Gina Chávez
Doctora Cum Laude en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología por la Universidad de Valencia, España, con la tesis “El control constitucional de la justicia indígena en el Estado Plurinacional: el caso ecuaoriano”. Master en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctora en Jurisprudencia y Abogada de la República por la Universidad Central del Ecuador. Profesora Titular Principal del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, desde el 2010. Actualmente se desempeña como Decana del Centro de Derechos y Justicia del IAEN.
Ha sido asesora del Ministerio de Defensa del Ecuador en 2013, asesora del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, de las Asambleas Constituyentes del 2008 y de 1998 y de otras instituciones públicas y privadas. Es miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO “Pensamiento Jurídico Crítico”; miembro del Consejo Académico de la revista especializada Crítica Jurídica, Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, UNAM, México (desde 2010); y miembro de la Red Internacional de Constitucionalismo Democrático.
Autora y coautora de libros y artículos en revistas especializadas. Entre otras: “Cambio constitucional en Ecuador: el papel de la reforma en el constitucionalismo de transición”, en El Derecho y el Estado. Procesos políticos y constituyentes en nuestra América. CLACSO 2016. “Des-regulación, re-regulación o revolución: El poder transformador del derecho y la educación superior”, en Suspendida por Falta de calidad. El Cierre de catorce universidades en Ecuador. CEAACES 2013. “Orden jurídico, formación de jueces y transformaciones del Estado”. Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, Número 34. “Desafíos Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva”, Tribunal Constitucional, 2008 “El Derecho a Ser: Diversidad, identidad y cambio. Etnografía jurídica de los pueblos shuar, achuar y quichuas de Pastaza y del pueblo afroecuatoriano” Gina Chávez y Fernando García. Quito: FLACSO, 2004”, entre otras publicaciones y artículos publicados en revistas especializadas.
Ha sido asesora del Ministerio de Defensa del Ecuador en 2013, asesora del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, de las Asambleas Constituyentes del 2008 y de 1998 y de otras instituciones públicas y privadas. Es miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO “Pensamiento Jurídico Crítico”; miembro del Consejo Académico de la revista especializada Crítica Jurídica, Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, UNAM, México (desde 2010); y miembro de la Red Internacional de Constitucionalismo Democrático.
Autora y coautora de libros y artículos en revistas especializadas. Entre otras: “Cambio constitucional en Ecuador: el papel de la reforma en el constitucionalismo de transición”, en El Derecho y el Estado. Procesos políticos y constituyentes en nuestra América. CLACSO 2016. “Des-regulación, re-regulación o revolución: El poder transformador del derecho y la educación superior”, en Suspendida por Falta de calidad. El Cierre de catorce universidades en Ecuador. CEAACES 2013. “Orden jurídico, formación de jueces y transformaciones del Estado”. Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, Número 34. “Desafíos Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva”, Tribunal Constitucional, 2008 “El Derecho a Ser: Diversidad, identidad y cambio. Etnografía jurídica de los pueblos shuar, achuar y quichuas de Pastaza y del pueblo afroecuatoriano” Gina Chávez y Fernando García. Quito: FLACSO, 2004”, entre otras publicaciones y artículos publicados en revistas especializadas.
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Las épocas de crisis son momentos propicios para hacer balances y recuentos, es así que para el caso de Latinoamérica, y dada la dimensión de los transes, es urgente comenzar por trazarse un panorama general del camino histórico que ha seguido el Estado, la democracia y el constitucionalismo regional; identificar los paradigmas que los han sostenido y justificado; pero también, conectarlos a las transformaciones que vienen ocurriendo en las ciencias, la tecnología, la economía, los modos de producción, las relaciones sociales y las formas normativas.
En el segundo decenio del siglo XXI, hemos llegado de manera acelerada a un punto en el que el futuro próximo de la humanidad depende, hoy mismo, de cómo se resuelva la actual disputa cultural, económica y militar de bloques de poder global. De las derivas que tengan las confrontaciones bélicas, potencialmente nucleares; de lo que resulte del intenso rediseño biotecnológico al que está sometido el humano; del rumbo que tome la crisis del capitalismo mundial; y del modelo económico que surja de la crisis climática, dependen nuestro futuro en el planeta.
En este marco de cosas, en medio de un conjunto de macro desalientos, se encuentra un campo de crítica y resistencia que asume a los derechos de la natura• leza como un eje de rearticulación de lo social y lo político para el mundo en crisis. En lucha desigual, hemos visto concretarse algunos compromisos internacionales, aprobarse algunos cuerpos normativos, dictarse algunas decisiones jurisprudenciales, y articularse diversas expresiones y demandas sociales que confrontan las estructuras vigentes sobre planteamientos que van insertándose a distintos niveles e intensidades en el debate filosófico, científico, técnico, económico, cultural, social y político. Lo cierto es que el cambio en las formas de relacionamiento entre Estado, sociedad y naturaleza se enfrenta a poderosas estructuras culturales que tienen una milenaria vigencia, y que necesariamente tiene que ser cuestionadas para ser superadas.
