Infancia y Pobreza en Nicaragua:
Contexto, Retos y Perspectivas
Autores: Felix Maradiaga y Marvin García, investigadores del IEEPP, con el apoyo
técnico del Instituto de Información para el Desarrollo (INIDE); bajo el auspicio de
UNICEF. i
Managua, Junio de 2008
Introducción
Estudio sobre Pobreza y disparidades de la niñez nicaragüense
A pesar de los avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que muchos
países del mundo han estado experimentando, un número considerablemente alto de niños y
niñas de los países más pobres, están quedando rezagados.
Nicaragua no es,
lamentablemente, una excepción a esa tendencia ya que con una población de más de 5.4
millones1 y una tasa anual de crecimiento demográfico de un 2,7%, uno de los más altos del
continente, el sector poblacional más golpeado por la pobreza y la desigualdad sigue siendo
la infancia.
Para el año 2005, en Nicaragua se registraron un total de 988,622 hogares, de este total
795,628 (80.5%) eran hogares con niños. El 44.9% de los hogares del país con niños, niñas
y adolescentes, se encontraban en condiciones de pobreza con una brecha de 34.0% como
promedio. Los indicadores de ese mismo año arrojaron que la pobreza general en Nicaragua
correspondía al 48.3% y la población en pobreza extrema representaba el 17.2%. Esto
implicaba, que de cada 100 nicaragüenses, 48 estaban en alguna condición de pobreza en
base a la línea de pobreza general2 y 17 pertenecían al grupo de pobreza extrema de acuerdo
al valor de la línea de pobreza extrema. El desglose de la distribución de los ingresos
indica que el 10% más rico de la población obtiene un 45% de todos los ingresos, mientras
que los más pobres reciben solamente un 14%. Nicaragua es el tercer país más pobre de las
Américas, con un producto nacional bruto per cápita de 453 dólares.
1
2
Según datos del Censo del año 2005.
La comparación de los datos de 2001 a 2005 a diferentes niveles de desagregación geográfica (nacional,
urbano-rural y para siete regiones), tanto de la pobreza extrema como de la pobreza general, muestran
diferencias demasiado pequeñas para ser estadísticamente significativas.
1
La tasa de pobreza—medida por una línea de pobreza nacional estimada en base al método
del agregado de consumo—para la población de 0 a 5 años es de 57.2%, ésta asciende a
58.5% para la población de 6 a 11 años y es de 53.6% para los niños y niñas de 12 y 14
años.
Incidencia de la Pobreza según Grupo de Edad y Sexo
Tabla N° 1
Pobres Extremos
Pobres Generales
No pobres
Grupos de
Edad (años)
Porcentaje
Porcentaje
Hombres
Mujeres
Porcentaje
Hombres
Mujeres
Porcentaje
Nacional
100.0
17.2
17.8
16.7
48.3
49.6
47.1
51.7
0a5
100.0
22.2
21.7
22.8
57.2
56.2
58.2
42.8
6 a 11
100.0
22.7
2.6
22.8
58.0
58.5
57.5
42.0
12 a 14
100.0
20.4
19.7
21.2
53.9
53.6
54.2
46.1
15 a 19
100.0
17.8
19.3
16.3
50.7
52.2
49.1
49.3
20 a 24
100.0
15.1
17.1
13.0
44.8
47.4
42.0
55.2
25 a 29
100.0
14.1
13.7
14.5
43.1
43.7
42.5
56.9
30 a 39
100.0
13.6
12.8
14.4
42.4
43.6
41.3
7.6
40 a 59
100.0
13.5
14.5
12.7
39.8
40.8
38.9
60.2
60 y más
100.0
12.4
14.2
10.9
40.6
44.5
37.3
59.4
Fuente: INIDE, EMNV 2005.
En comparación a años anteriores, dichos porcentajes no muestran cambios
estadísticamente significativos3 lo que obliga a que estudios de esta naturaleza, más que un
diagnóstico de la pobreza, sirvan como herramientas de evaluación de la eficiencia, eficacia
y enfoque que las intervenciones públicas en pro de su reducción han tenido. Sin embargo,
existen una serie de retos metodológicos que hasta ahora han hecho muy complejo el
estudio de la pobreza infantil en su verdadera dimensión ya que las niñas y los niños sufren
la pobreza de forma más aguda que los adultos, debido a las vulnerabilidades propias de la
edad y la dependencia. Por años, las agencias especializadas en el desarrollo han
reconocido que los programas eficaces de reducción de la pobreza deben prestar especial
atención a reducir las privaciones de la niñez ya que las oportunidades perdidas en la
infancia no se pueden recuperar.
Estudios del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revelan que aún países
con desempeño positivo a nivel general, podrían tener un desempeño poco alentador en
términos del bienestar de los niños y niñas si los datos agregados son analizados de forma
particular en este segmento poblacional. En este sentido, el estudio de la pobreza infantil
adquiere aún mayor complejidad cuando la evidencia específica de país a país es todavía
muy limitada y cuando no existen indicadores estandarizados que permitan mediciones
3
La comparación de los datos de 2001 a 2005 a diferentes niveles de desagregación geográfica (nacional,
urbano-rural y para siete regiones), tanto de la pobreza extrema como de la pobreza general, muestran
diferencias demasiado pequeñas para ser estadísticamente significativas.
2
internacionales comparadas del progreso o rezago que un país tiene en la reducción de la
pobreza infantil.
Ante este reto, UNICEF—con la asistencia técnica del Instituto de Estudios Estratégicos y
Políticas Públicas (IEEPP) y el Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo
(INIDE) —decidió emprender un estudio sobre la pobreza y las privaciones de la infancia
en Nicaragua, en el marco del Estudio Mundial sobre la Pobreza y las Disparidades en la
Infancia 2007-2008. 4 Como parte de este esfuerzo internacional en el que también
participan otros cuarenta países, se estudian las formas en que la pobreza impacta de forma
específica a la infancia en Nicaragua.
A lo largo de cuatro capítulos, se ofrecerá una descripción del contexto económico, los
retos y las perspectivas del país (capítulo uno) como un punto de referencia para un
posterior estudio de la pobreza infantil (capítulo dos) y los principales programas y
presupuestos públicos enfocados en reducirla (capítulo tres), utilizando para ello una
metodología específicamente desarrollada para fines del Estudio Global y cuyos principales
hallazgos están disponibles en la Plantilla de Política (Policy Template) y la Plantilla
Estadística (Statistical Template) desarrollada por UNICEF y el Institute of Development
Studies. El presente estudio también pretende servir como una herramienta útil para los
tomadores de decisión, a fin de que puedan orientar con mayor precisión y enfoque, los
programas públicos actualmente disponibles a favor de la niñez a través de una serie de
recomendaciones y conclusiones (capítulo cuatro).
Este estudio confirma que una parte considerable de la infancia se encuentra desprovista de
intervenciones necesarias o suficientes para su adecuado desarrollo. Si bien los menores de
18 años compone el 43.1% de la población, los niños, niñas y adolescentes son las personas
que sufren mayor número de privaciones y de dificultades en el acceso a las intervenciones
públicas para el desarrollo. El presente informe muestra habida evidencia para afirmar con
preocupación que los niños, niñas y adolescentes nicaragüenses no ocupan el lugar de
prioridad que debería corresponderles en las políticas públicas y en el Presupuesto General
de la República, más aún en el marco de los compromisos de reducción de la pobreza que el
país ha asumido con la comunidad internacional. Si bien la estructura de la población por
grupos de edad indica que la mayor parte está concentrada en el grupo de 0 a 14 años
(36.3%)5, la primera infancia y los niños y niñas en edad escolar sufren de una considerable
invisibilidad ante las políticas públicas dado que la cobertura y montos presupuestarios de
los programas impulsados desde el Estado no se corresponden con el peso demográfico que
representan. Más aún, tampoco se corresponden con los retos que la transición
demográfica impone al país ya que la caída en los niveles de mortalidad y natalidad implica
4
Una descripción amplia de la metodología del presente estudio se encuentra en los anexos de los capítulos 2
y 3.
3
una variación de la estructura por edades de la población, lo que ofrece una oportunidad sin
precedentes para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza que, de no
aprovecharse, podría revertirse negativamente en un mayor número de pobres y una
creciente desigualdad. En este sentido, el análisis presupuestario y su enfoque a favor de la
infancia es un componente fundamental de este estudio, ya que el gasto público en pobreza
es, junto a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los dos
indicadores intermedios relacionados con la reducción de la pobreza.
Existe una cantidad relevante de programas y de legislación a favor de la niñez, no
obstante, se evidencia una marcada brecha entre el número de programas y el impacto de
los mismos en términos de resultados a favor de la infancia o de la cobertura y enfoque de
los mismos en los territorios de mayor incidencia de pobreza. Por ejemplo, los datos sobre
desnutrición crónica reflejan que más del 17% de los niños6 menores de cinco años tiene
algún grado de desnutrición y la desnutrición crónica severa para el quintil más bajo es de
8.2%. Los menores nacidos en hogares que pertenecen al quintil más pobre de la población
tienen una tasa de mortalidad que se estima en 43 por mil nacidos vivos, siendo esta
probabilidad dos veces mayor de morir en los primeros cinco años de vida, en comparación
con aquellos nacidos en el estrato superior (quintil más alto), que es de 21 por mil nacidos
vivos. El 26.4% de los niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años tienen privación grave
de educación y al comparar con el indicador de pobreza, se encontró que de ellos el 75.8%
son pobres.
Como documentaremos a lo largo de este estudio, las privaciones de la infancia son
particularmente frecuentes en aquellos que habitan en zonas rurales del centro del país, así
como de las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur. En general, las personas que
viven en zonas rurales, son casi cinco veces más pobres extremas y dos veces más pobres,
que aquellas de las zonas urbanas.7 El 42.8% de los hogares de la región central se
encuentran en condición de pobreza. Le sigue la región Pacífico con el 28.6%, Atlántico
con 18.2% y Managua con 10.4%. Al observar las brechas de pobreza se observa que la
región Central además de ser la que más aporta a la pobreza, es la más sumida con una
brecha de 38.6%, seguida del Atlántico con 36.9%. Lo anterior, se ve reflejado en el hecho
de que los hogares pobres en el área rural alcanzan el 65.1% y la brecha es de 38.2%
contra 27.0% del área urbana.
