Investigaciones by Sebastián Soza
Los acuerdos internacionales de reducción de emisiones de CO2 han sido acogidos por los mercados ... more Los acuerdos internacionales de reducción de emisiones de CO2 han sido acogidos por los mercados alrededor del mundo, manifestándose en una inclinación por productos que demuestren una menor Huella de Carbono.
En este contexto, Chile, como país exportador, tiene la tarea de ofrecer productos con bajas emisiones de GEI, con el fin de mantenerse o ingresar a dichos mercados. La industria chilena del vino requiere incorporar medidas que prueben ser eficientes en la reducción de emisiones de GEI.
Es así como la presente Tesis busca determinar si existe una contribución a la reducción de la Huella de Carbono y a la disminución de los costos de producción del Vino Escudo Rojo Tinto de la Viña Barón Philippe De Rothschild, por un conjunto de medidas de mitigación propuestas.
Para tal propósito, se realizó preliminarmente un diagnóstico ambiental de la Viña, para luego realizar el cálculo de la Huella de Carbono del Ciclo de Vida del Vino Escudo Rojo Tinto, según la Norma PAS 2050:2008.
A partir de esta cuantificación de emisiones de CO2, se identificaron los Puntos Críticos de Emisión de GEI. La medición de la Huella de Carbono dio como resultado una emisión de 2,1 Kg de CO2 equivalente por botella de Vino Escudo Rojo Tinto, siendo las principales fuentes de emisión las asociadas a la adquisición de insumos y al consumo de combustibles fósiles y de electricidad.
Sobre la base del análisis de la medición de la Huella de Carbono se propuso un conjunto de medidas de mitigación de emisiones de CO2. Luego, cada medida de reducción fue evaluada económicamente, obteniéndose un subconjunto de medidas viables.
Como resultado final, se propuso dos alternativas de Plan de Mitigación, uno que incluye sólo las medidas viables económicamente, el que permite alcanzar un valor de Huella de Carbono de 1,53 Kg de CO2 equivalente por botella de Vino Escudo Rojo. La segunda alternativa es un Plan que incluye la totalidad de las medidas de mitigación, las que permiten llegar a 1,34 Kg de CO2 equivalente por botella.
Se concluye que, al aplicar el Plan de medidas económicamente rentables, es posible reducir la Huella de Carbono del Vino Escudo Rojo y a la vez se puede reducir costos de producción de este Vino, pese a que la decisión final de qué Plan se implemente, depende de los objetivos de la empresa y del criterio de análisis de las recomendaciones que entrega esta Tesis.
La recurrencia de fenómenos climatológicos adversos repercute negativamente en la producción agro... more La recurrencia de fenómenos climatológicos adversos repercute negativamente en la producción agropecuaria y forestal, y los ingresos de los productores. La sequía es uno de los desastres naturales más complejos y que impacta a más personas en el mundo. Además de sus efectos directos en la producción, la sequía puede afectar el abastecimiento de agua para bebida, forzar a las poblaciones a emigrar, e incluso causar hambrunas y muerte de personas. A diferencia de otros desastres naturales, las consecuencias de las sequías pueden prevalecer por varios años, con un efecto negativo en el desarrollo.
Cuando los modelos de predicción climática indican una tendencia al incremento de la ocurrencia de eventos climáticos extremos, se hace evidente la necesidad de mejorar su conocimiento y la forma de enfrentarlos.
Los impactos de las sequías dependen de la vulnerabilidad y de la habilidad de las comunidades para enfrentar el fenómeno, lo que a su vez está influido por las condiciones socioeconómicas, productivas y de calidad de los recursos de las poblaciones. De ahí el interés de este estudio, que se orienta al análisis de las dimensiones de la vulnerabilidad y de las capacidades locales para enfrentar el fenómeno, de modo que, al fi nal del día, se puedan esbozar líneas de acción y de política para conducir una gestión apropiada del riesgo, es decir, de la probabilidad de verse afectado por la sequía.
A fines de 2007 y principio de 2008, Chile enfrentó una sequía que abarcó gran parte del territorio nacional, estimándose que más de 80 mil agricultores fueron afectados por el fenómeno climático.
