en un conflicto. 11 Stakeholders o partes interesadas, término que, llevado al ámbito de los conflictos ambientales, especifica aquellos actores, personas u organizaciones que, aunque no tienen propiedades comprometidas en el conflicto, si sienten afectados sus intereses. 12 NIMBY, acrónimo anglosajón de Not in My Back Yard, que es como se señala a los movimientos ciudadanos que se detonan y organizan como reacción a un conflicto ambiental (Horah y Heather 1993). rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER IED y CA en Sudamérica Para delinear el enfoque con el cual se quiere iluminar la cuestión de los CA es necesario contextualizar su surgimiento y proliferación, especialmente en Sudamérica y Chile. Así, es pertinente recordar las últimas décadas del siglo pasado, cuando se sentenció la planificación estatal como disciplina cuyos instrumentos distorsionaban e inhibían el funcionamiento de las leyes de mercado, y, por tanto, era necesario su desmonte (Hall 1996; Harvey 2007; 2009; Pérez 2004). Junto a ello, la apertura económica de posguerra y la expansión del pensamiento neoliberal fueron dando mayor protagonismo a los determinantes extralocales en la forma urbana y en la estructuración territorial (Friedmann 1992), expandiendo la idea de una ciudad y, por añadidura, un territorio, que se construía por una combinación de poderes sin identidad legible, sin asideros, sin transparencia, imposibles de manejar, y, por tanto, había que desistir de aquel vano intento y permitir el funcionamiento de las fuerzas invisibles del mercado (De Certeau 2002; Weber 1968). Para comprender el descrédito en el que cayó la planificación, vale la pena también tener en cuenta la conversión colectiva que se dio a favor de la visión neoliberal, donde el intervencionismo estatal fue sinónimo de “totalitarismo”, y el término eficacia se vinculó a la empresa privada, y la ineficacia, al servicio público (Bourdieu 1999). La caída de las barreras regulatorias sobre los territorios nacionales y la disminución de la participación estatal en el desarrollo local fueron condiciones necesarias para la ampliación del espacio global de acumulación capitalista neoliberal, que dieron inicio con ello a una intensa competencia por la inversión privada y los flujos globales de capital. Para ello, los principales mecanismos empleados por los gobiernos occidentales involucraron la inversión en infraestructura, los subsidios y el relajo regulatorio (Fainstein 2010), transformando las economías locales a través de la privatización de tierras, recursos colectivos y servicios públicos, y suprimiendo formas no capitalistas de producción (Harvey 2004; Maricato 2011). Todo esto significó una reestructuración neoliberal, que también fue reconfigurando las relaciones entre nación, Estado y sociedad civil, abandonando las políticas de bienestar social en favor del emprendimiento orientado a la competitividad (Novy y Meyer 2009). La política neoliberal trajo consigo el discurso de los derechos y libertades individuales, por sobre los de grupo, clase o colectividad, siendo parte de la reconfiguración sobre los procesos sociales que impone el modelo para abrir camino a la acumulación capitalista y el mercado de intercambio (Harvey y Potter 2009). Se abre paso, de este modo, a una concepción de derechos basada en la propiedad privada y prosperidad individual, derechos necesarios para la acumulación capitalista y el mercado de intercambio (Marcuse 2009). Sin embargo, a más de treinta años de la libertad neoliberal, lo que se puede observar es una inmensa concentración del poder. Cuanto mayor es la escala de desenvolvimiento de los tomadores de decisiones, mayor concentración del poder; y, por tanto, es menor el poder de la gente para incidir en los resultados y afectarlos (Marcuse 2009). Esta visión neoliberal no tardó en llegar a Sudamérica, de la mano de sendas dictaduras que impusieron a fuerza el nuevo modelo (ver el gráfico 1), promoviendo desregulación, privatización y retirada del Estado (Meyer y Bähr 2001), desmontando las barreras de entrada al capital extranjero, y que al mismo tiempo eliminaban las legislaciones que regulaban al territorio, permitiendo, en una primera instancia, aumentar los flujos de capital internacional y la participación de actores privados en el desarrollo de proyectos tanto privados como de asociación público-privada. Esto generó espacios económicamente más abiertos, cuyas nuevas formas de urbanización y organización territorial han venido respondiendo cada vez más a lógicas neoliberales de comercialización y generación de valor, que a una proyección centralizada de un ideario colectivo. En este contexto, la gran mayoría de los Estados sudamericanos detonaron procesos descentralizadores en favor de emergentes actores privados, dejando al mercado como el mejor asignador de los usos de suelo, en el entendido de que este maximiza beneficios y minimiza costos. Siguiendo a Coase (1960),13 si el objetivo era aumentar la eficiencia de todo el sistema, las externalidades que un proyecto de inversión podía provocar eran consideradas un problema de naturaleza recíproca entre las partes en conflicto, asumiendo que preservar la eficiencia de las actividades de mayor valor implicaría el sacrificio de los intereses de algunos (Acselrad et al. 2007). De este modo, la responsabilidad de los