LA INFANCIA EN COLOMBIA

LA INFANCIA EN COLOMBIA Una mirada desde una perspectiva victimológica Fernando Díaz Colorado Fernando Díaz Colorado: Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Administración Pública. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Magister en Filosofía Latinoamericana. Master en Psicoterapia en base antropológica de la Universidad de Salamanca, España. Profesor de las Facultades de Derecho y Psicología en las Universidades: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Católica, Universidad Libre de Cali, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Sergio Arboleda. Instituto Humani Mundial de Guanajuato, México. Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Miembro fundador de la organización Opción Vida, Justicia y Paz. Miembro de la Sociedad Mundial de Victimología. Ex funcionario del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Conferenciante nacional e internacional en temas relacionados con Victimología, Criminología, Seguridad Ciudadana y Psicología Jurídica y Forense. Fundador del primer programa de posgrado en psicología jurídica en Colombia. Asesor en temas de seguridad pública y privada. Magistrado del Tribunal Nacional de Ética y Deontología del Colegio Colombiano de Psicología. Autor de los libros: El Sindrome de Estocolmo en situación de Toma de Rehenes y Secuestro en Colombia.  Psicología y Ley. Conflicto Mediación y Conciliación desde una perspectiva Psicojurídica. Metis en el Análisis de Situación.  Y,  La Justicia desde las Víctimas. Introducción Uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad es sin duda alguna el surgimiento del Estado entendido como instrumento o medio a través del cual los ciudadanos pueden alcanzar la satisfacción de sus necesidades, permitir el avance social comunitario, lograr ampliar el abanico de posibilidades, defender e incrementar sus libertades, tener seguridad y poder materializar su proyecto de vida; se podría afirmar que este acontecimiento se constituye en uno de los avances más útiles de nuestra civilización; sin embargo, se puede notar que el conjunto de instituciones que lo constituye dan muestra del tipo de Estado y de las necesidades más sentidas que allí se evidencian. Esta apreciación nos permite observar la existencia de una paradoja que se evidencia en el hecho de contemplar que en la mayoría de los Estados se han creado instituciones que reflejan de alguna manera las grandes carencias existentes en esa sociedad; es decir, en muchos países de nuestro convulsionado planeta la existencia de algunas instituciones evidencian el malestar y la insatisfacción que ese problema social plantea. Desde la perspectiva tradicional del estado es claro que las instituciones pretenden satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad. Sin embargo, Lourau, R. (1980), establece el carácter negativo de la institución, considerando que la sociedad construye un proyecto, pero resulta que una vez que dicho proceso se institucionaliza, éste se niega, dando lugar a distintos movimientos. De ésta forma, se niega la significación imaginaria social que le dio origen. El carácter negativo de la institución es lo que supone un movimiento continuo de la misma, generándose una tensión en los procesos de institucionalización, de forma que se crea y organiza constantemente la dimensión imaginaria y simbólica. Para este investigador la institución no es una cosa, como lo establece la versión sociológica, ni tampoco es un fantasma, de acuerdo a la versión psicológica, si no que se trata de un proceso, el cual establece un movimiento de las fuerzas históricas que hacen y deshacen las formas. En este sentido lo afirmado por Foucault (1989), cobra actualidad en torno a las instituciones de encierro, que las define como establecimientos, donde los procedimientos habituales son: distribución, clasificación, codificación, repartición de los cuerpos de quienes viven en dicha situación, cuya función básica es: mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, construir sobre ellos un saber que se acumula y centraliza, formar en torno a estas personas, un aparato de observación, registro y anotaciones. Dichas formas de encierro o institucionalización, implantan modos de actuar y de vincularse que son diferentes a los practicados por quienes están fuera de éste tipo de instituciones. (Garbi, Grasso y Moure, 2004). Esto sin duda se expresa en todas las naciones de nuestra América Latina. Dicho de otra manera, y abordando el tema de la infancia, es evidente que en esta parte del mundo en particular las instituciones que se han constituido para la protección y defensa del desarrollo armónico de la familia y la niñez reflejan la dimensión de la enfermedad social que la produce. Se podría decir que la existencia de instituciones que atienden los problemas de la infancia reflejan sin duda alguna la existencia de un problema que no puede ser resuelto desde esos escenarios, sino que se requiere una profunda reforma política y social que propenda ya no por mantener las instituciones sino por que el problema se elimine o se disminuya en grado máximo. Además, es paradójico que el derecho internacional haya establecido un conjunto de dispositivos normativos para proteger los derechos de los niños, que comparados con las realizaciones y efectos prácticos, nos muestra la poca aplicabilidad de los mismos en gran parte del mundo actual Tratados internacionales: Derecho Internacional Humanitario; Convenio IV de Ginebra de 1949; Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra; Declaración de los derechos del niño; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado; Reglas de Beijing; Convención sobre los Derechos del Niño; Estatuto de la corte penal internacional; Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Organización de Estados Americanos; Asamblea General de la OEA; Comisión Interamericana de Derechos Humanos Declaración de Montevideo Sobre el Uso de Niños como Soldados; Corte Interamericana de Derechos Humanos; Organización Internacional del Trabajo; Cruz Roja y Media Luna Roja . Al parecer lo que se requiere en estos momentos no son más normas sino más voluntad política para atender el problema. El problema de la niñez, en el siglo XXI plantea, la necesidad de un cambio en la mirada que se hace hacia la infancia. La preocupación por proporcionarle a los niños, niñas y adolescentes mejores condiciones, en cuanto a educación, salud, alimentación y protección jurídica han sido asuntos que permanentemente cobran vigencia en las agendas internacionales desde el inicio del siglo XX La Declaración de los Derechos del Niño, conocida como la “Declaración de Ginebra”, aprobada por la Sociedad de las Naciones en 1924, plantea: “los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia, que: 1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo”., sólo así puede explicarse el significativo avance de la normatividad para protección internacional de la niñez, lo cual ha propiciado la creación de organismos, y la puesta en marcha de programas específicos a favor de la infancia. Pero, sí bien se evidencia un avance legislativo e institucional, también es cierto que la realidad nos muestra la ineficacia de las mismas y la poca voluntad política de los países para llevar a cabo las transformaciones que se requieren para abordar el problema de una manera más efectiva. La infancia en Colombia En Colombia podemos ver de manera clara esto que acá se afirma. La Constitución Política señala en el artículo 42, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia y que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Es claro que este enunciado es un anhelo, un horizonte y se constituye en un propósito nacional que debe ser alcanzado mediante la mediación institucional. En este sentido Colombia ha constituido el Sistema Nacional de Bienestar Familiar cuyo propósito está centrado en el interés superior del niño, la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la protección integral, la equidad, la integralidad y articulación de las políticas, la solidaridad, la participación social, la prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia y la complemetariedad, la prioridad de la inversión social dirigida a la niñez y la perspectiva de género Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia, Artículo 203. El desarrollo del conjunto de acciones que