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, expresó la necesidad urgente de mejorar la gestión del riesgo a causa de los eventos climáticos extremos, más allá del ámbito de respuesta a las emergencias, e incorporar el concepto de gestión de riesgos en la planificación para el desarrollo rural.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha destinado recursos de cooperación y capacidades técnicas para apoyar esa acción, mediante la ejecución conjunta con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de un estudio piloto, cuyos resultados se presentan en este informe.
El estudio ha mostrado ya frutos en la implementación de mejoras en la gestión pública y recomendaciones de política. La colaboración de la FAO se ha extendido a una segunda etapa que se encuentra en desarrollo, en conjunto con la Subsecretaría de Agricultura y la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos (CNEA), para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático.
Un Sistema de Gestión del Riesgo Agroclimático, que reconoce los factores de vulnerabilidad y las diferencias territoriales, es clave para minimizar la ocurrencia de situaciones de emergencia nacionales, reducir los impactos de los eventos climáticos extremos en las poblaciones más vulnerables y, finalmente, evitar pérdidas económicas.
Las preguntas que nos hacemos en un escenario de cambio climático son: ¿de qué manera se reflejan los cambios masivos en el clima a escala local?, ¿qué significan para los productores y ¿quiénes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia y bienestar?, ¿quiénes son los productores y comunidades más vulnerables y cómo resultarán afectados? y sobre todo, ¿existen formas de mejorar su capacidad de resistencia?
Actualmente, la adaptación se reconoce como un elemento esencial para proteger a las sociedades c... more Actualmente, la adaptación se reconoce como un elemento esencial para proteger a las sociedades contra los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Los indicadores e índices de adaptación han comenzado a reconocerse como una herramienta importante en la orientación del proceso de toma de decisiones relacionadas al cambio y variabilidad climática. Para la construcción, en el caso chileno, de un Índice de Utilidad e Prácticas de adaptación frente a eventos hidrometeorológicos se tomó como base el Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA) desarrollado por Aldunce y Lebels (2008). El objetivo del presente estudio fue ajustar y validar el IUPA frente a eventos hidrometeorológicos en el contexto de la variabilidad y el cambio climático en Chile. A través de una consulta a informantes claves, se construyó y adecuó el IUPA a la realidad chilena, para luego aplicarlo a cuatro prácticas de adaptación desarrolladas en Chile. Las variables del IUPA fueron aceptadas por los entrevistados para ser aplicadas en Chile. Las mejoras hechas al Índice fueron: i) incorporación de la metodología de "análisis multicriterio" en la asignación de la importancia a las variables; y ii) incluir nuevos valores en las notas y en la importancia de las variables. La evaluación de las prácticas mediante el uso del IUPA dio como resultado que dos de ellas son de alta utilidad y otras dos de mediana utilidad. El IUPA ajustado a Chile fue útil para poder conocer las principales fortalezas y debilidades de las prácticas evaluadas, lo que permite poner atención a los puntos débiles de ellas, para así centrar los esfuerzos en realizar mejoras en dichas prácticas. Con esto se puede demostrar que el IUPA ajustado es una herramienta de una gran utilidad al para saber cuan exitosas son las prácticas de adaptación al cambio y la variabilidad climática en el contexto nacional.
El objetivo de esta tesis de grado fue identificar y analizar los niveles, instancias y mecanismo... more El objetivo de esta tesis de grado fue identificar y analizar los niveles, instancias y mecanismos de coordinación interinstitucional normativos que poseen los organismos de la Administración del Estado de Chile con competencias en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vinculantes e indicativos.
La importancia de esta temática radica en que la gestión del territorio supone una de las tareas más complejas de la política pública que requiere de instrumentos y de una política adecuada para llevarlo a cabo, siendo los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial todas aquellas normas, planes o estrategias que condicionan y o dirección en la acción de transformación de los agentes públicos y privados sobre el territorio (Precht, 2016). Por ello, la planificación y ordenamiento territorial, son materias relevantes, tanto por sus efectos sobre la distribución de los usos del suelo, como por efectos sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de los territorios.