5
6
7
Los pobres en ese grupo corresponden a 43.9%
ENDESA 2006
La relación entre población rural y pobreza es algo que ha sido señalado recurrentemente por economistas del desarrollo
como Jeffrey Sachs, quien asocia directamente el grado de pobreza con la urbanización de los distintos países (a mayor
grado de urbanización menor grado de pobreza extrema). En su opinión, los países con mayor potencial de desarrollo
tienen una relación inversamente proporcional a sus porcentajes de población rural. Algunas de las ideas más relevantes
de Sachs se presentan como Anexo del presente estudio.
4
Es oportuno apuntar que, al estudiar la pobreza infantil en base al género, no se observaron
grandes diferencias entre niños y niñas. Sin embargo, el tamaño del hogar sí está
directamente relacionado con la pobreza infantil. El 85.0% de los hogares formados por
más de seis miembros sufren al menos una privación grave.
1.1. Infancia, Pobreza y disparidades - Marco conceptual
De acuerdo con la ya clásica definición normativa de Whitehead (1991)8, “las inequidades
en materia de salud pueden definirse como las diferencias que son necesarias y evitables y,
además injustas”.9 En este sentido, es posible establecer un marco analítico que nos
permita medir dichas diferencias en términos de las brechas que existen entre las
obligaciones del Estado consagradas como derechos a la salud, y los resultados de la acción
pública en términos del alcance e impacto de los programas y servicio públicos en la
reducción de la pobreza. Lo anterior es también posible para cada una de las dimensiones
que, en adición a la salud, conforman los otros “pilares del desarrollo infantil” como son la
educación, la nutrición y la protección social.
En este sentido, el análisis de privaciones a la infancia ofrece la oportunidad de abordar
desde una perspectiva multidimensional, las particularidades de la pobreza infantil en
Nicaragua desde una aproximación que no se limita a considerar el ingreso de los hogares
como el único parámetro de pobreza. Si bien este enfoque tiene una estrecha cercanía
conceptual con el enfoque de seguridad humana no es un equivalente al índice de desarrollo
humano (IDH)10 y, en la medida en que los estados vayan acumulando mayor información
estadística sobre los resultados de la niñez en cada uno de los pilares, se constituirá en una
importante herramienta de análisis para la reducción de la pobreza infantil en tanto permite
determinar con bastante precisión el desempeño del Estado en los ámbitos de política
pública que más impactan favorablemente el desarrollo infantil.
Partiendo de la misma premisa, Amartya Sen brindó un aporte innovador y revolucionario a
los indicadores económicos y sociales a través del concepto de capacidad, mediante el cual
se dice que un gobierno tiene que ser evaluado en función de las capacidades (o libertades)
concretas de sus ciudadanos. La aproximación de Sen basada en las capacidades se enfoca
en la libertad positiva, que es la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo, en
vez de la libertad negativa, que es común en economía y se centra simplemente en la no
interferencia, lo cual tiene una poderosa implicación para el rol preponderante que tiene el
8
Ver Whitehead, Margaret. The concepts and principles of equity and health (Oxford University Press: 1991)
9 Ver “Objetivos de Desarrollo del Milenio: La progresión hacia el derecho en América Latina (Organización de las
Naciones Unidas: Santiago de Chile, 2008).
10 El IDH es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que
se basa en un indicador social estadístico compuesto por los parámetros de Vida larga y saludable (medida según la
esperanza de vida al nacer), Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de
5
Estado en la reducción de la pobreza, rol que naturalmente trasciende un papel de ente
regulador ante las fuerzas del mercado.11 Por ejemplo, en su ensayo sobre el derecho y la
privación12 Sen demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino
de desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos. Su trabajo en el campo
del desarrollo económico ha tenido mucha influencia en la formulación del IDH e
igualmente ofrece una base conceptual para el enfoque de privaciones que de forma
particular, surge del estudio “Child poverty in the Developing World”13. Este estudio,
realizado por la Universidad de Bristol, examina la pobreza infantil utilizando bajo el
prisma de siete graves privaciones en materia de necesidades humanas, estimando que un
niño se encuentra en “pobreza absoluta” en el caso en que esté expuesto a dos o más
privaciones graves14 como explicamos en mayor detalle en el Capítulo 2.
Complementariamente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas
específicas asumidas por Nicaragua en base a los ODM, se constituyen en una guía esencial
para la medición de privaciones de la infancia y la brecha ente las metas nacionales y los
programas disponibles en los casos en que la información estadística y programática
estuviere disponible. En este sentido, es oportuno señalar que las limitaciones de acceso a la
información en términos de bases de datos confiables, evaluaciones de resultados y de
impactos a los programas e inclusive la claridad de las metas programáticas constituyó el
principal cuello de botella para este estudio. Como se señala en los capítulos tres y cuatro,
la información para el desarrollo y la claridad de indicadores de desempeño de los
programas públicos son una necesidad relevante para elevar la efectividad de las
intervenciones de reducción de la pobreza infantil. Es por ello que este estudio pretende
constituirse no sólo en un diagnóstico de la pobreza y las disparidades en la infancia de
Nicaragua, sino también en un insumo importante que ayude a los tomadores de decisión a
evaluar la eficacia, eficiencia y enfoque de los programas.
En adición a los ODM, otra referencia fundamental del presente estudio es la Convención
sobre los Derechos del Niño y las expresiones jurídicas y programáticas que aseguran el
cumplimiento de dicha convención. Al respecto, la elaboración de este estudio requirió
analizar 48 programas gubernamentales que actualmente se encuentran vigentes. Sin
embargo, por razones de brevedad el capítulo tres se enfoca en aquellos que de forma
concreta pueden ser clasificados como intervenciones públicas en cada uno de los “pilares”
y cuyo diseño programático contiene un gasto público relevante, así como una duración,
matriculación en educación primaria, secundaria y superior) y Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA
en dólares).
11
Para una discusión más amplia del concepto, ver Desarrollo y Libertad.
12
Ver Sen, Amartya. Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation (1981).
13
Ver Townsend (2003)
14
Las definiciones de privaciones se hallarán en los Anexos de este estudio.
6
cobertura y base programática clara. El análisis de cada dimensión inicia con una
descripción general de las leyes, políticas y programas fundamentales, finalizando con un
recuento de los resultados y la causalidad con información recopilada en la Matriz Políticas
Públicas y la Matriz Estadística, anexas al presente estudio. El capítulo cuatro ofrece una
serie de recomendaciones para lograr resultados en favor de la infancia partiendo de la
evidencia recopilada a lo largo del estudio.
El presente estudio analiza la pobreza infantil a partir de un enfoque amplio que incluye
conceptos nacionales e internacionales tales como: líneas de pobreza por el método del
consumo. Asimismo, el presente estudio se constituye en el primer esfuerzo nacional de
medición de la pobreza infantil mediante la metodología de privaciones (Método de Bristol)
que ofrece una innovadora perspectiva multidimensional que hace posible comparaciones
internacionales de la pobreza infantil en base a siete necesidades humanas básicas. El
presente estudio utiliza el enfoque de las privaciones de forma transversal y prestando
especial atención a las privaciones moderadas o severas en una o más de las siete
dimensiones de la pobreza siguientes: nutrición, salud, educación, agua, saneamiento,
información y condiciones de vivienda.15 Para ello, se requirió de un considerable esfuerzo
interdisciplinario de adecuación de la información estadística disponible, lo que se aprecia
detalladamente en las plantillas anexas.
Entre los principales hallazgos se resalta el hecho de que se durante el período estudiado el
37.4% de los niños, niñas y adolescentes sufrió al menos una privación grave y el 21.2% se
vio afectado por dos de estas privaciones. Por su parte, los datos referidos a la pobreza por
el método de consumo y las privaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes se
obtuvieron a partir de la información obtenida a través de las Encuestas de Medición del
Nivel de Vida (EMNV), de 1998, 2001 y 2005. Los datos de mortalidad fueron obtenidos a
partir de los resultados de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDESA1992, 1998, 2001 y 2006 y los quintiles de bienestar obtenidos por ambas fuentes de
información.
Para el análisis de las privaciones de vivienda, saneamiento, agua y salud el estudio se
realiza sobre los 2,217,500 niños, niñas y adolescentes que hay en el país y para las
privaciones de información 1,908,000 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años,
nutrición 506,000 niños y niñas menores de 5 años y educación 1,447,000 niños, niñas y
adolescentes entre 7 y 17 años. Por su parte, el estudio de la mortalidad en la niñez
(menores de cinco años), se basa en estimaciones proveniente de Encuestas de Hogares
sobre Demografía y Salud realizadas en el país entre 1992 y 2006.
15
Véase ‘Child Poverty in the Developing World.’ D. Gordon, S. Nandy, C Pantazis, S. Pemberton y P. Townsend,
citados en el Estado Mundial de la Infancia 2005, UNICEF 2004.