plantea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar vincula a un conjunto de instituciones tales como: La Presidencia de la República, los gobernadores, los Alcaldes, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Ministerios de Protección Social y de Educación. Además, se han creado otras instituciones que llevan a cabo acciones dirigidas al cumplimiento de la política pública como las Comisarías de Familia, Policía Nacional, Unicef Colombia, Defensoría del Pueblo. Como vemos hay un conjunto de instituciones que podrían hacernos pensar que el Colombia la infancia y la adolescencia está plenamente protegida, pero como se señaló al comienzo, lo que evidencia es una perfecta paradoja, pues la cantidad de entes encargados lo que muestra es la gravedad del problema y la incapacidad del Estado para atenderlo. Para mostrar un ejemplo vemos como el presupuesto nacional destina para la defensa y la policía 29.470 millones de pesos, para salud y protección social 22.270 millones y, para la justicia 2.800 millones, es claro entonces que en Colombia es más importante el gasto militar que la salud y la justicia Ministerio de Hacienda de Colombia. Presupuesto general para 2018. La ubicación de Colombia en el mundo en términos de desigualdad la muestra en lugar nada preferente, por el contrario es uno de los países donde se presenta un índice de mayor desigualdad. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, de acuerdo con la OCDE, Colombia para 2013, tenía una de las mayores desigualdades regionales a nivel mundial con un coeficiente Gini regional de 0,31, el cual es 2 veces más alto que el de Estados Unidos e Italia y 5 veces superior al de Holanda o Japón. Las condiciones al nacer aún explican el 23,6 % de la desigualdad del país (Ferreira y Meléndez, 2012), y existen amplias desigualdades de ingresos: el decil más rico de la población percibe 17,3 veces el ingreso del decil más pobre; esto sin duda constituye una concentración grosera de la riqueza en muy pocas manos. Un efecto de la desigualdad, que es al mismo tiempo un factor perpetuador de ella, es que la incidencia de la pobreza no es homogénea nacionalmente. En efecto, la pobreza es mayor en las zonas rurales, 42,8 %, mientras que en las zonas urbanas es de 26,9 % , según cifras a 2013. Esto implica que, para lograr la convergencia entre estas zonas, la pobreza rural debería reducirse 1,6 por cada punto que se reduzca la pobreza urbana. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema, en donde la incidencia rural alcanzó 19,1 % mientras que la urbana fue de 6 % Pobreza y Primera Infancia en Colombia (2018). Boletín Nº 1. Presidencia de la República. Bogotá. En este caso, la convergencia implica reducir la pobreza extrema en 3,2 p. p. en el campo por cada punto de reducción en las ciudades. Este se constituye en un reto que aún no se vislumbra como posible en los próximos años. En Colombia se puede decir, conviven tres países al mismo tiempo: el urbano, el rural y, el índigena y campesino de lugares apartados a dónde los bienes y servicios no llegan. Otro dato no menor es el que presenta Transparecia Internacional Transparencia Internacional (2018). Índice de Transparencia Internacional sobre percepción de corrupción. TI sobre la corrupción en Colombia. En este sentido el país perdió siete puestos en la clasificación que integran 176 estados, siendo el sector público nacional el que presenta mayor percepción a las prácticas corruptas en el mundo. Colombia no ha sido eficaz en la lucha anticorrupción y cayó siete puestos en el ranking mundial del índice de percepción de corrupción para el 2018 y se ubicó en el puesto 90 entre 176 países. En el continente americano el país está en el puesto 17 y lo superan países menos corruptos como Panamá, Jamaica y Brasil. Colombia se constituye hoy en día en uno de los peores países para los niños. Veamos el porqué de esta afirmación. Colombia ocupa actualmente el tercer puesto entre 175 naciones con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo Informe Save the Children: “Las múltiples caras de la exclusión” informe sobre la niñez en el mundo 2018, es el quinto pais con el mayor porcentaje de niños desplazados por el conflicto armado, por debajo de Siria, Sudán, Somalia y República Centroafricana. Actualmente Colombia ocupa el lugar 118 en el índice de peligros para la niñez, lo que indica que muchos niños y niñas están perdiendo el derecho de disfrutar la niñez Los factores que se tiene en cuenta para establecer el índice de peligros para la niños son: tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, retraso en el crecimiento, niños y niñas que trabajan, adolescentes que han contraído matrimonio o que viene en pareja, tasa de partos de adolescentes y población desplazada por la fuerza.. Como se muestra en el informe, la pobreza es una de las principales barreras para asegurar que los niños y las niñas sobrevivan y prosperen. La pobreza de niños y niñas ha sido descrita de forma más específica como la privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad Unicef, Estado mundial de la infancia 2005: La infancia amenazada.. Las expresiones más violentas de una sociedad la constituyen el maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia de género. En Colombia, por ejemplo en el 2016 se denunciaron 10.385 casos de violencia no sexual contra niños, niñas u adolescentes. En 2017 se presentaron 23.798 casos de violencia sexual, de los cuales más de 20.000 fueron en contra de niños y niñas. Además hubo más de 8.000 casos contra niños y niñas entre 0 y 9 años, dato absolutamente estremecedor. La mayoría de los casos de agresión sexual ocurre por parte de un familiar o persona cercana. Los asesinatos en los que las víctimas son niños y niñas se producen en su gran mayoría por golpes que producen los traumas craneoencefálicos que ha ocurrido en el hogar Informe: “Forensis” (2018). Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sí vemos las cifras de violencia de pareja encontramos que en 2017, se reportaron 27.538 casos Ibíd., p 27. Esto evidencia lo terrible de la situación de muchos de los niños en Colombia y por ende obtener una conclusión nada esperanzadora: que el hogar se constituye en el lugar más peligroso para los niños, las niñas y adolescentes. Sí se obsevan las cifras de mortalidad de menores de 5 años en en América Latina, vemos que la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 niños nacidos vivos más baja la tiene Malta, seguida por Malasia, Chile, Ucrania, Costa Rica, China, Bahamas, Argentina, Albania, Colombia, Salvador, San Vicente y las Granadinas Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Junio 2016. El Estado Mundial de la Infancia de 2016 en cifras. Una oportunidad para cada niño. 70 años por todos los Niños.; esto constituye un gran reto para el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta que se hace necesario mejorar las políticas de protección de la primera infancia, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad infantil en Colombia como indicador de mejora en la calidad de vida de los niños y niñas del país, teniendo en cuenta que los países que se encuentran aquí relacionados, tienen una media anual de crecimiento del PIB per cápita superior a la de Colombia, situación que evidencia que para la protección integral de los niños y niñas del país deben concurrir todos los agentes del Estado, la sociedad y la familia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacinal de Estadística, en el año 2015, Colombia contaba con 5.226.604 niños y niñas en primera infancia, de ellos sólo 1.907.710 asistían a una institución competente para recibir educación inicial. 