Papers by Maria Ines Pacecca
En: Territorios de control policial. Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires (M. V. Pita y M. I. Pacecca comps. y eds). Ciudad de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Colección Saberes. Pp. 199-219. , 2017
Children Crossing Borders. Latin American Migrant Childhoods, 2022
Between 2008 and 2012, more than a hundred boys and girls born in Bolivia, aged between twelve an... more Between 2008 and 2012, more than a hundred boys and girls born in Bolivia, aged between twelve and seventeen, received assistance from Argentina's federal child protection agency after undergoing labor exploitation in garment workshops, vegetable farms, and small retail stores or as domestic workers. Based on a more extensive report, this article focuses on the children's families of origin (their parents and siblings), their schooling and previous work in Bolivia, the people who offered them the jobs, their trips to Argentina (including the border crossing), the tasks they were employed in, and how they reached the child protection agency. This corpus (a small part of a largely hidden universe) provides substantial insights on a longterm concern: independent child migration linked to a job offer in a productive or commercial enterprise carried out by other migrants (in this case, also Bolivians).
A partir de la experiencia de una organización de la Sociedad Civil (la Comisión Argentina para R... more A partir de la experiencia de una organización de la Sociedad Civil (la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), este artículo analiza el impacto de los cierres de fronteras ocasionados por la pandemia COVID-19 en la movilidad de las personas en América del Sur entre mediados de 2020 y noviembre de 2021. Se describen los tránsitos terrestres desde Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú hacia Argentina
de familias con niños/as de corta edad y los riesgos implicados. También, se reflexiona sobre las características y los déficit de la presencia estatal en las fronteras y el rol de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para proveer asistencia y cuidados sanitarios a lo largo de las rutas.
Este material, elaborado bajo la coordinacion de la Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa ... more Este material, elaborado bajo la coordinacion de la Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educacion de la Nacion, es el resultado del dialogo y el intercambio de diversos equipos de trabajo: la Universidad Nacional de Lanus, el Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nacion. Estos equipos e instituciones trabajan articuladamente en pos del fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto a traves de la revision de discursos y practicas y promoviendo la reconfiguracion democratica y democratizadora de los modos de pensar y hacer en las escuelas.
Información del artículo Racismo y discurso: una semblanza de la situación argentina.
RUNA, archivo para las ciencias del hombre
Papeles de población, 2010
Introducción radicionalmente, la teoría migratoria-desde la microeconomía hasta los enfoques macr... more Introducción radicionalmente, la teoría migratoria-desde la microeconomía hasta los enfoques macroestructurales-ha hecho caso omiso de las especifi cidades de la migración femenina: tanto la decisión de migrar como la migración en sí y la inserción en la sociedad de destino fueron consideradas dominios básicamente masculinos. La migración de varones
Women's Studies International Forum, 2014
Informes de Coyuntura nº 6, Feb 2019
Este documento reúne la transcripción editada y actualizada de las ponencias presentadas en el In... more Este documento reúne la transcripción editada y actualizada de las ponencias presentadas en el Instituto de Investigaciones Gino Germani el 10 y 11 de agosto de 2017, en el marco de las actividades organizadas con motivo del V Seminario de la Red de Investigadores/as Argentinos/as sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas (IAMIC). En cuanto al contenido, este texto brinda valiosa información sobre los cambios promovidos en materia migratoria por el Gobierno argentino, entre 2016 y 2017. Así mismo, deja constancia de las formas en que la reconfiguración del contexto político y normativo puede incidir en la vida de las personas migrantes y en la sociedad en su conjunto.
Desde comienzos del 2016, los debates políticos y mediáticos hegemónicos reinstalaron la (falsa) relación entre migración y delito. Paralelamente, algunos políticos y periodistas denunciaron lo que consideran una excesiva presencia de extranjeros en las universidades y hospitales públicos de Argentina. Estos discurso anti inmigrante, por un lado brindaron argumentos para legitimar la modificación de Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), al mismo tiempo colaboraron en la composición de un contexto político propicio para el recorte de derechos. Frente a tal coyuntura, esta obra apuesta por la construcción colectiva de herramientas de intervención política a favor de la defensa de los derechos de las poblaciones migrantes.