7
1.2.Factores Contextuales de la Pobreza en Nicaragua: Implicaciones para la
Infancia
Existen numerosos estudios altamente especializados y con diferentes grados de
sofisticación, referidos a las estrategias más adecuadas para la superación de la pobreza,
cuyo abordaje trasciende por mucho el objetivo del presente trabajo.16 En ese sentido, los
capítulos uno y dos se centran en los factores más directamente relacionados a la pobreza
infantil en Nicaragua, sin que ello implique un subestimación de la importancia de otros
factores inmediatos que restringen el crecimiento económico en Nicaragua. Entre algunos
de los factores que en un estudio más amplio pudiesen ser retomados están: el bajo nivel de
capital físico, social, humano y tecnológico, el bajo retorno a la inversión, el deficiente
entorno macroeconómico, fallas de gobierno, problemas de funcionamiento del libre
mercado y calidad del sistema financiero.17
16
El enfoque del economista Jeffrey Sachs, presentado principalmente en el libro “"The End of Poverty: Economic
Possibilities for Our Time", ofrece un marco conceptual que a juicio del equipo de investigadores que preparó este
estudio, tiene alta relevancia práctica con los hallazgos del presente trabajo. Este magistral estudio considera posible
sacar de la pobreza extrema a más de un billón de seres humanos que actualmente vive con menos de un dólar por día
antes del año 2025. Para ello, sin embargo, es fundamental la participación activa de la cooperación internacional. A
juicio de Sachs, el costo de terminar con la pobreza extrema en que viven uno de cada seis seres humanos, además de
los alivios de deuda, requiere que los países más desarrollados incrementen su ayuda internacional para el desarrollo a
0.7% de su Producto Nacional Bruto (PNB). Además propone un “capitalismo con rostro humano” hecho tangible
mediante un programa de promoción de inversiones en los países pobres.
Una parte central de la estrategia la ocupan las acciones desde la microeconomía del desarrollo con énfasis en la
búsqueda de las mejoría de la pequeña agricultura como una forma de impactar positivamente y de manera rápida, los
ingresos de las familias pobres en el campo. Por ejemplo, Sachs sugiere que con semillas genéticamente modificadas,
irrigación y fertilización, los retornos de la agricultura de subsistencia puede ser aumentados sustancialmente,
llevándolos a grados de rendimiento hasta cinco veces mayor que los actuales. En algunas de sus estimaciones, él cree
que los actuales rendimientos de África de una tonelada por hectárea llegarían hasta cinco toneladas. El énfasis en el
mejoramiento de los rendimientos agrícolas tendría un impacto directo en las economías de subsistencia propias de las
familias más pobres, generando así una notable reducción de la pobreza.
La parte central del plan propuesto, consiste pues en llevar a los pobres al “primer peldaño del desarrollo” el cual a su
juicio no es posible alcanzar en tanto persistan privaciones de salud y de hambre, cuya condición (en el caso de los
pobres extremos) les impide ahorrar, comerciar y tomar provecho de la tecnología. Dicho de otra forma, los pobres
extremos están en una “trampa de la pobreza” de la cual no pueden escapar sin la ayuda externa. Existen además, otros
factores referidos al elevado crecimiento demográfico de los pobres extremos que también profundizan la dificultades
para la acumulación de capital social, tecnológico y financiero y la calidad de vida de esa familias y sus dependientes
(i.e. los mismos recursos se reparten entre mayor cantidad de personas).
Sachs también enfatiza entre la fuerte correlación entre pobreza población rural y pobreza. En su opinión, los países con
mayor potencial de desarrollo tienen una relación inversamente proporcional a sus porcentajes de población rural. Esto
se debe a que las sociedades de creciente estado de desarrollo atraen a sus ciudades a pobladores rurales que acceden a
mejores puestos de trabajo, permitiendo a aquellos agricultores que quedan en zonas rurales, acrecentar la superficie de
sus explotaciones incrementando escala, y por ende, productividad. Es por esa razón que la reducción de la pobreza
extrema debe ir acompañada de estrategia agresivas de aumento de la productividad en el campo.
17
Para una discusión más amplia sobre la relación entre crecimiento económico e inversión, ver Urcuyo, Rodrigo et. Al
“Identificando Barreras al Crecimiento Económico, la Inversión y el Comercio en Nicaragua” (FUNIDES, Managua:
Abril de 2007). Partiendo de una interesante metodología de diagnóstico de crecimiento, Urcuyo se pregunta ¿cuál es
el factor inmediato que restringe el crecimiento económico en Nicaragua?, ofreciendo como respuestas: el bajo nivel de
capital físico, humano y tecnología fomentada por el bajo retorno a la inversión. El estudio, disponible en
www.funides.com identifica como causas directas: el deficiente entorno macroeconómico, fallas de gobierno, problemas
de funcionamiento del libre mercado y calidad del sistema financiero.
8
En el caso de Nicaragua, la literatura relacionada a la reducción de la pobreza y el
crecimiento económico es muy amplia aunque en su mayoría está disponible en formato de
diagnósticos con muy poca atención a recomendaciones programáticas puntuales. Es en
ese aspecto que el presente trabajo pretende ser una contribución para la identificación
específica de intervenciones eficaces para la reducción de la pobreza en la infancia. Sin
embargo, por razones de brevedad, no se hace posible abordar todos los factores que
consideramos centrales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Se
hace pues, énfasis en la correlación entre la generación de empleos productivos por su
cercana vinculación con las presiones demográficas que, como explicaremos, enfrenta el
país.
En base a lo anterior—y como señalamos anteriormente—un estudio especializado de la
pobreza infantil exige trascender más allá de los enfoques de ingreso o consumo a fin de
prestar especial atención a las privaciones que sufren los niños y niñas en situación de
pobreza. Sin embargo, desde cualquier perspectiva el aumento del ingreso por habitante de
un país se encuentra correlacionado con los niveles de pobreza que dicho país exhibe:
mientras mayor es el ingreso per cápita, el nivel de pobreza tiende a ser menor, y viceversa.
Es por ello que el crecimiento económico constituye una condición importante en el
empeño por reducir la pobreza por cuanto constituye el medio para incrementar el ingreso
nacional promedio por habitante.
Del mismo modo, un mayor ingreso por habitante representa la disponibilidad de mayores
recursos para invertir en la reducción de la pobreza. Pero sobre todo el crecimiento
económico es importante en la medida en que permite aumentar la generación de empleos,
dado que casi cuatro quintas partes del ingreso de los hogares pobres dependen de su
ingreso laboral. Sin embargo, este vínculo entre crecimiento económico y reducción de la
pobreza funciona de la mejor manera cuando el crecimiento económico se traduce en la
generación de empleos decentes y bien remunerados. Por el contrario, el vinculo entre
crecimiento económico y reducción de la pobreza tiende a debilitarse si la economía
genera, principalmente, empleos precarios y de baja remuneración. Esto significa que no
sólo importa el crecimiento económico per se, sino también las características que asume el
crecimiento (el denominado “estilo de crecimiento”). Estudios previos han demostrado que
la pobreza y la pobreza extrema en Nicaragua han sido muy sensibles al crecimiento
económico.18
18
Banco Mundial, Nicaragua. Evaluación de la Pobreza 2000. Informe No. 20488-NI.
9
Otro factor que contribuye de manera significativa al crecimiento del ingreso por habitante
es la disminución de la tasa de crecimiento de la población como resultado de la reducción
de la tasa de natalidad y la fecundidad, en el contexto de la denominada “transición
demográfica”.19 Como afirmamos anteriormente, esta transición crea al mismo tiempo una
oportunidad inédita, aunque por tiempo limitado y por una sola vez, para avanzar con
mayor rapidez en la reducción de la pobreza. Pero esta oportunidad podría perderse para
siempre si no se adoptan, de manera apremiante, las acciones indispensables como es,
particularmente, una inversión de calidad y de amplia cobertura a favor de la niñez, a fin de
permitirles asumir plena ciudadanía, el goce de sus derechos e insertarse exitosamente en
empleos productivos. Estos factores estarán influyendo de manera decisiva tanto sobre las
condiciones en que actualmente sobreviven los niños y adolescentes como en la
determinación de su futuro. Resulta pues, importante que el presente capítulo examine tanto
las características del crecimiento económico y su vínculo con la reducción de la pobreza,
como el estado del proceso de transición demográfica en Nicaragua.
Más adelante explicaremos que Nicaragua está experimentando una oportunidad
demográfica sin precedentes ya que si esta creciente población e edad activa fuese ocupada
en empleos de adecuada productividad, el potencial de crecimiento de la economía se
expandiría considerablemente, y la tasa de crecimiento económico podría acelerarse, lo
cual, en un contexto de crecimiento demográfico desacelerado, permitiría elevar
rápidamente el ingreso promedio por habitante, que en el año 2006 alcanzó un valor de US$
932. A partir de ese año Nicaragua dejó de formar parte de los países de menor ingreso del
mundo y pasó a ser catalogada como un país de ingreso medio-bajo. 20 Como puede
apreciarse, el ingreso por habitante de Nicaragua se encuentra todavía muy cercano al
límite inferior de los países de ingreso medio-bajo. En el contexto de América Latina y El
Caribe sólo Haití exhibe un ingreso por habitante inferior al de Nicaragua. Pese a que ya no
se clasifica como país de ingreso bajo Nicaragua continúa siendo el tercer país más pobre
de América Latina.
Como hemos visto, el incremento del ingreso por habitante depende primordialmente de la
tasa de crecimiento económico, suponiendo constante la tasa natural de crecimiento de la
población. La economía nicaragüense creció a una tasa promedio anual del 4% en el
período comprendido entre 2002 y 2007, por debajo del 5.4% de crecimiento promedio
anual que se registró durante el período 1994-1999. Por su parte, el crecimiento del PIB por
habitante también se desaceleró: su tasa de crecimiento promedio anual alcanzó un 2.6%
19
Parte de la referida “trampa de la pobreza” a la que se refiere Sachs es, precisamente, el elevado crecimiento
demográfico de los pobres extremos, lo que implica la necesidad de repartir los mismos recursos entre mayor cantidad
de personas.
20
De acuerdo con el Banco Mundial los países de ingreso medio-bajo son aquellos cuyo ingreso por habitante se sitúa
entre US$ 876 y US$ 3,465 al año.
10
entre 2002 y 2007, por debajo de la tasa de 3.4% que alcanzó durante el período 1994199921.