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, siendo la unidad de análisis los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y el objeto de estudio los mecanismos de coordinación de esos instrumentos. Para ello, se aplicó una muestra analítica, seleccionando instrumentos vigentes del tipo normativos del nivel nacional, regional, intercomunal y comunal. En tal sentido, se analizó las normativas que formalizan y reglamentan los instrumentos normativos, a saber: Planes Reguladores Intercomunales, Metropolitanos y Comunales (PRI, PRM, PRC). En tanto, los instrumentos indicativo analizados fueron: las Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural (PNOT, PNDU, PNDR), así como los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y de Ordenamiento Territorial (PROT).
Por su parte, el procesamiento y análisis de información de la unidad de análisis, se basó en el modelo analítico de coordinación de Repetto (2012), descrito en el marco conceptual de esta tesis, con el fin último de tener a la vista y analizar el objeto de estudio, esto es, los niveles, instancias y mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental normativos que disponen los organismos públicos con competencias en los ya mencionados instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.
Entre los resultados se verificó, según el modelo analítico de coordinación de Repetto (2012), que los instrumentos identificados no se encuentran en el mismo nivel de consolidación, referido “al comportamiento de las agencias, grupos o individuos, las operaciones, políticas, presupuestos, personal y el poder están unidos y armonizados”. En ese sentido, los PRI, PRM y PRC poseen una elevada consolidación, dado su carácter vinculante, lo que no ocurre con las PNOT, PNDU y PNDR, que requieren se incorpore vínculos con otros instrumentos; se suma que los cuatro PRDU vigentes darán paso a la segunda versión de los PROT, lo que se ha retrasado por la falta un reglamento de elaboración. En tanto, en el marco de ese mismo objetivo específico, se identificó y describió los desafíos de coordinación normativo de siete instrumentos relacionados con la planificación y ordenamiento territorial vigentes en Chile, con aplicación nacional, regional, intercomunal y comunal, con carácter vinculante (PRI-PRM y PRC) e indicativo (PNOT, PNDU, PNDR, PRDU, PROT). De acuerdo a la descripción normativa de esos planes y políticas, se obtuvo una aproximación de sus vinculaciones, pues en la etapa de diseño de los planes intervienen organismos públicos del nivel territorial y central, en lo que aplica la cláusula de prevalencia a favor de los instrumentos con mayor nivel territorial, trasladando la decisión desde entidades comunales a las del nivel central.
En tanto, se evidenció que en los instrumentos indicativos existe debilidad de mecanismos que permitan reflejar sus lineamientos en los demás los instrumentos, lo que puede generar inconsistencias regulatorias. En tanto, los instrumentos vinculantes, la coordinación se establece como obligatoria en la LGUC por la cláusula de prevalencia. En tanto, se verificó la relevancia de la COMICIVYT para la coordinación de los IPT, pues se comprobó que es un deber, por tanto, vinculante, que los organismos integrantes trabajen en conjunto por esos instrumentos, para lo que deben establecer instancias de coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de asegurar la coherencia entre las políticas y planes a nivel nacional, regional y comunal.
Sobre las barreras y posibilidades para la coordinación entre los organismos competentes, se recopiló 48 registros que evidencian la descoordinación de entidades en los procesos de diseño e implementación de los aludidos instrumentos. De ese total, 35 casos (73%) se asocian fuentes bibliográficas que dan cuenta de debilidades de coordinación de los planes y políticas analizados, de los cuales 9 corresponden a los instrumentos vinculantes, PRI-PRM y PRC, 15 a las políticas nacionales y 11 de instrumentos regionales PRDU y PROT. Además, 10 registros (21%) corresponde a casos identificados por la Contraloría General de la República (CGR) en su función jurídica, de modo que se asocian a los instrumentos vinculantes, así como el restante 6% fue de descoordinación ocurrida en la EAE de los PRI-PRM y PRC.
