Transformado Colombia ODS 2023

Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Jorge Iván Bula Escobar Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Germán Albeiro Castaño Duque editores académicos Escuela de Pensamiento Vicerrectoría de Investigación Jorge Iván Bula Escobar Actualmente Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (esap). Cuenta con más de 30 años como profesor de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Nacional de Colombia donde ha trabajado como vicerrector general, director de la Oficina Nacional de Planeación, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (cid). Economista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Desarrollo Económico de la University of Manchester, magíster y doctor en Sociología de la Université Catholique de Louvain. Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Docente-investigador en geopolítica, política comparada, comunicación política y conflicto. Ph. D. Cum Laude de la Universidad Autónoma de Barcelona. Líder del grupo de investigación Comunicación, Educación, tic y Conflictos Contemporáneos. Cofundador de la Revista Legislación y Prospectiva Universidad Nacional de Colombia y Congreso de la República; cofundador del Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia. Germán Albeiro Castaño Duque Profesor de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Director del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Director del Grupo de Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación. Investigador principal del proyecto “Fortalecimiento Docente desde la Alfabetización Mediática Informacional y la CTeI, como estrategia didáctico-pedagógico y soporte para la recuperación de la confianza del tejido social afectado del conflicto” del Programa Colombia Científica. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Jorge Iván Bula Escobar Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Germán Albeiro Castaño Duque Editores académicos Bogotá D.C., 2023 © Universidad Nacional de Colombia © Vicerrectoría de Investigación Editorial Universidad Nacional de Colombia © Jorge Iván Bula Escobar, Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez, Germán Albeiro Castaño Duque Editores académicos © Varios autores Primera edición, 2023 ISBN 978-958-505-272-7 (digital) Colección Escuela de Pensamiento Vicerrectoría de Investigación Coordinación de la colección: Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Edición Editorial Universidad Nacional de Colombia [email protected] www.editorial.unal.edu.co Coordinación editorial: Dayán Cuesta Corrección de estilo: Sebastián Montero Vallejo Diseño de páginas interiores: Marisol del Rosario Vallejo Diseño de la cubierta: Nick Yei Castro Gómez Ilustración de la cubierta: Freepik Diagramación: Andrea Kratzer M. Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Bogotá, D. C., Colombia, 2023 Hecho en Bogotá, D.C., Colombia, 2023 Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia Transformando Colombia : objetivos de desarrollo sostenible / Jorge Iván Bula Escobar, Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez, Germán Albeiro Castaño Duque, editores académicos. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría de Investigación. Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2023 1 CD-ROM (270 páginas) : ilustraciones (principalmente a color), diagramas, mapas. -- (Colección Escuela de Pensamiento) Incluye referencias bibliográficas e índice normativo ISBN 978-958-505-272-7 (e-book) 1. Desarrollo sostenible -- Colombia -- Siglo XXI 2. Objetivo de desarrollo sostenible 3. Desarrollo humano -- Colombia -- Siglo XXI 4. Desarrollo regional -- Colombia -- Siglo XXI 5. Agricultura sostenible -- Colombia -- Siglo XXI 6. Gobierno representativo -- Participación ciudadana -- Colombia -- Siglo XXI 7. Justicia social -- Colombia Siglo XXI 8. Colombia -- Política y gobierno -- Siglo XXI. I. Bula Escobar, Jorge Iván, 1957-, editor académico II. Guerrero Gutiérrez, Mario Fernando,1978-, editor académico III. Castaño Duque, Germán Albeiro,1959-, editor académico IV. Serie CDD-23 333.7209861 / 2023 Contenido Prefacio 15 Mauricio López González No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods 20 Milena Montoya Serrano ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua Limpia y Saneamiento” para todos en Colombia? 40 Iván Alberto Lizarazo Salcedo Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia 56 Juan Pablo Centeno Cachopo Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores 70 Giovanni Pérez Ortega, Gertrudis Ziritt Trejo y Zahira Moreno Freites Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia 86 María Adelaida Torres, Andrés Felipe Cuartas, Carlos Alberto Zarate Yepes, Paulina Duque López y Natalia Andrea Cano Londoño Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de 100 sus potencialidades frente a los desafíos de los ods Nathalia Valderrama Bohórquez y Álvaro Parrado Barbosa Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” 112 Juanita Montoya Galvis y Mercedes Castillo de Herrera Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local 124 Marco Antonio Londoño Zuluaga Tarso educado para la vida: vivienda solidaria y soberanía alimentaria para avanzar hacia los ods 136 Daniela Cañas Valencia, Alejandro López Toro y Néstor Fernando Romero Villada Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia 148 Erika Pinto Beltrán y Álvaro Zerda Sarmiento Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia 160 Jennifer Tatiana Jiménez Forero, Fabián Leonardo Berrío Pallares y Liliana Alejandra Chicaíza Becerra La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 176 Mauricio Gómez-Villegas Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo 188 Germán Albeiro Castaño Duque, Alejandro Peláez Arango y Carlos Mario Ramírez Guapacha Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica Ángela María Londoño Motta y Dahiana Delgado Vargas 8 202 Contenido Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles 218 Nicolás Fernando Molina Sáenz y Sergio Andrés Tobón Ospina Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 232 Álvaro Clemente Quijano Angarita y Beatriz Piedad Urdinola Contreras Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas 248 Luisa Fernanda Niño-Lancheros y Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Los autores 261 9 Lista de figuras Figura 1.1 Exploración de las desigualdades del desarrollo humano: cinco mensajes clave 25 Figura 1.2 Configuración de la vulnerabilidad y políticas para construir resiliencia 28 Figura 1.3 Brecha entre resultados de niñas y niños pruebas Saber 31 Figura 2.1 Esquema metodológico para la evaluación integral de subzonas hidrográficas 46 Figura 2.2 Evaluación integrada del agua por subzona hidrográfica en 2018 48 Figura 2.3 Esquema de evaluación integrada del riesgo hídrico 49 Figura 2.4 Porcentaje de población sin acceso a agua potable en 2015 50 Figura 2.5 Porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico en 2015 51 Figura 2.6 Índice agregado de riesgo hídrico en 2015 52 Figura 3.1 Abordaje de los ods mediante la política de innovación transformativa 62 Figura 4.1 Visión integral y holística del turismo sostenible en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 76 Figura 4.2 Red de relaciones entre programas de sostenibilidad-actividades de participación ciudadana y cumplimiento de los ods en Usiacurí, Atlántico Colombia 81 Figura 10.1 Esquema de sistema para distribución equitativa de beneficios aplicables a Colombia 155 Figura 13.1 Tasa bruta de matriculación en la educación superior, 2000 y 2015 196 Figura 13.2 Promedio de permanencia en el sistema educativo de las personas con y sin discapacidad, 2005-2011 197 Figura 13.3 Porcentaje de recursos destinados a los ods por municipios y departamentos en 2016 198 Figura 16.1 Estimación nacional de la TMM5 modelo de suavizamiento y metodología un-Igme 239 11 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 Figura 16.2 Suavizamiento a nivel departamental de la TMM5, región Atlántica 241 Figura 16.3 Suavizamiento a nivel departamental de la TMM5, regiones Central y Oriental 241 Figura 16.4 Suavizamiento a nivel departamental de la TMM5, región Pacífica y Antiguos Territorios 242 Figura 16.5 Evolución espacio-temporal de la TMM5 para Colombia, 1985-2019 243 Lista de tablas Tabla 2.1 Escalafón de gestión integrada de recursos hídricos 44 Tabla 2.2 Categorías utilizadas en el análisis integral de subzonas hidrográficas 47 Tabla 4.1 Contribución de cada programa-actividad participativo con los ods 79 Tabla 11.1 Indicadores del mercado laboral según sexo 2009-2010 165 Tabla 11.2 Población graduada de educación superior en Colombia entre 2010 y 2016 166 Tabla 11.3 Población graduada según nivel de educación superior en Colombia entre 2010 y 2016 167 Tabla 11.4 Índice Global de Brechas Género 2020 para Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y México 171 Indicadores del mercado laboral por sexo para Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y México 171 Objetivos de desarrollo sostenible y acciones agroecológicas 211 Tabla 11.5 Tabla 14.1 Tabla 16.1 Estimados nacionales de la tasa de mortalidad en menores de 5 años y su incertidumbre 240 13 Prefacio La sostenibilidad es la respuesta S in duda, estamos viviendo una crisis totalmente nueva, inédita. Nos ha puesto en una situación de verdadera incertidumbre. Esta Pandemia, con P mayúscula, de la COVID-19, más común en la narrativa como coronavirus, nos ha mostrado lo frágil que es nuestra existencia y nos ha puesto de manifiesto lo vulnerables que somos, a pesar de creernos invencibles, y sin duda nuestro camino ahora está lleno de arenas movedizas. Toda esta crisis también ha permitido el reconocimiento justo de los otrora olvidados y anónimos ciudadanos que hoy están atendiendo la emergencia: personal sanitario, campesinos, transportadores, tenderos, farmaceutas de barrio, operarios de servicios públicos y comunicaciones, celadores, fuerza pública. Todos ellos se han convertido, en buena hora, en los héroes sin capa que nos permiten a los demás sobrellevar esta zozobra y poder salir, porque inevitablemente saldremos, renovados y mirando y mirándonos con otros ojos. En esa óptica con nuevos lentes, nada más apropiado que la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible al 2030, que las Naciones Unidas promulgaron hace cinco años (septiembre de 2005). La narrativa potente de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con sus 169 metas y una batería de indicadores en cada país para cumplirlos, es una escalera segura para avanzar. Y esta alianza virtuosa entre la academia a través del primer centro universitario del país, como es la Universidad Nacional de Colombia, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es vital para que haya un mayor conocimiento sobre esta dinámica mundial, producto del consenso global. Esto también está en sintonía con el Pacto Global de las Naciones Unidas, que, como iniciativa de dicho organismo internacional y con 20 años de creación, ha servido como puente de los sectores empresarial, académico y 15 la sociedad civil para coadyuvar en las acciones para alcanzar los postulados comúnmente definidos en promoción y protección de los derechos humanos; propiciar un trabajo decente con los postulados de la Organización Internacional del Trabajo; favorecer la protección ambiental como elemento central de la Cumbre de la Tierra; y luchar contra la corrupción en los términos previstos en la convención de la ONU sobre el tema. Por esto, ante la P de pandemia, surgen las Cinco P del Desarrollo Sostenible, que siempre resaltamos desde nuestra red colombiana de Pacto Global, donde las Personas tienen que dejar de ser pobres (ODS 1); sin sufrir hambre y estar bien nutridas a través de una agricultura sostenible (ODS 2); con salud y bienestar en todas las edades, desde el nonato hasta el anciano más longevo (ODS 3); con una educación inclusiva, universal y de calidad en todos los momentos de la vida (ODS 4); y que la mujer sea reconocida, no solamente como la mitad de la población y como madre, sino como factor positivo y esencial de cambio, liderazgo, transparencia, productividad, competitividad y participación. Las Personas vivimos en nuestra casa común. El Planeta tiene que contar con agua abundante y de buena calidad (ODS 6); produciendo y consumiendo de una manera responsable (ODS 12); promoviendo acciones contra el calentamiento global y el cambio climático (ODS 13); protegiendo los ecosistemas acuáticos (ODS 14) y terrestres (ODS 15). En este contexto, las Personas vivimos en este Planeta para Prosperar. Para ello requerimos acceso a energía cada vez más limpia y con uso eficiente de ella (ODS 7); tener un trabajo digno para posibilitar el necesario crecimiento económico (ODS 8); promover la industrialización sostenible, la innovación y la infraestructura resiliente (ODS 9); trabajar y lograr la reducción de las desigualdades en todos los entornos (ODS 10); y vivir en comunidades y ciudades sostenibles y amables (ODS 11). Para que las Personas podamos vivir en el Planeta Prosperando, es necesario tener una sociedad en Paz. Una sociedad pacífica se logra con el respeto y la tolerancia por el otro, con instituciones respetadas y respetables, con justicia pronta y efectiva, luchando activamente contra la corrupción (ODS 16). Para ello debemos, entonces, ser Panas, o Parceros o Partners. Es decir, aliados para avanzar conjuntamente en el logro de las metas y objetivos (ODS 17) Si observamos la sociedad virtuosa de las Cinco P, se trata de la sociedad que debe consolidarse después de esta situación difícil por la que el mundo entero está pasando. No es una agenda ideológica, porque sirve a todas las ideologías; no es un tema de edad, porque sirve a todos, desde los no nacidos hasta las personas de la tercera edad; no es un tema de género, ni de raza, ni de religión, ni de capacidades diferentes; es en definitiva un tema de humanidad en este planeta. Capítulo 1 | Desigualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Universidad Es el mundo del desarrollo sostenible, con una actuación integral en la que el desarrollo económico tiene cabida bajo la égida de la inclusión social en el ecosistema donde actuamos. Es una relación holística, absolutamente integral e indivisible. Ya no somos una isla, sino que estamos totalmente integrados e hiperconectados (la Pandemia nos lo está recordando abrumadoramente): todo se sabe y se conoce y se recibe, ya sea positiva o negativamente. El individuo ya no es solo individuo; es un ser social y ambiental y económico. Pero debe tener salud para poder serlo y debe estar en un hábitat que le permita vivir. Así de fácil y así de difícil. Por lo tanto, nuestra salida a este mundo viejo y nuevo tiene que ser renovadora, no solamente desde lo espiritual, donde se reafirma el carácter trascendente de la persona, sino con una visión diferente de su relación con los demás, personas y planeta en su totalidad. Podremos pensar que esto es una quimera y que, como diría Hobbes, homo homini lupus: el hombre es un lobo para el hombre. Permítanme estar en desacuerdo respetuosamente. Estoy convencido de que siempre estamos en un mejor tiempo que el anterior. Los indicadores de salud y bienestar son mejores ahora (incluso en época de Pandemia) que en cualquier tiempo pasado; los niveles educativos, siempre objeto de mejora, han permitido tener un mayor conocimiento y mejores posibilidades de creación; la violencia, aunque nos golpea a diario en los telediarios y en los portales de internet, es menor que en los siglos anteriores; los derechos de las personas y de la naturaleza ahora son más visibles y exigibles, cuando en el pasado el ser humano solamente era sujeto de deberes. Esa es una realidad innegable, aun cuando a veces se nos muestre el ejemplo contrario para poder argumentar en disenso. Quiero pensar en la bondad del ser humano, social y ecológico. Este renacimiento que surgirá después de esta noche plena de interconexión nos llevará a mejores estadios de humanidad. Estas tinieblas que surcan nuestro cielo se diluirán y aparecerán como fortaleza la solidaridad, la compasión y la misericordia. En esta nueva ecuación, la sostenibilidad, enmarcada dentro de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, es el mejor guion para que, en el teatro de la historia, según dice Gabriel García Márquez, el ser humano tenga “por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.. Mauricio López González Director ejecutivo Red Pacto Global Colombia 17 Capítulo 1 No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods Milena Montoya Serrano No dejar a nadie atrás: inclusión y equidad desde los ods 1 N o dejar a nadie atrás es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030, se enfoca en eliminar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad e impiden que todos los seres humanos, por igual, disfruten de los mismos derechos, servicios y oportunidades para una vida plena. La Agenda 2030 destaca la promesa de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, fundamentada en la determinación de liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y de las privaciones, y a sanar y proteger al planeta; así como en la decisión de tomar 1 Este capítulo fue realizado como complemento de la conferencia sobre el principio de No dejar a nadie atrás, de la cátedra nacional Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia dictada en el 2019. La escritura de este documento se hizo antes de la pandemia de la covid-19, por tanto, no contempla las afectaciones en el desarrollo humano y, en particular, en la desigualdad que ocasionó la enfermedad. Durante la edición de este capítulo fue necesario actualizar algunos datos a 2020. 21 las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia (Naciones Unidas, 2015b). La Agenda 2030 enfatiza que la dignidad de la persona humana es fundamental, lo cual implica el cumplimiento de los objetivos y las metas para todas las naciones, para los pueblos y todos los sectores de la sociedad, y esforzarse por llegar primero a los más rezagados (Naciones Unidas, 2015b). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2018b) aporta a la discusión e implementación del principio de “No Dejar a Nadie Atrás”, un marco que los gobiernos y partes interesadas pueden usar para tomar medidas que permitan y aceleren el progreso nacional para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). A partir de este, se identifica que “No Dejar a Nadie Atrás” implica: erradicar la pobreza en todas sus formas y la desigualdad, reducir las vulnerabilidades y eliminar toda forma de exclusión. A continuación, se desarrollan estos tres elementos. Erradicar la pobreza en todas sus formas y la desigualdad Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015b), establece que erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluyendo la pobreza extrema, constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Esta prioridad, que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se centró en la pobreza extrema, se amplía en los ODS considerando que el logro de este objetivo depende de la creación de marcos sólidos nacionales y locales que impulsen estrategias de desarrollo a favor de los pobres y una movilización de recursos significativa, principalmente, para los países menos desarrollados que garantice los medios suficientes y una inversión acelerada. El ODS 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas”, considera la pobreza como un problema de derechos humanos no solamente asociado a la falta de ingresos y medios de vida. Las distintas manifestaciones de la pobreza se relacionan de forma directa con la no garantía de los derechos, limitarla a la falta de ingresos o recursos, dejaría por fuera condiciones como la exclusión social, la discriminación o la ausencia de participación. Para el logro de este objetivo es determinante un crecimiento económico inclusivo que genere empleo sostenible y sistemas de protección social que mitiguen los efectos de choques económicos o desastres. Asimismo, combatir la desigualdad al interior de los países y entre ellos, es uno de los compromisos establecidos como parte de la Agenda 2030 y los ODS. Se plantea que los desafíos están relacionados y requieren ser abordados asegurando resultados, nuevos enfoques y soluciones integradas centradas en 22 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods el cierre de brechas. La Agenda resalta que las desigualdades van en aumento, existen enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder; los avances en materia de desarrollo de las últimas décadas se anulan por las inequidades en materia de género, el desempleo, la violencia, los riesgos de salud y los desastres naturales (Naciones Unidas, 2015b). La visión de un nuevo mundo se enfatiza tanto en el acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, como a la posibilidad de garantizar el bienestar mental y físico, el derecho al agua y el acceso universal a la energía, entre otros. Con relación a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, la Agenda enfatiza el compromiso de eliminar las disparidades entre mujeres y hombres, buscando igualar el acceso a la educación, a los recursos económicos y a la participación política, así como el garantizar igualdad de oportunidades en comparación con hombres y niños, en lo que respecta al empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones en todos los niveles. Otro elemento fundamental está orientado a combatir la desigualdad de los ingresos y compartir la riqueza. Las personas deben ser el centro de las economías y de los objetivos del crecimiento económico, por lo cual criterios como el empoderamiento económico para todos, la inclusión y la sostenibilidad son esenciales para lograr la prosperidad. Esta visión y desafíos se concreta en el ODS 10 enfocado en la “Reducción de las Desigualdades”. Las metas de este ODS parten de que las personas más pobres aumenten su nivel de ingresos; cuenten con iguales oportunidades e inclusión social, económica y política de todas las personas sin distinción, eliminando la discriminación y empoderando a las personas de bajos ingresos, promoviendo así la inclusión económica de todos y todas. La adopción de políticas fiscales para la protección social, la regulación y vigilancia de los mercados financieros; la legitimidad de las instituciones económicas y financieras mundiales y la ayuda oficial al desarrollo para los países menos adelantados, hacen parte de las metas de este ODS. La contextualización de la desigualdad mundial, sus efectos y las acciones para contrarrestarla, se presentan en la historia dispuesta por el PNUD sobre los ODS y la desigualdad (julio de 2019). En este especial se resalta que el principal obstáculo para lograr los ODS es la desigualdad que sigue perpetuándose a pesar de que los mercados estén en auge, la innovación aumenta y la pobreza disminuya (PNUD, 2019b). La desigualdad se arraiga en el centro de las políticas económicas y sociales, pues existen distorsiones en las políticas que minan el proceso democrático: mientras unos grupos tienen mayor poder y dominio sobre el diseño de políticas, otros están impedidos para lograr que el sistema responda a sus necesidades. “La desigualdad no es ni natural ni inevitable, tiene su origen en las políticas, leyes, 23 costumbres culturales, corrupción y otros problemas que pueden ser atendidos” (PNUD, 2019b). Así, es preciso comprender el concepto de desigualdad: La desigualdad no trata solo de riqueza (patrimonio neto) o de ingresos (sueldo bruto). También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. Cada faceta de la desigualdad entorpece enormemente nuestra capacidad de alcanzar los ODS. Debemos tomarlas a todas en consideración si queremos promover el desarrollo sostenible. (PNUD, 2019) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Por su parte, los ODS Hoy (PNUD, 2019c), destacan que 26 personas reciben la riqueza de 3.8 mil millones y, más de la cuarta parte de todos los adultos que trabajan son pobres, ganando menos de $3.10 dólares por día. La desigualdad de la riqueza en el mundo es contundente, pero también, lo son las disparidades en la educación, la salud, el género, la etnia y para las personas con discapacidad. Las oportunidades de avanzar de las personas se ven condicionadas por su lugar de nacimiento y donde viven. Los ODS Hoy tomando como fuente datos de Oxfam, también señala que los hombres poseen el 50 % más de la riqueza del mundo que las mujeres, y controlan el 86 % de las corporaciones. Solamente el 24 % de los cargos políticos nacionales son ocupados por mujeres y sólo el 13 % son mujeres propietarias de tierras agrícolas. Este panorama se refuerza y profundiza en el Informe sobre Desarrollo Humano 2019, Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI (PNUD, 2019b). Como punto de partida esta publicación expone un marco de análisis que explora la configuración de las desigualdades en el siglo XXI considerando un enfoque con tres elementos: a) más allá del ingreso, reconociendo que la desigualdad además del ingreso y la riqueza, debe contemplar otras disparidades del desarrollo humano y sus causas; b) más allá del presente, porque las desigualdades determinan no solo el presente, sino también el futuro de las personas; y c) más allá de los promedios, ya que las mediciones multidimensionales de las variables del desarrollo humano son necesarias para comprender la desigualdad. El PNUD plantea cinco mensajes clave que surgen de la exploración de las desigualdades en el siglo XXI, los cuales se analizan dado el marco anterior y teniendo como base que existen algunas desigualdades que persisten, otras se han menguado y nuevas han surgido en el siglo XXI. Todas ellas interactúan con las principales fuerzas sociales, económicas y ambientales llegando a condicionar la vida de los jóvenes actuales y la de sus hijos (PNUD, 2019b). La siguiente figura 1.1 presenta los cinco mensajes clave con algunos de los elementos principales analizados en el Informe. 24 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods Figura 1.1 Exploración de las desigualdades del desarrollo humano: cinco mensajes clave Mensaje clave n.° 1: continúan existiendo amplias disparidades en el terreno del desarrollo humano, aunque se está avanzando en la reducción de las privaciones extremas. • El Índice de Desarrollo Humano muestra una mejora asombrosa ya que muchas personas están superando la pobreza, la enfermedad y el hambre; pero aún hay grupos resagados con profundas desigualdades en todas sus capacidades. En el mundo, 600 millones de personas continuan en pobreza extrema y 1300 son pobres según el Índice de Pobreza Multidimensional, 62 millones de niños se encuentran fuera de la escuela primaria o secundaria, y 5.4 millones de niños no consiguen sobrevivir hasta los cinco años de edad. En los países de ingreso bajo, el acceso a banda ancha no alcanza una suscripción por cada 100 habitantes, mientras que en los países de ingreso alto se presentan 28 subcripciones. Dentro de los países de ingreso bajo y medio, las brechas son marcadas: 20 % de la población más pobre puede presentar la misma tasa de mortalidad infantil de un país de ingreso bajo. Mensaje clave n.° 2: está surgiendo una nueva generación de desigualdades y se observa divergencia en las capacidades aumentadas, pese a la convergencia de las básicas. • Las desigualdes en algunas capacidades básicas como la supervivencia en la primera infancia, la enseñanza primaria, el acceso a tecnología básica y la resiliencia ante las crisis recurrentes, han ido reduciéndose lentamente en la mayoría de los países, pero a este ritmo no se podrán erradicar las privaciones extremas en la salud y la educación para el año 2030. Por su parte, las desigualdades en cuanto al acceso a una atención de la salud de calidad, a una educación de alta calidad en todos los niveles, al acceso efectivo a tecnologías modernas y a la resiliencia frente a nuevas crisis desconocidas van en aumento, llegando a ser muy probable que determinen las oportunidades de las personas para desenvolverse en el siglo xxi y aprovechar las ventajas de la sociedad del conocimiento. 25 Mensaje clave n.° 3: las desigualdades se acumulan a lo largo de toda la vida, reflejando a menudo profundos desequilibrios de poder. • En las sociedades más desiguales la movilidad social tiende a ser inferior, las desigualdades pueden comenzar antes del nacimiento y volversen persistentes. La educación, la salud y el ingreso de los progenitores son determinantes en la acumulación de desigualades que pueden pasar de generación en generación. Existe una interrelación entre la desigualdad y la influencia de las élites en el poder, el círculo vicioso de la desigualdad y la exclusión de grupos de la población es resultado de las asimetrías de poder, donde las élites controlan las políticas a fin de que los resultados de desarrollo beneficien a unos pocos y la gobernanza pierda su eficacia. La desigualdad de género es una de las desigualdades más profundas del mundo ocasionada por las normas sociales, culturales y la falta de poder. Mensaje clave n.° 4: la evaluación de las desigualdades del desarrollo humano y la respuesta a este problema requieren una revolución en lo que atañe a su medición. • Las medidas sintéticas ofrecen solamente una visión parcial de la desigualdad, se requier ir más allá de los promedios y conocer, específicamente, los niveles de ingreso y condiciones de vida de determinados grupos de la población. Los datos siguen siendo escasos, pues existen limitaciones de calidad, vacíos en las estadísticas nacionales y metodologías (como por ejemplo las cuentas nacionales) que aún no son aceptadas a cabalidad en sus hipotesis. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Mensaje clave n.° 5: podemos corregir las desigualdades si actuamos ahora, antes de que los desequilibrios de poder económico se trasladen al ámbito político. • Para la lucha contra las desigualdades de las capacidades básicas y aumentadas se proponen dos grupos de políticas interdependientes, pero que puden actuar al mismo tiempo. Por un lado, las políticas dirigidas a acelerar la convergencia de las capacidades básicas, revertir la divergencia en las capacidades aumentadas y eliminar las desigualdades de género y horizontales. Por otro lado, las políticas destinadas a lograr una expansión inclusiva de los ingresos (productividad y equidad). Fuente: elaboración propia con base en datos de undp (2019b, p. 5). 26 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods Reducir las vulnerabilidades y eliminar toda forma de exclusión La Agenda 2030 y los ODS enfatizan que la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible se centre en las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y se preste especial atención a los países menos desarrollados. Se clama por erradicar las privaciones más extremas hacia el año 2030, “un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables” (Naciones Unidas, 2015b, p. 4). En este sentido, es fundamental precisar la amplitud del concepto de vulnerabilidad que se integra en la Agenda 2030 y en los ODS. Un primer referente, es el trabajo de López-Calva (2019) y Ortíz-Juárez (2012,) quienes aportan una definición de la identificación de la clase media con base en un enfoque de vulnerabilidad a la pobreza y hacen una revisión del concepto de vulnerabilidad. Los autores plantean que este concepto ha estado asociado a las políticas de desarrollo y, por ende, a las dinámicas y trampas de la pobreza. La vulnerabilidad se asocia a las inseguridades que afectan el nivel de bienestar, por lo cual las acciones sociales deben garantizar un nivel mínimo de protección intertemporal ante la presencia de riesgos como, por ejemplo, los cambios en el nivel de ingreso, y los eventos extremos relacionados con el clima, entre otros. Todo ello cobra mayor importancia dada la ausencia o imperfección de los mercados de crédito y el aseguramiento. Ahora bien, para el 2014 el PNUD publica el Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, con el cual busca profundizar sobre los factores que contribuyen a los riesgos para el desarrollo humano y las formas de construir resiliencia y dar respuesta a la pregunta por qué unas naciones pueden sufrir menos daños y recuperarse más rápidamente. Este informe aporta al análisis de la vulnerabilidad desde un enfoque de desarrollo humano, en el cual se analizan los riesgos y las amenazas que comprometen los desempeños y las libertades de las personas. La “agencia” en el sentido de Sen, sus influencias o causas y las capacidades y vulnerabilidades asociadas con el ciclo de vida, son interdependientes y también acumulativas, ya que muchas de las vulnerabilidades son estructurales desde el nacimiento y pueden ir sumándose dadas las carencias y privaciones a las que se enfrenten las personas en el transcurso de su vida y según la trayectoria en materia de capacidades, fruto de las inversiones realizadas y la relación que establezcan con el entorno. Así, se plantean dos reflexiones principales: por un lado, que las capacidades y el contexto determinan el grado de vulnerabilidad y, por otro, que la protección ante la vulnerabilidad depende de las políticas y la solidez de las instituciones. Se resalta que, cualquier fenómeno o situación adversa, puede 27 causar vulnerabilidad a cualquier persona o territorio, pero hay grupos que son mucho más vulnerables que otros, como es el caso de los pobres, sin que sea la pobreza la única expresión de la vulnerabilidad, pero si una de las más urgentes de atender debido a que se constituye como grupo estructuralmente vulnerable. En términos generales, es el género, la etnia, la raza, el tipo de trabajo o el estatus social, lo que configura o no la situación de vulnerabilidad y su nivel de resiliencia para afrontarla (figura 1.2). Por ejemplo, muchas de las personas que ingresan a la “clase media” pueden caer en la pobreza nuevamente por algún choque que afecte sus condiciones de vida o sus capacidades. Figura 1.2 Configuración de la vulnerabilidad y políticas para construir resiliencia La vulnerabilidad humana es la posibilidad de deteriorar los logros del desarrollo humano y su sostenibilidad. Una persona (comunidad o país) es vulnerable cuando existe un alto riesgo de que sus circunstancias y logros se vean deteriorados. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Quiénes son vulnerables? • • Pobres, trabajadores informales socialmente excluidos. ¿A qué son vulnerables? Crisis económicas, crisis sanitarias. Mujeres, personas con discapacidad, migrantes, minorías, niñas y niños, personas de edad, jóvenes, pueblos étnicos, personas LGBTI. Desastres naturales, cambio Comunidades enteras, regiones. Conflictos, disturbios civiles. industriales, discriminación. ¿Por qué son vulnerables? Capacidades limitadas. Ubicación, posición en la sociedad, periodos sensibles del ciclo de vida. Poca cohesión vas, gobernanza deficiente. naturales, cohesión social. Promoción de las capacidades: provisión universal de educación y servicios de salud, pleno preparación y prevención ante los desastres. Protección de las elecciones: protección social, creación de empleos, desarrollo de las competencias y la cohesión social, abordar la discriminación cambiando las leyes y normas, recuperación tras los conflictos y las crisis. Fuente: elaboración propia con base en datos del pnud (2014, pp. 21 y 32). En esta medida se concreta que la vulnerabilidad humana es la condición de las personas o de los territorios, donde sus logros se ven deteriorados o se limitan sus oportunidades de desarrollo. Son vulnerables los hogares pobres, las personas que no cuentan con un trabajo decente, las mujeres y personas con 28 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods discapacidad, las niñas y los niños, los adultos mayores, los pueblos étnicos, las personas que hacen parte de la comunidad LGTBI, así como las comunidades, regiones y países con bajo desarrollo o expuestas a riesgos sociales o ambientales. Las situaciones que afectan a las personas vulnerables están asociadas a los choques económicos, ambientales, sanitarios, a la discriminación, a los conflictos o los disturbios. Las razones que los hacen vulnerables van desde causas estructurales de privación, exclusión o injusticia que limitan sus capacidades, su ubicación o su posición en la sociedad a lo largo de su vida; debilidades que están asociadas a la gobernanza de los países en los que habitan. Situación de las poblaciones más dejadas atrás La desigualdad en el mundo y sus consecuencias en el desarrollo humano han sido analizadas por medio de indicadores como el Coeficiente de Gini, que evidencia las disparidades de los ingresos en un determinado grupo poblacional y, el Índice de Desarrollo Humano que contempla una perspectiva multidimensional del progreso a partir de tres componentes: una vida larga y saludable, la educación y un nivel de vida digno. Sin embargo, estos indicadores comúnmente se obtienen por países y aunque aportan una visión general del estado de desarrollo, ocultan contextos de crisis, estancamiento y privación al interior de los países. En este sentido, Dani Rodrik2, hace un interesante análisis sobre las brechas de ingreso entre países vs. las brechas al interior de estos. Se pregunta sobre si ¿Es mejor ser pobre en un país rico o rico en un país pobre?, resalta que es claro que una persona pobre en un país rico tiene más del doble de bienestar que una persona rica en un país pobre. Este autor analiza que, si bien en las primeras décadas de la posguerra las brechas de ingresos entre los países ricos y pobres representaron la mayor parte de la desigualdad global, desde 1980 en adelante, ha aumentado la proporción de desigualdad dentro de los países. Lucas Chancel, de la Escuela de Economía de París, menciona que la desigualdad al interior de los países representa hasta tres cuartas partes de la desigualdad global actual. Rodrik afirma que esta situación se presenta debido a dos tendencias: en primer lugar, que las regiones más rezagadas comenzaron a experimentar un crecimiento económico sustancialmente más rápido que los países ricos del mundo y, en segundo lugar, las desigualdades comenzaron a aumentar en muchas economías avanzadas, especialmente en aquellas con mercados laborales menos regulados y protecciones sociales débiles (el aumento 2 Profesor de economía política internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es autor de Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (2018). 29 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la desigualdad en los Estados Unidos ha sido tan fuerte que ya no está claro que el nivel de vida de los “pobres” estadounidenses sea más alto que el de los “ricos” en los países más menos desarrollados). Por lo anterior, en lo que respecta a los ODS y, en particular al principio “No dejar a nadie atrás”, es necesario entrar a determinar y analizar los niveles de desigualdad al interior de los países. Para este fin, se diseñó el Índice de Desarrollo Humano Subnacional (IDHS), medición que permite identificar los focos de desarrollo humano bajos al tomar los valores disponibles en tres dimensiones: educación, salud y nivel de vida, guardando correspondencia con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Los datos disponibles de esta medición se encuentran en el Global Data Lab (2019), donde puede verse que en los países de menor desarrollo existe una mayor desigualdad. En Colombia, por ejemplo, se evidencia para el año 2019 que la región central del país cuenta con mayor nivel de desarrollo en comparación con la región Pacífica, Caribe y Amazónica, territorios como Vaupés (0.639), Guainía (0.670) y Chocó (0.696) presentan el menor IDHS en comparación con Bogotá (0.813), Valle del Cauca (0.791) y Barranquilla (0.786). Otro indicador clave en este análisis es el IDH ajustado por la desigualdad al interior de las regiones y países (IDH ajustado). Por ejemplo, un país puede tener en promedio una buena cobertura de agua potable, pero al interior de este puede haber regiones, provincias, departamentos o zonas rurales apartadas sin suministro de agua potable, por lo cual se ajusta el IDH dadas las desigualdades internas. Así, hay una pérdida en materia de desarrollo humano que se hace mayor a medida que el IDH es menor. En los países de desarrollo humano bajo esta pérdida es del 31 % frente a un 10 % de los IDH más altos (PNUD, 2018a). Ahora bien, también es importante analizar la concentración del ingreso al interior de los países, ir más allá de la medición de la pobreza y examinar la composición del ingreso para la población, determinando quiénes están en condición de vulnerabilidad, ya que cualquier choqué puede ocasionar que las personas u hogares vulnerables caigan en situación de pobreza. Para la región de América Latina es posible evidenciar con base en datos del Banco Mundial a 2020, una profunda vulnerabilidad y una alta concentración de la riqueza: 32 % de la población es “vulnerable”, pues recibe entre 6.85 y 14 dólares al día, es decir que, ante cualquier choque puede caer en pobreza mientras que los “ricos” que reciben más de 81 dólares son 2 % y reciben el 15.9 % del ingreso total de la región. En Colombia, el 31 % de la población es vulnerable, el 2 % son ricos y reciben el 17.9. % del ingreso total (Banco Mundial, 2020). Por otra parte, en la sociedad existen barreras arraigadas, normas sociales y prácticas culturales de tiempo atrás, que perpetúan la exclusión de grupos de personas a los cuales se les deberían garantizar los mismos derechos y oportunidades para un ascenso social. La condición de exclusión, injusticia y maltrato 30 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods comúnmente se basa en aspectos de la identidad de una persona como es el género, la etnia, la edad, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la nacionalidad o el estado migratorio. Una de las barreras de género que determina relaciones desiguales entre mujeres y hombres es la brecha que se presenta en los aprendizajes de la ciencia y las matemáticas de las niñas desde la educación inicial. La figura 1.3 muestra los resultados de las pruebas Saber de los grados tercero, quinto, noveno y undécimo para el 2019. Las niñas obtienen menores resultados de aprendizaje en comparación con los niños, en las áreas de las matemáticas y la ciencia a medida que avanzan en el sistema educativo. En tercer grado los resultados en matemáticas prácticamente son los mismos, pero a medida que avanzan de grado, los resultados de las niñas bajan y se agranda la brecha con respecto a los niños. En quinto grado la brecha es de 0.6 %, en noveno grado es del 3.4 % y en grado undécimo finalizan la educación media con resultados de un 6.9 % por debajo a los de los niños en matemáticas y de 3.6 % en las ciencias. Estos desempeños son causa de una educación que no considera la gestión del aula con equidad y la enseñanza de estas áreas con criterios diferenciales que compensen las desventajas de las niñas, las cuales son causa de los estereotipos que, incluso desde antes del nacimiento, configuran desigualdades entre niñas y niños y se reproducen en todo su entorno (familia, comunidad, escuela, pares, sociedad). Figura 1.3 Brecha entre resultados de niñas y niños pruebas Saber Fuente: elaboración propia con base en datos del pnud (2019a). Otro tipo de discriminación está dada por la condición de identidad sexual de las personas. La comunidad LGBTI vive condiciones de maltrato, exclusión e inseguridad. El PNUD (2019a), destaca que, en Colombia, de acuerdo con Colombia Diversa y Sentido (2016), en una encuesta que realizaron en 2016 a estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTI, el 67 % afirmaron que sentían inseguridad en su colegio debido a su orientación sexual (gay, lesbiana o bisexual). 31 Finalmente, el López-Calva (2019) ha estudiado la relación entre la movilidad ascendente basada en el ingreso y el color de la piel, siendo este un claro ejemplo de cómo se restringen las oportunidades de las personas por una condición de raza o etnia. Un ejercicio realizado en México muestra que solo el 12 % de personas del grupo de color “blanco” permanecen en el mismo quintil de riqueza que sus padres, mientras que el 48 % de personas del grupo de color de piel “marrón y marrón oscuro” se quedan en el mismo nivel. De igual forma se identificó que el 51 % de las personas clasificadas como “blancas” logran pasar de la pobreza a la riqueza, solamente el 23 % de las personas pertenecientes al grupo de color de piel “marrón claro y medio” realizan este salto económico, y el 15 % de las personas que hacen parte del grupo de color de piel “marrón y marrón oscuro” pudieron tener esta movilidad por mayor ingreso. Acciones para no dejar a nadie atrás Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La integralidad de la Agenda 2030 y sus grandes desafíos parte de comprender el desarrollo en su complejidad. El reto de los países, en su mayoría, es estructural y requiere de soluciones basadas en evidencias que tengan en cuenta los contextos diversos y generen verdaderos impactos. Los ODS son una hoja de ruta para los gobiernos y el foco de acción para el desarrollo direccionado hacia el cambio estructural progresivo, siendo necesario abordarlos desde sus principios, es decir, de forma interdependiente y bajo una visión multidimensional del desarrollo, ya que, ante la insostenibilidad del mundo, se requieren respuestas complejas que aceleren el desarrollo y ayuden a compensar las desigualdades. La PNUD (2018b) identifica cinco factores que deben ser evaluados por los gobiernos para dar respuestas efectivas a los grupos más dejados atrás: discriminación, geografía, gobernanza, choques y fragilidad, y estatus socioeconómico. La discriminación es la exclusión por la identidad de la persona (género, etnia, edad, clase, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad o estado migratorio). La geografía, hace referencia al aislamiento físico y la vulnerabilidad por el lugar donde se habita. La gobernanza es la vulnerabilidad que se genera a raíz de los gobiernos ineficaces, las instituciones frágiles y corruptas, y la falta de presupuestos equitativos e impuestos regresivos. Los choques y la fragilidad están relacionados con la exposición y la vulnerabilidad por efectos del cambio climático, las emergencias económicas o de salud, la violencia, el conflicto o el desplazamiento forzado. Por último, el estatus socioeconómico se trata de la inequidad por los ingresos, el logro educativo, la esperanza de vida y, en resumen, por las oportunidades de acceso a los servicios y bienes públicos (PNUD, 2018b). 32 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods Un foco clave de acción y direccionamiento de las políticas de desarrollo es la interseccionalidad de estos cinco factores, ya que las personas más rezagadas están casi siempre afectadas por más de uno de estos elementos. Por ejemplo, las mujeres pobres e indígenas, los jóvenes desempleados pertenecientes a comunidades LGBTI, las niñas y niños migrantes abandonados, entre otros. A partir, de este análisis se destacan tres grupos de acciones que impulsan el cambio para “No dejar a nadie atrás” que deben ponerse en marcha de forma integrada, simultánea y decidida por parte de los gobiernos, estas son: examinar, empoderar y acelerar. Su alcance se presenta a continuación. Examinar La localización coherente y efectiva de la Agenda 2030 parte de conocer y entender las necesidades poblacionales. Son muchas las deficiencias en materia de datos y evidencia que dan cuenta del estado de los países y sus poblaciones en términos económicos, sociales, ambientales y culturales. Se necesita información que permita saber quiénes son los más vulnerables (los más dejados atrás), dónde están, cuáles son sus necesidades y cuál ha sido su trayectoria de vida y, por ende, las causas estructurales, subyacentes o coyunturales que los mantienen en una situación de privación y desigualdad. Para conocer a profundidad a los “más dejados atrás”, debe partirse por identificar y caracterizar a las personas o grupos pobres, vulnerables o excluidos. Para esto es necesario fortalecer los sistemas de información que apoyan la focalización de las políticas públicas y los relacionados con el acceso a servicios sociales como educación, salud, vivienda y empleo. Es preciso promover los observatorios sociales, la investigación académica y los estudios tanto cuantitativos como cualitativos, que permitan conocer a profundidad las necesidades y falencias de estas poblaciones y promover las valoraciones y evaluaciones centradas en la interseccionalidad de las desigualdades y las exclusiones. A nivel de capacidad institucional, disponibilidad y manejo de información para la toma de decisiones, es prioritario mejorar los sistemas estadísticos nacionales y vincularlos con la medición de los indicadores ODS, con el fin de poder contar con datos desagregados y evidencias para orientar las políticas y acciones de desarrollo, al iguañ que monitorear el logro de los ODS en los grupos “más dejados atrás”, así como fortalecer las capacidades de los gobiernos, la sociedad civil y los grupos de interés para recopilar y examinar datos. Empoderar Empoderar a las poblaciones “más dejadas atrás” es la otra acción determinante para lograr eliminar toda forma de exclusión. En primer lugar, todos los 33 ciudadanos deberían tener plena comprensión de sus derechos, conocer los mecanismos para hacerlos valer y las luchas históricas que se han dado para reconocerlos. La educación para la ciudadanía es clave para lograr que se dé una participación ciudadana ascendente y vinculante. Por ende, la sociedad civil tiene un rol fundamental para llegar a los “más dejados atrás”, las organizaciones de base y sus liderazgos sociales pueden convertirse en agentes de cambio y aminorar los intereses de las elites, los desequilibrios de poder y la corrupción. La comprensión de los desafíos de los ODS pasa por una participación directa de las comunidades y se dan procesos de concertación y confianza con los gobiernos y otros actores para lograr políticas legítimas y una gobernanza efectiva. El PNUD (2018b) llama la atención sobre el rol de los gobiernos en la facilitación del aprendizaje, la participación comunitaria y la creación de confianza mediante espacios inclusivos y seguros. Un camino sólido y completo para el empoderamiento ciudadano es integrar los ODS a la educación, a los procesos formativos, a la participación ciudadana y política y a la rendición de cuentas. Tener en cuenta los ODS implica adoptar el enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión, e implementar los mecanismos de los tratados de derechos humanos y el examen periódico universal (EPU). Acelerar políticas y soluciones efectivas Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible “No dejar a nadie atrás” tiene como eje central eliminar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad y la exclusión. Los gobiernos y actores del desarrollo deben asumir la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, direccionar todas sus políticas y acciones para que tengan efectos multiplicadores en el logro de los ODS, integrándolos de forma efectiva para la creación de resiliencia ante las crisis y las perturbaciones. Es clave entender los problemas de desarrollo a partir de todas las variables que los determinan: identificar los aceleradores con los cuales se puede lograr las transformaciones estructurales de forma más ágil, eficaz y eficiente; diseñar e implementar políticas y acciones multisectoriales; lograr la interacción de diversos actores y la conexión entre múltiples partes interesadas; hacer alianzas; asumir y gestionar los riesgos y, compartir todo este conocimiento entre territorios, regiones y países. La gobernanza efectiva es el cimiento necesario para superar las condiciones de pobreza y exclusión y acelerar las transformaciones estructurales en materia de desarrollo. De acuerdo con Lopez-Calva (2019), las fallas de gobernanza en la región de Latinoamérica es la causa de la creciente conflictividad. El investigador destaca que esta situación, por un lado, está ligada a la incapacidad de los actores para cooperar de manera efectiva o justa en el ámbito de las políticas, lo 34 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods cual se asocia a la debilidad institucional, a la falta de liderazgo del gobierno y a la baja valoración del sistema democrático; y por otro lado, a su incapacidad para lograr resultados de desarrollo, principalmente, en lo que respecta con el desempleo/falta de crecimiento económico, la violencia, el narcotráfico y la pobreza. De esta manera, este tercer grupo de acciones que impulsan la equidad e inclusión desde la perspectiva de los ODS, se centra en el avance de estrategias, políticas y financiamiento que consideren la superación de las brechas y exclusiones de todo tipo; en la implementación efectiva e inclusiva de los ODS y en la formulación de soluciones políticas basadas en evidencias y concertadas con los ciudadanos de forma vinculante. Conclusiones → El principio de “No dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 y los ODS resalta la urgencia de movilizar a las personas para hacer valer sus derechos humanos, ya que después de setenta años de su promulgación, aún persisten injusticias, inequidades y surgen cada día nuevas desigualdades. Cerrar las brechas y eliminar las exclusiones es un imperativo que debe guiar a los gobiernos y a la acción por el desarrollo. El núcleo de los ODS son los lineamientos de: derechos, equidad e inclusión; por lo cual acelerar su cumplimiento es una ruta correcta para el cambio. → A pesar de que se han dado grandes avances en términos de reducción de la pobreza, la falta de medios de vida y las condiciones de segregación de comunidades enteras, continúa limitando de forma estructural las oportunidades de las personas, condicionando así sus sueños e intereses y, por ende, sus desempeños individuales y en la sociedad. Eliminar la pobreza en sus múltiples dimensiones y compensar las desventajas que, incluso, desde antes del nacimiento afectan la vida de las personas, es un infaltable compromiso de los gobiernos y, más aún, de aquellos que acogen los ODS como su hoja de ruta para el desarrollo. → El Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2019) se centra en la desigualdad, reafirmando que el progreso del mundo debe analizarse más allá del ingreso, centrado en las capacidades que se consolidan desde el nacimiento y teniendo en cuenta que, muchas de las desigualdades estructurales, siguen arraigándose y surgen nuevas desigualdades ligadas a la falta de igualdad de oportunidades que limitan la libertad de las personas. El Informe resalta el rol del “poder” como el protagonista de la profunda frustración que existe por la desigualdad en el mundo, el 35 poder de unos pocos se antepone a la falta de poder de la gran mayoría y de la acción colectiva para ganar en la igualdad. → Para “No dejar a nadie atrás” la atención debe estar puesta también en la personas o grupos vulnerables y en aquellos que sufren exclusiones y privaciones. Ante cualquier choque económico, desastres naturales, ambiental o de salud, estas personas pueden verse muy afectadas. Para fortalecer la capacidad de resiliencia de los países, de los territorios y de las personas, se requiere conocer específicamente las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan, para lo cual es necesario fortalecer las instituciones y ganar solidez fiscal y macroeconómica. → Examinar, empoderar y acelerar los cambios estructurales son las tres acciones de política que, en simultánea, funcionan como motores del desarrollo con énfasis en la equidad y la inclusión. El bienestar de los grupos “más dejados atrás” va de la mano con ganar una gobernanza efectiva a partir de la cual, políticas centradas en superar la desigualdad y la exclusión desde el nacimiento, sean formuladas de manera legítima. Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Banco Mundial. (2020). LAC Equity Lab: Desigualdad - Distribución de ingresos. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/income-distribution Global Data Lab. (2019). Subnational HDI (v5.0). Disponible en: https://globaldatalab.org/shdi/maps/ López-Calva, L. (2019, 16 de mayo). No es país para mujeres indígenas, adultas mayores: el desafío de la discriminación en América Latina y el Caribe [Blog PNUD]. Disponible en: https://www.undp.org/es/latin-america/ blog/graph-for-thought/no-es-pa%C3%ADs-para-mujeres-ind%C3%ADgenas-adultas-mayores-el-desaf%C3%ADo-de-la-discriminaci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015a). Convención marco sobre el cambio climático. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1&Lang=S Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015b). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://sdgs. un.org/es/2030agenda Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres. (2017). El principio de no dejar a nadie atrás en acción. Disponible en: https://www.unwomen.org/-/ 36 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/fgeleaving-no-one-behind-in-action-2017-es.pdf?la=en&vs=5039 Ortiz-Juarez, E. y Lopez-Calva, L. (2012). Clases medias y vulnerabilidad a la pobreza en América Latina. Pensamiento Iberoamericano, (10), 49-70. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2014). Human Development Report 2014: Sustaining human progress: reducing vulnerabilities and building resilience. Disponible en: https://hdr.undp.org/content/ human-development-report-2014 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2018a). Statistical Update 2018: Human Development Indices and Indicators. Disponible en: https://bit.ly/3Pk3dIR Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2018b). What Does It Mean To Leave No One Behind? Discussion paper and framework for implementation. En: https://www.undp.org/publications/what-does-itmean-leave-no-one-behind Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019a). Agenda 2030 y los ODS: una oportunidad para la inclusión de la comunidad LGBTI. Disponbile en: https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/ blog1/2019/junio/agenda-2030-y-los-ods--una-oportunidad-para-la-inclusion-de-la-c.html Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019b). Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. Disponible en: https:// hdr.undp.org/content/human-development-report-2019 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019c). Los ODS hoy, La creciente desigualdad: un problema universal. Disponible en: https:// sdgs.undp.org/2019-inequality/es/ Lecturas recomendadas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2016). Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Disponible en: https:// repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2018a). Panorama social de América Latina. Disponible en: https://repositorio.cepal. org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2018b). Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo. Bases y propues- 37 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible ta inicial. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44019/4/S1800662_es.pdf Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2018c). La ineficiencia de la desigualdad. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/ bitstream/handle/11362/43566/4/S1800302_es.pdf Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2018a). Estado de la población mundial 2018. El poder de decidir: derechos reproductivos y transición demográfica. Disponible en: https://colombia.unfpa.org/es/publications/ estado-de-la-poblaci%C3%B3n-mundial-2018-1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2018b). Mujeres y jóvenes con discapacidad: Directrices para prestar servicios basados en derechos y con perspectiva de género para abordar la violencia basada en género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Disponible en: https://www.unfpa. org/es/publications/mujeres-y-jovenes-con-discapacidad Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2018c). Recomendaciones del Foro Permanente sobre Salud Sexual y Reproductiva y la Violencia contra Mujeres Indígenas. Avances y desafíos. Disponible en: https://www.unfpa. org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2018_ES_human_rights_report.pdf Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2019). Estado de la población mundial 2019. Un asunto pendiente. Los derechos la defensa de los derechos y la libertad de decidir de todas las personas. Disponible en: https:// www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2019). Leaving no one behind: A UNSDG operational guide for UN country teams (Interim draft). Disponible en: https://undg.org/document/leaving-no-one-behind-a-unsdgoperational-guide-for-un-country-teams-interim-draft/ Instituto Danés de Derechos Humanos. (s. f.). La guía de los derechos humanos a los ODS. Disponible en: https://sdg.humanrights.dk/es Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2017). Nuestros océanos, nuestro futuro: llamamiento a la acción. Disponible en: https://www.un.org/ga/ search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/312&Lang=S Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2018a). Global indicator framework for the Sustainable Development Goalsand targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/ indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20 refinement_Eng.pdf Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2018b). Informe sobre el cumplimiento de los ODS 2018. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/files/ report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf 38 Capítulo 1 | No dejar a nadie atrás. Derechos, equidad e inclusión como centro de los ods Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres. (2018). El progreso de las mujeres en Colombia. Disponible en. https://colombia.unwomen.org/es/ biblioteca/publicaciones/2018/10/progreso-de-las-mujeres-2018 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asamblea General (2012). El futuro que queremos. En: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2017). Brechas de género y desigualdad: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://colombia.unfpa.org/es/publications/brechas-de-g%C3%A9nero-y-desigualdad-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-los Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2020a). Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2020b). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.undp.org/content/ undp/es/home/sustainable-development-goals Puyana M., A. (2018). Desigualdad horizontal y discriminación étnica en cuatro países latinoamericanos. Revista Cepal, (125), agosto, 47-70. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43991/ RVE125_Puyana.pdf?sequence=1&isAllowed=y 39 Capítulo 2 ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? Iván Alberto Lizarazo Salcedo Introducción E l agua está conectada de manera inseparable al desarrollo de la humanidad. Sin embargo, las prácticas no sostenibles han colocado una presión intensa sobre los recursos hídricos: se estima que en el año 2030 la demanda global de agua limpia se habrá incrementado un 50 % comparada con la existente en 2018 (Bartran et al., 2018). Si se mantiene la tendencia actual, la agricultura, que actualmente consume alrededor del 70 % del uso global de agua, incrementará su demanda en 2050 en un 70 % (United Nations University - Institute for Water, Environment and Health [UNU-INWEH], 2018). Además, en muchas regiones del mundo, el agua para la producción de alimentos se utiliza de manera ineficiente (D’Odorico et al., 2020). Dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se encuentra el objetivo 6, que consiste en “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (United Nations [UN], 2015). Según algunos analistas, los avances en este objetivo específico repercuten de manera significativa en el cumplimiento de 41 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible la Agenda 2030 (Bartran, 2018). En particular, se ha planteado que la meta de garantizar el “acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos” (ODS 6.1), asegura el propósito central de la Agenda 2030, que es salud y bienestar (ODS 3) (University of Queensland, 2016). La meta clave del ODS 6 es la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) (ODS 6.5) (University of Queensland, 2016). La gestión integrada de los recursos hídricos se entiende como “un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (Global Water Partnership, 2009). La GIRH tiene un enfoque intersectorial, diseñado para remplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del agua, que ha derivado en servicios pobres y en un uso inadecuado (Global Water Partnership, 2009). Aunque el concepto de GIRH ha sido adoptado en muchos países, su operacionalización no es un asunto fácil. En particular, se ha indicado la imperiosa necesidad de implementar una perspectiva coordinada para la gestión de la tierra y del agua, bajo el entendido de que las políticas y acciones deben buscar simultáneamente la promoción del acceso equitativo —en términos de actores sociales y de género— a la tierra y al agua, y la promoción de usos y prácticas sostenibles (Global Water Partnership, 2017). En cualquier caso, una gestión integrada de los recursos hídricos permite avanzar en las otras metas del ODS 6 (University of Queensland, 2016): → Acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene (ODS 6.2). → Mejoramiento de la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción de la descarga de químicos, la reducción de aguas residuales sin tratar y el aumento sustancial del reciclado y la reutilización (ODS 6.3). → Utilización eficiente de los recursos hídricos y aseguramiento de la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce, lo mismo que la reducción del número de personas que sufren de escasez de agua (ODS 6.4). → Protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos (ODS 6.6). Adicionalmente, se ha indicado que los medios específicos de implementación relacionados con cooperación y capacidad (ODS 6a) y participación local (ODS 6b) son cruciales para permitir la obtención de todas las metas del ODS 6 (University of Queensland, 2016). En el reporte de avance de la Agenda 2030, publicado por Naciones Unidas en 2018, se indica que el mundo no está avanzando lo suficiente para cumplir el 42 Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? 