Aunque el ingreso disponible por habitante continúa dependiendo fundamentalmente de los
ingresos generados por la producción interna de bienes y servicios, las transferencias
recibidas por los residentes en el país desde el exterior, principalmente bajo la forma de
remesas familiares, han venido representando un papel cada vez más importante en el
ingreso agregado de los hogares nicaragüenses. Esto contribuye a explicar el hecho de que
mientras el PIB por cápita creció a una tasa promedio anual de 2.6% entre 2002 y 2007, el
ingreso nacional bruto disponible por habitante lo hizo a una tasa del 3.5%.
En lo que se refiere a los sectores de la actividad económica que contribuyeron en mayor
medida a explicar el crecimiento económico registrado entre 2002 y 2007, encontramos en
primer lugar a la industria manufacturera, cuya contribución marginal a la tasa de
crecimiento promedio anual del PIB se elevó hasta el 28%. Por su parte el sector
agropecuario aportó un 17.4%; el sector comercio, hoteles y restaurantes contribuyó con un
14.6%; el sector transporte y comunicaciones con un 10.9% el sector financiero con el
8.2%; y el sector de servicios personales, empresariales y comunales aportó un 6.7%. En
21
Es importante anotar que, medido en dólares, el PIB por habitante creció a una tasa promedio anual de 5.9% entre 2002
y 2007, por encima de la tasa de crecimiento promedio anual de 2.7% que este indicador mostro en el período 1994-99.
Es decir que, cuando se mide en dólares, la tasa de crecimiento del PIB por habitante aparece acelerándose de manera
apreciable en el período 2002-2007, en comparación a la tasa que se registró en el período 1994-99. Como puede verse,
los resultados son totalmente contrapuestos a los que se obtienen midiendo el PIB por Habitante en córdobas de poder
adquisitivo constante. Esto
llama la atención sobre el hecho de que la medición de las variables en términos de dólares
podría proporcionar un cuadro distorsionado de los fenómenos, debido a la sobrevaloración que ha venido
experimentando la moneda doméstica en relación a la moneda norteamericana.
11
los últimos seis años no se han producido cambios fundamentales en la estructura sectorial
de la economía.22
En lo que respecta a las características del mercado laboral nicaragüense es relevante
destacar que solamente un 51.3% de la población en edad de trabajar (PET) se convierte en
población económicamente activa (PEA), mientras el 48.7% no se incorpora al mercado
laboral, representando una Población Económicamente Inactiva (PEI). Asimismo el
mercado laboral nicaragüense se caracteriza por mostrar niveles comparativamente
reducidos de desempleo abierto (el 5.2% de la PEA) en combinación con importantes
niveles de subempleo (solo el 65.5% de los ocupados pueden considerarse como ocupados
plenos, mientras un 34.1% se catalogan como sub-empleados, tanto visibles como
invisibles).
Debido a que no se han producido cambios fundamentales ni en la composición sectorial de
la economía ni en las características de los sectores más importantes, tampoco se ha
modificado de manera significativa la estructura sectorial del empleo, ni los rasgos
fundamentales del tipo de empleo que está siendo generando. Casi tres cuartas partes de la
demanda laboral están dominadas por sectores económicos que exhiben una baja
productividad, es decir agricultura tradicional, el comercio informal urbano y los servicios.
El mercado laboral nicaragüense se caracteriza efectivamente por niveles muy altos de
informalidad: el sector informal absorbe el 62.7% de la ocupación total. A su vez, los
empleos del sector informal están más asociados al subempleo que los empleos del sector
formal. El 42% los empleos del sector informal están catalogados como subempleo, lo cual
representa un 77.4% del subempleo a nivel nacional, mientras solamente un 20.6% de los
empleos formales están asociados al subempleo – equivalentes al 22.6% del subempleo
total. Dado que el sector formal por distintas razones no es capaz de proporcionar
ocupación plena y decente a la población económicamente activa, los trabajadores
nicaragüenses se ven forzados a buscar como desempeñar cualquier tipo de actividad
económica informal, por muy precaria que sea. El tipo de actividades precarias e informales
que predominan en la generación de empleo, caracterizadas por bajos niveles de
productividad, representan unos ingresos muy magros para quienes las desempeñan. Esto
no les permite ni la formación de ahorros ni la acumulación de activos que puedan
funcionar como un “amortiguador” para los períodos de desempleo.
22
El Sector Primario, representado primordialmente por el sector agropecuario, continúa generando casi la quinta parte de
la producción total de bienes y servicios. El Sector Secundario por su parte aumento su participación del 23.8% del PIB
en el 2000 al 25.7% del PIB en el 2007, y dentro de este, la industria manufacturera pasó de representar el 17.1% del
PIB a casi el 20% del PIB en el mismo periodo. El Sector Terciario pasó de generar el 47% de la producción total de
bienes y servicios en el 2000 al 48.4% en el 2007, gracias sobre todo al sector transporte y comunicaciones que aumentó
su participación del 6.5% al 7.5% del PIB y al sector financiero que pasó del 2.6% al 3.9% del PIB.
12
Los sectores de la actividad económica que concentran el mayor porcentaje del empleo—
en conjunto generan el 87.6% de la ocupación—son sectores en los que tiene un fuerte peso
el sector informal. En la agricultura el 70% de los ocupados pertenecen al sector informal.
En el sector comercio este porcentaje se eleva hasta un 79%. En el caso del sector Servicios
comunales, sociales y personales el 48% de la ocupación corresponde al sector informal. El
57% de los ocupados de la industria manufacturera pertenece al sector informal. A su vez,
los sectores de la economía con mayor participación del empleo informal, son los sectores
con mayor generación de empleo y coinciden en una medida importante con aquellos con
mayor participación femenina en el empleo, con excepción de la agricultura (10.6%).23
En el sector informal encuentran refugio personas con una escolaridad promedio más baja
que las que encuentran ocupación en el sector formal. En 2005, solo el 34.8% de los
ocupados(as) del sector informal tenia estudios de secundaria, universitarios o técnicos,
mientras el 65.2% exhibía estudios de primaria o ninguno. En términos generales el
empleo creado adolece de niveles de protección muy bajos. Sólo un 21.6% de los
trabajadores ocupados se encuentra bajo la cobertura de la seguridad social, de estos el
30.7% de los ocupados en las zonas urbanas y el 9.3% de los ocupados en las zonas rurales.
El resto de los trabajadores carece de protección frente a los riesgos del trabajo o de la vida.
Otra característica muy importante del mercado laboral nicaragüense es una tasa de empleo
infantil relativamente elevada: este representó el 13.4% de la población con un rango de
edad de entre 5 y 17 años en 2005, equivalentes a más de 238.8 miles de niños. La mayor
cantidad de niños trabajadores se encuentran en el sector agropecuario, con una población
estimada de 135.1 miles de niños trabajadores (el 54%), seguido por el comercio con 51.5
miles (el 20.9%), la industria manufacturera con 23.8 miles (un 10.5%) y el sector de
servicios comunales, sociales y personales con 17.4 miles (el 9%). La población con un
rango de edad entre 14 y 17 años representa el 63.9% del total de los niños que trabajan. El
65.7 % de la niñez y adolescencia que trabaja se encuentra en el área rural, frente a un
34.3% del área urbana.
23
Los sectores con mayor participación femenina en la ocupación son el sector de servicios comunales, personales y
sociales con un 65.3% de ocupación femenina, en el cual que encuentran empleo el 35.8% de la totalidad de mujeres
ocupadas en el país; el sector comercial, que exhibe un 54.5% de ocupación femenina y proporciona empleo al 32.3%
del total de mujeres ocupadas; y la industria manufacturera con un porcentaje de 47.5% de mujeres ocupadas en el
sector, correspondientes al 18.4% de las mujeres ocupadas en el país.
13
Población laboral activa por rama de actividad económica
Grupo de edad
Tabla N° 2
Actividad
05-17
05-09
10-13
17-17
República
238,827
18,817
67,404
152,606
Agric. Silv., Casa y Pesca
135,133
10,648
42,213
82,272
968
247
541
180
23,758
1,663
6,117
159,677
424
0
106
318
4,652
146
212
4,294
51,546
4,843
14,833
31,870
Minas y canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio, Rest. y Hoteles
Transp., Almac. y Comunic.
3,223
0
424
2,799
Establ., Financ. y Seguros
1,713
292
212
1,209
Serv. Comun. Soc. y Pers.
17,411
978
2,746
13,687
Fuente: Encuesta de Trabajo Infantil realizada por INIDE, 2005
Esta mayor incorporación de los niños y adolescentes a las labores agrícolas se reflejará
como una mayor tasa de participación laboral de la población rural de 5 a 17 años que
pertenecen a las zonas rurales que la tasa de participación laboral de la población de esa
misma edad en las zonas urbanas, en donde el nivel de ingreso promedio per cápita de los
hogares en general es mayor, y por tanto los niños y jóvenes de estas edades tienen mayores
posibilidades de asistir a la escuela.
En los hogares pobres los niños y adolescentes se ven forzados a incorporarse a la actividad
laboral para aportar al sustento familiar. Esto desde ya comienza a mostrar vínculos con el
cumplimiento de los ODM ya que si se mantienen estas tendencias, será muy difícil
alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de la población que sobrevive con
menos de US$ 1 dólar al día. Por su parte, la necesidad de los hogares pobres de allegarse
ingresos adicionales por medio del trabajo infantil, se constituye en un obstáculo decisivo
no solo para lograr el objetivo de que todos los niños y niñas puedan completar el ciclo
completo de la educación primaria, sino niveles superiores de escolaridad y formación En
lo que sigue, analizaremos algunos de los mecanismos a través de los cuales estas
características tienden a reproducirse en el tiempo, contribuyendo a perpetuar la pobreza y
las desigualdades.
14
1.3.Transición Demográfica y sus Implicaciones la Reducción de la Pobreza
El término “transición demográfica” se refiere al proceso que permite pasar desde un
régimen de demografía tradicional —
identificado con altos niveles de
mortalidad y fecundidad— a un nuevo
régimen, caracterizado por una caída de
la mortalidad y de la fecundidad (tales
que el reemplazo generacional se
garantiza con cerca de dos hijos por
mujer). Entre las dos condiciones de
equilibrio se pueden identificar dos
fases.