104.532 niños y niñas de primera infancia no reciben ninguna atención de educación inicial, teniendo en cuenta que corresponden a los que son cuidados por sus padres o madres en el trabajo y que 3.094.150 podrían estar recibiendo estímulos educativos pero probablemente no calificados ya que corresponden a los niños y niñas cuidados por sus padres o madres o parientes mayores de 18 años en casa Departamento Nacional de Estadística, DANE (2016). Boletín Técnico ECV 2016, Bogotá.. En cuanto al cuidado de las niñas y niños menores de cinco años, en Colombia el 55,4% de éstos permanece la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en casa; el 46,5% en un hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil o colegio; el 27,5% al cuidado de un pariente de 18 años o más, y el 5,2% con su padre o madre en el trabajo. Estas cifras hablan por sí solas de la tragedia que para muchos niño y niñas es el vivir en Colombia. Violencia e institucionalización La ciencia psicológica y médica plantea que la violencia afecta la cognición, la emoción, la conducta y el sistema inmunológico, también incide sobre las capacidades de concentración y memorización, la autorregulación emocional y la estabilidad afectiva de los niños y las niñas Mustard, F. (2002), “Early Child Development and the Brain—the Base for Health, Learning, and Behavior Throughout Life”, en From Early Child Development to Human Development. Young, M. E. (edit.), The World Bank, Washington. Quienes experimentan en sus primeros años de vida carencias físicas y afectivas, violencia, maltrato, imposición, desprotección y largos periodos de abandono tienden a ser más agresivos y desarrollar limitaciones para sentir, expresar y transmitir afecto, compartir con otros, participar en la vida social y ser cooperativos Vargas, J. E. (2010), Op. Cit., p. 26, citando a Clausen, J. (edit.), (1968), “Socialization and Society”. Little Brown, Boston.. Así mismo, pueden presentar, ansiedad, trastornos depresivos, alucinaciones, comportamientos violentos Pinheiro, P. (2006), Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, citando a National Centers for Injury Prevention and Control (2006). Adverse Childhood Experiences Study, NO TIENE CIUDAD. y, en general, presentar limitaciones para establecer relaciones interpersonales y tener confianza en sí mismos. Cuando la violencia se experimenta desde la gestación puede ocasionar malformaciones congénitas, retraso mental, retardo en el crecimiento y otra larga serie de riesgos y complicaciones para la salud y el bienestar de la madre y del niño o la niña Galicia, I. X.; Martínez, B.; Ordoñez, D. M. y Rosales, H. A. (2013), Relación entre maltrato fetal, violencia y sintomatología depresiva durante el embarazo de mujeres adolescentes y adultas: Un estudio piloto, Psicología y Salud, Vol. 23, Núm. 1: 83-95. p. 84. Se citan varios estudios relacionados con estos resultados.. En etapas posteriores de la vida, el maltrato está asociado a violencia de pareja, a una mayor probabilidad de intento de suicidio Pinheiro, P. (2006). Op. Cit., p. 13. y a bajos resultados en salud y educación Boivin, M. y Hertzman, C. (Edits.), (2012), “Early Childhood Development: adverse experiences and developmental health”, Royal Society of Canada - Canadian Academy of Health Sciences Expert Panel, Ottawa, Ontario, Royal Society of Canada, [en línea], disponible en: https://rsc-src. ca/sites/default/files/pdf/ECD%20Report_0.pdf, recuperado: Recuperado el 11 de agosto de 2018.. Según cifras reveladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Colombia actualmente existen 112.504 menores atendidos por esta institución, de los cuales 25.056 se encuentran en centros de protección y hogares sustitutos. Asimismo 14.914 menores han sido declarados en vulneración de derechos, 6.367 en adoptabilidad y 3.775 dentro de tiempos legales para definir su situación jurídica. Además, se calcula que cada mes ingresan 2.000 niños más al sistema. Según el ICBF como consecuencia del posconflicto se espera que la cifra aumente. Como es bien sabido en el campo de la investigación estos datos de por si lamentables no son la expresión de la totlidad del problema ya que las cifras negras no se conocen. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Colombia / El Universal http://www.eluniversal.com.co/colombia/icbf-declara-adoptables-mas-de-9500-ninos-207143 declaró en la primera mitad del presente año la adoptabilidad para 9.502 niños, niñas y adolescentes. Dicha condición determina que pueden ser asignados a una familia que los adopte. Según las cifras, en la actualidad un total de 77.210 menores están en estado de vulneración, mientras que los más de 9.500 adoptables, adquirieron la categoría por haber sido víctimas de alguna forma de violencia o violación de sus derechos. Además, más de 5 mil niños, niñas y adolescentes aún no ven restablecido su derecho a crecer en una familia, mientras que una cifra similar ya cumplieron 18 años bajo la protección estatal. Partiendo de la premisa en la que “adoptar a un niño implica que legal e irrevocablemente los adoptantes se convierten en los padres de ese niño o niña, y adquieren todas las responsabilidades de cuidado y protección”, el Icbf procura por restablecer el derecho fundamental de los menores a tener una familia. El ingreso del niño o niña al sistema de restitución de derechos parte del hecho de que se ha conocido de oficio o por denuncia, que alguno de sus derechos están siendo vulnerados y que es víctima de maltrato, violencia sexual o negligencia, entre otros. El proceso de restablecimiento de derechos, implica llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que el niño regrese a una familia biológica o a su familia extensa. Luego se practican pruebas, se escucha a la familia, al presunto agresor, al niño o a la niña y al cabo de 4 meses, máximo 6, se debe resolver la situación jurídica del menor de edad en uno de dos sentidos: declarando la vulneración o declarando la adoptabilidad. A veces las situaciones de pobreza allanan el terreno que lleva a vulneraciones como maltrato, negligencia o trabajo infantil, y por ello, hay que apoyar a las familias para salir de esa situación. Está prohibido por los tratados internacionales y las mismas leyes nacionales, que un niño o una niña sea separado de su familia como consecuencia de la pobreza. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones frente al sistema de adopciones en Colombia tiene que ver con los tiempos para decidir la situación de adoptabilidad y la asignación de una familia. El país cuenta con pocos defensores de familia: 1.182 funcionarios quienes, con un equipo conformado por un defensor de familia, un psicólogo y un nutricionista, tienen que investigar y resolver los miles de casos que reciben por maltrato, abuso, negligencia y violencia intrafamiliar. Cuando se habla de institucionalización generalmente nos referimos a las diversas alternativas de actuación que en materia de atención y protección social de la niñez se establecen en cada país. La institucionalización es considerada como una medida de protección que separa al niño de sus progenitores, debido a que que permanecer en ese entorno familiar constituye un riesgo inminente para su integridad (Benavides & Miranda, 2007; Gómez, Muñoz & Haz, 2007; Ison & Morelato, 2008; Muñoz, Gómez & Santamaría, 2008). Los estudios muestran que los niños institucionalizados son en su gran mayoría producto de la pobreza, el desarraigo, familias disfuncionales, la orfandad, la carencia de lazos afectivos, el estrato social bajo, el maltrato, la enfermedad, la soledad, nexos familiares inmersos en la desprotección o el abandono. La institucionalización si bien es una alternativa que los Estados utilizan para intentar proteger a la infancia implica una serie de consecuencias no tan positivas para ello. La investigación neurobiológica sobre los efectos de la atención institucional realizados por (Johnson, Browne & Hamilton, 2006; Rutter, 2000; Rutter, O’Connor & The English and Romanian Adoptees Study Team, 2004; Smyke et al., 2007; Smyke, Zeanah, Fox, Nelson & Guthrie, 2010) destacan que estos entornos ambientales donde se da la institucionalización presentan un alto nivel de estrés que influyen negativamente en el desarrollo del cerebro y pueden causar deterioro cognitivo y déficit sociales. Los niños institucionalizados tienen una tasa mucho mayor de problemas psicosociales y de alto riesgo (Rutter, 2000) y muestran problemas tales como: agresividad, delincuencia, aislamiento o alteraciones de tipo emocional (Hetlinger, Simpkins & Combs, 2000; Simsek, Erol, Öztop & Münir, 2007). Según Gribble (2007) las privaciones físicas y emocionales de la institucionalización pueden dar lugar a un conjunto de problemas que incluyen dificultad en las relaciones afectivas e interpersonales, retrasos en el desarrollo físico y mental, problemas de lenguaje y de integración sensorial. La infancia institucionalizada también puede presentar trastornos de apego (Gómez et al., 2007; Johnson et al., 2006; Muris & Maas, 2004; Smyke et al., 2007; Welsh, Viana, Petrill & Mathias, 2007; Zeanah et al., 2005). Según dos series de metaanálisis