6 (UN, 2018). En particular, se afirma que mientras no se realicen esfuerzos serios por territorializar la Agenda 2030, no será posible implementar acciones que permitan avanzar de manera significativa en los ODS (UN, 2018). Se entiende por territorialización el proceso mediante el cual los actores territoriales se apropian de los compromisos de la agenda y visibilizan la implementación de estrategias y acciones para avanzar en el cumplimiento de los objetivos (United Cities and Local Governments [UCLG], 2019). Territorializar es tener en cuenta los contextos subnacionales, tanto regionales como locales, a la hora de definir prioridades y de establecer indicadores. En Latinoamérica, en donde se concentra el 28 % de los recursos hídricos del planeta (IDEAM, 2018), la situación del ODS 6 es la siguiente1: → 37 millones de latinoamericanos carecen de acceso al agua potable. → 110 millones de latinoamericanos no tienen acceso al saneamiento. → Haití, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia son los países de la región con los menores índices de acceso al agua potable. → Para 2050, se estima que el consumo de agua asociado al incremento de la energía eléctrica se elevará en un 360 %. ODS En Colombia, que tiene el 5 % de los recursos hídricos mundiales (IDEAM, 2019), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) reportó los siguientes avances en el 20182: → 6.9 millones de personas accedieron a agua potable y 7.5 millones al saneamiento por primera vez. → Entre 2011 y 2016 se presentó una reducción aproximada del 42 % en las pérdidas de agua en los sistemas de acueducto. Por otra parte, de acuerdo con los reportes nacionales sobre la gestión integrada de los recursos hídricos recolectados por la United Nations Environment Programme (UNEP) - DHI Center (2018), Colombia se ubicó en 2017 en un modesto puesto 70, entre un total de 172 países que reportaron datos (tabla 2.1). En dicho escalafón, los cinco países con mejor gestión del agua son los siguientes: 1) Francia (100 puntos), 2) Singapur (100 puntos), 3) Japón (94 puntos), 4) Holanda (93 puntos) y 5) Dinamarca (93 puntos). Colombia (50 puntos) se ubica en el puesto 70 como el tercer mejor país latinoamericano, luego de Cuba (80 puntos) y Brasil (51 puntos). En el nuevo reporte de la UNEPDHI, actualizado en 2020, el puntaje de Colombia subió a 57 puntos3. 1 http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/agua/ 2 https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Noticias/Rendicion_nacional_voluntaria_ ODS_2018.aspx 3 https://www.sdg6data.org/tables 43 Tabla 2.1. Escalafón de gestión integrada de recursos hídricos Country name Ranking Final IWRM Score Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Average Average Average Average Enabling Environment Institutions and participation Management instruments Financing Mozambique 60 55 62 75 42 40 Italy 61 55 60 61 51 46 Tunisia 62 55 67 53 58 40 Senegal 63 53 60 66 49 38 Mali 64 53 58 60 59 36 Swaziland 65 53 65 69 52 24 Kenya 66 53 63 59 48 40 Iceland 67 52 28 70 75 35 Philippines 68 51 64 53 52 37 Brazil 69 51 60 64 44 34 Colombia 70 50 55 55 53 38 United Republic of Tanzania 71 50 57 55 40 50 Bangladesh 72 50 50 49 56 45 Pakistan 73 50 67 51 41 40 Fuente: Integrated Water Resources Management - United Nations Environment Programme - dhi Center (iwrm-unep-dhi, 2018). Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Aunque es destacable que el Gobierno colombiano, por medio del DNP, haya reportado voluntariamente los avances de nuestro país en el cumplimiento de la Agenda 2030, es importante resaltar que dicho reporte no presenta una línea base de información georreferenciada sobre los diferentes indicadores. En la página web dispuesta para monitorear el progreso en la Agenda 20304, la mayoría de los indicadores se encuentran reportados a nivel departamental, es decir, agregados por dichas entidades político-administrativas. En el caso del ODS 6, el reporte del DNP sobre las metas agua potable (ODS 6.1) y saneamiento e higiene (ODS 6.2) refleja el gran rezago que tienen Chocó y La Guajira comparados con otros departamentos. 4 44 https://www.ods.gov.co/ Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? La georreferenciación de la información constituye, en opinión del autor, un requerimiento esencial para territorializar los ODS, entendida dicha acción como una forma de “poner en el centro del desarrollo sostenible a los territorios y las prioridades, necesidades y recursos de sus habitantes” (UN, 2018). La mejor información disponible sobre el estado de los recursos hídricos de Colombia está consignada en las tres entregas del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2011; 2015; 2019). Estos estudios representan un acumulado de información y conocimiento científico. Llama la atención que el DNP no haya incluido en su reporte la información georreferenciada producida por el IDEAM. A nivel global, por otra parte, existen diferentes fuentes de información sobre el recurso agua. Una de ellas, publicada recientemente, es el denominado Atlas del Riesgo Global del Agua (Arga) (World Resources Institute [WRI], 2019). El objetivo de este capítulo es establecer en qué medida los datos obtenidos en el Estudio Nacional del Agua 2018 son suficientes para la construcción de la línea base de información necesaria para territorializar el ODS 6. Adicionalmente, busca explorar la utilidad de los datos incluidos en el Arga para complementar los estudios nacionales. Estudio Nacional del Agua 2018 El IDEAM presentó, en marzo de 2019, el Estudio Nacional del Agua (ENA) (2018), insumo científico de vital importancia para el desarrollo y la productividad del país (IDEAM, 2019). Este trabajo complementa los estudios realizados en 2010 (IDEAM, 2011) y 2014 (IDEAM, 2015). El aporte principal del ENA 2018 es el suministro de información georreferenciada sobre la oferta, la demanda, la calidad, el riesgo, las respuestas hidrológicas a la variabilidad climática, las aguas subterráneas y la huella hídrica. En particular, este estudio proporciona una evaluación integrada del agua, en la cual se categoriza el grado o nivel de criticidad de las subzonas hidrográficas teniendo en cuenta seis factores (IDEAM, 2019): 1. La variabilidad de la oferta hídrica en condición extrema de año seco (P1). 2. La variabilidad del recurso hídrico en condiciones extremas a partir de las presiones sobre la oferta hídrica natural, condición hidrológica de año seco (índice de uso de agua - IUA) y variabilidad de esta oferta natural en esta condición extrema (P2). 3. El índice de presión hídrica sobre los ecosistemas (IPHE) (P3). 4. El índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), en condiciones de oferta hídrica año seco (P4). 5. La erosión hídrica potencial en ladera de sedimentos (P5). 45 6. El porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables (P6). Es importante mencionar que, al momento de escribir este capítulo (mediados de septiembre de 2021), los datos georreferenciados del ENA 2018 no estaban todavía disponibles al público en el geoportal institucional de IDEAM5. La figura 2.1 muestra el esquema metodológico utilizado por el IDEAM (2019) para realizar la evaluación integrada del agua y categorizar las subzonas hidrográficas (SZH). Figura 2.1. Esquema metodológico para la evaluación integral de subzonas hidrográficas Fuente: elaboración propia con base en datos del ideam (2019). Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La ponderación de los factores P1 a P6 para obtener el índice integrado (AI) se realizó usando la siguiente expresión empírica definida en panel de expertos (IDEAM, 2019): AI=0.25*P1+0.25*P2+0.25*P3+0.10*P4+ 0.05*PP5+0.10*P6 (1) La ecuación (1) se aplicó a cada una de las SZH (estandarizando el resultado) y el resultado se complementó con un valor adicional para aquellas SZH en las cuales se descargan mercurio y otros contaminantes químicos a los sistemas hídricos (IDEAM, 2019). La tabla 2.2 muestra las categorías utilizadas en el análisis integrado de SZH. 5 46 http://www.ideam.gov.co/capas-geo Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? Tabla 2.2. Categorías utilizadas en el análisis integral de subzonas hidrográficas Categorías del modelo integrado Muy alto > 0.93 Alto 0.74 a 0.92 Medio 0.59 a 0.73 Bajo 0.48 a 0.58 Muy bajo <= 0.47 Fuente: elaboración propia con base en datos del ideam (2019). El mapa de la figura 2.2 muestra los resultados de la evaluación integrada del agua e ilustra las subzonas hidrográficas con diferentes grados de criticidad (IDEAM, 2019). Los aportes en información del ENA 2018 son un referente valioso sobre el estado físico de los recursos hídricos en Colombia. La evaluación integral del agua por subzonas hidrográficas es particularmente importante para determinar cuáles zonas del territorio colombiano requieren mayor seguimiento y atención. Sin embargo, dicha evaluación tiene una limitación importante, en cuanto no considera todas las metas contempladas en el ODS 6. En particular, no tiene en cuenta acceso al agua (ODS 6.1) ni acceso a servicios de saneamiento e higiene (ODS 6.2). Esta ausencia es notoria si tenemos en cuenta que el desempeño de nuestro país en esos dos objetivos es bastante pobre. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice Nacional de Salud 2020, elaborado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud con base en datos oficiales, por cada 100 personas que viven en el área rural en Colombia, 46 tienen acceso a agua potable y 76 a servicios básicos de saneamiento (Así Vamos en Salud, 2020). Al no tener en cuenta las metas ODS indicadas, el indicador integral del agua del ENA 2018 no representa cabalmente el estado de la gestión integrada de los recursos hídricos (ODS 6.5), que, como se ha dicho, representa la meta clave para asegurar el cumplimiento de las otras metas asociadas al ODS 6 (UN Water, 2016). Atlas del Riesgo Global del Agua El Arga utiliza un índice que combina diferentes riesgos asociados al recurso hídrico en tres niveles jerárquicos, tal como se muestra en la figura 2.3 (WRI, 2019). Se usan 13 indicadores individuales, organizados en tres grupos, cantidad, calidad y regulatoria, los cuales son combinados en un índice agregado de riesgo hídrico. 47 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Figura 2.2. Evaluación integrada del agua por subzona hidrográfica en 2018 Fuente: elaboración propia con base en datos del ideam (2019). 48 Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? Figura 2.3. Esquema de evaluación integrada del riesgo hídrico Estrés hídrico Reducción de agua Variabilidad interanual Vertimiento aguas no tratadas Variabilidad estacional Eutroficación costera Reducción nivel freático Inundación costera Población sin acceso a agua potable Población sin acceso a saneamiento Sequía Indice de riesgo regulatorio Inundación ribereña Riesgo físico Cantidad Riesgo físico Calidad Riesgo regulatorio y reputacional ÍNDICE AGREGADO DE RIESGO HÍDRICO Fuente: elaboración propia con base en datos de wri (2019). Las unidades espaciales utilizadas en la obtención de Arga corresponden al nivel 6 del conjunto de datos HydroBASINS (Lehner y Grill, 2013). El valor 2 de mediana del área de dichas unidades es 5.318 km (aproximadamente tres veces el tamaño de Bogotá). Los trece indicadores de riesgo son los siguientes (WRI, 2019): Grupo 1. Riesgo físico asociado a cantidad de agua R1. Estrés hídrico de base (amenaza). R2. Reducción de agua (amenaza). R3. Variabilidad interanual (amenaza). R4. Variabilidad estacional (amenaza). R5. Descenso del nivel freático (amenaza). R6. Riesgo de inundación ribereña (amenaza, exposición y vulnerabilidad). R7. Riesgo de inundación costera (amenaza, exposición y vulnerabilidad). R8. Riesgo de sequía (amenaza, exposición y vulnerabilidad). Grupo 2. Riesgo físico asociado a calidad de agua R9. Vertimiento de aguas negras sin tratar (amenaza). R10. Eutrofización costera potencial (amenaza). Grupo 3. Riesgo regulatorio y reputacional R11. Población sin acceso a agua potable (amenaza). 49 R12. Población sin acceso a saneamiento básico (amenaza). R13. Reputación ambiental y social (amenaza). La figura 2.4 muestra un mapa con la evaluación del componente 11, porcentaje de población sin acceso a agua potable (ODS 6.1), correspondiente al 2015, de acuerdo con los datos del Arga. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Figura 2.4. Porcentaje de población sin acceso a agua potable en 2015 Fuente: elaboración propia con base en datos de wri (2019). 50 Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? La figura 2.5 muestra la evaluación del componente 12, porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico (ODS 6.2), correspondiente al 2015, de acuerdo con los datos del Arga. Figura 2.5. Porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico en 2015 Fuente: elaboración propia con base en datos de WRI (2019). La figura 2.6 muestra la evaluación del índice agregado de riesgo hídrico (ODS 6.5), correspondiente al 2015, de acuerdo con los datos del Arga. 51 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Figura 2.6. Índice agregado de riesgo hídrico en 2015 Fuente: elaboración propia con base en datos de wri (2019). En la figura 2.6 se puede observar que las subzonas hidrográficas ubicadas en el nivel de riesgo hídrico alto son las siguientes: 1) río Ranchería, 2) Alta Guajira, 3) Ciénaga Grande de Santa Marta y 4) Bajo Magdalena-Canal del Dique. En la categoría de riesgo hídrico medio se encuentran las siguientes zonas hidrográficas: → Región Caribe: 1) río Carraipía-Paraguachón; 2) Golfo de Morrosquillo; y 3) Bajo Sinú, Medio Sinú y Alto Sinú-Urrao. 52 Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? → Región Orinoquia: 1) río Arauca y 2) río Meta. → Región Pacífico: 1) río Tapaje-Dagua, 2) río Patía-Bajo y 3) río Mira. La base de datos del Arga, también conocida como Aqueduct 3.0 (WRI, 2019), proporciona un indicador agregado de riesgo hídrico por subzona hidrográfica. Este indicador representa la evaluación de tres componentes: 1) la cantidad de agua disponible, 2) la calidad del agua y 3) el acceso de la población a servicios de agua potable y de saneamiento. Este último componente representa un tema complementario a los temas representados en el ENA 2018, que se considera esencial para construir la línea base del ODS 6. El indicador agregado de riesgo hídrico es esencialmente un índice espacializado de la gestión del recurso hídrico, el cual permite identificar aquellas zonas y subzonas hidrográficas que requieren mayor atención y en donde se deberían focalizar los esfuerzos para mejorar los diferentes indicadores y atender a la población más vulnerable. Es importante mencionar que el autor de este capítulo no realizó un análisis exhaustivo de la incertidumbre asociada a la base de datos de Arga. Dicha evaluación es necesaria para poder establecer una posible ruta de articulación de los datos Arga con los datos obtenidos en el ENA. Igualmente, en el caso de que las entidades gubernamentales involucradas en la gestión del recurso hídrico consideren conveniente dicha articulación, es necesario armonizar las unidades espaciales, es decir, las subzonas hidrográficas, utilizadas en los dos estudios mencionados. Es pertinente realizar una última reflexión. El cumplimiento de los ODS no es una tarea sencilla. Las metas del ODS 6 no solamente están interrelacionadas (UN Water, 2018), sino que pueden ser difusas o contradictorias y representar retos complejos (Sultana, 2018; Global Water Partnership, 2009). Por ejemplo, acciones realizadas para avanzar en las metas de agua limpia y saneamiento para todos pueden tener consecuencias no deseadas para la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional o la seguridad energética, y, en algunos casos, pueden exacerbar la degradación ambiental (Unesco et al., 2019). En opinión del autor, la territorialización del ODS 6 pasa por la definición o adaptación de un indicador espacial de gestión integrada de los recursos hídricos (ODS 6.5) similar al proporcionado por el Arga. La existencia de información georreferenciada sobre el estado de gestión de cada subzona geográfica, disponible en el ENA, complementada con datos del Atlas de Riesgo Global, permite que el Gobierno, a nivel nacional, departamental y local, considere de manera cuidadosa cómo se están usando los recursos hídricos por parte de los diferentes sectores de la sociedad, y puede contribuir a tomar decisiones que regulen el uso del agua por los diferentes sectores económicos. 53 Finalmente, para avanzar en serio en la territorialización de la Agenda 2030, los gobiernos deben adoptar una perspectiva participatoria e inclusiva que involucre, en todos los niveles, a todos los actores sociales y económicos que usan los recursos hídricos o que pueden protegerlos o contaminarlos, de manera que la gobernanza del agua y de la tierra se pueda realizar de manera coordinada, equitativa y sostenible (UN Water, 2018). Conclusiones 1. Los datos de los estudios nacionales del agua, en particular ENA 2018, representan una contribución valiosa a la construcción de la línea base de información requerida para territorializar el ODS 6. Sin embargo, dichos datos no son suficientes. 2. Los datos del Arga representan indicadores que son útiles para reportar avances en el ODS 6, en particular para tener indicadores espaciales relacionados con las metas ODS 6.1, ODS 6.2 y ODS 6.5. 3. La conveniencia de utilizar el índice agregado de riesgo hídrico, proporcionado por el Atlas Global, como indicador para reportar el avance en la gestión de recursos hídricos por SZH, requiere una evaluación rigurosa de su nivel de calidad y una armonización de las unidades espaciales utilizadas en los dos estudios reportados en este capítulo. Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Bartran, J., Brocklehurst, C., Bradley, D., Muller, M. y Evans, B. (2018). Policy review of the means of implementation targets and indicators for the sustainable development goal for water and sanitation. NPJ Clean Water, 3(1). Centro de Pensamiento, Así vamos en Salud. 2020. Índice Nacional de Salud. Disponible en: https://www.asivamosensalud.org/sites/default/files/indice_asi_vamos_en_salud_2020_final_vf_1.pdf D’Odorico, P., Chiarelli, D. D., Rosa, L., Bini, A., Zilberman, D. y Rulli, M. C. (2020). The global value of water in agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(36), 456-531. Global Water Partnership (2009). A handbook for integrated water resources management in basins. Global Water Partnership-International Network of Basin Organizations. Global Water Partnership (2017). Coordinating land and water governance for food security and gender equality. TEC Background Papers. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2011). Estudio Nacional del Agua 2010. Bogotá: IDEAM. 54 Capítulo 2 | ¿Existe una línea base de información para territorializar el objetivo de desarrollo sostenible “Agua limpia y saneamiento” para todos en Colombia? Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2015). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá: IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. Bogotá: IDEAM. Lehner, B. y Grill G. (2013). Global river hydrography and network routing: Baseline data and new approaches to study the world’s large river systems. Hydrological Processes, 27(15), 2171-2186. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), UN Water, Uneca y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2019). Water, crucial for achieving SDGs in review at the UN High-Level Political Forum (HLPF). Policy Brief. Sultana, F. (2018). An (other) geographical critique of development and SDGs. Dialogues in Human Geography, 8(2), 186-190. University of Queensland (2016). Achieving the UN Sustainable Development Goals for water and beyond. Discussion Paper. United Cities and Local Governments (UCLG), 2019. Towards the localization of the SDGs. Local and Regional Governments Report to the 2019 HLPF. 3rd Report. United Nations (UN). (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly. Disponible en: https://sdgs.un.org/2030agenda United Nations (UN) Water. (2016). Water and sanitation interlinkages across the 2030 agenda for sustainable development. Disponible en: https://www.unwater.org/publications/water-and-sanitation-interlinkages-across-2030-agenda-sustainable-development United Nations (UN) Water. (2018). Sustainable Development Goal 6, Synthesis Report 2018 on water and sanitation. Executive Summary. Disponible en: https://www.unwater.org/publications/sdg-6-synthesis-report-2018-water-and-sanitation United Nations Environment Programme - Centre for Water and Environment (UNEP-DHI). (2018). 2018: Status Report-SDG Indicator 6.5.1. Disponible en: https://www.unep.org/resources/other-evaluation-reportsdocuments/ mid-term-evaluation-unep-dhi-centre-water-and University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH). (2018). SDG Support Decision System. Disponible en: https://sdg.iisd.org/news/unuiweh-rolls-out-monitoring-system-on-water-related-sdgs/ World Resources Institute (WRI). (2019). Aqueduct 3.0: Updated decision-relevant global water risk indicators. Disponible en: https://www.wri.org/research/ aqueduct-30-updated-decision-relevant-global-water-risk-indicators 55 Capítulo 3 Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia Juan Pablo Centeno Cachopo Introducción E l avance del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación está estrechamente ligado con el desarrollo y los discursos sobre dicho avance. Bien sea por su contribución a la productividad y la industrialización (Romer, 1990), por su potencial para reducir la desigualdad (Cozzens, 2010) o incluso por sus posibles contribuciones al desarrollo humano (Arocena y Sutz, 2014), las políticas de innovación se han convertido en aspectos centrales para el crecimiento económico y el desarrollo de los países. Ahora bien, las concepciones que se tengan acerca de la ciencia, la innovación y el desarrollo determinan qué tipo de políticas e instrumentos se adoptan para el abordaje de los grandes retos propios del desarrollo que aquejan a las sociedades. Tal es el caso de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sugieren una reinterpretación del desarrollo en la que la forma en que se aborden dichos retos importa, más allá del logro efectivo de los fines que se planteen como agenda de desarrollo. En ese sentido, no basta ya con fortalecer el crecimiento económico y reducir la pobreza, sino que esto 57 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible debe alcanzarse con observancia del uso sostenible de los recursos naturales y de la inclusión de los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, la pretensión de universalidad de la Agenda 2030 —como de cualquier otra agenda de desarrollo—, la voluntad política de los distintos niveles de gobierno para la implementación de esta, así como los recursos disponibles para tal propósito suponen retos que merecen una discusión crítica, si lo que se quiere es viabilizar acciones conducentes al desarrollo sostenible en Colombia. En este contexto, el conocimiento y la innovación juegan un papel central sobre la forma en que se avanza hacia la solución de dichos retos, en tanto estos pueden determinar en qué medida las acciones ideadas para su abordaje son sostenibles o no, y pueden incluso marcar el éxito o fracaso de ellas. Dichos retos son de particular importancia si se considera que el desarrollo sostenible, como una postura normativa para un mejor estado de las cosas, implica repensar el concepto de innovación desde perspectivas analíticas mucho más amplias y flexibles (Smith, Voß y Grin, 2010). En ese sentido, el propósito de este capítulo es reflexionar sobre cómo pueden la gobernanza del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación contribuir a la implementación de la Agenda 2030 en Colombia. Para esto, en la primera sección se repasa el potencial que tienen el conocimiento y la innovación, así como las políticas para su fomento, como vehículo para el logro de los ODS. En la segunda sección se hace un recuento de los instrumentos y políticas de innovación que ha diseñado el Gobierno nacional de Colombia con el propósito de contribuir a la implementación de la Agenda 2030. En la tercera sección se proponen algunos apuntes críticos sobre los ODS como agenda de desarrollo global y las tensiones que su implementación supone en países en desarrollo como Colombia. Finalmente, la cuarta sección examina algunos de los retos y oportunidades que enfrenta el país para el diseño y la implementación de una política de innovación transformativa que contribuya a abordar grandes desafíos sociales y ambientales, como los que sugiere la Agenda 2030. Así, el capítulo aporta elementos de reflexión para el debate y el diseño de políticas de fomento a la generación de conocimiento e innovación que faciliten el abordaje de los retos de sostenibilidad en Colombia. El potencial de las políticas de innovación para el logro de los ods La ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) son ampliamente reconocidas como mecanismos para el desarrollo. En ese sentido, la orientación de las políticas de innovación depende en gran medida, no solo de la concepción 58 1 Capítulo 3 | Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia misma que se tenga sobre la ciencia, sino también de la noción predominante de desarrollo (Arocena y Sutz, 2014). Son varias las perspectivas de políticas de innovación en relación con su contribución al desarrollo, particularmente en economías emergentes (Kuhlman y Ordóñez-Matamoros, 2017): en general, las políticas de innovación bien pueden orientarse hacia la promoción de la competitividad y el crecimiento económico o hacia el desarrollo humano y social (Cozzens et al., 2008; Arocena y Sutz, 2014). En un primer momento, la CTeI fue vista como un mecanismo de apoyo al crecimiento económico, ignorando las externalidades negativas que su avance pudiese tener en la sociedad y el medio ambiente (Schot y Steinmueller, 2018). En efecto, esto es evidente ya que las políticas de CTeI no necesariamente contribuyen de manera directa al desarrollo de la innovación y, luego, al desarrollo socioeconómico, sino que este proceso es de naturaleza compleja e involucra a distintos actores que interactúan en sistemas sectoriales (Lundvall, 1992; Edquist, 1997). Tendencias recientes en estudios de innovación plantean la noción de políticas de innovación transformativas como respuesta a los grandes retos que supone la transición a la sostenibilidad y el logro de los ODS (Schot y Steinmueller, 2018). Aquí, la transición es entendida como un cambio profundo en los regímenes de producción y consumo insostenibles que caracterizan a las economías modernas (Weber y Rohracher, 2012), a una escala de funciones sociales sistémicas que involucran, no solo cambios tecnológicos, sino también cambios en el comportamiento de las personas, es decir, cambios a nivel de los regímenes sociotécnicos (Geels et al., 2004; Steward, 2012). Este tipo de innovación sistémica, cuyo propósito es el desarrollo inclusivo1, supone una interpretación mucho más amplia del tipo de conocimiento que es fomentado a través de las políticas de innovación: más allá del conocimiento tecno-científico y académico, cobra especial relevancia el conocimiento coproducido por la sociedad y las comunidades, basado en la práctica y el contexto específico (Steward, 2012; Kuhlman y Ordóñez-Matamoros, 2017). Como destacan Chavarro et al. (2017), la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas afirma que la ciencia puede contribuir a los ODS en tanto esta: → Construye las bases necesarias para “identificar, clarificar y enfrentar retos globales para el futuro”. → Ofrece un mecanismo para cruzar las “barreras nacionales, culturales y mentales”, lo cual es necesario para trabajar colaborativamente en los retos de desarrollo sostenible. Ver: ocde. (2015). Innovation Policies for Inclusive Growth. París: oecd Publishing. doi:https://dx.doi.org/10.1787/9789264229488-en 59 → Mediante la alfabetización científica, provee la educación y ayuda a crear capacidades para utilizar la ciencia en la solución de problemas cotidianos. → Puede fortalecer prácticas democráticas si es tratada como un bien público. → Gracias a su capacidad para integrar conocimiento de distintas disciplinas, ayuda a enfrentar retos que son interdependientes (p. ej., pobreza, crecimiento económico, agua potable y energía limpia). → Provee evidencia para formular política pública de CTeI y para interrelacionar las otras políticas públicas. → Ayuda a monitorear el progreso en los distintos objetivos de desarrollo sostenible. → La educación con fuerte componente científico prepara a las sociedades para responder creativamente a los desafíos que se les presenta. (Chavarro et al., 2017, p. 20) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En suma, vincular la CTeI con la práctica del desarrollo y el logro de los ODS implica pasar del énfasis en los sistemas tecnológicos y de innovación al énfasis en los sistemas sociotécnicos, considerando la interacción sociedad-tecnología para aproximarse a las problemáticas sociales. Los grandes retos sociales y ambientales, varios de ellos recogidos por los ODS, son heterogéneos, multicausales y complejos, de manera que las políticas de innovación deben adoptar nuevas racionalidades e instrumentos para su abordaje (Kuhlmann y Rip, 2018). Estos nuevos enfoques de política de innovación ofrecen elementos teóricos útiles para orientar la formulación de mecanismos redistributivos dentro de dichos sistemas sociotécnicos, conducentes a la reducción de la desigualdad y adoptando el desarrollo humano como uno de sus propósitos centrales (Cozzens, 2010; Arocena y Sutz, 2014). Avances en Colombia en materia de políticas de innovación para los ods La preocupación por el papel de la política de innovación para el logro de los ODS en Colombia se ha manifestado a través de distintas iniciativas gubernamentales. Como se describe en el capítulo introductorio del presente libro, una de estas iniciativas es la formulación del documento Conpes 3918 de 2018, en el que se define una “estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, en el cual se involucra al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación como uno de los organismos del Gobierno encargados de su implementación, y en el que se desarrolló lo 60 Capítulo 3 | Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia relacionado con la implementación del ODS 9, “Industria, innovación e infraestructura”, y en el cual se definen las “alianzas para el conocimiento” como una de las formas de intervención a fomentar dentro de los objetivos específicos del documento de política mencionado. Reconociendo el papel protagónico del conocimiento en la implementación de la Agenda 2030, este Conpes propone la creación de una red de actores —academia, sociedad civil, empresa, Estado— con el propósito de “compartir y difundir todo el conocimiento generado para el desarrollo sostenible” (p. 55). Un intento explícito por diseñar una política de innovación orientada hacia los ODS fue aquel contenido en el denominado Libro verde 2030: Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible. Este define los ODS como ámbito para la transformación sociotécnica hacia la sostenibilidad, una sostenibilidad que implica un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental (Gallopín, 2001), y en la que cada ODS tiene una funcionalidad en relación con los demás, como ilustra la figura 3.1. La sostenibilidad representa la forma en que interactúan los ODS: un grupo de objetivos que funge como conjunto de espacios o sistemas que proveen servicios y bienes públicos básicos y desde los cuales puede empezar a pensarse en un uso sostenible de los recursos; otro grupo de objetivos que sirve como direcciones transversales y orienta la operación de los primeros hacia determinados propósitos; y dos ODS que sirven como determinantes de condiciones marco del entorno para habilitar el funcionamiento de los demás, todo esto adoptando elementos de tres marcos de política de innovación distintos: el de innovación para el crecimiento (marco 1), sistemas nacionales de innovación (marco 2) y cambio transformativo (marco 3) (Schot y Steinmueller, 2018). El Libro verde se propuso incorporar un enfoque transformativo (marco 3) (Schot y Steinmueller, 2018) en la política de CTeI en Colombia, con el fin de orientarla hacia la solución de problemáticas sociales, ambientales y económicas. Sin embargo, múltiples factores han dificultado la implementación de este documento de política al día de hoy (Ordóñez-Matamoros et al., 2021). Un intento mucho más tímido hace el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incluye un capítulo específico dedicado a la CTeI como eje de acción y el cual estipula que sus objetivos se alinean con los ODS 4 (educación), 8 (trabajo), 9 (innovación), 16 (paz) y 17 (alianzas). Allí, sin embargo, no se define cómo se aportaría a dichos objetivos a través de las estrategias de CTeI planteadas, no se hace mención a cómo se podría operacionalizar el Libro verde, ni se desarrolla la noción de innovación transformativa como enfoque orientador de la política. Ahora bien, no es que la preocupación por los retos sociales y ambientales sea nueva para la política de innovación en Colombia. Otros programas públicos, tanto previos como actuales, han buscado, desde el punto de vista 61 de la apropiación social del conocimiento, fomentar el uso del conocimiento local para la solución de problemáticas territoriales, implementar proyectos de innovación social como herramienta para el desarrollo alternativo e intermediar entre distintos actores y saberes para el abordaje de problemas comunes. Todo ello con el fin último de contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible (Salazar et al., 2014). Figura 3.1. Abordaje de los ods mediante la política de innovación transformativa CONDICIONES MARCO 16 PAZ, JUSTICIA 17 ALIANZAS PARA E INSTITUCIONES SÓLIDAS LOGRAR LOS OBJETIVOS SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS QUE PROVEEN BIENES O SERVICIOS O PROTEGEN RECURSOS 9 INDUSTRIA, Y SALUD INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 4 EDUCACIÓN 11 CIUDADES Y DE CALIDAD COMUNIDADES SOSTENIBLES 6 AGUA LIMPIA 14 VIDA Y SANEAMIENTO SUBMARINA 7ENERGÍA 15 VIDA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DIRECCIONES TRANSVERSALES ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN 3 BIENESTAR 1FIN 2HAMBRE DE LA POBREZA CERO 5 IGUALDAD 8 10 TRABAJO DECENTE REDUCCIÓN DE LAS DE GÉNERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DESIGUALDADES 12 PRODUCCIÓN 13 ACCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES POR EL CLIMA MARCO 3 CAMBIO TRANSFORMATIVO MARCO 2 SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN MARCO 1 I + D Y REGULACIÓN Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Fuente: Minciencias (2019, p. 39). El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno nacional y la otrora guerrilla de las Farc es una ventana de oportunidad para el escalamiento e impulso de iniciativas con vocación transformativa que contribuyan al desarrollo inclusivo en Colombia. Por ejemplo, varios proyectos productivos e iniciativas territoriales de excombatientes cuentan con potencial transformativo, en tanto suponen un cambio radical en el estado de cosas: de un escenario antes caracterizado por entornos altamente excluyentes y violentos, a uno en el que la creatividad y el conocimiento local contribuyen a la construcción de paz y al desarrollo territorial (Ordóñez-Matamoros et al., 2018; Balanzó et al., 2020). 62 Capítulo 3 | Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia ¿Qué agenda de innovación y desarrollo implementar en Colombia? Apuntes críticos sobre los ods Como se mencionó anteriormente, la Agenda 2030 de desarrollo sostenible incluye la innovación como uno de sus ejes principales (ODS 9), reconociendo la importancia que el conocimiento, la tecnología y la innovación tienen para el propósito de lograr dichos objetivos trazadores. Como parte de sus esfuerzos por implementar el ODS 9, el Gobierno nacional se propuso en el Conpes 3918 aumentar la cobertura de internet al 100 % en todo el territorio nacional a 20302. No obstante, en países como Colombia, en los que la pobreza, la desigualdad y el acceso a bienes y servicios básicos siguen siendo retos del día a día, se hace necesario repensar la forma en la que se aborda este tipo de problemas públicos persistentes, problemas que por su carácter continuo requieren miradas alternativas a las soluciones tradicionalmente ideadas por el mercado. ¿Cómo armonizar estas pretensiones en un país cuyos territorios aún tienen un limitado acceso a bienes y servicios públicos básicos? Una cuestión crítica aquí tiene que ver con qué tipo de conocimiento y qué tipo de innovación se requieren para el desarrollo inclusivo y sostenible, e incluso para la paz, en el caso del contexto colombiano. Es aquí donde el uso intensivo del conocimiento, la innovación y la creatividad locales emergen como elementos útiles para fomentar las necesarias aproximaciones alternativas a dichos problemas (Kuhlman y Ordóñez-Matamoros, 2017), en los que la satisfacción de las necesidades básicas a nivel territorial implica el fomento del conocimiento situado, local, co-construido y orientado a problemas, además del conocimiento experto-técnico-científico-académico. No obstante, la noción de CTeI en la Agenda 2030 no está libre de controversia. Irónicamente, esta interpreta la tecnología y la innovación como mecanismos que pueden contribuir a un desarrollo basado en la industrialización. En efecto, según la Agenda “(e)l progreso tecnológico debe estar en la base de los esfuerzos para alcanzar los objetivos medioambientales, como el aumento de los recursos y la eficiencia energética. Sin tecnología e innovación, la industrialización no ocurrirá, y sin industrialización, no habrá desarrollo”3. Si bien esta cita reconoce el potencial de la tecnología para fines medioambientales, la discusión debe centrarse también en los medios, que son vistos aquí como, por ejemplo, el aumento de recursos. En ese sentido, vale la pena cuestionar 2 Ver: http://www.ods.gov.co/es/objetivos/industria-innovacion-e-infraestructura 3 Ver: Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de 9. Industria, Innovación e Infraestructuras: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/ 63 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible si son mayores recursos lo que se requiere, o si es un cambio en la manera de utilizarlos, lo cual pasa por una transformación en las estructuras económicas de producción y consumo, lo que supone el reconocimiento del carácter finito de dichos recursos, y del planeta Tierra en general, para hacer un aprovechamiento sostenible de ellos (Herrera et al., 2004). Así mismo, la expresión citada sugiere que la innovación es, en este caso, un mecanismo que fomenta la industrialización para el desarrollo, denotando una concepción tradicional de este último. Además de esto, la Agenda 2030 tiene una vocación holística y universalista, en tanto agenda global de desarrollo producto de acuerdos políticos entre diversos Estados en el marco de las Naciones Unidas. No obstante, esta acierta al centrarse en esbozar grandes objetivos trazadores y metas conducentes a materializar en la realidad una noción de desarrollo que considere a la sociedad y el medioambiente como principales beneficiarios (o afectados) de cualquier acción que los gobiernos emprendan en pro del crecimiento y el desarrollo económico. Corresponde a los gobiernos que suscriben dicha agenda de desarrollo definir los mecanismos a través de los cuales pretenden alcanzar el cumplimiento de dichos objetivos y metas. Los ODS pueden ser interpretados entonces como objetos de frontera (Star y Griesemer, 1989), en tanto median entre el discurso internacional sobre el desarrollo y las necesidades locales de los gobiernos nacionales. Son estos últimos los llamados a resignificar y dar contenido material a los grandes propósitos trazadores planteados por la Agenda 2030, de acuerdo con sus necesidades y problemáticas específicas a nivel nacional y local. Desde el punto de vista de la gobernanza del conocimiento y la innovación, el desarrollo sostenible es un concepto sombrilla (Rip y Voß, 2013), movilizado a través de la Agenda 2030 de los ODS, que conecta la práctica de la innovación con la del desarrollo mismo y media entre distintos campos de práctica y las actividades que involucran. Retos y oportunidades para una política de innovación de los ods en Colombia Con el fin de aportar a la reflexión sobre el papel del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación para el logro de los ODS en Colombia, el presente texto 1) hizo un repaso del potencial que tienen estos para el abordaje de los retos que sugieren los ODS, 2) realizó un recuento sobre las políticas diseñadas en Colombia para tal fin y 3) discutió de manera crítica las tensiones que supone la implementación de la Agenda 2030 en Colombia. En esta sección se concluye con un esbozo de los retos y oportunidades para las políticas de innovación en Colombia de cara a la implementación de los ODS. En primer lugar —además de retos como el fortalecimiento de las capacidades 64 Capítulo 3 | Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia en CTeI a nivel nacional y local, lograr una implementación eficiente de la política de CTeI que optimice los recursos disponibles y la adaptación de dicha política para contribuir a la construcción de paz (Centeno y Ordóñez-Matamoros, 2019)—, el desarrollo inclusivo y sostenible que contribuya al logro de los ODS implica también repensar el arreglo de gobernanza que orienta la innovación en Colombia, redefiniendo la teoría, la práctica y la política de innovación con el fin de dirigirla hacia el abordaje de retos sociales y ambientales como los que sugieren los ODS (Kuhlmann et al., 2010). Esto implica que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación adopte el desarrollo sostenible, inclusivo y territorial como uno de sus propósitos esenciales, aprovechando una eventual capacidad de agencia más robusta que la que pudo tener Colciencias como departamento administrativo. Otros retos tienen que ver con la forma en que se articulan los diferentes sistemas que rigen la operación de los distintos sectores, como, por ejemplo, los de ambiente, educación, competitividad, salud, entre otros, con el de CTeI. Una articulación y una gobernanza adecuadas de estos sistemas deberían apoyarse en el fortalecimiento de las redes de política de CTeI a nivel territorial con miras a afianzar procesos de transición sostenible (Centeno, 2021; Balanzó et al., 2021; Ordóñez-Matamoros et al., 2021). Para esto, es necesario resolver la ausencia de incentivos que fomenten la interacción entre académicos con las empresas y la sociedad civil, la falta de capacidades para la colaboración y la poca información para generar vínculos y sinergias con sectores de la sociedad que han sufrido de exclusión (Montero et al., 2018). Ahora bien, la transición a la sostenibilidad no es un proceso libre de controversia. Involucra el contraste entre intereses de diversos actores, varios de los cuales se han visto beneficiados o afectados por los regímenes sociotécnicos imperantes que han deteriorado el medio ambiente y ampliado las brechas sociales. Algunos actores, en estos regímenes de corte extractivista, industrialista y elitista en Colombia, ostentan posiciones de poder desde las cuales han logrado perpetuar dichos regímenes. Los casos de la industria del plástico, el fracking en minería, la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato, la regulación en el consumo de azúcares, entre otros, plantean dicotomías entre el uso o prohibición de prácticas que hasta el momento han contribuido al crecimiento económico del país, pero que han generado costos ambientales y sociales profundos. Dichas controversias suponen, a su vez, tensiones propias de la gobernanza del conocimiento, en las que el conocimiento científico ha servido como argumento a favor de posiciones que se contraponen. Estas tensiones son entonces interfaces que denotan la inseparable conexión entre conocimiento y política (politics) cuando de transiciones a la sostenibilidad se trata (Avelino et al., 2016), particularmente en contextos marcados por la violencia y la desigualdad, como el colombiano. 65 En segundo lugar, algunas de las oportunidades existentes no pueden separarse, por su puesto, de la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un organismo que, a diferencia de Colciencias como departamento administrativo, tiene un estatus político de mayor jerarquía, con potencial capacidad de agencia para impulsar una política de innovación transformativa y mediar entre los actores cuyos intereses se vean contrapuestos en el marco de una eventual pero decidida transición a la sostenibilidad. Entre las oportunidades puede destacarse también la creciente importancia que le otorgan los organismos intergubernamentales al papel de la CTeI para el desarrollo, bien sea para la paz4, o el desarrollo sostenible e inclusivo5. Como señala la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2013), algunos de los objetivos a los que la CTeI debe apuntar para contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible, concretamente en el abordaje de la pobreza multidimensional, la inequidad y la poca sostenibilidad, son “abordar las necesidades básicas a través de capacidades de innovación, promover el emprendimiento desde el nivel de base (grassroots), y promover el crecimiento inclusivo mediante la construcción de capacidades de CTeI y capacidad absortiva” (2013, p. 4). El éxito o fracaso de la Agenda 2030, como marco general orientador para el desarrollo, estará dado por las particularidades de los contextos específicos en los que se implemente, ya sea en Colombia o en los demás países que la suscriben. Aquí, el fomento de la recursividad, de la creatividad, del conocimiento y de la innovación locales es una tarea esencial. Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Arocena, R. y Sutz, J. (2014). Innovation and democratisation of knowledge as a contribution to inclusive development. En G. Dutrénit y J. Sutz (eds.), National innovation systems, social inclusion and development: The Latin American experience (pp. 15-33). Edward Elgar Publishing. Asamblea General de la Naciones Unidas sobre Ciencia y Paz. (1988). Resolución 43/61. Disponible en: https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/ RES/43/61&Lang=S Avelino, F., Grin, J., Pel, B. y Jhagroe, S. (2016). The politics of sustainability transitions. Journal of Environmental Policy & Planning, 18(5), 557-567. 66 4 Ver: Resolución 43/61 de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre ciencia y paz. 5 Ver: Reporte de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. E/CN.16/2014/2. Capítulo 3 | Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia Balanzó, A., Centeno, J. P., Rojas, C. M. y Rojas, H. H. (2021). Is bioeconomic potential shared? An assessment of policy expectations at the regional level in Colombia. Innovation and Development. doi:10.1080/215793 0X.2021.1956713 Balanzó, A., Nupia, C. M. y Centeno, J. P. (2020). Conocimiento científico, conocimientos heterogéneos y construcción de paz: Hacia una agenda de investigación sobre políticas y gobernanza del conocimiento en transiciones hacia la paz. Opera, 27, 13-44. doi:https://doi.org/10.18601/16578651. n27.02 Centeno, J. P. (2021). Operational innovation policies in emerging economies: A social network analysis of the royalties fund for innovation in Colombia. En G. Ordónez-Matamoros, L. A. Orozco, J. H. Sierra Gonzalez, I. Bortagaray y J. García-Estévez (eds.), Policy and governance of science, technology, and innovation: Social inclusion and sustainable development in Latin América. Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-030-80832-7 Centeno, J. P. y Ordóñez-Matamoros, G. (2019). Retos en materia de política pública de ciencia, tecnología e innovación para el gobierno Duque 20182022 en Colombia. Revista Zero, 37, 68-77. Chavarro, D., Vélez, M., Tovar, G., Montenegro, I., Hernández, A. y Olaya, A. (2017). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Documento de trabajo n.º 1. Colciencias. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. (2013). Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Disponible en: https://unctad.org/es/ meeting/comision-de-ciencia-y-tecnologia-para-el-desarrollo Cozzens, S. (2010). Innovation and Inequality. En R. Smits, S. Kuhlmann y P. Shapira, The theory and practice of innovation policy: An international research handbook (pp. 363-385). Edward Elgar Publishing. Cozzens, S., Gatchair, S., Kim, K.-S., Ordóñez, G. y Supnithadnaporn, A. (2008). Knowledge and development. En E. Hackett, O. Amsterdamska, M. Lynch y J. Wajcman, The handbook of science and technology studies (pp. 787-812). MIT Press. Edquist, C. (1997). Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations. Pinter. Gallopín, G. (2001). Science and technology, sustainability and sustainable development. Cepal. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31809/S02157.pdf?sequence=1 Geels, F., Elzen, B. y Green, K. (2004). General introduction: System innovation and transitions to sustainability. En B. Elzen, F. Geels y K. Green (eds.), System innovation and the transition to sustainability: Theory, evidence and policy (pp. 1-16). Edward Elgar Publishing. 67 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Herrera, A., Scolnick, H., Chichilnisky, G., Gallopin, G., Hardoy, J., Mosovich, D. y Talavera, L. (2004). ¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial latinoamericano 30 años después (vol. 2). Centro Internacional de Investigaciones. Kuhlman, S. y Ordóñez-Matamoros, G. (2017). Introduction: Governance of innovation in emerging countries: Understanding failures and exploring options. En S. Kuhlman y G. Ordóñez-Matamoros, Research handbook on innovation governance for emerging economies: Towards better models (pp. 1-34). Edward Elgar Publishing Ltd. Kuhlmann, S. y Rip, A. (2018). Next-generation innovation policy and grand challenges. Science and Public Policy, 45(4), 448-454. Kuhlmann, S., Shapira, P. y Smits, R. (2010). Introduction. A systemic perspective: The innovation policy dance. En R. Smits, S. Kuhlmann y P. Shapira, The theory and practice of innovation policy: An international research handbook (pp. 1-22). Edward Elgar Publishing. Lundvall, B.-Å. (1992). National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter. Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación (Minciencias). (2019). Libro verde 2030: Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.minciencias.gov.co/sites/default/ files/libroverde2030-5julio-web.pdf Montero, S., García, J., Arond, E. y Medina-Garzón, A. (2018). Desarrollo económico local, competitividad e innovación: Una mirada desde Colombia. Documentos de Política n.º 7. Universidad de los Andes. Ordóñez-Matamoros, G., Centeno, J. P., Andrade-Sastoque, E. y Pinzón-Camargo, M. (2021). Transformative Innovation Policy in Emerging Economies: What Does It Entail? In G. Ordóñez-Matamoros, L. A. Orozco, J. H. Sierra González, J. García-Estévez y I. Bortagaray (eds.), Policy and governance of science, technology, and innovation: Social inclusion and sustainable development in Latin America. Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-03080832-7 Ordóñez-Matamoros, G., Centeno, J. P., Arond, E., Jaime, A. y Arias, K. (2018). La paz y los retos de la política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. En C. Soto (ed.), Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 2017, 137-168. Ordóñez-Matamoros, G., Díaz, J. F., Centeno, J. P. y Guevara, C. A. (2021). Towards a functional governance framework for regional innovation systems in emerging economies: The case of Risaralda (Colombia). Innovation and Development. doi:10.1080/2157930X.2021.1880054 Rip, A. y Voß, J.-P. (2013). Umbrella terms as mediators in the governance of emerging science and technology. Science, Technology & Innovation Studies, 9(2), 39-59. 68 Capítulo 3 | Las políticas de innovación y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Colombia Romer, P. (1990). Endogenous technological change. The Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102. Salazar, M., Lozano-Borda, M. y Lucio-Arias, D. (2014). Science, technology and innovation for inclusive development in Colombia: Pilot programmes developed by Colciencias. En G. Dutrénit y J. Sutz (eds.), National innovation systems, social inclusion and development: The Latin American experience (pp. 133-168). Edward Elgar Publishing. Schot, J. y Steinmueller, E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. Research Policy, 47(9), 1554-1567. Smith, A., Voß, J.-P. y Grin, J. (2010). Innovation studies and sustainability transitions: The allure of the multi-level perspective and its challenges. Research Policy, 39, 435-448. Star, S. L. y Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), 387-420. Steward, F. (2012). Transformative innovation policy to meet the challenge of climate change: Sociotechnical networks aligned with consumption and end-use as new transition arenas for a low-carbon society or green economy. Technology Analysis & Strategic Management, 24(4), 331-343. Weber, M. y Rohracher, H. (2012). Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change. Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ framework. Research Policy, 41, 1037-1047. 69 Capítulo 4 Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores Giovanni Pérez Ortega Gertrudis Ziritt Trejo Zahira Moreno Freites Introducción S egún la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2017), este sector representa el 30 % de las exportaciones en el comercio global de servicios, generando 1 de cada 11 empleos y el 10.4 % del PIB mundial; tiene una perspectiva de crecimiento anual hasta 2030 cercana al 3.8 %; y se espera que para economías emergentes la cuota de mercado, que viene en constante ascenso (30 % en 1980 a 45 % en el 2016), alcance el 57 % en 2030. Para el caso de Colombia, se tiene también un avance significativo en su crecimiento, el 4.8 % promedio anual entre 2005 y 2017 (OMT y OEA, 2018), con expectativas de mayor crecimiento que el promedio mundial, lo cual implica que el turismo es un sector estratégico, que además pretende contribuir al desarrollo sostenible. Estos datos son muy alentadores para Colombia, considerando que durante el primer trimestre de 2018 la participación del turismo en el PIB fue del 6.9 %. Tal desempeño positivo conlleva también un mayor compromiso con el desarrollo sostenible. 71 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la primera agenda global de desarrollo, universal y holística, en la que el turismo, como caso que nos ocupa, se vincula con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expuestos en ella (Naciones Unidas Cepal, 2016). Para el municipio Usiacurí, departamento del Atlántico, considerado como eslabón importante para la economía departamental desde el eje turístico, teniendo en cuenta la gran riqueza natural y cultural que posee (Gallardo y Bolívar, 2010; Ziritt et al., 2019), la visión integral y holística de la Agenda 2030 implica un desafío para sus habitantes, a fin de que los actores involucrados en el proceso turístico local conformen el marco básico del concepto estratégico necesario para abordar el turismo sostenible, que incluya sus múltiples dimensiones como parte del progreso de las personas, de la comunidad y del planeta. De acuerdo con la OMT, el turismo puede contribuir directa o indirectamente a todos los ODS de la Agenda 2030. Por lo tanto, resulta importante comprender cómo este sector en crecimiento contribuye a dichos objetivos, y cuáles son las buenas prácticas que implementa, específicamente en el municipio de Usiacurí, que recientemente ha sido certificado como un destino turístico sostenible, considerando para ello la Norma Técnica Sectorial NTS-TS-001-01. Al respecto, se presenta la experiencia de este municipio, cuya comunidad organizada ha logrado un buen número de metas y donde se puede evidenciar que los ODS presentan la oportunidad de tener una visión integral y holística del turismo sostenible, facilitando de esta manera su abordaje estratégico y su gestión desde una participación comprometida. La gran pregunta aquí es: ¿cómo Usiacurí ha logrado dar sus primeros pasos hacia la ruta de la sostenibilidad? Para responder esta pregunta se tienen que considerar los factores de éxito que han incidido para la puesta en práctica de actividades, programas y proyectos orientados a la sostenibilidad del municipio, lo que implica un paradigma de avanzada que va más allá del cumplimiento de una norma técnica para ser reconocido como destino sostenible, por cuanto la participación ciudadana tiene un papel protagónico en su proceso de concreción. Resultado de investigaciones previas realizadas en el sector turístico de Usiacurí, Moreno, Ziritt y Silva (2019) y Moreno, Ziritt y Nichols (2018) distinguen diversos factores de éxito en la gestión de este eje, destacando la participación ciudadana en los distintos procesos de desarrollo económico turístico del municipio, por lo cual el presente estudio centra su objetivo general en analizar cómo la participación ciudadana y el empoderamiento de los actores sociocomunitarios contribuyen al logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Así mismo, se plantean como objetivos específicos describir las prácticas participativas de los actores sociocomunitarios para la sostenibilidad del municipio desde el sector turístico; caracterizar el empoderamiento representativo de los actores con miras a la transformación consciente de su entorno; y, finalmente, 72 Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores analizar la red relacional entre los actores sociocomunitarios y sus prácticas de participación y empoderamiento en contribución al cumplimiento de los ODS. Todo ello con la idea de poder analizar el papel de la participación y el empoderamiento de la comunidad en el mencionado municipio. Metodología La metodología desarrollada para el estudio es descriptiva con enfoque explicativo interpretativo, la cual permite ir más allá de la descripción y exploración para darle mayor profundidad al tema, obtener nuevos puntos de vista y, mediante la interpretación, desarrollar un razonamiento para demostrar la premisa por medio de la cual se plantea que el empoderamiento de los actores sociocomunitarios favorece un turismo alineado con los ODS y con la implementación de una política pública de sostenibilidad legitimada (Bernal, 2010; Ander-Egg, 2011). Como objeto de estudio se analizan la significativa experiencia del municipio de Usiacurí como destino turístico y el trabajo organizado de su comunidad en las dimensiones ambiental, económica y sociocultural. Para la recolección y procesamiento de la información se utiliza la técnica de análisis de registro documental, a través de la cual se detalla, en primer lugar, el contenido de informes y planificación que la comunidad lleva a cabo en alianza con los distintos actores socioeconómicos del turismo y su participación respectiva, así como también la técnica de la observación directa y preguntas generadoras en mesas de trabajo, asambleas o reuniones de comunidad, analizando grupos de decisión o empoderamiento, cuyos datos permiten, mediante la interpretación del accionar de los actores sociocomunitarios, conectar las dimensiones de análisis en la dinámica relacional a través de la construcción de redes que entraman vínculos en las metas de los ODS con las prácticas de participación ciudadana en las actividades, programas y proyectos, luego de analizar las formas de participación predominantes y la caracterización del empoderamiento de esta comunidad. Participación ciudadana en el desarrollo local desde la dimensión turística El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2006) vincula estrechamente el concepto de desarrollo local con el de participación ciudadana, por cuanto se entiende como un proceso que relaciona diversas dimensiones, como la social, la cultural, la económica y la política, implementadas por los actores sociales, agentes, sectores y fuerzas que interactúan en un territorio determinado promoviendo e impulsando la participación. En este sentido, se 73 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible identifican la organización y la participación social como elementos indiscutiblemente primordiales en un proceso de desarrollo (PNUD, 2006; Moreno y Ziritt, 2019a; Xicará, 2014). En cuanto a la participación desde la comunidad, se conceptualiza en este estudio como el accionar de la sociedad organizada bajo operatividad propia de acuerdo a nociones particulares de su contexto sociocultural, teniendo como condición esencial, tal como lo expresan Angulo et al. (2017), el proceso de organización de los sectores populares para conducir conscientemente tales actividades participativas hacia el logro de objetivos acordados por ellos mismos con el fin de obtener el bienestar colectivo. El análisis de la práctica participativa en el contexto involucrado con la investigación permite diferenciar algunas formas específicas según la escalera de participación de Geilfus (2002), donde los actores sociocomunitarios pueden pasar de la participación pasiva a la participación interactiva y de allí al autodesarrollo en un empoderamiento significativo (Angulo, 2017; Hernández Bonilla, 2007; González y Cortés, 2007). En este sentido, los autores han estudiado esta variable desde el punto de vista de la intensidad de la participación, distinguiéndose en: pasiva, informática, por incentivo, funcional e interactiva. Se entiende así que la participación pasiva se limita a la asistencia de la comunidad y a la escucha de la información de los proyectos u otros. La informática corresponde a la participación como informantes en la recolección de datos o en el suministro de respuestas a encuestas de opinión, sin tener influencia ni control sobre los procedimientos. Por otra parte, en la participación por incentivo, el interés se centra en obtener cierta retribución a cambio de una participación condicionada al suministro de recursos sin derecho a la toma de decisiones o involucramiento directo. La participación funcional involucra a los actores sociales a través de funciones específicas en planes y proyectos, pero no son tomados en cuenta en la formulación, planeación u organización, aunque sí pueden involucrarse en la ejecución y control. En este tipo de participación se forman grupos de trabajo de acuerdo a objetivos concretos. En el caso de la participación interactiva el involucramiento se experimenta desde la creación de los productos, en la coordinación, organización, comunicación e integración de estos, lo cual puede conllevar la constitución de nuevos grupos locales de apoyo y de trabajo o el afianzamiento y desarrollo de los ya existentes, así como de redes sociales de organización local que posibiliten la potenciación de recursos (Geilfus, 2002). El siguiente paso desde este tipo de participación es el autodesarrollo y, con ello, el empoderamiento de acuerdo al grado de control acerca de las decisiones en el desarrollo de las actividades participativas y del cumplimiento de las metas pautadas. 74 Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores Empoderamiento de los actores sociales para el desarrollo sostenible Para algunos investigadores de las ciencias sociales, el empoderamiento es el “proceso mediante el cual las comunidades ganan capacidades para intervenir en lo sociopolítico en temas que influyen en su calidad de vida” (Cepal, 2000, p. 307). Sin embargo, la conceptualización desde el enfoque de desarrollo que le otorga el Banco Mundial es la más concordante con este estudio, por cuanto lo señala como una dinámica social que se centra en la libertad de elección y de acción (Banco Mundial, 2012), y cabría añadir que tales decisiones permiten lograr la sostenibilidad de las prácticas participativas y los objetivos de estas en una transformación consciente del entorno, asumiendo poder en lo económico, lo social y lo político. Desde esta perspectiva, valdría mencionar que adicional a las capacidades vistas desde las fortalezas individuales y grupales, el espacio ganado desde la dimensión democrática es un elemento fundamental para tener en cuenta cuando de empoderamiento comunitario se trata. Sin embargo, para determinar que una comunidad ha desarrollado un empoderamiento representativo a través del autodesarrollo en su forma de participación ciudadana (en el caso que nos atañe, desde el entorno económico), es necesario verificar ciertas características: 1) alto grado de autoridad y poder sobre los recursos y decisiones que afectan a la comunidad en pleno; 2) capacidad organizacional en relación con la estructura interna del sector y con los elementos de autogestión (poder social); 3) acceso ganado al proceso de toma de decisiones en los proyectos y programas de desarrollo local (poder político); y 4) trabajo colectivo conjunto de amplio impacto, entre otras (Zimmerman, 2000). De esta manera se infiere que cuando una comunidad está empoderada, ello la transforma en socia de los proyectos de desarrollo local sostenible, trabajando colectivamente con consciencia crítica, con un comportamiento participativo interactivo y, más allá de ello, profundizando en el autodesarrollo desde una triada indisoluble de acción: económica-social-política. Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en concordancia con la gestión turística de Usiacurí A partir del año 2015 se plantea, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la sostenibilidad económica, social y ambiental de todos los países miembros en una perspectiva de 15 años para lograr el bienestar de las comunidades y de todo el planeta, a través de la Agenda 2030, que contiene 17 ODS (Naciones Unidas Cepal, 2016; Ziritt et al., 2018). Mitigar el impacto del crecimiento 75 poblacional en el mundo, y a la vez lograr una mejor calidad de vida para cada habitante sin causar daño alguno al medio ambiente, son retos de alto calibre para América Latina y el Caribe dentro de esta agenda. Cada país, gobierno, localidad y sector económico deberá guiar sus acciones a través de las metas de estos ODS para satisfacer las necesidades del presente, pensando en el bienestar del futuro desde una cosmovisión. En el sector turístico, los ODS se proyectan como guía de planificación y acción para los nuevos modelos de gestión turística alternativa y sostenible, destacando la inclusividad y la armonía con el medio ambiente. En la figura 4.1 se puede apreciar la interrelación en el propósito de todos los ODS, tal como se puede determinar en la experiencia del sector turístico de Usiacurí, destacando que los ODS 8 y 12 son de carácter integrado e indivisible, es decir, que el modelo de crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo en toda la cadena socioproductiva de turismo en Usiacurí, con criterios de producción y consumo sostenible, impactan de manera directa otros ODS, para conseguir el objetivo de una ciudad sostenible, inclusiva, segura y resiliente (ODS 11), que reduce las inequidades entre sus habitantes al brindarles a todos la oportunidad de trabajo y progreso desde su sitio de origen, conservando su historia, sus saberes y expresiones culturales (ODS 10), lo que coadyuva a poner fin a la pobreza (ODS 1) y a lograr el bienestar de todas las personas (ODS 3). Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Figura 4.1. Visión integral y holística del turismo sostenible en los Objetivos de Desarrollo Sostenible Fuente: Moreno y Ziritt (2019b). 