En la primera se reducen las tasas de mortalidad, debido a avances básicos en la atención
sanitaria, mientras que las tasas de fecundidad continúan siendo muy elevadas. Se produce
así un crecimiento muy rápido de la población, especialmente de la población infantil. En
esta fase, debido al elevado porcentaje de población infantil, existe una elevada tasa de
dependencia—es decir, una elevada proporción de la población dependiente,
principalmente infantil, en relación a la población activa, o población en edad de trabajar.
En la segunda fase se observa una desaceleración del crecimiento poblacional, debido al
descenso de la fecundidad.
El Censo de Población de 2005 ha mostrado que la transición hacia la segunda fase está
más avanzada de lo que se esperaba. La fuerza de trabajo ha comenzado a crecer más
rápido que la población global. La población en edad laboral (15 a 64 años) se está
incrementando rápidamente. En los últimos diez años ha estado creciendo a un ritmo
cercano al 3.0% anual, significativamente mayor que el promedio de la población total
(1.67%). Mientras tanto, la población infantil dependiente (menor de 15 años) decreció a
una tasa promedio anual de -0.19%.
El peso de la población activa (15-64 años) aumentó de 53% de la población en 1995 a
58.2% en 2005. Mientras tanto la población dependiente redujo se participación en la
población total de 49% al 42%, principalmente como resultado del hecho de que la
población dependiente menor de 15 años redujo su participación del 44% de la población
total en 1995 a 37% en 2005. Esta tendencia al aumento del peso de la población en edad
activa y la reducción de la participación porcentual de la población dependiente se
continuara profundizando en las próximas décadas, con la característica de que, mientras la
población infantil dependiente (menor de 15 años) acelerará su decrecimiento, se
comenzará a desacelerar también el crecimiento de la población en edad de trabajar
15
(aunque por un tiempo aún seguirá creciendo a un ritmo más rápido que la población total).
Por su parte, con el descenso de la tasa de natalidad y debido al aumento de la esperanza de
vida, la parte de la población que comenzará a aumentar su participación cada vez más
rápido, será la población que ya superó la edad de retiro (mayor de 64 años). De esta
manera se irá avanzando en el proceso de envejecimiento de la población.
La rápida caída de la natalidad que se observa, especialmente a partir del quinquenio 19901995, y el consecuente estancamiento en la tasa de crecimiento natural de la población,
parecen conducir al país a una etapa final de su transición demográfica, aquella en la cual la
población mayor de 64 años comienza a representar porcentajes cada vez más significativos
de la población total, en un lapso más breve que el que le ha tomado a otros países de la
región. La importante contribución de la calidad de inserción laboral en la reducción de la
pobreza ha sido consagrada en el ámbito de las Naciones Unidas en una nueva meta del
Milenio: “Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular
para las mujeres y los jóvenes” (Meta 1.B).
Esta nueva meta, que ha entrado en vigor en 2008, ha sido incluida en el primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio, “erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Sin embargo, lo que
está ocurriendo en Nicaragua es que, frente a este crecimiento tan rápido de la población en
edad laboral, la economía está generando, de manera predominante, empleos precarios e
informales de muy baja productividad, sin ningún tipo de protección, los cuales únicamente
demandan, para su desempeño, una fuerza de trabajo de muy baja calificación, y que
proporcionan a quienes los desempeñan, una pobrísima remuneración. En efecto, el 67% de
la nueva ocupación creada entre 2000 y 2005 se genero en el sector informal (es decir, casi
7 de cada 10 nuevos empleos se generaron en el sector informal). Por otra parte, el 65% de
la ocupación actual la generan, sin ningún tipo de acceso o con un acceso extremadamente
precario a los recursos, pequeñas unidades económicas urbanas y rurales que apenas
ocupan entre 1 a 5 personas – incorporando tanto el autoempleo, como la necesidad de gran
parte de los hogares de emprender, por sus propios medios, algún tipo de actividad
económica para sobrevivir.
16
Uno de los factores fundamentales que limitan el acceso de los pobres a empleos formales
mejor remunerados, lo constituye la bajísima escolaridad promedio de la población
nicaragüense. La población adulta nicaragüense (entre 25 y 59 años) evidencia un nivel de
escolaridad promedio que se encuentra por debajo del promedio regional latinoamericano y
centroamericano. Así, mientras la escolaridad promedio regional de América Latina es de
9.8 años en las zonas urbanas y de 4.5 años en las zonas rurales, en Nicaragua estos
promedios alcanzan apenas 6.9 años y 3.1 años, respectivamente. Sólo Guatemala exhibe
un nivel de escolaridad por debajo del nicaragüense.
La información disponible muestra una oferta de trabajo con una limitada educación, donde
casi una quinta parte no tiene grado alguno de educación, casi el 50% de los trabajadores no
ha logrado completar su educación primaria, el 60% de los trabajadores tiene primaria
completa como máximo, el 22.5% tiene secundaria incompleta y sólo el 10.2% de los
trabajadores ocupados ha logrado culminar la educación secundaria y un 10.8% ha
alcanzado un nivel educativo superior.
Pero el nivel promedio nacional de escolaridad o los niveles promedio de escolaridad
alcanzados por la fuerza de trabajo ocupada nos ocultan información fundamental. Estos
promedios nacionales no nos dicen nada sobre la elevada desigualdad en el acceso a la
educación que diferentes segmentos poblacionales logran obtener, en función de los
estratos socio-económicos o de ingreso a los cuales pertenezcan, y a las características de
las zonas en que habiten.
17
Como resultado de estas desigualdades en
el acceso a la educación formal, y en las
posibilidades de avanzar a lo largo de los
diferentes
niveles
educativos,
existen profundas desigualdades en los
años promedio de escolaridad que logran
alcanzar distintos grupos o segmentos de la
población, estrechamente asociadas a las
desigualdades en la distribución del
ingreso. Así, la escolaridad promedio de la
población mayor de 15 años oscila entre 3.2
y 5.1 años para los tres primeros quintiles de la distribución del ingreso, y solo alcanza a
6.2 años para el cuarto quintil. Para el quintil de mayores recursos los años promedio de
escolaridad se elevan a 8.7. Existe una correlación fuerte y comprobada entre los años de
escolaridad que logran alcanzarse y el ingreso laboral que se percibe en la vida adulta, y
una medición fundamental de este
nexo lo constituye el tipo y la
calidad de inserción laboral que
posibilita el nivel de escolaridad
alcanzado. En términos generales,
mayores niveles de escolaridad se
traducirán en empleos de mayor
calidad y mejor remunerados.
Las personas en edad activa
provenientes de los quintiles
inferiores de la distribución del
ingreso, que se caracterizan por
adolecer
de
una
escolaridad
extremadamente baja, tienden a
encontrar ocupación, predominantemente, en los empleos que se caracterizan por generar la
más baja remuneración, que son aquellos empleos generados por las pequeñas unidades
familiares y el empleo como asalariados en el sector informal privado. De hecho, los
trabajadores ocupados del primer quintil encuentran el 79% de su ocupación en este tipo de
empleos, los ocupados del segundo quintil lo hacen en un 67%, y aquellos del tercer quintil
en un 62%.
Es de hacer notar que el quintil de mayores ingresos –el cual muestra los mayores niveles
comparativos de escolaridad secundaria, técnica y superior—muestra también los mayores
porcentajes de empleadores y de ocupados como asalariados en aquellos empleos que
generan los mayores ingresos laborales. En efecto, las fuentes de ingreso de este quintil
18
muestran la mayor participación de salarios por empleos no agrícolas, ingresos por
autoempleos no agrícolas (que incluye el desempeño por cuenta propia de profesiones
liberales), remesas familiares y otras fuentes de ingreso no laboral, mientras la composición
del ingreso de los hogares más pobres es la inversa.
Estas características de la fuerza de trabajo y el mercado laboral nicaragüense inciden de
manera determinante tanto sobre los niveles de pobreza como sobre la reproducción intergeneracional de la pobreza. Existen dos factores principales que llevan a la reproducción y
perpetuación de la pobreza a lo largo del tiempo. Por una parte, los bajos ingresos de los
trabajadores que componen las familias pobres, lo cual se explica por los factores
apuntados y; por otra, las elevadas tasas de dependencia demográfica en esas familias (el
menor porcentaje de personas en edad activa en comparación con las dependientes, sobre
todo niños), obliga a repartir el ingreso entre un mayor número de personas. A pesar del
denominado "bono demográfico", esta dependencia se mantiene elevada en los estratos
socioeconómicos más vulnerables debido
a sus mayores niveles de fecundidad.
En los hogares pertenecientes a los
quintiles de menores ingresos, esta mayor
tasa de dependencia se explica por un
mayor porcentaje de menores de 15 años.
Mientras en el quintil de menores
ingresos las niñas y niños de 14 años y
menos representan respectivamente el
46.8% y el 45% de la población del total
femenina y masculina de dicho quintil, en el quintil de mayores recursos estos sólo
representan el 23.6% y el 25.3% respectivamente. Esto significa que los hogares pobres no
sólo perciben ingresos laborales mucho menores, sino que deben utilizar esos ingresos para
la supervivencia de un mayor número de menores dependientes.
La mayor tasa de dependencia de los hogares rurales y los pertenecientes a los quintiles de
menores ingresos tienen implicaciones fundamentales en términos de su impacto sobre la
pobreza infantil. Las familias pobres no sólo tienen más miembros que las no pobres sino
que concentran un mayor porcentaje de niños en relación al número total de miembros del
hogar, lo cual causa altas tasas de dependencia infantil. Así, mientras en el 20% más pobre
de los hogares el número promedio de niños es de 3.8, para el 20% de los hogares de
mayores ingresos este número es de solo 1.9. Al mismo tiempo, existen mayor cantidad de
niños por persona en edad activa (3.7 niños por persona activa en el quintil 1, contra 2.1 en
el quintil 5).