En consecuencia, los resultados se condicen con los objetivos específicos propuestos, y habiendo aplicado el marco analítico de coordinación propuesto por Repetto (op.cit.), se obtuvo los niveles, instancias y mecanismos de coordinación de los instrumentos y organismos, para el diseño e implementación, así como el grado de coordinación alcanzado respecto al máximo valor de criterio u óptimo por nivel, instancia y mecanismo. Así también, con los resultados se verificó que los instrumentos - independiente de su grado de coordinación por niveles, instancias y mecanismos – sustentan la función de coordinación, principalmente, en la ley 18.575, la LGUC, en su ordenanza y en la normativa que establece funciones y competencias de los organismos. Finalmente, se comprobó que, aun cuando se haya diseñado de manera integrada los instrumentos normativos, la organización administrativa sectorial y especializada del Estado chileno dificulta la coordinación interinstitucional en la planificación y ordenamiento territorial.
Universidad de Chile, Depto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables.
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En este contexto, Chile, como país exportador, tiene la tarea de ofrecer productos con bajas emisiones de GEI, con el fin de mantenerse o ingresar a dichos mercados. La industria chilena del vino requiere incorporar medidas que prueben ser eficientes en la reducción de emisiones de GEI.
Es así como la presente Tesis busca determinar si existe una contribución a la reducción de la Huella de Carbono y a la disminución de los costos de producción del Vino Escudo Rojo Tinto de la Viña Barón Philippe De Rothschild, por un conjunto de medidas de mitigación propuestas.
Para tal propósito, se realizó preliminarmente un diagnóstico ambiental de la Viña, para luego realizar el cálculo de la Huella de Carbono del Ciclo de Vida del Vino Escudo Rojo Tinto, según la Norma PAS 2050:2008.
A partir de esta cuantificación de emisiones de CO2, se identificaron los Puntos Críticos de Emisión de GEI. La medición de la Huella de Carbono dio como resultado una emisión de 2,1 Kg de CO2 equivalente por botella de Vino Escudo Rojo Tinto, siendo las principales fuentes de emisión las asociadas a la adquisición de insumos y al consumo de combustibles fósiles y de electricidad.
Sobre la base del análisis de la medición de la Huella de Carbono se propuso un conjunto de medidas de mitigación de emisiones de CO2. Luego, cada medida de reducción fue evaluada económicamente, obteniéndose un subconjunto de medidas viables.
Como resultado final, se propuso dos alternativas de Plan de Mitigación, uno que incluye sólo las medidas viables económicamente, el que permite alcanzar un valor de Huella de Carbono de 1,53 Kg de CO2 equivalente por botella de Vino Escudo Rojo. La segunda alternativa es un Plan que incluye la totalidad de las medidas de mitigación, las que permiten llegar a 1,34 Kg de CO2 equivalente por botella.
Se concluye que, al aplicar el Plan de medidas económicamente rentables, es posible reducir la Huella de Carbono del Vino Escudo Rojo y a la vez se puede reducir costos de producción de este Vino, pese a que la decisión final de qué Plan se implemente, depende de los objetivos de la empresa y del criterio de análisis de las recomendaciones que entrega esta Tesis.
Cuando los modelos de predicción climática indican una tendencia al incremento de la ocurrencia de eventos climáticos extremos, se hace evidente la necesidad de mejorar su conocimiento y la forma de enfrentarlos.
Los impactos de las sequías dependen de la vulnerabilidad y de la habilidad de las comunidades para enfrentar el fenómeno, lo que a su vez está influido por las condiciones socioeconómicas, productivas y de calidad de los recursos de las poblaciones. De ahí el interés de este estudio, que se orienta al análisis de las dimensiones de la vulnerabilidad y de las capacidades locales para enfrentar el fenómeno, de modo que, al fi nal del día, se puedan esbozar líneas de acción y de política para conducir una gestión apropiada del riesgo, es decir, de la probabilidad de verse afectado por la sequía.
A fines de 2007 y principio de 2008, Chile enfrentó una sequía que abarcó gran parte del territorio nacional, estimándose que más de 80 mil agricultores fueron afectados por el fenómeno climático.