realizados por Van den Dries, Juffer, van Ijzendoorn y Bakermans (2009), las experiencias de malos tratos, privación y abandono en los primeros meses de vida pueden tener consecuencias duraderas para el adecuado desarrollo del apego. Sin embargo, cuando los niños son adoptados antes de los 12 meses de edad y dependiendo el grado de maltrato o abandono padecido pueden superar la adversidad temprana y generar relaciones seguras con la misma frecuencia que aquellos que se han vivido en condiciones normales (Dozier & Rutter, 2008). Algunos autores (Ghera et al., 2009; Kreppner, O’Connor, Rutter & The English and Romanian Adoptees Study Team, 2001) indican que el déficit de atención e hiperactividad puede constituir un síndrome de privación institucional. El estudio realizado en Chile por Méndez y González (2002) con menores institucionalizados mostró que el 37.9 % de los identificados con problemas conductuales tenían un trastorno reactivo de la vinculación y que un 20.7 % presentaban trastorno de apego. Armsden, Pecora, Payne y Szatkiewicz (2000), evaluando a niños incluidos en programas de acogida denominados Foster Care en EE. UU., señalan que aunque un importante número de niños institucionalizados requiere de programas educativos y apoyo terapéutico especializado, otros logran un estado de funcionamiento adecuado. Este resultado obviamente plantea la calidad del servicio prestado que en países de América Latina es muy precaria. Las investigaciones realizadas con la niñez institucionalizada presentan tasas más elevadas de problemas de comportamiento (Armsden et al., 2000; Muris & Maas, 2004; Rutter, 2000; Schmid, Goldbeck, Nutzel & Fegert, 2008), caracterizados por comportamientos que van dirigidos hacia los demás y causan molestias a otras personas, incluyendo aquellos que están dirigidos hacia el propio individuo y le causan sufrimiento (Achenbach & Edelbrock, 1983; Mash & Graham, 2001). Es decir, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados pueden presentar problemas internalizados (aislamiento social, alteraciones emocionales), externalizados (conductas desafiantes, agresivas y antisociales), de mayor gravedad que otros niños no institucionalizados, por lo que el ambiente institucional es considerado como un factor que, principalmente, altera el desarrollo psicológico infantil, afectando de manera significativa todas las esferas del comportamiento (Rutter, 2000). La Organización Mundial de la Salud, afirma que las instituciones de cuidado residencial tienen un impacto negativo en la salud y el desarrollo de los niños debiendo ser sustituidas por otras modalidades de cuidado. Esto es debido a que en muchos casos la falta de atención personalizada en esas instituciones dispone una ausencia de vínculo emocional entre los niños y las personas que se encuentran a su cargo, además de carencia de estímulo e interacción, aspectos que inducen a retrasos en el desarrollo. Una institucionalización precoz y prolongada tiene efectos perjudiciales tanto en la salud y el desarrollo físico y cognitivo del niño, que en ocasiones pueden llegar a ser irreversibles (López y Palummo, 2013). Los estudios realizados a lo largo del mundo reconocen que la institucionalización pese a que intenta satisfacer las necesidades biológicas básicas y de vivienda de los infantes, no cumple las condiciones necesarias para lograr un sano desarrollo, sobre todo en la esfera emocional y psicológica. Por el contrario, las condiciones propias de este tipo de instituciones tiende a complejizar la vida de quienes allí conviven Revista Electrónica de Psicología Iztacala, México. 20, (4), 2017 1539 www.revistas.unam.mx/index.php/repi www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin. Bos, Zeanah, Fox, Druty, McLaughlin, y Nelson, (2011), señalan que los niños criados en instituciones se consideran un ejemplo de vulnerabilidad y privación social. Los autores refieren que a pesar de la variabilidad en el tipo de institución que alberga menores se observan factores comunes en todos ellos; la vida al interior incluye aislamiento, reglamentos rígidos, desfavorable relación niño-cuidador, falta de inversión en el área psicológica, escasos cuidadores y poca estimulación ambiental, lo que impide un desarrollo sano de ellos. Para Hermenau, Hecher, Elbert, y Ruf-Leuschner, (2014) Niñez y adolescencia institucionalizadas en casas hogar. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/322103353_Ninez_y_adolescencia_institucionalizadas_en_casas_hogar [accessed Aug 15 2018] , el daño potencial que el cuidado institucionalizado puede tener sobre el niño criado en instituciones corren gran riesgo de producir retrasos en el desarrollo y trastornos afectivos y desórdenes emocionales (McLean, 2003). Los niños pequeños con una historia de atención institucional a menudo muestran pobre atención, hiperactividad, dificultad en la regulación emocional y niveles elevados de ansiedad en comparación con niños no institucionalizados. (McLean, 2013; Ellis, Fisher, y Zaharie, 2004). Thomson, Hirshberg, y Qiao, (2011), señalan que el tratamiento residencial para menores sigue generando controversia; sobre todo cuestionan el efecto positivo en el largo plazo; es decir, una vez egresada la población. La mayoría de la población institucionalizada ha experimentado separación, abandono o negligencia de los padres antes de su internamiento, esto los pone en situación de riesgo y de presentación de una variedad de trastornos psiquiátricos y de comportamientos disociales que conducen a la ejecución de actos delincuenciales (Pilowsky, 1995). Los estudios realizados a lo largo del mundo reconocen que la institucionalización pese a que intenta satisfacer las necesidades biológicas básicas y de vivienda de los infantes, no cumple las condiciones necesarias para lograr un sano desarrollo, sobre todo en la esfera emocional y psicológica. Por el contrario, las condiciones propias de este tipo de instituciones tiende a complejizar la vida de quienes allí conviven. Bos, Zeanah, Fox, Druty, McLaughlin, y Nelson, (2011), señalan que los niños criados en instituciones se consideran un ejemplo de vulnerabilidad y privación social. Los autores refieren que a pesar de la variabilidad en el tipo de institución que alberga menores se observan factores comunes en todos ellos; la vida al interior incluye aislamiento, reglamentos rígidos, desfavorable relación niño-cuidador, falta de inversión en el área psicológica, escasos cuidadores y poca estimulación ambiental, lo que impide un desarrollo sano de ellos. Para Hermenau, Hecher, Elbert, y Ruf-Leuschner, (2014), el daño potencial que el cuidado institucionalizado puede tener sobre el niño criado en instituciones corren gran riesgo de producir retrasos en el desarrollo y trastornos afectivos y desórdenes emocionales (McLean, 2003). Los niños pequeños con una historia de atención institucional a menudo muestran pobre atención, hiperactividad, dificultad en la regulación emocional y niveles elevados de ansiedad en comparación con niños no institucionalizados. (McLean, 2013; Ellis, Fisher, y Zaharie, 2004). Thomson, Hirshberg, y Qiao, (2011), señalan que el tratamiento residencial para menores sigue generando controversia; sobre todo cuestionan el efecto positivo en el largo plazo; es decir, una vez egresada la población. La mayoría de la población institucionalizada ha experimentado separación, abandono o negligencia de los padres antes de su internamiento, esto los pone en situación de riesgo y de presentación de una variedad de trastornos psiquiátricos y de comportamientos disociales que conducen a la ejecución de actos delincuenciales (Pilowsky, 1995). El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes La ley 1098 de 2006 establece en Colombia los principios y procedimientos que van dirigidos a la aplicación de sanciones penales a los adolescentes que han cometido delitos. En este sentido el Estado considera que los jóvenes que han violado la ley son jurídicamente responsables ante el Estado y la sociedad, pero que por su condición de sujetos de especial protección, tal responsabilidad está sujeta a: 1. cumplimiento de los principios de diferenciación y especificidad de las leyes (orientadas hacia el bienestar, su tutela y la proporcionalidad entre el hecho y la respuesta institucional). 2. Principio de finalidad tutelar y resocializadora (prescripción del enfoque represivo y castigador). 