gobiernos era garantizar que los derechos de propiedad de las partes estuviesen lo suficientemente bien definidos, para que ellas pudieran negociar en forma válida. Sin embargo, la reestructuración capitalista sudamericana, montada durante la segunda mitad del siglo XX, ha estado fuertemente afectada, tanto por las importantes condiciones derivadas de las relaciones coloniales entre países como por las asimetrías de poder. Esto dio inicio a un período marcado por un aumento de las inversiones en proyectos ambientalmente conflictivos, lo que en los últimos años se ha visto disminuido, principalmente, por la desaceleración económica mundial y la incertidumbre generada en los inversores, tras los múltiples 13 La intervención del gobierno tal vez es innecesaria. Según Coase (1960), nada impide que los actores negocien. Hay normas y convenciones con respecto a las externalidades; quién sea el contaminador o el contaminado dependerá de la legislación. El gobierno debería hacerse a un lado y dejar que las partes involucradas solucionen directamente sus problemas. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 33 34 DOSSIER Gráfico 1. Proyectos generadores de CA y dictaduras modernas en Sudamérica, 1915-2015 Fuente: elaboración propia con base en el catastro de conflictos, en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”. conflictos que no han encontrado canales formales y legitimados de resolución, tal como muestra el gráfico 1. El gráfico 1 expone el importante aumento de los proyectos que, en el momento de su visibilidad social, construcción, puesta en operación, o posterior a ella, detonaron los CA. Es decir, lo que se aprecia aquí no sólo es una intensificación de la inversión, sino también un cambio de estándar social respecto de lo que es o no ambientalmente conflictivo. Entonces, es posible decir que el aumento de CA no sólo guarda relación con la apertura económica y la desregulación del territorio —o con las imprecisiones en los derechos de propiedad y la definición de los bienes públicos—, sino con un cambio social, porque, al igual que en su momento en los países desarrollados la globalización fordista significó la creación de un hombre y una sociedad nuevos (transformando el Estado, el mercado, los procesos de trabajo, valores, cultura, subjetividades, producción del espacio y formas de relación con el ambiente [Maricato 2009]), en América del Sur ha venido sucediendo algo similar, especialmente en la concepciones de justicia y en la forma de relacionarse y valorizar el medioambiente. Se ha venido tomando conciencia de que la redistribución del poder de decisión sobre la inversión, el territorio y su estructuración, no siempre ha significado una redistribución de beneficios (Arnstein 1969); de hecho, en la mayoría de los países, la redistribución del poder ha significado una reconcentración de beneficios. Pero, más allá de si los Estados nacionales han reducido su tamaño en favor de actores privados, o se han reestructurado para ejercer un rol más dinámico en este nuevo escenario mundial, las profundas transformaciones político-económicas y jurídicas que ejecutaron los gobiernos sudamericanos, a fin de anexarse a la mundialización neoliberal y captar los flujos internacionales de acumulación capitalista, permitieron la neoliberalización de la naturaleza, la cosificación y fragmentación de esta, bajo la lógica de los recursos naturales; el agua se separa del suelo; este, del subsuelo y del bosque (Ávila-García 2016). Esta lógica ha venido chocando con la disposición de otros sujetos sociales que les dan otro sentido a sus territorios, muchas veces asociados a sus propias identidades, lo que estaría en el origen de la progresiva diseminación de los conflictos ambientales (Acselrad et al. 2010). rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER Para hacer compatible la mayor apertura y ampliación de los mercados, la intensificación de la base productiva exportadora primaria, la consiguiente presión sobre el medioambiente natural, la aparición masiva de conflictos ambientales (Sabatini 1999; Sabatini y Sepúlveda 1998), y en respuesta a la ola de judicializaciones de estos, el Banco Mundial propuso al continente mecanismos alternativos para la resolución de conflictos (Banco Mundial 1996). De este modo, entre 1995 y 1998, las legislaciones de varios países de América Latina fueron introduciendo mecanismos de arbitraje y resolución de conflictos (Acselrad et al. 2010). Pero esto no ha significado el fin de los CA. En la imagen 1 se puede apreciar un acumulado de la IED en las principales economías sudamericanas entre 2000 y 2015, y, en paralelo, un acumulado de CA registrados durante el mismo período. Al cruzar los datos se puede observar una correlación que, con diferencias, es relevante entre volumen de IED y número de CA, y que da un primer refuerzo a la hipótesis que coloca a los CA como trazas de fricción no resuelta entre escalaridades y concepciones espaciales distintas que se ejercen sobre un mismo espacio material. Lo que eventualmente, y dependiendo del nivel de descentralización política, de la democratización en la toma de decisiones y el empoderamiento ciudadano, sería una forma de relación entre grupos escalarmente distintos. Interinstitucionales Ambientales (AIA) (Güiza et al. 2015), las consultas previas (Hillón 2014), la Resolución