76 Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores De igual manera, se enfatiza el respeto y el cumplimiento de los lineamientos ambientales para proteger el ecosistema de bosque seco tropical que caracteriza la biodiversidad del municipio (ODS 15), además de promover la paz y la convivencia de sus habitantes (ODS 16). Para los usiacureños, el turismo se ha convertido en un medio de vida, y alcanzar estos ODS es una cuestión que implica implementar políticas públicas que den respuesta a los retos que supone su cumplimiento con visión de largo plazo, superando los obstáculos naturales que implican los ciclos de gobierno y del trabajo colaborativo entre la comunidad organizada, el sector privado y las instancias gubernamentales, tanto del ámbito local como del nacional (ODS 17), en un ambiente de tolerancia, respeto y sana convivencia, consolidando así su principal valor, que los identifica como un municipio de paz. El compromiso con el desarrollo sostenible visto desde estos ODS es tarea de todos, y la ciudadanía de Usiacurí, junto con el resto de sectores sociales, se esfuerza en dar cumplimiento a los desafíos que la Agenda 2030 impulsa, alineados a su participación consciente y consecuente. Resultados y discusión Los resultados del análisis realizado a la participación ciudadana y al empoderamiento de los actores sociocomunitarios en el marco de su contribución al logro de las metas de los ODS desde el sector turismo en el municipio Usiacurí (departamento del Atlántico, Colombia), se recogen en dos secciones: una para describir la participación ciudadana y caracterizar el empoderamiento, y la otra para determinar la contribución de estas acciones al cumplimiento de los ODS. En la primera, mediante la interpretación cualitativa del comportamiento y las respuestas de los actores sociales, se vinculan las prácticas participativas con las formas de participación en cada actividad o programa registrado en los informes, así como también en un reporte de la significancia de dichas actividades, estableciendo la caracterización como comunidad empoderada. En tal sentido, se describe la participación ciudadana predominantemente de forma interactiva, pues existe un involucramiento intenso de la comunidad organizada, con la plena confianza de los entes gubernamentales en las buenas prácticas ciudadanas en cuanto a coordinación, organización, comunicación e integración de actividades y programas, dirigidos por un liderazgo comunitario de sostenibilidad encarnado en actores como Asoagatur y alianzas significativas con los distintos actores del turismo. Por otra parte, el empoderamiento se logró caracterizar como representativo-positivo, vinculado con el desarrollo tanto individual como colectivo en cada uno de los factores investigados, a saber: 1) alto grado de autoridad y 77 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible poder sobre los recursos y decisiones que afectan a la comunidad en pleno; 2) con poder social en el desarrollo de la capacidad organizacional en relación con la estructura interna del sector y los elementos de autogestión; 3) con poder político en el acceso ganado al proceso de toma de decisiones en los proyectos y programas de desarrollo local; y d) un continuo y bien llevado trabajo colectivo de amplio impacto. Por otra parte, en la tabla 4.1 se reconoce la contribución de cada una de estas experiencias de participación ciudadana y empoderamiento al cumplimiento de las metas de los ODS, de acuerdo al grado de vinculación en una escala que se analiza del 0 al 3 y la cual sirve de insumo para representarla gráficamente en red de relaciones (Software Ucinet 6, de Borgatti et al., 2002). Cabe destacar que los programas y actividades de participación ciudadana aquí estudiados corresponden a las dimensiones ambiental, sociocultural y económica. No obstante, resulta necesario aclarar que una actividad puede arropar varios programas, como es el caso de la actividad: Adelantar acciones de conservación y uso responsable, cuando esté localizado en áreas naturales, relacionado a los programas: Una Gota Verde de Vida; Semana de Sostenibilidad; y Siembra un Árbol, deja una Huella. La distinción para su análisis partió de las metas alcanzadas en cada uno de los programas (tener un inventario de 200 árboles nativos en semillero, realizar anualmente la semana de la sostenibilidad y realizar una reforestación semestral), para compararlas en su contribución a las metas de los 17 ODS. La red de relaciones entre programas de sostenibilidad-actividades de participación ciudadana y cumplimiento de los ODS en el sector turismo de Usiacurí, presentada en la figura 4.2, está compuesta por los nodos en formas geométricas especificados en círculos rojos para las primeras y los ODS en cuadrados con sus respectivos colores, mientras que los vínculos son las líneas que en forma general presentan un flujo dirigido unidireccionalmente de las actividades de participación ciudadana a los ODS, representado por una flecha. La red presenta una densidad de 65 %, lo cual indica un alto movimiento y conectividad entre la participación ciudadana y el cumplimiento de las metas de los ODS, mientras que, con un grado de centralidad de 56 %, se evidencia el ODS 15, cuya meta primordial acordada en la Agenda 2030 es “promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”, por lo cual está altamente justificada esta centralidad, tomando en cuenta que Usiacurí es un municipio turístico, considerando su topografía, condiciones climáticas, recursos naturales, entre otros factores, y debido a ello casi todas las prácticas participativas que la ciudadanía ha programado permean este ODS. 78 17 16 ods 15 ods 14 ods 13 9 ods ods 8 ods 12 7 ods ods 6 ods 11 5 ods ods 4 ods 10 3 ods ods 2 ods ods 1 Programas de sostenibilidad-actividades de participación ciudadana ods Tabla 4.1. Contribución de cada programa-actividad participativo con los ods Una Gota Verde de Vida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 Semana de la Sostenibilidad 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 0 1 Siembra un árbol, deja una huella 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 2 0 0 Manto de las cuencas y microcuencas del municipio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 Reforestación Carrizal y pozos de agua minero medic. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 Proclama de constitución de los derechos de la Madre Tierra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 Formación en biotecnología aplicada a la sostenibilidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 Generación de ingresos en Mercados Verdes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 Estrategias para protección y conservación de fauna y flora 1 0 1 1 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 1 Trafico de flora y fauna durante el carnaval 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 Revistas de ecosistemas estratégicos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 Estudio de capacidad de carga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 Registro y monitoreo del consumo de agua 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 Uso eficiente del agua 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 PMA DMI Luriza 79 Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 80 Agua potable para todos 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 Agua recreativa disponible 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 Manejo de vertimientos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 Uso eficiente de la energía 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 Campo limpio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Negocios verdes 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 Gestión de residuos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 Gestión de residuos peligrosos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 Libres de contaminación AVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 Huella de carbono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 Niños y niñas en entornos protegidos 1 1 1 2 2 0 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 Usiacurí Eficiente: ferias productos locales 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 Usiacurí competitivo e innovador 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 Usiacurí con historia y cultura 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 1 0 1 1 1 Usiacurí más conectados 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Usiacurí equitativa y eficiente 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 Promoción del desarrollo 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 Total 10 9 11 33 11 19 12 22 8 26 27 23 52 0 54 8 29 Nota: Criterios: (0) no se evidencia ninguna actividad relacionada con los ods; (1) se evidencian muy vagamente o de manera limitada algunas actividades cuyo desempeño se relaciona con los ods; (2) se evidencia claramente que las actividades del programa se relacionan con los ods, mostrando algunas actuaciones concretas y específicas con impacto positivo; (3) hay evidencia explícita de que el programa tiene un método y sistematización de la información, con indicadores de desempeño, para medir y gestionar el desarrollo de actividades y prácticas que permiten visualizar y determinar en detalle su contribución y buen desempeño en relación con los ods. Fuente: elaboración propia. Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores Figura 4.2. Red de relaciones entre programas de sostenibilidad-actividades de participación ciudadana y cumplimiento de los ods en Usiacurí, Atlántico Colombia Fuente: elaboración propia con apoyo del software Ucinet 6 (2002). En una cercanía de centralidad también se observan, junto al ODS 15, el ODS 13 (“Acción por el clima”), reportado de acuerdo a las acciones ambientales sostenibles que la comunidad organizada lleva a cabo para evitar el cambio climático; el ODS 4 (“Educación de calidad”), por medio de las actividades de formación y capacitación que continuamente se desarrollan para los actores sociocomunitarios del sector turismo en materia de hospedaje, gastronomía, artesanía, ambiente, agricultura, economía, administración e informática, entre otros; y el ODS 17 (“Alianzas para lograr los objetivos”), en el que definitivamente los mecanismos colaborativos juegan un papel primordial en la conectividad y el logro de alianzas entre sectores y actores de manera inclusiva. En cuanto a las prácticas participativas ciudadanas representadas en los programas y actividades de sostenibilidad, las dimensiones sociocultural y económica ocupan un lugar distinguido, por cuanto favorecen el logro de mayor cantidad de metas de los ODS, como es el caso, en primer lugar, de las actividades y metas del programa Usiacurí con Historia y Cultura, así como también de los programas Usiacurí Eficiente: Ferias Productos Locales; Usiacurí Competitivo e Innovador Usiacurí más Conectados. En cuanto a actividades de participación ciudadana y programas de sostenibilidad, el más alejado en la red es la Huella de Carbono, por cuanto es 81 de reciente creación y aún no cumple la Norma Técnica Sectorial NTS 001 para destinos turísticos, pues su accionar es novel todavía. Finalmente, se evidencia que tanto el Programa Campo Limpio (campaña y taller para la sensibilización en el uso de pesticidas en la población rural) como el ODS 14 (“Vida submarina”) están fuera de la red, por no presentar conectividad con ningún otro punto de vinculación. Reflexiones finales Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Los datos y la información procesados y analizados en los resultados del estudio permitieron corroborar el fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Usiacurí (Atlántico, Colombia), hasta escalar a un empoderamiento representativo en el sector turístico, que aporta una experiencia significativa de participación voluntaria, interactiva y efectiva, meritoria como producto de gestión exportable. En tal sentido, se destaca en este estudio que el turismo en Usiacurí representa un sector que contribuye a los ODS a partir del empoderamiento de sus actores, a través de factores de éxito determinantes en su entorno, como: 1) la capacidad interna que han desarrollado para el turismo (infraestructura urbana, educación, vocación y cuidado de espacios naturales); 2) cumplimiento de normas y protocolos de sostenibilidad (código de conducta, identificación de sus impactos ambientales con sus respectivas medidas de mitigación, que les han permitido diseñar sus sistema de seguimiento); 3) formulación de políticas públicas sobre turismo que les permiten garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del municipio, estableciendo responsabilidades concretas a cada actor social involucrado en una meta, para así hacer seguimiento a la implementación de los ODS de manera periódica, facilitando con ello ejercicios de rendición de cuentas basados en el diálogo y el control social de la ciudadanía; y 4) nombramiento de un líder de sostenibilidad con acertada legitimidad en su comunidad. En fin, un empoderamiento ciudadano afianzado en el trabajo colaborativo, en las alianzas entre actores sociales y en el papel del Estado (alcaldía), que ha facilitado su puesta en marcha a través de una autogestión de la comunidad, lo que ha permitido la ejecución de programas controlados por la comunidad, como por ejemplo: la preservación del patrimonio cultural y natural; programas con las empresas de servicios públicos para desarrollar una cultura de limpieza, tema muy arraigado en los ciudadanos para resaltar la belleza del municipio; campañas para el uso eficiente del agua y la energía eléctrica; educación ambiental; entre otros. En consecuencia, se corrobora la interconexión que representan las prácticas participativas de la ciudadanía usiacureña desde el eje ambiental hacia el cumplimiento en cascada de todos los ODS de la Agenda 82 Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores 2030 involucrados en el contexto de su territorio y del sector turismo. Todos estos hallazgos dan cuenta de que el trabajo conjunto y organizado potencia y mejora la calidad del desarrollo local del municipio y de que el Estado ha promovido una gestión fuera de la estructura formal tradicional. Referencias Angulo, E. (2017). Construcción de identidades y participación comunitaria: Un enfoque sociopolítico en la formación universitaria. Fondo Editorial UNERMB. Angulo, E., Acurero, M. y Salas, M. (2017). Movimientos sociales y participación ciudadana: Las tecnologías de información y comunicación, herramientas de inclusión en Latinoamérica y el Caribe. En G. Hernández, A. Ramírez y J. L. Barboza (Comp.), Conflictos y posconflictos. Pasado y presente en América Latina y el Caribe, caso Colombia (pp. 59-80). Editorial Cecar-Fondo Editorial UNERMB. Ander-Egg, E. (2011). Aprender a investigar: nociones básicas para la investigación social (1.ª ed.). Editorial Brujas. Banco Mundial. (2012). Informe sobre el desarrollo mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/ Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/Complete-Report.pdf Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (3.ª ed.). Pearson Educación. Borgatti, S. P., Everett, M. G. y Freeman, L. C. (2002). Ucinet 6 for Windows Software for Social Network Analysis. Harvard, MA Analytic. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2000). Equidad, desarrollo y ciudadanía. Disponible en: https://www.google.com/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwizhZiFqoT7AhVzTTABHeX4D8AQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.cepal.org%2Fbitstream%2Fhandle%2F11362%2F2686%2F2%2FS2006536_es.pdf&usg=AOvVaw2xFy_VnptgjSvnckLvrh3H Gallardo, G. y Bolívar, D. (2010). Usiacurí: Modelo de autogestión comunitaria en el desarrollo turístico y ambiental en el departamento del Atlántico - República de Colombia. TURyDES, 3(7). Disponible en: http://www. eumed.net/rev/turydes/07/ggbe-resum.htm Geilfus, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. IICA. González, K. y Cortez, C. (2007). Análisis de los factores sociales que influyen en el empoderamiento de los actores locales previo a la implementación de proyectos de desarrollo rural. El caso de los Municipio La Paz Centro y Nagarote 83 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible [trabajo de grado, Universidad Nacional Agraria, UNA]. Disponible en: https://repositorio.una.edu.ni/799/ Hernández, M. (2007). Participación ciudadana y el rescate de la ciudad. Revista INVI, 22(59), 13-54. Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). (2014). Norma Técnica NTSTS Sectorial Colombiana 001-1. Disponible en: https://www.cienaga-magdalena.gov.co/MiMunicipio/Normatividad%20Turismo/Norma%20T%C3%A9cnica%20Sectorial%20Colombiana.pdf Moreno, Z. y Ziritt, G. (2019a). Redes sociales como canales de digi-impacto en la participación ciudadana. Utopía y Praxis Latinoamericana, 24(3), 30-45. Moreno, Z. y Ziritt, G. (2019b). Usiacurí: Destino turístico sostenible. Socialización de los ODS [ponencia]. Congreso Verano Uninorte, Barranquilla, Colombia. Moreno, Z., Ziritt, G. y Nichols, E. (2018). Innovación social, cadena socioproductiva y valor sostenible: Propuesta para destinos turísticos en el municipio Usiacurí. En Conferencia 32st International Bussiness Information Management Association (Ibima), Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management. 15 y 16 de noviembre, Sevilla, España, (pp. 6496-6501). Moreno, Z., Ziritt, G. y Silva, H (2019). Turismo sostenible: Percepciones, bienestar ciudadano y desarrollo local. Revista Venezolana de Gerencia, edición especial, 24(2), 104-128. Naciones Unidas Cepal. (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. ONU. Organización Mundial del Turismo (OMT). (2018). Turismo, comercio y la OMC: Comunicado conjunto de la OMT, la OMC, el ITC y el WTTC. Ginebra, 8 de octubre 2018. Disponible en: http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-08/turismo-comercio-y-la-omc-comunicado-conjunto-dela-omt-la-omc-el-itc-y-elOrganización Mundial del Turismo (OMT) y Organización de los Estados Americanos (OEA). (2018). El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Buenas prácticas en las Américas. Organización Mundial del Turismo. https://doi.org/10.18111/9789284419937 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2006). Desarrollo local con activos de ciudadanía. Nueva York. Disponible en: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=425 Xicará, M. (2014). Participación y empoderamiento en la política de desarrollo local: Estudio comparado de las formas de participación ciudadana de las comunidades indígenas de Guatemala (2002-2012) [tesis de doctorado]. Universidad autónoma de Barcelona, Barcelona, España. 84 Capítulo 4 | Turismo: un sector que contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible a partir del empoderamiento de sus actores Zimmerman, M. (2000). Empowerment theory. En: J. Rappaport y E. Seidman (eds), Handbook of community psychology (pp.43.63). Kluwer Academic. Ziritt, G., Baldovino, K. y Moreno, Z. (2019). Turismo alternativo y mecanismos colaborativos como expresión del desarrollo Local: Usiacurí como caso de estudio. En Diálogo de Saberes III (vol. 1). Fondo Editorial UNERMB. Ziritt, G., Taboada, R., Moreno, Z. y Castellano, M. (2018). Gestión pública y desarrollo sostenible: Expresión de la responsabilidad social. En Conferencia International Bussiness Information Management Association (Ibima), Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Italia, (pp. 6654-6667). 85 Capítulo 5 Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia María Adelaida Torres Andrés Felipe Cuartas Carlos Alberto Zarate Yepes Paulina Duque López Natalia Andrea Cano Londoño Introducción L os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se pueden considerar como la gran política mundial que permitirá mejorar la calidad y las condiciones de vida de la población desde una perspectiva global e integral. Como expresa el conocido principio de sostenibilidad: “pensar globalmente y actuar localmente”, o, como también se ha expresado de manera coloquial: “Pensar globalmente y sufrir localmente”. Alcanzar los ODS hace necesario, para su desarrollo y cumplimiento, una articulación de las metas propuestas en el nivel nacional de la administración pública con los diferentes planes estratégicos y de desarrollo planteados y aprobados en el nivel local y regional, así como en las diferentes entidades territoriales. Lograr los ODS requiere un gran compromiso local desde la planeación y la gestión, pero también en cuanto a los presupuestos destinados para su cumplimiento. La institucionalidad sola no es suficiente, se debe avanzar desde una gobernabilidad apoyada principalmente en la institucionalidad a una gobernanza en la cual las comunidades locales y regionales participen y decidan en 87 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible el diseño, la gestión y la implementación de políticas nacionales y regionales. La institucionalidad sola ha demostrado ser insuficiente y en muchos casos ineficaz para el diseño y aplicación de políticas públicas, siendo necesaria la participación ciudadana y comunitaria, no solo en su formulación, sino también en todas las decisiones que los puedan afectar. El presente capítulo se enmarca en los ejes de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: no dejar a nadie atrás: inclusión y equidad desde los ODS; ciudades y comunidades sostenibles; enfoque de desarrollo humano sostenible y progreso multidimensional; y dimensión ambiental de los ODS: 10 años para transformar a Colombia en un país sostenible. Los ejes indicados se enmarcan en el ODS 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, cuyo reto es trabajar mancomunadamente por la consolidación de sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y de violencia, donde se vele por la dignidad humana en todo proceso de bienestar y desarrollo, y se potencien las capacidades de sus poblaciones (Departamento Nacional de Planeación, 2019b). El objetivo 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, en el que se centra este capítulo, se considera transversal a los ejes mencionados anteriormente. En una de las metas nacionales para alcanzar este objetivo se proponen “decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a sus necesidades” (Naciones Unidas, 2015), y se reconoce que no solo en el objetivo 16, sino en todos los ODS, la participación ciudadana es fundamental para su aplicación y cumplimiento (Franco et al., 2020). El caso de la comunidad del barrio Moravia, en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, es un buen ejemplo de ese debate en torno a la gobernabilidad y la gobernanza de una serie de políticas y acciones tomadas durante varias décadas para el mejoramiento de la calidad y condición de vida de la población habitante de este barrio de Medellín. Lograr desde lo local el cumplimiento del ODS 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, pensado desde una comunidad como la del barrio Moravia, implica replantearse propositivamente aspectos de este objetivo, como son la gobernanza, la gobernabilidad, la no discriminación, el acceso público a la información y el derecho a la participación, pues solo con la participación ciudadana se podrá avanzar, en este objetivo 16, de su formulación teórica a su aplicación práctica, es decir, de una eficacia formal a una material. ods 16. Paz, justicia e instituciones sólidas Los ODS trazados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son en total 17 objetivos y 169 metas, propuestos como continuación de los Objetivos del Milenio (ODM), incluyendo nuevas esferas, como el cambio 88 Capítulo 5 | Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia (Naciones Unidas, 2015). El ODS 16 tiene como fin promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Con el objetivo de hacer seguimiento y medición del ODS 16, se han propuesto diversas iniciativas alrededor del mundo que permiten establecer un contexto de cada país frente a la paz y la violencia, analizando qué factores promueven o inhiben a aquella. Entre estas, el Institute for Economics and Peace (IEP) —un centro de investigación enfocado en la paz— ha planteado el Índice de Paz Positiva, que pretende entender la paz no como un concepto abstracto, sino como un elemento que puede ser medido y analizado (Mesa, 2017). El Índice de Paz Positiva permite establecer una línea base sobre las capacidades de un país para construir y consolidar la paz. Para su análisis se incluyen indicadores que hablan del buen funcionamiento del Gobierno, el entorno favorable a los negocios, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de información, las buenas relaciones con los vecinos, entre otros. El análisis de este índice puede ser una herramienta base para la toma de decisiones políticas, la investigación para la paz y para hacer seguimiento del ODS 16 (Mesa, 2017). También, el IEP junto con otras 13 organizaciones, han impulsado además la “SDG 16 data initiative”, que es una plataforma que realiza un seguimiento al ODS 16 a través de fuentes oficiales, como las agencias de Naciones Unidas, complementando con fuentes no oficiales, como universidades y organizaciones de la sociedad civil. Esto permite tener una visión más amplia de los logros alcanzados y hacer un seguimiento y comparación entre diferentes países frente a las metas para alcanzar el ODS 16 (Mesa, 2017). En cuanto al objetivo 16, los países deben promover el planteamiento de políticas que respondan a la realidad de su territorio, que sean incluyentes con la comunidad tanto en su formulación como en su ejecución, que garanticen la seguridad y la representación de sus habitantes, que vayan en pro del medio ambiente y, finalmente, que ayuden a recuperar la quebrantada relación entre las instituciones y la comunidad. Para un país como Colombia, marcado por el conflicto armado, alcanzar este objetivo es primordial debido a que tanto sus habitantes como su territorio han sufrido las marcas imborrables de todo tipo de violencia: desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, secuestros, violencia sexual como arma de guerra, masacres, ecosistemas destruidos por la guerra, entre otros. El país necesita recuperar la confianza en la institucionalidad que le permita seguir avanzando con mayor inclusión y equidad, así como con un mayor empoderamiento de las comunidades para la solución de los problemas y retos que se les plantean. Así, en el contexto del posconflicto, tanto el Gobierno colombiano 89 como las demás instituciones y sus habitantes deben trabajar conjuntamente para hacer de este un país que reconoce su pasado y trabaja coherentemente para no repetirlo. ods 16 en Colombia: contexto regional y local Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En el contexto colombiano, por medio del documento Conpes 3918, el Gobierno nacional definió la hoja de ruta para alcanzar los ODS, direccionada principalmente a generar las condiciones propicias para una paz estable y duradera, abordando temas de interés internacional, nacional y local que involucren especialmente a los más pobres y vulnerables, todo ello bajo las dimensiones social, económica, medioambiental y de prosperidad. Dentro del objetivo 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, se plantean 3 retos y 16 metas que permitan alcanzarlo, entre las que destacan garantizar la adopción, en todos los niveles, de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades y a crear, en todos los ámbitos, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Departamento Nacional de Planeación, 2019a; Departamento Nacional de Planeación, 2019b). En los planes departamentales formulados para el periodo 2016-2019, la Comisión Interinstitucional de los ODS en Colombia analizó el grado y la forma en que los ODS fueron incorporados en los instrumentos de planeación territorial que los mandatarios de los departamentos y de las ciudades capitales del país formularon con miras a ese periodo. Para ello, se construyó una matriz en la que se revisaron cada una de las 169 metas ODS, indicando cuáles se relacionaban con el nivel territorial. A nivel nacional, la inclusión de los ODS en los planes de desarrollo departamentales presenta un 22 % de inclusión alta, 47 % de inclusión media y 31 % de inclusión muy general (Departamento Nacional de Planeación, 2017; Gobierno nacional, 2018). En relación con el ODS 16, todos los departamentos del país incluyeron este objetivo (Departamento Nacional de Planeación, 2017). El 65 % del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2016-2019 está alineado con los ODS, es decir, que de los 150 programas, 97 están relacionados con los ODS, y 44 de 110 metas de la Agenda 2030 fueron incorporadas. En relación con el ODS 16, este tiene una incorporación media en el plan de desarrollo, con tres metas y dos líneas estratégicas: línea estratégica 6, “Paz y posconflicto”, y la línea estratégica 7, “Gobernanza y buen gobierno” (Gobernación de Antioquia, 2019). En términos de los planes de desarrollo formulados por las ciudades capitales para el periodo 2016-2019, el 26 % presenta una inclusión de los ODS alta, siendo la ciudad de Medellín una de ellas. El 29 % presenta una inclusión media 90 Capítulo 5 | Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia y el 45 % lo hace de manera general. Entre los casos de mayor incorporación de los ODS se destacan los planes de desarrollo de Cartagena (Bolívar), Florencia (Caquetá), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Cali (Valle del Cauca), Tunja (Boyacá) y Valledupar (Cesar) (Departamento Nacional de Planeación, 2017). En la ciudad de Medellín, para el ODS 16, la Alcaldía planteó un proyecto para la resolución de conflictos en el sistema de justicia cercana a la ciudadanía, mediante la construcción de centros conciliadores en derecho que apoyan la resolución pacífica de conflictos, y por medio de conciliadores en equidad que apoyan dicha resolución pacífica, cuyo responsable es la Secretaría de Seguridad y Convivencia (Departamento Administrativo de Planeación, 2018). Moravia: historia de un territorio que resiste entre el olvido y las intervenciones públicas Moravia es un barrio de carácter popular y está ubicado en la Comuna 4 de la ciudad de Medellín. Es un asentamiento humano de aproximadamente 42 hectáreas, delimitado por la carrera 52 Carabobo en el oriente, la antigua vía a Machado en el nororiente, la curva del Diablo en el noroeste, las carreras 59 y 62 en el occidente, y la calle 77 en el sur (Gómez et al., 2005). El barrio tiene su origen en el año 1948, debido a la gran migración de campesinos de la zona rural a la urbana (Navas, 2018), generado por un largo periodo de violencia, resultado de la lucha bipartidista de la época (Gómez et al., 2005). Hasta los años setenta, el lugar era considerado como un espacio público que iba a ser en gran parte aprovechado para la ampliación del Parque Norte (Arango, 2007). En 1976, Medellín no contaba con un lugar apropiado para hacer la disposición final de los residuos que se generaban en la ciudad. La administración de la época debía enfrentarse a este problema, y dado que en el lote donde se encuentra Moravia había un gran agujero producto de la extracción de material de playa en años anteriores, se decide, con carácter provisional, hacer uso de esta área para dicha disposición (Arango, 2007). Por medio del Acuerdo Municipal 03 de abril de 1977, la administración de Medellín declaró este terreno como área de expansión del complejo recreativo del Parque Norte, y se aprobó su adquisición a Empresas Varias por un periodo de cinco años para depositar las basuras de la ciudad mediante el sistema de relleno sanitario, hasta lograr conformar una topografía final adecuada a las necesidades de la futura ampliación del parque (Gómez et al., 2005). La disposición de residuos generó que para 1983 existiera en el lugar una montaña de basuras que ocupaba un área de 10 hectáreas y una altura de hasta 30 metros. La gran cantidad de materiales acumulados en el basurero 91 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible estimuló la invasión del predio restante por parte de familias sin hogar y de muy bajos ingresos, que encontraron en la zona una oportunidad para resolver sus problemas de vivienda y aprovechar algunos materiales que podían extraer del lugar para solventar sus necesidades económicas por medio del reciclaje (Arango, 2007). Para ese año se censaron 3072 familias, presentándose un total de 14 632 habitantes ocupando 22 hectáreas en 3362 viviendas. Las familias eran numerosas, tenían ingresos muy escasos y presentaban condiciones de higiene y hacinamiento alarmantes (López et al., 1991). En 1983 se inicia el primer programa de rehabilitación, motivado por el riesgo que representaba el basurero a campo abierto, que ya se había convertido en un problema de salud pública de dimensiones catastróficas y, por otro lado, por la necesidad de resolver el grave problema social ocasionado por el asentamiento masivo de población en las condiciones descritas y por la percepción de los extranjeros que visitaban la ciudad, los cuales no se explicaban cómo podía haber un basurero en cercanías al centro y, peor aún, cómo podían vivir tantas familias en ese lugar en esas condiciones de insalubridad y extrema pobreza (Chancy et al., 2013). Dicho plan de rehabilitación se incluyó dentro del plan de Gobierno de las administraciones encargadas entre los años de 1983 y 1986. Los objetivos del programa buscaban la rehabilitación física de las viviendas, el reordenamiento urbanístico, la racionalización de suelos, la adecuación de redes viales y peatonales, la implementación de servicios públicos, la reubicación de predios en lugares donde fuera necesario, la canalización de quebradas y el saneamiento de la montaña de basuras, asociando dichas actividades a un proceso de rehabilitación social que integrara programas de educación, empleo, salud y capacitación (Alzate, 2014). El programa no tuvo el éxito que se esperaba debido a varios factores, dentro de los cuales se destaca una planificación pobre y la ineficiente gestión por parte de la administración municipal, al no reconocer los problemas comunes que afectan a la población, como la pobreza, el desempleo, la insalubridad del entorno y la falta de servicios públicos, además de las particularidades de algunos sectores que componían la comunidad (Alzate, 2014). En ese programa se trasladaron solo 250 familias y se legalizaron 90 predios en Moravia, dando como resultado un sentimiento de desconfianza hacia la alcaldía por parte de la comunidad. El programa se suspende en 1986, quedando parcialmente construida una segunda etapa para la reubicación de 200 familias (Arango, 2007). Desde 1986 hasta 2004, el sector de Moravia es abandonado a su suerte por las administraciones que se sucedieron. Durante este periodo se siguieron presentando sucesivas invasiones originadas por el desplazamiento de familias que ahora escapaban de grupos armados como las guerrillas y los paramilitares, 92 Capítulo 5 | Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia y terminaron por ocupar la totalidad del predio, incluida la montaña de basuras (Arango, 2007). Luego, en 2004, con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y hábitat del barrio, se incluye, en el artículo 106 del Acuerdo 62 de 1999, por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para Medellín, el mejoramiento integral del barrio Moravia a través de la figura de Plan Parcial. Este se planeó para desarrollarse en dos etapas por medio de los programas de ejecución contenidos en los planes de desarrollo correspondientes a los periodos de gobierno 2004-2007 y 2008-2011. En el primer Plan de Desarrollo se incluye como proyecto estratégico para la ciudad el programa Intervención Integral en Moravia, con una asignación presupuestaria cuatrienal de $ 51 588 000 000 (Alcaldía de Medellín, 2004). Por medio de este macroproyecto se busca la implementación y desarrollo de proyectos socioculturales, socioeconómicos y urbanístico-ambientales, en armonía con los programas gubernamentales en el marco de los objetivos de desarrollo y las metas del milenio (Alcaldía de Medellín, 2004). Durante estos periodos se ejecutaron proyectos sociales y ambientales que ayudaron al mejoramiento de El Morro y de algunas problemáticas sociales. En 2008 se inicia el proceso de descontaminación de El Morro de basuras. En 2010, como proceso de recuperación ambiental del cerro, son capacitadas alrededor de 100 personas del sector, con el propósito de diseñar y mantener los jardines en que fue convertido. Luego, gracias a esta iniciativa, en 2013 se crea la Corporación de Jardineras Comunitarias de Moravia (Cojardicom), con la cual se plantan y mantienen especies vegetales que ayudan con los problemas de lixiviados y gases generados por la montaña de basura (Navas, 2018). Una de las estrategias para reducir la contaminación de El Morro, especialmente por metales pesados, era la siembra de plantas de fitorremediación, la cual se realizó al inicio de la intervención, pero no tuvo continuidad y actualmente es imposible de retomar, ya que fue recubierto con una capa de cemento y gravilla, y las plantas que se siembran en este momento son ornamentales. En 2009 se inaugura el hogar infantil Mamá Chila, para favorecer el desarrollo de la primera infancia. Con el jardín infantil Estrellitas Fugaces y en asociación con el ICBF, se ha brindado así mismo capacitación a las madres y atención a los niños. También se crea el Centro de Desarrollo Cultural, que tiene como función brindarles diferentes visiones de la vida por medio del arte y la cultura a jóvenes que han sido partícipes de grupos armados al margen de la ley y que, mediante el proceso de educación, pueden reincorporarse a la vida civil. Este lugar se ha convertido en un espacio en el cual se desarrollan encuentros entre diferentes actores sociales con el propósito de tomar decisiones en lo tocante al territorio (Navas, 2018). 93 A pesar del desarrollo de los programas anteriormente descritos, no se logran abordar efectivamente las necesidades de la comunidad, y el Plan Parcial presenta inconvenientes para ser ejecutado. Por tanto, mediante el Decreto 0499 de 2012, fue prorrogada dicha vigencia hasta tanto fuese revisado el contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial y, posteriormente, se emite el Decreto 0321 de 2018 del Plan Parcial de Moravia, el cual, conforme al modelo de ocupación del territorio definido en el acuerdo municipal 048 de 2014, plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, busca lograr la renovación del barrio Moravia a partir de la transformación de los suelos de protección en entidades de paisaje complementada con la redefinición predial y la recuperación ambiental, mejorando el aprovechamiento del suelo que en su función social y ecológica, es instrumento para mejorar la habitabilidad del asentamiento humano y el desarrollo sostenible de sus habitantes. (Alcaldía de Medellín, 2018) La formulación del Plan Parcial se realizó con poca e insuficiente participación de la comunidad que habita el territorio, sin considerar las formas de habitarlo y el tejido social que se ha desarrollado en este barrio, y sin incluir las propuestas que la comunidad ha intentado concertar con las administraciones municipales que han formulado planes para intervenir en él. Moravia: ¿es posible un territorio sostenible y justo? Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible El modelo de ocupación que se planea en el POT para el municipio de Medellín busca reducir la presión de la urbanización en las laderas de la ciudad y densificar las zonas planas más cercanas al río Aburrá. Moravia se ubica en un sector estratégico, pues se encuentra en medio de un equipamiento completo que incluye el Jardín Botánico, el Planetario Municipal, el Parque de los Deseos, el Parque Norte, la Universidad de Antioquia, el Parque Explora, una buena cobertura de zona hospitalaria conformada por la Clínica León XIII y el Hospital San Vicente de Paúl, la Terminal de Transporte Norte, dos estaciones del Metro y, además, actualmente se suman dos centros comerciales y el edificio Ruta N, que tiene como propósito atraer inversión extranjera por medio del desarrollo de ciencia y tecnología. Esta ubicación estratégica hace del barrio un lugar ideal para la construcción de vivienda en altura, lo cual se puede materializar mediante el tratamiento de renovación urbana, el cual se ha desarrollado en la ciudad bajo la premisa “tumbar y construir algo nuevo”. La intervención que se plantea tanto en el POT como en el Plan Parcial genera mucha preocupación entre los habitantes de Moravia, ya que implica un cambio en el uso del suelo que puede afectar sus formas de habitar el territorio, 94 Capítulo 5 | Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia especialmente porque en la figura de renovación urbana que se incluye en el Plan Parcial se especifica que el suelo se va a habilitar para vivienda y usos residenciales. El barrio se caracteriza por su dinámica económica, una intensa movilidad social, una acelerada transformación espacial y la presencia de una gran diversidad cultural (Gómez et al., 2005). Así mismo, el uso del suelo es mixto, y debido a ello muchas familias tienen en el mismo espacio un negocio comercial y la vivienda, lo que les ha permitido desarrollar una importante zona comercial donde los habitantes encuentran todo lo que necesitan sin necesidad de realizar compras fuera del barrio. Así mismo, las fallidas intervenciones realizadas con anterioridad generan muchas preocupaciones, en especial por la forma en que se han llevado a cabo las reubicaciones y las compensaciones de los predios. Desde la administración municipal se han elaborado planes de forma genérica, que en el fondo no solucionan las problemáticas específicas que afronta la comunidad, y que además se tratan de imponer en la zona con el objetivo de recuperar el territorio. En las anteriores reubicaciones no se tuvo en cuenta que, al ser trasladadas estas comunidades a otro lugar, no iban a tener las mismas facilidades para llevar a cabo sus actividades productivas, que para bien o para mal les garantizaban su sustento diario. Además, el hecho de que la compensación fuese un apartamento por cada casa que se entregaba no garantiza que el problema de hacinamiento fuese solucionado, porque cada familia presente tenía un significativo número de integrantes, o bien varias familias vivían en una misma casa, y las viviendas brindadas por la alcaldía tenían las dimensiones para una familia convencional (Alzate, 2014). Este Plan Parcial, con sus variantes, no ha logrado ser exitoso, porque en principio las decisiones tomadas desde la administración municipal en los procesos de desarrollo urbanístico no han garantizado que los problemas de hábitat de la comunidad sean resueltos. Además, aunque se hayan tenido espacios de divulgación y debate con los líderes sociales sobre las intervenciones, las decisiones en su mayoría han sido tomadas desde la administración pública, y se tiene la percepción de ir en contravía de lo que fue debatido, por lo tanto, las intervenciones se entienden como acciones impuestas por el Estado y no como un acuerdo real entre la Alcaldía y la comunidad (Jaramillo y Montoya, 2017). Por otro lado, los tiempos de ejecución de los programas muchas veces se limitan al periodo de la alcaldía de un determinado mandatario, por lo que se logra evidenciar solamente la fachada de los proyectos en cuanto a la parte de las obras urbanísticas, pero en cuanto a los procesos sociales, hay problemáticas que requieren un mayor tiempo de ejecución y acompañamiento. Por tanto, al haber un cambio de administración, también se incurre en un cambio del personal que la acompaña, y se ha evidenciado que las personas escogidas para ocupar los cargos públicos no resultan ser las más aptas para ello. Además, 95 desconocer el proceso que se venía dando desde la pasada administración se convierte en un problema para la continuidad de los programas, con lo que también se pueden priorizar otro tipo de programas y frenar la ejecución de aquellos que se venían desarrollando y, por consiguiente, en vez de solucionar problemas que inicialmente fueron estudiados, se priorizan otro tipo de intereses y la comunidad pierde confianza en el Estado y este pierde legitimidad, creándose un desinterés y rechazo de los ciudadanos hacia las instituciones públicas (Jaramillo y Montoya, 2017). La complejidad de las problemáticas ambientales, sociales, económicas y políticas de Moravia, sumada a la poca visión de los mandatarios que han planteado intervenciones en el territorio, a la falta de continuidad en los programas, a la poca participación ciudadana, al desconocimiento de las formas de habitar el territorio y de las dinámicas sociales, hacen necesaria una construcción colectiva de propuestas, acordadas socialmente entre todos los interesados y que garanticen, desde una nueva gobernanza, alcanzar los ODS y, especialmente, el ODS 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, en contextos locales y regionales, como es el caso del barrio Moravia. Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda for S.D. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Disponible en: https://sdgs.un.org/2030agenda Alcaldía de Medellín. (2004). Plan Parcial de Mejoramiento Integral del Barrio Moravia. documento técnico, tomo I. Disponible en: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20 Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20 Gen%C3%A9ricas/Documentos/Regularizacion%20Predios/PPMORAVIA%20DT%20TOMO%20I%20COMPLETO.pdf Alcaldía de Medellín y Comfenalco Antioquia. (2011). La memoria cultural como dispositivo para la intervención social en Moravia. Disponible en: https:// ia803103.us.archive.org/7/items/exsituinsitu/la-memoria-cultural_2011. pdf Alcaldía de Medellín. (2018). Decreto 0321 de 2018, Plan Parcial de Renovación Urbana de Moravia. Disponible en: https://www.medellin.gov.co/irj/ go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/ Shared%20Content/Documentos/2019/POT/d_alcamed_0321_2018.pdf Alzate. G. A. (2014). Intervención urbana en el antiguo basurero municipal de Medellín: Una respuesta ineficaz al abandono estatal (1977-1986). Estudios Políticos, (44), 191-217 96 Capítulo 5 | Paz, justicia y fortalecimiento de instituciones sólidas como retos para el desarrollo de un territorio sostenible. Caso Moravia Arango, G. (2007). Moravia: una historia de mejoramiento urbano. Seminario Internacional Procesos Urbanos Informales, Bogotá, Colombia. Chancy, E, Franco, E, Zapata, L y Marín, M. (2013). Estudio de las transformaciones socio espaciales del barrio Moravia desde la enseñanza de la Geografía. Centro de investigaciones educativas y pedagógicas (CIEP), Universidad de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. (2018). Agenda Medellín 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.medellin. gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/ Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2018/20181207DocumentoODSagenda2013.pdf Departamento Nacional de Planeación. (2017). Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo territoriales, 2016-2019. Bogotá, Colombia. Disponible en: URL: https://www.local2030.org/library/371/ Inclusin-de-los-ODS-en-los-Planes-de-Desarrollo-Territorial-2016-2019Colombia.pdf Departamento Nacional de Planeación. (2019a). La Agenda 2030 en Colombia. Disponible en: https://ods.dnp.gov.co/es/news/informe-anual-de-avanceods-2021 Departamento Nacional de Planeación. (2019b). Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Disponible en: https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos/ paz-justicia-e-instituciones-solidas Franco, I. B., Derbyshire, E., Chatterji, T. y Tracey, J. (2020). Actioning the global goals for local impact. Towards sustainability science, policy, education and practice. Gómez, E., Sierra, E. y Montoya, H. (2005). Moravia: Memorias de un puerto urbano. Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana. Disponible en: https://www.yumpu.com/es/document/view/4689593/moravia-memorias-de-un-puerto-urbano-medellin-digital Gobernación de Antioquia. (2019). Plan de Desarrollo Departamental 20162019. Pensando en Grande. Disponible en: https://mujeresantioquia.gov. co/sites/default/files/observatorio/observatorio-de-asuntos-de-mujer-y-genero/diseno-observatorio/documentoobservatorio2016-2019.pdf Gobierno Nacional. (2018). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad. Disponible en: http://bit.ly/PNDPactoporColombia Jaramillo, C. y Montoya, S. (2017). Las dificultades de los planes parciales de renovación urbana en Medellín. Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín. Disponible en: http://oppcm.concejodemedellin.gov.co/sites/ oppcm/files/2019-08/planes-parciales-renovacion-urbana-2017.pdf 97 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible López, B., Peláez, P. y Villegas, D. (1991). La concertación en un proceso de mejoramiento barrial: El caso de Moravia en Medellín. Centro de Estudios del Hábitat Popular (Cehap). Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/ bitstream/handle/unal/7072/Habinet2-MORAVIA.PDF Mesa, M. (2017). El ODS 16 sobre paz, seguridad y gobernanza: Desafíos conceptuales, seguimiento y evaluación. Derechos humanos y seguridad internacional: Amenazas e involución. Anuario de Ceipaz, 2018, 37-52. Navas, K. (2018). La transformación del barrio Moravia de la basura a la luz: Innovación social como herramienta de participación ciudadana [tesis de pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en: https://repository. javeriana.edu.co/handle/10554/35206 Naciones Unidas (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Disponible en: https://sdgs.un.org/2030agenda 98 Capítulo 6 Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de sus potencialidades frente a los desafíos de los ods Nathalia Valderrama Bohórquez Álvaro Parrado Barbosa Introducción E l objetivo de este capítulo es evidenciar las potencialidades de los programas de alimentación pública para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La alimentación vincula asuntos ambientales, de salud, seguridad, equidad y justicia social, y en los últimos años se ha posicionado en las agendas públicas para promover prácticas de producción, comercialización y consumo más sostenibles, y así alcanzar los compromisos asumidos con los ODS (Lang, 2017). La alimentación pública tiene un papel fundamental en la construcción de redes de abastecimiento alimentario que involucran al Estado, la sociedad y el mercado, considerando que las compras locales pueden conformarse como estrategia de inclusión económica y social que fortalece circuitos cortos de producción, distribución y consumo (Morgan, 2008; Morgan, 2014; The Lancet, 2017). La alimentación en Colombia se relaciona profundamente con las dinámicas del desarrollo del país y teje lazos estrechos entre lo rural y lo urbano por medio del abastecimiento de alimentos. Las economías campesinas generan el 62.9 % 101 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible del volumen total de la producción agrícola en áreas menores de 10 hectáreas (Forero, 2002). Sin embargo, en las zonas rurales, en 2020, entre el 37.1 % y el 42.9 % de la población vive en la pobreza (según su medición como pobreza multidimensional o monetaria) y 18.2 % en la miseria, 83.2 % de las viviendas no tienen alcantarillado y 36.9 % no tienen agua potable (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021). La ausencia de políticas públicas diferenciadas para el campesinado, como asistencia técnica, acceso a crédito, tierras, maquinaria, infraestructura y servicios básicos, contribuye a la suma histórica de hechos de exclusión socioeconómica y política, siendo el acceso a mercados una de las mayores dificultades para estos agricultores (Gutiérrez et al., 2019). Esta situación es agravada por los fenómenos violentos del conflicto armado, dando como resultado 8.3 millones de hectáreas usurpadas y el desplazamiento forzado de 6 459 501 personas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). El conflicto armado se ha prolongado principalmente por las inequidades para el acceso a la tierra y las acciones cometidas por élites locales, nacionales y trasnacionales que se han apropiado violentamente de los recursos naturales disponibles. Aun después de seis décadas de conflicto armado y cinco acuerdos de paz, continúa siendo una necesidad urgente el fortalecimiento de estrategias que atiendan la deuda histórica que se tiene con las comunidades rurales y posicionar el campo colombiano como el motor del desarrollo del país. Esta investigación tiene el propósito de responder el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles potencialidades tienen los programas de alimentación pública para alcanzar los (ODS)? La hipótesis formulada es que las adquisiciones públicas de alimentos producidos en lo local contribuyen transversalmente a múltiples objetivos, tales como el combate a la pobreza, el hambre y las inequidades; la garantía de derechos de educación, trabajo y justicia social; así como el consumo y producción responsables, la reproducción de las formas de vida de las comunidades rurales y el crecimiento económico. Metodológicamente, se desarrollaron tres estudios de caso en los municipios de Granada (Antioquia), Samaniego (Nariño) y Florencia (Caquetá)1, analizando los principales programas de alimentación: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las modalidades de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El capítulo se presenta en cuatro secciones. La primera identifica las oportunidades y los desafíos de la adquisición pública de alimentos. La segunda presenta un breve recuento histórico de las transformaciones en los marcos normativos de los programas y cómo estos afectaron la compra pública de alimentos. La tercera identifica las potencialidades de este mecanismo y presenta 1 102 Algunas evidencias expuestas en este trabajo corresponden a resultados de la tesis de doctorado titulada “Alimentación pública, conflicto armado y desarrollo rural en Colombia: Un abordaje posibilista”, desarrollada en el Programa de Posgrado en Desarrollo Rural (pgdr) de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (ufrgs) (Valderrama, 2019). Capítulo 6 | Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de sus potencialidades frente a los desafíos de los ods recomendaciones de política pública. Finalmente, se presentan las principales conclusiones de la investigación. La adquisición de alimentos en los programas de alimentación pública: oportunidades y desafíos La inserción de la agricultura campesina y familiar en el abastecimiento de programas de alimentación pública está presente en el punto 1 de la “reforma rural integral” del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP). La alimentación pública es un mecanismo efectivo para generar fuentes de ingresos en el campo, así como para diversificar la producción y el consumo de alimentos saludables y frescos, a partir de la reducción de la intermediación y el fomento de relaciones de cercanía (Valderrama et al., 2018). Cuando se desarrollan mecanismos diferenciados de compra pública se puede fortalecer un mercado estable para agricultores familiares y campesinos, siendo que estos últimos frecuentemente están subordinados por el gran poder de negociación de los intermediarios comerciales y de las empresas privadas. En Colombia, el fomento para la compra directa a estos agricultores es una forma de asegurarles mecanismos económicos que les permitan retornar y permanecer en las zonas rurales, en especial las que tanto han sido afectadas por el conflicto armado (Valderrama y Schneider, 2018). Así, las adquisiciones de alimentos producidos en lo local, además de ser un mecanismo para la generación de ingresos del campesinado colombiano, el grupo social más afectado por el conflicto armado, se conforman como mecanismo para reconstruir el tejido social de las comunidades rurales afectadas por la violencia y alcanzar la tal anhelada paz territorial con justicia social. Sin embargo, esta estrategia de compras directas encara limitaciones, como lo son los marcos normativos excluyentes y las constantes alianzas entre actores de los sectores público y privado en búsqueda de lucro. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017), el Estado colombiano efectúa compras públicas de alimentos por un monto que supera al año los 2.5 billones de pesos (equivalentes a más de USD 700 millones), correspondientes a los programas del ICBF, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el PAE. Sin embargo, la alimentación pública enfrenta limitaciones durante su gestión que restringen las potencialidades para hacer efectivas las compras locales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013). Según la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016), solo 37 % de los alimentos que abastecen 103 el mercado institucional en Antioquia (PAE, ICBF, hospitales, prisiones, ejército y policía) son comprados dentro de los mismos municipios y tan solo 3 % de las compras son efectuadas directamente a las organizaciones de la agricultura familiar. A pesar de que no existen datos nacionales del número de compras locales o directas a las organizaciones campesinas y de agricultura familiar, se estima que esta misma realidad es evidente también en la mayoría de departamentos de Colombia. Esto muestra la desconexión que actualmente existe entre la producción de alimentos locales y la compra a través de la agencia estatal. Por un lado, el campesino productor de alimentos está supeditado a los intermediarios que negocian desequilibradamente los precios y las condiciones de comercialización, por otro, las comunidades rurales encaran las dificultades de recibir alimentos en malas condiciones sanitarias por las largas distancias recorridas o en pocas cantidades por la extrema ineficiencia en los procesos de abastecimiento. Además, estas comunidades desconocen su procedencia o forma de producción, que muchas veces son contrarias a sus hábitos alimentarios. Las trayectorias históricas de la alimentación pública en Colombia: del ayer al hoy Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Los programas de ayudas alimentarias internacionales han existido en Colombia desde los años cuarenta. En sus inicios, estos programas correspondían a estrategias de comercialización de excedentes industriales provenientes de los Estados Unidos de América (EUA) (McMichael, 2009). Posteriormente, estos fueron fortalecidos dentro de políticas desarrollistas típicas de las décadas de los setenta y los ochenta que objetivaban la modernización de la alimentación y la ampliación de la agencia estatal en sectores estratégicos como la industria y la agricultura. Así, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) formuló, en 1971, el Proyecto Interinstitucional de Promoción de Políticas Nacionales de Alimentación y Nutrición (PINA/PNAN) y, en 1975, el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). Adicionalmente, bajo la tentativa de aumentar la cobertura usando una base escasa de recursos económicos, el Estado absorbió la agencia comunitaria dentro del aparato estatal para incrementar la eficiencia de los recursos, con el respaldo de los grupos populares, a través de modalidades de atención comunitaria y la firma de contratos con organizaciones comunitarias (Pinilla, 1999). Hasta los años noventa, la gestión de los programas públicos de alimentación era ejecutada por estas organizaciones bajo la supervisión de gestores públicos del ICBF (s.f.). Las organizaciones comunitarias firmaban contratos de aportes con el ICBF, de forma descentralizada, en cada Centro Zonal de esta institución. Estas organizaciones correspondían específicamente a asociaciones de padres de familia 104 Capítulo 6 | Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de sus potencialidades frente a los desafíos de los ods y a juntas de acción comunal (JAC) (ICBF, s.f., 1992); administraban los recursos girados por el ICBF; compraban, almacenaban y ofrecían los servicios de alimentación; elaboraban las listas y llevaban a cabo el intercambio de mercado, el control de la ración servida, la higiene y la manipulación, la selección y capacitación de manipuladoras, y la legalización de cuentas, entre otras actividades (ICBF, s.f.). Según los relatos de los funcionarios y de los miembros de la sociedad civil, las comunidades elegían horizontal y democráticamente a sus representantes, quienes se comprometían a comprar, distribuir y organizarse para preparar los alimentos en los comedores escolares. En caso de presentarse irregularidades en la gestión, se convocaba a la elección de nuevos representantes. La discusión sobre cómo estas formas de organización comunitaria permitían movilizar la alimentación pública como mecanismo de desarrollo será retomada y profundizada en la siguiente sección. Recientemente, la adaptación de criterios de perfeccionamiento de las normativas de contratación pública, ha limitado la capacidad de hacer efectiva la alimentación pública como mecanismo de desarrollo (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Así, el Estado colombiano priorizó criterios de competitividad y especialización durante la contratación, de manera que en 2010 suprimió de los Lineamientos del PAE las figuras comunitarias (ICBF, 2010). A partir del Decreto 3075 de 1997, que fue retroactivo solo a partir de 2012, las firmas contratistas debían estar registradas en el Sistema Nacional de Oferentes (o sea, tener Registro Único de Proponentes [RUP]) y cumplir con criterios idóneos de capacidad técnica, financiera y jurídica (G-Exponencial y Cinde, 2013). Esto, sumado a la centralización de la contratación pública del PAE, dio como resultado que un número reducido de contratos fueran adjudicados para la atención de un alto número de municipios. En todo el territorio nacional, son 192 Centros Zonales del ICBF y 100 administraciones municipales o departamentales para el PAE los encargados de contratar los programas de alimentación pública. Frecuentemente, las alianzas entre actores de la esfera privada (empresas contratistas) y la esfera pública (funcionarios estatales) conducen a la apropiación de los recursos de los programas y a la usurpación de la alimentación pública. Hasta 2018, la Contraloría llevaba 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de COP 84 000 millones, implicando 5 gobernadores, 6 exgobernadores, 2 senadores, 1 representante a la Cámara, 2 alcaldes y 52 exalcaldes. Adicionalmente, la Fiscalía llevó a 93 personas a prisión e imputó cargos a otras 57 personas. Finalmente, la Procuraduría tramitó 152 procesos disciplinarios (Contraloría General de la República, 2018). Esto continúa ocurriendo porque la gestión de los programas es excluyente, en cuanto recae directamente sobre el sector privado (entidad contratista), mientras el Estado no realiza el debido monitoreo. Continuamente los funcionarios públicos contestan que los programas de alimentación son operados por empresas privadas y que estas son las encargadas de la gestión 105 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible del programa, incluyendo el mecanismo de compras públicas. Los resultados evidenciaron la condición crítica de estos programas de alimentación. La adopción de normativas bajo criterios de inocuidad alimentaria también ha limitado las potencialidades de la alimentación pública como mecanismo de desarrollo. En Colombia, hasta la primera década del siglo XXI, la única normativa sanitaria a ser cumplida era la de Buenas Prácticas de Manufactura (Decreto 3075 de 1997) (ICBF, s.f.). Posteriormente, nuevas normativas sanitarias fueron incluidas por los ministerios de Salud, Transporte y Agricultura como la Resolución 1229 de 2013 (Ministerio de Educación Nacional, 2017), que incorporó el término de análisis y gestión del riesgo. Estas normativas se encuadran en las prácticas del modelo de abastecimiento global bajo el argumento de que es necesario adecuar las cadenas productivas a los mercados internacionales (Goodman at al., 2008). Dentro de los programas públicos de alimentación, los productos que encaran una mayor restricción, por las normativas sanitarias, para ser comercializados son justamente los de mayor valor, como los de origen animal (pollo, huevos, carne, queso, leche) y los maquilados de origen vegetal (fríjol, arroz, panela, jugos, entre otros). En la última década, y especialmente en el marco de los acuerdos de paz, algunas entidades estatales han elaborado normas dirigidas a promover las compras públicas de alimentos a la agricultura familiar (campesinos y minorías étnicas), las cuales definen que entre el 10 % y el 30 % de los alimentos deben ser comprados localmente y teniendo en cuenta los hábitos alimentarios de cada zona, sin embargo, mantienen los criterios antes mencionados de competitividad e inocuidad que favorecen a las grandes empresas, y no establecen mecanismos claros para obligar que las compras se hagan directamente a las organizaciones campesinas, familiares y comunitarias2. Recientemente, fueron sancionadas la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, que reglamentan las compras públicas locales de alimentos a organizaciones campesinas, familiares y comunitarias, pero sin contemplar mecanismos para suprimir las barreras administrativas y sanitarias que hacen inviable que el Estado colombiano compre directamente a los agricultores familiares. A pesar de los esfuerzos, son evidentes el progresivo desmonte institucional de la contratación de organizaciones comunitarias y la debilidad de los marcos normativos diferenciados para fomentar la compra de alimentos de la agricultura familiar y campesina, los cuales han favorecido la apropiación de la 2 106 Decreto 1927 de 2013 que modifica la estructura del icbf, a partir del cual se desarrolló la “Guía orientadora para el desarrollo de la estrategia de compras locales” de 2018. Circular 7 de 3 de octubre de 2013 de Colombia Compra Eficiente. Resolución 29452 de 2017, Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional. Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre agricultura campesina, familiar y comunitaria. Capítulo 6 | Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de sus potencialidades frente a los desafíos de los ods alimentación pública por empresas privadas, que continuamente encuentran en la contratación y suministro de alimentos un prodigioso botín económico. Según el informe de la Procuraduría General de la Nación (2017), entre 2013 y 2017, tan solo 5 representantes legales de las firmas privadas contratistas del PAE amasaron el total de COP 655 461 millones (equivalentes a USD 191 millones), lo que corresponde al 17 % del total contratado por el programa. Caminos posibles y potencialidades de la alimentación pública como mecanismo de desarrollo Retomando la discusión sobre cómo las formas de organización comunitarias permitían agenciar la alimentación pública como mecanismo de desarrollo, se evidencia que los recursos humanos y materiales disponibles se aprovechaban de forma más eficiente al existir una mayor autonomía para ejecutar los recursos públicos y un permanente compromiso de la comunidad por el bienestar mutuo (ICBF, s.f., 1979). Además, la flexibilidad de la gestión y el compromiso por parte de los miembros de las comunidades permitían que criterios como la buena alimentación y la eficiencia de la gestión de los recursos públicos primasen sobre intereses particulares (ICBF, 1991). Sumado a esto, la compra de alimentos se efectuaba en las propias comunidades o en las cabeceras de los municipios (ICBF, 1989). Esto permitía posicionar los programas de alimentación como canal de comercialización de alimentos frescos, como mecanismo de activación de economías campesinas locales y como estrategia de consumo más acorde con los hábitos de las poblaciones rurales. La alimentación pública se posiciona como motor de desarrollo incluso en condiciones adversas. La búsqueda de alternativas para encarar los problemas derivados de la usurpación de la alimentación pública es la forma más viable que las comunidades han asumido para asegurar las condiciones necesarias para su reproducción social. Para enfrentar las falencias del modelo de gestión de los programas de alimentación pública, las comunidades continuamente se organizan e implementan estrategias que incluyen: 1) las contribuciones monetarias para la compra de alimentos y el reconocimiento económico a las mujeres que preparan los alimentos; 2) las contribuciones en alimentos para completar los déficits de comida; 3) las acciones voluntarias que incluyen el transporte y preparación de alimentos; y 4) el trueque de alimentos que se consideran inadecuados frente a los hábitos alimentarios y que se realiza con tenderos locales. La sociedad y el Estado colombiano deben prestar atención a las condiciones como se están concibiendo y gestionando los programas de alimentación 107 pública. Los marcos normativos adoptados desconocen los contextos locales de las zonas rurales e invisibilizan las potencialidades de la alimentación pública. Las formas de gestión de los programas están desperdiciando las capacidades y oportunidades que la alimentación pública podría brindar para la construcción de paz con justicia social y para el alcance de los múltiples ODS en Colombia. Mientras la alimentación pública continúe siendo apropiada por intereses privados en alianzas con actores del sector público, las potencialidades de este mecanismo de desarrollo continuarán siendo limitadas y los ODS seguirán siendo una ilusión inalcanzable. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (2020), varias irregularidades en contrataciones públicas de alimentación fueron evidenciadas con la declaratoria del estado de emergencia al inicio de 2020. Conclusiones Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible El objetivo de este trabajo fue evidenciar las potencialidades de los programas de alimentación pública para alcanzar los ODS en Colombia. Los programas públicos se conforman como un mecanismo que puede potenciar el desarrollo por su capacidad para movilizar un elemento fundamental para la vida: la alimentación. A pesar de que la alimentación pública es una estrategia empleada para garantizar un mercado estable, a través de la adquisición de alimentos producidos por campesinos, el Estado colombiano no ha podido balancear el juego de poder existente del mercado, pues ha delegado la responsabilidad de la alimentación pública a la esfera privada, lo cual contrasta con las limitaciones de las políticas públicas dirigidas a apoyar la comercialización de la producción campesina. Sumado a esto, frecuentemente los actores de la esfera pública entran en escena para formar alianzas con las empresas privadas en la búsqueda de lucro que les asegure su mutua reproducción, utilizando en ocasiones mecanismos violentos vinculados en muchos casos al conflicto armado colombiano. En los últimos años, la priorización de criterios de especialización en la contratación y de la inocuidad favoreció el juego salvaje de competición de mercado dentro de los programas de alimentación pública e indujo a la exclusión directa de las formas de organización comunitaria. Aunque, irónicamente, son las comunidades las que continuamente encaran los efectos de la usurpación de la alimentación pública y crean estrategias de resistencia y afrontamiento para reducir sus efectos. Se concluye que, mientras el Estado no reconozca las potencialidades de la organización comunitaria en la gestión de los programas de alimentación pública y llegue a diseñar mecanismos adecuados y flexibles para la contratación y el abastecimiento de alimentos producidos por campesinos, la alimentación pública continuará siendo mercantilizada. Los caminos alternativos 108 Capítulo 6 | Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de sus potencialidades frente a los desafíos de los ods se conforman con el reconocimiento y el fomento de las diversas formas de organización comunitaria local y sus dinámicas territoriales, que continuamente contribuyen al cumplimiento de los ODS a través de la alimentación pública como mecanismo de desarrollo. Referencias Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. CNMH-UARIV. http://www. centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf Congreso de Colombia. (2020). Ley 2046 de 2020, Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos. Diario Oficial n.° 51 398. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ basedoc/ley_2046_2020.html Contraloría General de la República. (2018). Grandes hallazgos. Imprenta Nacional. https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/472298/Libro_ grandes+hallazgos+CGR.pdf/6b2543f3-4faa-40c8-900d-5f47d08180ff Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Pobreza y condiciones de vida. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida Forero, J. (2002). La economía campesina colombiana 1990-2001. En J. Forero, Cuadernos tierra y justicia. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). (2020). Los cuestionados contratistas del Gobierno nacional para la provisión de mercados en el marco de la emergencia por Covid-19. Pares. https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/ Informe-contratistas.pdf Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). Sistemas de abastecimiento alimentario: Inclusión de la agricultura familiar a las compras públicas. FAO. http://www.fao.org/3/a-i5247s.pdf Goodman, D., Sorj, B. y Wilkinson, J. (2008). Da lavoura às biotecnologias: Agricultura e indústria no sistema internacional. Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. https://doi.org/10.7476/9788599662298 G-Exponencial y Cinde. (2013). Evaluación de operaciones y resultados para determinar el grado de efectividad del programa de alimentación escolar - PAE. https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_final_eval_pae.pdf 109 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Gutiérrez, O. A., Parrado, A. y Molina, J. P. (2019). Circuitos de productos de origen campesino de alto consumo. En F. Herrera, A. Montes, S. Moctezuma, y A. Rosendo, Territorialidades, migración y políticas públicas en el contexto rural latinoamericano (pp. 199-224). Universidad Autónoma del Estado de México. http://hdl.handle.net/20.500.11799/104935 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (s.f.). Lineamientos técnico-administrativos y estándares para la asistencia alimentaria al escolar - Programa de Alimentación Escolar. ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (1979). Educación de la infancia y comunidad local. ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (1989). Informe caracterización del proyecto Hogares de Bienestar. ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (1991). Marco de política del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 1991-1994. ICBF. Disponible en: https://sibu.unab.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96735&shelfbrowse_itemnumber=142947 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (1992). Evaluación de los hogares comunitarios de bienestar. ICBF. Disponible en: https://www.icbf.gov. co/evaluacion-de-impacto-del-programa-hogares-comunitarios-de-bienestar-del-icbf Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2010). Lineamientos técnico-administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar (PAE). ICBF. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-325238_archivo_pdf_lineamientos_tecnicos.pdf Lang, T. (2017). Re-fashioning food systems with sustainable diet guidelines: Towards a SDG2 strategy. Friends of the Earth. https://friendsoftheearth.uk/sites/ default/files/downloads/Sustainable_diets_January_2016_final.pdf McMichael, P. (2009). A food regime genealogy. The Journal of Peasant Studies, 36(1), 139-169. Ministerio de Educación Naciona. (2017). Lineamientos técnico-administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE). MEN. Morgan, K. (2008). Greening the realm: Sustainable food chains and the public plate. Regional Studies, 42(9), 1237-1250. Morgan, K. (2014). The politics of the public plate: School food and sustainability. Int. Jrnl. of Soc. of Agr. & Food, 21(3), 253–260. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2013). Alimentación escolar y las posibilidades de compra de la Agricultura Familiar. Estudio de caso en 8 países. FAO. http://www.fao.org/3/i3413s/ i3413s.pdf 110 Capítulo 6 | Programas de alimentación pública como mecanismo de desarrollo en Colombia: una revisión integral de sus potencialidades frente a los desafíos de los ods Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2017). Guía para implementar estrategias locales de compras públicas a la agricultura familiar. FAO. http://www.fao.org/3/a-i7504s.pdf Presidencia de la República. (2021, 9 de marzo). Decreto 248 de 2021, Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ norma.php?i=159934 Procuraduría General de la Nación. (2017). Procuraduría exhorta al Gobierno a diseñar nuevo modelo de contratación PAE. https://www.procuraduria.gov. co/portal/exhorto-al_gobierno_a_disenar_nuevo_modelo_de_contratacion_PAE.news Pinilla, N. (1999). Premisas históricas de la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Memoria y Sociedad, 3(6), 125-133. The Lancet. (2017). Addressing the vulnerability of the global food system. The Lancet, 390(10090), 95. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31803-2. Valderrama, N. (2019). Alimentação pública, conflito armado e desenvolvimento rural na Colômbia: uma abordagem posibilista [tesis doctoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. Repositorio institucional de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Valderrama, N., Quintero, J. A., Zuluaga, C. P. y Schneider, S. (2018). Construcción social de mercados institucionales como estrategia de desarrollo rural sustentable: Estudio de caso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre los años 2012-2015 en el municipio de Granada - Antioquia (Colombia). Interações (Campo Grande), 19(1), 193-207. Valderrama, N. y Schneider, S. (2018). La contribución de la alimentación pública para el desarrollo rural: Reflexiones a partir del caso colombiano. Revista Grifos, 27(45), 97-113. 111 Capítulo 7 Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” Juanita Montoya Galvis Mercedes Castillo de Herrera Introducción E l objetivo 11 de la Agenda 2030, referido a “Ciudades y comunidades sostenibles”, nos dice que más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas y que se espera que en 2050 esa cifra equivalga a dos tercios de la humanidad. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018), en Colombia ya hemos sobrepasado ese promedio, pues actualmente el 77.1 % de la población vive en ciudades. En nuestro país hay tres centros urbanos (Medellín, Cali y Barranquilla) con más de un millón de habitantes, sin contar la población de sus áreas metropolitanas y conurbaciones, aparte de Bogotá, que está cerca de los ocho millones de habitantes. Ocho ciudades más aparecen con población igual o superior al medio millón de personas (Cartagena, Cúcuta, Soledad, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Soacha y Santa Marta), y otras cinco con casi esa población (Montería, Valledupar, Bello, Pereira y Manizales). En total, hay 52 ciudades con más de cien mil habitantes, 113 lo que implica una gran responsabilidad en la asunción del objetivo 11 de la Agenda 2030. Estas ciudades, unas más que otras, han crecido vertiginosamente a causa del conflicto armado interno y de las condiciones de gran pobreza de los campesinos colombianos que llegan a asentarse en las zonas periféricas y a construir sus viviendas y barrios, en un altísimo porcentaje, por fuera de las reglamentaciones urbanísticas y transgrediendo los derechos de propiedad, lo que se ha denominado erróneamente informalidad (Castillo y Castiblanco, 2019). Esta autoproducción —irregular, fragmentada y dispersa— de ciudad en los bordes urbanos los impacta haciendo necesaria la construcción de estrategias que apoyen a los habitantes en el mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad, pues responden a las formas en que ellos, generalmente poblaciones vulnerables campesinas, afrodescendientes e indígenas inmigrantes, logran resolver por sí mismos sus problemas de falta de vivienda. Sin embargo, las políticas habitacionales colombianas poco han aportado a la solución de esta problemática, a pesar de haber adoptado los Objetivos del Milenio y, posteriormente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Por ello, el objetivo del presente texto es exponer algunos elementos que podrían considerarse para la consecución del ODS 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”, específicamente para el caso de los barrios autoproducidos o informales. El texto inicia con una breve exposición de la problemática actual de las ciudades colombianas; posteriormente, presenta las metas y objetivos específicos del ODS 11 para analizar cómo Colombia asume esta tarea; y, finalmente, plantea una reflexión respecto a lo que consideramos se debería hacer para aproximarnos a su cumplimiento, observando el caso de los barrios autoproducidos. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Problemática actual de las ciudades colombianas Estudios recientes hacen énfasis en las consecuencias del acelerado crecimiento poblacional sobre las aglomeraciones urbanas, especialmente en los países en vía de desarrollo. Ruiz-Tagle (2013) muestra cómo ha ocurrido un proceso de poblamiento desarticulado en las periferias de las ciudades por ausencia de políticas claras y eficientes que les permitan un desarrollo integral y por la proliferación de problemas comunes, como segregación, pobreza, criminalidad, falta de servicios públicos y degradación ambiental. Las ciudades, definidas como sistemas complejos multiescalares y abiertos (Batty, 2005, citado por Zumelzu, 2016), producen un conjunto de externalidades positivas desde la perspectiva económica, entre las cuales se encuentran empleo, vivienda y acceso a servicios como educación y salud, esenciales para soportar la creciente población. También producen externalidades negativas, 114 Capítulo 7 | Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” como polución, congestión, inseguridad y degradación social (Kourtit y Nijkamp, 2013), que afectan principalmente la salud de la población y el medio ambiente. América Latina es la región más urbanizada del mundo, según UN-Habitat (2012), con más del 80 % de su población viviendo en ciudades, las cuales se caracterizan por tener altas condiciones de desigualdad y un déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo que afecta sobre todo a las poblaciones de menos recursos. Según Álvarez, Montero y Villamizar (2019, p. 3), entre el 2000 y el 2014 el déficit cuantitativo de vivienda (en América Latina) ha aumentado: se calcula que 38 millones de personas no tenían acceso a una vivienda en 1990, mientras que para 2011 esta cifra oscila entre los 42 y 51 millones de personas. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2018) sostiene que más del 50 % del crecimiento de las ciudades y municipios del país, es de origen informal. Los municipios que encabezan el ranking de las ciudades con el mayor crecimiento informal en los últimos años en el país son: Bogotá, Soacha, Cali, Medellín, Yopal, Aguachica, Buenaventura, Ciénaga, Soledad y Florencia, entre otras. (2018) Este hecho se produce en parte porque las políticas habitacionales actuales en Colombia y Bogotá no han apoyado la producción de vivienda social asequible, y en cambio han creado las condiciones para que el área ocupada por la urbanización informal aumente. Autores como Carrizosa (2016) plantean que en Colombia y América Latina la política de vivienda se ha orientado únicamente a la construcción de nuevas unidades localizadas en la periferia de las ciudades, lo cual ha generado grandes zonas desconectadas de las centralidades y sin servicios urbanos, obligando a sus usuarios a pagar altos costos de desplazamiento y reproduciendo los patrones de segregación y desigualdad, lo cual no contribuye a la disminución de la pobreza. Adicionalmente, esta política impide el acceso a la vivienda por parte de los hogares y no ofrece diferentes tipos de vivienda o diferentes modalidades de titulación (Carrizosa, 2016). Posturas sobre sostenibilidad Hoy en día parece claro que el paradigma dominante que privilegia el crecimiento a ultranza está en crisis, dada su falta de capacidad para sostenerse y la enorme inequidad que produce en el orden de las relaciones sociedad-individuonaturaleza. Como plantea Bermejo (2014) “es necesario sustituir el sistema tecnológico dominante (porque es insostenible) por otro que contribuya a vivir 115 en armonía con la naturaleza” (p. 27). Latouche (2009), ideólogo de la teoría del decrecimiento, planteó, recordando a Kenneth Boulding, que el crecimiento económico infinito no es posible en un mundo finito. De acuerdo con estas premisas, consideramos que la sostenibilidad, como fue planteada en el Informe Bruntland (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987), ha sido vaciada de contenido para quedar subordinada a la economía, y que es urgente resignificarla, adoptar una sostenibilidad súper-fuerte, como aquella a la que se refiere Gudynas (2009), cuando dice: El desarrollo sostenible fuerte advierte que no toda la Naturaleza puede ser reducida a un Capital Natural, ni que todas las valoraciones son económicas. [...] Por más dinero que se disponga, los árboles no crecerán más rápido. Por lo tanto, se subraya la necesidad de asegurar la supervivencia de especies y la protección de ambientes críticos, más allá de su posible uso económico. Finalmente, la sustentabilidad súper-fuerte sostiene que el ambiente debe ser valorado de muy diferentes maneras, además de la económica: también existen valores culturales, ecológicos, religiosos o estéticos, que son tanto o más importantes. Por esta razón enfatiza el concepto de ‘Patrimonio Natural’, entendido como un acervo que se recibe en herencia de nuestros antecesores y que debe ser mantenido, legado a las generaciones futuras, y no necesariamente vendible o comprable en el mercado. (pp. 15-16) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En ese sentido, Camagni (2005) se pregunta hasta dónde es posible llegar en el uso de los recursos naturales, sobre todo cuando se trata de países desindustrializados que asumen un papel de colonias, y así mismo cuestiona por qué se plantea resolver las necesidades de las generaciones futuras, cuando aquellas de las generaciones del presente no están resueltas por el desarrollo actual. Además, señala que el informe no incluye instrumentos de intervención y que, por tanto, es necesario empezar a construirlos (Castillo y Castiblanco, 2019). Montoya et al. (2020) señalan que el Informe Bruntland (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987) presentó como sinónimos los términos duradero y sostenible, y que a partir de este momento se empezaron a plantear nuevas políticas relacionadas con la sostenibilidad en las cuales el desarrollo duradero está supeditado a la superación de la pobreza y al mejoramiento de los asentamientos informales. Por su parte, Jiménez (2002) plantea que el concepto de sostenibilidad se relaciona con la capacidad de un sistema para seguir funcionando de forma permanente en todas sus dimensiones. La sostenibilidad urbana es entonces el estado deseable de condiciones urbanas que persisten en el tiempo (Adinyira, Oteng-Seifah y Adjei-Kumi, 2007). La sostenibilidad urbana, por tanto, se concibe como un proceso necesario para transformar las ciudades que da lugar a la planeación basada en principios 116 Capítulo 7 | Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” que se constituyen en una meta-objetivo de largo plazo (Barton, 2005), cuya finalidad es alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de las áreas urbanas y la protección del ambiente con equidad social, en aspectos como ingresos, empleo, vivienda, servicios básicos, infraestructura y transporte en las áreas urbanas (Hiremath et al., 2013). Por otra parte, se supone que los asentamientos informales son los menos sostenibles, y se contraponen a la visión de barrios sostenibles de los países desarrollados, donde todo funciona y hay múltiples elementos para disminuir el consumo de recursos naturales. Sin embargo, otros autores han demostrado cómo los asentamientos informales pueden llegar a ser sostenibles debido al trabajo que han llevado a cabo las comunidades en la construcción de sus propias viviendas y del entorno mismo (Hernández, 2010; Smith, 2009). Por lo tanto, es importante que para el análisis del ODS 11 se tenga en cuenta la necesidad de desarrollar y fortalecer desde el nivel local a las comunidades de barrio, que tienen un gran valor social debido a que han vivido en lugares que nacen y crecen por ideales y acciones grupales (Hernández, 2010) y que se asemejan a las comunidades de práctica, definidas por Hoadley (2012) como aquellas que comparten un interés común, que interactúan con regularidad y cuyos integrantes, en consecuencia, se identifican con el grupo. Las comunidades de los barrios de origen informal, durante largos años de trabajo conjunto, han desarrollado un fuerte enlace afectivo con su barrio y con la función que este espacio cumple en sus vidas. Las comunidades barriales sostenibles son aquellas que tienen un interés común en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus barrios y que tienden a crecer y, según Barton (2005), a fortalecerse cuando sus integrantes tienen la perspectiva de vivir en el sector por un largo plazo, cuando comparten intereses similares y cuando les hacen frente a problemas y dificultades similares (Montoya, 2019). ¿Son los barrios informales realmente insostenibles? Los asentamientos informales están localizados en la periferia de las ciudades, en áreas de difícil acceso, en zonas de riesgo o en zonas de alta contaminación ambiental. Se caracterizan por tener un inadecuado acceso al agua potable, a los servicios públicos, en especial el de saneamiento básico, y por el hacinamiento, la mala calidad estructural de las viviendas y por la inseguridad en la tenencia de la tierra (UN-Habitat, 2003). Se convierten en barrio cuando sus habitantes inician la conformación de relaciones sociales y establecen una comunidad, es decir, cuando comparten un interés común (Hoadley, 2012) y cuando los 117 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible integrantes de esta comunidad trabajan conjuntamente para enfrentar las adversidades, con la perspectiva de vivir en ese lugar en el largo plazo (Barton, 2005). Con una visión diferente a la de los barrios sostenibles planificados de los países desarrollados, los barrios informales tienen un sentido de sostenibilidad, ya que sus habitantes tienen bajos niveles de consumo, no tienen una dependencia de los combustibles fósiles y sus comunidades emergen como un sistema de interacciones sociales que gestionaron la construcción del barrio y sus viviendas (Montoya, 2019). El barrio informal sostenible es aquel que tiene la capacidad de “seguir funcionando de forma permanente en todas sus dimensiones” (Jiménez, 2002, p. 71). Con respecto a la sostenibilidad de los barrios, hay dos grandes corrientes teóricas: la de investigadores como Ward y Smith (2015), quienes propusieron establecer políticas de mejoramiento de vivienda en las que se incluyan herramientas que contribuyan a disminuir el consumo de servicios públicos, como celdas solares, tanques para uso de aguas lluvias y grises, y reciclaje de basura, y la de otros investigadores (Devi, Lowry y Webwer, 2017; Montoya, 2019) que proponen recomendaciones de política para mejorar las condiciones de sostenibilidad urbana en estos barrios. Por otro lado, Castillo y Castiblanco (2019) proponen la concepción de ciudades latinoamericanas enmarcadas en un desarrollo sostenible a partir de transformaciones en la manera como estas se construyen en sus dimensiones ecológico-ambiental, sociopolítica, cultural y económica. Para ello realizan una revisión de referentes de evaluación de la sostenibilidad propuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —en la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles—, por la ONU —en la Agenda 2030— y por el proyecto de Ciudades Mediterráneas Sostenibles (CAT-MED). Así mismo, revisan un conjunto de categorías que buscan conformar, de manera sistemática y procurando alcanzar un nivel operativo y concreto, un marco teórico con el cual orientar la planeación, la proyección y la actuación en las diferentes estructuras que componen la ciudad. En dicho marco se contempla la concepción de Regolini (2008), quien plantea la necesidad de complementar lo que él llama los campos de la sustentabilidad con las categorías de lo vivible, lo justo y lo viable, a partir de lo cual propone cuatro principios principales: compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad social, de los que se derivan 12 dimensiones y 120 elementos de sustentabilidad urbana, todos interactuantes, interconectados y que se afectan unos a otros. Igualmente, López y López (2012) establecen dos finalidades específicas de la sostenibilidad urbana, la equidad y la habitabilidad, a las que asocian cuatro subsistemas de evaluación e intervención que coinciden con las dimensiones ambiental, social, económica y espacial, y a las que se asocian diversos objetivos por alcanzar. 118 Capítulo 7 | Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” La propuesta concreta de Castillo y Castiblanco (2019) es la de abordar la condición multidimensional y multiescalar del territorio urbano, en general, y de las áreas de borde, en particular, a partir de la definición de las tres dimensiones generales del desarrollo sustentable, de las que surgen tres categorías básicas a manera de principios (habitabilidad, eficiencia y equidad) y nueve subcategorías que representan los criterios con los cuales se define el escenario ideal que debiera ser garantizado en las áreas de borde urbano para el principio de la habitabilidad se plantean los criterios asociados a la respuesta que debe dar el territorio en la satisfacción de necesidades de orden fisiológico y social de sus habitantes: la adaptación al cambio climático, el bienestar físico, el bienestar social y la cohesión social. Para el principio de equidad, se proponen como criterios aquellos que garantizan la satisfacción de necesidades sociales y económicas asociados al territorio: la cohesión social, la gobernabilidad, la asequibilidad y el balance entre producción y consumo. Y finalmente para el principio de eficiencia los criterios planteados para atender las necesidades económicas y ambientales asociadas a este principio son los de balance entre producción y consumo, integración funcional, metabolismo urbano y adaptación al cambio climático. (Castillo y Castiblanco, 2019). De estos criterios surgen 18 propósitos de desarrollo sostenible que constituyen el escenario estratégico a través del cual es posible enmarcar las problemáticas puntuales a ser atendidas para garantizar condiciones adecuadas de sostenibilidad urbana. Objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” Con base en la problemática urbana actual, que se resume en la creciente desigualdad social de los habitantes de las aglomeraciones urbanas, el aumento del consumo energético, la contaminación y la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, el ODS 11 plantea como propósito conseguir “que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (PNUD, 2018), y para ello fija una serie de metas, entre las que cuentan: 1) asegurar el acceso a vivienda y a servicios básicos adecuados; 2) proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles; 3) aumentar la urbanización inclusiva y sostenible; 4) proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural; 5) reducir el número de muertes causadas por desastres naturales; 6) reducir el impacto ambiental causado por las ciudades; 7) proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y asequibles; y 8) apoyar los vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 119 El Conpes 3918 de 2018, denominado “Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia”, establece la metodología para el seguimiento y el reporte de los logros, así como la estrategia de implementación territorial con una visión a 2030. Para ello establece una serie de metas trazadoras a nivel Colombia con acciones para ser desarrolladas entre 2018 y 2030 (Conpes, 2018). Para el ODS 11, el indicador nacional es el de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda, y la meta está definida como la disminución del déficit cualitativo de vivienda. Según el Reporte Nacional Voluntario Colombia (DNP, 2018), la definición de este ODS para nuestro país es un poco más amplia, ya que les apunta a las siguientes acciones específicas: 19 oferta de vivienda gratuita y subsidios de vivienda rural; 2) mejoramiento de viviendas y conexión a servicios públicos domiciliarios; 3) fortalecimiento de los instrumentos para gestionar el riesgo en las entidades territoriales; 4) desarrollar planes de ordenamiento departamental y territorial (programa POT Modernos), que incluyan planes integrales de cambio climático; y 5) mejorar la calidad del aire. Compartimos la preocupación de Álvarez, Montero y Villamizar (2019), que sostienen que elODS 11 debe atender no solo el déficit de vivienda y los impactos ambientales, sino que debe buscar también las causas y los efectos de la segregación socioespacial. Conclusiones Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible El reto de Colombia frente al ODS 11 es entender que la sostenibilidad urbana es un concepto amplio que se debe entender como un proceso (Jiménez, 2002) en el cual se deben incluir la calidad de vida y la equidad entre la población urbana como propósito general, frente al cual es necesario superar la exclusiva valoración mediante metas puramente cuantitativas. Se espera que esta reflexión contribuya a que las acciones orientadas por las premisas del ODS 11 puedan lograr impactos mayores en la problemática actual de las ciudades, y que tengan un mayor impacto en las áreas de desarrollo informal, por lo tanto, se sugiere repensar los objetivos que menciona el Reporte Nacional Voluntario (DNP, 2018), de tal manera que los gobiernos locales sean los protagonistas en el fortalecimiento de las comunidades urbanas sostenibles como sujetos activos (Gudynas, 2009) en la formulación de las políticas de mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales, económicas y del espacio construido (Montoya et al., 2020), especialmente en las áreas de desarrollo informal, lo cual contribuiría a transformar, de cara al futuro, las áreas urbanas en ciudades menos segregadas y más equitativas, frente a lo cual sugerimos las siguientes acciones: 120 Capítulo 7 | Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” → Entender la ciudad como un lugar para la “promoción social y redistribución de oportunidades” (Carrizosa, 2016, p. 448), en el cual se evidencie la participación de las comunidades de los barrios segregados con población de bajos ingresos, sean estos planeados (o de origen informal), para que puedan ser objeto de planes de mejoramiento que se orienten a satisfacer las necesidades reales de sus habitantes y que los integren social y espacialmente a las centralidades de la ciudad. → Comprender que la ciudad no puede seguir creciendo a partir de proyectos de vivienda alejados de los lugares de trabajo y sin servicios urbanos, que reproducen los patrones de segregación y que no contribuyen a mejorar las condiciones de equidad de la población. → Mejorar los sistemas de movilidad masiva con un sistema multimodal que integre definitivamente todos los sectores periféricos a las centralidades y proponer herramientas que mejoren la accesibilidad por parte de las comunidades de menores ingresos. → Propender a un trabajo conjunto y colaborativo entre los gobiernos locales, las comunidades barriales y el sector académico, con el fin de diseñar herramientas de regulación para que el desarrollo de las ciudades no se base solamente en el mercado, sino que también contribuya a reducir las inequidades urbanas. Referencias Adinyira, E., Oteng-Seifah, S. y Adjei-Kumi, T. (2007). A Review of Urban Sustainability Assessment Methodologies. International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment, Glasgow, Reino Unido. Álvarez, M. J., Montero, S. y Villamizar, S. (2019). Hacia ciudades incluyentes, el ODS 11 y el reto de la segregación socioespacial en América Latina. CODS n.º 3. https://cods.uniandes.edu.co/hacia-ciudades-incluyentes-el-ods11-y-el-reto-de-la-segregacion-socioespacial-en-america-latina/ Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987). Nuestro futuro común. Informe de la comisión mundial sobre medio ambiente y desarrollo. Nueva York. Disponible en: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm Barton, H. (ed.). (2005). Sustainable communities: The potential for eco-neighbourhoods. Earthscan Publications. Bermejo, R. (2014). Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomímesis. Hegoa. p. 27 Camagni, R. (2005). Economía urbana. Antoni Bosch. Carrizosa, M. (2016). Seis países y veinte años: Una lectura transversal de la política urbana latinoamericana. En M. Cohen, M. Carrizosa y M. Gutman 121 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible (eds.), Hábitat en deuda: Veinte años de políticas urbanas en América Latina (pp. 445-461). Café de las Ciudades. Castillo, M. y Castiblanco, J. J. (2019). El desarrollo sustentable como “deber ser” de la intervención en el borde urbano. En F. A. Aguilera, (ed.), El borde urbano como territorio complejo (pp.57-86). Universidad Católica de Colombia-Universidad La Gran Colombia. CONPES. (2018). Documento Conpes 3918. Bogotá D. C. Disponible en: https:// www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/conpes-3918de-2018.pdf Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Reporte Nacional Voluntario Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Devi, P. P., Lowry, J. H. y Weber, E. (2017). Global environmental impact of informal settlements and perceptions of local environmental threats: An empirical case study in Suva, Fiji. Habitat International, 69, 58-67. Gudynas, E. (2009). Desarrollo sostenible: Posturas contemporáneas y desafíos en la construcción del espacio urbano. Vivienda Popular, (18), 12-19. Hernández, J. (2010). El parque de mi barrio: Production and consumption of open spaces in popular settlements in Bogotá [tesis de doctorado] University of Newcastle upon Tyne. Disponible en: http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/985 Hiremath, R. B., Balachandra, P., Kumar, B., Bansode, S. S. y Murali, J. (2013). Indicator-based urban sustainability: A review. Energy for Sustainable Development, 17, 555-563. Hoadley, C. (2012). What is a community of practice and how can we support it? Theoretical Foundations of Learning, (814), 287-300. Jiménez, L. (2002). La sostenibilidad como proceso de equilibrio dinámico y adaptación al cambio. ICE Desarrollo Sostenible, 800, 65-84. Kourtit, K. y Nijkamp, P. (2013). In praise of megacities in a global world. Regional Science Policy & Practice, 5(2), 167-182. Latouche, S. (2009). La apuesta por el decrecimiento: ¿Cómo salir del imaginario dominante? Icaria editorial. López, A. P. y López, O. (2012). Conceptualización de un modelo de intervención urbana sostenible: Ecobarrios en el contexto latinoamericano de reciente industrialización. Revista de Arquitectura, 14, 116-127. https:// revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/732/747 Montoya, J. (2019). Condiciones actuales de sustentabilidad en barrios de origen informal en Bogotá [tesis de doctorado]. Universidad del Bío-Bío, Chile. 122 Capítulo 7 | Reflexiones y propuestas en torno al ods 11 “Comunidades urbanas sostenibles” Montoya, J., Cartes, I. y Zumelzu, A. (2020). Indicators for evaluating sustainability in Bogota’s informal settlements: Definition and validation. Sustainable Cities and Society, 53, 1-7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2018). En los últimos 30 años, ciudades y municipios de Colombia han crecido de manera informal. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/enero/en-los-ultimos-30-anos-ciudades-y-municipios-de-colombia-han-crecido-de-manera-informal Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2018). ODS en Colombia: Los retos para 2030. Disponible en: https://www.co.undp.org/ content/colombia/es/home/library/ods/ods-en-colombia--los-retos-para-2030.html Regolini, C. A. (2008). El conocimiento generador del proyecto urbano sostenible. Cuadernos de Investigación Urbanística, 16, 3-116. Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/277/271 Ruiz-Tagle, M. T. (ed.). (2013). Estrategias de desarrollo bajo en carbono en megaciudades de América Latina. CEPAL. Smith, E. (2009). Sustainable development of informal settlements, a universal approach: A standard program of requirements for the sustainable development of informal settlements: A case study of Petare norte, Caracas, Venezuela. Verlag Dr. Muller. UN-Habitat. (2003). The challenge of slums. UN-Habitat. UN-Habitat. (2012). State of the world’s cities 2012/2013. UN-Habitat. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf Ward, P. M. y Smith, C. B. (2015). Housing rehab for consolidated informal settlements: A new policy agenda for 2016 UN-Habitat III. Habitat International, 50(2015), 373-384. Zumelzu, A. (2016). Forma urbana y sostenibilidad: Pasado, presente y desafíos. Una revisión. Revista AUS, 20, 77-85. 123 Capítulo 8 Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local Marco Antonio Londoño Zuluaga Introducción E ste documento de investigación estudia los retos y desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para otorgar respuestas a las necesidades de la humanidad en aspectos ambientales, económicos y sociales; Así mismo, entrega una propuesta metodológica para que la Agenda Global 2030 se instaure de manera efectiva en municipios de sexta categoría, llevando este propósito mundial de los escritorios a los territorios, tomando como caso de estudio el municipio de Supía en el departamento de Caldas. La territorialización de los ODS se ha convertido en una tarea apremiante para los gobiernos nacionales, surgiendo la prioridad de atender los niveles regionales y locales, donde se encuentran el constructo social y la vida cotidiana, esa que da la razón de ser a la interacción comunitaria, siendo la principal meta de los ODS dar cobertura a las pequeñas células poblacionales, no obstante, se constituye en uno de sus más apremiantes retos ser un propósito con cobertura mundial, pero con competencias desde lo territorial. 125 El municipio de Supía, en el departamento de Caldas, es una localidad con 480 años de historia, de sexta categoría, con presencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas, con bajos ingresos fiscales con respecto a la media nacional, con altas necesidades sociales y económicas, el cual se encuentra llamado a la implementación de los ODS. Sin embargo, no son pocos los retos que el gobierno local, las instituciones y las comunidades deben enfrentar para cumplir las metas que el mundo a estipulado de cara a 2030. Los ODS deben ser implementados en las principales ciudades del mundo y en las pequeñas localidades, constituyéndose en un reto adicional para las entidades regionales, en cuanto al diseño de estrategias para el desarrollo sostenible. Por ello se presenta una propuesta metodológica que busca que los municipios de sexta categoría se apropien del cumplimiento de la Agenda Global 2030, tomando como caso de estudio el municipio de Supía, para la construcción de estrategias en diferentes niveles que permitan el desarrollo de políticas públicas sólidas e innovadoras que generen la transformación territorial en lo económico, lo social y lo ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Desde los albores de la humanidad hasta el pensamiento actual, la organización social ha desempeñado un importante papel para obtener bienestar común. Esta se muestra como una manifestación humana compleja, por lo cual ha sido estudiada en su profundo sentido por los filósofos ilustrados Rousseau y Kant, quienes contemplaron la idea de un tipo de asociación en la que sus integrantes estuvieran en la capacidad de perseguir el bien común, sin olvidar sus necesidades particulares. Después de la Revolución francesa y de la naciente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 —partir de la masiva y sanguinaria confrontación, que dejaba al descubierto los horrores de la guerra—, el 10 de diciembre de 1948 fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas —organismo creado con miras a que tales hechos no se repitieran— la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el resultado visible y pragmático de numerosas reuniones, debates y consensos sociales entre los países pertenecientes a tal organización, y que debía ser incluido en el pacto a los sectores sociales, raciales y culturales de cada región del mundo. Teniendo como ejemplos estas declaraciones, las Naciones Unidas, han trazado diversos planes, en correspondencia con el cambio constante y dinámico del mundo, que permitan alcanzar el bienestar social, atendiendo problemas fundamentales, como la pobreza o la guerra. Nos ubicaremos en una de sus estrategias más recientes y potentes: la Agenda Mundial. En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015 fueron 126 Capítulo 8 | Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local establecidos los ODS. Los líderes mundiales acordaron los pilares de la Agenda 2030, a fin de adoptar medidas y políticas para poner fin a diversos fenómenos sociales vulnerables y que permitan a los ciudadanos gozar de paz y prosperidad. Los 17 objetivos y las 169 metas se encuentran interrelacionados y están encaminados a la elección de medidas para atacar los flagelos a la dignidad humana, al planeta y a los demás seres existentes, concientizando sobre el consumo sostenible y responsable en aras de mejorar las condiciones de vida actuales y de las generaciones venideras. Los diferentes temas trabajados cubren diversas esferas humanas y personales. Se enfocan en la erradicación de la pobreza, como punto fundamental; buscan que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas; y trabajan en pro de la salud, orientando la nutrición, la salubridad, la atención de enfermedades como el VIH o la malaria y la mortalidad infantil. Además, es un reto de todos los países firmantes que millones de jóvenes y niños puedan ingresar o mantenerse en la escuela con éxito y encontrar las mejores herramientas para dar acceso y brindar cobertura en educación con dignidad. En estos objetivos mundiales encontramos una latente preocupación ante la escasez de recursos, la calidad deficiente del agua y el saneamiento inadecuado, que influyen negativamente en la seguridad alimentaria de muchas comunidades y, por supuesto, en sus opciones de subsistencia. El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos son presentados como ítems fundamentales en el cambio estructural que se propone. Además, imponen la necesidad de formarnos en el consumo responsable, al considerar apremiante la implementación de alternativas que disminuyan la huella ambiental, recomendando así la promoción de sociedades inclusivas enmarcadas en la paz y la justicia para todos, con instituciones sólidas, responsables y eficaces en el desarrollo sostenible. Pero ¿cómo alcanzar satisfactoriamente estos objetivos? La respuesta que han encontrado los firmantes de la Agenda 2030 es la alianza entre las naciones, el sector privado y la sociedad civil. La corresponsabilidad que poseen estos sectores para la consecución de una sociedad sostenible es la base sobre la cual se erigen los principios y valores de los ODS. Por ello se propone como alternativa mejorar la cooperación internacional, apoyando los planes nacionales, promoviendo la economía entre los países hermanos, fomentando las alianzas público-privadas y aprovechando capacidades y experiencias que surgen desde la sociedad civil de forma que beneficien a todos. ¿Cómo definir la territorialización de los ods? Todo abordaje social requiere, para su mejor comprensión, de la observación y el cuestionamiento de su contexto. Según Paulo Freire, en su obra “Cartas a 127 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible quien pretende enseñar” (1994), es vital la lectura del mundo circundante para entender con mayor precisión los acontecimientos sociales situados cultural y geográficamente en él. En la territorialización de los ODS esta noción académica nos acerca a tomar en cuenta los contextos particulares de cada región de la nación para la consecución de la Agenda 2030. Se trata, entonces, de poner en el centro del desarrollo sostenible a los territorios, así como a las prioridades, necesidades y recursos de sus habitantes. Ello en el marco de la articulación entre los niveles global, nacional y local para el alcance de objetivos y metas, la determinación de las estrategias de implementación y el monitoreo del progreso de la agenda. Mientras que los ODS son globales, su materialización dependerá de la habilidad para convertirlos en una realidad en nuestras regiones y localidades, sin excluir sectores sociales y económicos, pero reconociendo la potencia y los recursos de cada uno de los territorios subnacionales. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (2016), envió un mensaje en este sentido, reconociendo que, en un mundo que se urbaniza rápidamente, “nuestra lucha para la sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades” (p. 5). Las regiones se encuentran en una posición ideal para alcanzar una agenda amplia, compleja, concreta y alcanzable. En esta misma línea, como recalca el Synthesis Report del Secretario General de las Naciones Unidas (2014), “muchas de las inversiones hechas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible tendrán lugar a niveles de gobierno subnacional, lideradas por las autoridades locales” (p. 35). Esta invitación pone en el lente la particularidad de las regiones; además, es la oportunidad para estudiar la complejidad de las relaciones que emergen en las localidades, sus situaciones problemáticas, las oportunidades que han desarrollado por su ubicación geográfica, histórica o social, y las soluciones que pueden plantearse desde su seno. Es menester, pues, que dentro de las naciones exista el pacto por la cooperación Norte-Sur en el nivel subnacional, para lograr que todas las manifestaciones humanas e institucionales de la vida social emerjan, propongan y participen con franqueza del cambio que se promueve internacionalmente, y ante la seria responsabilidad que asumen sus gobernantes. Es compromiso, entonces, de los dirigentes del Estado destinar sus esfuerzos institucionales a promover el diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas integrales que conversen de forma participativa con las comunidades como herramienta fundamental para guiar el accionar estratégico de las naciones. En esta diada, es deber, y derecho también, de la comunidad, los grupos y los individuos, como actores involucrados, participar desde sus espacios vitales —con las herramientas que poseen y en la búsqueda constante de oportunidades de aprendizaje— en la concientización, la contribución y la transformación de la vida social como la 128 Capítulo 8 | Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local conocemos hoy, no por las estadísticas, sino más bien por la conciencia de que debemos y merecemos un entorno respetuoso de la diversidad de la vida de este nuestro mundo común. La territorialización de los ODS en América Latina y El Caribe La región de América Latina y el Caribe ha sido históricamente reconocida como la más desigual del mundo. El propósito central de un cambio estructural como el que proponen los ODS es lograr la igualdad y la inclusión de todos y todas, superando la heterogeneidad estructural que caracteriza a la región. La comunidad internacional aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y, según el Observatorio Regional de Planificación del Desarrollo (2019) de la Cepal, organismo encargado de monitorear las acciones que emergen en cada uno de los países para territorializar los ODS en América Latina y el Caribe, desde ese momento los países de la región han avanzado en su implementación en dos direcciones: Por un lado en la generación y consolidación de instituciones encargadas de la coordinación de acciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y por el otro, en la identificación de indicadores, fuentes y datos que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los ODS y sus metas. (2019, p. 1) En su función de monitoreo, el observatorio ha revisado los informes nacionales voluntarios de los años 2017 y 2018, ha visitado las páginas web institucionales creadas por los países o las Naciones Unidas y ha usado información disponible en plataformas como Localizing the SDGs, creada por la Sustainable Development Goals Knowledge Platform y diseñada por las Naciones Unidas con información sobre la Agenda 2030. En este estudio se identifican siete herramientas de territorialización que han sido implementadas en los países de la región, según el documento “Notas de planificación para el desarrollo n.º 1” (p. 3): → Documentos con lineamientos generales u orientaciones metodológicas para la incorporación de los ODS en los niveles locales. → Creación de instancias institucionales para la incorporación, seguimiento y cumplimiento de la agenda 2030 en los niveles subnacionales (consejos, convenios, comités de seguimiento). → Socialización, capacitación o diálogo colectivo centrados en abrir espacios para el diálogo con diferentes actores, así como en capacitar a los funcionarios locales sobre los ODS. 129 → Diagnóstico y seguimiento con la consolidación de instrumentos para identificar y monitorear el estado de avance de los ODS en los niveles subnacionales. → Instrumentos para la incorporación de la Agenda 2030 en los planes locales. → Iniciativas promovidas por la sociedad civil, el sector privado y otros actores por medio de las cuales se ha iniciado un proceso de diálogo, sensibilización y diagnóstico colectivo en las regiones y municipios en torno a la Agenda 2030 y los ODS. → Mecanismos de visibilización de prácticas exitosas, con iniciativas para socializar casos llevados a buen término en la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS en las regiones. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En los diferentes territorios de América latina, estas siete acciones se usan de manera diversa ante las prioridades y los recursos que se tornan drásticamente diferentes entre regiones: en algunas la pobreza tiene índices más elevados, la desigualdad asedia a otras en el continente, pero no en igual proporción para todas. Un caso cercano es el de Uruguay, que implementa en su gestión institucional cuatro de estos elementos: socialización, capacitación o diálogo colectivo; diagnóstico, monitoreo y seguimiento; mecanismos de visibilización de buenas prácticas; e instrumentos para la incorporación de la Agenda 2030 en los planes locales. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de ese país se han implementado diferentes iniciativas para socializar e incentivar el diálogo colectivo sobre los ODS y avanzar en el monitoreo de su cumplimiento. La consolidación de una plataforma virtual en la que se visualiza la situación del país respecto a los indicadores globales de cada meta y ODS es una de sus estrategias más fuertes. En esta se comparten materiales para apoyar a los niveles subnacionales en su proceso de territorialización, y se publican informes sobre la localización de los ODS en algunos municipios (Flores, Río Negro, Racha, San José) que han avanzado en esta vía. En octubre de 2017 esa dependencia pública inició, con el apoyo de Naciones Unidas, un trabajo de sensibilización y difusión de los ODS en el territorio, a través de tres actividades de alcance departamental: exposición pública “Uruguay suma valor”, con el ánimo de mostrar las iniciativas que se han emprendido para el cumplimiento de los ODS; un taller de alineación de los ODS, en el cual se ha trabajado con los gabinetes departamentales aplicando la metodología evaluación rápida integrada (RIA), que realiza un mapeo de los ODS y los vincula con las prioridades nacionales y subnacionales desde un análisis participativo; y un taller de diálogo consultivo, que pretendió identificar, con la sociedad civil 130 Capítulo 8 | Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local y el sector privado, los problemas del territorio, las prioridades y los factores que podrían bloquear el desarrollo de las regiones. La territorialización de los ODS en Colombia El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) surge como primer gran aliado de los países —y, por supuesto, de Colombia— en los acuerdos históricos de cooperación para el desarrollo del mundo. El 29 de mayo de 1974, el Gobierno colombiano firmó el Acuerdo Básico de Cooperación, solicitando asistencia del PNUD en beneficio de su población, para apoyar y complementar los esfuerzos nacionales por solucionar los problemas sociales, fomentar el progreso y mejorar la calidad de vida del país. Sobre la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del compromiso con el principio de universalidad, el ideal del PNUD en su Plan Estratégico para 2018-2021 (Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017) consiste en “ayudar a los países a lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible y la creación de resiliencia ante las crisis y las perturbaciones” (p. 1). Colombia tiene sobradas razones para asegurar la implementación de la Agenda 2030, al ser uno de los países precursores en su diseño, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 2012, Río de Janeiro, y es reconocido por ser pionero en incluir la agenda en sus instrumentos de planeación. El Conpes 3918, “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia” (2018), es una de ellos; tiene como objetivo “definir la estrategia de implementación de los ODS en Colombia, estableciendo el esquema de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia de implementación territorial y el mecanismo de interlocución con actores no gubernamentales” (p. 30). Para la territorialización en Colombia, el Gobierno ha considerado el uso de cinco herramientas, ya mencionadas por el Observatorio Regional de Planificación del Desarrollo de la Cepal (2019): documentos con lineamientos generales; socialización, capacitación y diálogo colectivo; diagnóstico, monitoreo y seguimiento; instrumentos para la incorporación de la Agenda 2030 en los planes locales; y mecanismos de visibilización de buenas prácticas (p. 3). En cada caso, el Estado colombiano ha dispuesto estrategias de diverso carácter. Algunas de ellas son presentadas en el artículo de la Red de Ciudades Cómo vamos, “Territorializando los ODS en las ciudades de Colombia. ¿Hacia dónde vamos?” (2019), una de las cuales es el diseño y desarrollo de una caja de herra- 131 mientas para la priorización de metas e indicadores locales a 2030, soportadas en la plataforma Datos Abiertos-Ciudatos, que concentra información de consulta pública, está diseñada de manera sencilla, posee un lenguaje claro (escrito y visual), y ofrece transparencia y datos abiertos para la ciudanía. Otra de sus estrategias es la Alianza por las Ciudades, que se dedica a la consolidación de la agenda urbana nacional, al desarrollo de una institucionalidad nacional de seguimiento y evaluación constante y, por ende, a su legitimidad. Además, el Gobierno ha desarrollado la estrategia Información Local, en la que se da total relevancia a los planes de estadística local, los criterios y los estándares generales, velando también por que este conocimiento sea de manejo popular. La territorialización en Supía, Caldas Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿De qué forma materializar, entonces, el pacto en cada territorio? Como inicialmente se mencionó, una vía es dirigir la vista a cada localidad, a su historia, al porqué de las situaciones actuales, a las capacidades y confrontaciones que han surgido en cada uno de esos seres humanos que han construido el municipio día a día, para emprender las acciones colectivas e individuales en el alcance de los ODS. Aquí es pertinente un breve acercamiento a Supía como territorio político, cultural y social. Supía es habitado por 27 489 personas, de las cuales 51.4 % (14 128) son mujeres y 48.6 % (13 361) son hombres, contando con mayor número de personas entre los 5 y los 9 años. El municipio cuenta con un 43.86 % de población étnica, indígena o afrocolombiana. De esta proporción la comunidad indígena representa el 32.56 % (7837) de los habitantes, seguida por la población negra y afrocolombiana, con el 11.28 % (2716). En cuanto a la ocupación del territorio, el 51.02 % (14 026) de los pobladores habita el sector rural, mientras el 48.98 % (13 463) se encuentra en el área rural. El municipio cuenta con 180.8 hectáreas de ecosistemas estratégicos, las cuales conforman el 1.48 % del territorio local. El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023, “Supía productiva y educada” (2019), incluirá la territorialización de los ODS, buscando el cumplimiento de las metas que son inherentes a la localidad. Durante el periodo 2020-2023, la administración se fundamentará en tres pilares: el primero es consolidar un “Gobierno moderno”, que esté a la vanguardia con las mejores tecnologías y recursos humanos; el segundo, conformar un “Gobierno incluyente”, que cuente con la participación de todos los sectores sociales y el diálogo permanente con todas las fuerzas ideológicas del municipio; y el tercero, desarrollar un “Gobierno de oportunidades”, que reconozca todas las potencialidades del municipio en favor de la comunidad, con el fin de generar nuevas alternativas económicas y 132 Capítulo 8 | Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local productivas para su bienestar. Además de ello, el desarrollo sostenible del municipio estará transversalizado por cinco ejes enmarcados en la Agenda 2030: 1) Supía con bienestar social; 2) Supía educada y cultural; 3) Supía productiva y emprendedora; 4) Supía sostenible y 5) Supía con gobernanza. Supía (Caldas) debe prepararse para implementar los ODS en sus comunidades y materializar los recursos y los esfuerzos en la búsqueda de un cambio estructural de frente a las nuevas necesidades y posibilidades. Como ya se ha expuesto, la participación de los gobiernos intermedios es fundamental con miras a reducir las brechas y velar por “no dejar a nadie atrás” —como propone el pacto por los ODS—, y así implementar políticas públicas que logren responder adecuadamente a las dificultades de los territorios y que, además, acentúen sus potencialidades. Con este fin puede recurrirse a diferentes mecanismos, según la “Guía para la localización de los ODS: Implementación y monitoreo subnacional”, del Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales (2013): realizar una evaluación de necesidades para definir las prioridades y localizar los ODS; participar en la gobernanza cooperativa para establecer prioridades compartidas; alinear los planes locales y regionales con los ODS; movilizar recursos locales; desarrollar capacidades para un liderazgo efectivo y receptivo; promover la apropiación y la corresponsabilidad en la ejecución de proyectos estratégicos; y participar en la cooperación para el desarrollo y el aprendizaje entre iguales (p. 22). La cooperación intermunicipal será usada por el gobierno de Supía para evaluar conjuntamente sus necesidades, definir prioridades y desarrollar programas a nivel territorial. El aprendizaje entre iguales y el trabajo en equipo deben ser una alternativa para mejorar la prestación de servicios y cambiar las metodologías de trabajo. En otro horizonte se encuentran los mecanismos multisectoriales, tanto formales como informales, que buscan generar la participación de organizaciones de la sociedad civil, emprendedores y academia. Cuando todos tienen la oportunidad de contribuir al debate con sus opiniones, su información y su experiencia, el proceso gana legitimidad, pero también reta a cada uno de los participantes a actuar movido por la voluntad al encontrar propósitos valiosos y contribuyentes. Metodologías de acción La metodología de acción con la que se espera lograr un avance importante en el alcance de los ODS en el municipio de Supía se encuentra enmarcada fundamentalmente en: → Participación ciudadana: la administración municipal está llamada a construir nuevas y novedosas estrategias que permitan generar una 133 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible pedagogía acerca de los ODS dirigida a los ciudadanos, teniendo como premisa que todos los pobladores conozcan y se apropien de la importancia de la Agenda 2030, siendo ello la base para garantizar su cumplimiento a partir del compromiso de las comunidades, identificando que esta labor no es una competencia exclusiva del gobierno local. Por ello, en esta fase es necesario involucrar a todas las fuerzas vivas del municipio, convocando a instituciones, agremiaciones, academia, sector privado, líderes sociales, entre otros, a participar en la construcción y ejecución de estrategias encaminadas al cumplimiento de los ODS, generándose un verdadero ejercicio de corresponsabilidad para el desarrollo. Una vez realizada la articulación con los actores claves, de manera conjunta se debe establecer una hoja de ruta que permita enfocar los esfuerzos y llevar a cabo acciones que permitan el cumplimiento de los ODS, siendo necesario realizar un ejercicio de priorización para obtener un mejor impacto. Para ello es necesario, por parte de las comunidades y las instituciones, realizar la identificación de problemáticas, conflictos, oportunidades y capacidades. Luego de reconocer estos elementos, se discutirán las vías alternativas, teniendo en cuenta las fortalezas de cada uno de los miembros del grupo —pues conocen su comunidad, la han estudiado y vivido—, para crear las estrategias viables para la consecución de los ODS. → Comunicación: si bien los ODS presentan una cobertura de índole mundial y cuentan con una vasta estrategia de divulgación, es necesario reconocer que hace falta un mayor grado de acercamiento a las comunidades en lo referente a sus propósitos y beneficios para el desarrollo territorial. Por ello, desde las entidades territoriales de carácter municipal se deberán diseñar estrategias que permitan la comunicación sobre la Agenda Global. Desde la Alcaldía de Supía se estableció como propósito hacer que los pobladores accedan al conocimiento y se sumen en la elaboración de una visión compartida del territorio direccionada hacia 2030. → Educación: construir una pedagogía que tenga como base el empoderamiento social a través de la generación de conocimiento es un importante instrumento en la implementación de los ODS en los territorios. Para ello, la comunidad debe conocer de qué se tratan, de qué hablan, dónde pueden encontrar los recursos necesarios para mejorar su cotidiano vivir gracias a la educación y las ventajas que esta ofrece. En este caso, es de suma importancia la alianza con la academia, pues ella brinda la asesoría que hace falta en los procesos pedagógicos y epistemológicos, pues el quehacer investigativo es la base sobre la que reposa el conocimiento útil. 134 Capítulo 8 | Del escritorio al territorio: la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de lo global a lo local Si prestamos atención a las necesidades inmediatas y apremiantes de nuestra comunidad, y aplicamos las herramientas que se nos brindan —con políticas públicas innovadoras— para hacer efectivos cambios reales, los objetivos propuestos serán no solo una idea global, que se desarrolla desde los organismos internacionales, sino una realidad presente desde el escritorio hasta el territorio. Referencias Alcaldía de Supía. (2019). Plan de desarrollo Supía, Caldas, Supía productiva y educada (2020-2023). Consejo Nacional de Política Económica. (2018). Conpes 3918. Estrategia para la implementación de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Bogotá, D.C. disponible en: https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/conpes-3918-de-2018/ Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015. Freire, P. (1994). Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI. Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales. (2013). Guía para la localización de los ODS: implementación y monitoreo subnacional. Disponible en: https://www.local2030.org/library/55/3/Gua-para-la-localizacin-de-los-ODS-Implementacin-y-Monitoreo-Subnacional.pdf Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). Plan Estratégico 2018-2021. Periodo extraordinario de sesiones de 2017. Nueva York, 28 de noviembre de 2017.Tema 2 del programa provisional. Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ Observatorio Regional de Planificación del Desarrollo. (2019). Notas de planificación para el desarrollo n.º 1. Disponible en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/territorializacion-de-la-agenda-2030 Red de Ciudades Como Vamos. (2019). Territorializando los ODS en las ciudades de Colombia. ¿Hacia dónde vamos? Bogotá. D.C. Disponible en: http://redcomovamos.org/wp-content/uploads/2019/10/01_PPT-Presentacion-Territorializando-los-ODS_Octubre-2019.pdf Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 Agenda. (2014). The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/road-dignity-2030-ending-poverty-transforming-all-lives-and-protecting-planet-synthesis 135 Capítulo 9 Tarso educado para la vida: vivienda solidaria y soberanía alimentaria para avanzar hacia los ods Daniela Cañas Valencia Alejandro López Toro Néstor Fernando Romero Villada S egún cálculos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se estima que, en Colombia, 3 078 722 hogares se encuentran en situación de pobreza. Esto corresponde al 21.5 % de la totalidad de los hogares del país. Por otra parte, en los países en desarrollo, la gran mayoría de los hogares (más del 75 % de la población) se encuentra hoy en día en sociedades donde los ingresos se distribuyen de manera mucho más desigualdad que en la década de 1990. El alcalde de Tarso, Antioquia, para el periodo constitucional 2016-2019, Néstor Fernando Romero Villada, fue el ganador del premio Mejor Gobernante en Superación de la Pobreza, en la categoría de municipios de menos de 10 000 habitantes. Se postuló con dos proyectos: 1) “Tarso mi techo solidario” (Cañas y López, 2019), que busca alcanzar el ODS 1, “Fin de la pobreza”, y el ODS 10, “Reducción de las desigualdades”, y 2) “Casa de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional”, que apunta a lograr el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 6 (Agua potable). 