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, expresó la necesidad urgente de mejorar la gestión del riesgo a causa de los eventos climáticos extremos, más allá del ámbito de respuesta a las emergencias, e incorporar el concepto de gestión de riesgos en la planificación para el desarrollo rural.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha destinado recursos de cooperación y capacidades técnicas para apoyar esa acción, mediante la ejecución conjunta con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de un estudio piloto, cuyos resultados se presentan en este informe.
El estudio ha mostrado ya frutos en la implementación de mejoras en la gestión pública y recomendaciones de política. La colaboración de la FAO se ha extendido a una segunda etapa que se encuentra en desarrollo, en conjunto con la Subsecretaría de Agricultura y la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos (CNEA), para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático.
Un Sistema de Gestión del Riesgo Agroclimático, que reconoce los factores de vulnerabilidad y las diferencias territoriales, es clave para minimizar la ocurrencia de situaciones de emergencia nacionales, reducir los impactos de los eventos climáticos extremos en las poblaciones más vulnerables y, finalmente, evitar pérdidas económicas.
Las preguntas que nos hacemos en un escenario de cambio climático son: ¿de qué manera se reflejan los cambios masivos en el clima a escala local?, ¿qué significan para los productores y ¿quiénes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia y bienestar?, ¿quiénes son los productores y comunidades más vulnerables y cómo resultarán afectados? y sobre todo, ¿existen formas de mejorar su capacidad de resistencia?
La importancia de esta temática radica en que la gestión del territorio supone una de las tareas más complejas de la política pública que requiere de instrumentos y de una política adecuada para llevarlo a cabo, siendo los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial todas aquellas normas, planes o estrategias que condicionan y o dirección en la acción de transformación de los agentes públicos y privados sobre el territorio (Precht, 2016). Por ello, la planificación y ordenamiento territorial, son materias relevantes, tanto por sus efectos sobre la distribución de los usos del suelo, como por efectos sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de los territorios.
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, siendo la unidad de análisis los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y el objeto de estudio los mecanismos de coordinación de esos instrumentos. Para ello, se aplicó una muestra analítica, seleccionando instrumentos vigentes del tipo normativos del nivel nacional, regional, intercomunal y comunal. En tal sentido, se analizó las normativas que formalizan y reglamentan los instrumentos normativos, a saber: Planes Reguladores Intercomunales, Metropolitanos y Comunales (PRI, PRM, PRC). En tanto, los instrumentos indicativo analizados fueron: las Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural (PNOT, PNDU, PNDR), así como los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y de Ordenamiento Territorial (PROT).
Por su parte, el procesamiento y análisis de información de la unidad de análisis, se basó en el modelo analítico de coordinación de Repetto (2012), descrito en el marco conceptual de esta tesis, con el fin último de tener a la vista y analizar el objeto de estudio, esto es, los niveles, instancias y mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental normativos que disponen los organismos públicos con competencias en los ya mencionados instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.
Entre los resultados se verificó, según el modelo analítico de coordinación de Repetto (2012), que los instrumentos identificados no se encuentran en el mismo nivel de consolidación, referido “al comportamiento de las agencias, grupos o individuos, las operaciones, políticas, presupuestos, personal y el poder están unidos y armonizados”. En ese sentido, los PRI, PRM y PRC poseen una elevada consolidación, dado su carácter vinculante, lo que no ocurre con las PNOT, PNDU y PNDR, que requieren se incorpore vínculos con otros instrumentos; se suma que los cuatro PRDU vigentes darán paso a la segunda versión de los PROT, lo que se ha retrasado por la falta un reglamento de elaboración. En tanto, en el marco de ese mismo objetivo específico, se identificó y describió los desafíos de coordinación normativo de siete instrumentos relacionados con la planificación y ordenamiento territorial vigentes en Chile, con aplicación nacional, regional, intercomunal y comunal, con carácter vinculante (PRI-PRM y PRC) e indicativo (PNOT, PNDU, PNDR, PRDU, PROT). De acuerdo a la descripción normativa de esos planes y políticas, se obtuvo una aproximación de sus vinculaciones, pues en la etapa de diseño de los planes intervienen organismos públicos del nivel territorial y central, en lo que aplica la cláusula de prevalencia a favor de los instrumentos con mayor nivel territorial, trasladando la decisión desde entidades comunales a las del nivel central.