Temas de Antropología y Migración, 2018
Los textos que aquí se presentan se inscriben en una línea de indagaciones que apuntan a desentra... more Los textos que aquí se presentan se inscriben en una línea de indagaciones que apuntan a desentrañar los mecanismos a través de los cuales se clasifican, diferencian y estratifican poblaciones. En este caso, la atención se focaliza en la dimensión política del hecho migratorio y, en particular, en cuatro categorías elaboradas en el campo de las políticas públicas, pero reproducidas y legitimadas en buena parte de los estudios sobre las migraciones internacionales: integración, refugio, trata de personas y gobernabilidad migratoria. Cada apartado reconstruye sucintamente los antecedentes históricos de la configuración y aplicación de estas categorías y da cuenta de las implicaciones de sus usos
Entre 2008 y 2012, aproximadamente 130 niños, niñas y adolescentes nacidos en Bolivia y con edade... more Entre 2008 y 2012, aproximadamente 130 niños, niñas y adolescentes nacidos en Bolivia y con edades entre 12 y 17 años fueron asistidos por organismos gubernamentales de protección de derechos luego de atravesar situaciones de explotación laboral en talleres de confección de indumentaria, quintas hortícolas, comercios y casas particulares. Provenientes de todos los departamentos de Bolivia, llegaron a Argentina motivados por una propuesta laboral para desempeñarse como ayudantes de costura, peones quinteros, empleados/as en tiendas de ropa o verdulerías, o como niñeras y trabajadoras domésticas. Si bien sus trayectorias no fueron idénticas, estuvieron signadas por el incumplimiento de la ley 26.390/2008 – Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y en la mayoría de los casos donde avanzó la investigación judicial, quienes los explotaron fueron procesados por el delito de trata de personas menores de edad (ley 26.364/2008).
Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes, esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social) y 28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal en diversas jurisdicciones del país. Si bien este corpus representa una pequeña porción de un universo invisibilizado, la información que provee contribuye al conocimiento de un fenómeno que, sin ser novedoso, no pareciera disminuir: la migración adolescente internacional autónoma (es decir: fuera del contexto parental) vinculada a la inserción laboral en emprendimientos étnicos en el lugar de destino.
En marzo 1994, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó la Relatoría Especial sobr... more En marzo 1994, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer; en 1999 la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, y en 2004 la Relatoría Especial sobre Trata de Personas, especialmente mujeres y niños. A través de visitas a países y recolección de casos, las y los relatores especiales relevan violaciones a los derechos protegidos por la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW–; la Convención para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias –CMW– y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Durante su mandato las o los relatores especiales elaboran informes anuales a partir de los cuales se van perfilando perspectivas, líneas de trabajo y recomendaciones que juegan un rol significativo en las políticas globales, regionales e incluso locales. A partir de un conjunto seleccionado de los informes anuales elaborados por estas tres Relatorías, este trabajo analiza las vinculaciones, perspectivas y problemáticas que se fueron construyendo y visibilizando en el cruce de géneros, derechos y procesos de movilidad territorial.
En este texto quisiera hacer un primer y provisorio ensayo sobre una serie de cuestiones bastante... more En este texto quisiera hacer un primer y provisorio ensayo sobre una serie de cuestiones bastante dispares vinculadas a la prostitución femenina y a la trata de mujeres para explotación sexual. Ambos temas están estrechamente relacionados, pero contemporáneamente pueden concebirse –y suelen presentarse– como dos esferas diferenciables. Cuando se las distingue, es a partir de adjudicarle a cada una de ellas una motivación diferente. La prostitución femenina puede describirse como trabajo sexual, y como tal es una actividad u ocupación que realizan voluntariamente determinadas mujeres en determinadas circunstancias. Cuando se habla de trata para explotación sexual, el énfasis se pone en la coacción directa y en la no voluntariedad de la situación. Estos usos de los términos hacen hincapié principalmente –y casi exclusivamente– en los aspectos más típicos y más visibles de los fenómenos. Quisiera intentar ir un poco más atrás, para analizar el lazo entre “prostitución femenina” y “trata para explotación sexual” pasando por alto ese matiz de voluntariedad y de contrato que estaría presente en una y ausente en la otra, y que en términos jurídicos sirve para distinguirlas. Mi propósito consiste en focalizar sobre ciertos aspectos de modo tal que permitan conectar presente y pasado, y la perdurabilidad de las estructuraciones de dominación articuladas en torno al género. El mito y la gramática del contrato guardan la sumisión del género y la idea de un dominio naturalmente violento sobre los cuerpos de las mujeres. Por sobre este origen violento, el corpus de derechos positivos establecido a lo largo del siglo XX ha generado un lenguaje y estructuras de implementación y monitoreo que francamente luchan por la igualdad y la no discriminación en el acceso a derechos. Sin embargo, más allá de las aspiraciones de los instrumentos normativos, y en el caso bien puntual de Argentina, la actual visibilización de la explotación sexual ocurre de modos tales que lo que muestra y pone en cuestión son las formas violentas del dominio, más que el dominio en sí.
