Criminal law and Criminology

The article analyzes the judgment no. 10112012 passed by theSpanish Supreme Court. This judgment acquits the judge BaltasarGarzón from the charge of misuse of power ("prevaricación ") with re-gard to the decision of 16th October 2008 in the case dealing with thecrimes committed during the Civil War and the Francoist regime. Alt-hough it ends by acquitting the defendant, the Court refutes the argu-ments provided for by the judge, thus showing an original positionagainst the international mainstream. This article focuses onto twopoints which especially show this originality: on the one hand, the useof the criminal proceeding in order to seek the truth about the crimesbut without the possibility to come to a conviction. On the other hand,it deals with the problems caused by the qualification of the facts as in-ternational crimes and/or permanent crimes, which is applied in orderto derogate the statutory limitations, the principle of non-retroactivityand the Amnesty Law. As to the first point, the Supreme Court tries torecover the role and purposes of the judge and of criminal trial, as op-posed to their progressive expansion towards the field of history. As lothe second one, ir reasserts the need for complying with the principle oflegality and non- retroactivity of the penal law, as well as the importancenot to use juridical fictions, even though it means declaring the ex-tinction of the criminal liability because of statutory limitations or be-cause of amnesty provisions.

El artículo analiza la sentencia con la
que la Corte Suprema peruana ha condenado al
antiguo Presidente Alberto Fujimori a veinticinco
años de reclusión por algunos de los crímenes
masivos cometidos bajo su mandato. Entre los
muchos aspectos interesantes de esta sentencia, este
trabajo se detiene en examinar las figuras aplicadas
para tipificar los hechos que constituyen objeto del
juicio y, sobre todo, en la calificación de Fujimori
como “autor mediato por dominio de la voluntad en
aparatos de poder organizados”, en aplicación de la
conocida teoría elaborada por Roxin. Ambos
aspectos destacan por la aplicación de categorías del
derecho penal nacional a una manifestación criminal
que, debido a su naturaleza masiva y sistemática,
puede entrañar un crimen internacional, y demuestran
por ende las potencialidades de los instrumentos
ya existentes y del método comparado para arraigar
en sólidas bases dogmáticas las innovaciones
impuestas por las exigencias de la realidad y por la
especificidad de los crímenes internacionales. La
sentencia de la Corte Suprema peruana, recuperando
y readaptando categorías del derecho penal nacional
en el marco de una compleja interacción entre
fuentes y niveles normativos distintos, demuestra
que es posible, gracias a un esfuerzo conjunto
judicial y doctrinal, garantizar una respuesta sancionatoria
adecuada a los crímenes internacionales en el
respeto de los principios que fundamentan el Estado
constitucional de derecho.

El continente latinoamericano tiene el aspecto de un “gigante con
los pies de barro”. Los regímenes democráticos que han venido creándose
después del ocaso de las dictaduras a partir de los años ’80 no logran
afianzarse y están constantemente puestos a prueba por un conjunto de
problemas económicos, de criminalidad, seguridad y gobernabilidad. A
todo ello se añade la dificultad en pasar página respecto a su pasado: los
procesos de transición democrática vividos por estos Países han tenido
que enfrentarse con el problema de cómo gestionar y superar el legado de
los crímenes cometidos por los antiguos regímenes en el marco de la
represión de los movimientos insurgentes y terroristas.
El carácter masivo y sistemático que adquirieron esos crímenes
así como el hecho de que a cometerlos contribuyo una entera y compleja
maquinaria represiva estatal dificultan más aun su superación:
efectivamente, pese a tratarse de hechos pasados1, hay que reconocer que
no están superados. Los Estados tienen entonces la difícil tarea de
combinar una respuesta adecuada a los crímenes pasados, que satisfaga
las pretensiones de verdad, reparación y castigo, con la reconciliación
nacional y el afianzamiento de la convivencia social. El problema es muy
complejo y cobra una verdadera relevancia constituyente en la
construcción de las nuevas democracias (LOLLINI, 2011): por ello los
mecanismos para enfrentar y superar el legado de esos crímenesPaíses del continente, además de un objeto permanente de debate público,
en consideración de su especial relevancia en el proceso de
reestructuración de una identidad ciudadana.
En el marco de los crímenes de Estado cometidos por las pasadas
dictaduras cobra especial relevancia la figura de la desaparición forzada
de personas, respecto de la cual los Países latinoamericanos gozan – por
así decirlo – de una doble primacía. Por un lado, la desaparición forzada
como fenómeno histórico se ha manifestado con especial difusión en esta
área geográfica, donde ha sido adoptada como estrategia de lucha para la
represión de los movimientos subversivos.
Por otra parte, al considerar la desaparición forzada como
concepto jurídico-penal, los Estados latinoamericanos también han
desempeñado un papel relevante en la emersión y definición de esta
figura. Justamente sobre esta segunda vertiente pretende fijar la atención
la presente comunicación: las legislaciones y la jurisprudencia de los
Países latinoamericanos nos van a servir como papel de tornasol de los
muchos aspectos problemáticos que el delito de desaparición forzada de
personas plantea y de la necesidad de repensar y armonizar su definición.
El interés suscitado por estas cuestiones trasciende además las
fronteras de este continente, al ofrecer reflexiones y sugerencias
aplicables a fenómenos criminales análogos cometidos en otras partes del
mundo.