3. Principio de promoción del interés superior del niño (respeto de sus derechos fundamentales prevalecientes). Este sistema debe ser aplicado a los menores de 18 años y mayores de 14 que cometan delitos y se aplica siguiendo los procedimientos del sistema penal con tendencia acusatoria vigente en Colombia, haciendo énfasis en el fin pedagógico del proceso y su carácter diferenciado de los adultos. La privación de la libertad es excepcional y solo podrá definirse de 1 a 5 años cuando se trate de adolescentes de 16 a 18 años que cometan delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea de 6 años. Los que se encuentren entre los 14 y los 16 años solo podrán ser sancionados con medidas alternativas que no impliquen prisión: amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, internación en medio semicerrado. Para los delitos graves como homicidio, extorsión o secuestro la pena podrá alcanzar entre los 2 y los 8 años de prisión. La aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes no ha alcanzado los resultados que se pretendían cuando fue creado y actualmente se requiere de una pronta y plena reforma. Los estudios realizados sobre su funcionamiento así lo plantean. La investigación llevada a cabo por Camacho, C. (2015), en la que analiza las sanciones que se aplican en el Sistema de Responsabilidad Penal para jóvenes encontró que las sanciones se enfocan únicamente en el adolescente como eje central y único destinatario del proceso judicial; las sanciones no tienen en cuenta uno de los principios centrales del paradigma de la justicia restaurativa que consiste en llevar a cabo un proceso incluyente en donde la víctima sea parte activa de este y que permita la reparación de lo dañado por el acto delictivo. Por consiguiente, esas medidas solo recaen en el joven y no involucran a la víctima en ningún tipo de procedimiento. Ninguna de las sanciones contribuye de manera positiva a la reconciliación de las dos partes involucradas, lo que conlleva a que no se dé un espacio de verdadera reconciliación, perdón y verdad, que no se formulen alternativas de solución para los daños sufridos por la víctima. La investigadora plantea como alternativas de solución el considerar la necesidad de reformar las sanciones para darles una participación mayor a las víctimas en el proceso. Promoviendo las medidas restaurativas que permitan motivar a la víctima en el proceso judicial. Crear mecanismos que permitan a la víctima ser reparada por los perjuicios causados, para que ni el ofensor ni su familia puedan evadir esta responsabilidad. Generar un efectivo acompañamiento psico-social a las partes involucradas en el proceso, para que pueda darse efectivamente el proceso restaurador Camacho, M.C. (2015). Análisis de las sanciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a la luz de la justicia restaurativa. Universidad Colegio Mayor del Rosario . La falla más evidente que se presenta en el sistema es que se desaprovecha un mecanismo muy poderoso para reconstruir la relación víctima-victimario, vincular a la familia de las partes involucradas y generar un mecanismo comunitario que permita la reparación y la reconciliación. Para la investigadora Rubio, R.S (2013), la crisis del Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes, surge desde su creación y sus fallas se hicieron evidentes desde su inicio  y en la falta de planeación para llevarlo a cabo. A los antiguos centros de reeducación tan sólo se les cambió de nombre. No se hizo un esfuerzo por armonizar las jurisdicciones de los distintos actores del Sistema, y éstos no se concibieron en clave sistémica y a favor de un sujeto de especial protección. Para los expertos, la crisis se reduce al problema del número de cupos que debe ofrecer el ICBF, sin corresponsabilidad de otros actores. Pero hay un catálogo de temas por revisar en el Instituto: lineamientos técnicos, operadores, recurso humano, sistemas de información, de seguimiento y control, de arquitectura institucional. Lo que es cierto es que el ICBF no es la entidad competente para manejar temas de seguridad, de infraestructura carcelaria y de asuntos judiciales de menores de edad. Para los operadores de la justicia, al  tener como referencia obvia los procedimientos para adultos, resulta inevitable que la administración de la justicia juvenil se surta en un escenario más punitivo que restaurativo.  Hay asimetrías en el proceso que van en detrimento de la defensa del adolescente. El carácter específico, protector y diferenciado del Sistema de responsabilidad Penal juvenil se diluye. La lógica de sancionar a un delincuente prima sobre la de un proceso judicial que debería ayudar a formar un sujeto de derechos, quien asume responsablemente su ejercicio y a quien se le propicia un ambiente adecuado para reparar el daño causado a su proyecto de vida, el de sus víctimas y la comunidad afectada. La falta de apropiación y de compromiso con el Sistema es notoria, lo que hace más grave el problema. Niñez y conflicto armado Sí abordamos la situación de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado en Colombia, encontramos que esta población ha padecido múltiples modalidades de maltrato y violencia; desde el reclutamiento forzado por grupos armados al margen de la ley o por haber sido entregados en crianza a las familias de su captores, hasta la violencia psicológica ya que han presenciado el asesinato y la tortura de sus padres, madres, familiares y vecinos, o la quema y destrucción de sus hogares. Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (2017). Informe niños, niñas y adolescentes desvinculador del conflicto armado. Bogotá, el 31% de las víctimas del conflicto registradas son niñas, niños y adolescentes, lo que corresponde a 2.299.302 personas, y que los hechos victimizantes que más sufre este grupo de población son desplazamiento (1.198.319), amenazas (32.467), homicidio (29.558), desaparición forzada (4.888) y actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos (5.759) Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/, fecha de corte: 1/05/2015; y http://www.unidadvictimas.gov.co/especialninos/index.html#cronica.. Sí miramos las cifras de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos armados ilegales encontramos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de recibir a los menores de edad que combatieron en la guerra, señala que entre 1999 y enero de 2015, esta entidad ha atendido a 5.708 menores provenientes de guerrillas, paramilitares y bandas criminales. De ese grupo, 277 se desvincularon en el 2015. Las Farc aparecen como el mayor reclutador en los registros históricos del ICBF con cerca del 60% de los niños atendidos, seguidos por el grupo ilegal autodefensas Unidad de Colombia con el 20%, el grupo guerrillero Ejercito de Liberación Nacional con 15% y Bandas criminales con poco menos del 5%. Por su parte la Unidad para la Atención de Víctimas tiene registros de 7.722 menores de edad víctimas reclutamiento entre 1985 y el 1 de noviembre de 2014. La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), asegura que decenas de niños y niñas han entrado a la guerra en los últimos dos años. Entre 2013 y 2014, el SAT identificó 52 situaciones en los que las Farc eran el principal factor de riesgo de reclutamiento, estando por debajo de las 65 ocasionadas por bandas criminales y por encima de las 22 generadas por el Eln. En 2014, 119 menores de edad no escaparon del riesgo y fueron reclutados por algún grupo armado al margen de la ley, para un promedio de 10 por mes, según la Defensoría. Sin embargo, en los últimos dos años ha cambiado el panorama del reclutamiento. Las Farc fueron durante décadas el grupo armado ilegal con más menores de edad en sus filas pero esta tendencia cambió con el auge de las bandas criminales. “Los grupos armados ilegales post desmovilización de las Auc, que se autodenominan “Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, Los Rastrojos, el Bloque Meta, el Bloque Libertadores del Vichada”, entre otros grupos ilegales, constituyen el principal factor de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes en 65 de las 139 situaciones advertidas”, asegura el SAT. Por otra parte, en el informe “Como corderos entre lobos” de Natalia Springer (2012) “Los niños y las niñas son reclutados a una edad cada vez más temprana. El 69% de los reclutados son menores de 15 años. Mientras que hace tan solo cuatro años el promedio se situaba en 12,9 años, hoy los niños y niñas son reclutados en promedio a los 12,1 años de edad. Se reclutan niños y niñas desde los ocho años y la mayoría son varones (57%), pero el reclutamiento de niñas (43%) crece precipitadamente cuando es comparado con mediciones anteriores. Los grupos armados ilegales y las bandas criminales reclutan niños, niñas y adolescentes en todos sus frentes, unidades de combate y organizaciones, a través de todo el territorio nacional. El 15% de los niños y niñas nunca se registró en una escuela. El 84% reportó algún nivel escolar. Entre ellos, el 66% había completado por lo menos un curso del ciclo de primaria, pero en su mayoría carecían de toda competencia básica en lectoescritura y habilidades matemáticas antes de ingresar al grupo armado. Los niños y niñas abandonan la escuela cuando son reclutados (37%), o para dedicarse a trabajar (54%). 