Pacecca, María Inés. Migrantes de ultramar, migrantes limítrofes. Políticas migratorias y proceso... more Pacecca, María Inés. Migrantes de ultramar, migrantes limítrofes. Políticas migratorias y procesos clasificatorios. Argentina, 1945Argentina, -1970. Informe final del concurso: Culturas e identidades en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2001. Disponible en la World Wide Web:
Books by Maria Ines Pacecca
Entre 2008 y 2012, aproximadamente 130 niños, niñas y adolescentes
nacidos en Bolivia y con edade... more Entre 2008 y 2012, aproximadamente 130 niños, niñas y adolescentes
nacidos en Bolivia y con edades entre 12 y 17 años fueron asistidos en
Argentina por organismos gubernamentales de protección de derechos
luego de atravesar situaciones de explotación laboral en talleres de costura, quintas hortícolas, comercios y casas particulares. Provenientes
de todos los departamentos de Bolivia, llegaron a distintas localidades
de Argentina motivados por una propuesta laboral para desempeñarse
como ayudantes de costura, peones, empleados/as en tiendas de ropa
o verdulerías, o en calidad de trabajadoras domésticas. Si bien sus trayectorias no fueron idénticas, en la mayoría de los casos donde avanzó
la investigación judicial quienes los explotaron fueron procesados por
el delito de trata de personas menores de edad (ley 26.364/2008).
Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes,
esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas
y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las
peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia —SENAF—, Ministerio de Desarrollo Social) y
28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal.
Un conjunto de razones empujó a temprana edad a
muchos de estos niños, niñas y adolescentes a ámbitos laborales en sus
comunidades de origen, mientras que las redes sociales y las dinámicas
migratorias entre Argentina y Bolivia promovieron su traslado a través
de la frontera y su incorporación a los mismos trabajos disponibles para
los migrantes adultos.
¿Cuáles son las formas que asume la gestión policial en la ciudad? ¿Qué violencias se desplieg... more ¿Cuáles son las formas que asume la gestión policial en la ciudad? ¿Qué violencias se despliegan en ella? ¿Qué sentidos y valores de le asocian? ¿Qué legitimidad portan? Las etnografías de este libro se detienen en la descripción de las modalidades de control policial sobre distintos grupos sociales: manteros, artesanos, músicos, feriantes, prostitutas que se ganan la vida en la calle. Estas, pueden ser leídas como formas locales de administración de poblaciones, técnicas de gobierno de unos espacios sociales qua territorios que exhiben una violencia policial que es dispositivo del orden y de la seguridad urbana tal como las policías —recostadas en su propia ideología— la entienden. Su descripción y análisis, entonces, buscan demostrar no sólo la existencia de una distribución diferencial de la legalidad y la violencia, sino también contribuir al estudio de una de las caras del poder de las policías, la del poder administrativo coactivo y su violencia física y moral.