137 Tarso es un municipio del suroeste antioqueño con una extensión de 119 km2. Según el Sisbén municipal, tiene 6277 habitantes: la mitad se encuentra en la zona rural y la otra mitad en zona urbana. Se encuentra a una distancia de 95 km de Medellín. Su clima cálido permite el cultivo del café y de los cítricos, e históricamente es recordado por ser el segundo municipio del país que tuvo la iniciativa de una asamblea municipal constituyente (2000-2007). Tarso, al igual que el resto de Colombia, padece el fenómeno de desigualdad en la distribución de la tierra: un pequeño grupo de personas concentra la mayoría de la tierra, instaurando en el imaginario cultural las figuras del patrón, del trabajo informal y de la falta de liderazgo. “Tarso cuenta con un total de 873 predios rurales que se extienden en 10 607 hectáreas; de ellos 508 predios, es decir el 58 %, concentran 545 hectáreas, equivalentes al 5 % del total de hectáreas; en el otro extremo, se encuentran 31 predios, el 4 % del total de predios, [que concentran] 5395 hectáreas que equivalen al 51 % del total de hectáreas con que cuenta el municipio en su zona rural” (Cepact, 2007, pp. 4-5). “Tarso mi techo solidario”: vivienda solidaria como mecanismo para el fin de la pobreza y la reducción de las desigualdades Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Tarso es un municipio agrícola. Los principales ingresos que tienen las familias campesinas se generan en los meses de cosechas, es decir, de dos a cuatro meses en el año. Este panorama es desalentador, porque en nuestro objeto de estudio los campesinos no tienen los recursos y herramientas para elaborar un proyecto de vivienda digno, por lo que han sido blancos fáciles para los políticos mafiosos. Es incoherente pedirle a una persona cuyos derechos básicos están insatisfechos que piense con moralidad y ética sus decisiones y sus realidades entorno al bien común. Así, la vulnerabilidad en vivienda, siendo además un elemento privado, se convierte en un medio para manipular la toma de las decisiones públicas, y la inequidad social es cómplice de ello. El clientelismo y los favores políticos han permeado todas las esferas de nuestra sociedad. Gran parte de la popularidad de un candidato radica en las promesas de vivienda que hace a las familias. Cuando tiene lugar la contienda electoral, y aunque sea un delito, camiones de cemento y ladrillos transitan descaradamente por las rutas del territorio obnubilando el sufragio, así esto signifique sacrificar los intereses públicos y los valores democráticos. La preocupación del entonces candidato Néstor Fernando Romero Villada era en principio lograr ganar las elecciones sin cemento ni ladrillos, pero luego vino el desafío de gobernar desde la transparencia, cuando en general la cultura política está viciada por la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la mendacidad. 138 Capítulo 9 | Tarso educado para la vida: vivienda solidaria y soberanía alimentaria para avanzar hacia los ods Esta cultura mafiosa del ejercicio político y democrático se complementa con la perspectiva de la globalización, que trae la posibilidad de satisfacción de altos estándares de vida de las personas con mayores ingresos o terratenientes, y que orienta el actuar de los gobiernos hacia la acumulación de capitales, la reducción de los derechos laborales, y la privatización de los servicios públicos, de la salud, la educación, la seguridad social, las comunicaciones, la energía y el subsuelo. Las personas de menores ingresos, sin tierra y marginadas, reciben para compensar esta situación, generalmente, y con unas pocas excepciones, ayudas de estrategias gubernamentales que combinan la acumulación de capital en alianzas público-privadas con lo pragmático de una estrategia homogénea, seriada y en masa, obviando los contextos y la participación ciudadana en las organizaciones locales. Algunos ejemplos de esto son los programas 100 000 Viviendas Gratuitas, Familias en Acción o el Plan Colombia, que pretenden superar la pobreza, pero lo que se encuentra es que son modelos ineficientes que perpetúan la incapacidad de las familias para superar los problemas que deben abordan en una situación de pobreza multidimensional. También se suman a esto distintas entidades, fundaciones y corporaciones, que además de ahondar en la exclusión y homogenización de las comunidades, entregan soluciones de vivienda seriadas sin contemplar el contexto, la cantidad y la cualidad de quienes las habitarán, y sobre todo el aporte que pueden llegar a dar las familias, excluyéndolas de la solución. Mientras buena parte de los políticos se llenan los bolsillos con dineros públicos, se diseñan sistemas de dependencia que reducen la movilización ciudadana, respaldados por un Estado benefactor que legitima la idea de está bien vivir en la pobreza. La vivienda es un mecanismo de participación El proyecto se apoya en el pensamiento de Habermas (1996), quien establece el modelo de sujeto-objeto de cognición y acción en el marco conceptual de una teoría del lenguaje y la acción comunicativa. Un concepto muy importante en nuestro trabajo es el de la acción política, que consiste en la posibilidad de decidir a través de la palabra sobre el bien común. Habermas critica la democracia de masas, pues ella se reduce a un sistema de selección de líderes. Esta concentración de poder en unos pocos provoca la apatía política, el abstencionismo y el elitismo del poder. El proyecto que aquí se analiza sugiere que el origen de la formación de la voluntad política está en los procesos no institucionalizados: partidos políticos, sindicatos, iglesias, foros de discusión, asociaciones de vecinos y organizaciones no gubernamentales. También profundiza en los elementos de participación ciudadana mediante el fomento de una cultura política activa, y eso es posible si se trabaja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en neutralizar las 139 indeseadas consecuencias no igualitarias de la economía de mercado. Por otra parte, nos invita a poner en práctica una teoría democrática que garantice la cohesión social: que todos los ciudadanos tengan acceso a los derechos y servicios sin importar las creencias que profesen y los modos de vida que sigan. En ese sentido, encontramos en la vivienda la idea racional para establecer normas y procedimientos de participación ciudadana. Hay en este ejercicio de solidaridad una premisa de reciprocidad, de mutualismo, cooperación y bienestar común; un verdadero espacio de discusión y deliberación, sobre todo para las familias más pobres. Si la vivienda ha sido una estrategia mezquina de dominación de las élites corruptas dirigida a las sociedades más vulnerables, nos permitimos deconstruirla y reinventar la vivienda en la economía solidaria. Sobre la economía solidaria, la razón y lo cualitativo en la vivienda Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Es la economía solidaria la oportunidad para descentralizar la operatividad de los programas que sean pertinentes y puedan responder a problemas concretos y a la idiosincrasia de los grupos humanos, por ejemplo, considerando las diferencias entre las viviendas urbanas y rurales. En ese sentido, la formación debe integrar los intereses de una comunidad económicamente agrícola y pecuaria. “Tarso mi techo solidario”, en compañía de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas y del programa “Participación para la inclusión social”, usó la vivienda como mecanismo para trabajar por la finalización de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Por otra parte, con base en Orlando Fals Borda (1987), incorporamos una cercanía cultural con lo propio para superar el léxico académico limitante y equilibrarlo con formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva, individual, instrumental, cartesiana, con racionalidad cotidiana y del corazón, sumadas a experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo, que están más atrasados. De esta manera utilizamos la vivienda como una herramienta para investigar e impactar positivamente en la comunidad. La vivienda solidaria es entonces la construcción colectiva para la solución de un hábitat digno que beneficie a un grupo de personas desde la cooperación y reciprocidad. Así nace “Tarso mi techo solidario”, alternativa de desarrollo económico, social y cultural que dinamiza procesos y acciones colectivas que promueven unidad y cohesión, y que fortalece la asociatividad y autonomía de las comunidades a través de los componentes de vivienda en las áreas de legalización, construcción, mejoramiento y voluntariado. Las comunidades tienen la oportunidad de reunirse para identificar ellas mismas sus necesidades de 140 Capítulo 9 | Tarso educado para la vida: vivienda solidaria y soberanía alimentaria para avanzar hacia los ods vivienda, tomar decisiones autónomas y participar activamente de la solución y así contrarrestar las causas y efectos de la desigualdad y la economía actual: la desconfianza, la apatía, la globalización, el individualismo, la indiferencia, el clientelismo y la pobreza. Nuestro objetivo general fue construir un espacio de participación ciudadana para el desarrollo de una economía solidaria que permitiera reducir la brecha de la desigualdad en los habitantes de Tarso. Para ello identificamos las necesidades de vivienda en las diferentes veredas y sectores del municipio, generamos espacios democráticos de diálogo para la inclusión de las distintas necesidades y actores, y formulamos y ejecutamos estrategias de intervención física donde confluyeran los aliados: Estado, comunidad, universidad y empresa privada. Las actividades que no permitieron desarrollar el proyecto fueron: → Cartografía social, tipificación de cada una de las viviendas tarseñas, y construcción del mapa de las veredas y sectores del municipio. → Reuniones con las juntas de acción comunal y con comunidades organizadas, en las que se realizó capacitación para la toma de decisiones solidarias y se priorizaron las familias con mayores necesidades en el tema de vivienda, en los componentes de mejoramiento, construcción, legalización y voluntariado, poniendo en práctica la solidaridad con los vecinos. → Espacios de conocimiento por medio de dos foros de economía solidaria, en el marco de la cátedra abierta Foros de Educación para la Vida. → Establecimiento de alianzas con entidades que aborden el cooperativismo o mutualismo, universidades que ofrezcan programas de economía solidaria, y corporaciones de ahorro y crédito. Desde 2016 tenemos un convenio con la Universidad San Buenaventura, y trabajamos con el Comité de Cafeteros de Antioquia, Confiar Cooperativa Financiera, Comfama, Comfenalco, Fiduciaria Popular, y Viva, empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia. → Gestión de recursos por medio del acompañamiento a las comunidades en la recaudación de fondos para los componentes de mejoramiento, construcción, legalización y voluntariado de vivienda del municipio de Tarso. → Realización periódica de convites para poner en práctica la economía solidaria, donde los vecinos y amigos se vinculan con mano de obra voluntaria. A partir de estas actividades logramos como resultado las siguientes estrategias: → Vivienda nueva rural (34 unidades), 15 viviendas nuevas rurales más dignas y 19 viviendas dignas para familias caficultoras, cuyas principales características fueron: 1) in situ para generar arraigo, permanecer 141 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible en el territorio y no romper con las relaciones culturales, económicas y sociales construidas en el campo; 2) diseño arquitectónico único acorde a las necesidades particulares de cada familia; 3) solidarias, pues, dado que las comunidades priorizan a sus vecinos, no hay renta en la construcción de la vivienda y los aliados realizan donaciones; 4) participativas, ya que todos son escuchados —mujeres, niños y niñas, adultos mayores, víctimas del conflicto, personas en situación de discapacidad— y la comunidad asiste a mingas y convites. → Vivienda nueva urbana (23 unidades): Torre San Martín VIS (18): proyecto inmobiliario en el corazón del casco urbano que consta de dos torres, cada una con tres niveles y estos con 3 apartamentos cada uno. Las personas compraron una vivienda pagada con ahorros familiares; créditos inmobiliarios; y subsidios de los gobiernos municipal (aporte de lote y dinero), departamental (aporte en dinero) y nacional (MicasaYa), y de cajas de compensación. Yo construyo mi sueño de vivienda (5): cinco lotes fueron entregados y urbanizados por medio de subsidios de vivienda entregados por las cajas de compensación, y los ahorros y la mano de obra de las familias. → Mejoramientos de viviendas urbanas y rurales (150): se realizaron más de 150 mejoramientos, desde cambio de piso de tierra a concreto, adecuación de baño, ampliación de la vivienda por hacinamiento y arreglo de cubiertas. Gran aliado en esta tarea fue Corantioquia, por la donación que recibimos de recurso maderable. → Donación de planos arquitectónicos (60): las familias solicitaron la donación del plano arquitectónico en la oficina de planeación de obras públicas. Este fue realizado por el arquitecto del proyecto o por los pasantes de la práctica social de arquitectura y diseño de la Universidad San Buenaventura. Hallazgos, resultados y recomendaciones El contexto de corrupción, pobreza y desigualdad en el municipio de Tarso nos convocó a pensar con urgencia en un puente entre la institucionalidad y la sociedad civil para así fortalecer la veeduría de los recursos públicos, reducir el Estado bienestar y empoderar a las comunidades como responsables del desarrollo de su territorio. La comunidad tarseña demandó espacios de encuentro para articular sus propuestas, acuerdos y pactos con miras a resolver las principales necesidades de su territorio. Fueron más de 200 familias participantes, pero el gran hallazgo de este proyecto fue encontrar un mecanismo pedagógico tangible que lograra conectar a las personas en sus intereses complejos. Y es así de sencillo: las personas no pueden reflexionar sobre la política, la cultura y la 142 Capítulo 9 | Tarso educado para la vida: vivienda solidaria y soberanía alimentaria para avanzar hacia los ods educación, si no tienen las mínimas condiciones dignas de existencia. Si alguien está pensando en dónde pasará la noche, no tendrá tiempo para preocuparse por su formación política. Es aquí donde la supervivencia nos gana terreno. Podemos concluir que: 1) la vivienda es un medio de movilización social: históricamente ha sido usado para dominar a las comunidades más vulnerables y perpetuar la desigualdad y la pobreza; 2) se puede superar la pobreza, ser incluyente y dignificar la vivienda por medio de la economía solidaria; 3) las comunidades son capaces de gestionar sus propias soluciones de vivienda cooperando con el Estado, pero sin depender de él; y 4) las personas sienten empatía frente a situaciones de vulnerabilidad, son capaces de ser solidarias y recíprocas, lo cual es clave para enfrentar la desigualdad y la pobreza. La seguridad alimentaria y nutricional La alimentación humana es tal vez el tema más importante y sensible en el desarrollo de una comunidad, se vive de lo que se come (“dime qué comes y te diré quién eres”), pero se puede vivir sin vivienda propia, sin amor, en medio de la guerra o sin ningún nivel educativo. Según Max Neef (1993), la primera necesidad humana, de nueve, es la subsistencia, que implica contar con una adecuada alimentación y nutrición (conviene entender que no es lo mismo comer que nutrirse, tema que desarrollaremos más adelante y razón fundamental por la que hablamos de soberanía alimentaria más que de seguridad alimentaria), para poder desarrollar en el ser (salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad), en el hacer (alimentar, procrear, descansar, estudiar, trabajar, investigar, innovar) y en el estar: tener un adecuado entorno vital y social. Cuando se logra satisfacer de manera adecuada la subsistencia, puede el ser humano satisfacer las otras necesidades: protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Por el contrario, cuando no hay una adecuada subsistencia, difícilmente podrá avanzarse en la satisfacción de las otras necesidades humanas. No es lo mismo alimentarse que nutrirse, aunque ambos procesos están estrechamente relacionados: una persona puede alimentarse, ingerir alimentos, pero no necesariamente aquello que come la nutre. Los alimentos tienen una determinada composición nutricional, por lo que deben ser diferentes de acuerdo al ciclo vital humano. Un recién nacido tiene adecuada nutrición solo con la leche materna, pero no podemos decir lo mismo de un adulto que solo se alimentara de leche. En suma, lo importante en la ingesta de alimentos de una persona es que le brinden los nutrientes que necesita, no se trata de comer de todo, ni de comer más o menos cantidades. 143 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Además, queremos resaltar en nuestro trabajo que para lograr el fin del hambre en el mundo se debe lograr el ODS 6, “Agua potable”. El primer alimento humano se consume en el útero, por medio de la madre se alimenta al feto; el segundo alimento humano es la leche materna, que debe consumirse exclusivamente durante los primeros seis meses de vida; y el tercero es el agua, que debe consumirse toda la vida, y preparado de mil maneras diferentes: en su estado natural, en jugos, en sopas, arroz, sancocho, fríjoles…, de allí la importancia de su potabilización. El noble objetivo de la erradicación del hambre puede llevar a perpetuar la dominación de las comunidades por parte de quien ostenta dominación sobre ellas. Prácticas como regalar mercados o entregar paquetes suplementarios de alimentos por parte del Estado o por parte de particulares no cambian la ecuación, pues, aunque se quita el hambre, se hace de manera temporal, y perpetúa las condiciones de pobreza y de riqueza en ambas partes, del que recibe (pobre) y del que da (rico). Esto tiene otras implicaciones, por ejemplo, al que regala alimentos le da placer espiritual (por sentir que se está haciendo una buena obra, dar de comer al hambriento). Otra implicación, no poco despreciable, es que aumenta el poder de quien da alimentos, pues la comunidad asume una postura de agradecimiento. Y otra consecuencia, que para nosotros es clave, es que se perpetúa la miseria, pues el que recibe se acostumbra a recibir, y no a producir, entonces, se mantiene el problema: todos ganan ubicados en su zona de confort. Obsérvese que es muy común en Navidad, al menos en Colombia, que una comunidad vulnerable en materia alimentaria y nutricional, o sea, que come mal todo el año, se llena de alegría y gratitud con el terrateniente o comerciante que regala un cerdo para la fiesta de nochebuena. La manipulación del hambre de una comunidad da poder político, por las mismas razones ya dichas. Por tanto, por loable que sea, la erradicación del hambre no es un buen negocio para el politiquero tradicional, sino que, por el contrario, es una gran oportunidad de negocio para él, pues perpetuar el hambre es una oportunidad para perpetuarse en el poder, por la dependencia generada entre los votantes con hambre y la campaña sucia que pasa por regalar alimentos (refrigerios, sancochos, mercados). Procesos realizados para implementar los ods 2 “Hambre cero” y 6 “Agua potable” Casa de la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Tarso: se contrataron tres tecnólogos en alimentos, tarseños y tarseñas, para liderar el manejo político del tema. Nuestros aliados en los procesos fueron la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (MANÁ) del departamento de Antioquia, la Secretaría de Agricultura y la Gerencia de Servi- 144 Capítulo 9 | Tarso educado para la vida: vivienda solidaria y soberanía alimentaria para avanzar hacia los ods cios Públicos del departamento de Antioquia, la Fundación Éxito, el Comité Privado de Atención a la Niñez (PAN), la Universidad de Antioquia, el Sena, la Corporación Futuro para la Niñez, la Casa Espíritu Libre, Govindas —restaurante vegetariano y centro cultural—, la Corporación Universitaria Lasallista, Cítricos Peña Bonita, Banco Agrario, Fundación EPM y el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. Gestión del agua potable en el campo: de las 16 veredas del municipio, recibimos solo una con agua potable (vereda Patio Bonito); logramos la ejecución de cuatro proyectos con la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, con una inversión que superó los 1800 millones de pesos y que nos permitió llevar agua potable a las veredas Tacamocho, Plan (Parnaso), la Linda, la Arboleda y Mulatico; de las 11 sedes campesinas del Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez, recibimos solo 3 con agua potable (Tacamocho, La Arboleda, Patio Bonito), y gracias al trabajo conjunto con la Fundación EPM y su proyecto “Más agua, más sonrisas”, logramos conectar al servicio de agua potable a cinco sedes rurales más: Morrón, La Linda, Teodosio Correa, San Fortunato y Mulatico. Cada solución de agua potable superó los 70 millones de pesos y en total se benefició a 219 niños y niñas campesinos. Convenios para fortalecer la agricultura local: con el Banco Agrario de Colombia, Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), suscribimos un convenio interadministrativo que nos permitió apoyar 39 solicitudes con un valor total de alrededor de $ 207 821 0000 de pesos, 36 agrícolas y 3 para mejoramiento de vivienda. Es de resaltar que alrededor del 85 % de los créditos que se otorgaron son para productores que no tienen título (escritura de la tierra), y que con esta modalidad de convenio lograron tenerlo, de otra forma, no hubieran accedido al crédito. Con el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia se firmaron varios convenios para apoyar decididamente este sector, ya que la caficultura tarseña es de pequeñas parcelas y 429 familias dependen de forma directa de este cultivo. Promoción de siembra de alimentos, del huerto a la mesa (programa de promoción de siembra de alimentos): construimos huertas en las diferentes sedes del Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez, en las veredas Tacamocho, La Dolores, Patio Bonito, Mulatico, Morrón, Chaguany, Canaán, El Cedrón, La Linda y La Arboleda, además de José Prieto, en la zona urbana. También, en convenio con la Gobernación de Antioquia, Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Mana), se implementaron 40 huertas de autoconsumo con familias de diferentes veredas. El municipio cuenta con una huerta en la Casa del Adulto Mayor Luceros del Atardecer, donde se integran los grupos de personas con capacidades especiales y adulto mayor. También, con la Fundación éxito, se desarrolló el proyecto “En Tarso alcanza para todos”, uno de cuyos componentes hizo presencia 145 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible con huertas familiares para 40 familias que se hacen parte de dicho proyecto. Desde la Secretaría de Agricultura de Tarso, 120 huertas fueron acompañadas como unidades productivas. Vemos las huertas como una gran oportunidad de mejorar la calidad de vida. Comercialización de alimentos, mercado campesino (programa de promoción de siembra de alimentos): comercialización directa de productos propios de nuestro municipio, como son café, naranja, plátano, yuca y frijol, entre otros. Educación en ciencias culinarias y nutrición con distintas poblaciones (niños y niñas de las escuelas rurales, jóvenes, adultos mayores, discapacidad, madres gestantes, madres lactantes): capacitaciones en materia de alimentación, manipulación de alimentos, técnicas de preparación de alimentos específicos, mesa y calidad en el servicio alimentario, promocionando hábitos y estilos de alimentación saludables. Contamos con la cocina-laboratorio, que además tiene cuatro bodegas de alimentos: proyectos de seguridad alimentaria, productos no perecederos, de frío y fruta en cosecha, además de auditorio y una zona de servido de alimentos, dotados con todos los enseres necesarios para dictar las diferentes capacitaciones, cursos o técnicas de cocina. Fundación Éxito “GenCero”, “En Tarso alcanza para todos”: debido al reconocimiento recibido por el alcalde Néstor Fernando Romero Villada por parte de Colombia Líder (2019) al quedar como finalista del concurso “Construyendo sueños: los niños, niñas y adolescentes en los planes de desarrollo” la Fundación Éxito, que trabaja para erradicar la desnutrición en los niños y niñas en sus primeros 1000 días de vida, nos invitó a participar de sus iniciativas, atendiendo a 44 madres entre gestantes y lactantes. Este artículo es una invitación para que los gobiernos implementen en sus planes de desarrollo los ODS. Es posible trabajar por el fin de la pobreza, hambre cero, agua potable y por la reducción de las desigualdades, como se realizó en la experiencia de Tarso educado para la vida. Referencias Cepact. (2007). El Tarso de Hoy. Corporación de Estudios y Proyectos de la Asamblea Municipal Constituyente de Tarso. Habermas J. (1996). La inclusión del otro: estudios de teoría política, Paidós. Max Neef M. (1993). Desarrollo a escala humana. Nordam-Comunidad. Colombia Líder. (2019). Colombia con equidad, apuestas territoriales para la superación de la pobreza. Colombia Líder. Cañas D. López A. (2019). Documento de sistematización del proyecto “Tarso mi techo solidario”. Tarso, Colombia. Fals Borda, O. y Rodríguez, B. (1987). Investigación participativa. Banda Oriental. 146 Capítulo 10 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia Erika Pinto Beltrán Álvaro Zerda Sarmiento C on más de 50 000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas, equivalentes al 15 % del territorio nacional, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en presencia de diversidad biológica en su territorio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MinAmbiente], 2019). Pero se está perdiendo el medio ambiente. Recientemente, las Naciones Unidas han destacado, en el reporte del Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), aprobado en la séptima sesión de la plenaria del IPBES en París (29 de abril-4 mayo de 2019), que la tasa de extinción ha aumentado a niveles sin precedentes, enfatizando que al menos un millón de especies animales y vegetales están ahora amenazadas con la extinción, debido a la actividad del ser humano (ONU, 2019). Este panorama contrasta con el interés común de la humanidad: la conservación de la diversidad biológica, la cual se considera un bien mundial de valor inestimable, necesario para la supervivencia de la especie humana. Así mismo, esta responsabilidad se ve confrontada por la urgencia que Colombia tiene como sociedad de sustentar un modelo económico de crecimiento, la cual la ha llevado a depender casi exclusivamente de la explotación de materias primas como base de exportación, llegando en la actualidad a 80.6 % del 149 total de exportaciones (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [Unctad], 2019). Del mismo modo, según el reporte de la conferencia, esta dependencia se ha venido acentuando para Colombia, de manera contundente, a lo largo de las últimas décadas (alrededor del año 2000 el porcentaje de exportación de materias primas era del 66.5 %). Pero, como se verá, no solo existe la perspectiva de la conservación ligada a la mercantilización de los recursos biológicos, sino que otros nuevos marcos de acción se consolidan y posicionan de manera paralela, dando alternativas a la comercialización y explotación de la biodiversidad. En este marco de acción política se ha desarrollado la normatividad internacional que orienta y da forma a una idea limitada de conservación, que parte de un concepto utilitarista de los recursos genéticos y orienta la bioprospección hacia la explotación de estos para la obtención de beneficios. Así mismo, el quehacer de las instituciones estatales y académicas, y los marcos legales nacionales, son herederos, en mayor o menor medida, de esta visión, lo que condiciona las acciones que se desarrollan por la preservación de los recursos biológicos en estos países. A partir de las anteriores consideraciones cobra sentido consolidar un modelo técnico-legal de acceso a los recursos genéticos, aplicable a Colombia, que garantice, primero que todo, la preservación y, posteriormente, la distribución justa y equitativa de los beneficios que pudieran derivarse; un modelo que promueva dinámicas de negociación más allá de los simples beneficios económicos, de modo que se potencialicen las alianzas entre los actores1 en beneficio de la conservación de todas las formas de vida. Colombia: normativa de acceso a recursos genéticos y objetivos de desarrollo sostenible Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Mediante la Ley 165 de 1994, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Diversidad Biológica hecho en Río el 5 de junio de 1992”, Colombia ratificó el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica como la referencia fundamental del tema en el país. Sin embargo, en el plano regional la Decisión Andina 391 de 1996 constituye la reglamentación fundamental en los ámbitos de accesos a recursos genéticos y productos derivados. La Comunidad Andina (CAN), una organización con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana2, aprobó el 2 de julio de 1996 la Decisión 391 (D391), que establece el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, la cual tiene 150 1 En este documento se entiende por actores: entidades que representan reservas y parques naturales, empresas e industrias, academias y universidades, ong y conservacionistas, comunidades étnicas, opinión pública, instituciones estatales y entidades vivientes. 2 Ver: http://www.comunidadandina.org 3 Capítulo 10 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia por objeto “regular el acceso a los recursos genéticos de los Países Miembros y sus productos derivados” (D391, art. 2), de tal manera que permita “prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso” (D391, art. 2.a); “sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y sus productos derivados y de sus componentes intangibles asociados, especialmente cuando se trate de comunidades indígenas, afroamericanas o locales” (D391, art. 2.b); y promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos genéticos, el desarrollo de las capacidades tecnológicas y la capacidad negociadora de los países miembros (D391, arts. 2.c-2.e). Adicionalmente, la D391 incluye seis disposiciones complementarias a través de las cuales establece que los países miembros crearán o fortalecerán mecanismos financieros para promover el cumplimiento de los fines estipulados en la D391 (D391, primera d y c). Así las cosas, estas disposiciones complementarias de la D391 establecen el no reconocimiento preexistente de ningún derecho sobre los recursos genéticos o sus componentes, y la exigencia de un contrato de acceso a los recursos cuando se solicite la protección intelectual de algún tipo de desarrollo que implique el uso de los recursos genéticos de los países miembros de la CAN. En 1997, con el Decreto 730 de 1997, se designa al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) como la autoridad nacional competente en los términos y para los efectos establecidos en la Decisión Andina 391 de 1996. Por su parte, el Decreto 309 de 2000 —capítulo IV, arts. 15-17— establece que cuando, además del permiso de estudio con fines de investigación, se requiera del acceso a recursos genéticos (ARG), productos derivados o componentes intangibles asociados a estos, la autoridad ambiental competente otorgará el permiso de estudio y en el acto respectivo condicionará el acceso a la autorización del MAVDT3. Posteriormente, con la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, se establece el Régimen Común de Propiedad Industrial y, específicamente, en el artículo 3, se refiere al tema del patrimonio biológico, genético y de los conocimientos tradicionales. En este artículo se establece que cualquier patente que verse sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido del patrimonio biológico o genético, así como del conocimiento tradicional asociado, estará supeditada a que el material haya sido adquirido conforme al ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. De esta manera, La normatividad colombiana diferencia los recursos biológicos de los recursos genéticos, de allí que existan dos regímenes de acceso a recursos de la biodiversidad: uno, el régimen de Acceso a Recurso Genético (arg) contenido en la Decisión 391 de 1996 y sus normas complementarias; dos, el régimen sobre Permisos de Investigación Científica sobre Diversidad Biológica (pefic) comprendido en el Decreto 309 de 2000 y las normas complementarias sobre Permisos de Investigación Científica sobre Diversidad Biológica (pefic). 151 las dos decisiones andinas establecen interacciones en varios sentidos, supeditando el acceso al cumplimiento de los permisos requeridos y protegiendo así el patrimonio biológico y de conocimientos tradicionales (Lizarazo-Cortés et al., 2019). Como complemento a la anterior decisión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta en su página web4 una lista de leyes, decretos y resoluciones asociados a la normatividad en cuanto al acceso de recursos genéticos en el país. Objetivos de Desarrollo Sostenible: arg y distribución de beneficios: una propuesta para Colombia Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia fue uno de los países que impulsaron una agenda universal ajustada a partir de los objetivos del milenio; igualmente, ha sido pionero en su implementación como orientador de política pública contando con: el documento CONPES 3918 para el cumplimiento de los ODS; una metodología para la armonización de los planes de desarrollo regionales con las priorizaciones y necesidades locales en el marco de los ODS; una plataforma de indicadores para el monitoreo del cumplimiento de lo ODS según 16 metas trazadoras; un portal de monitoreo e información5; el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” (2014-2018), con estrategias armonizadoras con los ODS; el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (2018-2022), formulado en el marco de los ODS; y una instancia de alto nivel encabezada por el Departamento Nacional de Planeación, encargada del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los ODS. De esta manera, se evidencia la gran relevancia del tema para las instituciones nacionales de Colombia y su poder de convocatoria de diversos actores sociales. El capital privado orienta su interés a generar ganancias a partir de inversiones, pero es importante que tenga en cuenta el panorama de sostenibilidad del contexto tanto ambiental como social en el que se desarrolla. Como ya se había mencionado, los ODS son un marco adecuado para el desarrollo de actividades productivas responsables. En este marco de oportunidades de los ODS, aquello que puede aportar el sector productivo no es solamente capital, sino que puede apoyar de diversas formas el desarrollo de los sectores social y académico en beneficio de todos, a partir de la transferencia 152 4 Ver: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/782-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-57#documentos-de-interés 5 Ver: https://www.ods.gov.co/es Capítulo 10 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia de conocimiento y la experiencia para impulsar iniciativas productivas de las comunidades y de las academias en forma de startups (Finegold et al., 2005). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver que el capital privado puede aportar mucho más de lo que se estima, y así mismo puede recibir cooperación en programas de investigación y desarrollo en biotecnología en conjunto con academias; acceso a repositorios ex situ de recursos genéticos, así como a bases de datos de información de biodiversidad; propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual con academias; y reconocimiento y posicionamiento sociales de su marca. Por otro lado, las universidades, como centros de generación de conocimiento, tienen una responsabilidad central en la cimentación de sociedades orientadas a la conservación de los recursos biológicos desde procesos sociales y económicos sostenibles. En el sentido en que lo afirma Benedict Anderson (1993), cada sociedad es una comunidad imaginada, y quienes pueden imaginarla más allá del corto plazo son los intelectuales. Por esto las academias deben sustentar su trabajo de docencia e investigación en marcos conceptuales que permitan superar los problemas actuales en el contexto de la construcción de futuros donde sea posible el consenso hacia el cambio. De esta manera, las universidades están en situación de ofrecer toda su capacidad para promover cambios en la sociedad en aras de la conservación. Así mismo, pueden ofrecer a la comunidad de un país el conocimiento profundo de la biodiversidad y las condiciones de su preservación como base para impulsar una industria biotecnológica responsable. Solo un país que conozca lo que tiene puede impulsar desarrollo fundamentado. Finalmente, las investigaciones realizadas por científicos académicos deben tener componentes específicos orientados hacia la conservación y es su responsabilidad la transferencia del conocimiento generado a entidades del Estado y a las comunidades (Silvestri, 2018, p. 194). En contraprestación, las universidades pueden obtener como beneficios: procedimientos ágiles para el acceso y un sistema legal que promueva la bioprospección responsable; un entorno empresarial que invierte en y fomenta la bioprospección y las empresas de base biotecnológica; participación en el desarrollo de productos y en la obtención de patentes junto con las industrias, y apoyo para promover startups derivadas de ellas; acceso a repositorios ex situ de recursos genéticos, así como a bases de datos de información de biodiversidad, y propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual con iniciativas privadas; fortalecimiento de la capacidad institucional a partir de royalties; y acceso a tecnologías de empresas multinacionales y participación en proyectos de investigación conjuntos. Las instituciones del nivel de planeación del Estado son las únicas entidades sociales que pueden establecer planes de largo plazo para la conservación y el manejo de la biodiversidad, más allá de los planes inmediatos y efectistas de cada gobierno, y son las únicas instancias que pueden realizar un análisis prospectivo 153 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible del rumbo de la sociedad y velar por la herencia de las nuevas generaciones. Igualmente, la burocracia profesional dentro de las instituciones es garante del cumplimiento y aplicación de la planeación de largo plazo, y de oponerse al uso del poder para deformar las instituciones y sus fines sociales. Por otro lado, los gobiernos, como representantes de la voluntad popular, deben ser promotores de agendas de país más allá de sus cortos mandatos, garantizando apoyar y fortalecer perspectivas de largo aliento hacia la conservación de los recursos para las nuevas generaciones, y poniendo este como tema de gran relevancia en la agenda pública. Finalmente, el balance se completa con la veeduría y control de la ciudadanía a la burocracia y al cumplimiento de los compromisos de los gobiernos, de modo que la corrupción sea atajada y erradicada de los flujos de las instituciones, pues también afecta a la biodiversidad. Adicionalmente, en Colombia se abre un nuevo panorama con la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, la cual reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. En la sentencia se le ordena al Gobierno nacional elegir un representante legal de los derechos del río, y la conformación de una comisión de guardianes comprendida por un representante del Gobierno y uno de las comunidades. Estas últimas, en un proceso autónomo, escogieron a 14 representantes de 7 organizaciones comunitarias y conformaron un cuerpo colegiado de guardianes, el cual actuará como el representante de las comunidades. El Ministerio de Ambiente actuará como el otro representante de la comisión de guardianes (MAVDT, s. f.). Esta decisión, al concebir un sistema fluvial como una “entidad viviente de la naturaleza, de cuya existencia depende el desarrollo de culturas y de formas de vida”, abre la puerta para que entidades naturales, incluidos organismos vivos, puedan tener representaciones legales. En 2019, el río Magdalena, así como su cuenca y sus afluentes, son declarados sujetos de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración, lo que obliga al Gobierno a crear una comisión de guardianes del Río Magdalena, en articulación con las corporaciones autónomas regionales, el ministerio, las gobernaciones y gobiernos locales involucrados. Igualmente, cursa en el congreso un acto legislativo (Congreso de la República, Cámara de Representantes, 2019) para declarar a toda la naturaleza como entidad sujeta de los mismos derechos. 154 Capítulo 10 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia Propuesta de principios para un modelo de arg y distribución de beneficios en Colombia que aplique los ods La propuesta que a continuación se presenta toma como referencia clave el ODS 17, “Alianzas para lograr los objetivos”, que establece un horizonte de sentido más amplio que el de una simple negociación de capitales a partir del ARG. Si se cimienta el modelo en un sistema de access and benefit-sharing (ABS), entonces su base y filosofía fundamental será orientar el interés de todos los actores hacia los procesos sostenibles y la conservación de los recursos biológicos. Se trata de fundamentar los contratos de acceso a recurso genético bajo la perspectiva de promover alianzas entre los actores, en lugar de la perspectiva simple de los contratos; alianzas equilibradas y honestas en que realmente todos los actores puedan aprovechar de la mejor manera los beneficios de acceso, incluyendo la biodiversidad misma como actor de la alianza. La figura 10.1 ilustra la propuesta: el sistema se cimienta en cuatro puntos: 1) generación y fortalecimiento de las capacidades de todos los actores, 2) participación de estos haciendo énfasis en los actores locales y representantes, 3) negociaciones justas para las partes y 4) el uso —no explotación— de la diversidad biológica. Además, el sistema está organizado en dos frentes: el consejo, que está integrado por los actores, y la institucionalidad, cuyo objetivo será la conservación y control de la biodiversidad. Todo el sistema y sus acciones estarán bajo la veeduría de la opinión pública, y en los territorios en que se desarrolle el ARG, la veeduría la ejercerán las comunidades locales y étnicas. Figura 10.1. Esquema de sistema para distribución equitativa de beneficios aplicables a Colombia Fuente: elaboración propia. 155 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Teniendo como visión la de generar alianzas de largo plazo entre los actores, el sistema debe priorizar, en cuanto a acciones, aquellas que estén orientadas a beneficios de corto plazo que fortalezcan la institucionalidad tendiente a la conservación de la biodiversidad (Silvestri, 2018, p. 194). En este sentido también será importante orientar y reinvertir los beneficios monetarios en actividades de conservación, alrededor de todo lo cual debe girar el sistema ABS, en concordancia con el Protocolo de Nagoya. Para lo anterior, el fortalecimiento de una institucionalidad especializada en conservación, su promoción y control, así como del entrenamiento de una burocracia profesional y comprometida con la herencia biológica de la nación, son la base del futuro del modelo. Únicamente una institucionalidad sólida garantiza planeación de largo plazo más allá de los cambios de orientación de cada Gobierno. La promoción de la investigación en biodiversidad debe ser un puntal del modelo para generar capacidades propias, de modo que el modelo normativo debe diferenciarla de la investigación comercial, y crear mecanismos que permitan su desarrollo y diversificación. Conocer con exactitud la amplitud de la diversidad biológica es prioridad para el país, no desde el punto de vista de su potencial como recurso, sino porque es deber de esta sociedad y su Estado garantizar su supervivencia. Por ello, el compromiso de la investigación científica es su vinculación directa con la conservación. Toda investigación básica de las universidades del país debe tener un fuerte componente en este aspecto, y la sensibilización ética respecto a la preservación de las formas de vida no humana es un compromiso de las universidades6. Como último punto, se puede ver que un sistema de ABS debe incluir los conocimientos tradicionales en sus procedimientos. Por esta razón, se deben hacer esfuerzos desde la academia y las entidades del Estado por entender mejor el tema y viabilizar el acceso a este tipo de recursos, y a todos los demás recursos, con procedimientos ágiles que dinamicen el sistema, con la visión de fortalecer a todos los actores en un escenario de sostenibilidad. De esta manera, un modelo de sistema para distribución equitativa de beneficios aplicable a Colombia podrá construirse sobre de los siguientes principios: 1) estará orientado a la conservación de la biodiversidad, no a su explotación; 2) será su fin la sustentabilidad de las formas de vida, humanas y no humanas; 3) impulsará la investigación científica como base de acción a partir del conocimiento; 4) involucrará a las partes a través de instancias de participación para toma de decisiones y planeación de largo plazo sobre la herencia biológica de la sociedad; 5) harán parte del sistema y las negociaciones la institucionalidad 6 156 Valga anotar que en esta dirección se orienta una de las principales recomendaciones de la Misión de Sabios, específicamente en su capítulo 5. Reflexiones y propuestas de reformas de los focos de la Misión en el Informe de la Misión Internacional de Sabios 2019 por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. 2019. 7 Capítulo 10 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia estatal, las universidades, las comunidades étnicas y locales, las ONG de conservación y los representantes legales de los entes vivientes involucrados; 6) el sistema y sus actuaciones estarán abiertos al escrutinio y veeduría de la opinión pública; 7) promoverá la creación de una institucionalidad fuerte y técnica de conservación y control de la biodiversidad; 8) el sistema complementará su estructura de control sobre el manejo de la biodiversidad en territorios con instancias de veeduría de comunidades locales y étnicas; 9) especialmente, cuidará del acceso y uso de los conocimientos tradicionales asociados; y 10) en las negociaciones, debe superarse la visión de la posición de Colombia simplemente como proveedora de recursos naturales e impulsar su participación de manera más activa en los intercambios. De esta manera, la lógica de las negociaciones irá más allá que la de un contrato y buscará alianzas entre las partes que garanticen que se generarán y fortalecerán capacidades de todos los actores, buscando cada vez negociaciones más justas para las partes. Como la propuesta implica una fuerte transformación del sistema como es actualmente concebido, se ha construido en el contexto de una plataforma que ha sido validada y que tiene el respaldo de la comunidad internacional: la sostenibilidad y los ODS, de modo que se conjugue con la transformación que se plantea a nivel internacional a 20307 y que hace parte de planes de Estado y políticas públicas en muchos países. Por otro lado, un marco legal participativo como el planteado tendrá múltiples resistencias, que solo podrán ser superadas mediante la alianza de los actores preocupados por la conservación y gracias a un cambio cultural estructural que modifique la manera como las sociedades se relacionan con su entorno natural, vivo e inerte. Para hacer aplicable esta propuesta en Colombia, los actores deben sopesarla y analizarla como una forma de validación, y debe complementarse con investigación académica que llene vacíos en los siguientes ámbitos: fortalecimiento de un sistema de conocimiento de la biodiversidad del país, para la bioprospección sustentable; afianzamiento y articulación de una institucionalidad técnica y científica de salvaguarda de la biodiversidad; materialización de la representatividad legal de entes vivos en el sistema legal e institucional colombiano; fortalecimiento del sistema de veeduría ambiental, institucional y con la participación de comunidades en regiones; establecimiento de nuevos paradigmas económicos que privilegien la sustentabilidad sobre el crecimiento; y recuperación de saberes ancestrales que profesen otras formas de relación con La agenda de desarrollo mundial 2030 plantea que la relación que se cree entre los actores no tendrá que contemplarse solamente como una empresa que compra y unas entidades y comunidades sociales y académicas que reciben, en una relación de una sola vinculación, sino que todos pueden aportar al fortalecimiento de las capacidades de los demás actores, afianzando la alianza con un propósito común. Es así como todos los actores pueden aportar para fortalecerse mutuamente y al medio ambiente de manera sostenible. 157 los demás seres vivos. En este sentido, está todo por pensar, analizar y construir, y es allí donde la investigación académica debe llenar el vacío conceptual, cultural, legal y económico. Es hora de que empecemos, como seres humanos, a reconocer formas más sensatas y sustentables de estar en la tierra. Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica. Comisión del acuerdo de Cartagena. (1996). Decisión Andina 391 de 1996. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Decisio%CC%81n-Andina-391-de-1996.pdf Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). (2019). Trade and Development Report 2019. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2019_en.pdf Congreso de Colombia. (1994, 9 de noviembre). Ley 165 de 1994, Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Diversidad Biológica hecho en Río el 5 de junio de 1992. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov. co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37807 Congreso de la República, Cámara de Representantes (2019). Proyecto de Acto Legislativo número 080 de 2019. Gaceta del Congreso. Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). (2018). Conpes 3918 de 2018. Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia, Disponible en: https://www.minambiente. gov.co/wp-content/uploads/2021/08/conpes-3918-de-2018.pdf Corte Constitucional de Colombia. (s.f.). Sentencia T-622 de (2016). Río Atrato como sujeto de derechos, recuperado de: http://www.minambiente.gov. co/index.php/component/content/article/3573-sentencia-t-622-de-2016rio-atrato-como-sujeto-de-derechos Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014) Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” (2014-2018). Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018) Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (2018-2022). Finegold, D, Bensimon, C. y Diversa Inc. (2005). Ethical issues in bioprospecting partnerships. BioIndustry Ethics. Lizarazo-Cortés, O., Lamprea, N. y Daza-Gacha, D. (2019). Contratos de acceso a recursos genéticos y solicitudes de patente en Colombia: Mitos y realidades. Revista Colombiana de Biotecnología, 21(1), 57-70. 158 Capítulo 10 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo-celebra-el-dia-mundial-de-la-biodiversidad/ Misión de Sabios. (2019). Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Informe de la Misión Internacional de Sabios 2019 por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Disponible en: https://www. minciencias.gov.co/sala_de_prensa/libro-virtual-la-mision-internacional-sabios-disponible-para-todos Organización de las naciones Unidas (ONU). (2019). UN Report: Nature’s dangerous decline ‘unprecedented’; species extinction rates “accelerating”. https://www. un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/ Silvestri, L. C. (2018). Acceso y distribución de beneficios: Fortalezas y debilidades de los regímenes de Perú, Costa Rica y Estados Unidos. Revista de la Facultad de Derecho, 9(1), 181-200. Presidencia de la República. (1997, 14 de marzo). Decreto 730 de 1997, Por el cual se determina la Autoridad Nacional Competente en materia de acceso a los recursos genéticos. Diario Oficial n.° 43 007. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Decreto730-del-14-de-marzo-de-1997.pdf Presidencia de la República. (2000, 25 de febrero). Decreto 309 de 2000, Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica. Disponible en: https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma. php?i=45528 159 Capítulo 11 Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia Jennifer Tatiana Jiménez Forero Fabián Leonardo Berrío Pallares Liliana Alejandra Chicaíza Becerra L a igualdad de género y la participación plena de las mujeres en las esferas pública y privada están entre los principales desafíos en la agenda de gobiernos y entidades internacionales de todos los países. El objetivo de este documento es realizar un balance sobre qué tanto se ha avanzado en cuanto a igualdad de género y presencia de la mujer en cargos directivos en Colombia. Para ello, se inicia haciendo un recorrido del proceso histórico que ha marcado la evolución de las luchas y conquistas feministas en el país, se presentan algunos indicadores del mercado laboral, y se finaliza abordando algunos estudios académicos generales que sugieren explicaciones sobre los elementos culturales que subyacen en el ámbito del poder empresarial y público, y que limitan el acceso de la mujer a cargos directivos. Un largo recorrido de luchas y conquistas Dentro de los ideales de una sociedad democrática está que ningún individuo puede ser excluido de ningún derecho a causa de su sexo, y entre los derechos humanos está el derecho a la libertad y a la igualdad, entre otros. No obstante, 161 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible la materialización de estas ideas —que provienen de la Ilustración— ha sido menos alcanzable para las mujeres que para los hombres, a pesar de ser ellas el 50 % de la población mundial. La igualdad y la libertad para las mujeres han implicado un largo recorrido de luchas y conquistas que, desde la teoría feminista, se ha explicado temporalmente en tres etapas, también denominadas olas: el feminismo ilustrado, el feminismo liberal-sufragista y el feminismo contemporáneo. En la primera etapa, surge la reflexión sobre la igualdad de la inteligencia y la reivindicación de la educación; en la segunda, se profundiza en el acceso a todos los niveles de educación, las profesiones y la conquista del sufragio; y como última etapa se busca consolidar derechos civiles, derechos sexuales y reproductivos, paridad política y el papel de las mujeres en el proceso de globalización, entre muchas otras reivindicaciones (Valcárcel, 2004). Si bien este recorrido histórico refleja la experiencia europea, es importante identificar cómo se manifiestan las ideas feministas en Colombia. Villarreal y Luna (1994) identifican el origen de las luchas de las mujeres1 a principios de los años veinte del pasado siglo con la expansión cafetera y la migración laboral. En ese periodo, las dinámicas familiares y de la vida rural se empiezan a resquebrajar. Una parte de las mujeres entra al mundo laboral, pero sin poder romper con el patriarcado predominante que mantiene las lógicas familiares cotidianas, mientras que otras empiezan en un aflojamiento de la dominación patriarcal debido a la posibilidad que tienen de generar recursos, lo que les permite una mayor autonomía y control sexual, que en ocasiones conducen a la construcción de familias monoparentales, principalmente como madres cabeza de hogar por la migración y abandono del padre, o también porque muchas de estas mujeres migran a la ciudad buscando mayores oportunidades, desligándose del control patriarcal familiar. Es así como se identifica la primera etapa del feminismo en Colombia entre 1932 y 1943, con el logro del derecho patrimonial, que genera la incorporación de la mujer a los procesos capitalistas, y que marca la toma de conciencia y construcción de los primeros espacios feministas (Castellanos y Eslava, 2018). Para Villarreal y Luna (1994), la segunda etapa del feminismo en Colombia se da entre 1944 y 1948 con la búsqueda del sufragio. Esta época se caracteriza por la lucha partidista entre liberales y conservadores. En ese momento, las feministas colombianas mantenían el anhelo del derecho al voto, para lo cual presionaron a sectores políticos y realizaron giras educativas para sensibilizar a las personas en todo el territorio colombiano. También llevaron a cabo dos 1 162 Se usa el término luchas de mujeres ya que en aquel momento no se identificaban esas problemáticas como algo específico del grupo, es decir, como una idea feminista. 2 Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia congresos nacionales femeninos, crearon revistas y participaron en medios radiales a través de los cuales difundían sus propuestas. La tercera etapa se ubica entre 1949 y 1957, coincidiendo con la Violencia en Colombia. Esta etapa está guiada por el derecho al voto, que se logró en 19572, lo que paradójicamente hizo difícil la lucha organizada y desarticuló los colectivos feministas, aunque varias de las mujeres se mantuvieron trabajando en esa línea (Castellanos y Eslava, 2018). Entre 1958 y 1975 se identifica la cuarta etapa del feminismo en Colombia, durante la época del Frente Nacional. En ese momento las feministas se embarcan en la participación política dentro de la esfera estatal y surge un momento de relativa inactividad en cuanto a movilizaciones sociales, debido a que el logro del sufragio generó la idea del Estado como gran solucionador de los conflictos que aquejan a las mujeres y se consideró que con el tiempo se lograría una mayor participación femenina en la política, lo que conduciría a solucionar gradualmente los problemas sociales. Además, se fundaron dos organizaciones de mujeres: la Unión de Mujeres Demócratas, cercana al Partido Comunista, y la Unión de Ciudadanas de Colombia, vinculada al Partido Liberal. Entre 1975 y 1981 toma nuevamente impulso la movilización social feminista, resultado del impacto educativo que generó un mayor número de mujeres graduadas de la universidad, que para este periodo igualó al número de hombres graduados y facilitó el acceso de las mujeres a cargos que antes no les eran permitidos. Al mismo tiempo, la educación de la mujer en control natal hizo que Colombia cambiara drásticamente la tasa de fecundidad, que pasó de 7 hijos en 1964 a 3.9 en 1978, siendo un caso de reconocimiento internacional (Castellanos y Eslava, 2018). En ese momento, el acceso a información sobre métodos de planificación, así como la posibilidad de hacer una carrera universitaria y de conseguir empleo, permitieron avanzar en cuanto a la disyuntiva entre la decisión de ser madres o construir una vida laboral. Las discusiones en esta quinta etapa del feminismo se centraron en las diferencias entre salarios para hombres y mujeres con igual nivel educativo, y en las dificultades para acceder a cargos públicos y a cargos directivos en organizaciones privadas. Entre 1981 y 1991, con la construcción sólida de colectivos feministas que buscan reconocer sus derechos frente a la nueva Constitución Política que se plantea en el país, se crean las bases para una ciudadanía plena de las mujeres, lo que impulsó el desarrollo de cátedras, posgrados y centros de investigación sobre género y feminismo en las universidades. El reconocimiento de las vioUn grupo de mujeres, liderado por la vallecaucana Esmeralda Arboleda, envió un memorial a la Comisión de Estudios Constitucionales recomendando que se incluyera el tema de la participación política de la mujer. Esta etapa culminó con la obtención del voto en 1954, mediante el trabajo de las constituyentes Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, ratificado por el plebiscito de 1957. 163 lencias hacia las mujeres se da con leyes como la que tipifica el feminicidio o la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación o bajo las tres causales definidas al superar las 24 semanas (Corte Constitucional de Colombia, 2006, 2022). Este breve panorama de luchas y conquistas feministas refleja una dinámica interesante del papel de la mujer en diferentes procesos sociales en Colombia. Vale la pena mencionar que Colombia es uno de los pocos países que ha incorporado en sus cuentas nacionales la cuenta de producción de la economía del cuidado, que valora los servicios domésticos y de cuidado no remunerados, contexto en que el trabajo es desarrollado principalmente por las mujeres y es valorado como parte del proceso productivo para generar bienestar social. A pesar de los logros alcanzados por Colombia, en la actualidad siguen vigentes los problemas de desigualdad laboral para las mujeres. A continuación, se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y algunos indicadores para Colombia. Objetivos de Desarrollo Sostenible y algunos indicadores Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La igualdad de género, el empoderamiento, la promoción, la autonomía y el desarrollo de las mujeres es asunto primordial en la agenda de gobiernos y entidades internacionales. La Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los ODS (Asamblea General de las Naciones Unidas, septiembre 2015) establecen el logro de la igualdad de género y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y privada como elementos fundamentales para acelerar los resultados de desarrollo sostenible y beneficiar a las sociedades y a la humanidad en su conjunto (Naciones Unidas, 2018). Entre los años 2000 y 2005, “promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer” se introdujo como el tercer objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y para el año 2015 “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” se consolidó como el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (2015-2030), buscando poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, velando por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de decisión en la vida política, económica y pública, mediante la aprobación y fortalecimiento de políticas acertadas y leyes aplicables para promover el empoderamiento de mujeres y niñas (Naciones Unidas, 2018). Algunas cifras recolectadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran que el camino hacia la igualdad de género aún es largo en América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, s.f.). Entre las cifras agre- 164 Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia gadas se encuentra que el 52.6 % de las mujeres participa en el mercado laboral, frente al 81 % de los hombres. En comparación con los hombres, las mujeres se enfrentan a una brecha salarial del 17 %, que en algunos países llega al 30 %. Las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector informal: en las ciudades, las mujeres representan el 50.7 % del sector informal. La presencia de mujeres en sectores industriales, con mejores salarios y condiciones de trabajo, es muy baja (37 %), mientras que su presencia en aquellos sectores con condiciones de trabajo peores, como el sector de servicios, es desproporcionadamente más alta (73 %), lo que reafirma la existencia de masculinización en ciertos sectores. Dentro de la población económicamente activa, el 53 % de mujeres, comparado con el 40.4 % de hombres, ha completado 10 o más años de educación formal. Sin embargo, las tasas de desempleo son mayores para el caso de las mujeres. En Colombia, a pesar de que la tasa de participación laboral de las mujeres ha aumentado considerablemente desde los años sesenta, aún sigue estando por debajo de la de los hombres (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012), la tasa de desempleo es mayor para mujeres y se presenta una brecha salarial cercana al 17 %, según los últimos datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019). La tabla 11.1 muestra la relación de datos del informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2020) para el trimestre octubre-diciembre de 2019 , la tasa de desempleo de los hombres fue de 7.2 %, menor en 5.4 puntos porcentuales respecto a la de las mujeres, que se ubicó en 12.6 %. Sin embargo, esta situación es un avance con respecto a la presentada en 2010 (DANE, 2010). La tasa de ocupación muestra que 46.7 % de las mujeres están ocupadas, en comparación con un 69.2 % para los hombres. Tabla 11.1 Indicadores del mercado laboral según sexo 2009-2010 Indicadores del mercado laboral 2019 2010 según sexo Población total (PT) 50.7 % 49.3 % 50.7 % 49.3 % Población económicamente activa (PEA) 42.8 % 57.2 % 41.9 % 58.1 % Población ocupada (PO) 41.4 % 58.6 % 40.1 % 59.9 % Población desocupada (PD) 56.6 % 43.4 % 54.5 % 45.5 % Tasa global de participación 53.5 % 74.6 % 51.2 % 74.4 % Tasa de ocupación 46.7 % 69.2 % 43 % 67.2 % Tasa de desempleo 12.6 % 7.2 % 16 % 9.7 % Fuente: elaboración propia con base en datos del dane (2010; 2020). 165 Aunque la tasa de desempleo se ha reducido y la tasa de ocupación ha aumentado en los últimos 10 años, aún existe una brecha entre hombres y mujeres, brecha que aumentó con ocasión de la pandemia. Las mujeres tienden mayoritariamente a desarrollar trabajos de menor reconocimiento, jerarquía o prestigio, obteniendo por ello bajos niveles de ingreso y condiciones laborales de menor calidad, a pesar de que en promedio las mujeres poseen igual o mayor nivel educativo que los hombres, de manera que no es por diferencias de capacidades que sucede esta situación (Arenas Saavedra, 2018). Respecto al nivel educativo, según el anuario estadístico de la educación superior colombiana publicado por el Ministerio de Educación Nacional, entre 2010 y 2016 se graduaron de educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, especialización, maestría y doctorado) 2 381 391 personas, de las cuales el 55.25 % corresponde a mujeres, como lo señala la tabla 11.2. En promedio, más del 51 % de los graduados en tecnologías, especializaciones y carreras profesionales son mujeres. A nivel de maestría, entre 2010 y 2016, 49.58 % de las personas graduadas eran mujeres, con una tendencia creciente que alcanza 51.61 % y 52.95 % para 2015 y 2016 (tabla 11.3) (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Tabla 11.2 Población graduada de educación superior en Colombia entre 2010 y 2016 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Mujeres 123 811 163 425 189 000 193 908 200 451 206 720 238 490 1 315 805 Porcentaje Mujeres 54.45 % 54.51 % 54.79 % 55.12 % 55.74 % 55.16 % 56.35 % 55.254 % Hombres 103 567 136 367 155 904 157 882 159 156 168 018 184 692 1 065 586 Porcentaje Hombres 45.54 % 45.48 % 45.20 % 44.88 % 44.25 % 44.83 % 43.64 % 44.746 % Total Educación Superior 227 378 299 792 344 904 351 790 359 607 374 738 423 182 2 381 391 Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación Nacional (2017). Respecto a las áreas de desempeño, para 2010 los hombres se ocupaban, en primer lugar, en la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca (26.0 %); en segundo lugar, comercio, hoteles y restaurantes (22.8 %); y la industria manufacturera se ubicó en un tercer lugar (12.1). Por su parte, para 2010 las mujeres se ocupaban principalmente en comercio, hoteles y restaurantes, con 32.9 %, y en servicios comunales, sociales y personales, con 32.2 % (DANE, 2010). Diez años después, el orden de las ramas de actividad se mantiene para hombres y mujeres: la rama de comercio, hoteles y restaurantes sigue siendo la que mayor cantidad de mujeres ocupa, con 34.14 %, seguida de los servicios comunales, sociales y personales, con 30.32 % (DANE, 2020). 