En tanto, se evidenció que en los instrumentos indicativos existe debilidad de mecanismos que permitan reflejar sus lineamientos en los demás los instrumentos, lo que puede generar inconsistencias regulatorias. En tanto, los instrumentos vinculantes, la coordinación se establece como obligatoria en la LGUC por la cláusula de prevalencia. En tanto, se verificó la relevancia de la COMICIVYT para la coordinación de los IPT, pues se comprobó que es un deber, por tanto, vinculante, que los organismos integrantes trabajen en conjunto por esos instrumentos, para lo que deben establecer instancias de coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de asegurar la coherencia entre las políticas y planes a nivel nacional, regional y comunal.
Sobre las barreras y posibilidades para la coordinación entre los organismos competentes, se recopiló 48 registros que evidencian la descoordinación de entidades en los procesos de diseño e implementación de los aludidos instrumentos. De ese total, 35 casos (73%) se asocian fuentes bibliográficas que dan cuenta de debilidades de coordinación de los planes y políticas analizados, de los cuales 9 corresponden a los instrumentos vinculantes, PRI-PRM y PRC, 15 a las políticas nacionales y 11 de instrumentos regionales PRDU y PROT. Además, 10 registros (21%) corresponde a casos identificados por la Contraloría General de la República (CGR) en su función jurídica, de modo que se asocian a los instrumentos vinculantes, así como el restante 6% fue de descoordinación ocurrida en la EAE de los PRI-PRM y PRC.
En consecuencia, los resultados se condicen con los objetivos específicos propuestos, y habiendo aplicado el marco analítico de coordinación propuesto por Repetto (op.cit.), se obtuvo los niveles, instancias y mecanismos de coordinación de los instrumentos y organismos, para el diseño e implementación, así como el grado de coordinación alcanzado respecto al máximo valor de criterio u óptimo por nivel, instancia y mecanismo. Así también, con los resultados se verificó que los instrumentos - independiente de su grado de coordinación por niveles, instancias y mecanismos – sustentan la función de coordinación, principalmente, en la ley 18.575, la LGUC, en su ordenanza y en la normativa que establece funciones y competencias de los organismos. Finalmente, se comprobó que, aun cuando se haya diseñado de manera integrada los instrumentos normativos, la organización administrativa sectorial y especializada del Estado chileno dificulta la coordinación interinstitucional en la planificación y ordenamiento territorial.
En este contexto, Chile, como país exportador, tiene la tarea de ofrecer productos con bajas emisiones de GEI, con el fin de mantenerse o ingresar a dichos mercados. La industria chilena del vino requiere incorporar medidas que prueben ser eficientes en la reducción de emisiones de GEI.
Es así como la presente Tesis busca determinar si existe una contribución a la reducción de la Huella de Carbono y a la disminución de los costos de producción del Vino Escudo Rojo Tinto de la Viña Barón Philippe De Rothschild, por un conjunto de medidas de mitigación propuestas.
Para tal propósito, se realizó preliminarmente un diagnóstico ambiental de la Viña, para luego realizar el cálculo de la Huella de Carbono del Ciclo de Vida del Vino Escudo Rojo Tinto, según la Norma PAS 2050:2008.
A partir de esta cuantificación de emisiones de CO2, se identificaron los Puntos Críticos de Emisión de GEI. La medición de la Huella de Carbono dio como resultado una emisión de 2,1 Kg de CO2 equivalente por botella de Vino Escudo Rojo Tinto, siendo las principales fuentes de emisión las asociadas a la adquisición de insumos y al consumo de combustibles fósiles y de electricidad.
Sobre la base del análisis de la medición de la Huella de Carbono se propuso un conjunto de medidas de mitigación de emisiones de CO2. Luego, cada medida de reducción fue evaluada económicamente, obteniéndose un subconjunto de medidas viables.
Como resultado final, se propuso dos alternativas de Plan de Mitigación, uno que incluye sólo las medidas viables económicamente, el que permite alcanzar un valor de Huella de Carbono de 1,53 Kg de CO2 equivalente por botella de Vino Escudo Rojo. La segunda alternativa es un Plan que incluye la totalidad de las medidas de mitigación, las que permiten llegar a 1,34 Kg de CO2 equivalente por botella.