Este libro recoge los resultados de una investigación realizada entre 2009 y 2012 sobre la prisió... more Este libro recoge los resultados de una investigación realizada entre 2009 y 2012 sobre la prisión preventiva en Argentina, especialmente dirigida a evidenciar las consecuencias de la detención en las familias de las personas privadas de libertad. A partir del trabajo de un equipo interdisciplinario (una antropóloga, trabajadoras sociales, abogadas y abogados) se miraron los efectos del funcionamiento del sistema penal sobre las familias de las personas detenidas que, sin ser sus destinatarios directos, reciben una porción nada deleznable de la pena y el castigo que imparte. ¿Qué ocurre con los integrantes de familias que, casi sin ningún acompañamiento institucional, deben reorganizarse (a menudo repartiendo a los niños), seguir el proceso judicial, y ocuparse del bienestar de la persona detenida? Cuando estas situaciones exigen aún más a hogares y familias que ya son vulnerables, es inevitable pensar en el proceso judicial como un elemento que -involuntariamente- contribuye a generar nuevas situaciones de riesgo social.
Asimismo, se indagaron las prácticas institucionales (los “usos y costumbres” de los operadores judiciales) para pulsar las lógicas informales que las nutren y las reglas no escritas que a menudo las orientan. Los operadores judiciales ¿actúan en consistencia con la normativa, o aplican criterios interpretativos singulares basados en una experiencia rara vez explicitada y contrastada? Los hallazgos de estos dos ámbitos de indagación principales (las experiencias de las familias, las prácticas de los operadores judiciales) fueron sistematizados en los artículos “Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal” y “El uso de la prisión preventiva. Prácticas y percepciones de operadores judiciales en el ámbito federal y de la provincia de Buenos Aires”. En conjunto, ambos ilustran cómo la intervención judicial agrava, involuntariamente, las mismas situaciones de vulnerabilidad (discontinuidad residencial, laboral, educativa) que los propios operadores judiciales utilizan habitualmente como indicadores de riesgo procesal.
Research reports by Maria Ines Pacecca
Este informe explora dos cuestiones. La primera indaga si las mujeres migrantes cuentan con infor... more Este informe explora dos cuestiones. La primera indaga si las mujeres migrantes cuentan con información o están familiarizadas con las
nociones de parto humanizado y de violencia obstétrica. La segunda refiere a las intersecciones entre género, condición migratoria, nacionalidad/etnia, clase, educación y competencias lingüísticas en el contexto específico en el que pueden ocurrir situaciones de violencia obstétrica: los controles de embarazo y partos hospitalarios.
Para ello, se realizaron diez entrevistas en profundidad a mujeres migrantes que cursaron un embarazo y un parto en un hospital público del área metropolitana de Buenos Aires entre enero de 2018 y junio de 2020.
Revista Papeles de Migración N°2, 2021
En enero de 2019, la Dirección Nacional de Migraciones aprobó la Disposición 520/2019 con el prop... more En enero de 2019, la Dirección Nacional de Migraciones aprobó la Disposición 520/2019 con el propósito de abordar la situación generada por la falta de ciertos documentos de país de origen (principalmente pasaportes vigentes) que dificultaba el ingreso de las personas venezolanas a Argentina. En el marco de lo que establece la Ley de Migraciones, dicha disposición estableció excepciones relativas a la caducidad de los documentos de viaje y de identidad y autorizó, únicamente por pasos terrestres, el ingreso con partida de nacimiento de niños y niñas venezolanos/as menores de 9 años. Al flexibilizar los requisitos de entrada al país (por una vía que no colocaba a niños pequeños encabezando solicitudes de asilo) se facilitó la reunificación en Argentina de muchísimas familias cuyos hijos/as estaban aún en la República Bolivariana de Venezuela por falta de documentos con los cuales pudieran cruzar las fronteras internacionales. No obstante, la Disposición 520/2019 no arbitró medidas claras para asegurar la permanencia regular en Argentina de los niños y niñas que ingresaron al país con partida de nacimiento.
A partir de entrevistas en profundidad realizadas a padres y madres, este informe se centra en el itinerario migratorio y administrativo de 24 familias cuyos niños y niñas menores de 9 años, que solo contaban con partida de nacimiento, ingresaron a Argentina como solicitantes de asilo o en virtud de la excepción documentaria establecida en la Disposición 520/2019.