de Problemas Basados en Intereses (RPBI) (Vallejos 2008) o las Instituciones Anidadas (Vélez, Ramos y Alayón 2011) en Colombia; Brasil, por su parte, no se ha quedado atrás, siendo los Tribunales Arbitrales uno de los mecanismos de mayor uso (Oliveira, Zanquim y Battistello 2016). Pese a lo anterior, siguen liderando el ranking de CA en Sudamérica; sin embargo, existe una diferencia apreciable (ver imagen 1) que es necesario consignar; mientras que la IED de Brasil es casi 400% mayor que la de Colombia, es este último quien tiene asociada una mayor conflictividad ambiental. En otras palabras, Brasil, el país con el mayor volumen de IED, debería estar también en lo más alto de los CA, mas es superado por Colombia y Chile. En la misma lógica planteada, dejando de lado una cantidad sustancial de información (que va desde datos generales hasta los casuísticos, que no son propósito de este trabajo identificar), y teniendo presente que sólo se están interpretando los datos aquí espacializados y dispuestos en la gráfica, se establecieron medias proporcionales al universo medido, a partir de lo cual se clasificaron los países de la siguiente forma: i. Altos en IED y altos en CA; Chile, Perú. Como parte de la herencia del Banco Mundial, Brasil y Colombia han desarrollado importantes estructuras judiciales para la mediación-conciliación de CA (Lunelli y Castillo 2014). Tal es el caso de las Agendas ii. Altos en IED y bajos en CA; Brasil, Argentina, Venezuela. iii. Bajos en IED y bajos en CA; Bolivia, Paraguay, Uruguay. iv. Bajos en IED y altos en CA; Colombia, Ecuador. Imagen 1. Mapa de la IED y los CA en principales economías de América del Sur, 2000-2015 Fuente: elaboración propia con base en catastro de conflictos, en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”, 2000-2015. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 35 36 DOSSIER Imagen 2. Mapa y gráfico de CA y origen de capitales de inversión en América del Sur, 2000-2015 Fuente: elaboración propia con base en catastro de conflictos, en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”, 2000-2015. rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER Para el primer caso (Chile y Perú), es posible hacer una primera conjetura en relación con la fricción no resuelta entre concepciones espaciales globales —trazadas por la IED, con actores inversores extranjeros que ven el territorio como un espacio de acumulación capitalista— y concepciones espaciales locales —señaladas por los CA, con actores que conciben su territorio desde una geografía de lo cotidiano y que tienen en él un valor de uso—. No son un dato menor las importantes causas ambientales judicializadas en la justicia ordinaria en ambos casos. Para el segundo grupo (Brasil, Argentina, Venezuela), igualmente alto en IED, pero bajo en CA, resulta relevante este cambio de tendencia, siendo posible aventurar que los motivos de Venezuela, dada su contingencia política, sean por la poca visibilidad pública de los CA, más que por la inexistencia de ellos. Para el tercer grupo (Bolivia, Paraguay y Uruguay), su resultado es predecible, cuestión que no resta mérito para estudiar su explicación, dados los devenires históricos y contextos geográficos de cada uno. Los últimos en la lista son Colombia y Ecuador, que, al igual que el segundo grupo, escapan a la norma, pero en sentido inverso, es decir, a pesar de bajo IED, son altos en CA. Lo que no se puede apreciar en la imagen 1 es la procedencia de los capitales que conforman la IED, cuestión que es abordada en la imagen 2, donde sí es posible identificar los países donde se localizan las casas matrices de las grandes corporaciones y transnacionales que invierten en Sudamérica. Esta desagregación también permite identificar el nivel de conflictividad ambiental que generan las inversiones en los contextos locales. Siguiendo con la imagen 2, los capitales de origen canadiense son los de mayor conflictividad ambiental, suponiendo con ello que son los que tienen mayor impacto local; les siguen inversiones norteamericanas y españolas, y en un grado menor, Inglaterra, Sudáfrica, China y Australia. Cada punto puesto en el mapa localiza el origen del capital, o de la IED, que ha detonado un CA. Cada línea que se origina en estos puntos termina en la localización del conflicto que detona. Así, lo que se está localizando en el espacio son procesos de fricción y resistencia entre concepciones espaciales, globales y locales, con intereses distintos, contrapuestos y muchas veces incompatibles. Dependerá de cada caso, de cada realidad, si estos se transforman en momentos de elaboración y reelaboración de nuevos discursos y prácticas de los grupos e individuos, que, buscándolo o no, se ven inmersos en los CA y, por tanto, transformados en sujetos políticos, que, en su interacción, su contingencia y sus devenires, van definiendo y redefiniendo sus objetivos. Sin duda, y como muestra la imagen 3, el panorama geográfico de los CA, por lo menos para el período 20002015, está en la costa oeste del continente y, en menor medida, en su costa este, circunscrita especialmente a Brasil, concentrándose preferentemente en la actividad de minería. Mucho más abajo, y en orden de prelación, están los vinculados a: 4) agricultura, silvicultura e industria forestal; 5) combustibles fósiles y energía; 6) administración de agua y energía. Los sigue un grupo minoritario, constituido por 7) infraestructura de transporte y telecomunicaciones; 8) industria química y de alimentos; y 1) energía nuclear. Imagen 3. Mapa y gráfico con CA, por localización y tipo, en América del Sur, 2000-2015 Fuente: elaboración propia con base en catastro de conflictos, en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”, 2000-2015. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 37 38 DOSSIER Lo anterior está en línea con lo registrado y publicado en estudios de caso, como por ejemplo, las luchas por el agua en Argentina (Guerrero 2011; Guerrero et al. 2015), las disputas en contra de represas y trasvases de ríos en Colombia (Leguizamón 2015; Munévar y Valencia 2015), y Chile (Reyes y Rodríguez 2015), y por las actividades extractivas en Brasil (De Jesus y Gomes 2012), entre otras. Debe tenerse en mente que los problemas ambientales son inherentemente conflictivos, difíciles de cuantificar, identificar sus causas, responsables, y precisar quiénes se benefician y perjudican con ellos (Guimarães 1991). De aquí lo relevante de los estudios de casos, y más aún de los movimientos sociales que pueden suscitar. IED y CA en Chile Chile no ha sido la excepción en el continente; el déficit infraestructural al término del régimen militar (1989) se calculó en aproximadamente unos US$6.000 millones, lo que contrastaba con el presupuesto anual de US$300 millones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), de los cuales tres cuartos se utilizaban en manutención, haciendo insalvable la brecha infraestructural con que había sido entregado el país, que no sólo se estimaba como déficit, sino que también se hablaba de la IED que inhibía. De este modo, el primer gobierno democrático tras el régimen decidió activar el sistema de concesiones consignado en el artículo 60 n.10 de la Constitución Política de 1980 y en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), n.591 de 1982, donde el primero fijaba las normas que regularían la concesión de bienes del Estado, y el segundo especificaba la ejecución, reparación y manutención de las concesiones. La llegada de la democracia en 1990 y la decisión de mantener los pilares de la refundación económica y social implementada por el Régimen Militar desde 1973, hasta ese momento, se profundizaron con la eliminación de barreras que impedían el libre funcionamiento de las fuerzas de mercado, abriendo nuevos nichos para la inversión privada y provisión de infraestructura pública (Mattos y Riffo 2005). Gráfico 2. CA y período de dictadura en Chile, 1915-2015 Fuente: elaboración propia con base en catastro de conflictos, en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”, “Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida”, más prensa chilena, Emol.cl, La Tercera y Radio Bío Bío. rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER Con la activación del sistema de concesiones y la apertura de nuevos mercados a la inversión privada, el relajo regulatorio, los incentivos a la inversión y la disminución de la carga impositiva establecida por el régimen militar se mantuvieron, al igual que la objetualización de la naturaleza, bajo la forma de recurso natural apropiable y explotable. De manera paralela fueron aumentando las inversiones en proyectos ambientalmente conflictivos. El gráfico 2 muestra los registros de proyectos que fueron generando conflicto; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que estos son acumulativos, es decir, no se registra el inicio, y menos aún el cierre del conflicto (muchos de los presentes en los últimos años siguen vigentes y sin resolución aparente). Esto ocurre porque gran cantidad de CA se han judicializado al amparo de la justicia ordinaria, con procesos complejos, dilatados, y en tribunales que muchas veces no tienen las competencias, ni el expertise ambiental requerido. Chile, en la clasificación planteada, está en el primer grupo, es decir alto-alto, pero los CA no se distribuyen homogéneamente sobre el país, ni tienen igual presencia las distintas categorías de CA. Al contrario, existen concentraciones significativas en número y tipo, las que quedan de manifiesto en la imagen 4. La región del país que concentra el mayor número de CA es la región Metropolitana (donde se encuentra la capital de Chile), pero casi la mitad de estos son por gestión de residuos, lo que está en línea con la concentración de población, que es cerca del 50% del país. La sigue la región del BíoBío, donde casi un tercio de los CA está asociado a la administración de agua y energía, y de esto, casi su totalidad se relaciona con la producción de energía (de la cual es exportadora neta). En tercer lugar está la región de Valparaíso, donde la mayoría de los CA se relacionan con los combustibles fósiles y la energía; cabe mencionar que en sus costas está la principal refinería estatal del país (Empresa Nacional del Petróleo, ENAP). Estas tres regiones, en el mismo orden, son las principales concentraciones poblacionales. Después siguen las regiones de Atacama y de Aisén, respectivamente, y con la misma cantidad, ocupando el sexto lugar, están las regiones de Coquimbo, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En el gráfico de la imagen 4, ordenado en la horizontal desde la zona norte, al extremo izquierdo, hasta la zona sur, por el derecho, es posible apreciar cómo en las primeras regiones —las del norte— predominan los CA de clasificación minera. En la zona centro predominan los del tipo (3) (gestión de residuos). En el centro sur, los (4) (agricultura, silvicultura e industria forestal), y (5) (combustibles fósiles y energía). En las regiones del sur, la mayoría son CA del tipo (6) (administración de agua y energía). Imagen 4. Mapa y gráfico de CA en Chile, desagregados por región y tipo prevalente, 1990-2015 Fuente: elaboración propia con base en catastro de conflictos en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”, “Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida”, más prensa chilena, Emol.cl, La Tercera y Radio Bío Bío. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 39 40 DOSSIER Tomando en cuenta lo anterior, es pertinente presentar la diferencia que plantea Storper (citado en Veltz 1999) entre procesos de territorialización y de localización de actividades, por cuanto el primero significa una ubicación en el territorio dependiente de la fuente de recursos, territorialmente específicos, activos locales en los que se incluye necesariamente la proximidad geográfica, cuestión que no se da en la localización, donde esta es una opción, una estrategia. Es decir, los CA extractivistas, tanto los mineros del norte como los de explotación hidroenergetica del sur, se originan por procesos de territorialización, donde no hay alternativas de ubicación, no es posible trasladar el filón de cobre o el salto de agua. En contrapartida, los CA de la zona central son producto más bien de estrategias de localización, infraestructuras que tienen posibilidad de relocalización. Para el período catastrado se logró identificar, tanto en las bases de datos consultadas como en las levantadas para este trabajo, un total de 201 CA, donde, al reagruparse por tipo (ver el gráfico 3), se aprecia una alta participación de la actividad extractivista, especialmente del tipo (2) (minería), sólo superada por los vinculados al tipo (6) (gestión del agua y energía). Los siguen, correlativamente, combustibles fósiles y energía; gestión de residuos; infraestructura y transporte; industria química y de alimentos; agricultura, silvicultura e industria forestal; y marginalmente, energía nuclear. Lo primero que se puede concluir es que el cambio productivo y el giro económico que se han venido dando en los últimos años hacia los servicios se ven reflejados en la alta participación de las infraestructuras, en especial de trasporte y gestión de residuos, agua y energía, sobre todo en las regiones centrales y más pobladas del país. A la vez, también es cierto que la matriz productiva primaria sigue estando muy presente, especialmente en los extremos norte y sur. Cuestión que hace pensar que la forma en que en los próximos años se resuelvan o aborden los CA tendrá diferencias geográficas significativas, en atención a las condiciones ya expuestas. Otra cuestión relevante que es posible extraer del gráfico 3, donde se desagrega la IED por rubro asociado a tipo de CA, es el correlato directo entre IED y CA, que, si bien está siempre presente, se da de forma desigual, siendo nítido en el caso de los CA de los tipos 2, 5, 6, 7 y 8. Llama la atención lo que ocurre con los tipo 3 (gestión de residuos), donde la inversión es la más baja, pero la conflictividad asociada a ello es la tercera, en términos del número de conflictos. Esto, en parte, se puede explicar por la cercanía de estas inversiones a centros altamente poblados. Consideraciones finales El espacio mundial es la arena en la cual los conflictos entre los distintos grupos toman lugar. El auge del neoliberalismo, la desestabilización del sistema fordista y el fin de los contrarrelatos, como lo fue en su momento el comunismo, han generado una fuerte redistribución de objetivos que ha tensionado la escala global de acumulación capitalista, la nacional facilitadora, la regional cooptada por el centralismo y la local de resistencia. Gráfico 3. Tipos de CA e IED, por sector, en Chile, 1990-2015 Fuente: elaboración propia con base en catastro de conflictos, en “Environmental Justice Atlas”, “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales” y “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina”, “Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida”, más prensa chilena, Emol.cl, La Tercera, Radio Bío Bío y Banco Central de Chile. rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER Los conflictos ambientales y su estudio, por lo menos en Sudamérica, han estado principalmente dirigidos a los estudios de caso. De aquí que el enfoque desarrollado en este trabajo se considere novedoso, por cuanto propone una primera clasificación de países, integrando dos datos gruesos pero significativos, uno histórico-económico —Inversión Extranjera Directa— y otro socioambiental —conflictos ambientales—, lo que permite construir una panorámica sobre la cual se desprenden observaciones iniciales que pueden dar pábulo a posteriores trabajos de profundización, donde se integren otras variables. La fortaleza de la metodología está en su simplicidad y capacidad de ganar complejidad, a medida que se tenga mayor información disponible, abriendo, sin embargo, una primera clasificación, que expone condiciones predecibles, pero también singularidades, anomalías, identificadas