Se concluye que, al aplicar el Plan de medidas económicamente rentables, es posible reducir la Huella de Carbono del Vino Escudo Rojo y a la vez se puede reducir costos de producción de este Vino, pese a que la decisión final de qué Plan se implemente, depende de los objetivos de la empresa y del criterio de análisis de las recomendaciones que entrega esta Tesis.
Cuando los modelos de predicción climática indican una tendencia al incremento de la ocurrencia de eventos climáticos extremos, se hace evidente la necesidad de mejorar su conocimiento y la forma de enfrentarlos.
Los impactos de las sequías dependen de la vulnerabilidad y de la habilidad de las comunidades para enfrentar el fenómeno, lo que a su vez está influido por las condiciones socioeconómicas, productivas y de calidad de los recursos de las poblaciones. De ahí el interés de este estudio, que se orienta al análisis de las dimensiones de la vulnerabilidad y de las capacidades locales para enfrentar el fenómeno, de modo que, al fi nal del día, se puedan esbozar líneas de acción y de política para conducir una gestión apropiada del riesgo, es decir, de la probabilidad de verse afectado por la sequía.
A fines de 2007 y principio de 2008, Chile enfrentó una sequía que abarcó gran parte del territorio nacional, estimándose que más de 80 mil agricultores fueron afectados por el fenómeno climático.
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, expresó la necesidad urgente de mejorar la gestión del riesgo a causa de los eventos climáticos extremos, más allá del ámbito de respuesta a las emergencias, e incorporar el concepto de gestión de riesgos en la planificación para el desarrollo rural.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha destinado recursos de cooperación y capacidades técnicas para apoyar esa acción, mediante la ejecución conjunta con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de un estudio piloto, cuyos resultados se presentan en este informe.
El estudio ha mostrado ya frutos en la implementación de mejoras en la gestión pública y recomendaciones de política. La colaboración de la FAO se ha extendido a una segunda etapa que se encuentra en desarrollo, en conjunto con la Subsecretaría de Agricultura y la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos (CNEA), para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático.
Un Sistema de Gestión del Riesgo Agroclimático, que reconoce los factores de vulnerabilidad y las diferencias territoriales, es clave para minimizar la ocurrencia de situaciones de emergencia nacionales, reducir los impactos de los eventos climáticos extremos en las poblaciones más vulnerables y, finalmente, evitar pérdidas económicas.
Las preguntas que nos hacemos en un escenario de cambio climático son: ¿de qué manera se reflejan los cambios masivos en el clima a escala local?, ¿qué significan para los productores y ¿quiénes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia y bienestar?, ¿quiénes son los productores y comunidades más vulnerables y cómo resultarán afectados? y sobre todo, ¿existen formas de mejorar su capacidad de resistencia?
La importancia de esta temática radica en que la gestión del territorio supone una de las tareas más complejas de la política pública que requiere de instrumentos y de una política adecuada para llevarlo a cabo, siendo los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial todas aquellas normas, planes o estrategias que condicionan y o dirección en la acción de transformación de los agentes públicos y privados sobre el territorio (Precht, 2016). Por ello, la planificación y ordenamiento territorial, son materias relevantes, tanto por sus efectos sobre la distribución de los usos del suelo, como por efectos sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de los territorios.
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, siendo la unidad de análisis los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y el objeto de estudio los mecanismos de coordinación de esos instrumentos. Para ello, se aplicó una muestra analítica, seleccionando instrumentos vigentes del tipo normativos del nivel nacional, regional, intercomunal y comunal. En tal sentido, se analizó las normativas que formalizan y reglamentan los instrumentos normativos, a saber: Planes Reguladores Intercomunales, Metropolitanos y Comunales (PRI, PRM, PRC). En tanto, los instrumentos indicativo analizados fueron: las Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural (PNOT, PNDU, PNDR), así como los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y de Ordenamiento Territorial (PROT).