Recently, the idea that criminal sanctions should be seen as an essential mechanism within transitional justice for dealing with collective violence has gained increasing traction. The article focuses on the purposes of criminal law and punishment, and what they can achieve in relation to victims and society in transitional contexts. As to victims, it proposes a reorientation of the victim-oriented theories of punishment towards consequentalism and the adoption of a wider concept of justice. As to society, it argues that in transitional contexts the main purpose is positive general prevention. Under both perspectives, the conclusion is that victims’ interests should be weighed up against other social aims and that a flexible approach to the prosecution and/or punishment of offenders should be permitted, in the search for the best optimum means possible to guarantee the ultimate aim of the maintenance of social order.

Many domestic courts, when prosecuting atrocities committed in their dictatorial or warring past, have been facing a real dilemma: whether to classify the facts as ordinary crimes, foreseen by the domestic legislation prior to the facts and therefore consistent with the principles of legality and non-retroactivity, or as international crimes, which do not grant the same compatibility but allow to overcome the obstacles to prosecution imposed by statutory limitations and amnesties. The paper focuses on an interpretative method developed by several Latin American tribunals to overcome this impasse, by means of a combined application of the two criminal categories. Although this ‘dual classification of facts’ apparently solves the dilemma, it is flawed from both a methodological and substantive perspective. After scrutinising these problematic issues, the paper analyses some alternative interpretative proposals that may also allow to avoid impunity, but without impinging on fundamental principles of modern criminal law systems.

The peace process between the Colombian Government and the FARC-EP is extremely interesting for Transitional Justice. The Final Agreement signed between the parties in La Habana, as it has been revised after its rejection in the referendum of 2nd October and as it has been confirmed by the Colombian Parliament, as well as the instruments and reforms previously passed in the realm of the peace process, envisage a set of novel transitional mechanisms. They are inserted in an ambitious holistic project that combines different objectives and complementary measures. This article analyses the most relevant aspects of this project, by comparing them with transitional experiences from other countries. This comparison points out that the Colombian transitional program gathers many lessons learned by other Transitional Justice experiences, but it also sets new trends that may serve as a model for the future development of this area.

La responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani tra diritto penale interno e internazionale Considerazioni a partire dal caso Fujimori E M Grazie a Salvador Herencia per avermi fornito dati preziosi sul processo Fujimori e sul sistema peruviano, e Matteo Costi, Gabriele Fornasari, Emanuela Fronza e Alicia Gil per la revisione ed i suggerimenti.