53. Los niños y niñas que abandonan la escuela refieren que no entendían lo que se les enseñaba, les iba muy mal o eran acosados y/o maltratados por sus profesores o compañeros (31%), la escuela les quedaba demasiado lejos (14%) o se vieron forzados a abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar (54%), y coinciden en que estudiar no constituye un incentivo, porque saben que no tienen oportunidad de recibir dinero o salir de la permanente crisis económica (90%), ni tienen acceso a un nivel superior de estudio (98%), a la propiedad de la tierra (96%), o a encontrar un trabajo (84%). 54. En las zonas en las que vivían antes del reclutamiento reportaron presencia de cultivos ilícitos (79%), venta ilegal de gasolina (44%), comercio de drogas (43%) y, en todos los casos, presencia de uno o más grupos armados ilegales”. p, 22 , se muestra que las bandas criminales “habrían absorbido a no menos del 42% de los niños que hacían parte de las estructuras originales de las Auc y al 6% de los niños y niñas que se desvincularon pero cuyo proceso no prosperó”, teniendo en cuenta que sólo el 10% de los menores que había en las paramilitares se desmovilizaron oficialmente. De esta manera, se estima que el 50% de las personas de las bandas criminales tienen menos de 18 años. Esto sin duda permite afirmar que el delito en sus múltiples formas está acogiendo a la mayoría de la niñez sin futuro que existe en Colombia. El crimen es al parecer uan alternativa viable para muchos niños y niñás que no encuentran otra forma de satisfacer sus necesidades. Por su parte, las investigaciones que se han realizado en Colombia señala que los motivos más recurrentes por el que un menor de edad entra a un grupo ilegal es por el gusto a las armas (14%), por atracción a lo que allí hacen (11%) y por problemas en la casa (9%). Así lo evidencia el “Estudio de caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia”, realizado por la Universidad Nacional y UNICEF, en donde se indica que el 36% de los menores de edad desvinculados hicieron parte de la guerra después de haber padecido abandono, negligencia, maltrato físico o psicológico. Todo ocurre en territorios generalmente sin presencia del Estado, aparte de la del Ejército, y con una fuerte influencia de la cultura del narcotráfico que es el mejor incentivo para que los niños, niñas y jóvenes ingresen a las bandas criminales y a la nutrir los grupos del crimen organizado y de la guerrilla. Sumado a las altas tasas de violencia que afectan la estructura familiar y el desarrollo psicosocial de los individuos, en el país se presenta con preocupación un incremento del embarazo en adolescentes. Según las cifras de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2017), las uniones conyugales son a más temprana edad, en promedio a los 20 años en la zona rural y 23 años en la zona urbana, dando como resultado el incremento de las uniones conyugales adolescentes, donde los padres no están en edad de trabajar y aún no han terminado sus procesos educativos, disminuyendo las posibilidades de ofrecer pautas mínimas de crianza a sus hijos. El 19% de las madres son adolescentes, indicador que se asocia a tendencias de perpetuación de la pobreza dados los riesgos en la salud física y mental, conflictos familiares, deserción escolar, cambio de proyectos de vida, discriminación, matrimonio servil y reducción de ingresos entre otros; a esta problemática se suma que cerca del 16% de las mujeres gestantes (la mayoría jóvenes entre 13 y 24 años), presentan bajo peso, poniéndose en riesgo de mortalidad materna y afectando el desarrollo del bebé. Según las Estadísticas Vitales del DANE, en Colombia desde el año 2008 hasta el segundo semestre de 2014, han nacido 1.041.103 niñas y niños cuyas madres tenían entre 10 y 19 años Conforme al Código Penal todo acto sexual con menor de catorce años es un delito y es penalizado con cárcel (Artículos 208 y 209). Es importante que la comunidad reporte estos casos al ICBF, dado que, las niñas gestantes y lactantes requieren de una atención de urgencia, que es brindada de manera articulada por los sectores: de Salud, Justicia y Protección de Colombia bajo el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar . En el marco del conflicto armado en Colombia la niñez ha sido la más violentada; sin embargo, la población infantil femenina es la más afectada, pues han sido sometidas a prestar servicios sexuales a los integrantes de los grupos armados (Unicef, 2006) o incluso convertirse en sus esposas o parejas permanentes (Unicef, 2001a). Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de este tipo de actos, ya que a través de ellos es posible aterrorizar, afectar la moral, difamar a las víctimas y trastornar su capacidad de reproducción (Unicef, 2002; Ward, Kirk y Ernst, 2005). Como se ilustra en el informe sobre mujeres en la costa caribe, las niñas también fueron sometidas a prácticas de violencia sexual. “Algunas sufrieron violaciones y fueron posteriormente asesinadas; otras más quedaron en embarazo a raíz de la violación. Estas experiencias dejaron profundas huellas físicas y emocionales, y afectaron su capacidad de confiar en otros, su valoración de sí mismas y la posibilidad de entablar relaciones basadas en el respeto y que resulten placentera” (CNMH, 2013, p. 317). En un estudio exploratorio de corte transversal llevado a cabo por la Organización Internacional de Migraciones y el ICBF (2013a) en el que se estudió un grupo de 210 niños, niñas y adolescentes entre los 14 a 19 años de edad se reportaron incidentes de violencia y abuso sexual. Lo más predominante en la categoría actos sexuales abusivos corresponde al 31,4 % que (exposición de genitales); 26,2 % haber sido forzado a tocamientos a adultos; 12,5 % haber sido tocado por adultos y 23,4 % fueron víctimas de acceso carnal violento. Los episodos se han dado en todas las edades, lo que significa que el abuso ocurrió en algunos casos antes de ingresar al grupo y durante la estadía en el mismo. En los análisis que se realizaron sobre la variable Sexo y Violencia sexual, se observan algunas diferencias por sexo. Es decir, que las niñas son más expuestas a unos tipos de violencia frecuentes y que los impactos en ellas son más severos que en los niños (Ramírez, 2008). En el caso de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, también se encuentra que estos por su condición de desplazamiento están en mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual. En el estudio llevado a cabo por la OIM y el ICBF (2013b) en los grupos estudiados (N= 2567), se encontró que la prevalencia de la violencia sexual en los desplazados fue: violencia sexual comunitaria (10%), violencia conyugal sexual (10%), actos sexuales abusivos contra los niños, niñas y adolescentes (4%), acceso carnal violento (2%) y explotación sexual (1%). En este estudio se evidenció que los actos sexuales abusivos contra los niños, niñas y adolescentes aumentan cuando las madres no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva pero hay menos casos de abuso sexual infantil cuando las madres muestran bienestar psicosocial resultados similares se encontraron para los casos de explotación sexual. El acceso carnal violento se da en mayor proporción cuando el tiempo de supervisión de los hijos es limitado y se disminuye cuando la madre tiene mejor nivel de educación y mejores indicadores en salud mental y bienestar psicosocial. Es importante señalar que el este estudio muestra que las víctimas de violencia sexual