19
Como resultado de que en los hogares de menores ingresos existe una mayor proporción de
niños y adolescentes el 75.8% de estos se concentra en los primeros tres quintiles de la
distribución del ingreso, que corresponden al 60% más pobre de los hogares. Al estar sobrerepresentados en los hogares de
menores
ingresos,
los
niños
constituyen el grupo de edad más
afectado por la pobreza.
Al mismo tiempo, los hogares de
menores ingresos, además de presentar
una mayor tasa de dependencia,
evidencian una menor tasa de
participación laboral, es decir, que un
menor porcentaje de la población en edad de trabajar se convierte en población
económicamente activa. Mientras que para el quintil más pobre la tasa de participación
laboral es solo del 42.5%, este indicador se eleva hasta un 55% para el quintil de mayores
recursos. Esto restringe aun más el porcentaje de perceptores de ingreso en los hogares
situados en los quintiles inferiores de la distribución en comparación con la población
dependiente e inactiva, e impide que puedan aprovechar más plenamente los efectos de la
transición demográfica.
Detrás de esta menor tasa de participación laboral se encuentra la incidencia de factores
socio-culturales asociados a la división del
trabajo al interior de los hogares, que
restringen fuertemente la participación de la
mujer
en
la
actividad
económica,
especialmente en los hogares de menores
ingresos, y en las zonas rurales. La oferta de
trabajo sigue dominada por los hombres,
quiénes constituyen casi tres de cada cuatro
activos.
20
La tasa de participación de las mujeres disminuye con el nivel de ingreso de los hogares y
cuando la zona de residencia es rural. De las
mujeres en edad de trabajar que forman parte
de la población económicamente inactiva24- es
decir que no se incorporan al mercado de
trabajo—un 56.9% están constituidas por
“amas de casa”, y atendiendo a las zonas de
residencia esta cifra alcanza el 49.5% de las
mujeres en edad laboral en las zonas urbanas y
65.3% en las zonas rurales. Al mismo tiempo,
la condición de inactividad que corresponde a
“estudiante/menor” es de un 69.1% a nivel
nacional para los varones y de sólo 34.3% para las mujeres (las diferencias son mucho
mayores en las zonas rurales). Esto refleja una situación en que las mujeres están
socialmente condicionadas para “quedarse en la casa”, mientras a los varones se les
reconoce el derecho de formarse para el mercado de trabajo.
1.4. Reproducción Intergeneracional de la Pobreza y las Desigualdades
La pobreza tiende a reproducir la exclusión social por medio de una cadena de eslabones
conocidos, entre los que se cuentan: muy bajos ingresos y escaso capital educativo en el
hogar, maternidad adolescente y desnutrición durante el embarazo, recién nacidos con bajo
peso, lactancia materna insuficiente, falta de estimulación temprana, daños biológicos
irreversibles en etapas tempranas del desarrollo, episodios de desnutrición global que se
hace crónica debido a la escasez de recursos del hogar y al bajo nivel de instrucción de las
madres, hacinamiento en el hogar, falta de preparación para la escuela, bajo rendimiento y
repetición en los primeros años de la enseñanza, deserción escolar, inserción precaria en el
mercado laboral, que reproducen el ciclo de pobreza y exclusión en la generación siguiente.
Con ingresos per cápita muy reducidos debidos los bajos niveles de capital humano, al
carácter de la inserción laboral y la poca productividad de las ocupaciones, y a las altas
tasas de dependencia que limitan la participación de las mujeres en edad de trabajar – los
hogares pobres en Nicaragua tendrán dificultades para afrontar el creciente costo que
representa enviar a los niños y adolescentes a la escuela, a medida que progresan en el
24
Por supuesto, el hecho de contabilizar como “población económicamente inactiva” a las mujeres dedicadas al trabajo
doméstico, a la preparación de alimentos y al lavado de la ropa, al cuido de niños y ancianos, e incluso a actividades
fundamentales para la sobrevivencia del hogar como la administración de la economía de patio y asegurar el suministro
de agua, refleja un enfoque conceptual que define como económicamente activas a las personas que efectúan algún tipo
de actividad laboral generadora de ingresos, y excluye el trabajo de las mujeres que deben asegurar la reproducción
tanto de la propia fuerza de trabajo como de las nuevas generaciones, y de la propia economía familiar. Esto permite
diferenciar a los perceptores de ingresos dentro del hogar, pero obnubila la importancia del trabajo reproductivo de las
mujeres.
21
sistema escolar, y a partir de cierta edad, los adolescentes representaran además una fuente
potencial de ingresos para el hogar.
La tasa de incorporación al trabajo de los niños es mucho mayor en los quintiles de
menores ingresos, lo cual constituye una limitante fundamental para que estos puedan
alcanzar los niveles de escolaridad adecuados. Al mismo tiempo, esta tasa es también
mayor en las zonas rurales (21.8%) que en las urbanas (5.9%). Por lo demás, los niños y
adolescentes de los quintiles más pobres enfrentan un contexto familiar y social que, en vez
de facilitar, torna extremadamente difícil para ellos la adquisición del capital humano
indispensable y del adecuado capital social.
Es así que por un lado, quienes viven en familias pobres tienen una formación deficiente
para el trabajo y acceden a empleos precarios, que les generan ingresos muy reducidos;
entre los pobres, de hecho, los que logran emplearse lo hacen con menos frecuencia como
asalariados en empleos formales plenos. Por otro lado, los niños y jóvenes de estos hogares
tienen pocas oportunidades de educarse y capacitarse con calidad, carecen de un adecuado
capital social y por lo tanto acceden
también
a
ocupaciones
de
baja
productividad cuando ingresan al mercado
de trabajo. En términos generales, mayores
niveles de escolaridad se traducirán en
empleos de mayor calidad (o menos
precarios) y mejor remunerados.
Se genera así un círculo vicioso en el cual
la desigualdad de oportunidades sesga el
acceso al empleo. Los jóvenes de hogares
pobres, con mayor necesidad de ingresos y menor capital humano, acceden prematuramente
al mercado de trabajo. Los que encuentran trabajo lo hacen mayoritariamente en puestos de
menor productividad e ingresos y con escasas perspectivas de desarrollar una carrera
ocupacional. De esta manera se van reproduciendo, de una generación a otra, las
desigualdades en la distribución del ingreso, en este caso a través del canal de transmisión
de los distintos niveles de escolaridad que pueden alcanzar los jóvenes provenientes de los
hogares de diferentes niveles de ingreso, y del tipo de empleos que ello permite encontrar
(y los ingresos que dichos empleos redituaran) a lo largo de la vida adulta.
22
La bajísima escolaridad que exhiben la mayoría de los trabajadores nicaragüenses 25
demuestra que el sistema educativo nicaragüense no hizo un buen trabajo en lo que respecta
a la atención educativa que brindó a los niños y adolescentes que en 1990 tenían entre 0 y
19 años. Entre 2001 y 2005 el porcentaje de población en edad de trabajar con educación
secundaria completa creció en promedio apenas en 1 punto porcentual cada año. A ese
ritmo, tomaría 23 años para que al menos el 50% de la población en edad de trabajar
alcanzase un nivel de escolaridad equivalente a la educación secundaria o más. Por su parte,
se estima que en el período 2005-2010, como resultado del proceso de transición
demográfica, se incorporarán al mercado laboral 118 Mil nuevos jóvenes como promedio
anual. Todo indica que continuarán haciéndolo con niveles de escolaridad muy reducidos,
porque, sencillamente, no se está haciendo el tipo de esfuerzo que sería requerido para
comenzar a revertir esta tendencia.
Partiendo de la premisa de que la mayor parte de los trabajadores de hoy perciben ingresos
muy bajos, es esperable que al arribar a la edad de retiro, la enorme mayoría no habrá
logrado acumular siquiera un mínimo de ahorro para la vejez. Los segmentos poblacionales
de bajos ingresos no tienen capacidad de ahorro para enfrentar la vejez26 Por lo demás, sólo
alrededor del 21% de la Población Económicamente Activa está afiliada al Seguro Social.
En consecuencia, se avizora que a partir de 2015 se iniciará un acelerado "derrumbe" de
esta relación entre población en edad de trabajar y población que ya pasó la edad de retiro:
en 2020 existirán sólo10.8 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de retiro,
en 2030 solo 8.1, en 2050 apenas 4.6.
El proceso de envejecimiento en América Latina se está produciendo – y continuará
haciéndolo- a un ritmo más rápido que el que se observó en los países desarrollados.
Nicaragua no es una excepción, como lo muestran las tasas de crecimiento de la población
mayor de 64 años. Inclusive, como ya hemos visto, en el caso de Nicaragua este proceso al
parecer muestra la tendencia a producirse en un lapso más breve que el que le ha tomado a
otros países de la región.
25
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Medición del Nivel de vida 2005 el 41.8% de los trabajadores ocupados mostraba
un nivel de escolaridad entre nulo o de primaria incompleta (4 años o menos de escolaridad). El 56.6% mostraba un
nivel de escolaridad de primaria completa o menos. El 79% mostraba una escolaridad de secundaria incompleta o
inferior. Solo el 10.2% había completado la secundaria, y 10.8% tenía una escolaridad mayor a la secundaria.
26
Esta fue la causa de fondo por la que al fin se comprendió que el sistema de ahorro privado para pensiones no tenía
ninguna viabilidad en Nicaragua.
23
Lo más preocupante es que, de acuerdo a las tendencias prevalecientes, el aumento de los
mayores estará enmarcado en un contexto de elevados niveles de pobreza general –
habiéndose desaprovechado la oportunidad demográfica que se presentó, y de una muy baja
cobertura en seguridad social acompañada de sistemas de seguridad social en crisis debido
a la paulatina reducción de la población activa y el aumento de aquellos en edad de retiro, y
con servicios de salud sub-financiados bajo una fuerte presión.