Esta contribución analiza la compatibilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prevista en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, con la obligación internacional de persecución y castigo de crímenes internacionales y graves violaciones de los derechos humanos. En primer lugar se describe el contenido de esta obligación y la existencia de dos interpretaciones opuestas del mismo, haciendo especial hincapié en las posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional al respecto. Posteriormente, a partir de una interpretación flexible de esta obligación internacional, se analizan tres elementos especialmente debatidos de la JEP, a saber, la concesión de amnistías por delitos políticos y conexos, las sanciones propias y alternativas y la política de selección y priorización de casos. Se pretende mostrar que todos estos mecanismos no vulneran el deber de persecución y castigo y que, al revés, son instrumentos necesarios y valiosos para la consecución de la paz.
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This article analyses the consistency of the Special Jurisdiction for Peace (SJP), envisaged in the Peace Agreement that was signed by the Colombian Government and the FAARC-EP with the international duty to prosecute and punish those responsible for international crimes and gross human rights violations. Firstly, it describes the content of this duty and the existence of two opposed interpretations of it. Special attention is paid to the position of the Inter-American Court of Human Rights and of the International Criminal Court regarding this point. Secondly, with a flexible interpretation of the international duty as a starting point, the article analyses three elements that are especially critical in the SJP, that is, the amnesty for political crimes and related offences, the “own sanctions” and “alternative sanctions” and the policy for the selection of cases and definition of priorities. The aim is to demonstrate that all these mechanisms do not infringe the duty to prosecute and punish and that, on the contrary, they are necessary and valuable tools for achieving peace.

Cutaneous malignant melanoma is a heterogeneous disease, being the consequence of specific genetic alterations along several molecular pathways. Despite the increased knowledge about the biology and pathogenesis of melanoma, the incidence has grown markedly worldwide, making it extremely important to develop preventive measures. The beneficial role of correct nutrition and of some natural dietary compounds in preventing malignant melanoma has been widely demonstrated. This led to numerous studies investigating the role of several dietary attitudes, patterns, and supplements in the prevention of melanoma, and ongoing research investigates their impact in the clinical management and outcomes of patients diagnosed with the disease. This article is an overview of recent scientific advances regarding specific dietary compounds and their impact on melanoma development and treatment.

Esta contribución analiza las tensiones que genera la obligación internacional de persecución y castigo de crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos en los contextos de transición. Tras una descripción de las fuentes, del contenido y del alcance de esa obligación, destacando sobre todo su actual indefinición y falta de uniformidad, se pasa a analizar su impacto, por un lado y brevemente, en el concepto de Derecho penal y, por otro lado y sobre todo, en los escenarios transicionales. Se defiende la necesidad de adoptar, en estos contextos extraordinarios en la vida de una sociedad, una interpretación flexible de ese deber, por ser la que mejor se adapta a las exigencias específicas que plantean tanto la criminalidad masiva como los procesos de transición y, además, la que mejor se condice con los fines que el proceso penal y la pena pretenden alcanzar en esos escenarios. Partiendo de esta perspectiva, se proponen unas líneas guías para garantizar y fundamentar la compatibilidad con el deber internacional de persecución y castigo de mecanismos de justicia de transición (como las amnistías, los indultos, los criterios de selección y priorización de casos, etc.) que suponen una limitación en el ejercicio de la acción penal (en una de sus fases o en todas ellas) pero que, a la vez, pueden constituir herramientas esenciales para los procesos de transición.
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This article analyses the tensions created by the international duty to prosecute and punish international crimes and gross human rights violations in transitional contexts. The contribution firstly describes the sources, content and scope of this duty, by pointing out its current lack of definition and uniformity. Secondly, it analyses its impact both on the concept of Criminal Law and, especially, on transitional processes. It is argued that these extraordinary contexts call for a flexible interpretation of this duty, in order to better comply with the specific need of both massive criminality and transitional processes. Additionally, a flexible interpretation is the one that better fits in the goals of the criminal trial and the punishment within these scenarios. From this perspective, the article suggests some guidelines to grant and ground the compatibility between the duty to prosecute and punish and some transitional mechanisms (such as amnesties, pardons, selection and priority criteria, and so on) that imply a limitation in the application of Criminal Law (at one of its stages or all of them) but that can also become essential tools for transitional processes.