Los obstáculos que en Venezuela impidieron obtener el pasaporte de los niños y niñas dieron lugar a inciertos y riesgosos viajes familiares de miles de kilómetros, en tanto que en Argentina nuevos obstáculos les impidieron obtener el DNI de residentes extranjeros. Así, como resultado de la desprotección de dos Estados, se estima que entre 2.000 y 3.000 niños y niñas venezolanos que arribaron siendo menores de 9 años viven en Argentina (a mayo de 2021) convertidos en “fantasmas civiles”, suspendidos en la movilidad: no pueden permanecer como residentes regulares (porque no tienen documentación de país de origen que acredite identidad) y tampoco pueden volver, porque no cuentan con ningún tipo de documento —ni argentino ni venezolano— que les permita cruzar una frontera internacional.
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de familias con niños/as de corta edad y los riesgos implicados. También, se reflexiona sobre las características y los déficit de la presencia estatal en las fronteras y el rol de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para proveer asistencia y cuidados sanitarios a lo largo de las rutas.
Desde comienzos del 2016, los debates políticos y mediáticos hegemónicos reinstalaron la (falsa) relación entre migración y delito. Paralelamente, algunos políticos y periodistas denunciaron lo que consideran una excesiva presencia de extranjeros en las universidades y hospitales públicos de Argentina. Estos discurso anti inmigrante, por un lado brindaron argumentos para legitimar la modificación de Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), al mismo tiempo colaboraron en la composición de un contexto político propicio para el recorte de derechos. Frente a tal coyuntura, esta obra apuesta por la construcción colectiva de herramientas de intervención política a favor de la defensa de los derechos de las poblaciones migrantes.
Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes, esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social) y 28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal en diversas jurisdicciones del país. Si bien este corpus representa una pequeña porción de un universo invisibilizado, la información que provee contribuye al conocimiento de un fenómeno que, sin ser novedoso, no pareciera disminuir: la migración adolescente internacional autónoma (es decir: fuera del contexto parental) vinculada a la inserción laboral en emprendimientos étnicos en el lugar de destino.
Books by Maria Ines Pacecca
nacidos en Bolivia y con edades entre 12 y 17 años fueron asistidos en
Argentina por organismos gubernamentales de protección de derechos
luego de atravesar situaciones de explotación laboral en talleres de costura, quintas hortícolas, comercios y casas particulares. Provenientes
de todos los departamentos de Bolivia, llegaron a distintas localidades
de Argentina motivados por una propuesta laboral para desempeñarse
como ayudantes de costura, peones, empleados/as en tiendas de ropa
o verdulerías, o en calidad de trabajadoras domésticas. Si bien sus trayectorias no fueron idénticas, en la mayoría de los casos donde avanzó
la investigación judicial quienes los explotaron fueron procesados por
el delito de trata de personas menores de edad (ley 26.364/2008).
Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes,
esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas
y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las
peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia —SENAF—, Ministerio de Desarrollo Social) y
28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal.
Un conjunto de razones empujó a temprana edad a
muchos de estos niños, niñas y adolescentes a ámbitos laborales en sus
comunidades de origen, mientras que las redes sociales y las dinámicas
migratorias entre Argentina y Bolivia promovieron su traslado a través
de la frontera y su incorporación a los mismos trabajos disponibles para
los migrantes adultos.
Asimismo, se indagaron las prácticas institucionales (los “usos y costumbres” de los operadores judiciales) para pulsar las lógicas informales que las nutren y las reglas no escritas que a menudo las orientan. Los operadores judiciales ¿actúan en consistencia con la normativa, o aplican criterios interpretativos singulares basados en una experiencia rara vez explicitada y contrastada? Los hallazgos de estos dos ámbitos de indagación principales (las experiencias de las familias, las prácticas de los operadores judiciales) fueron sistematizados en los artículos “Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal” y “El uso de la prisión preventiva. Prácticas y percepciones de operadores judiciales en el ámbito federal y de la provincia de Buenos Aires”. En conjunto, ambos ilustran cómo la intervención judicial agrava, involuntariamente, las mismas situaciones de vulnerabilidad (discontinuidad residencial, laboral, educativa) que los propios operadores judiciales utilizan habitualmente como indicadores de riesgo procesal.