Por su parte, el procesamiento y análisis de información de la unidad de análisis, se basó en el modelo analítico de coordinación de Repetto (2012), descrito en el marco conceptual de esta tesis, con el fin último de tener a la vista y analizar el objeto de estudio, esto es, los niveles, instancias y mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental normativos que disponen los organismos públicos con competencias en los ya mencionados instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.
Entre los resultados se verificó, según el modelo analítico de coordinación de Repetto (2012), que los instrumentos identificados no se encuentran en el mismo nivel de consolidación, referido “al comportamiento de las agencias, grupos o individuos, las operaciones, políticas, presupuestos, personal y el poder están unidos y armonizados”. En ese sentido, los PRI, PRM y PRC poseen una elevada consolidación, dado su carácter vinculante, lo que no ocurre con las PNOT, PNDU y PNDR, que requieren se incorpore vínculos con otros instrumentos; se suma que los cuatro PRDU vigentes darán paso a la segunda versión de los PROT, lo que se ha retrasado por la falta un reglamento de elaboración. En tanto, en el marco de ese mismo objetivo específico, se identificó y describió los desafíos de coordinación normativo de siete instrumentos relacionados con la planificación y ordenamiento territorial vigentes en Chile, con aplicación nacional, regional, intercomunal y comunal, con carácter vinculante (PRI-PRM y PRC) e indicativo (PNOT, PNDU, PNDR, PRDU, PROT). De acuerdo a la descripción normativa de esos planes y políticas, se obtuvo una aproximación de sus vinculaciones, pues en la etapa de diseño de los planes intervienen organismos públicos del nivel territorial y central, en lo que aplica la cláusula de prevalencia a favor de los instrumentos con mayor nivel territorial, trasladando la decisión desde entidades comunales a las del nivel central.
En tanto, se evidenció que en los instrumentos indicativos existe debilidad de mecanismos que permitan reflejar sus lineamientos en los demás los instrumentos, lo que puede generar inconsistencias regulatorias. En tanto, los instrumentos vinculantes, la coordinación se establece como obligatoria en la LGUC por la cláusula de prevalencia. En tanto, se verificó la relevancia de la COMICIVYT para la coordinación de los IPT, pues se comprobó que es un deber, por tanto, vinculante, que los organismos integrantes trabajen en conjunto por esos instrumentos, para lo que deben establecer instancias de coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de asegurar la coherencia entre las políticas y planes a nivel nacional, regional y comunal.
Sobre las barreras y posibilidades para la coordinación entre los organismos competentes, se recopiló 48 registros que evidencian la descoordinación de entidades en los procesos de diseño e implementación de los aludidos instrumentos. De ese total, 35 casos (73%) se asocian fuentes bibliográficas que dan cuenta de debilidades de coordinación de los planes y políticas analizados, de los cuales 9 corresponden a los instrumentos vinculantes, PRI-PRM y PRC, 15 a las políticas nacionales y 11 de instrumentos regionales PRDU y PROT. Además, 10 registros (21%) corresponde a casos identificados por la Contraloría General de la República (CGR) en su función jurídica, de modo que se asocian a los instrumentos vinculantes, así como el restante 6% fue de descoordinación ocurrida en la EAE de los PRI-PRM y PRC.
En consecuencia, los resultados se condicen con los objetivos específicos propuestos, y habiendo aplicado el marco analítico de coordinación propuesto por Repetto (op.cit.), se obtuvo los niveles, instancias y mecanismos de coordinación de los instrumentos y organismos, para el diseño e implementación, así como el grado de coordinación alcanzado respecto al máximo valor de criterio u óptimo por nivel, instancia y mecanismo. Así también, con los resultados se verificó que los instrumentos - independiente de su grado de coordinación por niveles, instancias y mecanismos – sustentan la función de coordinación, principalmente, en la ley 18.575, la LGUC, en su ordenanza y en la normativa que establece funciones y competencias de los organismos. Finalmente, se comprobó que, aun cuando se haya diseñado de manera integrada los instrumentos normativos, la organización administrativa sectorial y especializada del Estado chileno dificulta la coordinación interinstitucional en la planificación y ordenamiento territorial.