comunitaria se presenta con mayor frecuencia en grupos étnicos afros e indígenas. Son tantas y tan lamentables las consecuencias del conflicto armado en Colombia para la infancia y la adolescencia que abarca todos los escenarios de la vida. Según el ICBF (2013), la orfandad es un tema invisibilizado en el sistema de protección tradicional. En los últimos años, en el marco de la atención que el ICBF brinda a víctimas de la violencia, en el año 2006 inició un proceso de identificación y atención a algunas victimizaciones entre las cuales resalta la de los niños, niñas y adolescentes huérfanos. Entre 2006 y 2012 se atiendieron 364 niños, niñas y adolescentes huérfanos en la modalidad hogar gestor, y 39 por el sistema de protección en diferentes modalidades para un total actual de 404 niños, niñas y adolescentes atendidos. Adicionalmente 526 identificados y atendidos en Antioquia recientemente para un total en protección de 930 niños, niñas y adolescentes huérfanos por conflicto armado atendidos. De acuerdo con el ICBF, desplazados huérfanos por conflicto armado y los huérfanos por conflicto, atendidos en el programa de protección son 2560 niños, niñas y adolescentes, es decir, el 0,042 % del universo total de víctimas cuantificado. Es de anotar que en búsqueda activa en cuatro municipios de Antioquia en el segundo semestre de 2012 se identificaron 526 niños, niñas y adolescentes huérfanos. Solo en el departamento de Antioquia hay cerca de 50 municipios afectados por la violencia, si se analizaran estos datos como tendencia en Antioquia, se podría hacer una proyección y esto daría un universo de 25.000 huérfanos, cifra que está subregistrada e invisibilizada en la realidad social del conflicto en Colombia (ICBF, 2013). Son muchas las situaciones dolorosas que deben afrontar estos niños, a raíz de la pérdida de sus padres; en algunas ocasiones son acogidos por otros miembros de su familia, con lo que esto significa, o en otros casos deben permanecer en programas del ICBF, lo cual los ubica en una situación de institucionalidad que dista del ambiente familiar en donde probablemente se desarrollaba. Esto, de hecho transforma sus vínculos y en general su prospectiva y proyecto de vida. Adicionalmente, deben desarrollar habilidades de ajuste para todos los cambios y no siempre estos niños, niñas y adolescentes son lo suficientemente hábiles para adecuarse a sus nuevos entornos y las demandas de estos. Muy probablemente deben hacer acopio de todas sus competencias para elaborar el duelo que ocasiona la pérdida de un ser querido y poder manejar los indicadores emocionales asociados a la orfandad como lo es el trastorno de estrés postraumático y los duelos no resueltos. Uno de los efectos es el enfrentarse con el proceso de duelo que abarca el padecimiento normal de la pérdida y que se refiere en algunas ocasiones al duelo no patológico, que abarca un gran número de sentimientos y comportamientos comunes para la mayoría de personas después de la muerte (Ortiz, 2008). El duelo es la aceptación de la pérdida del ser querido o de una circunstancia vital para quien pierde el ser querido. Las principales manifestaciones psicosociales del duelo en niños, niñas y adolescentes están relacionadas con Manifestaciones psicosociales del duelo. Tomado de: Guía integrada para la atención psicosocial de niños, niñas y adolescente huérfanos por el conflicto armado (OIM, ICBF 2013): Pérdidas relacionadas con la persona fallecida y con las actividades, hábitos, estilo de vida. Crisis generada por los cambios no esperados y en ocasiones abruptos. Aislamiento y ruptura de redes de apoyo por falta de interés. Cambio de prácticas sociales asociadas a las creencias de luto. Disminución de actividades que involucran contacto social. La dimensión del daño de la violencia política en la infancia El daño ocasionado a las víctimas de delitos violatorios de los derechos humanos, nos invita a reflexionar sobre la vida y sobre la dignidad del vivir como principio ético fundamental de la existencia humana. Los sufrimientos padecidos por los infantes afectan de manera dramática toda su existencia, entendida esta como la totalidad de su vivir. Como lo señaló Dussel (2001) Dussel, E. (2001). Hacia una Filosofía Política Crítica. Desclee de Brouwer. Bilbao, p. 103, la vida humana concreta de cada ser humano es su modo de realidad; por ello, el ser humano viviente constituye lo real como posibilidad de vivir y es el criterio de verdad, que a su vez fundamenta su subjetividad. De esta manera, la vida humana no es únicamente sobrevivencia física o corporal biológica, es vida humana cultural, histórica, religiosa, mística y social. El sufrimiento por lo tanto esta ubicado en todo su cuerpo y afecta su relación con el mundo en el que vive. Es desde su condición de existencia real y concreta que el ser humano construye su vivir y su subjetividad. Es decir, pensamos como vivimos, como nos relacionamos con los otros, como logramos alcanzar o no el sueño o proyecto de nuestra existencia. Pensamos desde nuestra condición y si esta condición es de exclusión, de dominación, de injusticia y de sufrimiento, entonces nuestro pensamiento tendrá esa expresión. La vida se construye en la cotidianidad en el transcurrir del pasado hacia el futuro; por ello, la violencia padecida, la institucionalización forzada y la pérdida del sosten familiar para enfrentar la vida se constituye en un daño irreparable para todo niño, niña o adolescente víctima de la violencia y el maltrato. La experiencia traumática del sufrimiento vivenciado por los niños, niñas y adolescentes implica no solamente que siguen vivas, sino que se han salvado mientras otros han perecido, que los soportes de su existir ya no están, esto interrumpe la dinámica natural de la vida. Por eso como diría Tafalla (2003) Tafalla, M. (2003). Recordar para no repetir: El nuevo imperativo categórico de T. W. Adorno. P, 128, no se puede dar las gracias por la propia vida, ni recibirla con gratitud, se la recibe con una sensación de culpabilidad, se ensonbrece el disfrute del vivir y la tristeza se vuelve compañera inseparable. La pregunta de por qué unos viven y otros no, es para muchos niños sencillamente insoportable. Sobrevivir implica entonces inaugurar una relación distinta con lo real y especialmente tomar conciencia de la mortalidad y paradójicamente se debe seguir viviendo. Por ello, el que sobrevive con un sentimiento de injusticia, continúa haciéndose culpable del proseguir de su vida, en una situación trágica que no deja de ser incierta y triste. Por esto, la mayoría de las víctimas se refugian en el olvido y se renuncia a hablar del sentido de la vida. El interrogante por la vida y por el sentido de la vida se aferra fuertemente a las entrañas del sufrimiento intentando develar el secreto que rodea esta condición negativa. El dolor es una experiencia del todo sensible, que nos hace sentir con plena intensidad el sufrimiento y rompe nuestros vínculos con los demás y con el mundo. El dolor afecta el interés por el futuro, los acontecimientos cotidianos se muestran faltos de dimensión y se perciben vacios; la vida se percibe como inhumana. Cuando se presenta un sufrimiento intenso por lo general es el cuerpo lo que domina, lo que acapara toda la vida, toda la importancia. El daño producido transforma toda la sensibilidad en vulnerabilidad y hace que se rompan los vínculos, con el mundo y con los demás. El dolor es una interrupción del hábito y de las rutinas de la vida (2004) Bárcena, F. La Prosa del Dolor. p, 76.En todo acontecimiento traumático cargado de dolor y de sufrimiento psíquico, todo el saber sobre el dolor que la víctima haya podido elaborar es insuficiente para protegerse del impacto sufrido. Como lo señala Bárcena, el dolor no nos hace tener más experiencia, sino que a partir de él se hace experiencia en el que lo sufre. El dolor introduce la discontinuidad en la experiencia del tiempo vivido y en las relaciones con el mundo y con los demás. El daño producido por delitos como el desplazamiento, la tortura, el secuestro, los asesinatos múltiples, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos sexuales, producen daños que abarcan toda la esfera de la existencia, que afectan el vivir y alteran dramáticamente la cotidianidad y la perspectiva del sentido y el significado sobre la vida que los niños, niñas y adolescentes han construido hasta ese momento. Como bien lo recuerda