Research reports by Maria Ines Pacecca
nociones de parto humanizado y de violencia obstétrica. La segunda refiere a las intersecciones entre género, condición migratoria, nacionalidad/etnia, clase, educación y competencias lingüísticas en el contexto específico en el que pueden ocurrir situaciones de violencia obstétrica: los controles de embarazo y partos hospitalarios.
Para ello, se realizaron diez entrevistas en profundidad a mujeres migrantes que cursaron un embarazo y un parto en un hospital público del área metropolitana de Buenos Aires entre enero de 2018 y junio de 2020.
A partir de entrevistas en profundidad realizadas a padres y madres, este informe se centra en el itinerario migratorio y administrativo de 24 familias cuyos niños y niñas menores de 9 años, que solo contaban con partida de nacimiento, ingresaron a Argentina como solicitantes de asilo o en virtud de la excepción documentaria establecida en la Disposición 520/2019.
Los obstáculos que en Venezuela impidieron obtener el pasaporte de los niños y niñas dieron lugar a inciertos y riesgosos viajes familiares de miles de kilómetros, en tanto que en Argentina nuevos obstáculos les impidieron obtener el DNI de residentes extranjeros. Así, como resultado de la desprotección de dos Estados, se estima que entre 2.000 y 3.000 niños y niñas venezolanos que arribaron siendo menores de 9 años viven en Argentina (a mayo de 2021) convertidos en “fantasmas civiles”, suspendidos en la movilidad: no pueden permanecer como residentes regulares (porque no tienen documentación de país de origen que acredite identidad) y tampoco pueden volver, porque no cuentan con ningún tipo de documento —ni argentino ni venezolano— que les permita cruzar una frontera internacional.
de familias con niños/as de corta edad y los riesgos implicados. También, se reflexiona sobre las características y los déficit de la presencia estatal en las fronteras y el rol de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para proveer asistencia y cuidados sanitarios a lo largo de las rutas.
Desde comienzos del 2016, los debates políticos y mediáticos hegemónicos reinstalaron la (falsa) relación entre migración y delito. Paralelamente, algunos políticos y periodistas denunciaron lo que consideran una excesiva presencia de extranjeros en las universidades y hospitales públicos de Argentina. Estos discurso anti inmigrante, por un lado brindaron argumentos para legitimar la modificación de Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), al mismo tiempo colaboraron en la composición de un contexto político propicio para el recorte de derechos. Frente a tal coyuntura, esta obra apuesta por la construcción colectiva de herramientas de intervención política a favor de la defensa de los derechos de las poblaciones migrantes.
Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes, esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social) y 28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal en diversas jurisdicciones del país. Si bien este corpus representa una pequeña porción de un universo invisibilizado, la información que provee contribuye al conocimiento de un fenómeno que, sin ser novedoso, no pareciera disminuir: la migración adolescente internacional autónoma (es decir: fuera del contexto parental) vinculada a la inserción laboral en emprendimientos étnicos en el lugar de destino.
nacidos en Bolivia y con edades entre 12 y 17 años fueron asistidos en
Argentina por organismos gubernamentales de protección de derechos
luego de atravesar situaciones de explotación laboral en talleres de costura, quintas hortícolas, comercios y casas particulares. Provenientes
de todos los departamentos de Bolivia, llegaron a distintas localidades
de Argentina motivados por una propuesta laboral para desempeñarse
como ayudantes de costura, peones, empleados/as en tiendas de ropa
o verdulerías, o en calidad de trabajadoras domésticas. Si bien sus trayectorias no fueron idénticas, en la mayoría de los casos donde avanzó
la investigación judicial quienes los explotaron fueron procesados por
el delito de trata de personas menores de edad (ley 26.364/2008).
Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes,
esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas
y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las
peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia —SENAF—, Ministerio de Desarrollo Social) y
28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal.
Un conjunto de razones empujó a temprana edad a
muchos de estos niños, niñas y adolescentes a ámbitos laborales en sus
comunidades de origen, mientras que las redes sociales y las dinámicas
migratorias entre Argentina y Bolivia promovieron su traslado a través
de la frontera y su incorporación a los mismos trabajos disponibles para
los migrantes adultos.