El racionalismo está en revisión fruto de los avances del conocimiento impulsa• dos por la ciencia, la tecnología y las dinámicas sociales, sobretodo aquellos que se vienen produciendo desde la segunda mitad del siglo XX con los resultados de física cuántica, la ingeniería genética, las tecnologías de la comunicación y las relaciones en red, entre otros campos de transformación. Estos cambios abren un espacio de revisión y de redefinición que entra en disputa.
Es desde ahí donde vemos que tanto es posible que terminen consolidándose formas más radicales de separación entre hombre y naturaleza, como que se recons• truyan y resignifiquen formas relacionales entre el ser y naturaleza. El estado de crisis multidimensional que enfrenta hoy en día nuestras sociedades abre el juego para la revisión, la resignificación y la reformulación, en la que las miradas eco-bio-republi• canistas entran a la disputa planteando una recomposición de lo social y lo político a partir del abandono de las técnicas de dominación, extracción y exclusión de los «más fuertes» contra los «débiles», y de la compatibilidad entre derechos humanos y derechos de la naturaleza.
permitieron apaciguar una buena parte del conflicto sino que se abrieron a nuevas formas de concebirlos y resolverlos. El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008 plasmó una aspiración trascendental de importantes grupos sociales que
venían resistiendo, desde hace décadas atrás, a las perspectivas del capitalismo ambiental. En estrecha relación con el concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir, los derechos de la naturaleza tienen el potencial de ser los pilares de la construcción de paradigmas alternativos a los vigentes modelos asentados en el antropocentrismo, la ética del individualismo, el desarrollo sin fin y el capitalismo depredador, al expresar esa constelación de creencias, valores y técnicas que nos permite vislumbrar otras formas de ´ser´ en sociedad, otras estructuras institucionales para la vida en común, otras metodologías para cubrir necesidades objetivas y subjetivas; y toda vez que los paradigmas del occidente capitalista han fracasado en su interpretación de la realidad.
Desde una perspectiva post-positivista, la Constitución ecuatoriana tiende puentes con perspectivas holísticas, integrales y ancestrales para desarrollar su modelo de sociedad basado en la redefinición del papel de lo público (finalismo), las soberanías (neo-republicanismo), la
participación social en el control de lo público (democracia radical), la economía para la gente y no para el capital (económica heterodoxa), el Buen Vivir como medida del bienestar (política social), los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidad y la naturaleza, y la
integración regional (constitucionalismo garantista). Las políticas públicas adoptadas en Ecuador al amparo de este nuevo modelo de Constitucionalismo del Buen Vivir, así como la jurisprudencia de tribunales nacionales de distintos países sobre los derechos de la naturaleza,
nos hace ver que el paradigma del Buen Vivir disputa, junto con otras perspectivas filosóficas y teóricas, como la Teoría Gaia o el ecologismo de los pobres, u otras aspiraciones sociales como aquellas que demandan salidas verdes a las múltiples crisis que atraviezan nuestras sociedades y que han sido desveladas por la pandemia del Sars-CoV2, demostrando su potencial paradigmático (Khun, 1974) para construir sociedades alternativas.
Las épocas de crisis son momentos propicios para hacer balances y recuentos, es así que para el caso de Latinoamérica, y dada la dimensión de los transes, es urgente comenzar por trazarse un panorama general del camino histórico que ha seguido el Estado, la democracia y el constitucionalismo regional; identificar los paradigmas que los han sostenido y justificado; pero también, conectarlos a las transformaciones que vienen ocurriendo en las ciencias, la tecnología, la economía, los modos de producción, las relaciones sociales y las formas normativas.
En el segundo decenio del siglo XXI, hemos llegado de manera acelerada a un punto en el que el futuro próximo de la humanidad depende, hoy mismo, de cómo se resuelva la actual disputa cultural, económica y militar de bloques de poder global. De las derivas que tengan las confrontaciones bélicas, potencialmente nucleares; de lo que resulte del intenso rediseño biotecnológico al que está sometido el humano; del rumbo que tome la crisis del capitalismo mundial; y del modelo económico que surja de la crisis climática, dependen nuestro futuro en el planeta.
En este marco de cosas, en medio de un conjunto de macro desalientos, se encuentra un campo de crítica y resistencia que asume a los derechos de la natura• leza como un eje de rearticulación de lo social y lo político para el mundo en crisis. En lucha desigual, hemos visto concretarse algunos compromisos internacionales, aprobarse algunos cuerpos normativos, dictarse algunas decisiones jurisprudenciales, y articularse diversas expresiones y demandas sociales que confrontan las estructuras vigentes sobre planteamientos que van insertándose a distintos niveles e intensidades en el debate filosófico, científico, técnico, económico, cultural, social y político. Lo cierto es que el cambio en las formas de relacionamiento entre Estado, sociedad y naturaleza se enfrenta a poderosas estructuras culturales que tienen una milenaria vigencia, y que necesariamente tiene que ser cuestionadas para ser superadas.