1.5. Estrategias Macroeconómicas y Asignación de Recursos.
En términos generales los objetivos de la política macroeconómica han mantenido una
notable continuidad, asegurada por la existencia de 5 Programas consecutivos con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) desde 1991. Los objetivos de dicha política en los últimos
años se han definido en términos gruesos como el mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica. Esta se busca principalmente a través de la implementación de una
política de “consolidación fiscal” orientada a reducir el peso de la deuda pública en relación
al PIB, al tiempo que se busca una mejor coordinación de la política monetaria con la
política fiscal. En función de este objetivo de “consolidación fiscal” se establecen límites
bastante estrictos para los déficit del sector público con el propósito expreso de limitar la
contratación de nuevo endeudamiento, mientras se honran cumplidamente, a su
vencimiento, los compromisos derivados del endeudamiento precedente. Esto debería
asegurar la credibilidad de las políticas y ganar la confianza de los inversionistas.
Se asume se logra mantener un contexto de estabilidad macroeconómica, de plena apertura
de la economía al exterior y de alineamiento de los precios internos con los internacionales,
se crearán las condiciones adecuadas para atraer la inversión nacional y extranjera como vía
privilegiada para generar un crecimiento sostenido de la economía y la creación de
empleos, con la consiguiente reducción de la pobreza.
Más recientemente, sin embargo, se ha admitido la necesidad de complementar estas
políticas macroeconómicas globales con algunas políticas que apunten específicamente a
reducir la pobreza. Se ha llegado a reconocer inclusive que si la distribución inicial del
ingreso es muy desigual el crecimiento económico tardará mucho tiempo en lograr por sí
mismo la reducción de la pobreza. Estas políticas han significado principalmente reorientar
recursos de manera focalizada hacia aquel gasto público que se considere que tendrá mayor
impacto en la reducción de la pobreza, ya sea apoyando la mejoría del empleo y los
ingresos de los pobres o mejorando su acceso al capital humano, mientras se procura al
mismo tiempo elevar la eficacia del gasto ya existente.
Al mismo tiempo, la “Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados” (HIPC por
sus siglas en ingles) implicó el reconocimiento, por parte de los países desarrollados y de
los organismos financieros internacionales, de que el abultado servicio de la deuda externa
24
se había convertido en una “carga desequilibrante” que impedía que los países pobres
pudiesen destinar siquiera los recursos mínimos indispensables a la inversión en capital
humano y en infraestructura básica, factores que constituyen pre-requisitos y elementos
fundamentales del proceso de desarrollo.
Esta Iniciativa conllevaría un alivio importante en la carga de la deuda externa de los países
integrantes de la misma en el momento en que estos alcanzasen el denominado “punto de
culminación flotante”. En términos de la disponibilidad de recursos, la principal promesa de
esta Iniciativa consistía en la posibilidad de ver liberados recursos líquidos que
anteriormente se destinaban al pago del servicio de esta deuda, los cuales podrían destinarse
al aumento adicional de los montos asignados al gasto orientado a la reducción de la
pobreza.
Nicaragua comenzó a recibir un “alivio interino” en términos del servicio de la deuda
externa desde el año 2001, y este alivio se tornó permanente e irreversible al alcanzar el
país el “punto de culminación” de esta Iniciativa en enero de 1994.
En efecto esta Iniciativa representó la liberación de importantes recursos del pago de la
deuda externa, pero el drástico aumento en el servicio de la deuda interna, que se verificó
precisamente a partir del año 2001, ha contrarrestado la posibilidad de orientar dichos
recursos hacia el aumento adicional del gasto social. En efecto, los recursos liberados del
pago de la deuda externa se estiman en alrededor de US$ 200 Millones como promedio
anual. En este sentido, se plantea como alternativa la necesidad de priorizar el gasto
orientado a reducir la pobreza, dentro del marco de las fuertes restricciones fiscales que
impone la propia política macroeconómica.
Las denominadas “proyecciones fiscales y presupuestarias de mediano plazo” permiten
visualizar la consistencia que existe entre el sostenimiento del marco de esta política de
consolidación fiscal y las restricciones que esta impone, y la asignación de recursos
destinada a entidades sectoriales
cuyo gasto resulta clave para
reducir la pobreza.
Examinemos como ilustración las
proyecciones presupuestarias de
mediano plazo de algunos
Ministerios Sectoriales clave.
Como abordaremos en mayor
detalle en capítulos subsiguientes,
el Ministerio de Educación
desempeña un papel determinante
25
en lo que respecta a la obtención de metas referidas a la dotación de capital humano de los
niños y adolescentes, cuya importancia en términos de la reducción de la pobreza y para el
futuro del país ha sido suficientemente demostrada. Sin embargo, es conveniente apuntar
que, dentro del denominado “Marco Presupuestario de Mediano Plazo” el Presupuesto del
Ministerio de Educación (MINED) pasaría de representar el 13.5% del total de recursos
destinado a financiar el Gasto Total del Gobierno y el pago de amortizaciones de la deuda
pública en 2007, al 14.4% en 2010. Como porcentaje del PIB el Presupuesto de este
Ministerio pasaría de un 3.7% del PIB en 2007 al 3.9% del PIB en 2009. De acuerdo con
estas cifras se producirá un moderado incremento en la prioridad relativa asignada a este
Ministerio, pero cabe hacer algunas acotaciones. Como se explicará oportunamente, estas
asignaciones continuarán siendo insuficientes para superar el reto demográfico ilustrado
anteriormente y, consecuentemente, atender con éxito la disminución de privaciones a la
educación—en términos de cobertura y calidad—de los niños y niñas más pobres. Nótese
que mientras países como Honduras, El Salvador y Costa Rica en el 2004 asignaron más
del 15 % del gasto total del gobierno para educación básica, Nicaragua en los últimos tres
años no ha logrado superar el 13 %.
Por ejemplo, tomado como referencia las proyecciones de la inversión en educación
primaria, se evidencia que el Estado de Nicaragua no llevará a cabo el esfuerzo de inversión
en el capital humano que requieren los niños y adolescentes, en los plazos requeridos para
insertarse productivamente en un ciclo sostenible de desarrollo. Las autoridades del
MINED han declarado que se requeriría llevar el Presupuesto del Ministerio de Educación
al menos al 6% del PIB para poder responder a las exigencias que este Ministerio tiene
planteadas, y resulta evidente que este objetivo no será alcanzado. Las tendencias del gasto
en las otras dimensione de política abordadas en este estudios son igualmente inapropiadas,
particularmente en lo referido a nutrición y protección social.
Por otra parte, la prioridad o importancia relativa que las políticas de un país asignan a la
inversión pública en educación se mide, en general, por los recursos que el sector público
este país destina a su sistema educativo—y, de forma prioritaria, a la educación primaria—
en comparación con los recursos globales que tiene disponibles la economía. Un indicador
global de esta importancia o prioridad relativa que se asigna a la Educación está dado por el
Gasto Público en Educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).27 En este
sentido, cuando se miden estas mismas variables a precios constantes, se encuentra que en
27
Inclusive, las cifras que se ofrecen a lo largo de este estudio estiman el Presupuesto del Ministerio de Educación a
precios corrientes como porcentajes del PIB, valorado también a precios corrientes, pueden estar sobre-estimando la
prioridad real efectiva que se asigna al Presupuesto del MINED. Cuando se mide la evolución del Presupuesto del
MINED a precios corrientes como porcentaje del PIB a precios corrientes de 1999 a 2004, se obtiene como resultado
que el Presupuesto de dicho Ministerio ha visto aumentar su prioridad relativa en la asignación nacional de recursos, al
pasar del 2.9% del PIB en 1999 al 3.3% del PIB en 2007.
26
realidad la prioridad relativa que en términos reales se ha asignado al Presupuesto destinado
a este Ministerio, se han mantenido invariables.
Es importante resaltar que la forma de asignación presupuestaria de recursos en este marco
resulta fundamentalmente pasiva. Es decir que, en lugar de determinar cuál es la magnitud
del esfuerzo de inversión que sería necesario efectuar para comenzar a cambiar las
tendencias predominantes y colocarse efectivamente en condiciones obtener metas de
desarrollo que resultan ya inaplazables, y a partir de allí determinar lo que es preciso hacer
y las cosas que habría que cambiar para poder estar en condiciones de financiar ese
esfuerzo de inversión; sencillamente se ajustan a montos de la inversión pre-determinadas.
Como veremos en el capítulo tres, estos es igualmente cierto en el gasto público enfocado
en los otros pilares del desarrollo infantil—nutrición, salud y protección social. Este
enfoque “pasivo” en la planificación del gasto público explica en gran parte las deficiencias
en la planificación y ejecución de las intervenciones para el desarrollo en pro de los niños y
niñas más pobres y vulnerables identificado al analizar el desempeño de los Ministerios y
agencias públicas correspondientes.
Se observa pues, que hasta ahora no se ha efectuado y al parecer no está contemplado
efectuar el esfuerzo nacional que sería requerido para llevar los niveles de inversión en los
niños y adolescentes al nivel requerido. Inclusive, en lugar de intentar modificar las
restricciones existentes para obtener el “espacio fiscal” indispensable para poder efectuar el
esfuerzo de inversión que resulta indispensable, se ajustan las propias metas a un mínimo,
para adecuarlas a estas restricciones. Por ejemplo, en Nicaragua se ha adoptado como meta
alcanzar el 100% de matrícula primaria neta para 2015. Pero el Objetivo de Desarrollo del
Milenio vinculado al logro de la educación primaria universal está referido a la necesidad
de que “todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”.
Por supuesto, matricularse en la educación primaria y completar el ciclo completo de
primaria no son la misma cosa. Aunque Nicaragua muestra cierto rezago en sus tasas de
matrícula primaria neta, el problema más grave que enfrenta el país para alcanzar el
objetivo de universalizar la educación primaria es el extraordinario rezago que muestran
los indicadores que intentan capturar en qué medida los niños y niñas que se matriculan en
primer grado de primaria logran sobrevivir hasta los últimos grados de este ciclo.