Asimismo, se indagaron las prácticas institucionales (los “usos y costumbres” de los operadores judiciales) para pulsar las lógicas informales que las nutren y las reglas no escritas que a menudo las orientan. Los operadores judiciales ¿actúan en consistencia con la normativa, o aplican criterios interpretativos singulares basados en una experiencia rara vez explicitada y contrastada? Los hallazgos de estos dos ámbitos de indagación principales (las experiencias de las familias, las prácticas de los operadores judiciales) fueron sistematizados en los artículos “Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal” y “El uso de la prisión preventiva. Prácticas y percepciones de operadores judiciales en el ámbito federal y de la provincia de Buenos Aires”. En conjunto, ambos ilustran cómo la intervención judicial agrava, involuntariamente, las mismas situaciones de vulnerabilidad (discontinuidad residencial, laboral, educativa) que los propios operadores judiciales utilizan habitualmente como indicadores de riesgo procesal.
nociones de parto humanizado y de violencia obstétrica. La segunda refiere a las intersecciones entre género, condición migratoria, nacionalidad/etnia, clase, educación y competencias lingüísticas en el contexto específico en el que pueden ocurrir situaciones de violencia obstétrica: los controles de embarazo y partos hospitalarios.
Para ello, se realizaron diez entrevistas en profundidad a mujeres migrantes que cursaron un embarazo y un parto en un hospital público del área metropolitana de Buenos Aires entre enero de 2018 y junio de 2020.
A partir de entrevistas en profundidad realizadas a padres y madres, este informe se centra en el itinerario migratorio y administrativo de 24 familias cuyos niños y niñas menores de 9 años, que solo contaban con partida de nacimiento, ingresaron a Argentina como solicitantes de asilo o en virtud de la excepción documentaria establecida en la Disposición 520/2019.
Los obstáculos que en Venezuela impidieron obtener el pasaporte de los niños y niñas dieron lugar a inciertos y riesgosos viajes familiares de miles de kilómetros, en tanto que en Argentina nuevos obstáculos les impidieron obtener el DNI de residentes extranjeros. Así, como resultado de la desprotección de dos Estados, se estima que entre 2.000 y 3.000 niños y niñas venezolanos que arribaron siendo menores de 9 años viven en Argentina (a mayo de 2021) convertidos en “fantasmas civiles”, suspendidos en la movilidad: no pueden permanecer como residentes regulares (porque no tienen documentación de país de origen que acredite identidad) y tampoco pueden volver, porque no cuentan con ningún tipo de documento —ni argentino ni venezolano— que les permita cruzar una frontera internacional.
procedimientos de regularización migratoria vigentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
El relevamiento regional tuvo dos propósitos. Por un lado, analizar las vías ordinarias de acceso a la regularización migratoria y su sensibilidad a las realidades y dinámicas de la región. ¿Los criterios para otorgar permisos de ingreso y residencia son consistentes con las características de la movilidad internacional en América del Sur? ¿Los dispositivos institucionales y los procedimientos administrativos son
comprensibles y accesibles en términos geográficos, lingüísticos y económicos? ¿Los tiempos del procedimiento, de los comprobantes y del permiso contribuyen a evitar la precariedad y los limbos documentales? Por otro lado, se analizaron los procedimientos ordinarios o especiales destinados a la regularización migratoria de las y los venezolanos.
personas detenidas y a funcionarios/as, casuística, análisis normativo, jurisprudencial y de estándares interamericanos) este informe destaca el fuerte impacto del proceso penal en personas migrantes. Enfatiza la necesidad de modificar las causales de expulsión, aplicar las dispensas
dispuestas por la propia ley y asegurar procedimientos que no vulneren los derechos fundamentales de las familias, los niños y las niñas.
En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) han promovido la realización de este relevamiento, que analiza la dinámica de los tránsitos de niños, niñas y adolescentes y las razones y las formas de ciertos cruces de frontera. El especial énfasis colocado en la migración de adolescentes fuera del marco parental (cuyo riesgo de explotación es considerable) ilumina la singularidad y complejidad de estos procesos, así como los desafíos que presentan a los mecanismos de protección de derechos, en particular a los que se despliegan en fronteras y controles migratorios.