El racionalismo está en revisión fruto de los avances del conocimiento impulsa• dos por la ciencia, la tecnología y las dinámicas sociales, sobretodo aquellos que se vienen produciendo desde la segunda mitad del siglo XX con los resultados de física cuántica, la ingeniería genética, las tecnologías de la comunicación y las relaciones en red, entre otros campos de transformación. Estos cambios abren un espacio de revisión y de redefinición que entra en disputa.
Es desde ahí donde vemos que tanto es posible que terminen consolidándose formas más radicales de separación entre hombre y naturaleza, como que se recons• truyan y resignifiquen formas relacionales entre el ser y naturaleza. El estado de crisis multidimensional que enfrenta hoy en día nuestras sociedades abre el juego para la revisión, la resignificación y la reformulación, en la que las miradas eco-bio-republi• canistas entran a la disputa planteando una recomposición de lo social y lo político a partir del abandono de las técnicas de dominación, extracción y exclusión de los «más fuertes» contra los «débiles», y de la compatibilidad entre derechos humanos y derechos de la naturaleza.
permitieron apaciguar una buena parte del conflicto sino que se abrieron a nuevas formas de concebirlos y resolverlos. El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008 plasmó una aspiración trascendental de importantes grupos sociales que
venían resistiendo, desde hace décadas atrás, a las perspectivas del capitalismo ambiental. En estrecha relación con el concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir, los derechos de la naturaleza tienen el potencial de ser los pilares de la construcción de paradigmas alternativos a los vigentes modelos asentados en el antropocentrismo, la ética del individualismo, el desarrollo sin fin y el capitalismo depredador, al expresar esa constelación de creencias, valores y técnicas que nos permite vislumbrar otras formas de ´ser´ en sociedad, otras estructuras institucionales para la vida en común, otras metodologías para cubrir necesidades objetivas y subjetivas; y toda vez que los paradigmas del occidente capitalista han fracasado en su interpretación de la realidad.
Desde una perspectiva post-positivista, la Constitución ecuatoriana tiende puentes con perspectivas holísticas, integrales y ancestrales para desarrollar su modelo de sociedad basado en la redefinición del papel de lo público (finalismo), las soberanías (neo-republicanismo), la
participación social en el control de lo público (democracia radical), la economía para la gente y no para el capital (económica heterodoxa), el Buen Vivir como medida del bienestar (política social), los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidad y la naturaleza, y la
integración regional (constitucionalismo garantista). Las políticas públicas adoptadas en Ecuador al amparo de este nuevo modelo de Constitucionalismo del Buen Vivir, así como la jurisprudencia de tribunales nacionales de distintos países sobre los derechos de la naturaleza,
nos hace ver que el paradigma del Buen Vivir disputa, junto con otras perspectivas filosóficas y teóricas, como la Teoría Gaia o el ecologismo de los pobres, u otras aspiraciones sociales como aquellas que demandan salidas verdes a las múltiples crisis que atraviezan nuestras sociedades y que han sido desveladas por la pandemia del Sars-CoV2, demostrando su potencial paradigmático (Khun, 1974) para construir sociedades alternativas.
de creencias, sentidos y significados que los diferentes
actores sociales y operadores jurídicos atribuyen a la constitución,
la ley, lo normativo, lo jurídico, el acto judicial, la resolución
del juez, el ´ser` abogado. Permite identificar las
conexiones existentes entre creencias, mitos o significados,
con el uso que dan los operadores jurídicos a los instrumentos
legales, y la adjudicación de sentido que se da a los actos
y a las decisiones judiciales.
En su abordaje están las claves para comprender los modos
del ser social en el Estado de derecho, así como sirve para
identificar momentos de renovación o transformación de
la base cultural que lo sustenta. El trabajo aborda aspectos
de la cultura constitucional ecuatoriana. Busca conectar
hechos históricos con determinadas formas jurídicas adoptadas
en distintas épocas, así como identificar la estructura
de creencias y significados que estas expresan.
El estudio de la cultura constitucional requiere de una
aproximación al tiempo y al espacio que lo determina, a las
formas y manifestaciones a través de las cuales se expresa,
y a los sentidos y significados que encierra. Es una conexión
entre historia, existencia, manifestación y significado
normativo; es la manifestación de los retornos y las rupturas
en su constante disputa por la existencia. Así, la cultura
del incumplimiento legal que aparece como síndrome
de la cultura legal del ecuatoriano, se ve disputado por la
contracultura que contiene la Constitución que resultó de
la Asamblea Constituyente de Montecristi.