bajo las consignas alto-bajo, bajo-alto, que relativizan la hipótesis exploratoria que guio este trabajo. Otra fortaleza es la relativamente fácil actualización de la información necesaria para aplicar la clasificación y activar la discusión, siendo replicable en otros continentes y escalas. La debilidad del método planteado está en que no explica el porqué de lo que expone, no relaciona causalidades, aunque aquí se ha arriesgado una hipótesis sobre ello que debe ser comprobada país a país. Otra limitante es la parcialidad, y también el posible sesgo de la información levantada. Pese a ello, sigue considerándose un interesante y perfectible método para enriquecer la discusión más allá de los estudios de caso. En relación con la hipótesis exploratoria, la aproximación a escala continental y nacional visibilizó la correlación entre CA e IED. Sin embargo, también fue posible identificar casos donde esto no es claro. Ambas condiciones son relevantes, puesto que la primera refuerza la hipótesis exploratoria que guio esta pesquisa, mientras que la segunda abre nuevas líneas de investigación en relación con la precisión de los factores de desacoplamiento. Con todo, es posible decir que un conflicto ambiental no es únicamente una disputa con relación a condiciones medioambientales o de equidad, tampoco es sólo la evidencia de asimetrías de poder no resueltas, o la movilización de élites para conservar sus condiciones de vida, sino que es la colisión de concepciones espaciales en contraposición, construidas por grupos sociales con intereses y escalas distintos, desencuentro entre espacios concebidos desde las globales lógicas de acumulación capitalista y desde las lógicas locales de lo cotidiano, pero que se levantan sobre un mismo espacio material. Esta fricción y este desencaje son de interés, en la medida que proporcionan una nueva lectura de los CA, que cuestiona si su resolución pasa sólo por la escala local o nacional, o necesariamente se debe imbricar la escala global, con lo que se amplían y, posiblemente, reestructuran el orden de significación y las escalas que se requiere establecer para discutir y resolver los CA. Por último, la propuesta antepone un necesario ejercicio de resignificar la variable espacial como una cuestión fundamental en la comprensión amplia de los CA, abriendo la discusión hacia nuevos mecanismos de gobernanza territorial, cuyo fin sea establecer estribaciones significativas entre las distintas concepciones espaciales, globales y locales, que sobre un mismo espacio se pueden construir y pugnar, rubricando el ajuste bidireccional propio de estos procesos. Es decir, lo local se ajusta a lo global, y lo global a lo local, promoviendo las condiciones para simetrías mínimas de poder. Referencias Acselrad, Henri, Gustavo Das Neves Bezerra, Edwin Muñoz Gaviria, María Mercedes Salgado. 2010. “Inserción económica internacional y ‘resolución negociada’ de conflictos ambientales en América Latina”. EURE (Santiago) 36 (107): 27-47. https://dx.doi.org/10.4067/ S0250-71612010000100002 2. Alfie Cohen, Miriam. 2013. “Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: ¿conceptos transversales de una nueva democracia ecológica?”. Sociológica 28 (80): 73-122. 3. Aliste, Enrique y Caroline Stamm. 2016. “Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile: lecturas para una ecología política del territorio”. Revista de Estudios Sociales 55: 45-62. https://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.03 4. Ávila-García, Patricia. 2016. “Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica”. Revista de Estudios Sociales 55: 18-31. https://dx.doi.org/10.7440/ res55.2016.01 5. Azocar, Ricardo y Aarón Napadensky. 2014. “Desarrollo urbano y equidad espacial. Localización y conflicto en la generación energética termoeléctrica en Chile, el caso de Bocamina II”. Libro de Resúmenes del 1er Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales. Buenos Aires, Argentina. 6. Azuela, Antonio y Natalia Cosacov. 2013. “Transformaciones urbanas y reivindicaciones ambientales: en torno a la productividad social del conflicto por la construcción de edificios en la Ciudad de Buenos Aires”. EURE (Santiago) 39 (118): 149-172. https://dx.doi. org/10.4067/S0250-71612013000300007 7. Bahadur, R. Samuels, W. R. y Williams, J.W. 1998. “Application of Geographic Information Systems in Studies of Environmental Justice”. [En línea]. http:// proceedings.esri.com/library/userconf/proc98/PROCEED/TO150/PAP128/P128.HTM 8. Banco Mundial. 1996. “Banco Mundial, informe anual 1996”. 9. Bourdieu, Pierre. 1999. “La economía de los bienes simbólicos”. En Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, editado por Pierre Bourdieu, 159-198. Barcelona: Anagrama. 10. Carmona Jiménez, Javiera y Melisa Jaimes. 2015. “Desigualdad ambiental y desigualdad comunicacional: las 1. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 41 42 DOSSIER 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. portadas de El Mercurio de Valparaíso sobre el derrame de petróleo en la bahía de Quintero”. Cuadernos. info (36): 71-87. https://dx.doi.org/10.7764/cdi.36.734 Coase, Ronald. 1960. “The Problem of the Social Coast”. Journal of Law and Economics 3: 1-44. Costantino, Agostina. 2015. “El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina”. Revista de Estudios Sociales 55: 137-149. http://dx.doi.org/10.7440/ res55.2016.09 De Certeau, Michel. 