Los capítulos que componen el informe se basan en fuentes estadísticas y documentales y en el trabajo de campo realizado en la frontera entre Argentina y Paraguay durante la primera semana de diciembre de 2014. El capítulo I plantea algunas preguntas clave para abordar de manera crítica y sistemática la migración de niños, niñas y adolescentes, y analiza brevemente de la normativa argentina y paraguaya que regula los ingresos y egresos de personas menores de edad. El capítulo II indaga en los tránsitos de niños, niñas y adolescentes entre Argentina y Paraguay a partir de dos fuentes bien diversas. La primera consiste en un conjunto de datos cuantitativos generados por la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina y la segunda surge de cinco días corridos de trabajo etnográfico en la ciudad de Clorinda (Formosa, Argentina), donde se encuentran tres pasos fronterizos con Paraguay: el Puente Internacional “San Ignacio de Loyola”, la Pasarela peatonal “La Fraternidad” y el Puerto Pilcomayo. Las miradas complementarias permiten comprender ciertos aspectos de la dinámica de los tránsitos y de su control. El capítulo III analiza un corpus ad hoc de 200 casos de niños, niñas y adolescentes extranjeros que atravesaron situaciones de explotación sexual o laboral en Argentina o se encontraban en presunto tránsito hacia ellas. Construido a partir resoluciones judiciales y de informes de casos asistidos entre 2009 y 2014 por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia —SENAF—, Ministerio de Desarrollo Social), este corpus muestra cómo ocurrieron puntualmente los cruces de fronteras todos esos niños, niñas y adolescentes cuyas trayectorias migratorias condujeron a abusos concretos.
En conjunto, los diversos capítulos de este informe ponen en contexto y en cuestión algunas afirmaciones generalizadas relativas a los cruces de fronteras internacionales por parte de los niños, niñas y adolescentes de la región. A la vez, a partir del análisis de las trayectorias concretas, en las conclusiones se enfoca la mirada en cuáles son efectivamente las oportunidades para intervención institucional destinada a la protección de la niñez en los puntos de control de frontera.
Si bien no se trata de una muestra estadísticamente representativa, las 90 entrevistas realizadas a personas venezolanas evidencian una población predominantemente joven, que migró antes de los 40 años de edad, con significativa presencia de parejas y familias con niños y niñas pequeños. Los relatos ilustran la manera en que la agudización de la crisis en Venezuela atizó las partidas, así como las opciones disponibles para el traslado en distintos momentos (trayectos exclusivamente aéreos, combinaciones de tramos aéreos y terrestres, y ocasionales trayectos exclusivamente terrestres). La elección de Argentina como país de destino se debió a diferentes cuestiones: en algunos casos a estadías previas en años anteriores, en otros a la certeza de que tendrían “papeles”, y en otros más a procesos de reunificación familiar con parientes que ya residían en el país (tales como hermanos/as o hijos e hijas ya adultos).
La movilidad venezolana, con millones de personas desplazándose entre un conjunto reducido de países, tensiona de manera equivalente los sistemas migratorios y de asilo de la región. En este contexto, urge revisar y adecuar ambos procedimientos de modo de fortalecerlos en su capacidad para responder ante situaciones novedosas de manera rápida y claramente enfocada a la protección de los derechos de las personas en movimiento.
seguimiento plantearon a los equipos técnicos enriquece la reflexión y el debate, insumos indispensables para mejorar cada vez más el desempeño institucional.
laborales y organizativas de 21 mujeres migrantes residentes en el Área Metropolitana de Buenos
Aires5 (AMBA) nucleadas en cooperativas de producción de indumentaria (costura) y de difusión
y comercialización de productos varios. Se puso especial atención en dos dimensiones de la
experiencia de las mujeres migrantes: por un lado, la auto-generación de empleo como cooperativistas, y por el otro, los procesos organizativos y de conformación de espacios colectivos iniciados a partir de identificaciones tales como el género, la condición migratoria y las pertenencias étnico-nacionales. En conjunto, ambas dimensiones permitieron explorar articulaciones y tensiones entre el trabajo productivo y el reproductivo, entre las cooperativas y otras organizaciones sociales, y entre las cooperativas y diversos espacios gubernamentales (algunos encargados de su regulación, otros dadores de trabajo).