Esta contribución pretende ser una reflexión sobre la transformación de los fines
que tanto la pena como el proceso penal experimentan en los contextos transicionales.
El fin que mantiene validez ante lo extraordinario de la violencia colectiva y
de los contextos transicionales es la prevención positiva integradora o función comunicativa,
combinada con un fundamento retributivo. Según esta visión, la persecución
y el castigo penal, al expresar el reproche de la sociedad ante los delitos
cometidos, reafirman las normas penales y los valores jurídicos, restaurando a la
vez la confianza pública en los mismos. Esta función la cumplen tanto el proceso
penal como, de manera limitada, la pena y su ejecución, pero la eliminación de
estos últimos dos momentos no afecta la eficacia del mensaje enviado por el proceso
penal y la declaración de responsabilidad. La posibilidad, en los contextos de
transición, de explorar limitaciones o modificaciones en la intervención penal, en
la imposición de condena y/o en su ejecución se justifica con base en factores de
la realidad que, de no ser debidamente considerados, podrían producir el efecto
paradójico de convertir el Derecho penal en un obstáculo, y no en un instrumento,
para el mantenimiento del control social y la protección de los bienes jurídicos, en
la medida en que dificulta la consolidación de la paz y termina por desestabilizar el
ordenamiento que, en su conjunto, se encarga de esa protección.
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This contribution analyses the transformation of the goals which both criminal trial
and punishment go through in transitional contexts. The rationale that is still
valid when facing extraordinary collective violence and the transitional contexts is
the communicative function, combined with a retributive foundation. Accordingly,
criminal prosecution and punishment, by expressing the blame of society, reaffirm
the criminal norms and the legal values and restore public confidence. This function
is performed by both the criminal trial and, in a more limited manner, the imposition
of sentence and its execution, although the elimination of the latter does
not impinge the efficacy of the message sent by the trial and the judgment. The
possibility, in transitional contexts, to provide for limitations or changes in prosecuting,
sentencing or executing the penalty is legitimated by practical considerations.
If these were not taken into due account, they might paradoxically turn Criminal
law into an obstacle, and not a tool anymore, for the maintenance of social control
and the protection of legal interests, by hindering the consolidation of peace and
destabilizing the legal order, which, as a whole, is in charge of that protection.

El delito de genocidio es el que cuenta con el reconocimiento y la condena quizás más universales, pues, además de ser objeto de una prohibición de ius cogens, está previsto prácticamente por todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Pero esto no significa que no haya diferencias en cuanto a su regulación legislativa y a su interpretación y aplicación jurisprudencial, ni que su definición y estructura típica sean las más satisfactorias. El mundo iberoamericano nos ofrece un buen ejemplo de estas discrepancias, así como una oportunidad para reflexionar sobre la adecuación y los límites de la norma internacional que prohíbe este delito tan execrable. La jurisprudencia de este ámbito geográfico es especialmente interesante no solamente por la cantidad de pronunciamientos relevantes al respecto, sino también por los argumentos y criterios que se han desarrollado para determinar la aplicación de esta figura delictiva. Este capítulo analizará, en primer lugar, las especificidades introducidas por los legisladores nacionales, en ámbito iberoamericano, a la hora de tipificar el delito de genocidio en sus ordenamientos, así como el papel desempeñado, en ocasiones, por los tribunales constitucionales para confirmar o, al revés, corregir esas disposiciones. De estos ejemplos se podrá derivar el criterio para determinar la admisibilidad de diferencias entre la legislación nacional y la norma internacional, según el cual la primera puede ampliar, pero no reducir, el alcance de protección ofrecido por la segunda. En la siguiente sección, se analizarán algunas interpretaciones que los jueces con competencia penal, principalmente en Argentina y España, han propuesto de las disposiciones normativas sobre genocidio, y particularmente de la definición de los grupos protegidos, para determinar la posible aplicación de esta figura delictiva. Al respecto, se evidencia una tendencia a interpretar de manera amplia el concepto de grupo nacional para fundamentar la calificación como genocidio de situaciones fácticas que de por sí difícilmente encajan en esa categoría. Aunque la función de esta calificación sea meramente declarativa, cabe cuestionarse acerca de su fundamento y compatibilidad con las técnicas interpretativas aceptadas en Derecho penal y con los principios y garantías que conforman esta área jurídica. Efectivamente, se dará cuenta de una línea jurisprudencial opuesta, que niega la aplicabilidad de la figura del genocidio en estos casos, y propone, como alternativa, subsumir los hechos en la categoría de los crímenes contra la humanidad. La regulación legislativa y la aplicación jurisprudencial del delito de genocidio en este ámbito geográfico llevan a reflexionar sobre la limitación del alcance de la protección que la norma correspondiente ofrece a determinadas categorías de grupos humanos, evidenciando las dificultades para su determinación y, quizás, su inaptitud para reflejar la compleja variedad de este fenómeno criminal.