2002. The Practice of Everyday Day Life. Los Angeles: University Of California Press. De la Cuadra, Fernando. 2015. “Indigenous People, Socio-environmental Conflict and Post-development in Latin America”. Ambiente & Sociedade 18 (2): 23-40. https://dx.doi.org/10.1590/1809-4422ASOCEx02V1822015en De Mattos, Carlos y Luis Riffo. 2005. “Globalización, redes, nodos y dinámica metropolitana: El Gran Santiago en los noventa”. En Gobernanza, Competitividad y Redes: La gestión en las ciudades del siglo XXI. Santiago de Chile: Colección Rideal-EURE Libros. Dikeç, Mustafa. 2009. “Justice and the Spatial Imagination”. En Searching for the Just City, Debates in Urban Theory and Practice, editado por Peter Marcuse. Nueva York: Routledge of the Taylor & Francis Group. Ernandorena, Paulo Renato. 2012. “Resolução de conflitos ambientais no Brasil: do patriarcal ao fraternal”. Estudios Sociales (Hermosillo, Son.) 20 (40): 11-30. Fainstein Susan. 2010. The Just City. Nueva York: Cornell University Press – Cornell Paperbacks. Ferreira Mendes, Josilene y Noemi Miyasaka Porro. 2015. “Social Conflicts in Times of Environmentalism: Living Law Rights to Land in Settlements with a Conservationist Focus”. Ambiente & Sociedade 18 (2): 93-110. https://dx.doi.org/10.1590/1809-4422ASOCEx06V1822015 Folchi, Mauricio. 2001. “Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas”. Ecología Política 22: 79-100. Fuenzalida, Manuel y Rodolfo Quiroz. 2012. “La dimensión espacial de los conflictos ambientales en Chile”. Polis 31: 1-13. Friedmann, John. 1992. “Planificación para el siglo XXI: el desafío del posmodernismo”. EURE (Santiago) 18 (55): 79-89. Gómez, Alfredo. 2002. “El conflicto ambiental: ‘realidad que debe abordarse integralmente’”. Iatreia 15 (1): 43-49. Guerrero, Elsa Marcela. 2011. “Conflictos ambientales urbanos: estrategias de movilización asociadas al acceso al agua potable en Tandil, Argentina”. Investigación y Desarrollo 19 (1): 196-211. Guerrero, Elsa Marcela, Lucrecia Soledad Wagner, Corina Iris Rodríguez y Beatriz Soledad Sosa. 2015. “Acciones colectivas y recursos naturales en conflicto: historia ambiental de luchas urbanas por agua y sierras en Tandil, Argentina”. Luna Azul 41: 274-295. https:// dx.doi.org/10.17151/luaz.2015.41.15 26. Guimarães, Roberto. 1991. “Bureaucracy and Ecopoli- 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. tics in the Third World: Environmental Policy Formation in Brazil”. International Sociology 6 (1): 73-96. Güiza Suárez, Leonardo, Beatriz Londoño Toro, Cristhian David Rodríguez Barajas y Juliana Zuluaga. 2015a. “Las agendas interinstitucionales ambientales: un instrumento para la resolución de conflictos ambientales”. Revista de Estudios Sociales 53: 29-42. https://dx.doi.org/10.7440/res53.2015.0210.7440/ res53.2015.02 Güiza Suárez, Leonardo, Beatriz Londoño Toro y Cristhian David Rodríguez Barajas. 2015b. “La judicialización de los conflictos ambientales: un estudio del caso de la cuenca hidrográfica del río Bogotá (CHRB), Colombia”. Revista Internacional de Contaminación Ambiental 31 (2): 195-209. Hall, Peter. 1996. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, Colección La Estrella Polar. Harvey David. 1996. Justice. Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell. Harvey, David. 2004. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu. Harvey, David. 2007. Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. Harvey, David. 2009. Social Justice and the City. Georgia: University of Georgia Press. Harvey, David y Cuz Potter. 2009. “The Right to the Just City”. En Searching for the Just City, Debates in Urban Theory and Practice. Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group. Hillón Vega, Yulieth Teresa. 2014. “La consulta previa en la solución de conflictos socio-ambientales”. Revista de Derecho 41: 83-111. Horah, Jan y Scott Heather. 1993. Nimbys and Lulus: Not-ln-My-Back-Yard and Locally-Unwanted-LandUses. Washington: Council of Planning Librarians. Jesus, Nádia Batista de y Laura Jane Gomes. 2012. “Conflitos socioambientais no extrativismo da aroeira (Schinus terebebinthifolius Raddi), Baixo São Francisco – Sergipe/Alagoas”. Ambiente & Sociedade 15 (3): 55-73. https://dx.doi.org/10.1590/S1414753X2012000300005 Lefebvre, Henri. 2000. The Production of Space. Massachusetts: Blackwell. Lefebvre, Henri. 2008a. Critique of Everyday Life, Foundations for a Sociology of the Everyday, vol. I. Nueva York: Verso. Lefebvre, Henri. 2008b. Critique of Everyday Life. Foundations for a Sociology of the Everyday, vol. II. Nueva York: Verso. Lefebvre, Henri. 2008c. Critique of Everyday Life. From Modernity to Modernism, vol. III. Nueva York: Verso. Lefebvre, Henry. 2009. State, Space, Word. Selected Essays. Minneapolis: University of Minnesota Press, Leguizamón, Yeimmy Rocío. 2015. “Conflictos ambientales y movimientos sociales: el caso del movimiento embera katío en respuesta a la construcción de la represa Urrá rev.estud.soc. No. 61 • julio-septiembre • Pp. 28-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.03 DOSSIER 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. (1994-2008)”. Memoria y Sociedad 19 (39): 94-105. https:// dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.cams Lunelli, Carlos Alberto y Armando Meraz Castillo. 