Humberto Maturana, el ser humano tiene un propósito esencial que consiste en vivir y, ese vivir o mejor, esa manera de vivir, dependerá de la relación de esa estructura biológica con el nicho en el cual se encuentre y desarrolle su permanente cotidianidad de vida. Maturana, H. (1996). El sentido de lo humano. Dolmen. Santiago de Chile Por ello, el sufrimiento de las víctimas de este tipo de delitos rompe de manera brusca y dramática la vida de estas personas dañando toda la esfera de su existencia, alterando sus sueños, anhelos, promesas, realizaciones y seguridades. Su vida estará marcada por la huella indeleble del dolor producido y su vida necesariamente ha sido bruscamente interrumpida generando un sentimiento auténtico de vulnerabilidad y abandono. No olvidemos que el ser humano se sostiene por la ingenua creencia que sostiene que el mundo es seguro o que es posible estar seguro en él; estos delitos generan en las víctimas una sensación de vulnerabilidad de tal forma que esa creencia vital deja de tener existencia en ellas para que la inseguridad y la fragilidad llenen ese vacio. No debemos olvidar que el daño al proyecto de vida no hace relación a la concepción tradicional que se ha establecido como el conjunto de acciones que una persona construye para darle proyección, orientación y orden a los actos del vivir. El daño al proyecto de vida desde mi perspectiva es mucho más amplio, porque se refiere al proyecto no como parte de la vida, sino como un daño a la vida misma, al existir mismo. Es decir, que la construcción del proyecto o la vivencia del trayecto vital de la víctima se afectan de manera dramática, ya que la vida misma se ha afectado, y la dignidad del vivir se pierde. Se ha dañado el existir cotidiano que es el que planea y sueña; por ello, se afecta toda su existencia: pasada, presente y futura; se afecta el sentido y el significado de la vida; las seguridades se vuelven inseguridades y las certezas se vuelven interrogantes; las preguntas agrietan todas las respuestas que se tenían y que empiezan a surgir en su cotidianidad. El dolor toma lugar en el cuerpo y acompaña su diario vivir, aunque en apariencia no haya lesión mental u orgánica claramente presente. En definitiva el daño producido afecta la dignidad del vivir y convierte la vida de las víctimas en una vida con un deseo imperante de alcanzar la dignidad que como seres humanos tienen derecho a reclamar ya que como plantea Walter Benjamín, la victimas tienen la autoridad que el sufrimiento padecido les otorga. En este contexto Fernández Sessarego (1993), afirma que el daño al proyecto de vida compromete “el ser mismo del hombre, al afectar la libertad de la persona y que trastoca o frustra el proyecto de vida que libremente se formula cada uno para su realización como ser humano” Fernández Sessarego Carlos “Protección a la persona” en Andorno-Cifuentes y otros, “Daño y protección a la persona humana”, cit. Ed. La Rocca, Bs.As., 1993, p55.. Se designa como proyecto de vida al rumbo o destino que la persona otorga a su vida, es decir en el sentido existencial derivado de la previa valoración, lo que la persona decide hacer con su don de vida (Mosset, 2002) Mosset Iturraspe Jorge “El valor de la vida humana” Ed. Rubinzal-Culzoni 4ta. Ed. Sta. Fe, 2002, p. 30.. En palabras de Zabala (2005): “se consuma una lesión de tal índole cuando se interfiere en el destino del sujeto, frustrando, menoscabando o postergando su realización personal” Zavala de González Matilde, “Daño a proyectos de vida” cit. RRC y S Año 2005-VII Nº. 4 Abril 2005-1.. Se trata de la mutilación del plan existencial del sujeto, de aquél que conforma su libre, personalísimo, íntimo y auténtico “ser y hacer” y en la medida que ese plan supere el mero deseo, aspiración o expectativa y que se arraigue en la probabilidad cierta de que el objetivo vital sería razonablemente alcanzado de no mediar el hecho nocivo. Por ello la alteración debe ser profunda y comprometer las potencialidades, condiciones y predisposiciones ciertas de la persona y encaminadas diariamente a su consecución Ver: Zavala de González Matilde, “Daño a proyectos de vida” cit. RRC y S Año 2005-VII Nº. 4 Abril 2005- . La manera como se llevó a cabo el acto criminal debe ser contemplada dentro de este tipo de valoración. Las masacres, la tortura, las ejecuciones sistemáticas, el desplazamiento, generan en las víctimas la pérdida de la sensación de seguridad y de vulnerabilidad. La injusticia resultante de la impunidad impide un adecuado transito hacía una condición de normalidad en el futuro y la tragedia se prolonga en el tiempo impidiendo la construcción de un sentido de existencia que le permita sobrevivir de una manera digna. La exploración sobre el rompimiento abrupto y definitivo de los lazos sociales y familiares de las víctimas, nos da una amplia comprensión del tipo de daño ocasionado al proyecto de vida. La ruptura violenta e inesperada de sus soportes y lazos familiares, la necesidad de seguir viviendo en condiciones de indignidad y la pérdida de su entorno, sin duda alguna que conducen a las víctimas a sobrevivir mediante la realización de actividades dirigidas a mantener la vida, pero no a vivir la vida con dignidad. La negación de su proyecto, les impide lograr el sueño y construir un sentido de vida que les permita continuar la cotidianidad de la existencia en un mundo seguro y justo. La pérdida de la madre, el padre, los hijos, amigos y allegados, interrumpe de manera dramática la estructura de su proyecto vital y destruye los propósitos que mantienen su hacer en el mundo Díaz, F. (2009). El daño psicológico y la violenca política desde una perspectiva psicojurídica. Revista Psicología Científica.com, 11(16). Disponible en: http://www.psicologíacientifica.com/danopsicologico-y-violencia-política . Conclusión No es muy esperanzador el panorama de la infancia en Colombia. Las instituciones del Estado tienen una tarea que desborda sus capacidades y las amenazas provenientes del crimen organizado, las fuerzas armadas ilegales, la violencia intrafamiliar y la ineficacia del sistema de justicia así lo muestran. Existe al parecer una incapacidad estatal para fortalecer la institución familiar, así como para atender los rápidos e inesperados cambios que se han venido presentando y que la han transformado en gran medida. La respuesta institucional para proteger los derechos de la infancia no se articula de manera adecuada con la voluntad política de promover y satisfacer las necesidades de las familias menos favorecidas. La incapacidad del estado para combatir el crimen organizado y para someter a los grupos armados ilegales que se nutren de la niñez abandonada y maltratada agrava aún más el problema. Es muy duro decirlo pero en Colombia el crimen se ha convertido en una alternativa válida para muchas familias que no encuentran en el Estado la satisfacción de sus necesidades más básicas. Los adolescentes no encuentran alternativas que les permita desarrollar su proyecto de vida en un amplio sector rural y urbano del país en donde la educación, la salud y la vivienda son bienes negados a la mayoría. El mensaje que envía la institucionalidad cuando el sistema de justicia negocia con los delincuentes para alcanzar acuerdos que los beneficia y que la comunidad en general considera como impunidad, fortalece y motiva a todos aquellos jóvenes que ven en el delito una oportunidad altamente rentable. La violencia y el crimen no son expresiones individuales de personas afectadas por alguna condición psicológica o de enfermedad mental, son la expresión de una sociedad enferma; en este sentido el maltrato y la violencia en la familia y la infancia son las manifestaciones resultantes de unas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que las facilitan. Mejorar las condiciones de existencia, ampliar la cobertura en salud, vivienda y educación y fortalecer con personas competentes el sistema de Bienestar Familiar que permita satisfacer a la mayoría de las familias y a la infancia abandonada y necesitada es una de las tareas más urgentes que hoy tiene el Estado colombiano. Bibliografía Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System. (2008). The AFCARS Report. Preliminary FY 2006 Estimates as of January 2008 (AFCARS Report No. 14). Washington, DC: U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children & families. 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