con la unED. Investigadora invitada en el Instituto universitario Gutiérrez Mellado La segunda edición del «Tratado de derecho penal internacional» de WERLE ha visto finalmente la luz en traducción española. El manual del conocido jurista alemán, originalmente publicado en alemán y luego también en inglés, italiano y chino, ya había sido traducido al español, en su primera edición, en 2005. No tiene que extrañar el hecho de que tan sólo seis años después de la anterior edición (española) haya surgido la necesidad de actualizarla, pues en ese plazo el derecho penal internacional ha conocido un desarrollo vertiginoso. Ello es debido, por una parte, a que se trata de una materia «joven», que todavía no cuenta con un corpus normativo, jurisprudencial y doctrinal consolidado y con principios plenamente asentados. Desde 2005 la Corte Penal Internacional, que en ese momento apenas había empezado su labor, ha producido bastante jurisprudencia interesante, tomando decisiones sobre asuntos importantes tales como la participación de las víctimas en el procedimiento, el umbral míni

Históricamente, en las situaciones de posconflicto se han ofrecido soluciones diferentes para enfrentarse al legado de los crímenes del pasado, en función de la coyuntura política y social del momento. Sin embargo, la construcción teórica que parece predominante en la época actual tiende a otorgar a la justicia penal un protagonismo absoluto en estos contextos. Este artículo propone un análisis, que suele obviarse, de los fines y las posibilidades concretas de este instrumento en relación con las víctimas y con la sociedad. Nuestra tesis es que, debido a la excepcionalidad de estas situaciones, son necesarios un ejercicio de ponderación entre todos los intereses y objetivos en juego y la flexibilización de la aplicación de la justicia penal, en búsqueda de la mejor combinación posible para garantizar el objetivo último de mantenimiento del orden social y de una convivencia pacífica entre los individuos que componen una sociedad.
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In post-conflict situations, different solutions have been offered to confront the legacy of past crimes, depending on the political and social situations of the moment. However, the theoretical construction that seems prevalent today tends to give criminal justice absolute prominence in these contexts. This article proposes an analysis, which is often overlooked, of the specific purposes and possibilities of this instrument in relation to victims and society. Our thesis is that, due to the  exceptionality of these situations, an exercise in weighting between all the interests and objectives at stake and the flexibility of the application of criminal justice are
necessary, in search of the best possible combination for ensure the ultimate objective of maintaining the social order and peaceful coexistence between the individuals who make up a society.

Truth-finding trials (juicios por la verdad) constitute a novel solution devised by the Argentine judicial system to cope with crimes committed by the past military dictatorship. This mechanism uses criminal courts as well as criminal procedure in order to investigate the truth about the dictatorship's crimes; however, the trials allow judges neither to establish criminal responsibility nor to punish the perpetrators of crimes. This limitation is due to the inability, imposed by the Full Stop and Due Obedience Laws, to prosecute the perpetrators of crimes.
From the perspective of criminal law, truth-finding trials present two problematic features: firstly, their creation and regulation are set by judges, which has caused the development of many non-homogeneous local solutions and, secondly, their hybrid nature, which entails a possible subversion of conventional forms and goals in the context of the criminal trial.
The paper also describes the current situation, since the Argentine impunity laws were declared unconstitutional and criminal proceedings reopened. The new framework provokes questions about the relationship between the reopened criminal trials and the truth-finding investigations, not only with regard to evidentiary issues but also with respect to the reason why the truth-finding investigations are still held.
Finally, the shift from a non-punitive approach to the current full criminal accountability seems to suggest that truth-finding trials were merely a temporary solution, while the notion of the full prosecution and punishment of State crimes was never really set aside.