166 Tabla 11.3 Población graduada según nivel de educación superior en Colombia entre 2010 y 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Mujeres 6138 7997 8305 8375 7081 7349 9823 55 068 Hombres 13 667 10 945 15 000 10 886 5669 9681 7674 73 522 Total Técnico 19 805 18 942 23 305 19 261 12 750 17 030 17 497 128 590 Porcentaje Mujeres 30.99 % 42.22 % 35.64 % 43.48 % 55.54 % 43.15 % 56.14 % 42.82 % Mujeres 12 672 37 907 45 185 51 001 52 759 53 525 64 920 317 969 Hombres 12 344 38 997 42 034 47 044 49 727 48 660 57 100 295 906 Total Tecnólogo 25 016 76 904 87 219 98 045 102 486 102 185 122 020 613 875 Porcentaje Mujeres 50.66 % 49.29 % 51.81 % 52.02 % 51.48 % 52.38 % 53.20 % 51.80 % Mujeres 68 671 76 198 89 089 93 958 97 398 102 200 113 890 641 404 Hombres 52 066 56 641 64 484 67 774 70 499 76 179 80 933 468 576 Total Profesional 120 737 132 839 153 573 161 732 167 897 178 379 194 823 1 109 980 Porcentaje Mujeres 56.88 % 57.36 % 58.01 % 58.09 % 58.01 % 57.29 % 58.46 % 57.79 % 167 Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 168 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Mujeres 33 464 37 795 41 371 35 311 37 180 35 905 39 615 260 641 Hombres 22 212 25 367 28 837 26 522 26 812 26 171 29 742 185 663 Total Especialización 55 676 63 162 70 208 61 833 63 992 62 076 69 357 446 304 Porcentaje Mujeres 60.10 % 59.84 % 58.93 % 57.11 % 58.10 % 57.84 % 57.12 % 58.40 % Mujeres 2782 3432 4917 5130 5874 7536 9991 39 662 Hombres 3151 4237 5343 5459 6200 7066 8879 40 335 Total Maestría 5933 7669 10 260 10 589 12 074 14 602 18 870 79 997 46.89 % 44.75 % 47.92 % 48.45 % 48.65 % 51.61 % 52.95 % 49.58 % Mujeres 84 96 133 133 159 205 251 1061 Hombres 127 180 206 197 249 261 364 1584 Total Doctorado 211 276 339 330 408 466 615 2645 Porcentaje Mujeres 39.81 % 34.78 % 39.23 % 40.30 % 38.97 % 43.99 % 40.81 % 40.11 % Total Educación Superior 227 378 299 792 344 904 351 790 359 607 374 738 423 182 2 381 391 Porcentaje Mujeres Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación Nacional (2017). Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia Al analizar la situación de Colombia frente al mundo, encontramos que para 2020 ocupa el puesto 22 de 153 países en el Índice Global de Brechas de Género, que elabora el Foro Económico Mundial (FEM), con una puntuación de 0.758 de 1 en paridad de género. Allí se evalúan cuatro dimensiones fundamentales: participación económica y oportunidad, logro educativo, empoderamiento político y salud, y supervivencia, obteniendo un avance representativo con respecto al año anterior. Esto representa un paso significativo, pues Colombia ocupó el puesto 36 en 2017 y el puesto 40 en 2018. El informe del Índice Global de Brechas de Género cataloga el progreso de Colombia como acelerado, afirmando que cerró el 31.8 % de su brecha versus el 20.3 % en la evaluación anterior. Sin embargo, en la dimensión de participación económica y oportunidad, Colombia desciende al puesto 42 y al puesto 33 en empoderamiento político, lo que sugiere que aún hay aspectos por mejorar en el ámbito económico, laboral y político. También hay que trabajar en la velocidad de mejora, ya que, según el mismo informe, el tiempo que se tardará en cerrar la brecha de género será de 99.5 años, lo que supone más de una vida para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en los cuatro ámbitos de estudio (World Economic Forum, 2020). La última investigación sobre mujeres directivas realizada por la firma de consultoría Grant Thornton International muestra que las mujeres ocupan ahora el 29 % de los cargos de liderazgo senior a nivel mundial (Grant Thornton, 2019). Por otra parte, un reciente estudio de KPMG (González Bell, 2018) señala que del total de las colombianas que están trabajando en el país, solo el 7 % puede ubicarse en una posición directiva, cifra que coincide con el estudio Total Remuneration Survey (TRS), de la consultora Mercer de 2019. No obstante, el informe de la Función Pública sobre la participación de la mujer en los cargos de los niveles decisorios del Estado colombiano para 2019 establece que el 43 % de los cargos directivos están siendo ocupados por mujeres (Función Pública, 2019). Otro problema es la brecha salarial. En promedio, en el tercer nivel de las organizaciones (subgerencias, jefaturas o equivalentes), se presenta una brecha salarial de 15.18 % a favor del género masculino, mientras que en el segundo nivel (gerencias de áreas o equivalentes) la diferencia se incrementa hasta 22.29 % (González Bell, 2018). No obstante, existen organizaciones con esquemas organizacionales que potencializan las capacidades y competencias de las mujeres, las cuales han demostrado que cuando se ofrecen servicios que impulsan y mejoran la calidad de vida de los trabajadores se desencadenan beneficios para ambas partes: se consolida a las empresas como socialmente responsables y ello se traduce en una mejor calidad de vida para sus trabajadores. Algunas de estas empresas han sido reconocidas por su labor a través del sello de equidad Equipares, una herramienta impulsada por la ONU y los gobiernos participantes para que los sectores público y privado se comprometan en pro de 169 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible alcanzar los ODS, sentando las bases de implementación y mayor compromiso social (PNUD, s.f.). En 2013, a través del PNUD, se lanza en Colombia el sello de equidad laboral Equipares, encaminado a reconocer mediante una certificación a las empresas que implementan de manera efectiva el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y que con ello logran generar transformaciones culturales y cierre de brechas de género en su interior. El PNUD ha venido liderando el programa Sello de Igualdad de Género para empresas públicas y privadas (SIG), creando la Comunidad del Sello de Igualdad de Género, a la que doce países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, han decidido asociarse con el fin de impulsar y promover la igualdad de género en las empresas de la región, mediante el intercambio de conocimientos, habilidades, buenas prácticas y herramientas que impulsen y faciliten la implementación de políticas de igualdad en otros países, facilitando la creación de condiciones justas y decentes para los y las trabajadoras (Naciones Unidas, s.f.). El Programa de Certificación del Sello de Igualdad de Género evalúa las acciones que las organizaciones realicen para: aumentar la participación de la mujer en los niveles medio y superior de toma de decisiones en la gestión organizacional; abordar y eliminar las brechas salariales; desarrollar e implementar políticas que mejoren la conciliación laboral, familiar y personal; incorporar a las mujeres en todos los sectores económicos, en especial aquellos históricamente masculinizados; desarrollar procesos de comunicación incluyente y no sexista hacia el interior y el exterior de la empresa; y promover la cero tolerancia al acoso sexual en el lugar de trabajo. Se espera que estas iniciativas desarrollen instrumentos para adoptar políticas que sean replicadas en otras empresas y sean traducidas en acciones con resultados tangibles, aprovechando la relación entre los organismos internacionales, nacionales y los gremios empresariales para lograr de esta forma reducciones importantes en las brechas de género (PNUD, s.f.). Además de Colombia, entre los países de América Latina y el Caribe que han adoptado el programa de sellos de igualdad están Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Entre los países con mayores logros en esta línea están Costa Rica, que incorporó el sello desde 2002; México, que lo hizo desde 2003; Brasil, desde 2005; y Chile, desde 2009. El Índice Global de Brechas de Género 2020 para estos países y Colombia arroja los siguientes datos (tabla 11.4): 170 Índice global de brechas género Participación económica y oportunidad Empoderamiento político Colombia 22 42 33 Costa Rica 13 112 6 Chile 57 111 36 Brasil 92 89 104 México 25 124 14 País/puesto Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia Tabla 11.4 Índice Global de Brechas Género 2020 para Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y México Fuente: elaboración propia con base en datos de World Economic Forum (2020). Los indicadores del mercado de trabajo para los cinco países publicados se muestran a continuación en la tabla 11.5: Tabla 11.5 Indicadores del mercado laboral por sexo para Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y México Tasa global de participación Tasa de ocupación Tasa de desempleo/ desocupación M 53.5 % 46.7 % 12.6 % H 74.6 % 69.2 % 7.2 % M 49.2 % 45.4 % 7.7 % H 69.7 % 65.2 % 6.5 % M 50.8 % 42.3 % 16.7 % Indicadores del mercado laboral por sexo Colombia 2019 Chile 2019 Costa Rica 2019 Brasil 2019 México 2019 H 74.9 % 67.7 % 9.6 % M 47.4 % 44.1 % 13.1 % H 52.6 % 55.9 % 9.2 % M 44.89 % 39.6 % 3.2 % H 77.07 % 60.4 % 60.4 % Fuente: elaboración propia con base en datos de dane (2020), Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos (inec) (2019), Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (ine) (2020), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (ibge) (2020) e inegi (cifras oportunas durante diciembre de 2019) (2020). En la tabla 11.5 se aprecia que Colombia tiene una tasa global de participación y una tasa de ocupación de mujeres superior a la de los otros países con los que se compara. En cuanto a la tasa de desempleo, México y Chile han logrado hacer similares las tasas entre hombres y mujeres, pero Colombia, Costa Rica y Brasil aún no. 171 Liderazgo y techo de cristal Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Para finalizar, es importante tener en cuenta algunos trabajos académicos que sugieren explicaciones sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos directivos tanto en la esfera pública como en la privada, topándose con el denominado techo de cristal, a pesar de tener altas cualificaciones. D’adamo et al. (2008) señalan que a nivel organizacional se impulsa la idea de liderazgo como una característica que debe ser desarrollada por las personas para desempeñarse adecuadamente en roles directivos. El concepto de liderazgo está asociado a normas descriptivas de lo masculino, como la competitividad y la agresividad, mientras los estereotipos asociados a la conducta femenina se inclinan hacia la comunalidad, es decir, hacia lo afectivo, lo emocional y lo relacional. En ese sentido, la expectativa sobre el comportamiento esperado de una mujer resulta opuesta al comportamiento esperado del líder, y la encrucijada para las mujeres se encuentra cuando al comportarse según el estereotipo son recriminadas porque transgreden la conducta atribuida a su condición femenina. Esto conduce a una evaluación negativa de las mujeres líderes, porque su comportamiento difiere del esperado. Sindell y Shamberger (2016) consideran que el liderazgo femenino en las empresas se asocia a cualidades positivas, como mayor compromiso, confiabilidad y honestidad, características beneficiosas para las organizaciones, no obstante, a la hora de contratar personal, los empleadores prefieren contratar a hombres y entrenarlos para desarrollar en ellos estos comportamientos, con lo cual resulta difícil reducir brechas, toda vez que ello implica derribar estereotipos y aspectos culturales del mundo empresarial. En 2003 se publicó un meta-análisis que involucró 45 estudios de estilos de liderazgo y encontró que las líderes mujeres practican más el liderazgo transformacional que los líderes hombres (Eagly et al., 2003). A la vez, se considera que este tipo de liderazgo suele ser inconveniente en procesos de negociación, porque puede conducir a obtener menos beneficios cuando predomina lo relacional en la interacción (Mazei et al., 2020). Los trabajos acerca de las diferencias en estilos de liderazgo entre hombres y mujeres señalan que las mujeres se inclinan hacia la conexión, en tanto que los hombres prefieren el poder y el estatus y, en consecuencia, los mecanismos que usan para manejar situaciones son bastante diferentes (Tannen, 1990). Sin embargo, en muchos ámbitos de la vida empresarial se requiere del liderazgo transformacional y de altos niveles de inteligencia emocional para lograr un buen desempeño, según lo señala el estudio de Newcomb (2017), que comparó dos mujeres que ocuparon posiciones de liderazgo en dos importantes organizaciones, una de ellas con éxito, mientras que la otra no lo obtuvo. El mundo organizacional y empresarial puede ser estresante para las mujeres y quizás esto hace que prefieran no ocupar cargos directivos. En esa línea, varios estudios, entre ellos el de Sabharwal 172 Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia (2015), plantean la necesidad de promover ambientes laborales en donde las mujeres se sientan empoderadas y con mayor control sobre sus decisiones, ya que esto las conduce, en ciertas organizaciones, a superar los obstáculos. A pesar de los avances en cuanto a oportunidades para las mujeres, aún existe una gran cantidad de obstáculos para el desarrollo de mujeres como líderes. La escasez de políticas amigables hacia la familia en los lugares de trabajo, los estereotipos de género perpetuados en la cultura, y las tradiciones y prácticas que persisten en muchas empresas pueden hacer que las mujeres desistan de llegar a posiciones altas, ya que esto puede implicar para muchas de ellas hacer sacrificios personales y familiares radicalmente desproporcionados con respecto a los hombres (Nannerl, 2020). Referencias Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2012). Lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres. http://www. equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidad-de-genero.pdf Arenas Saavedra, A. I. (2018). Política tributaria y sesgos de género: Aproximaciones al caso colombiano. Friedrich-Ebert-Siftung en Colombia (FESCOL). Castellanos, G., y Eslava, K. (2018). Hacia una historia del feminismo en Colombia: De las certezas sufragistas a las incertidumbres de hoy. El caso de Cali. En F. Gil Hernández y T. Pérez-Bustos (eds.), Feminismos y estudios de género en Colombia: Un campo académico y político en movimiento (pp.3972). Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. D’Adamo, O., García-Beaudoux, V., Ferrari, G y Slavinsky, G. (2008). Mujeres candidatas: Percepción pública del liderazgo femenino. Revista de Psicología Social, 23(1), 91-104. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2010). Comportamiento del mercado laboral según sexo: Boletín de prensa Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) noviembre 2009 a enero de 2010. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Comportamiento del mercado laboral según sexo: Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) octubre 2019 a diciembre de 2020. DANE. Eagly, A., Johannensen-Schmidt, M., y Van Engen, M. (2003). Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men. Physcological Bulletin, 129(4), 569-591. Función Pública. (2019). Informe sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano. Colombia. Disponible en: https://bit.ly/3UMxtNK 173 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible González Bell, J. (2018, 2 de abril). Mujeres reciben 22.29 % menos de salario que un hombre en un mismo cargo. La República. https://www.larepublica. co/especiales/mujer-empresaria/mujeres-reciben-2229-menos-de-salarioque-un-hombre-en-un-mismo-cargo-2707278 Grant Thornton. (2019, 1 de marzo). La presión creciente comienza a impulsar el progreso de las mujeres en la alta dirección. https://www.grantthornton. com.co/noticias/marzo-2019/mujeres-directivas/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). (2020). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Quarto Trimestre de 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). (2020). Boletín estadístico: Empleo trimestral. Santiago. Ine Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos (INEC). (2020). Encuesta Continua de Empleo al cuarto trimestre de 2019: Resultados generales. INEC. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Indicadores de ocupación y Empleo. INEGI. Mazei, J., Hüffmeier, J., Alexander Freund, P., Stuhlmacher, A., Bilke, L. Y Hertel, G. (2015). A meta-analysis on gender differences in negotiation outcomes and their moderators. Psychological Bulletin, 141(1), 85-105. Mercer. (2019). Total Remuneration Survey (TRS). Disponible en: https://www. imercer.com/uploads/LatinAmerica/pdfs/2018/trscolombia.pdf Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2017). Anuario estadístico de la educación superior colombiana. Imprenta Nacional de Colombia. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). (s. f.). America Latina Genera. http://americalatinagenera.org/newsite/images/news/2017/08/ Guia_Sello_de_Genero_LAC_ESP.PDF Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales (LC/G.2681-P/Rev.3). Cepal. Naciones Unidas. (s. f.). Genera igualdad. http://americalatinagenera.org/newsite/ index.php/es/la-agenda-post-2016 Naciones Unidas. (s. f.). Sellos de igualdad: Genera igualdad. http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/iniciativas-destacadas/empresas-por-la-igualdad/sellos-de-igualdad#formacion-para-la-igualdad Nannerl, K. (2020). Women, power & leadership. The Journal of American Academy of Arts & Sciences, 149(1), 236-250. Newcomb, C. (2017). Women in leadership: A comparative case study on successful leadership [Honors College Theses, 29, University of Massachusetts]. http://scholarworks.umb.edu/honors_theses/29 174 Capítulo 11 | Igualdad de género y participación de las mujeres en cargos directivos: algunos indicadores para Colombia Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). Panorama laboral 2019 de América Latina y el Caribe. Oficina Regional para América Latina y el Caribe OIT. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). (s. f.). Sello de Igualdad de Género: Programa de certificación para empresas públicas y privadas con apoyo del PNUD. http://americalatinagenera.org/newsite/images/ How_To_resumen_esp.pdf Sabharwal, M. (2015). From glass ceiling to glass cliff: Women in senior executive service. Journal of Public Administration Research Theory, 25(2), 399-426. Sindell, T. y Shamberger, S. (2016). Beyond gender: Changing the leadership conversation. People and Strategy, 39(3), 32-35. Tannen, D. (1990). You just don’t understand. Ballantine. Valcárcel, A. (2004). Qué es y qué retos plantea el feminismo: Hacia la plena ciudadanía de las mujeres. Urbal red12mujerciudad. Mimeo. Villarreal, N. y Luna, L. (1994). Historia, género y política: Movimientos de mujeres en participación política en Colombia, 1930 a 1991. Universidad de Barcelona. World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap 2020. Ginebra, Suiza. Disponible en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 175 Capítulo 12 La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Mauricio Gómez-Villegas Introducción L os avances y logros en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1 fueron modestos, y las crisis sociales y medioambientales se han profundizado en las últimas dos décadas (UN, 2015a). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó la necesidad de fortalecer e intensificar los esfuerzos por parte de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, para revertir tales tendencias, por medio de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UN, 2015b). El papel de las empresas es neurálgico para conseguir los ODS, por su lugar central en la producción y la posibilidad de implementar el enfoque de la economía circular, con un uso razonable de los recursos, una mejora en las condiciones del empleo, un ciclo de vida de los productos sostenible, una gestión adecuada de las externalidades negativas de sus actuaciones, y para promover 1 En 2000, la Organización de Naciones Unidas propuso ocho objetivos, por medio de una alianza mundial que buscaba superar varios de los problemas más acuciantes de la humanidad para 2015 (onu, 2020). Véase: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ 177 el consumo responsable, entre otros aspectos (Sroufe, 2017). Por ello, podría plantearse que la responsabilidad social empresarial (RSE) es un camino para operativizar las estrategias y las acciones que permitan que los ODS y sus metas sean una realidad desde el punto de vista organizacional. Tal y como se desprende de los ODS 12 y 16, la información, la rendición de cuentas y la transparencia son piezas clave de la sostenibilidad, pues implican el diseño e implementación de indicadores, medidas e informes para dar cuenta del compromiso, y del grado de avance, de las empresas y los gobiernos frente a los ODS. Dado que la rendición de cuentas y la transparencia se materializan por medio de la información contable empresarial, en este trabajo nos preguntamos: ¿qué papel juega la información contable empresarial en la búsqueda de los ODS? Por ello, el objetivo de este capítulo es presentar una visión panorámica y crítica del papel de la información empresarial en la sostenibilidad. Luego de esta introducción, en la primera parte del trabajo se contextualizan los ODS y se presenta su vínculo con la disciplina contable. En la segunda sección se describen las iniciativas en materia de información contable social y medioambiental que están implementando las empresas a nivel global, especialmente los informes de responsabilidad social o de sostenibilidad que siguen los estándares de la Global Reporting Iniciative (GRI). Como tercer punto, y a manera de conclusión, se sintetizan algunos argumentos críticos relativos a los límites de la información de responsabilidad social empresarial actual para impulsar y conseguir la sostenibilidad. Los ods y la contabilidad Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Los ODS (ONU, 2022) son el núcleo de la agenda internacional planteada por la ONU, en 2015, para enfrentar las crisis ambiental, social y económica que vive la humanidad a escala planetaria. Esta agenda incluye 17 objetivos y 169 metas que buscan, al año 2030, poner fin a la pobreza y al hambre, promover la prosperidad de las personas, proteger el planeta y los ecosistemas, y conseguir la paz (UN, 2015b). La agenda retoma la definición de desarrollo sostenible que la comisión Brundtland estableció varias décadas atrás2. En este contexto, existen promotores y detractores de la agenda, en especial por el carácter marcadamente liberal y, quizás, contradictorio del concepto dominante de desarrollo sostenible, que parece sobreponer el crecimiento económico al equilibrio de los ciclos energéticos y de la naturaleza (Escobar, 1995; Martínez-Alier, 2011). 2 178 Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987). Capítulo 12 | La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible A esta altura de los plazos establecidos en la Agenda 2030, ciertas metas seguramente no se van a alcanzar. Por ejemplo, la meta 12.4 señaló: De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida […] y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. (ONU, 2022) Esto evidentemente no se logró y no se alcanzará mientras prevalezca una economía basada en los hidrocarburos y la minería, no solo como fuente energética, sino como base de múltiples industrias, bienes y servicios (Morris, 2016). Pese a estas críticas y al evidente desfase en el logro de varias metas, es indispensable construir compromisos simbólicos, cognitivos, sociales y políticos para actuar frente a las crisis. Por ello es vital pensar en la forma en que la disciplina contable puede aportar a los ODS. Dado que la gestión empresarial requiere un cambio en sus fundamentos conceptuales y operativos (Sroufe, 2017), también es indispensable una transformación en la contabilidad, sus conceptos, instrumentos y procesos para el logro de los ODS (Bebbington y Unerman, 2018). La contabilidad puede definirse como una infraestructura de cálculo que, por medio de sus técnicas, tecnologías y racionalidades, permite obrar sobre los agentes, los procesos económicos y las organizaciones, a partir de construir una imagen de su desempeño y viabilizar las decisiones, el control y la rendición de cuentas de sus acciones frente a otros (Miller y Power, 2013; Gómez-Villegas, 2020). La reforma de la contabilidad necesaria para hacer frente a los ODS no se limita a la información empresarial. También es necesario un cambio en los sistemas macrocontables —el Sistema de Cuentas Nacionales, la balanza de pagos, entre otros— (Mattessich, 2002) para reconocer las externalidades ecológico-económicas, y para desarrollar indicadores e informes que trasciendan la dimensión financiera de corto plazo, así como los límites de las entidades individuales (UN, 2015a; Gambetta et al., 2018; Bebbington y Unerman, 2018). Esto es central porque la sostenibilidad no es solamente un problema organizacional (de empresas o Estados), ni solamente financiero, sino del sistema y de los flujos y equilibrios ecológicos y energéticos (Bebbington y Larrinaga, 2014). En el marco del ODS 12, se establece la meta 12.6, que señala: “Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes” (UN, 2015b). Por su parte, el ODS 16 plantea dos metas que también se relacionan directamente con la contabilidad: “16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas” y “16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los 179 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible acuerdos internacionales” (resaltado fuera del texto) (Gilli, 2017). Estos ODS y metas concretas ponen de relieve unos roles muy significativos de la disciplina contable en la sostenibilidad. En el mundo contemporáneo, la centralidad e importancia de las compañías multinacionales, por ejemplo, impulsa reclamos sociales e institucionales por un gobierno corporativo que transparente sus objetivos y formas de decisión y que obligue a rendir cuentas de sus actuaciones e impactos frente a múltiples stakeholders (Munro y Mouritsen, 1996). Esto también es cierto en relación con las políticas públicas y las acciones gubernamentales para conseguir el desarrollo sostenible. Por ello, la información, la transparencia y la rendición de cuentas son vitales para la implementación de la Agenda 2030 (Almassy, 2014). La rendición de cuentas (accountability) opera construyendo sentido y significaciones entre los agentes, por medio de información que explica y justifica sus actuaciones (Roberts y Scapens, 1985; Roberts, 2009). Por su parte, la transparencia se define como una apertura hacia el exterior, que permite visibilizar los criterios, mecanismos y resultados de las decisiones en el interior de las organizaciones (Roberts, 2009; Hood, 2010). De esta manera, la rendición de cuentas y la transparencia implican información, justificación y castigo, cuando fuere necesario, viabilizados por y con la contabilidad (Rodríguez, 2012). Con las primeras evidencias de las diversas crisis medioambientales y sociales, y gracias a la presión social, comenzaron a desarrollarse iniciativas y herramientas contables para dar cuenta del impacto de la actuación empresarial sobre el ambiente y la sociedad (Parker, 2011). De esta manera, surgieron sistemas de contabilidad financiera ambiental, contabilidad de costos ambientales, auditoría ambiental y social, balances sociales, entre otras modalidades, que vinieron a incrementar la rendición de cuentas sociales y medioambientales (Parker, 2011; Larrinaga et al., 2019). Con el tiempo se fue reconociendo que la lógica contable tradicional y sus instrumentos convencionales, que están en la base de los desarrollos previamente señalados, tenían limitaciones para representar las dimensiones social, ambiental y económica (the triple bottom line) del desempeño, lo que llevó a la emergencia de informes no financieros, muy alineados con la responsabilidad social empresarial (Elkington, 1994; Atkinson et al., 1997). En este contexto, el modelo predominante de informe no financiero de responsabilidad social, de desarrollo sostenible o de sostenibilidad (memorias de sostenibilidad) es el que producen las empresas y otras organizaciones siguiendo las guías y, desde hace algunos años, los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) (2016a; 2016b). Aunque para este trabajo nos focalizamos en los informes que observan las guías y estándares de la GRI, es importante señalar que, desde 1990 y en el contexto internacional, existen modelos de informes sociales y ambientales, 180 Capítulo 12 | La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como es el caso del balance social. Así mismo, en los últimos años vienen emergiendo propuestas como el reporte integrado (International Integrated Reporting Council [IIRC], 2013, 2014). Finalmente, otros organismos están promoviendo la expansión de procesos de regulación de la información no financiera corporativa, lo que podría llevar a la emergencia y competencia de múltiples informes no financieros (International Financial Reporting Standards Foundation [IFRSF], 2020). Los ods y los informes gri La GRI es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, con sede en Ámsterdam y fundada en 1997 (GRI, 2016a). Este organismo ha evolucionado en el tiempo al ritmo de la sensibilización social, los reclamos de la sociedad civil, la implicación gubernamental y las transformaciones en los mercados y las empresas, frente a la sostenibilidad. De la misma forma, el tipo de pronunciamientos o documentos que emite la GRI ha cambiado. Originalmente, dado el aparente consenso sobre el carácter voluntario de la RSE, la GRI emitía guías para orientar la preparación de sus informes o memorias (Gómez-Villegas y Quintanilla, 2012). No obstante, con los procesos regulativos que hicieron obligatoria la producción de información no financiera sobre estos temas en diferentes jurisdicciones3, la GRI transitó hacia la emisión de estándares (Pizzi et al., 2021). Los estándares de la GRI para la producción de informes se estructuran en dos grupos: estándares universales (GRI 101, 102 y 103) y estándares temáticos (GRI 200, 300 y 400). El primer grupo recoge los criterios referidos a los fundamentos de la información de sostenibilidad, a la información general y contextual de la organización, y al enfoque de gestión sobre los temas que la entidad considera materiales. El segundo grupo de estándares hace referencia a los indicadores concretos para cada uno de los impactos y temas materiales en las dimensiones económica, ambiental y social (GRI 2016b). Concretamente, el estándar GRI 101 señala: “La elaboración de informes de sostenibilidad, promovida por los Estándares GRI, es una práctica que consiste en la elaboración de informes públicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y, por ende, sus contribuciones (positivas o negativas) al objetivo de desarrollo sostenible” (GRI, 2016b, p. 3). La elaboración de los informes, según la GRI, debe atender a unos principios relativos a su contenido y a su calidad. En cuanto al contenido, los principios 3 La Unión Europea, en 2014, emitió la directiva 2014/95/ue, que hace obligatoria la producción de información no financiera y de diversidad para los grupos consolidados que coticen en bolsa. Esta era una exigencia que ya existía en varios países nórdicos y más recientemente fue establecida en Suráfrica (Pizzi, Rosati y Venturelli, 2021). 181 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que: 1) los informes deben incluir a los grupos de interés (stakeholders) de la organización; 2) el desempeño organizacional debe ser informado en el contexto más amplio de la sostenibilidad; 3) el informe debe reflejar los impactos materiales que influyan en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés; y 4) los informes deben ser exhaustivos. En relación con la calidad, los informes de sostenibilidad deben observar los principios de precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad (GRI, 2016b). El crecimiento en la producción de informes siguiendo los pronunciamientos de la GRI ha sido exponencial en las más de dos décadas de su existencia (Gómez-Villegas y Quintanilla, 2012; Larrinaga et al., 2019; GRI, 2019). Con los recientes debates sobre la diversidad y el alto volumen de información que se exige a las empresas cotizadas en mercados globales, y con la regulación estatal que obliga a producir este tipo de información, emergen otras iniciativas, como el reporte integrado (IIRC, 2013; 2014). No obstante, sigue siendo predominante la utilización de los estándares de la GRI. Según la base de informes de esta entidad, a 2019 fueron remitidos más de 35 000 informes de conformidad con sus estándares y son más de 14 300 las organizaciones reportantes a nivel global (GRI, 2019). El lugar que históricamente han ocupado las empresas y organizaciones domiciliadas en Latinoamérica en la producción de informes bajo GRI es muy relevante (Gómez-Villegas y Quintanilla, 2012). Con la entrada en vigencia de los ODS, la GRI impulsó un proceso para profundizar la producción de informes de sostenibilidad (GRI, 2018). Los resultados de investigaciones académicas y los reportes de firmas globales de consultoría muestran que las empresas están produciendo informes de sostenibilidad en los que enuncian su preocupación por los ODS, la alineación de su estrategia con ODS concretos o, incluso, el desarrollo de acciones directamente vinculadas con ciertas metas de la Agenda 2030 (Almassy, 2014; PricewaterhouseCoopers [PWC], 2018; Rosatu y Faria, 2019; Pizzi et al., 2021). Según el informe de PWC, que analizó 729 compañías de 21 países diferentes, el 72 % de ellas menciona de forma genérica los ODS en sus informes de sostenibilidad, mientras que el 50 % ha identificado ODS prioritarios articulados con su estrategia (PWC, 2018). No obstante, solamente el 23 % de las empresas presenta indicadores clave de su desempeño asociados a alguno de los ODS o a metas concretas. En cuanto a los objetivos priorizados, el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) y la producción y el consumo responsables (ODS 12) son los más relevantes para las empresas del estudio (PWC, 2018). De acuerdo con la valoración de PWC, la calidad del reporte de estas empresas, en función de los ODS, podría calificarse con un 2.71 sobre 5 (PWC, 2018). Todo esto implica la necesidad de profundizar procesos como el aseguramiento de estos informes y la evaluación de su relevancia, por medio del análisis de materialidad. 182 Capítulo 12 | La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible A manera de conclusión: los límites de la información de responsabilidad social para la sostenibilidad Existe abundante literatura académica que estudia los factores que motivan y explican la producción y divulgación de información contable social y medioambiental por parte de las empresas (Parker, 2011; Larrinaga et al., 2019). Algunos trabajos muestran una correlación entre la divulgación de información social y ambiental, y el desempeño financiero de la firma. Esto podría sugerir que los inversores y los clientes premian el compromiso ambiental y social de la firma, lo que redundaría en beneficios financieros, aunque no existe consenso sobre esta causalidad. Por el contrario, algunos autores señalan que los resultados financieros positivos se deben a una funcionalización de las dimensiones social y ambiental como un instrumento de mercadeo y de diferenciación, antes que como un verdadero cambio ecológico organizacional (Moneva et al., 2006). También existe evidencia de la utilización de los informes de responsabilidad social o de sostenibilidad con propósitos de legitimación y camuflaje organizacional (Moneva et al., 2006; Gómez-Villegas y Quintanilla, 2012; Larrinaga et al., 2019). Se ha identificado que las empresas que más producen informes de sostenibilidad se encuentran en sectores altamente sensibles con alto impacto social y medioambiental, lo que podría sugerir un comportamiento estratégico para evitar presiones sociales y políticas, y para gestionar activamente su reputación (Gómez-Villegas y Quintanilla, 2012; Rosati y Faria, 2019; Pizzi et al., 2021). Así mismo, en la literatura académica se identifica que los países con mayor divulgación de informes de sostenibilidad tienen bajos niveles de cumplimiento de regulaciones medioambientales, débiles estructuras legales de defensa de los trabajadores y otra serie de conflictos sociales (Rosati y Faria, 2019). Por ejemplo, en materia de divulgación de informes empresariales de sostenibilidad siguiendo GRI, Colombia está en el quinto lugar a nivel mundial (GRI, 2019; La República, 2019). Aunque podría pensarse que la estructura vigente de indicadores ambientales, sociales y económicos contenidos en los estándares GRI es consistente con los ODS, existe un profundo debate sobre la manera más adecuada para medir y reportar la sostenibilidad (UN, 2015a; Bebbington y Larrinaga, 2014). Al decir de Moratis y Melissen (2019): “However, there seems to be a substantial difference between embedding sustainability into companies on the one hand and embedding the SDGs on the other” (p. 253). Parece que los indicadores y medidas contables actuales no logran visibilizar que la responsabilidad social de una empresa o de una entidad concreta, en 183 un periodo de tiempo específico, puede no ser convergente con sus impactos en otras dimensiones del sistema o en otros momentos del tiempo (la sostenibilidad). Por ejemplo, empresas que son referente de RSE en los países del norte operan de manera directa e indirecta (p. ej., con filiales, proveedores o procesos tercerizados) en países en vías de desarrollo donde las reglamentaciones son menos estrictas, muchas veces gracias a la gestión directa de las mismas empresas, afectando a los trabajadores, el medioambiente o incluso a los gobiernos (por la vía de la elusión o evasión fiscal) (Martínez-Alier, 2011). Reconocemos la importancia de los avances en materia de información social y medioambiental. No obstante, estos avances son insuficientes para responder a los retos que implican los ODS. Intervenir en la transformación de la gestión de las empresas hacia la sostenibilidad no será posible sin sistemas de información y control para la rendición de cuentas y para la transparencia. Por consiguiente, debemos superar la visión que condiciona la sostenibilidad al crecimiento económico y que vincula siempre el desempeño organizacional con el éxito financiero anual. Como hemos mostrado, las visiones dominantes señalan que la RSE es importante, porque aumenta el rendimiento financiero. Esa lógica resulta insostenible. Debemos transitar hacia la racionalidad y las ciencias de la sostenibilidad y allí la contabilidad tiene mucho por aprender, aportar y transformar (Bebbington y Larrinaga, 2014; Bebbington y Unerman, 2018). Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Almassy, D. (2014). Transparency and accountability in the post-2015 development agenda. Media Asia, 41(4), 308-312. Atkinson, A., Waterhouse, J., y Wells, R. (1997). A stakeholder approach to strategic performance measurement. MIT Sloan Management Review, 38, 25-37. Bebbington, J. y Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. Accounting, Organizations and Society, 39(6), 395-413. Bebbington, J., y Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An enabling role for accounting research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(1), 2-24. Brundtland, G. (1987). Our common future: World Commission on Environment and Development. United Nations. Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. California Management Review, 36, 90-100. http://dx.doi.org/10.2307/41165746 Escobar, A. (1995). El desarrollo sostenible: Diálogo de discursos. Economía Política, 9(1), 7-25. 184 Capítulo 12 | La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Gambetta, N., García, I., Geldres, V., Gómez, M. y Jaramillo, M. (2018). Los ODS y las revisiones nacionales voluntarias en Latinoamérica: ¿Los países comunican buenas o malas noticias? AECA. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 124, 40-42. Gilli, J. J. (2017). La transparencia como objetivo del desarrollo sostenible. Ciencias Administrativas, 9, 43-49. Global Reporting Initiative (GRI). (2016a). What is sustainability reporting? https:// www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx Global Reporting Initiative (GRI). (2016b). GRI 101: Fundamentos. https://www. globalreporting.org/standards/media/1439/spanish-gri-101-foundation-2016.pdf Global Reporting Initiative (GRI). (2018). Business reporting on the SDGs. https:// www.globalreporting.org/information/SDGs/Pages/Reporting-on-theSDGs.aspx Global Reporting Initiative (GRI). (2019). GRI sustainability disclosure database. http://database.globalreporting.org/ Gómez-Villegas, M. (2019). Una aproximación social, institucional y organizacional a la contabilidad. En Gonzales-Miranda, D., Sanabria, P., Marín-Idárraga, D., Gómez-Villegas, M. y Saavedra, J. (2020), Los estudios organizacionales en Colombia: Aproximaciones, diversidad y desarrollo. Eafit-Editorial Universidad del Rosario. Gómez-Villegas, M. y Quintanilla, D. (2012). Los informes de responsabilidad social empresarial: Su evolución y tendencias en el contexto internacional y colombiano. Cuadernos de Contabilidad, 13(32), 121-158. International Financial Reporting Standards Foundation (IFRSF). (2020). Documento de consulta de información sobre sostenibilidad. IFRSF. https://www.ifrs. org/projects/work-plan/sustainability-reporting/comment-letters-projects/ consultation-paper-and-comment-letters/ International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). Marco internacional de reporte integrado. IIRC. http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-SPANISH-1.pdf International Integrated Reporting Council (IIRC). (2014). Strategy: The breakthrough phase 2014–17. IIRC. https://integratedreporting.org/wp-content/ uploads/2015/02/IIRC-Strategy-Summary-2015.pdf La República. (2019, 30 de mayo). Colombia está en el top cinco de los países que más reportan sostenibilidad. La República. https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-esta-en-el-top-cinco-de-los-paises-que-mas-reportan-sostenibilidad-2867823 185 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Larrinaga, C., Moneva, J. M. y Ortas, E. (2019). Veinticinco años de contabilidad social y medioambiental en España: Pasado, presente y futuro. Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 48(4), 1-19. Martínez-Alier, J. (2011). Hacia una economía sostenible: Dilemas del ecologismo actual. Revista Letras Verdes, 9, 5-25. Mattessich, R. (2002). Contabilidad y métodos analíticos: Medición y proyección del ingreso y la riqueza en la microeconomía y en la macroeconomía. La Ley. Miller, P. y Power, M. (2013). Accounting, organizing, and economizing: Connecting accounting research and organization theory. The Academy of Management Annals, 7(1), 557-605. Moneva, J. M., Archel, P. y Correa, C. (2006). GRI and the camouflaging of corporate unsustainability. Accounting Forum, 30(2), 121-137. Moratis, L. y Melissen, F. (2019). How do the sustainable development goal question rather than inform corporate sustainability? Resources, Conservation & Recycling, 141, 253-254. Morris, I. (2016). Cazadores, campesino y carbón: Una historia de los valores de las sociedades humanas. Editorial Ático de los Libros. Munro, R. y Mouritsen, J. (1996). Accountability: Power, ethos and the technologies of managing. London: International Thompson Publishing. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2022). Objetivos de Desarrollo sostenible. Disponbile en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Organización de las Naciones Unidas Guatemala (ONU). (2020). Objetivos de Desarrollo: de los ODM los ODS. Disponible en: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ Parker, L. (2011). Twenty-one years of social and environmental accountability research: A coming of age. Accounting Forum, 35, 1-10. Pizzi, S., Rosati, F. y Venturelli, A. (2021). The determinants of business contribution to the 2030 Agenda: Introducing the SDG reporting score. Business Strategy and the Environment, 30(1), 404-421. https://doi.org/10.1002/ bse.2628 PricewaterhouseCoopers (PWC). (2018). From promise to reality: Does business really care about the SDGs? And what needs to happen to turn words into action. SDG Reporting Challenge 2018. PWC. https://www.pwc.com/gx/en/ sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf Roberts, J. (2009). No one is perfect: The limits of transparency and an ethic for “intelligent” accountability. Accounting Organizations and Society, 34, 957-970. 186 Capítulo 12 | La información empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Roberts, J. y Scapens, R. (1985). Accounting systems and systems of accountability: Understanding accounting practices in their organizational contexts. Accounting, Organizations and Society, 10(4), 443-456. Rodríguez, M. C. (2012). Revisitando el concepto de Accountability. En Contabilidad, accountability y transparencia: Identificando tendencias. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Rosati, F. y Faria, L. (2019). Addresing the SDGs in sustainability reports: The relationship with institutional factors. Journal of Cleaner Production, 215, 1312-1326. Sroufe, R. (2017). Integration and organizational change towards sustainability. Journal of Cleaner Production, 162, 315-329. United Nations (UN). (2015a). The Millennium Development Goals report 2015. United Nations. United Nations (UN). (2015b 25 de septiembre). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 187 Capítulo 13 La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo Germán Albeiro Castaño Duque Carlos Mario Ramírez Guapacha Alejandro Peláez Arango E n el escenario de las visiones de los gobiernos mundiales, la educación ha estado pensada desde múltiples miradas. La Organización de las Naciones Unidas busca, dentro de sus propósitos, políticas de carácter general y global que tengan incidencias en todos los países miembros o que suscriban sus declaratorias. En septiembre de 2000, en la ciudad de New York, 147 jefes de Estado y de Gobierno y 42 delegados, para un total de 189 dignatarios mundiales, firmaron un compromiso para realizar esfuerzos mancomunados con el fin de romper los desequilibrios del desarrollo entre los países. En esa declaratoria los mandatarios manifestaron: Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro. (Declaración del Milenio, 2000) 189 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En esa ocasión, los temas fundamentales versaron sobre a la lucha contra la pobreza y el hambre, la reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la educación y la salud, y la promoción de la igualdad entre los sexos. De esta forma quedaron formulados los denominados Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), (ONU, 2000) hasta 2015, y que fueron: Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades. Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. La educación como una preocupación de desarrollo se plantea en los objetivos 2 y 3, lo cual deviene de la estrategia Educación para Todos (EPT) del foro celebrado en Dakar (Senegal) en abril de 2000. En la EPT se plantearon seis objetivos fundamentales, de tal manera que los niños, jóvenes y adultos los pudieran alcanzar en, así: Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Objetivo 2. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Objetivo 3. Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Objetivo 4. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50 %, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. Objetivo 5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. Objetivo 6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas. En el mismo foro de EPT se plantearon las estrategias para desarrollar y alcanzar estos objetivos, como el incremento de la inversión en educación básica, la integración de la educación a la eliminación de la pobreza, el compromiso 190 Capítulo 13 | La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo de la sociedad civil, mayor atención a los sistemas educativos afectados por la violencia y las inclemencias de la naturaleza, la lucha contra las enfermedades, la igualdad de género, la equidad en la distribución de los recursos, el aprovechamiento de las nuevas TIC, y mecanismos de supervisión de los objetivos en educación de las naciones y territorios. Las metas planteadas en los ODM 2 y 3 (ONU, 2000) fueron las siguientes: Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal Meta: velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Indicadores globales: 1. Tasa de cobertura neta de primaria. 2. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado. 3. Tasa de alfabetismo de las personas de 15 a 24 años. Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Meta: eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. Indicadores globales: 1. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior. 2. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años. Los esfuerzos realizados por los países alcanzaron logros significativos, aunque no se cumplieron todas las metas. A continuación, se presentan de manera global los alcances logrados en estos objetivos. En el objetivo 2 —lograr la enseñanza primaria universal— los resultados fueron: La tasa neta de matriculación en enseñanza primaria en las regiones en desarrollo ha alcanzado el 91 % en 2015, a partir del 83 % en el año 2000. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015. África subsahariana ha registrado la más alta mejoría en enseñanza primaria entre todas las regiones desde que se establecieron los ODM. Esta región alcanzó un aumento en 20 puntos porcentuales en la tasa neta de matriculación en el periodo de 2000 a 2015, en comparación con un incremento de 8 puntos porcentuales entre 1990 y 2000. 191 La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años ha aumentado globalmente de 83 % a 91 % entre 1990 y 2015. La brecha entre hombres y mujeres ha disminuido (ONU, 2000). En el objetivo —promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer—los resultados fueron: Muchas más niñas asisten ahora a la escuela que hace 15 años. Las regiones en desarrollo en su conjunto han alcanzado la meta de eliminar la disparidad de géneros en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria. En Asia meridional, solo 74 niñas se matriculaban en la escuela primaria por cada 100 niños en 1990. En la actualidad se matriculan 103 niñas por cada 100 niños. Las mujeres ahora constituyen el 41 % de los trabajadores remunerados en sectores no agrícolas, lo que significa un aumento en comparación con el 35 % de 1990. Entre 1991 y 2015 el porcentaje de mujeres con empleos vulnerables como parte del total de mujeres empleadas se ha reducido en 13 puntos porcentuales. En contraste, el empleo vulnerable entre los hombres cayó en 9 puntos porcentuales. En el curso de los últimos 20 años las mujeres han ganado terreno en la representación parlamentaria en casi el 90 % de los 174 países para los que se dispone de datos. La proporción promedio de mujeres en el parlamento casi se ha duplicado en el mismo periodo; sin embargo, todavía solo uno de cada cinco miembros es mujer. Recomendaciones de cara a los ods Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La iniciativa My World, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incorpora la percepción de la ciudadanía mundial sobre la futura agenda de desarrollo a partir de 2015. De la encuesta dirigida a los ciudadanos del mundo (9 729 544 encuestados) sobre las temáticas por abordar hacia la Agenda 2030, se destacan, en su orden, y a nivel mundial, las siguientes, que darán su enfoque a los ODS: Los resultados arrojados colocan a la educación de calidad como la primera preocupación, con 6 523 303, equivalente al 67 % del total de votos; en segundo lugar, una mejor salud, con 5 521 075, equivalente al 57 %; en tercer lugar, mejores oportunidades de trabajo, con 5 426 280, equivalente al 56 %; y la honestidad y responsabilidad de los gobernantes, con 4 418 704 votos de la ciudadanía a nivel mundial, equivalente al 45 %. (ONU, 2015). Los resultados arrojados dan clara cuenta de que un objetivo fundamental en la Agenda 2030 y en los ODS será la educación de calidad. 192 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Capítulo 13 | La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo Las recomendaciones planteadas desde los ODM dan sentido a los ODS, los cuales se formulan en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Los ODS fueron más participativos en su diseño, a diferencia de los ODM , que fueron más tecnocráticos. En aquella conferencia se plantearon los 17 ODS, y, en referencia al ODS 4 —educación de calidad—, estos difieren tanto de los ODM vinculados con la educación como de los de la EPT en su ámbito temático, su cobertura geográfica y las prioridades de sus políticas. Para comprender plenamente cada una de las diez metas del ODS 4, es preciso tomar como referencia la Declaración de Incheon y el Marco de Acción Educación 2030 (Unesco, 2016). Cada una de las metas que se enumeran a continuación presenta una breve descripción de los principales compromisos en términos de políticas que se derivan del marco de acción. Velar por que todas las niñas y niños terminen los ciclos de primaria y secundaria, los cuales deben ser gratuitos, equitativos y de calidad. Velar para que todos los niños y niñas tengan acceso a los servicios de atención a la primera infancia y a una enseñanza de preescolar de calidad, con el objetivo de que estén preparados para la enseñanza primaria. Asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a formaciones técnicas, profesionales y universitarias de calidad. Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Eliminar las desigualdades de género en la educación, y garantizar el acceso educativo a las personas vulnerables, con discapacidad, indígenas, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. Garantizar que todos los jóvenes y al menos una gran parte de la población adulta tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. Garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, la igualdad de género, los derechos humanos, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Construir y adecuar instalaciones educativas que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas, teniendo en cuenta las cuestiones de género y que proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 193 9. Para el año 2020, aumentar sustancialmente el número de becas para los países en desarrollo, en especial los menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que los estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional, técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo. 10. Aumentar sustancialmente la oferta de profesores calificados, mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. (Unesco, 2016, p. 11) La educación debe considerarse como un elemento fundamental del derecho a una vida decente, al desarrollo individual y al ascenso social, y como una clave para la reducción de la pobreza y de las desigualdades. También provee a las personas los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para la inserción en el mundo laboral, generando las herramientas para la productividad de la sociedad, y los espacios para la creación de valor agregado e innovación útiles para la transformación del aparato productivo. Por otra parte, la educación trasciende a un mayor equilibrio de género, y también impacta en temas de salud, nutrición y ambientales. Por ello: Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Cada año de escolarización adicional aumenta el producto interior bruto (PIB) anual en un 0.37 %. Si todos los niños de los países de ingresos bajos supieran leer, la pobreza se reduciría en un 12 %. Un año de escolarización adicional aumenta los ingresos de una mujer entre el 15 % y el 20 %. Un año de escolarización adicional se traduce entre las mujeres en un descenso del 10 % de las tasas de fecundidad. Un niño nacido de una madre que sabe leer y escribir tiene un 50 % más de probabilidades de sobrevivir después de los 5 años de edad. Las mujeres con más estudios son más propensas a retrasar y espaciar los embarazos, y obtener una atención sanitaria y un seguimiento médico. Las mujeres que han contado con una educación posprimaria tienen cinco veces más probabilidades que las mujeres analfabetas de estar informadas sobre el VIH/sida. La educación permite garantizar la sostenibilidad ambiental. • Respetar, reconocer el valor y las riquezas procedentes de la tierra y de todos los pueblos, y preservarlas. • Vivir en un mundo en el que cada uno tenga de comer para llevar una vida sana y productiva. 194 Evaluar, mantener, restaurar y mejorar el estado de nuestro planeta. Construir un mundo mejor, más seguro y equitativo. Ser un ciudadano comprometido y responsable, que ejerza sus derechos y deberes en todos los niveles (local, nacional y global). (ONU, 2015) Capítulo 13 | La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo • • • Una mirada a América Latina en el cumplimiento del ods 4: “Educación inclusiva, de calidad y oportunidades de aprendizaje” En los últimos años, en Latinoamérica, se han evidenciado interesantes resultados en el acceso y cobertura de la educación, siendo una limitante la desigualdad tan pronunciada que se evidencia en la región (Cepal y OIT, 2010). En general, seis de cada diez niños entre tres y cuatro años se encuentran inmersos en programas de educación (Cepal-Unicef, 2018). Además, existe disparidad, porque mientras en unos países la matrícula es cercana al 100 %, en otros casos llega al 30 %. En lo correspondiente a la educación primaria, no se observan cambios en la cobertura en los últimos 10 años, sin embargo, no existe diferencia entre el acceso de niños y niñas, o entre estratos socioeconómicos. En Latinoamérica hay una rigidez que se visibiliza puntualmente entre la política pública y lo encaminado a universalizar la educación: no hay garantías de los derechos básicos para toda la población (Chang et al., 2015). Por parte de la Cepal y la OIT (2010), se establece el nivel de enseñanza secundaria como una variable que incide en la reducción de la pobreza en un escenario futuro, por lo cual se hace prioritario culminarla. Para 2016, en América Latina una relación correspondiente al 9 % de niños y adolescentes no asistía al sistema educativo. De igual manera, se encuentra que una mayor proporción de aquellos que no terminan la secundaria, corresponde a las familias de ingresos más bajos, zonas rurales y poblaciones étnicas (Cepal, 2017), de allí la necesidad de que se articulen y se focalicen iniciativas que apunten a la inserción de esta población al aula de clase. Otro de los hallazgos en esta región corresponde a que la deserción escolar en el nivel de secundaria está asociada en mayor medida a hombres, ya que son más susceptibles de incursionar en el mercado laborar a edad temprana. En el caso de las mujeres, la deserción obedece en mayor proporción a embarazo adolescente (Rico y Trucco, 2014). En un gran porcentaje, los países incluyen normatividad siendo respetuosos de las realidades locales. En este punto hay avances en la inclusión de la interculturalidad bilingüe. No ocurre de igual manera con la incursión 195 de población indígena, siendo un aspecto a retomar y analizar para los países latinoamericanos. En la Agenda 2030 se da un papel de primer nivel a la educación técnica y profesional, por ello los Estados han realizado esfuerzos por garantizar un acceso equitativo a este tipo de educación (meta 4.3). Desde este enfoque, se promueve el acceso a un empleo digno y se incide en la calidad de vida de la sociedad en general (Cepal, 2017). En los países latinoamericanos aún no se constata una articulación eficiente con el sector empresarial, por lo cual se requiere de un análisis objetivo que permita alinear las políticas desde diferentes instancias estatales. En cuanto a educación terciaria, para 2015 la tasa de matrícula se ubicaba en 46 %, muy por encima del promedio mundial, siendo la femenina mayor a la masculina. No obstante, la representación de la mujer es minoritaria en temas de ciencia, tecnología y matemáticas. La tasa de matrícula para Latinoamérica y el Caribe ha experimentado un aumento de 24 % respecto al año 2000 (figura 13.1), factor positivo en lo que respecta al propósito de democratizar la educación. En comparación con Europa, América del Norte y Latinoamérica aún existen diferencias significativas, sin embargo, se está avanzando en el propósito de dar mayor cobertura a la educación. Figura 13.1 Tasa bruta de matriculación en la educación superior, 2000 y 2015 4 5 6,50% 3,80% 6 2% 3 1% 2 0,60% 1,10% Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 26% 34,60% 4.10% 7 8 9 Fuente: elaboración propia con base en datos de la Unesco (2018b). Por otra parte, existe desigualdad en el acceso a la educación en países como Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, donde la población con 196 Capítulo 13 | La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo mayores ingresos tiene un rango de acceso a la educación superior entre un 40 % y un 75 %, mientras que la población más vulnerable ostenta un rango entre 1 % y 10 %. El acceso a la educación de población con necesidades especiales Hay diferencias en el acceso a la educación entre los niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad y aquellos que no tienen esta condición (figura 13.2), disparidad que aumenta en la medida que se avanza en los niveles escolares. Como factores adicionales están el nivel socioeconómico, el género y la pertenencia a etnias. Figura 13.2 Promedio de permanencia en el sistema educativo de las personas con y sin discapacidad, 2005-2011 4 5 6,50% 3,80% 6 2% 3 1% 2 0,60% 1,10% 26% 34,60% 4.10% 7 8 9 Fuente: elaboración propia con base en datos de la Unesco (2018a). Colombia El 58.5 % de los recursos del Sistema General de Participaciones de Colombia está destinado a la educación, y para ciencia, tecnología e innovación (CTeI), en 2017, se asignó el 0.67 % del PIB. En lo correspondiente a formación en CTeI, en ese mismo año se otorgaron 2078 becas y créditos, además de la implementación del programa Colombia Científica, financiado por el Banco Mundial y liderado por Minciencias, que, desde alianzas estratégicas en las que participan 197 instituciones de educación superior, entidades territoriales, locales y del sector privado, busca fortalecer las áreas relacionadas con sociedad, salud, bioeconomía, energías sostenibles y alimentación. Para 2016, la inversión de recursos destinada por los departamentos y municipios de Colombia a los ODS (figura 13.3) estuvo liderada, con 34.6 %, por el objetivo 4 —educación de calidad—, situación que denota los avances hechos en esta materia, que tanto aporta a la generación de transformaciones sociales, a la competitividad y a la reducción de desigualdades 8 9 10 11 12 13 14 15 4,50% 8,90% 3,80% 6,50% 7 2% 1% 6 0,50% 5 0% 4 3,80% 0,60% 3 0,90% 2 0,80% 1 1,10% 4,10% 26% 34,60% Figura 13.3 Porcentaje de recursos destinados a los ODS por municipios y departamentos en 2016 16 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Fuente: dnp (2017). Alcances y retos del ods 4 en el departamento de Caldas El Gobierno de Colombia adoptó el documento Conpes 3918 como la política pública que permite a los mandatarios territoriales construir estrategias para dar cumplimiento a las metas que hacen parte de los ODS, estipulando que, en lo que respecta al ODS 4, el país le apostará a cinco enfoques de intervención. Este apartado identifica los avances y desafíos que el departamento de Caldas presenta en su cumplimiento de cara a 2030. 198 Capítulo 13 | La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo Tasa de cobertura bruta en educación media Caldas presenta un 78.3 % en tasa de cobertura bruta en educación media, no obstante, se identifica una disminución con respecto a años anteriores, situación que, de acuerdo a la Secretaría de Educación Departamental, está fundamentada en que muchos estudiantes abandonan sus estudios para enfocarse en actividades laborales, debido, la mayoría de las veces, a los niveles de pobreza, que los llevan a buscar otras alternativas económicas. Sin embargo, el departamento de Caldas presenta uno de los mejores comportamientos en cobertura bruta del país, dado que cuenta con programas de alimentación escolar (PAE) que permiten otorgarles a los estudiantes oportunidades de seguir en el sistema, además de seguimientos exhaustivos en contra de la deserción. Tasa de cobertura bruta en transición Este factor se constituye en uno de los principales retos que presenta Caldas en el cumplimiento del ODS 4, dado que ocupa el lugar 30 entre los departamentos, siendo uno de los indicadores de peor desempeño en el país. De los 27 municipios que conforman el departamento de Caldas, solo 3 alcanzan el 80 % o más de cobertura, siendo estos Norcasia, Belalcázar y Risaralda. De igual manera, se identifica que municipios como Pensilvania, Manzanares y Salamina se encuentran por debajo del 50 % en cobertura. Cobertura en educación superior De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, el departamento de Caldas presenta unos avances importantes en educación superior en lo que respecta a calidad, no obstante, los tomadores de decisiones se deben centrar en lo tocante a la generación de una mayor cobertura (figura 13.6). Esta se encuentra por debajo de la meta del país a 2030, ubicándose en el séptimo lugar de los departamentos, incluido Bogotá D. C. De acuerdo al DNP, Caldas alcanza el 56 % de cobertura en educación superior. Tasa de analfabetismo entre personas de 15 años y más El 5 % de los caldenses mayores de 15 años manifiesta no saber leer ni escribir, indicador considerado como bajo, sin embargo, se constituye en uno de los principales retos de los tomadores de decisión en educación. 199 El analfabetismo en Caldas se encuentra concentrado en el área rural, lo que evidencia la brecha que existe entre las condiciones de vida del departamento, de acuerdo a la zona que se habita. Así mismo, se identifica que el departamento es uno de los territorios con menor tasa en lo que respecta a esta situación. Porcentaje de matrícula oficial con conexión a internet Caldas ostenta el cuarto mejor comportamiento de este ítem en Colombia, situación que le otorga ventajas a la hora de darles cumplimiento a las metas establecidas por el Gobierno nacional de cara a 2030. Es importante aclarar que, debido a su topografía, el departamento de Caldas presenta importantes retos en lo que respecta a conectividad, dado que en el Plan de Desarrollo 2016-2019 no se evidenció una apuesta clara para fortalecer este aspecto, sumado a que los Puntos Vive Digital pasaron a ser competencia de los gobiernos locales, siendo esto un desafío para alcanzar esta meta. Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Chang, S. et al. (2015). Integrating a parenting intervention with routine primary health care: A cluster randomized trial”. Pediatrics, 136(2). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2017). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681/Rev.2), Santiago, enero. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/42001-estudio-economico-america-latina-caribe-2017-la-dinamica-ciclo-economico-actual Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2019). Panorama social de américa latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018 Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Cepal y Unicef). (2018). El derecho a la alimentación saludable de los niños y niñas de América Latina y el Caribe. Desafíos. Boletín de la Infancia y Adolescencia, 21, Santiago, marzo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Organización Internacional del Trabajo (Cepal y OIT). (2010). Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil: Metodología para diseñar estrategias preventivas a nivel local. Lima. 200 Capítulo 13 | La educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hacia una perspectiva de desarrollo Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). (2018). 3918: Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Disponible en: https://medioambiente.uexternado.edu.co/conpes-3918-de-2018-estrategia-para-la-implementacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-colombia/ Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2017). Diagnóstico de crecimiento verde: Análisis macroeconómico y evaluación del potencial de crecimiento verde en Colombia. Bogotá D.C. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/ Crecimiento-Verde/Paginas/Politica-crecimiento-verde.aspx Organización de Naciones Unidas. (2000). La Asamblea General de la Naciones Unidas. Septiembre. NuevaYork. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2016). Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación 2030. Unesco. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2018a). Education and disability: Analysis of data from 49 countries. Information Paper, n.º 49. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2018b). Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2018. París. Rico, M. y Trucco, D. (2014), Adolescentes: Derecho a la educación y al bienestar futuro. Cepal. 201 Capítulo 14 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica Ángela María Londoño Motta Dahiana Delgado Vargas Introducción E l presente capítulo realiza una revisión de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consignados en la Agenda 2030, aprobada por la ONU en 2015, y que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades (Gámez, 2020). La Agenda 2030 no ha estado exenta de críticas, entre ellas, la necesidad de eliminar el exceso de retórica vacía, del lenguaje vago y utópico usado, las incoherencias técnicas o la falta de decisiones claras y de compromisos políticos precisos, entre otras (Gómez, 2018). No obstante, los ODS son una valiosa hoja de ruta para articular la formulación de políticas mundiales (Gómez, 2017; 2018), donde la agroecología, con sus principios y prácticas, su enfoque de ciencia y como movimiento sociopolítico, ofrece posturas alternativas para fortalecer, de manera sostenible, la soberanía alimentaria y, a la vez, conservar la biodiversidad y respetar el conocimiento y las innovaciones realizadas por los 203 campesinos (Rosset y Altieri, 2018; Farrelly, 2016), y aportar para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás (ONU, 2015). Estos planteamientos se desarrollaron a través de una revisión de los ODS y las metas que ellos engloban, discutiendo el aporte que la agroecología puede hacer a su cumplimento a través de distintas acciones. La agroecología combate la pobreza (ODS 1 “Fin de la pobreza”) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La pobreza como concepto multidimensional genera un índice que permite medir el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones específicas (Bustamante, 2013), entre las que se encuentra el trabajo, y, aunque el origen de la pobreza es complejo y está ligado a procesos económicos de desigualdades sociopolíticas y culturales, se reconoce que el sistema económico genera fuertes contradicciones entre el capital y el trabajo: “Los medios de empleo generan ingresos o recursos que provienen de la venta de la fuerza de trabajo o del autoempleo, y por ello su carencia, precariedad o bajos ingresos son aspectos fundamentales para la producción de la pobreza” (Leguizamón, 2005, p. 22). Es importante hablar de pobreza, porque el 80 % de los pobres del mundo vive en áreas rurales, donde el principal medio de empleo es la agricultura (Amiri-Talesh et al., 2019). Las poblaciones rurales están al margen de la sociedad, pues los recursos —debido a un empleo mal remunerado— son limitados, además, se presentan restricciones para acceder al conocimiento y la información (FAO, 2018). Si bien en un sistema de producción agroecológica varía el ingreso en relación a los cultivares, el número de hectáreas y demás factores, varios casos de estudio demuestran que la remuneración técnica día de trabajo doméstico (RTDTD) puede sumar excedentes diarios superiores a 1.25 dólares/día (Leal, 2007), cifra que controvierte la pobreza extrema. Así mismo, Rojas, Sánchez y Londoño (2016), al comparar los flujos económicos de un sistema agroecológico con un sistema convencional, encontraron un excedente de producción familiar de $ 2 549 452 por mes, después de incurrir en el pago de los costos monetarios de la producción, valor que posibilita estar por fuera de la línea de pobreza en Colombia, al superar el ingreso mensual nacional, y el ingreso rural. Se entiende un sistema convencional como un cultivar genéticamente homogéneo manejado con insumos de síntesis química (Altieri y Nicholls, 2007). La agroecología promueve la diversificación de los ingresos, permitiendo una independencia financiera mayor entre los agricultores, y aumenta la resiliencia, al multiplicar los recursos de producción y los medios de vida (CIDSE, 2018). 204 Capítulo 14 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica La agroecología como promotora de la seguridad y soberanía alimentaria (ods 2, “Hambre cero”) El hambre afecta aproximadamente a 821 millones de personas en el mundo (Noticias ONU, 2020), cifra que continúa creciendo año a año, existiendo una relación directa entre la desnutrición, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (Smith y Haddad, 2014), lo que hace importante combatir la subnutrición en niñas y niños en el mundo como un fenómeno ético. De manera profunda, la concepción de la comida como una necesidad básica para la existencia de la vida es crucial para abordar todos los ODS (Rockström y Sukhdev, 2016). Para los organismos internacionales es indispensable conceptualizar la seguridad alimentaria en el marco de la disponibilidad y acceso a los alimentos (FAO, 2010), pero no distingue de dónde provienen los alimentos o las condiciones en las que se producen y distribuyen (Vía Campesina, 2018). Mientras tanto, la soberanía alimentaria enfatiza en la producción, la distribución y el consumo ecológicamente adecuados, la justicia socioeconómica y los sistemas de alimentos locales como medios de combatir el hambre y la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria sostenible para todas las personas (Vía Campesina citado en Xavier, L. P, 2018), en sintonía con la agroecología, que busca no solo garantizar que exista la disponibilidad de alimento (seguridad alimentaria), sino también discutir las políticas alimentarias para garantizar el acceso al alimento y el control de los sistemas alimentarios. La agroecología privilegia el autoconsumo y dejando excedentes para atender el mercado (CIDSE, 2018). El hecho de propender al consumo fresco de los productos y generarlos bajo principios agroecológicos se enmarca en la lógica de los alimentos nutracéuticos. Este tipo de alimento “contiene compuestos bioactivos y de alta calidad nutricional” (Raigón, citada por Aguilar, 2017). Es urgente para el mundo un modelo de producción de alimentos adecuados y nutritivos, en síntesis, un modelo basado en la agroecología. La agroecología se traduce en salud y bienestar (ods 3 “Salud y bienestar”) La agroecología promueve la salud integral, un suelo sano produce alimentos con mayor valor nutricional, lo que se traduce en una población con menor riesgo a padecer enfermedades. Diferentes estudios señalan que la alimentación define la salud, el crecimiento y el desarrollo de las personas, por tanto, un mal hábito alimenticio reduce la longevidad y la calidad de vida. “Tanto la desnutrición como la sobrenutrición, contribuyen a la aparición de enfermedades crónicas” (World Health Organization, 2004, p. 40). 205 La agroecología apoya la diversidad alimentaria local, reduciendo el procesamiento, empaquetado y transporte, lo que implica menos aditivos químicos, dietas más orgánicas y menos huella hídrica y de carbono, lo cual se traduce en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y del impacto sobre el calentamiento global. Se han realizado estudios en los que se correlacionan la alimentación y los riesgos para la salud, y en los que se destaca que, para los consumidores urbanos contemporáneos, algunos de los peligros más grandes son los aditivos químicos, los rastros de sustancias tóxicas y el procesamiento excesivo (Freidin, 2016). Las prácticas agroecológicas se traducen en salud y bienestar, al aumentar el consumo de dietas saludables, diversificadas, estacional y culturalmente apropiadas, apoyando la relación productor-consumidor (CIDSE, 2018). “Los alimentos producidos de forma agroecológica poseen características nutricionales superiores que las de alimentos cultivados de manera tradicional, por lo cual esta técnica libre de productos químicos se constituye en una apuesta por una vida más saludable” (Raigón, 2017, p. 1). La agroecología cultiva los saberes (ods 4 “Educación de calidad”) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Para la agroecología, el bienestar social implica apoyar a las comunidades para mantener una relación espiritual y material con la tierra y con el medio ambiente; implica un estudio constante y holístico del modelo de producción agroecológico y del sistema alimentario. En ese sentido, la agroecología une los saberes de las comunidades, haciendo de la relación comunidad-territorio una práctica que se nutre y se apoya en la investigación científica. Quienes implementan los modelos de producción agroecológicos se encuentran en un aprendizaje constante, que junta los saberes propios y el trabajo de la ciencia. Así mismo, existen evidencias de procesos de aprendizaje-enseñanza que se han fomentado a partir de la reflexión agroecológica de manera más formal, como es el caso de las escuelas campesinas de agroecología (Ecas), centros de formación de alta calidad donde la comunidad realiza procesos de aprendizaje para mejorar sus condiciones de vida y que se fundamentan en el buen vivir y en el saber colectivo (Ramírez et al., 2013). El principio de inclusión no solo pasa por escuchar al otro, sino también por recrear saberes locales que atiendan a los retos que imponen los actuales entornos socioambiental y político. El proceso educativo está dirigido a formar facilitadores de procesos horizontales (diálogo de saberes) de intercambio de conocimientos y transformación colectiva de experiencias (Altieri y Rosset, 2018). 206 Capítulo 14 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica El papel de la mujer rural en la agroecología (ods 5 “Igualdad de género”) La mujer, como nuevo sujeto político en la agricultura familiar, y hoy visibilizada, hace parte de los 821 millones de personas vulnerables en el mundo, representa el 70%, lo que equivale a 574.7 millones del total (ONU, 2018; FAO, 2010). Como si fuera poco, las mujeres rurales equivalen a más de un tercio de la población mundial y al 43 % de la mano de obra agrícola, pese a ello, la CEPAL (2018), en su informe anual, destaca: Las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras como el agua y el saneamiento. (p. 7) La agroecología genera oportunidades para el grueso del campesinado empobrecido, del que, como ya se dijo, buena parte son mujeres. Este proceso de empoderamiento del campesinado ha sido ampliamente descrito como una de las únicas opciones viables para satisfacer las demandas alimentarias (Altieri y Toledo, 2011). En efecto, el empoderamiento del campesinado respecto a su autonomía económica depende en gran medida del empoderamiento económico de las mujeres rurales. La agroecología aumenta la autonomía monetaria y no monetaria, e influencia las relaciones de poder dentro de los hogares rurales, pues cuestiona y amplía los roles de hombres y mujeres, apoya el papel de la mujer rural en la agricultura y motiva la participación para la transformación de las dinámicas de desigualdad. La agroecología como movimiento social y político es en esencia un grito por la justicia social y las libertades, que va de la mano con las luchas feministas, en particular con el movimiento ecofeminista: El movimiento ecofeminista articula una nueva visión de la realidad desde nuevas categorías y paradigmas: la huella ecológica, la cultura de la paz, el pluralismo, la interculturalidad, el equilibrio entre lo global y lo local, la incidencia política y la participación ciudadana de las mujeres, el protagonismo de los pueblos, o el movimiento altermundialista de la sociedad civil globalmente activa. Lo que permite, desde una mirada evolucionista, construir una sociedad global sostenible y pacífica, un futuro apropiado para nuestros hijos y digno de las futuras generaciones. (Giménez, citada en Cruz, Blanco y Monsalve, 2008, p. 72) 207 La agroecología y el cuidado del agua (ods 6 “Agua limpia y saneamiento”) El agua es, cada vez más, un recurso escaso, distribuido inequitativamente y cuya capacidad de renovación se ve amenazada ante las situaciones generadas por el cambio climático y el calentamiento global, pero sobre todo por la contaminación y el despilfarro que caracterizan su uso, especialmente en las industrias extractivas (mineras, petroleras, madereras) (Leisa, 2015). La contaminación de las fuentes de agua por residuos químicos de la agricultura convencional ha sido ampliamente discutida, frente a la agroecología, centrada en el desarrollo de una agricultura ecológica que elimina residuos químicos y usa plantas acuáticas para hacer descontaminación productiva. Se han realizado estudios para el diseño de prototipos exitosos usando estas técnicas, con resultados positivos para el control y tratamiento de aguas residuales (Calderón et al., 2015). El uso del agua bajo los sistemas de producción convencional es alto y desproporcionado, traduciéndose en una baja eficiencia en el uso del agua en la agricultura y en el aumento de la huella hídrica. Becerra et al. (2013) sostienen que Los sistemas de cultivo tradicionales generalmente requieren de una gran cantidad de agua, pero solo se aprovecha una pequeña parte. Por tanto, existe una baja productividad por m3 de agua, Tailandia, Camboya, Turkmenistán, Sudán, Malí y Nigeria son ejemplo del efecto de este factor. (p. 60) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La agricultura ecológica propone técnicas de producción más eficientes en el uso del recurso hídrico, especialmente cuando se habla de la cadena de proceso de un producto, bien sea transformado o no. Acciones como policultivos estratificados, especies acompañantes y hojarasca en el cultivo, aplicación de materia orgánica, cosecha de agua lluvia, entre otras, permiten la retención de humedad y, por ende, la preservación de dos recursos naturales vitales: el suelo y el agua. La agroecología y las economías solidarias (ods 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, y ods 9 “Industria, innovación e infraestructura”) Tomando indicadores clásicos de nuestra economía, la FAO y el Banco Mundial señalan la importancia y la eficacia de las inversiones en la agricultura: “la agricultura desempeña un papel vital para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La evidencia sugiere que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la agricultura en los países en desarrollo es en promedio de 2.7 a 2.9 veces más efectivo en la reducción de la pobreza en relación con el crecimiento del PIB que no concierne la agricultura (Más y Mejor, 2017). 208 Capítulo 14 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica Agricultura que bajo el modelo de producción agroecológico afianza los vínculos entre las comunidades, generando procesos genuinos de economías solidarias: La economía solidaria es una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar lo que es necesario para vivir. Sin explotar a nadie, sin querer llevar ventaja, sin destruir el medioambiente. Cooperando, fortaleciendo el grupo, sin patrón ni empleado, cada uno pensando en el bien de todos y no en su propio bien. (Senales, citado en Guerra, 2010, p. 68) Estas economías alternativas, además, permiten aumentar los ingresos individuales de los productores y de la comunidad, lo que contribuye en una primera instancia a generar condiciones de vida dignas, no solo por el aumento de la capacidad adquisitiva, sino por los amplios beneficios documentados que presentan los recursos ecosistémicos para toda la comunidad, entre los que se encuentran el alimento, las fibras, los recursos genéticos y la regulación del clima (Camacho y Ruiz, 2012). La agroecología propende a economías transformadoras, sociales, con la promoción de intercambios alternativos como el trueque o los grupos autogestionados de ahorro y crédito, en los que el costo por usar el dinero es mucho menor al del mercado financiero, con garantías de confianza y apoyo mutuo. Así mismo, los mercados de productos están enmarcados en circuitos cortos de comercialización, acercando a los productores y consumidores, con la garantía de precios justos y certificados participativos de garantías. Por tal razón, la agroecología contribuye a crear mercados, economías y empleos locales más sólidos. “Agroecología, producción sostenible y cambio climático (ods 12 “Consumo y producción sostenible”, y ods 13 “Acción por el clima” En su dimensión ambiental, la agroecología propicia el establecimiento y el aumento de la biodiversidad de organismos y minerales bajo y sobre la tierra, así como a lo largo del tiempo y el espacio, ya sea en un lote o en una zona determinada. La biodiversidad en un agroecosistema está estrechamente relacionada con su capacidad de mitigar los retos que impone este siglo. Vamdermeer et al. (citados en Nicholls y Altieri, 2013) resumen esta correlación así: (a) La biodiversidad incrementa la función del ecosistema pues diferentes especies juegan roles diferentes y ocupan nichos diversos. (b). En general hay más especies que funciones por lo que existe redundancia en los ecosistemas. (c.) Son precisamente aquellos componentes que aparecen redundantes en un tiempo determinado, los que se tornan importantes cuando ocurre un cambio ambiental. (p. 9) 209 Esta diversidad está ampliamente relacionada con la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático, pues estos microorganismos actúan como amortiguadores. Además de mitigar los GEI, la agroecología propicia una retención mayor del carbono en la tierra, a través del uso de variedades tolerantes a sequía, la cosecha de agua lluvia, diversidad de cultivos, agroforestería, prácticas de conservación de suelo y otras técnicas tradicionales (Altieri y Koohafkan, 2008). Prácticas de conservación agroecológicas (ods 15 “Uso sostenible de los ecosistemas”) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La agroecología crea y conserva la vida proponiendo prácticas como policultivos, agrosilvicultura, rotaciones, cultivos de cubierta, labranza cero, compostaje, abonos verdes, adición de materia orgánica, barreras rompevientos, entre otras. Los sistemas agroforestales, por ejemplo, poseen grandes ventajas para la conservación de los ecosistemas, pues amortiguan las fluctuaciones de temperatura, lo que acerca sus condiciones a las más optimas, lo que permite que los sistemas agrícolas diversificados se conserven. Los sistemas agrosilvopastoriles (SSI) se han descrito como neutralizantes de las sequías, incrementando inclusive las producciones de leche en un 10 % en la época de sequía (Nicholls y Altieri, 2013). La agroecología optimiza y cierra los bucles de recursos (nutrientes y biomasa), al reciclar los nutrientes y biomasas existentes en los sistemas agrícolas y alimentarios, las biofábricas, los compostajes, entre otros (CIDSE, 2018); y minimiza las pérdidas de energía, agua y recursos genéticos del agroecosistema, mediante la agrobiodiversidad y la conservación y regeneración de los recursos hídricos y edáficos, promoviendo así los principales procesos y servicios (Altieri y Rosset, 2018). De esta manera, la conservación de los recursos naturales disminuye la vulnerabilidad ante las catástrofes ambientales y climáticas, generando resiliencia no solo ambiental, sino económica. La justicia social y la dimensión sociopolítica de la agroecología (ods 10 “Reducción de las desigualdades”, y ods 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”) La agroecología está liderada por personas que se apoyan en el ejercicio político y la ciencia. Quienes protagonizan la agroecología son productores y productoras, con sus experiencias, saberes y visiones, poniendo en discusión la producción agropecuaria y las políticas alimentarias que la rigen. La agroecología entiende que la gobernanza de los sistemas alimentarios está determinada por la 210 Capítulo 14 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica construcción colectiva de estos, aunque ello implique promover nuevas formas de gobierno en los que la política sea definida como el arte de dar forma a la vida en común de un pueblo (Giraldo, 2019). Esto hace que la dimensión sociopolítica de la agroecología esté basada en formas de organización que fortalecen la gobernanza descentralizada. Si bien los gobiernos no han implementado una gobernanza de este tipo, para avanzar es necesario que la política tradicional tome en cuenta la jerarquización de las necesidades e intereses de los pequeños productores, pues estos suministran, en algunas regiones como Asia y el África subsahariana, hasta un 80 % de los alimentos, restando importancia a los intereses de los grandes sistemas alimentarios y agrícolas mundiales (FAO, 2016; Cidse, 2018). Tal como promulgó la Declaración del Foro Internacional de Agroecología en Nyéléni, en Mali, en 2015, la agroecología propende a transformar y construir localmente nuestros sistemas alimentarios, al articular el medio rural con el urbano, siendo una alternativa esencial al modelo alimentario industrial, un medio para transformar la forma como producimos y consumimos los alimentos, y para respetar a nuestra Madre Tierra. La agroecología agrupa ampliamente metodologías y herramientas que contribuyen de manera integral e interrelacionada al cumplimiento, implementación y desarrollo de cada uno de los ODS compilados en la Agenda 2030. Estas acciones pueden sintetizarse así (tabla 14.1): Tabla 14.1 Objetivos de desarrollo sostenible y acciones agroecológicas ods Acción agroecológica - Remuneración técnica día de trabajo doméstico (RTDTD) superior a 1.25 USD/día. 1. “Poner fin a la de producción familiar agroecológica de pobreza en todas sus - Excedentes $ 2 549 452 por mes, fuera de la línea de pobreza en Colomformas y en todo el bia, al superar el ingreso mensual nacional y el ingreso rural. mundo” - Conserva los recursos naturales y contribuye a minimizar la exposición a riesgos ambientales. 2. “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” 3. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” - Posibilita la gestión ecológica de la finca eliminando el uso y de la dependencia de insumos sintéticos externos. - Optimiza y mantiene la biodiversidad por encima y por debajo del suelo, a lo largo del tiempo y del espacio. - Promueve la salud integral mediante el consumo de alimentos nutracéuticos. - Apoya la diversidad alimentaria local. - Reduce el procesamiento, empaquetado y transporte, lo que implica menos aditivos químicos, dietas más orgánicas, y menos huella hídrica y de carbono. 211 ods 4. “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” 5. “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 6. “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” 8. “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” Acción agroecológica - Gesta espacios de formación colectivos y comunitarios para la población campesina, como las Ecas. - Metodología campesino-campesino, diálogo de saberes, intercambio horizontal. - Genera oportunidades para el grueso del campesinado empobrecido, del cual buena parte son mujeres. - Aumenta la autonomía monetaria y no monetaria e influencia las relaciones de poder dentro de los hogares rurales, pues cuestiona y amplía los roles de hombres y mujeres. - Pone en manos de la gente el control de la semilla, la biodiversidad, la tierra, los territorios, el agua, los conocimientos y los bienes comunes. - Logra una gestión más integrada de los recursos. - Elimina residuos químicos que van a contaminar las fuentes de agua, usa plantas acuáticas que hacen descontaminación productiva. - Contribuye a crear mercados, economías y empleos locales más sólidos, a través de circuitos cortos de comercialización. - Garantiza precios justos y certificados de confianza. - Multiplica los recursos productivos y medios de vida, con sistemas diversificados que permiten la multiactividad y por ende la necesidad de mano de obra. 9. “Construir - Propende a la economía social y solidaria, con la promoción de infraestructuras grupos autogestionados de ahorro y crédito. resilientes, promover la industrialización, - Crea los procesos de transición a través de una gestión técniinclusiva y co-productiva con base en principios y procesos socioambientasostenible y les de la unidad productiva. fomentar la innovación” Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 10. “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos” 11. “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 212 - Fomenta formas de organización social bajo una gobernanza descentralizada y una gestión local flexible de su territorio, con la autoorganización y gestión colectiva comunitaria. - Jerarquiza necesidad e intereses de los pequeños productores, dado que suministran la mayoría de alimento mundial. - Busca la permanencia en el campo, con la autogestión del recurso local. - Busca que, a través de huertos agroecológicos urbanos, se produzcan alimentos sanos y se articulen relaciones urbano-rurales. 12. “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” Capítulo 14 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica ods Acción agroecológica - Contribuye a generar dietas saludables, diversificadas y culturalmente apropiadas, al considerar la función de los componentes de biodiversidad del agroecosistema y las prácticas que la potencializan. - Responde a una composición nutricional equilibrada con mayor concentración en compuestos polifenólicos, carotenoides, antioxidantes, con propiedades nutracéuticas. - Proporciona beneficios para la salud, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades. 13. “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 15. “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas” 16. “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo” - Aumenta la resiliencia y la capacidad de los sistemas para adaptarse el cambio climático. - Contribuye a mitigar la emisión de GEI (reducción y retención) mediante el uso de menos combustibles fósiles y una mayor retención del carbono en la tierra. - Crea y conserva la vida proponiendo prácticas como policultivos, agrosilvicultura, rotaciones, cultivos de cubierta, labranza cero, compostaje, abonos verdes, adición de materia orgánica, barreras rompevientos, entre otras. - Optimiza y cierra los bucles de recursos al reciclar los nutrientes y biomasas existentes en los sistemas agrícolas y alimentarios, las biofábricas y los compostajes. - Permite el protagonismo de los productores de alimentos como eje central del sistema alimentario. - Aumenta la autonomía y revitaliza las zonas rurales, y da valor a las identidades campesinas. - Fortalece la confianza e implicación de los campesinos en su sistema alimentario local, favoreciendo la convivencia comunitaria. Fuente: adaptado de Rosset y Altieri (2018), Cidse (2018) y Sociedad Española de Agricultura Ecológica Seae (s. f.). Referencias Aguilar, C. (2017). Evaluación de la fertilidad de suelo en función de la actividad enzimática en cultivo ecológico y convencional de pimiento (Capsicum sp.) [tesis de maestría, Universidad Politécnica de Valencia]. IISD: https:// riunet.upv.es/handle/10251/89555 Altieri, M. y Koohafkan, P. (2008). Enduring farms: Climate change, smallholders and traditional farming communities, 6(2), Penang: Third World Network (TWN), 18-22. Altieri, M. y Nicholls, C. (2007). Conversión agroecológica de sistemas convencionales de producción: Teoría, estrategias y evaluación. Revista Ecosistemas, 16(1), 14-56. Altieri, M. y Rosset, P. (2018). Agroecología. Ciencia y política, 3. 213 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Altieri, M. y Toledo, V. (2011). La revolución agroecológica en América Latina. Clacso. Disponible en: http://biblioteca.clacso.org.ar/Colombia/ ilsa/20130711054327/5.pdf Amiri-Talesh, L., Ongay, E., y Persson, J. (2018). Agroecology: A tool to end poverty and achieve equality. IISD. Disponible en: https://sdg.iisd.org/commentary/ generation-2030/agroecology-a-tool-to-end-poverty-and-achieve-equality/ (26.05.2021) Becerra, A., Bravo, X. y Membrive, V. (2013). Huella hídrica y sostenibilidad del uso de los recursos hídricos. M+A: Revista Electrónica de Medioambiente, 14(1), 56. Bustamante, J. (2013). Índice de pobreza multidimensional (IPM) Colombia. Cepal. Calderón, R., Collazos, A. y Torres, M. (2015). Evaluación preliminar del funcionamiento de un sistema prototipo de humedales artificiales empleando Heliconia psittacorum y Cyperus papyrus para el tratamiento de aguas residuales. Agroecología: Ciencia y Tecnología, 3(1), 51-60. Camacho, A. y Ruiz, A. (2012). Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos. Revista Bio Ciencias, 1(4),12-21. Cepal, N. (2018). Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Coopération Internationale verter le Développement et la Solidarité (CIDSE). (2018). The principles of agroecology Disponible en: https://www.cidse. org/2018/04/03/the-principles-of-agroecology/ Cruz, E., Blanco, L. y Monsalve, M. (2018). Mujeres por el buen vivir. Perspectivas desde la investigacion para la paz asociacion municipal de mujeres campesinas del municipio de Lebrija Ammucale [tesis de doctorado, Universidad Industrial de Santander, Escuela de Trabajo Social]. Easterly, W. (2015). El problema con los objetivos de desarrollo sostenible. Historia Actual, 114(775), 322-324. Farrelly, M. (2016). Agroecology contributes to the sustainable development goals. Farming Matters, 32(3), 32-34. Freidin, B. (2016). Alimentación y riesgos para la salud: Visiones sobre la alimentación saludable y prácticas alimentarias de mujeres y varones de clase media en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Salud Colectiva, 12, 519-536. Gámez, M. y Legaz M. (2020). Desarrollo sostenible. Disponible en: https://www. un.org/sustainabledevelopment/es/ Gómez, C. G. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 140, 107-118. 214 Capítulo 14 | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030 en perspectiva agroecológica Giraldo, O. (2019). Alocución en Aula. Intercambio académico. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Guerra, P. (2010). La economía solidaria en Latinoamérica. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 110(1), 67-76. Leal, N. (2007). Contribución al estudio de los sistemas de producción campesinos del municipio de Ocaña: El caso de la cooperativa multiactiva agroecológica Agrovida limitada. Pontificia Universidad Javeriana. Leguizamón, S. (2005). Transformaciones en el mundo del trabajo y producción de la pobreza Supervielle M. De la marginalidad a la exclusión social: cuando el empleo desaparece. En Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructura, discursos y actores. (pp. 22-99) Clacso. Más y Mejor. (2017). Firmar carta sobre los objetivos de desarrollo (ODS) y la agricultura. Red internacional de Apoyo a la Alimentación. http://www. moreandbetter.org/es/news/i-firmar-la-carta-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-ods-y-la-agricultura Nicholls, C. y Altieri, M. (2013). Agroecología y cambio climático. Red Iberoamericana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático (Reagres). Noticias ONU. (2020). El hambre afecta a 821 millones de personas en el mundo. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2018/09/1441302 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2010). Mujeres y agroecología. http://www.fao.org/family-farming/ detail/es/c/292497/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2016). El estado mundial de la agricultura y la alimentación: Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2018). Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS (2.a ed.). FAO. http://www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.PDF Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015) Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cepal. Petersen P. Londres F Leisa (2015). Agua: vida y agricultura. Leisa, 31(3),septiembre, 32-36. Raigón, D. (2017). Alimentos ecológicos más nutritivos que los convencionales. UN Noticias. https://www.palmira.unal.edu.co/index.php/noticias/unnoticias/310-alimentos-ecologicos-mas-nutritivos-que-los-convencionales Ramírez, F. D. J. Á., Arcila, G. C., Moreno, J. F. M., y Trujillo, F. L. V. (2013). Las escuelas campesinas de agroecología, centros de formación campesina y los custodios de semillas en los Andes tulueños (Colombia). Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 4(2), 135-147. https://hemeroteca.unad. edu.co/index.php/riaa/article/view/988/966 215 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Rockström, J. y Sukhdev, P. (2016). How food connects all the SDGs. Stockholm Resilience Centre. Rojas, L., Sánchez de P. M, y Londoño, A. (2016). Análisis de la producción agroecológica y sus implicaciones económico-administrativas: Estudio de caso Granja Pura Vida- Andalucía-Valle del Cauca-Colombia. En: X. Simón Fernández, D. Copena y D. Pérez Neira (eds.), Construíndo coñecemento agroecolóxico: Cambiando os modelos de consumo para construir sistemas agroalimentarios sustentables.1-47. Smith, L., y Haddad, L. (2014). Reducing child undernutrition: past drivers and priorities for the post-MDG era. IDS Working Papers, 68 (441), 1-47. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (Seae). (s. f.). Evidencias científicas sobre la producción ecológica. https://www.agroecologia.net/wp-content/ uploads/2019/06/Evidencias-cientificas-produccion-ecologica-vd.pdf World Health Organization. (2004). Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. World Health Organization. Xavier, L. P., da Silva, M. F. D. C., do Nascimento Cezimbra, E. y Perez-Cassarino, J. (2018). Soberania alimentar: proposta da via campesina para o sistema agroalimentar. Brazilian Journal of Development, 4(7), 4454-4466. 216 Capítulo 15 Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles Nicolás Fernando Molina Sáenz Sergio Andrés Tobón Ospina Introducción L a iniciativa Antioquia Sostenible tiene por objetivo promover en el departamento el logro y la apropiación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través del empoderamiento, las alianzas sectoriales y la medición permanente de sus acciones y contribuciones, de cara a construir un territorio sostenible (TS) y socialmente responsable. Es liderada por la fundación para el desarrollo de Antioquia Proantioquia, con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), Isagen, EPM, Prosur, las universidades Pontificia Bolivariana y Eafit, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este capítulo tiene por objetivos: 1) mostrar el referente que orientó la iniciativa, esto es, la Agenda 2030 de Desarrollo; 2) describir las cuatro fuerzas que, articuladamente, desde el ODS 17, pueden generar un territorio en el que se presente la armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental; 3) exponer las condiciones que hacen posible un TS; 4) hacer un breve resumen de la iniciativa Antioquia Sostenible; y 5) describir algunos elementos del modelo de su implementación en los últimos cuatro años. 219 La Agenda 2030 como el gran referente de la iniciativa Antioquia Sostenible Una condición necesaria, mas no suficiente, para generar TS es que las cuatro grandes fuerzas del desarrollo —las gerencias responsables que se orientan por los criterios de la sostenibilidad, las políticas públicas, la cooperación internacional para el desarrollo y la participación ciudadana y comunitaria— se articulen desde una visión compartida de territorio que haya sido construida participativamente, para hacer posible el bienestar de las personas, un planeta sano, la prosperidad general y la paz en su sentido más integral. La Agenda 2030, liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca cinco grandes impactos: el bienestar de las personas, un planeta óptimo, la paz en su sentido más integral, la prosperidad general y fortalecer el esquema de las alianzas para el desarrollo. Sus fundamentos son: ubicar en el centro de toda acción humana el desarrollo sostenible, no marginar a nadie en su consecución, trabajar por generar una economía que brinde empleo decente y propiciar alianzas generadoras de valor para su consecución (Bárcena, 2015, p. 117). La agenda, desde sus 17 ODS y sus correspondientes 169 metas, posiciona el concepto de desarrollo sostenible como la armonización de cuatro grandes sistemas: el de la gobernanza de todas las organizaciones, el económico, el social y el ambiental. El ODS 17, que versa sobre las alianzas para lograr el desarrollo sostenible, es vital para que las cuatro grandes fuerzas del desarrollo sostenible se articulen para lograrlo en los niveles globales, nacionales y territoriales. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible El ods 17 en acción mediante la articulación de las cuatro fuerzas que propician el desarrollo sostenible Gerencias que se orienten por el criterio de la sostenibilidad Las organizaciones, desde sus gobernanzas, pueden hacer compatibles sus misiones con objetivos superiores en lo social, lo económico y lo ambiental, en aras de participar en la conformación de un TS, lo que termina siendo para ellas una inversión, puesto que en contextos inviables ninguna organización será viable. En el caso de las empresariales, por ejemplo, no pueden permanecer aisladas, 220 Capítulo 15 | Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles esperando a que las organizaciones públicas, sociales y académicas propicien las condiciones que requieren para permanecer en el tejido organizacional. Como argumentan Porter y Kramer (2006), “a largo plazo, los objetivos sociales y económicos no son intrínsecamente opuestos, sino que están esencialmente conectados” y, en consecuencia, “el método más eficaz para reconducir muchos de los problemas mundiales más apremiantes suele ser la movilización del sector empresarial de forma que resulte beneficioso tanto para la sociedad como para las compañías” (p. 528). Pero si bien el mundo empresarial no puede enajenarse de los desafíos o problemáticas que aquejan a los contextos en los que hace presencia, tampoco los puede asumir como si fuera el único poder capaz de hacerlo, en solitario o en su totalidad, ya que se convertiría en un Estado alterno que tendría que arrogarse funciones que no le corresponden por su propia naturaleza. Políticas públicas responsables Las políticas públicas son la estrategia que emplean los distintos niveles gubernamentales para dar respuesta a las demandas sociales, económicas o ambientales que se encuentran presentes en las agendas ciudadanas. Hay pleno consenso en que dichas políticas deben ser diseñadas, implementadas y evaluadas de manera participativa con los grupos de interés que buscan ser impactados por ellas. Atrás quedaron los tiempos en que los gobiernos podían, de manera aislada, tomar decisiones sin considerar las voces de los demás actores territoriales. Políticas públicas que se inserten en una visión de territorio que haya sido construida de manera participativa lograrán atraer el concurso de muchos más actores para su implementación, lo que se convierte en un factor que podría abrir las puertas para que se desencadenen impactos más significativos y transformadores. Cooperación internacional articulada La cooperación internacional para el desarrollo logrará mayores impactos positivos y legítimos si defiende y exige que los procesos que financia se produzcan dentro de la articulación pública, privada, social y académica. Ocampo (2015) argumenta que la agenda para el desarrollo post-2015 debería […] reorientar la cooperación hacia una agenda integrada que promueva el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental […]. Para ello es menester llegar a un nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, que será forzosamente específico de cada país, pero en el cual el Estado tenga el papel central en el desarrollo y el fortalecimiento de los pactos sociales necesarios. (p. 20) 221 La cooperación puede participar en la conformación de un TS empleando diversas estrategias: exigiendo que aquellas organizaciones que toquen sus puertas para la financiación de proyectos los realicen involucrando a otros actores territoriales que trabajan por los mismos objetivos y, en consecuencia, que desarrollen iniciativas similares, lo que contribuiría a generar redes colaborativas y esquemas de eficiencia; que las iniciativas que han de apoyar, a la vez que atiendan necesidades reales, generen capacidades en los pobladores para que se empoderen, desde su libre agencia, de sus propios procesos, y no vean en el asistencialismo un mecanismo para habitar el mundo; que exija la rendición de cuentas de todos aquellos que reciban su apoyo, y de ella misma, lo que interpela de manera directa su gobernanza, entre otras. Participación ciudadana y comunitaria Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Una condición importante para conformar un TS es contar con ciudadanos formados en capacidades, definidas como lo que las personas pueden hacer y ser (Nussbaum, 2012, p. 51). Dicha condición les posibilita, mediante mecanismos democráticos, apropiarse del territorio para dinamizarlo, vivirlo y salvaguardarlo de que termine en manos que solo buscan intereses privados, aun a costa del bienestar general. Desde el enfoque de las capacidades básicas que reseña Nussbaum (2012, p. 51), una persona debe ser capaz de: vivir una vida con la duración que debe ser vivida (vida); autocuidarse (salud física); moverse libremente (integridad física); sentir, pensar e imaginar (sentido, imaginación y pensamiento); emocionarse (emociones); tener una idea del bien y de la justicia (razón práctica); pertenecer a grupos que representen distintas causas (afiliación); respetar toda forma de vida animal y vegetal (otras especies); jugar (juego); y participar política y comunitariamente con el objetivo de incidir en los destinos de la comunidad (control sobre el propio entorno). Las condiciones para conformar los ts Una visión compartida de territorio construida por todos los actores Hoy es necesario trascender el concepto de territorio que se ha anclado en el sentido común y que lo reduce a los accidentes geográficos —como ríos, montañas, valles— que lo caracterizan. Es cierto que estos últimos son importantes, pero el territorio es mucho más. Beuf y Rincón (2017) recoge y valora 222 Capítulo 15 | Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles los tres órdenes desde los que Guy di Méo define el territorio: “el orden de la materialidad (la manera como la biosfera registra la acción humana); el orden de la psique individual (la relación pre-social de los hombres con la Tierra); y el orden de las representaciones colectivas, sociales, políticas y culturales” (p. 8). Una visión compartida de territorio que haya sido construida de manera participativa, creativa e innovadora responde efectivamente y orienta la acción colectiva desde las siguientes preguntas: ¿qué territorio se desea habitar en el presente y dejar como legado para el futuro? ¿A cuáles potencialidades económicas e industriales se les brindará todo el apoyo? ¿A qué tipo de formación y educación se le pondrá toda la atención? ¿Cuáles ODS se priorizarán para ser incorporados en los planes de desarrollo gubernamentales y en los marcos estratégicos de las organizaciones del territorio? Gobernanza pública, privada y social La articulación efectiva de los esfuerzos públicos, privados y sociales será posible en la medida en que todas las organizaciones de cada uno de estos tres sectores diseñen e implementen una gobernanza que lo permita. Sachs (2016) conceptualiza la gobernanza como Las reglas de comportamiento, principalmente en relación con las organizaciones. No se limita al campo de la política y el gobierno, sino que es aplicable también a las organizaciones importantes que desempeñan un papel importante en el desarrollo sostenible, incluidas las empresas privadas. (p. 584) Ocampo (2015), por su parte, entiende la gobernanza como “los procesos y arreglos institucionales establecidos, así como […] las medidas adoptadas en procura de un resultado político deseado”. Y, por tratarse de herramientas, “los arreglos de gobernanza deben ajustarse a un objetivo específico. Dicho de otra manera, deben tomar en cuenta la naturaleza de los problemas a tratar y las formas más convenientes y factibles de resolverlos en las circunstancias en que se presentan” (p. 75). Los principios que caracterizan a las organizaciones que tienen una buena gobernanza, según el primero de los autores, son la responsabilidad, la transparencia, la participación y la reparación de lo que hayan podido dañar. La gestión, la consolidación y la evaluación de alianzas que generen valor y, por esta vía, contribuyan a la formación de un TS forman parte de una buena gobernanza. Las alianzas que hay que defender son aquellas que: tienen un objetivo claro de desarrollo desde el que se convoque a la integración de esfuerzos y recursos; generan aprendizajes para los implicados y para otros actores; dejan en claro las corresponsabilidades en caso de que se presenten impactos o resultados indeseados desde el esquema de cooperación; sintonizan marcos 223 estratégicos para que realmente sea una efectiva cooperación entre organizaciones que trabajan por los mismos propósitos (Molina, 2013, p. 17). Financiación La consolidación de un TS demanda inversiones que tengan por objetivo propiciar la viabilidad territorial y la calidad de vida de sus pobladores. La consecución de recursos, su destinación y su utilización exigen creatividad e innovación por parte de los actores públicos, privados y sociales, que se orienten por los criterios de la sostenibilidad para lograr los resultados e impactos con los que se comprometan. La participación de los ciudadanos en los procesos de financiación para el desarrollo puede adoptar, entre otras tantas, dos formas: la primera, al igual que las organizaciones, es con su pago oportuno de impuestos, que deben ser destinados a posibilitar los bienes públicos que hacen posible que las personas puedan desarrollar su concepto de buena vida. Sachs (2016) argumenta que Es a través del pago de impuestos […] que nuestros gobiernos puedan prestar servicios públicos como la construcción de carreteras, la atención de salud, la educación pública, los servicios de bomberos y de policía, o la financiación de la investigación científica que se encuentra en la base del cambio tecnológico. (p. 576) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La segunda es el apoyo a la economía local, desde iniciativas de consumo responsable, lo que será posible siempre y cuando los ciudadanos estén formados en capacidades, adquiriendo los productos y servicios de las organizaciones que evidencian el compromiso de contribuir a la visión colectiva de territorio establecida. Las organizaciones pueden participar en la financiación de una iniciativa de TS de varias maneras: sin reñir con sus objetivos misionales y desde una concepción de gerencia responsable, orientando la totalidad de su presupuesto a hacer posible la visión de territorio en el que inciden, o generando alianzas, por ejemplo, con la cooperación internacional, para adelantar proyectos de desarrollo, por supuesto, con la participación de los gobiernos. Estos últimos tienen a su alcance mecanismos para financiar políticas públicas que realmente impacten en la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos o en la generación y fortalecimiento de sus capacidades: elaboración de presupuestos participativos que involucren a todos los ciudadanos, los bancos de las oportunidades, entre otros. En este sentido, es fundamental contar con gobernantes que conciban su ejercicio administrativo como una gestión de recursos que se realiza con objetivos claramente definidos. 224 Capítulo 15 | Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles Datos El trabajo actual para conformar TS se realiza en un momento histórico —el actual— denominado cuarta revolución industrial, en el que las plataformas y el poder de los datos han llegado para transformar todos los ámbitos de la vida humana, al punto de que se puede afirmar, con plena seguridad, que nada será igual a como era antes: Nanotecnologías, biotecnologías, informática (big data, internet de las cosas) y cognitivismo (inteligencia artificial y robótica), innovaciones tan radicales como ultrarrápidas, que probablemente generarán más cambios en la medicina y en la economía en los cuarenta próximos años que en los cuatro mil años anteriores. Y podemos añadir a la lista, como acabo de sugerir, las nuevas técnicas de hibridación, así como la invención de las impresoras 3D, cuyos usos variados, especialmente médicos, se desarrollan también de forma exponencial. (Ferry, 2017, p. 14) Las plataformas y los datos no son en sí mismos ni positivos ni negativos, serán lo que el ser humano decida que sean, para lo cual es fundamental que los colectivos sociales reivindiquen, ante los sectores públicos, privados y sociales, que las unas y los otros deben estar dirigidos a promover los bienes públicos globales que hacen que los ciudadanos puedan hacer realidad sus respectivos conceptos de buena vida y que, además, se dé la regulación necesaria para que esto suceda. En suma, podrán ser grandes aliados en la tarea urgente y actual de consolidar, desde gobernanzas idóneas, TS desde la armonía entre los sistemas económicos, sociales y ambientales. Hoy no se puede trabajar por ellos al margen de estas importantes herramientas proporcionadas por la actual revolución. En la actualidad, el concepto de big data se ha vuelto familiar para toda la institucionalidad, lo que no sorprende, pues los datos son considerados como el gran motor que dinamiza las distintas dimensiones en las que se mueve la vida humana, y sin ellos cualquier iniciativa en pos del desarrollo sostenible será inviable. La iniciativa Antioquia Sostenible: un breve resumen En el contexto anterior, y retomando experiencias del pasado en estrategias de prospectiva territorial, nace en 2016 la iniciativa Antioquia Sostenible, con el propósito de construir un TS a través de los ODS, que permitiera plasmar su enfoque en acciones de coordinación, articulación y gobernanza colaborativa. Desde su lanzamiento y hasta la actualidad, la iniciativa ha vivido un proceso 225 orgánico de crecimiento en la búsqueda de cumplir su objetivo. Tres momentos han marcado su historia: la puesta en marcha de la iniciativa, el inicio de las rutas subregionales para la apropiación de la sostenibilidad, y su fortalecimiento. Puesta en marcha Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En el primer año de la iniciativa —2016—, las metas estuvieron en torno a implementar las condiciones necesarias para la construcción de un TS, siendo estas las siguientes: una visión compartida de metas y acciones comunes a 2030, una apropiación ciudadana de la agenda 2030 para avanzar en una gobernanza colaborativa, y un sistema de medición compartido de avances y retos territoriales en los ODS. Respecto a la visión compartida y a la apropiación ciudadana, estas se lograron mediante la implementación de una metodología de cátedras de cinco ciclos de conocimiento relacionados con los pilares propuestos por la ONU: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Estas cátedras estaban dirigidas a organizaciones de los sectores público, privado, académico y social de Antioquia. Cada uno de los ciclos se llevó a cabo entre los meses de abril y diciembre de 2016, por medio de talleres que contaron con la participación de más de 600 personas representativas de 60 organizaciones, aproximadamente. A partir del desarrollo de esta comunidad de aprendizaje, fue posible la consolidación de la Visión Antioquia Sostenible 2030, la cual se formuló en términos de fines superiores, medios y condiciones esenciales, planteados como una ruta de trabajo, y al mismo tiempo como aspiración territorial. En cuanto a los datos, se construyó la “Línea base de indicadores disponibles en Antioquia para la medición de los ODS”. Este documento identificó 64 indicadores a partir de las metas establecidas por la ONU, y fue posible a través del trabajo articulado con el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este ejercicio, también enmarcado en la gobernanza, permitió establecer la calidad y cantidad de información disponible y las brechas que se encuentran a nivel subregional para hacer una medición completa, y alcanzar la visión construida de manera conjunta. Rutas territoriales de apropiación Las rutas territoriales de apropiación se implementaron desde 2017 y se han desarrollado desde entonces en las regiones del Urabá, Oriente, Norte y Nordeste antioqueño, con el fin de llevar Antioquia Sostenible a todo el departamento. Esta es la esencia misma del proceso de localización territorial de los ODS, reconociendo los contextos particulares, las capacidades de los actores, y que las 226 Capítulo 15 | Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles visiones compartidas deben recoger, precisamente, las condiciones necesarias de cada uno de los territorios. Este ejercicio de rutas permitió mirar hacia los territorios y visitarlos; identificar las redes de actores territoriales; trabajar por el desarrollo sostenible (la gobernanza), sus intereses y proyectos específicos en marcha (la financiación); y construir de forma colectiva una visión de trabajo en la escala subregional (una visión compartida). Lo anterior transversalizado por ejercicios permanentes de apropiación ciudadana y medición colectiva (los datos), ampliando el marco de actuación y análisis a nivel local, y promoviendo una mayor gobernanza colaborativa en torno a lograr un TS en todo el departamento. En este año, la plataforma de datos abiertos continuó con el ejercicio de medición de los indicadores públicos de los ODS en Antioquia y con la consolidación de relaciones y trabajo colaborativo con distintos actores para lograr el reporte integrado de los sectores empresarial y social. La batería de indicadores construida en 2016 fue revisada y ampliada, quedando un total de 80 indicadores para medición. El recorrido histórico permite reconocer entonces los diferentes contextos territoriales, en los que las visiones compartidas, la gobernanza, la financiación y los datos deben tener lugar en la construcción de un TS. Por ello, el camino de Antioquia Sostenible se ha transitado a través de un enfoque de acción-reflexión, el cual ha permitido la conceptualización de un modelo probado que se basa en dos componentes fundamentales: prospección y actuación territorial, y que se describe a continuación. El modelo Antioquia Sostenible: dinamizando los territorios sostenibles Con base en la experiencia de la iniciativa, la dinamización e implementación de TS no solo a través de las cuatro fuerzas del desarrollo, sino también a partir de las condiciones necesarias para su implementación, se puede modelar a partir de dos categorías conceptuales: la prospectiva y la actuación territorial. En el caso de la prospectiva territorial, esta explora y visiona el futuro del territorio y busca comprender cuáles son los procesos que permitirán las transformaciones requeridas. También identifica los posibles factores de cambio involucrados, los procesos socioterritoriales y los intereses que estarán en juego (Salas-Bourgoin, 2013). La prospectiva territorial, que es el punto de partida y eje estructurador del modelo, se materializa en la construcción de una visión a 2030 en el marco de la implementación de los ODS que ayuda a concertar imaginarios y proyecciones de diversos actores territoriales en un mismo ejercicio. 227 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La Visión a 2030 es una fuente conceptual y métrica para focalizar las acciones en el territorio en un horizonte de más de 10 años. Esta prospectiva se encuentra integrada por subcategorías que la refuerzan: la gestión del conocimiento, y la medición y evaluación. Sobre la gestión del conocimiento, esta ha implicado la generación y transferencia de capacidades a los actores locales encargados de agenciar el desarrollo de sus territorios (Garcés González, 2014), para que vinculen en su trabajo los conceptos de desarrollo sostenible, a través del trabajo horizontal y de metodologías participativas. Lo anterior ha requerido procesos como la gestión de la visión compartida de futuro, la sistematización de buenas prácticas, la internacionalización de la iniciativa y una estrategia transversal de comunicaciones. Sobre la medición y evaluación, desde Antioquia Sostenible se han fomentado estrategias y metodologías a favor del cumplimiento de las metas establecidas para los ODS en el contexto territorial de la región. Una de ellas es la plataforma de gestión de datos abiertos en sostenibilidad, que tiene el objetivo de integrar cifras, casos y experiencias de los sectores privado, público, social y académico que permitan obtener una mirada completa del aporte que cada actor partícipe realiza de cara a la Agenda 2030. Para el caso de la actuación territorial, se refiere a la forma concreta de llegar a los territorios, los elementos que desde allí aportan al desarrollo sostenible y el fortalecimiento de capacidades del ecosistema de los actores locales. Este componente está integrado por cuatro subcategorías: apropiación social del conocimiento, fortalecimiento institucional, planeación colectiva del territorio y gobernanza territorial. Para Antioquia Sostenible, y con base en Reyes Ramírez (2011) y Marín Agudelo (2012), la apropiación social del conocimiento se entiende como los escenarios de intercambio de saberes y trabajo horizontal que permiten reconocer y visibilizar las voces de los actores locales. En este sentido, se ha desarrollado una praxis educativa que consiste en los talleres de cocreación de las rutas territoriales, los cuales, mediante el diálogo saberes, fomentan el desarrollo local y la identificación de alianzas locales que, en el corto plazo, posibiliten la sostenibilidad regional. En este marco, es fundamental apelar al uso de lenguajes alternativos en las distintas actividades y al enfoque de aproximación por mensajes, desde la propuesta pedagógica. De cara a la iniciativa, se concibe el fortalecimiento institucional como estrategia para generar e instalar capacidades en el ecosistema de los actores locales, con la intención de que estos por sí mismos puedan agenciar la sostenibilidad en sus territorios, alineados con el cumplimiento de los ODS. Esta estrategia se da en dos momentos: primero, se identifica en el ecosistema de actores territoriales sus capacidades y roles, además de las potenciales alianzas entre estos y, segundo, se materializa en la gestión de la Agenda de la Visión Subregional 228 Capítulo 15 | Visión compartida de territorio, gobernanza, datos y financiación para conformar territorios sostenibles a partir de acciones movilizadoras y gestión de proyectos estratégicos en los escenarios ambientales, sociales y económicos identificados para cada subregión. Respecto a la planeación colectiva del territorio, Antioquia Sostenible, desde una reflexión consciente y crítica, promueve y desarrolla espacios de deliberación y debate con representatividad social y ciudadana que aportan a la gestión de cambios ante las diferentes necesidades ambientales, sociales, culturales y políticas. Así mismo, estos espacios se refieren a la construcción de confianza entre las comunidades y las instituciones para posibilitar y fortalecer procesos de planeación colectiva del territorio en que las comunidades sean quienes decidan y trabajen por el desarrollo de su territorio. Finalmente, al hablar de gobernanza territorial, el resultado de Antioquia Sostenible a través de todos estos componentes descritos es un modelo propicio para gestionar asuntos públicos relacionados con la sostenibilidad, tales como la Agenda 2030, dado que permite un amplio margen de maniobra para mantener los enfoques de integralidad e interdependencia entre los objetivos que la definen. Referencias Bárcena, A. (2015). La descolonización de la agenda para el desarrollo después de 2015: Hacia una asociación universal para el desarrollo. En J. Ocampo, Gobernanza global y desarrollo: Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional. Cepal y Siglo XXI. Beuf, A y Rincón, P. (2017). Ordenar los territorios: perspectivas críticas desde América Latina. Universidad de los Andes. Ferry, L. (2016). La revolución transhumanista: Cómo la tecnología y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas. Alianza. Garcés González, C. R. (2014). Las dimensiones de la gestión del conocimiento y los procesos de desarrollo local comunitario. Acta Universitaria, 24(1), 60-68. Marín Agudelo, S. A. (2012). Apropiación social del conocimiento: una nueva dimensión de los archivos. Revista Interamericana de Bibliotecología, 35(1), 55-62. Molina, N. (2013). Una mirada crítica a la responsabilidad social: Un camino necesario para enfrentar sus retos. Centro de Pensamiento Social. Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano. Paidós. Ocampo, J. (2015). La gobernanza económica y social y el sistema de las Naciones Unidas. En Naciones Unidas, Gobernanza Global y Desarrollo: nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional, (pp. 31-70). Siglo XXI. 229 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Porter, M. E. y Kramer, M. R. (2006). Estrategia y sociedad. En M. E. Porter, Ser competitivo, (pp. 551-580) (2008). Paidós. Reyes Ramírez, L. M. (2011). La innovación social como atributo de la actividad informacional. Ciencias de la Información, 42(2), 5-10. Sachs, J. (2016). La era del desarrollo sostenible. Paidós. Salas-Bourgoin, M. A. (2013). Prospectiva territorial: Aproximación a una base conceptual y metodológica. Universidad de Los Andes, Venezuela. 230 Capítulo 16 Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 Álvaro Clemente Quijano Angarita Beatriz Piedad Urdinola Contreras Introducción L a adopción de la Agenda global 2030 y la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las Naciones Unidas exhortó a los países miembros a realizar revisiones regulares de los objetivos con el fin de un eficiente monitoreo y garantizar su cumplimiento a 2030. Este documento se centra precisamente en la medición y el monitoreo de uno de los objetivos que cubre tanto la cuantificación de la mejora en la salud misma de la población como las condiciones socioeconómicas y de prestación de servicios de salud, como lo es la mortalidad en la infancia. Para un país como Colombia que, a pesar de tener un nivel medio de desarrollo, tiene un sistema de registros vitales aún deficiente, la medición y monitoreo de la tasa de mortalidad en la infancia o de menores de cinco años (ODS 3) no debe hacerse directamente, pues incluye un nivel indeseable de subregistro que se agrava cuando esta cifra se produce a nivel subnacional (indicador ODS 3.2.1), aun cuando es medida por la división geográfica más amplia, como es la tasa por departamentos. De manera que los principios de inclusión y equidad resumi- 233 dos en la frase “no dejar a nadie atrás” se violan fácilmente en todos los países que sufren de problemas de subregistro en las estadísticas vitales. A nivel subnacional, este subregistro se agrava y es prácticamente la norma para la mayoría de países de América Latina, cuyas capacidades en la producción de estadísticas demográficas están altamente asociadas con el nivel de desarrollo, y, por lo tanto, no son lo suficientemente veraces para el monitoreo de los indicadores ODS; Cuba y Chile son los únicos países de la región con cifras confiables (Mikkelsen et al., 2015; Silva, 2012; Urdinola, 2011) y, por lo tanto, no son lo suficientemente veraces para el monitoreo de los indicadores ODS. De manera que la metodología aquí propuesta será de utilidad para cualquier país con deficiencias en los sistemas de registros vitales, pero con información de mortalidad recolectada a través de encuestas de hogares. Esta metodología se basa en la propuesta de Mercer et al. (2015), modificado por Li et al. (2019), que en este caso usan la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de Colombia para los años 2005, 2010 y 2015, por tener muestras representativas a nivel departamental. Esta propuesta adapta la metodología mencionada al caso colombiano y produce estimaciones anuales desde 1985 y hasta 2019 a partir de estas tres observaciones. Los resultados muestran que, si bien el país presenta una importante caída en la tasa media de mortalidad (TMM5) que alcanza la meta ODS en el 2000 y la meta ajustada de la OPS de 14 muertes por mil en 2018, las brechas departamentales son amplias y cada departamento tiene ritmos diferentes de decrecimiento. Amazonas, Chocó, La Guajira y Vaupés presentan las mayores tasas y el menor decrecimiento, mientras que los departamentos del centro del país, como los del Eje Cafetero y el altiplano cundiboyacense, sostienen las tasas más bajas a lo largo del periodo. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Antecedentes La evaluación del final del periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) permitió reconocer los problemas y desafíos que llevaron a resultados insuficientes respecto a ellos. Entre otros, reconocer la deficiente calidad y disponibilidad de datos que impidió la correcta medición del progreso de los objetivos para iniciar acciones, principalmente en los países en desarrollo. En particular, los sistemas civiles de registro y de estadísticas vitales no son lo suficientemente confiables para el monitoreo y la consecución de los objetivos para la mayoría de los países en desarrollo (Feyi-Waboso, 2016). El Grupo Asesor de Expertos Independientes del Secretario General de las Naciones Unidas (2014), respecto a la revolución de datos para el desarrollo sostenible, recomienda mejorar la cobertura, la calidad, la disponibilidad y la rapidez de los datos para medir y monitorear el progreso de los ODS a partir 234 Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 del análisis e innovación tecnológica, desarrollo de sistemas globales de datos compartidos, inversión, participación de sectores privados y liderazgo en materia política. En consecuencia, la Resolución 68/261 de la Asamblea de las Naciones Unidas rige por el principio fundamental de las estadísticas oficiales, en el que se precisa que “los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían desglosarse, siempre que fuera pertinente, por ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, discapacidad y ubicación geográfica” (ONU, 2021, p. 2). Las estimaciones para áreas subnacionales permiten conocer las falencias e inequidades de los ODS en el interior de los países, lo que fomenta el diseño de medidas focalizadas para garantizar su cumplimiento. En la actualidad, América Latina en general ha cumplido con la meta a 2030, para el indicador 3.2.1 de mortalidad en menores de 5 años, de situarse por debajo de 25 por 1000 nacidos vivos. Por tal razón, se implementó la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, aprobada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la que, con base en los indicadores de los países, se definen 11 nuevos objetivos y metas para la región de las Américas a 2030, que se formulan a partir de la evaluación de la evolución de los indicadores por país y la ambición de la región por lograr altos niveles de salud y bienestar en las poblaciones de los Estados miembros. Por ello se formula el objetivo 1, “Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, integrados y de calidad, centrados en la persona, la familia y la comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”, y en el que se establece la meta para la mortalidad en la infancia en 14 por 1000 nacidos vivos (Organización Panamericana de la Salud, 2017). Si bien la calidad de las cifras de mortalidad en Colombia viene mejorando, es considerada como deficiente hasta mediados de la década de los noventa y con grandes diferencias a nivel subnacional, como lo muestran las estimaciones indirectas a partir de los censos de población. Flórez y Méndez (1997) estiman una cobertura en el registro de las defunciones cercana al 37 % para la mortalidad en menores de 5 años, con enormes brechas a nivel subnacional, teniendo Bogotá el mayor nivel de cobertura (82.1 %) y Chocó el mínimo (15.5 %). Estudios similares para la mortalidad infantil en lo tocante a menores de un año muestran también una correlación entre altos niveles de mortalidad infantil con la violencia política en el país, principalmente en aquellos municipios que han experimentado intensamente el conflicto (Urdinola, 2004), y un subregistro que alcanzaba el 30 % en mayor proporción en el primer año de vida (Urdinola, 2011). Otros estudios han evaluado la calidad de las cifras de la mortalidad infantil utilizando la información de las Encuestas de Demografía y Salud, desde 1986 hasta 2010, que reflejan también grandes diferencias subnacionales, siendo Chocó el departamento con peor calidad y Bogotá el de mejor calidad (Acosta 235 y Romero, 2014). Por su parte, Jaramillo-Mejía et al. (2013) resaltan las inconsistencias que denotan baja calidad de la información en la tasa anual de mortalidad infantil para los años 2003, 2006 y 2009 en Vichada, Amazonas, Guainía, Meta y Chocó, mientras que en los departamentos de mayor desarrollo, como Bogotá, Antioquia, Santander, Valle y Cundinamarca, la tasa de mortalidad infantil es cercana a los niveles más bajos de Latinoamérica. Metodología Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible El Grupo Inter-Agencia de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (UN Igme) ha producido estimaciones de la mortalidad infantil para 194 países, a partir del método penalizado bayesiano basado en B-splines para reducción del sesgo (o método de las tres B)1 de Alkema y New (2014), a partir de las tasas de estadísticas vitales, registros civiles, encuestas y censos. Otro método alternativo estandarizado es el propuesto por Wang et al. (2014), del Instituto de Evaluación y Métricas de Salud (IHME) de los Estados Unidos, que usa una regresión de un proceso gaussiano con un ajuste por sesgo y error por no muestreo para datos entre 1990-2013 provenientes de encuestas, censos y registros vitales. Sin embargo, ambos métodos solo producen estimaciones nacionales. De allí que Mercer et al. (2015) propongan un método de suavizamiento bayesiano espacio-temporal para estimaciones en áreas pequeñas, considerando datos provenientes de diseños muestrales complejos, ejemplificado con la información de las encuestas de demografía y salud y del sistema de vigilancia de Tanzania. Posteriormente, Li et al. (2019) modifican esta propuesta usando un estimador de meta-análisis para combinar los datos de múltiples fuentes en lugar de considerar la inclusión de un efecto aleatorio por encuesta(s) y de interacciones dobles con el espacio y tiempo, como Mercer et al. Así, producen estimaciones de 262 subregiones de 35 países africanos, dejando como producto el paquete SUMMER para el paquete estadístico R (Martin et al., 2019). Dado que para Colombia los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2005, 2010 y 2015 son relativamente dispersos en el espacio-tiempo, se deben emplear métodos de suavizamiento, por lo que la metodología seleccionada para este estudio sigue de cerca las propuestas de Mercer et al. (2015) y las modificaciones de Li et al. (2019), que se describen a continuación. La mortalidad en menores de cinco años se obtiene a partir del análisis de sobrevivencia de tiempo discreto (DTSA) propuesto por Allison (1982) para la probabilidad de morir, en este caso de menores de cinco años. Como la tasa de mortalidad en menores de cinco años (TMM5) es técnicamente una probabi- 1 236 Traducción libre de Bayesian B-spline Bias-reduction penalized method. Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 lidad, se puede se definir como nqx = P(morir a la edad x + n | sobrevivió hasta la edad x), y con un modelo de riesgos discretos, dividiendo el intervalo de 0 a 5 años en meses en seis intervalos: [0,1), [1,12), [12,24), [24,36), [36,48) y [48,60) meses, se puede estimar como: (1) Donde: i=6 n = (n1, n2, . . ., n6) = (1, 11, 12, 12, 12, 12) xi = (x1, . . ., x6) = (0, 1, 12, 36, 48). En este caso, cada individuo genera una variable aleatoria Bernoulli (vivo/ muerto) para cada periodo de edad que se encuentre en riesgo. Por lo anterior, se ajusta un modelo lineal generalizado de respuesta binaria con enlace logit considerando el diseño muestral complejo (Lumley, 2004) de cada encuesta ENDS, que involucra varias etapas, estratificación y conglomeración, para la estimación de las tasas de mortalidad en menores de cinco años específicas por área (a), año (t) y encuesta (s) denotada como 60q0ats. Luego, para emplear el modelo de suavizamiento bayesiano, Li et al., asumiendo la independencia entre encuestas, proponen un estimador meta-análisis de 60q0at que usa la inversa de la varianza para combinar los datos de múltiples fuentes. El modelo bayesiano espacio-temporal se ajusta para el estimador meta-análisis de 60q0at en la región a, año t. El objetivo es compartir información entre vecinos tanto en el espacio como en el tiempo para obtener estimaciones suavizadas de la mortalidad en menores de cinco años espacio-temporales de manera simultánea. Para esto se considera una escala logit λat = logit (60q0at) tal que (2) Así, el logit (60q0at) se descompone en las componentes: temporal, espacial y espacio-temporal, tal como lo proponen Li et al., basándose en Besag et al. (1991) y en el modelo espacio-temporal no separable de Knorr-Held (2000) que funciona para la estimación a nivel subnacional. El método de aproximación anidada integrada de Laplace (INLA, por su sigla en inglés) (Blangiardo et al., 2013) es empleado para la inferencia estadística. En el paquete SUMMER de R se encuentra implementada la función que permite estimar las tasas de mortalidad a partir del modelo de suavizamiento para periodos quinquenales y también estimaciones anuales, a partir de un modelo latente de efectos aleatorios de periodos de n-años a estimación anual (Martin et al., 2019). 237 Datos La ENDS es un proyecto de cobertura nacional con representatividad urbana y rural, departamental y regional, con desagregación demográfica implementado por el proyecto Macro International y su socio en Colombia, liderado por Profamilia con apoyo del ICBF, el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA). Las ENDS para los años 2005, 2010 y 2015 son muestras representativas por departamento que utilizan el registro de nacimientos para mujeres entre 15 y 49 años. Al ser un diseño muestral complejo polietápico, probabilístico, de conglomerados y estratificado, se requiere el uso de fórmulas que consideren el efecto de la estratificación y conglomeración (Ojeda et al., 2017) para obtener estimaciones libres de sesgo y de correcta varianza. Además, porque si se ignorara el muestreo por conglomerados, se obtendría una estimación incorrecta de la varianza (Wakefield y Wilson, 2019). Resultados Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible La figura 16.1 presenta las estimaciones desde 1985 hasta 2015 y su proyección a 2019, que se contrastan con las obtenidas por el Grupo Inter-Agencias para la Estimación de la Mortalidad en la niñez (UN-Inter-agency Group for Child Mortality Estimation [IGME], s. f.). Las dos estimaciones son cercanas, el modelo de suavizado utilizado es levemente superior hasta el año 2000 y luego se intercambia este patrón. Las varianzas de la estimación del modelo aquí propuesto, representadas por las líneas rojas, son mayores en los primeros años. Posiblemente porque la información en los primeros años depende de la memoria de las madres. A partir de 2009, las varianzas de ambas metodologías son muy similares y hacia el final de la serie las varianzas vuelven a crecer, para ambos métodos, en nuestra estimación quizás porque no se cuenta con encuestas cercanas. En términos de los ODS, la meta para la región de las Américas de 14 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos a nivel nacional se cumpliría a partir de 2019, según el pronóstico. Es importante mencionar que como el modelo subnacional se construye con base en la adyacencia física entre departamentos, no se producen los resultados de San Andrés Isla. Los resultados por departamento con las tasas de mortalidad suavizadas espacio-temporalmente desde 1985 hasta 2019 se presentan en las figuras 16.2 a 16.4, agrupadas por subregiones definidas por la ENDS y considerando a Bogotá como parte de la región Oriental. 238 Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 Figura 16.1 Estimación nacional de la TMM5 modelo de suavizamiento y metodología un-Igme Fuente: elaboración propia con base en datos de Profamilia (2005; 2010; 2015). Dentro de cada región sobresale un departamento que comienza la serie con tasas muy altas en 1985, que caen rápidamente, excepto para La Guajira, en la región Atlántica (figura 16.2). De hecho, La Guajira reporta la mayor TMM5: 43 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos para 2019, denotando un rezago considerable y un posible incumplimiento de la meta ODS para la región de las Américas a 2030. Le siguen Cesar, con una TMM5 de 23; Magdalena, con 19; y Atlántico, con 17 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos para el pronóstico en 2019. En la región Atlántica cuatro de los siete departamentos no alcanzan la meta ODS a 2019. En la región Central (figura 16.3), Caquetá presenta la mayor TMM5 en 1985 y la menor TMM5 para 2019, lo que puede deberse a la baja densidad poblacional en el departamento que afecta los factores de expansión de su muestra, por lo que sus resultados deben ser leídos con precaución. Todos los demás departamentos de esta región sostienen un comportamiento de tasas bajas o moderadas, como Tolima y Huila, con un decrecimiento permanente en ellas. De hecho, Caldas, Quindío y Risaralda reportan unas de las TMM5 más bajas en el país. Todos, sin excepción, según el pronóstico a 2019, habrán prácticamente alcanzado la meta. 239 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible 240 Tabla 16.1 Estimados nacionales de la tasa de mortalidad en menores de 5 años y su incertidumbre Año TMM5 IC Año TMM5 IC Año TMM5 IC Año TMM5 IC 1985 41.1 (35.2-48.2) 1994 31.0 (27.6-36) 2003 22.8 (20.0-26.3) 2012 17.0 (14.2-20.5) 1986 39.8 (34.6-45.7) 1995 29.7 (25.9-33.5) 2004 22.1 (19.4-25.1) 2013 16.4 (13.5-19.7) 1987 38.7 (33.4-44.2) 1996 28.7 (25.2-32.5) 2005 21.5 (18.9-24.7) 2014 16.0 (12.9-19.9) 1988 37.5 (32.5-42.7) 1997 27.6 (24.0-31.0) 2006 20.9 (18.2-24.3) 2015 15.4 (12.1-20.1) 1989 36.4 (31.6-40.8) 1998 26.9 (23.4-30.5) 2007 20.2 (17.5-23.6) 2016 15.1 (11.5-19.7) 1990 35.4 (31.2-40.3) 1999 25.8 (22.0-29.1) 2008 19.6 (17.2-23.0) 2017 14.4 (10.8-19.4) 1991 34.3 (30.4-39.3) 2000 25.3 (22.0-29.1) 2009 18.9 (16.3-21.8) 2018 13.9 (9.8-19.2) 1992 33.2 (29.2-39.3) 2001 24.4 (21.1-28.1) 2010 18.2 (15.5-21.1) 2019 13.4 (9.4-18.7) 1993 32.2 (28.0-37.7) 2002 23.7 (20.8-27.1) 2011 17.6 (14.8-20.9) Fuente: elaboración propia con base en datos de Profamilia (2005; 2010; 2015). Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 Figura 16.2 Suavizamiento a nivel departamental de la TMM5, región Atlántica Fuente: elaboración propia con base en datos de Profamilia (2005; 2010; 2015). Figura 16.3 Suavizamiento a nivel departamental de la TMM5, regiones Central y Oriental Fuente: elaboración propia con base en datos de Profamilia (2005; 2010; 2015). 241 Adicionalmente, la figura 16.3 presenta la evolución de la TMM5 para los departamentos de la región Oriental, donde Bogotá cuenta con las menores TMM5 del país. Sobresalen las reducciones drásticas de Meta y Norte de Santander, que, incluso, logran la meta antes de llegar a 2019, a pesar de haber comenzado en niveles alrededor de 50 por cada 1000 en 1985. Por último, Santander es el departamento de la región que comienza en los niveles más bajos, pero cuyo descenso es demasiado lento y apenas cumple con la meta para 2019. Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Figura 16.4 Suavizamiento a nivel departamental de la TMM5, región Pacífica y Antiguos Territorios Fuente: elaboración propia con base en datos de Profamilia (2005; 2010; 2015). La figura 16.4 muestra el comportamiento de la TMM5 para la región Pacífica y los antiguos territorios nacionales. Históricamente, son los departamentos con mayor TMM5 y, en efecto, las estimaciones producidas para Amazonas, Chocó y Vaupés alcanzan los niveles más preocupantes, lo cual los aleja bastante de lograr la meta. Incluso, Vaupés presenta un aumento en los últimos años, que se explica por la variabilidad en la información de los cálculos directos, 242 Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 dado que las ENDS 2005 y 2010 presentan tasas muy bajas con respecto a la ENDS 2015. De hecho, si se tomara exclusivamente la información para la ENDS 2015, se subirían estas tasas a un nivel acorde a la realidad sociodemográfica departamental, y adoptarían una pendiente negativa. Figura 16.5. Evolución espacio-temporal de la TMM5 para Colombia, 1985-2019 Nota: la región achurada corresponde a los departamentos de la Amazonía y de la Orinoquía, donde no se consideró la zona rural-dispersa en el muestreo. Fuente: elaboración propia con base en datos de Profamilia (2005; 2010; 2015). 243 Por otro lado, Chocó muestra un descenso rápido que alude a la calidad en la información para los últimos años y al efecto de sus vecinos para el suavizamiento. De todas maneras, ni Amazonas ni Chocó cumplen, respecto al pronóstico de 2019, con la meta para las Américas de este indicador. Por último, Arauca, Vichada y Putumayo presentan un comportamiento similar a los mencionados para Sucre y Caquetá. Los resultados deben analizarse con cautela, pues la caída en la TMM5 se debe más a un cambio en calidad de los datos o errores de muestreo en general. En importante recordar a los lectores que, por diseño de las encuestas, no se consideraron las zonas rurales del Amazonas ni de la Orinoquía, y aunque estas correspondan a menos del 1 % de la población colombiana, allí se esperan altas tasas de mortalidad, por lo que esto lleva a una subestimación en las tasas para los departamentos de Amazonas, Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Los mapas en la figura 16.5 presentan la evolución espacio-temporal de la TMM5 (expresada en muertes por cada 1000 nacidos vivos) suavizada por periodos quinquenales desde el periodo 1985-1989 hasta el periodo 2015-2019. Estos mapas recogen el análisis presentado en una sola figura y son de fácil comprensión para lectores entrenados o no en métodos demográficos y estadísticos, por lo que se convierten en una poderosa herramienta para compartir con el público general y los tomadores de políticas públicas. Conclusiones Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Mientras las estadísticas vitales y los censos de población en áreas subnacionales no tengan una excelente calidad en Colombia, será difícil hacer un monitoreo de los ODS que vigilan los eventos de mortalidad a nivel subnacional. Estos eventos no solo miden las condiciones de salud de una población, sino que también encierran los avances en el desarrollo de infraestructura de conectividad; en los sistemas de acueducto, alcantarillado y salud; en el acceso y la calidad de los servicios de salud básica para gestantes, infantes y primera infancia; en la capacidad de recolección de dicha información; en la distribución de medidas de salud preventiva, como la vacunación; e incluso en la cobertura de la educación. Generar estimaciones indirectas, como la aquí utilizada para el caso colombiano, se convierte en una herramienta fundamental para el monitoreo y la focalización de políticas que lleven a superar las metas que implican los ODS y mejoren la calidad de vida de todos los habitantes, “sin dejar a nadie atrás”, como reza el lema de Naciones Unidas. La inclusión de la información del diseño muestral complejo lleva a estimaciones puntuales insesgadas y correctas de la varianza para el cálculo de los intervalos de confianza para las TMM5 anual nacional y por departamento. 244 Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 Aunque las tasas de mortalidad han disminuido a nivel nacional, las disparidades dentro del país son significativas, y con decrecimientos muy heterogéneos a lo largo del periodo. Por ejemplo, al comienzo del periodo, Risaralda, Santander y Valle tenían las menores tasas. Luego, entre 2000 y 2015, Caldas, Antioquia y Cundinamarca tienen las menores TMM5, y el pronóstico, a partir de 2016 y hasta 2019, sitúa a Caquetá, Caldas y Meta en los menores niveles. En términos de las metas ODS, el nivel nacional ya se supera con un valor cercano a las 14 muertes por 1000 nacidos vivos, mientras que de los 32 departamentos analizados a 2019, 12 departamentos no cumplen con el ODS de la Agenda de Salud Sostenible de las Américas 2018-2030. Sin embargo, cuatro son los casos notables y de especial atención: Amazonas, Chocó, La Guajira y Vaupés, puesto que sus TMM5 son elevadas y las posibilidades del decrecimiento esperado para el alcance de la meta son bajas. No es de sorprender que, de acuerdo con cifras oficiales, estos departamentos tienden a aglomerar poblaciones de etnias minoritarias, como afrodescendientes e indígenas, lo que compromete aún más a la nación en actualizar sus metas dirigidas a estas regiones y, sobre todo, a estas poblaciones, que son realmente vulnerables. Como trabajo futuro, se recomienda aplicar esta metodología considerando las presentes conclusiones y llevando a estimación no solo la mortalidad en menores de cinco años, sino también las mortalidades infantil, posinfantil y neonatal, desagregadas por sexo, por condición urbana o rural, y por grupos étnicos, siempre que la calidad de los datos lo permita. Además, es menester desarrollar metodologías y elaborar un marco teórico que permita incluir, de manera adecuada, el efecto de la zona continental de los países sobre sus islas, para una correcta definición de la matriz de adyacencia para estas zonas; también emplear metodologías a nivel de clúster para aprovechar la información más detallada y la información georreferenciada que se viene recolectando en las últimas ENDS en el país. Finalmente, a mayor distancia temporal de la estimación a la fecha del trabajo de campo de la encuesta, menor es la calidad de la estimación, lo que se refleja en mayor variabilidad en los primeros años. Esto puede deberse a que la información depende de la memoria de la madre, y a los lugares de nacimiento y muerte del menor, que pueden cambiar con respecto al sitio de residencia de la madre, cuando responde la encuesta. Por último, la exclusión de las zonas rurales de los departamentos de la Amazonía y de la Orinoquía en las ENDS genera estimadores menos confiables. Idealmente, las muestras deben ampliarse para cubrir estos territorios, pero en la práctica es evidente que es un trabajo dispendioso y costoso, debido a la baja densidad poblacional, pero el esfuerzo por mejorar los sistemas vitales y otras estadísticas para estas zonas abandonadas del país es otra forma de presencia estatal, tan necesaria para estas áreas, lo que permitirá cumplir la promesa de “no dejar a nadie atrás”. 245 Referencias Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Acosta, K. y Romero, J. E. (2014). Estimación indirecta de la tasa de mortalidad infantil en Colombia, 1964-2008. Revista del Banco de la República, 87(1036), 13-38. Alkema, L. y New, J. R. (2014). Global estimation of child mortality using a Bayesian B-spline bias-reduction model. Annals of Applied Statistics, 8(4), 2122-2149. Allison, P. D. (1982). Discrete-time methods for the analysis of event histories. Sociological Methodology, 13, 61-98. Besag, J., York, J. y Mollié, A. (1991). Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 43(1), 1-20. Blangiardo, M., Cameletti, M., Baio, G. y Rue, H. (2013). Spatial and spatio-temporal models with R-INLA. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology, 4, 33-49. Feyi-Waboso, P. (2016). SDGS: The need for vital registration and accurate record keeping. African Journal of Reproductive Health, 20(3), 39-44. Flórez, C. E. y Méndez, R. (1997). La cobertura de las defunciones en 1993. Reporte Entregado Al Ministerio de Salud, Bogotá, Colombia. Grupo Asesor de Expertos Independientes del Secretario General de las Naciones Unidas. (2014). A World that Counts: Mobilising the data revolution for sustainable development. United Nations. Jaramillo-Mejía, M. C., Chernichovsky, D. y Jiménez-Moleón, J. J. (2013). Brechas regionales de la mortalidad infantil en Colombia. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 30, 551-559. Knorr-Held, L. (2000). Bayesian modelling of inseparable space-time variation in disease risk. Statistics in Medicine, 19(17-18), 2555-2567. Li, Z., Hsiao, Y., Godwin, J., Martin, B. D., Wakefield, J. y Clark, S. J. (2019). Changes in the spatial distribution of the under-five mortality rate: Small-area analysis of 122 DHS surveys in 262 subregions of 35 countries in Africa. PloS ONE, 14(1), e0210645. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0210645 Lumley, T. (2004). Analysis of complex survey samples. Journal of Statistical Software, 9(8), 1-19. https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08 Martin, B. D., Li, Z. R., Hsiao, Y., Godwin, J., Wakefield, J., Clark, S. J., Fuglstad, G.-A. y Riebler, A. (2019). SUMMER: Spatio-temporal under-five mortality methods for estimation. https://github.com/bryandmartin/SUMMER Mercer, L., Wakefield, J., Pantazis, A., Lutambi, A., Masanja, H. y Clark, S. (2015). Space-time smoothing of complex survey data: Small area estima- 246 Capítulo 16 | Inequidades e incumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad en la infancia departamental en Colombia, 1985-2019 tion for child mortality. The Annals of Applied Statistics, 9(4), 1889-1905. https://doi.org/10.1214/15-AOAS872 Mikkelsen, L., Phillips, D. E., AbouZahr, C., Setel, P. W., De Savigny, D., Lozano, R. y Lopez, A. D. (2015). A global assessment of civil registration and vital statistics systems: Monitoring data quality and progress. The Lancet, 386(10001), 1395-1406. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60171-4 Ojeda, G., Ochoa, L. H. y Ordoñez, M. (2017). Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. Profamilia/Colombia. http://dhsprogram.com/pubs/pdf/ FR334/FR334.pdf Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). Resolución 68/261 de la Asamblea de las Naciones Unidas, Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, Disponible en: https://fliphtml5.com/vaalj/qevm Organización Panamericana de la Salud. (2017). Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49169 Profamilia. (2005). Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2005. Disponible en: https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/ Profamilia. (2010). Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010. Disponible en: https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/ Profamilia. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015. Disponible en: https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/ Silva, R. (2012). Child mortality estimation: Consistency of under-five mortality rate estimates using full birth histories and summary birth histories. PLoS. Med., 9(8), e1001296. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001296 UN-Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (Igme). (s. f.). Most recent stillbirth, fchild and adolescent mortality estimates. Disponible en: https:// childmortality.org/ Urdinola, B. P. (2004). The hidden cost of violence: Infant mortality in Colombia. Demography Department at the University of California. Urdinola, B. P. (2011). Determinantes socioeconómicos de la mortalidad infantil en Colombia, 1993. Revista Colombiana de Estadística, 34(1), 39-72. Wakefield, J. y Wilson, K. (2019). Methods for subnational estimation of child mortality. Regional Workshop on Child Mortality and Stillbirth Estimation. http://faculty.washington.edu/jonno/UNICEF-WORKSHOPS/SubNationalMethods.pdf Wang, H., Liddell, C. A., Coates, M. M., Mooney, M. D., Levitz, C. E., Schumacher, A. E., Apfel, H., Iannarone, M., Phillips, B., Lofgren, K. T. et al. (2014). Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 384(9947), 957-979. https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60497-9 247 Capítulo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas Luisa Fernanda Niño-Lancheros Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Los ods como política pública Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 plantean la más ambiciosa agenda colectiva de transformación global que han consensuado las sociedades del mundo. Si bien su concepción, como acuerdos de alcance mundial, plantea escenarios de futuro para llegar a sociedades más igualitarias, sostenibles y justas, es en el presente cuando configuran inmensos desafíos y nos enfrentan a los retos de cambiar el panorama de rápida degradación ambiental, desigualdad social, pobreza extrema y concentración extrema de la riqueza. Como toda política pública, está en su paradójica naturaleza manifestarse en acuerdos colectivos de largo plazo (lo político), pero con desacuerdos en el presente sobre la mejor manera de desarrollar rutas de acción para materializarlos (lo público). Es así como —en el contexto contemporáneo de crisis de la democracia y de debilitamiento de la política representativa como aglutinadora de grandes consensos— lo público se constituye como el lugar de confrontación entre los diferentes intereses sociales, y la participación como el mecanismo para sentar posiciones, y hacerlas legítimas y negociar. En este sentido, no solo 249 se participa en espacios formalmente establecidos, sino que hay una nueva participación disruptiva y transgresora que disputa lo establecido. De esta manera, como espacio de posiciones y de objetivos públicos, la pugna de intereses entre los diferentes actores sociales hace parte de la implementación de los ODS, así como hace parte de estos una renegociación de la concepción que las sociedades tienen de la democracia. Por ello hoy en día, según una de las consignas de la Agenda 2030, luchar contra el business as usual (más de lo mismo), presenciamos las transformación de lo que se entiende por democracia, pasando de una idea netamente formal como referencia a las reglas mediante las cuales se eligen de manera legítima gobernantes, a un concepto sustancial de democracia que implica la realización efectiva de derechos (Pérez, 2019), la igualdad y la materialización de libertades, lo cual coincide con la otra consigna de la Agenda 2030: “no dejar a nadie atrás”. La transformación se ha iniciado, pero queda mucho por hacer; especialmente en la apropiación de los ODS por parte de comunidades regionales, grupos sociales marginados, instancias territoriales, empresas privadas y minorías, lo cual implica la consolidación de mecanismos efectivos de participación que trasciendan los escenarios vacíos de discusión y trámite procedimental, y se brinden a los actores no gubernamentales oportunidades reales en la toma de decisiones, como lo establecen Leifsen et al. (2017): Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Estudios críticos sobre procesos formales y deliberativos de participación relacionados con gobernanza de los recursos y el medio ambiente revelan que estos procesos usualmente establecen estrechos campos de participación pública bien sea estableciendo límites que separan el conocimiento técnico de los temas políticos enfocándose principalmente en aspectos procedimentales y obligaciones de tipo contractual, o, reforzando el entendimiento hegemónico del desarrollo y de la relación de las comunidades locales con su contexto ambiental. Muchos estudios empíricos muestran que procesos formales de participación en la práctica, son por lo general vacíos procedimientos burocráticos orientados a despolitizar actividades extractivas, disipar la tensión que estas causan e involucrar a las comunidades en este tipo de proyectos. (p. 1044, traducción del original) En este sentido, el carácter abierto de los ODS es una invitación a la consolidación de esquemas horizontales y abiertos de gobernanza para llegar a las metas planteadas, en remplazo de los tradicionales modelos jerárquicos de gobernabilidad de arriba hacia abajo (top-down), en los cuales las decisiones de política pública se plantean desde los discursos tecnicistas o expertos y se desarrollan con mínima validación ciudadana. Por el contrario, los esquemas de gobernanza promueven las políticas como espacios plurales y vinculantes de diálogo, con participación de múltiples actores a niveles locales, regionales 250 Capítulo 17 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas y nacionales, brindando mecanismos para la toma de decisiones colectivas, en consonancia con la Declaración de los ODS (ONU, 2015), la cual plantea mecanismos de gestión descentralizada de la Agenda 2030, como son la gobernanza global (Nava, 2017) y el multilateralismo (Naser et al., 2021): la Declaración reafirma la importancia de construir alianzas con actores de distintas naturalezas y escalas, en lo que denominan la “revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo”1, misma que “facilitará una intensa participación mundial para respaldar el cumplimiento de todos los Objetivos y metas, aglutinando a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias y movilizando todos los recursos disponibles”. (Nava, 2017, p.144) Es posible entender entonces que la transformación planteada por los ODS, además de orientarse a la búsqueda de provisiones básicas universales, plantea también un cambio de visión en el manejo de las políticas públicas como mecanismos esenciales para la solución de problemáticas sociales, según el cual las comunidades dialogan y se movilizan para resolver sus problemas y las instituciones estatales se entienden como facilitadoras y no centralizadoras en el proceso de política pública, generando dinámicas de gobernanza en las cuales instituciones nacionales e internacionales, empresas, y organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales aportan como agentes activos. Los ods como marcos de acción Para movilizar intereses en función de materializar los ODS, es necesario concretar agendas globales que permitan abordar aspectos nacionales a través de iniciativas y acciones locales, y viceversa, posicionar agendas locales como temas de interés nacional y de actores internacionales, de la misma manera como se desarrolló la formulación de la Agenda 2030 con los aportes de más de un millón de personas y la organización de consultas tanto nacionales como regionales (Ayuso, 2017). Esta es la manera de impulsar marcos de acción integradores, que, siguiendo a Peter J. May (2003), son inherentes a las políticas como las representadas en los ODS: Las políticas públicas establecen los cursos de acción para abordar los problemas o para proporcionar los bienes y servicios a los segmentos de la sociedad. Las políticas hacen más que simplemente anunciar un curso de acción. Típicamente suelen contener un conjunto de intenciones de objetivos, una 1 Cabe aclarar que la Alianza Mundial para el Desarrollo es una iniciativa de gobernanza global que fue impulsada inicialmente a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 251 mezcla de instrumentos o medios para la consecución de las intenciones, una designación de entidades gubernamentales o no gubernamentales encargadas de llevar a cabo las intenciones, y una asignación de recursos para las tareas requeridas. La intención es luego caracterizada por el nombre de la política, en el lenguaje utilizado para comunicar los objetivos de la política y de la particular combinación de instrumentos de la política. (p. 226, traducción del original) Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible En este sentido, las alianzas necesarias para lograr los ODS se constituyen en una estrategia fundamental de la agenda, pero es necesaria la construcción de derivados locales del documento “El futuro que queremos”, el cual promueve que los marcos de acción regionales traduzcan las políticas públicas en medidas nacionales que involucren a los grupos más vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos, empresas e industria, comunidad científica y tecnológica y agricultores, comunidades locales, grupos de voluntarios, fundaciones, migrantes, familias, adultos mayores, personas con discapacidad y demás interesados (ONU, 2012). Esto como una oportunidad para el involucramiento del Gobierno y la sociedad en general en una meta común a partir de acciones desde la población. Lo anterior comporta una diferencia sustancial con los pasados Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que solo se dio una participación a nivel de Gobiernos nacionales, haciéndolos difíciles de comunicar y, por tanto, de casi nula apropiación por parte de la sociedad civil. Por tanto, para la implementación y cumplimiento de los ODS, es necesario el compromiso del Gobierno, las empresas privadas y la ciudadanía en general, bajo la sensibilización acerca de los beneficios de la Agenda 2030 para el bienestar social (Naser et al., 2021), lo que también implica el entendimiento, por parte de todos los actores, de las estrategias para alcanzar esta implementación (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2019). Ante esto, varios países de Latinoamérica han incluido distintos actores en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 como contrapartes para la formulación de políticas públicas. Es el caso de Brasil, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Por su parte, países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay buscan que desde el Gobierno central se realicen consultas con actores no gubernamentales para la toma de decisiones. Sin embargo, los 15 países restantes de América Latina no contemplan la participación de actores no gubernamentales en la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional (Surasky, 2020). Es así como se han planteado mecanismos de gobernanza —como el gobierno abierto, el Acuerdo de Escazú, la planificación para el desarrollo y los procesos de rendición de cuentas—, a través de los cuales se busca involucrar a la sociedad y sus organizaciones de base. Estos mecanismos reafirman la 252 Capítulo 17 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas participación ciudadana como un derecho que emana de la soberanía y que permite ejercer otros derechos (Naser et al., 2021), puesto que no hay manera de implementar los ODS si no es garantizando los derechos, dado que sus metas emergen de estos mediante el surgimiento de nuevas agendas públicas, promoviendo así la visibilización de la ciudadanía como actor crucial para la implementación y territorialización de los objetivos (Mesa, 2018), a través del contexto local, respecto a las capacidades, prioridades y necesidades que resultan en cambios estructurales habilitantes para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Respecto al gobierno abierto, la Agenda 2030 plantea la necesidad de datos e información clara para todos los actores como marco de seguimiento y examen, con el fin de tomar decisiones consecuentes con los distintos contextos, guardando así la coherencia con las agendas públicas actuales y con la generación de nuevos espacios de participación. En México, por ejemplo, se cuenta con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que permite la toma de decisiones a nivel local y evidenciar los avances que tienen las entidades federativas en materia de los ODS (Vásquez Menely, 2020). Por su parte, en Colombia se cuenta con la Estrategia SDG Corporate Tracker, que busca medir la contribución del sector privado en la implementación de los ODS a través de una plataforma en línea de recolección y sistematización de información, tomando como base los estándares Global Reporting Initiative (GRI) de reporte (DNP, 2021b). En el SED y en la Estrategia SDG Corporate Tracker, al igual que en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe, la participación de la sociedad ha sido relevante como promotora de lecciones aprendidas hacia otros actores y como generadora de datos e información crucial para el seguimiento en la implementación de los ODS. Por otro lado, el Acuerdo de Escazú sentó un precedente no solo por su desarrollo en un contexto donde la problemática ambiental pasó de ser un tema secundario para los países a ser una prioridad para la formulación e implementación de políticas públicas, sino porque concibe como pilares el respeto a los derechos humanos, la justicia ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la información transparente, por tanto, incorporó a todos los agentes de la sociedad civil y, en general, a todos los grupos que tienen un interés público (Cepal, 2019). El acuerdo demostró, así, que la manera más efectiva para el logro e involucramiento en los asuntos ambientales es la participación activa de la sociedad a través de acciones individuales con incidencias locales, regionales y nacionales. Para el caso colombiano, el Gobierno Nacional sancionó la ley que aprobó el Acuerdo de Escazú en noviembre de 2022, luego de ser exigido por parte de la sociedad desde su ratificación por parte del país en el 2019. Pese a lo anterior, este acuerdo ha sido criticado por el sector privado, al considerarlo como innecesario, pues 253 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible sus principios se encuentran contemplados en otros acuerdos ambientales de carácter nacional e internacional, además de ser una amenaza contra la productividad, lo cual conduciría a ceder soberanía a las ONG (Senado de la República de Colombia, 2020). En cuanto a la estrategia de planificación del desarrollo, existen dos casos que demuestran que al involucrarse la sociedad en todas las etapas del proceso de planificación se generan redes y coherencia entre las prioridades del Gobierno y las necesidades de la población. Para el caso de Guatemala, durante 2016 se diseñó la “Estrategia de implementación de las prioridades nacionales de desarrollo”, que fue la hoja de ruta para generar un espacio participativo entre las instancias del Gobierno central y las de consulta a la ciudadanía, cuyo objetivo era articular la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de priorizar las necesidades nacionales sobre las que se implementarían acciones por parte de todos los actores. Por tanto, fue necesario generar mecanismos de participación para identificar los actores que tienen capacidades para implementar las acciones contempladas en los planes de desarrollo y que se encuentran alineadas con los ODS, de tal forma que la agenda no sea exclusiva del Gobierno, sino que sea apropiada por todos los demás actores, haciéndola universal, integral y sin dejar a nadie atrás (ONU, 2018). Por su parte, en el municipio de La Paz, en Bolivia, para la implementación de los ODS, se estableció una estrategia de territorialización cuyos elementos claves para el correcto involucramiento, participación y apropiación por parte de la población se basan en el establecimiento de roles, alcances de las intervenciones, mecanismos de intervención y estándares de calidad. Esto con el fin de generar una gobernanza multinivel a través de la sensibilización y participación de la sociedad en todos los procesos de planificación (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2019). En Colombia, la estrategia de inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) no solo vincula a distintos actores, sino que brinda las herramientas para articular las políticas públicas con el cumplimiento de los ODS. Los resultados preliminares arrojaron que las regiones Kriol and Sea Flower, Santanderes y Eje Cafetero y, Antioquia tuvieron mayor involucramiento de los ODS respecto a sus PDT con 20 %, 19 % y 19 %, respectivamente. La región de Amazonía, Central y, Llanos y Orinoquía, obtuvieron los menores niveles de inclusión de los ODS en sus PDT con un 7 %, 12 % y 12 %, respectivamente (DNP, 2021a). Para el caso de las ciudades colombianas, la implementación de los ODS fue un reto, porque las metas de la Agenda 2030 no eran accionables para las alcaldías y territorios. De las 169 metas propuestas a nivel mundial, 91 no corresponden al contexto urbano, 62 pueden abarcar el contexto de ciudades y 16 son muy importantes para la implementación por parte de las ciudades. Sin embargo, el ODS 14 no hace parte de la agenda de ciudades, pues no se puede medir a escala territorial. Ante esto, se define como indispensable consolidar 254 Capítulo 17 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas alianzas multiactor para la transformación territorial a través de acciones en torno a los ODS (Fundación Corona et al., 2016a). También se han sumado otros países que han demostrado que al incluir a la población y generar mecanismos para su participación en la implementación de los ODS, se pueden diseñar procesos transformadores: en Jamaica se incentivaron espacios de participación para adoptar la Agenda 2030 a nivel local; en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas participan más de 8000 entidades empresariales y más de 4000 ONG para difundir innovaciones y nuevas tecnologías; en Honduras se rastrea a las personas que utilizan dispositivos móviles para georreferenciar sus necesidades y vincularlas a iniciativas gubernamentales; y la iniciativa Concausa (México), que lanzó en 2016 el primer concurso juvenil para conocer propuestas dirigidas a erradicar la pobreza infantil de la región (Cepal, 2019). De igual forma, en países como Pakistán, India, Nepal y Bangladesh, la participación de la sociedad permitió que se reconociera el transgénero como un tercer género; en países de Europa del Este y Asia Central se diseñó una red jurídica de escala regional para el VIH (PNUD, 2016a); en alianza entre China y Corea, se creó el Programa de Estrategia para el Mar Amarillo, para la gestión de la pesca basada en ecosistemas, y que involucra inherentemente la participación de la sociedad civil (PNUD, 2016a); el Programa de Productos Básicos Verdes del PNUD, que trabaja con gobiernos, sector privado y pequeños agricultores para generar redes que promuevan la producción y comercio sostenible (PNUD, 2016c); y en Colombia, se creó la Iniciativa Sostenible, Innovadora y Multiactor, que busca un acercamiento con la sociedad para desarrollar procesos de corresponsabilidad de la Agenda 2030 a través de su territorialización (DNP, 2020), entre otras. Las experiencias han demostrado que la sociedad civil es un actor que genera valor agregado, pues sus alternativas son más adecuadas a las necesidades de las comunidades y, por tanto, permiten garantizar de una manera más realista el éxito en la implementación de los ODS (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2019). Ejemplo de lo anterior son las diversas iniciativas que se han generado en el ámbito global y que comprueban que cuando la sociedad se involucra de manera participativa, se apropia de los ODS, genera redes e instancias para su implementación, y desarrolla acciones más efectivas en el marco de los objetivos de la Agenda 2030. Existen diversos retos para la implementación de los ODS debido al inmenso vacío normativo respecto a la gobernanza de las políticas públicas, y al poco o nulo involucramiento de los representantes de la sociedad en las estructuras estatales en América Latina; región en la cual la sociedad civil y el sector privado tienen presencia en menos de un tercio de las estructuras (Surasky, 2020). Por esta razón, la participación de todos los actores requiere de una nueva gama de mecanismos de inclusión, procesos de gobernanza y marcos comunes de 255 acción (BID, 2020), pues más del 70 % de los indicadores de la Agenda 2030 dependen de una fuerte intervención social para ser alcanzarlos a 2030, por lo que los enfoques de participación ciudadana basada en lecciones aprendidas y locales y en la creación de espacios óptimos para la gobernanza son imprescindibles para su implementación de una manera adecuada, efectiva y apropiada. De esta manera, la sociedad en su conjunto se convierte en un agente transformador a través de la implementación de acciones con alcance nacional, y no solo se involucran sus agentes como sujetos de derechos, sino también como responsables de deberes, los cuales constituyen la principal clave para la implementación de los ODS: condición necesaria para una sociedad activa, involucrada en los asuntos y prioridades nacionales, generadora de datos e información y movilizadora de más actores, mediante redes y espacios de coordinación. Sostenibilidad es más gobernanza Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Los modelos horizontales de gobernanza, en contraste con los modelos de gobernabilidad construidos sobre lógicas verticales de jerarquización y segmentación de los sujetos de la política, buscan generar múltiples encuentros y articulaciones entre los actores, los cuales se asocian no solamente en función de los resultados, sino también con el fin de instalar capacidades que los consoliden como agentes activos de las soluciones. En este sentido, el marco de gobernabilidad se consolida como la capacidad de las instituciones públicas de responder a las demandas sociales, estableciendo sistemas de reglas y procedimientos que permitan la interrelación de los diferentes actores sociales para producir decisiones en el marco de un sistema estable y predecible de legitimidad, estabilidad, eficacia y eficiencia, haciendo más profunda la democracia. Y la gobernanza, por su parte, se entiende como la dinámica de movilización y compromiso de todos los actores, en los cauces establecidos por la gobernabilidad, para aportar en la solución colectiva de problemáticas. Como sociedades en búsqueda de sostenibilidad, lo primero que las naciones latinoamericanas deben entender es que las acciones del Estado no pueden resolver de manera definitiva las profundas problemáticas sociales y ambientales que las debilitan, pero sí puede consolidar marcos democráticos de participación efectiva, que promuevan la gobernanza como la capacidad de la sociedad en su conjunto para encontrar salidas más justas y equitativas ante los diferentes retos. De esta manera, el maltrecho modelo democrático puede ser fortalecido, abandonando el enfoque paternalista de un Estado que provee soluciones a sujetos dependientes, para adoptar otra perspectiva en la cual las instituciones inician y facilitan procesos de cambio, y son mediadoras entre los actores sociales que 256 Capítulo 17 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas buscan en conjunto salidas sostenibles en el marco de un sistema balanceado de participación, debate y decisión sobre acciones y recursos públicos. Las soluciones de los problemas de nuestro tiempo requieren de más comprometidos y menos responsables: así lo ha entendido el sistema multilateral que fomenta instituciones promotoras y facilitadoras de procesos que se materializan en esquemas sensibles a los contextos específicos de cada región y país. En este sentido, el sistema de Naciones Unidas trabaja de la mano de instituciones públicas nacionales, pero también de entidades de la sociedad civil, para generar estructuras de respuestas múltiples a cada reto, aunque algunas veces desarticuladas. Por eso nuestros esfuerzos deben ser cada vez más diversos pero interrelacionados para ampliar los impactos y así llegar, todos al mismo tiempo, a la gobernanza democrática, la justicia, la equidad y la paz que para 2030 plantean los ODS. Referencias Ayuso, A. (2017). Participación y rendición de cuentas en la localización de la Agenda 2030. Barcelona Centre for International Affairs. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). DEO: Panorama de efectividad en el desarrollo 2020. Banco Interamericano de Desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2019). Informe de Avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2020). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: Escenarios y proyecciones en la presente crisis. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2021a). Informe anual de avance a la implementación de los ODS en Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2021b, 26 de marzo). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.ods.gov.co/static/downloads/SDG_ CT_General.pdf Leifsen, E., Gustafsson, M., Guzmán-Gallegos, M. y Schilling-Vacaflor A. (2017). New mechanisms of participation in extractive governance: Between technologies of governance and resistance work. Third World Quarterly, 38(5), 10431057. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1 302329 Fundación Corona, Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016). Estudio línea 257 Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible base en las ciudades colombianas. Fundación Corona y Red de Ciudades Cómo Vamos. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2019). Agenda ODS para el municipio de La Paz. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. (2019). Evento Paralelo - Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Voz y rol de la sociedad civil en la Agenda 2030 (pp. 1-4). Foro de los Países de América Latinal y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Santiago de Chile. Disponible en: https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/ programa/voz-rol-la-sociedad-civil-la-agenda-2030.html May, P. J. (2003). Policy design and implementation. En B. Peters y J. Pierre (eds.), Handbook of Public Administration (pp. 223-233). Sage. Mesa, M. (2018). El ODS 16 sobre paz y seguridad: Desafíos conceptuales, seguimiento y evaluación. En F. Zaragoza, M. Mesa, J. Sanahuja, F. Verdes-Montenegro, D. Bondía, A. Serbin, J. Morales, X. Ríos, F. Rojas, R. Meneses, I. Barreñada y A. Castel (eds.), Derechos humanos y seguridad internacional: Amenazas e involución (pp. 29-62). Fundación Cultura de Paz. Nava, Z. V. (2017). Gobernanza global y (su propio) desarrollo. Revista de Relaciones Internacionales de la Unam, (127), 135-149. Naser, A., Williner, A. y Sandoval, C. (2021). Participación ciudadana en los asuntos públicos: Un elemento estratégico para la Agenda 2030 y el gobierno abierto. Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/184), Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. Proyecto de resolución presentado por el presidente de la Asamblea General, A/69/L.85, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 12 de agosto de 2015. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2012). El futuro que queremos: El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Río+20. Naciones Unidas. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/764Future-We-Want-SPANISH-for-Web.pdf Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2018). Metodología para la integración de la Agenda 2030 en la planificación nacional mediante la identificación de eslabones y nodos críticos. Ejemplo de caso: Guatemala. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pérez, M. E. (2019). La participación ciudadana de los movimientos socioambientales en América Latina. Rev. Colomb. Soc., 42(1), 135-156. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016a). Apoyo del PNUD a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Reducir 258 Capítulo 17 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobernanza de las políticas públicas la desigualdad en y entre los países. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016b). Apoyo del PNUD a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Gobernanza de los océanos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016c). Apoyo del PNUD a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Senado de la República de Colombia. (2020, 3 de septiembre). En audiencia pública, sobre ratificación del Acuerdo de Escazú, se escuchó a gobierno, gremios académicos, indígenas y ambientalistas. Surasky, J. (2020). Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: Instituciones y mecanismos para la implementación y el seguimiento de los ODS. CEPEI. Vásquez Menely, S. I. (2020). Capacidades de evaluación en los gobiernos locales para la implementación de Agenda 2030. Tres experiencias de medición en México. Cuadernos de Claeh. 259 Los autores Fabián Leonardo Berrío Pallares Sociólogo y especialista en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses de investigación se encaminan a temas de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, teoría queer, sociología política y movimientos sociales. Correo electrónico: [email protected] Jorge Iván Bula Escobar Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Cuenta con más de 30 años como profesor de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Nacional de Colombia donde ha trabajado como vicerrector general, director de la Oficina Nacional de Planeación, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). Economista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Desarrollo Económico de la University of Manchester, magíster y doctor en Sociología de la Université Catholique de Louvain. Correo electrónico: [email protected] Natalia Andrea Cano Londoño Ingeniera Biológica, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, Ph. D en Ingeniería. Profesora asociada del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Directora del grupo de investigación Política, Legislación y Gestión Ambiental (POLYGESTA). ORCID: https://orcid.org/000-0002-6476-7193. Correo electrónico: [email protected] Daniela Cañas Valencia Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] 261 Germán Albeiro Castaño Duque Profesor de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Director del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Director del Grupo de Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación. Investigador principal del proyecto “Fortalecimiento Docente desde la Alfabetización Mediática Informacional y la CTeI, como estrategia didáctico-pedagógico y soporte para la recuperación de la confianza del tejido social afectado del conflicto” del Programa Colombia Científica. Correo electrónico: [email protected] Mercedes Castillo de Herrera Economista, magíster y doctora en Urbanismo con estudios de Filosofía. Actualmente coordinadora de la Especialización y la Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas de la DUAD de la Universidad Santo Tomás y docente invitada de la Maestría en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia. Autora o coautora en más de cuarenta libros y publicaciones. Consultora para entidades gubernamentales y privadas en temas de ordenamiento territorial y de conservación patrimonial. Correo electrónico: [email protected] Juan Pablo Centeno Cachopo Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Investigador sobre políticas públicas de ciencia y tecnología, en el Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública (OPERA, A1) de la Universidad Externado de Colombia. Consultor en Technopolis Group para América Latina y Reino Unido. Correo electrónico: [email protected] Liliana Alejandra Chicaíza Becerra Administradora de Empresas y doctora en Economía y Gestión de la Salud. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] Andrés Felipe Cuartas Estudiante de Ingeniería Ambiental. Correo electrónico: [email protected] 262 Los autores Dahiana Delgado Vargas Candidata a Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Representante ante Consejo de Sede (2018), vocera nacional en la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) (2018). Correo electrónico: [email protected] Paulina Duque López Estudiante de Ingeniería Ambiental. Correo electrónico: [email protected] Mauricio Gómez-Villegas Contador Público, magíster en Administración, magíster en Contabilidad, Control de Gestión y Auditoría y doctor en Contabilidad. Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga temas orientados a los campos de contabilidad social y ambiental, contabilidad y gestión gubernamental y contabilidad crítica. Ha sido Subcontador General de la Nación y Dirección de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Historiador, magíster en Comunicacipon y Medios y Ph. D. Cum Laude en medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente-investigador en geopolítica, política comparada, comunicación política y conflicto. Líder del grupo de investigación “Comunicación, educación, TIC y conflictos contemporáneos”; cofundador de la Revista Legislación y Prospectiva; cofundador del Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-18315807. Correo electrónico: [email protected] Jennifer Tatiana Jiménez Forero Contadora Pública, administradora de empresas y magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] 263 Iván Alberto Lizarazo Salcedo Ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, magíster en GIScience y Ph. D. en Geografía de la University of London. Profesor asociado en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. Investigador Senior (Colciencias). Investigador principal de la Red Académica Internacional “SDG nexus Network” que realiza investigación orientada a la promoción de la sostenibilidad. Director del grupo de investigación Análisis Espacial del Territorio y del Cambio Global (AET-CG). Correo electrónico: e-mail:[email protected] Angela María Londoño Motta Ph. D. en Agroecología. Docente asociada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Correo electrónico: [email protected] Marco Antonio Londoño Zuluaga Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia de Proyectos y magíster en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. Integrante del Centro de Altos Estudios Legislativos (CAEL) del Congreso de la República. Integrante de la Comisión de Sabios por Caldas. Integrante del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Alcalde de Supía, Caldas (2020-2023). Correo electrónico: [email protected] Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Mauricio López González Director ejecutivo de la Red Pacto Global Colombia. Alejandro López Toro Arquitecto constructor de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] Nicolás Fernando Molina Sáenz Filósofo de la Universidad de Antioquia, especialista en Gobierno y Cultura Política de la misma Universidad. Doctor del Programa Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada (España). Pasantía postdoctoral “La 264 Los autores Responsabilidad social de las organizaciones sociales”. Docente e investigador en la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín). Conferencista y asesor en los temas de desarrollo sostenible, sostenibilidad corporativa y generación de valor compartido. Correo electrónico: [email protected] Juanita Montoya Galvis Arquitecta de la Universidad de los Andes, magister en Arquitectura del Politécnico de Turín (Italia) y Ph. D. en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Bío-Bío (Chile). Profesora asociada de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y Coordinadora Académica de la Maestría en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Investigadora en sustentabilidad urbana e informalidad y gerente de proyectos de gran escala. Correo electrónico: [email protected] Milena Montoya Serrano Economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora, gerente y asesora en gestión de proyectos de desarrollo y evaluación de políticas públicas. Correo electrónico: [email protected] Zahira Moreno Freites Doctora en Gestión y Administración de Empresas de la Universidad de Valencia (España). Docente-investigadora y miembro del grupo de investigación Innovar del Caribe de la Escuela de Negocios Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia). Investigadora Senior (Colciencias). ORCID: https://orcid.org/00000002-8470-4368. Correo electrónico: [email protected] Luisa Fernanda Niño-Lancheros Economista, especialista en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] 265 Álvaro Parrado Barbosa Ingeniero Agrónomo, magíster en Ciencias Agrarias y Doctor en Desarrollo Humano y Sustentable. Profesor del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Correo electrónico: [email protected] Alejandro Peláez Arango Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Estudiante de la maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, investigador del GTA Cultura de la Calidad en la Educación. Integrante Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Correo electrónico: [email protected] Giovanni Pérez Ortega Doctor en Gerencia. Profesor asociado en Dedicación Exclusiva del Departamento de Ingeniería de la Organización, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1090-9926. Correo electrónico: [email protected] Erika Pinto Beltrán Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Economista y magíster en Ciencias Económicas. Gerente y coordinador de organizaciones de producción y comercialización de derivados de recursos genéticos y de empresas de consultoría. Investigadora en temas de acceso a recursos genéticos. Correo electrónico: [email protected] Álvaro Clemente Quijano Angarita Estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Bioestadística de la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). Becario de Fulbright - Pasaporte a la Ciencia. Correo electrónico: [email protected] Carlos Mario Ramírez Guapacha Investigador del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Investigador del Grupo de Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación. Co-investigador principal del proyecto “Fortalecimiento Docente desde la Alfabetiza- 266 Los autores ción Mediática Informacional y la CTeI, como estrategia didáctico-pedagógico y soporte para la recuperación de la confianza del tejido social afectado del conflicto” del Programa Colombia Científica. Correo electrónico: [email protected] Néstor Fernando Romero Villada Licenciado en Pedagogía Reeducativa de la Universidad Católica Luis Amigó, especialista en Estudios sobre la Juventud de la Universidad de Antioquia, magíster en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local de la Universidad EAFIT. Correo electrónico: nestorromero7@gmail. Sergio Andrés Tobón Ospina Economista de la Universidad de Antioquia y magíster en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Director de Desarrollo Territorial de la Fundación ProAntioquia (2017-2022). Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín. Consultor experto en temas de desarrollo territorial, sostenibilidad y modelo de gestión y relacionamiento. Correo electrónico: [email protected] María Adelaida Torres Ingeniera administradora, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, estudiante de doctorado en Ingeniería Recursos Hidráulicos. Correo electrónico: [email protected] Beatriz Piedad Urdinola Contreras Profesora asociada del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Demógrafa con énfasis en trabajos cuantitativos aplicados y especializada en América Latina. Correo electrónico: [email protected] Nathalia Valderrama Bohórquez Investigadora visitante de la Escuela de Humanidades y Desarrollo (COHD) de la Universidad Agrícola de China (CAU). Doctora en Desarrollo Rural de la Universidad Federal del Rio Grande del Sul (UFRGS). Correo electrónico: [email protected] 267 Carlos Alberto Zarate Yepes Abogado, economista agrícola, especialista en Derecho Minero y Ambiental. Magíster en Derecho Procesal y Ph. D. en Derecho. Correo electrónico: [email protected] Álvaro Zerda Sarmiento Administrador de Empresas y doctor en Economía. Profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador en temas de desarrollo económico como industria y tecnología, derechos de propiedad intelectual, conocimiento tradicional. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en estos temas y actualmente es director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected] Gertrudis Ziritt Trejo Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible Doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (UBV). Docente-investigadora y miembro del grupo de investigación Innovar del Caribe de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia). Investigadora Senior (Colciencias). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5240-4080. Correo electrónico: [email protected] [email protected] 268 Este libro forma parte de la Colección Escuela de Pensamiento. Se terminó de editar en mayo de 2023 en la Editorial Universidad Nacional de Colombia. El programa Escuela de Pensamiento, es una estrategia académica de la Universidad Nacional de Colombia de articulación con la sociedad para incidir de manera constructiva en la agenda pública, contribuyendo a la construcción de la nación desde sus capacidades de formación, investigación y extensión, fomentando alianzas y espacios de discusión y convergencia de todos los actores de la sociedad y el Estado involucrados en las problemáticas sociales, para formular propuestas de política pública concretas y basadas en evidencia. OTROS TITULOS DE LA COLECCIÓN Academia y política pública Editores académicos: André-Noël Roth Deubel y Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez Reflexiones y experiencias en educación superior y sustentabilidad: avanzando hacia una educación superior para la sustentabilidad Editores: José Ismael Peña Reyes, Hernán Gustavo Cortés Mora y Andrés Ricardo Beira Combariza Reformas pensionales: superar las brechas del sistema dual Editor: Hernando Torres Corredor Coordinadora académica: Diana del Pilar Colorado Acevedo La desigualdad debilita la cohesión social y la confianza de la población en los gobiernos, las instituciones y sus congéneres, y genera un mundo de profundos contrastes que, en las últimas décadas, ha retrocedido cien años en materia de distribución de la riqueza. En este contexto, la comunidad internacional plantea en 2015 los ods como una agenda universal de lucha contra la desigualdad, y la consolidación de sociedades pacíficas e inclusivas basadas en la sostenibilidad económica y ambiental, con un reconocimiento explícito de la acción colectiva internacional como única forma para alcanzarla. Así, la Universidad Nacional de Colombia, como actor de la Agenda 2030, promueve el principio de integralidad recogiendo, en esta obra, análisis sectoriales e iniciativas territoriales que han contribuido a la implementación de los ods en Colombia.