Estos resultados indican que, de no realizarse un esfuerzo muy considerable no sólo por
ampliar el acceso, sino sobre todo la permanencia en el sistema educativo, Nicaragua no
lograría el objetivo de alcanzar la meta de que en el año 2015 todos los niños y las niñas
hayan logrado culminar el ciclo completo de la educación primaria. Este solo ejemplo
muestra como, al adaptar de manera pasiva las metas que se persigue alcanzar a las
restricciones fiscales actualmente existentes y no al revés, se aleja por completo la
posibilidad de alcanzar metas de desarrollo sencillamente impostergables.
27
Uno de estos indicadores corresponde a la tasa de supervivencia al quinto grado. Según
cifras de la UNESCO, para una muestra de 19 países de América Latina, Nicaragua muestra
el valor más bajo de la tasa de sobrevivencia al quinto grado. Inclusive, si comparamos el
valor de este indicador en Nicaragua con el que el mismo alcanza en promedio, en los
países de menor ingreso del planeta, encontramos que la tasa de supervivencia al quinto
grado en estos países es del 71.1%, frente al 53.4% de Nicaragua. Los países del Sur de
Asia, que también son países sumamente pobres, alcanzan un valor de 72.3% para este
indicador, muy superior al de Nicaragua. El promedio de los países de África SubSahariana es del 73%.
Al mismo tiempo, no se contempla la necesidad de asignar recursos para mejorar de manera
significativa tanto la cobertura como la calidad de la educación secundaria. La tasa neta de
matrícula secundaria en Nicaragua es excesivamente baja, de solo un 44% de la población
en edad de asistir a ese nivel educativo, y el porcentaje de alumnos que logran culminar la
secundaria se estima en 40%.
Por comparación en Bolivia, otro país que integró la Iniciativa HIPC, la tasa neta de
matrícula secundaria se eleva hasta el 73%. Al mismo tiempo, reflejando la bajísima
prioridad que se asigna a este nivel educativo, el gasto por estudiante de secundaria es
menos de la mitad que el gasto promedio por estudiante de la educación primaria, lo cual
resulta contraproducente porque, por definición, formar un alumno de secundaria es más
caro que uno de primaria.
Por otra parte, el ejercicio de asignación presupuestaria está vinculado a programas
sectoriales de mediano plazo orientados al cumplimiento de metas de desarrollo. En
realidad, los Ministerios y entidades sectoriales elaboran sus “Programas Operativos
Anuales” solo hasta después que conocen la asignación presupuestaria que se les ha
asignado para el año en curso.
Los ejercicios de elaboración de “programas sectoriales de mediano plazo” que se han
efectuado, acompañados de las políticas y acciones concretas precisas para obtener tales
metas y de la estimación de los costos y los montos financieros que conllevaría
implementarlas, han conducido a estimar una brecha, a veces muy considerable, entre los
montos de inversión que sería indispensable efectuar para alcanzar las metas, y los recursos
que de acuerdo a las proyecciones estarán realmente disponibles. El problema es que las
entidades sectoriales no pueden presupuestar en base a recursos que no tienen disponibles,
de manera que este ejercicio ha resultado muchas veces descorazonador.
28
Mientras no se determine con total seriedad la magnitud de los esfuerzos que el país está
dispuesto a efectuar, y los cambios que está dispuesto a hacer, para lograr financiar estas
brechas – con el apoyo complementario de la cooperación externa – no habrá una
alternativa a la actual forma de presupuestación, que permita efectivamente orientar la
presupuestación “hacia el logro de resultados” – al menos, no hacia la obtención de los
resultados y metas que serían indispensables para comenzar a cambiar el futuro, pero que
requieren una inversión que el país no se ha dispuesto a comenzar a hacer.
Por otra parte, también resulta evidente que las políticas orientadas a reducir la pobreza no
pueden limitarse a las inversiones indispensables en educación, salud, nutrición, protección
social e infraestructura básica – agua potable y saneamiento, vivienda, infraestructura vial,
energía eléctrica – que corresponderá efectuar. La literatura y la evidencia empírica indican
que si estas inversiones no alcanzan siquiera un umbral mínimo, a partir del cual es posible
comenzar a revertir las tendencias en curso, no se cumplirán las metas de desarrollo que
significan comenzar a cambiar no solo el presente de los niños y adolescentes, sino su
futuro, pero por si solas no bastan.
Estas inversiones deben estar asociadas a políticas más comprensivas que apunten a
modificar el propio “estilo” de desarrollo. De nada servirá que existan escuelas, maestros
calificados y motivados y materiales escolares en el territorio, si los hogares no pueden
hacer frente al costo que involucra enviar a los niños a la escuela y no pueden asumir el
costo de renunciar al ingreso que representa el trabajo de los niños y los adolescentes.
Asimismo, los hogares necesitan ingresos para poder hacer frente al propio costo de los
servicios de agua potable y saneamiento y energía eléctrica. La evidencia indica asimismo
que los bajos ingresos están asociados a elevados niveles de desnutrición y mortalidad
infantil. Del mismo modo, si no perciben incentivos en su propio país.
1.6. Conclusión: Invertir en la Niñez de Hoy es un urgencia para el desarrollo
La inversión adecuada en salud, educación, protección social, nutrición y, debemos agregar,
infraestructura de servicios básicos como es el agua y saneamiento, es una necesidad
inminente que determinará si las tendencias de pobreza y desigualdad en la niñez de hoy se
revertirán favorablemente o se profundizarán bajo la forma de agravamiento de la pobreza
en los adultos de mañana. A su vez, la prioridad que el Estado y la sociedad en su conjunto
asigne a la infancia será un factor decisivo para el país puesto que hoy enfrenta la decisión
de aprovechar la oportunidad histórica que las fuerzas demográficas le ofrecen al país.
29
En el 2020, el 55.2% de la población en edad laboral lo constituirá la población que en ese
año tendrá entre 15 y 34 años, y que en 2005 tenía entre 0 y19 años. La población que para
entonces será mayor de 35 años (o sea los que actualmente son mayores de 20 años y que
actualmente representan el 80.3% de la población en edad de trabajar), habrán pasado a
representar solo el 45% de la población en edad de trabajar. Así como la calificación del
63% de la fuerza de trabajo en 2005 es resultado de la escolaridad que el sistema educativo
nicaragüense proveyó a los niños y adolescentes que en 1990 tenían entre 0 y 19 años, la
calificación del 55% de la fuerza de trabajo de 2020 dependerá también crucialmente del
esfuerzo educativo que se haga hoy con la población entre 0 y 19 años. Como se abordará
en el capítulo tres en la sección “Educación”, el sistema educativo actual está condenando a
los niños y niñas nicaragüenses a una suerte no muy distinta a la que fue condenada la
mayor parte de la población que en 1990 tenia esos mismos rangos de edad. De igual
forma, la calidad de la inversión en salud, protección social y nutrición en los niños de hoy
determinará de forma prácticamente permanente, las tendencias del desarrollo humano de
los adultos del futuro cercano.
En los próximos tres capítulos profundizaremos en las formas en que se expresa la pobreza
infantil y los programas y presupuestos públicos actualmente disponibles para la reducción
de la misma, señalando cada vez que sea posible las formas en que estas intervenciones
pueden ser reorientadas o mejoradas para obtener resultados favorables para la niñez. A lo
largo del presente estudio, el mensaje recurrente es que si no se efectúa un esfuerzo
extraordinario de inversión para mejorar significativamente tanto el acceso como la calidad
y la pertinencia en cada uno de los programas vinculados a los pilares del desarrollo
infantil, no sólo un porcentaje demasiado elevado de la población se mantendrá
inevitablemente bajo el umbral de la pobreza; sino que, a la vuelta de unas cuantas
décadas, con el ulterior avance de la transición demográfica, al entrar en la fase del
envejecimiento de la población, el país arribará a un verdadero callejón sin salida. La
“ventana de oportunidad” que todavía queda para invertir en los niños y niñas de hoy y
contrarrestar estas tendencias es limitada en el tiempo. Más allá de cierto punto, no habrá
posibilidades de retorno.
i
El presente ensayo fue preparado por Félix Maradiaga y Marvin García en junio de 2008, como parte del
equipo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) con el apoyo técnico de UNICEF y
del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE), en el marco del proyecto internacional
“Estudio sobre la Pobreza y las Disparidades de la Niñez” en el que participaron cuarenta países.
Este ensayo fue publicado parcialmente y de forma editada, en el primer capítulo del libro “Nicaragua:
Bienestar y Equidad en la Infancia. Estudio sobre Pobreza Infantil y Disparidades”, documento que a su vez
se constituyó en la base metodológica para los programas de reducción de pobreza infantil para el Gobierno
de Nicaragua para el periodo 2008 – 2016.
El ensayo tiene el propósito de analizar los temas en que la pobreza impacta de forma específica a la infancia
en Nicaragua. Analiza la pobreza infantil respecto a siete áreas de apoyo que afectan primordialmente el
desarrollo integral de la niñez a saber: Salud, Educación, Nutrición, Sanidad, Agua, Información y Vivienda;
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y define como la Pobreza infantil, como la privación en alguna de estas áreas y Pobreza Infantil Absoluta si se
es privado de más de una de estas siete.
A pesar de que este estudio fue escrito en el año 2008 y que mucha de la base estadística utilizada en esos
años ha cambiado, los fundamentos metodológicos y analíticos se mantienen vigentes, en el sentido en que los
niveles de pobreza y disparidad de la niñez en Nicaragua, siguen siendo altos.
El estudio completo y publicado como un documento oficial conjunto de UNICEF y del Gobierno de
Nicaragua (con el apoyo técnico de IEEPP y de INIDE) puede ser accedido en el siguiente enlace:
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Nicaragua_Spanish.pdf
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