con la unED. Investigadora invitada en el Instituto universitario Gutiérrez Mellado La segunda edición del «Tratado de derecho penal internacional» de WERLE ha visto finalmente la luz en traducción española. El manual del conocido jurista alemán, originalmente publicado en alemán y luego también en inglés, italiano y chino, ya había sido traducido al español, en su primera edición, en 2005. No tiene que extrañar el hecho de que tan sólo seis años después de la anterior edición (española) haya surgido la necesidad de actualizarla, pues en ese plazo el derecho penal internacional ha conocido un desarrollo vertiginoso. Ello es debido, por una parte, a que se trata de una materia «joven», que todavía no cuenta con un corpus normativo, jurisprudencial y doctrinal consolidado y con principios plenamente asentados. Desde 2005 la Corte Penal Internacional, que en ese momento apenas había empezado su labor, ha producido bastante jurisprudencia interesante, tomando decisiones sobre asuntos importantes tales como la participación de las víctimas en el procedimiento, el umbral míni

con la unED. Investigadora invitada en el Instituto universitario Gutiérrez Mellado La segunda edición del «Tratado de derecho penal internacional» de WERLE ha visto finalmente la luz en traducción española. El manual del conocido jurista alemán, originalmente publicado en alemán y luego también en inglés, italiano y chino, ya había sido traducido al español, en su primera edición, en 2005. No tiene que extrañar el hecho de que tan sólo seis años después de la anterior edición (española) haya surgido la necesidad de actualizarla, pues en ese plazo el derecho penal internacional ha conocido un desarrollo vertiginoso. Ello es debido, por una parte, a que se trata de una materia «joven», que todavía no cuenta con un corpus normativo, jurisprudencial y doctrinal consolidado y con principios plenamente asentados. Desde 2005 la Corte Penal Internacional, que en ese momento apenas había empezado su labor, ha producido bastante jurisprudencia interesante, tomando decisiones sobre asuntos importantes tales como la participación de las víctimas en el procedimiento, el umbral míni

La reciente noticia de la reactivación de encuentros restaurativos entre exmiembros de ETA y víctimas de los delitos cometidos por esa organización (al hilo de la experiencia desarrollada en Nanclares de Oca en 2011, y con muchas similitudes con una experiencia vivida en Italia) ha vuelto a despertar el interés y el debate acerca de la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa a sujetos acusados de, y condenados por, delitos de terrorismo. Mientras que su aplicación en la fase de ejecución de la pena se ha mantenido, hasta ahora, separada de la evolución penitenciaria, sin repercutir positivamente en ella, esta contribución propone considerar la posibilidad de que la participación de los internos en estos encuentros no solamente sea valorada como indicio de su resocialización, sino también que pueda cumplir la condición de “petición de perdón” a las víctimas, que la legislación penitenciaria y la jurisprudencia exigen para que los condenados por estos delitos puedan acceder al tercer grado, a la libertad condicional y a otros beneficios. Recuperar y conceptualizar este mecanismo restaurativo bajo este prisma permitiría superar, al menos en parte, los cortocircuitos a los que está dando lugar la aplicación de estas condiciones especiales para la evolución penitenciaria de los condenados por delitos de terrorismo.

La colección Derecho penal y Criminología publica aquellos trabajos que han superado una evaluación anónima realizada por especialistas en la materia, con arreglo a los estándares usuales en la comunidad académica internacional. Los autores interesados en publicar en esta colección deberán enviar sus manuscritos en documento Word a la dirección de correo electrónico [email protected]. Los da tos personales dei autor deben ser aportados en documento aparte y el manuscrito no debe contener ninguna referencia, directa o indirecta, que permita identificar ai autor. Puede encontrarse más información sobre la colección en la siguiente página web: u.:u.:w. derechopenalycriminologia. es. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares dei «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier media o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.