2014. “Jurisdicción y medios alternativos de resolución de conflictos: una opción para las cuestiones ambientales”. Revista Opinión Jurídica 13 (26): 17-32. Marcuse, Peter. 2009. “From Justice Planning to Commons Planning”. En Searching for the Just City, Debates in Urban Theory and Practice. Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group. Maricato, Erminia. 2011. “Metrópoles desgovernadas”. Estudos Avançados 25 (71): 7-22. Martínez-Pulido, Viviana Andrea y Mauricio Gómez-Villegas. 2015. “La contabilidad y los conflictos ambientales en el sistema financiero: estudio de caso en el sector bancario argentino”. Cuadernos de Contabilidad 16 (41): 281-306. Meyer, Kersting y Jürgen Bähr. 2001. “Condominios in Greater Santiago de Chile and Their Impact on the Urban Structure”. Die Erde 132 (3): 293-321. Mullahy, Laura y Francisco Sabatini. 1995. “El conflicto ambiental: callejón con salida”. Ambiente y Desarrollo 36-37. Munévar Quintero, Claudia Alexandra y Javier Gonzaga Valencia. 2015. “Origen y transformación del conflicto ambiental: análisis de los procesos de participación y educación en dos estudios de caso”. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas 15 (28): 47-60. Napadensky, Aarón. 2005. “Impactos territoriales del crecimiento económico. Intensidad energética e infraestructuras de generación eléctrica. Chile y la depredación de su entorno rural”. Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario 9: 21-34. Napadensky, Aarón. 2007. “Chile: paisajes rurales y producción energética ¿pauperización o transformación sinérgica?” Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario 10: 195-204. Napadensky, Aarón. 2008. “Paisajes rurales y producción energética. Luces y sombras de una transformación en proceso”. Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario 11: 123-132. Napadensky, Aarón. 2010. “Miradas prospectivas sobre el Puerto de Corral, Chile. Cambios locales y transformaciones territoriales”. Revista Portus 19: 62-67. Novy Johannes y Margit Mayer. 2009. “As ‘Just’ as It Gets? The European City in the ‘Just City’ Discourse”. En Searching for the Just City, Debates in Urban Theory and Practice, editado por Peter Marcuse, 103-119. Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group. Oliveira, Celso Maran de, José Wamberto Zanquim Junior e Isabela Battistello Espíndola. 2016. “The Arbitral Tribunal as an Alternative Legal Instrument for Solving Water Conflicts in Brazil”. Ambiente & Sociedade 19 (1): 145-162. https://dx.doi. org/10.1590/1809-4422ASOC150150R1V1912016 57. Pérez, Carlota. 2004. Revoluciones Tecnológicas y Capi- 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. tal Financiero: La dinámica de las burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI. Pérez Garcés, Helena, Carlos Alberto Zárate Yepes y Sandra María Turbay Ceballos. 2011. “Conflictos ambientales: la biodiversidad como estrategia ordenadora del territorio”. Revista Opinión Jurídica 10: 89-104. Poma, Alice. 2014. “De la oposición a la emancipación: un análisis de los conflictos ambientales desde abajo”. Ambiente & Sociedade 17 (1): 41-58. Reyes Herrera, Sonia y Juan Carlos Rodríguez Torrent. 2015. “Proyecto Hidroaysén: capitalismo extractivista, regulación estatal y acción colectiva en la Patagonia”. Polis 14 (40): 439-467. Sabatini, Francisco. 1997. “Chile: conflictos ambientales locales y profundización democrática”. Ecología política 13: 51-6. Sabatini, Francisco. 1999. “Participación ciudadana para enfrentar los conflictos ambientales urbanos. Una estrategia para los municipios”. Ambiente y Desarrollo 15 (4): 26-35. Sabatini, Francisco y Claudia Sepúlveda. 2002. Conflictos ambientales. Entre la globalización y la sociedad civil. Santiago de Chile: Cipma. Soja, Edward. 2000. Third Space. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Malden: Blackwell. Soja, Edward. 2003. “Writing the City Spatially”. City 7 (3): 269-281. http://dx.doi.org/10.1080/ 1360481032000157478 Soja, Edward. 2010. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press. Temper, Leah, Daniela del Bene, Lucía Argüelles y Yakup Çetinkaya. 2014. “EJATLAS, mapeo colaborativo como herramienta para el monitoreo de la (in)justicia ambiental”. Revista de Ecología Política 48: 10-13. Vallejos, Arturo. 2008. “Conflictos socioambientales en la periferia de la modernidad: Apuntes para la intervención en contextos locales”. Revista de Ciencias Sociales 14 (2): 240-254. Vásquez, Alexis y Marcela Salgado. 2009. “Desigualdades socioeconómicas y distribución inequitativa de los riesgos ambientales en las comunas de Peñalolén y San Pedro de la Paz: Una perspectiva de justicia ambiental”. Revista de geografía Norte Grande 43: 95-110. https:// dx.doi.org/10.4067/S0718-34022009000200006 Vélez, María Alejandra, Pablo Andrés Ramos y Laura Alayón. 2011. “Instituciones anidadas para prevenir y resolver conflictos socio-ambientales: manejo y distribución del agua en Campo Alegre (Huila, Colombia)”. Cuadernos de Desarrollo Rural 8 (67): 71-90. Veltz, Pierre. 1999. Mundialización, ciudades y territorios: la economía de archipiélago. Barcelona: Ariel. Webber, Melvin. 1968. “The Post-city Age”. Deedalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences 97 (4): 1091-1110. Espacios globales y espacios locales: en busca de nuevos enfoques a los conflictos ambientales | Aaron Napadensky · Ricardo Azocar 43