Caso Begoña Gómez

Caso Begoña Gómez
Partes
Manos Limpias Begoña Gómez Fernández
Delitos	Presunto delito de tráfico de influencias, corrupción política, apropiación indebida e intrusismo profesional
Jueces	Juan Carlos Peinado
Historial del caso
Acciones relacionadas	Pedro Sánchez, Juan Carlos Barrabés
Juicio en primera instancia
Acusación particular	Manos Limpias, Hazte Oir, Vox, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España

El caso Begoña Gómez se inició el 24 de abril de 2024, cuando un juez inició una investigación contra Begoña Gómez Fernández (esposa del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez) por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada,​ tras una denuncia del sindicato Manos Limpias.​​ La Fiscalía solicitó el archivo de la denuncia.​​​ Días después, se personaron en el caso como acusación particular la organización Hazte Oír,​ los partidos políticos Vox e Iustitia Europa,​ y el Movimiento de Regeneración Política de España.​​

Se alega que el empresario y experto tecnológico Juan Carlos Barrabés asistió a Begoña Gómez en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid.​

Apertura de la investigación

El informe preliminar de la Unidad Central Operativa (UCO),​​ el órgano central de la Policía Judicial de la Guardia Civil, indicó que tanto la consultora Innova Next como la escuela de negocios The Valley, ambas propiedad de Juan Carlos Barrabés, recibieron un total de 15,6 millones de euros en contratos públicos.​ Estos contratos provinieron de los ministerios de Economía, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social. En particular, el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación bajo la dirección de Pilar Alegría, otorgó un contrato de 3 684 317 euros el 4 de agosto de 2022. Renfe, que dependía del Ministerio de Transportes dirigido por Raquel Sánchez Jiménez, firmó un contrato de 1 985 621 euros el 14 de noviembre de 2022. Además, la empresa pública ICEX España Exportación e Inversiones, bajo la dirección de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía, adjudicó un contrato de 130 032 euros el 25 de octubre de 2021. Otros organismos que firmaron acuerdos con Innova Next SLU incluyen la Empresa Nacional de Innovación (Ministerio de Industria), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Ministerio de Trabajo y Economía Social) e Ibermutua (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Por su parte, The Valley, gestionada por The Valley Digital Business School SL, recibió del Instituto de Crédito Oficial tres ayudas en septiembre de 2021, por importes de 220 000, 96 000 y 60 000 euros.​

El informe preliminar de la UCO no encontró pruebas de los delitos imputados, ni de una relación entre Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés, ni de su influencia en el rescate de Air Europa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la continuación de la investigación,​ pidiendo que se enfocara en las presuntas ayudas recibidas por la UTE vinculada a Carlos Barrabés y dejando de lado el tema del rescate de Air Europa.​

Implicación de Juan Carlos Barrabés

En un informe posterior, la UCO reveló que Juan Carlos Barrabés acumuló 99 expedientes de contratación entre 2015 y 2024, gestionados a través de seis sociedades en las que participaba como accionista o administrador.​ Estas adjudicaciones alcanzaron un total de 2 492 443 euros (sin IVA).​ Entre los organismos públicos que otorgaron estos contratos se encontraba el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de Martínez-Almeida, que firmó por 1,7 millones de euros (sin IVA).​ También figuraba la Generalidad Valenciana, presidida en ese entonces por Ximo Puig, además de tres administraciones dependientes del Gobierno central: Red.es, el Consejo Superior de Deportes y Renfe.​​

El 2 de julio, un nuevo informe concluyó que no existían «indicios delictivos» ni «irregularidades o anormalidades de tipo administrativo» en las dos operaciones en las que supuestamente Begoña Gómez habría ejercido influencia.​​​

El 10 de junio, la Fiscalía Europea reclamó parte de la investigación sobre la presunta corrupción, argumentando que involucraba fondos europeos.​ Además, desestimó la acusación particular de Vox, ya que estas no son permitidas en este tipo de procedimientos.​

Declaraciones y citaciones judiciales

El viernes 5 de julio de 2024 Begoña Gómez fue citada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla ante el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41. Peinado le atribuyó varios delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias.​​ Su comparecencia en los juzgados estuvo acompañada de un dispositivo policial que la prensa calificó como sin precedentes.​​ A petición de la defensa, que alegó no haber sido notificada de la querella, el juez suspendió la declaración y reprogramó la citación para el 19 de julio.​​

El 15 de julio de 2024 Juan Carlos Barrabés declaró como testigo, afirmando que se había reunido con Begoña Gómez en ocho ocasiones en el Palacio de la Moncloa, y en al menos dos de esos encuentros estuvo presente el presidente Pedro Sánchez.​ El 19 de julio de 2024 el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid imputó a Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.​ La defensa de Barrabés, basándose en los informes de la UCO que indicaban que las adjudicaciones a su empresa se produjeron con absoluta normalidad, presentó un recurso argumentando que el juez no tenía base para proceder con la imputación.​

Implicaciones en la Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense envió al juez un informe en el que señalaba indicios de que Begoña Gómez pudo haber cometido un delito de apropiación indebida al apropiarse de software financiado por la propia Universidad y al emitir contratos y gastos en su nombre sin tener autorización para ello. Además, el informe destacó la falta de colaboración por parte de Gómez.​

El 19 de julio de 2024 Begoña Gómez se negó a declarar ante el juez Peinado.​ En declaraciones posteriores, los vicerrectores de la Universidad Complutense afirmaron haber advertido a Gómez que no podía registrar el software a su nombre, al estar financiado por la Universidad. El vicerrector Juan Carlos Doadrio también declaró que el rector Joaquín Goyache le ordenó crear directamente la cátedra de Begoña Gómez.​ Goyache, inicialmente citado como testigo, fue más tarde imputado como investigado.​

El 11 de septiembre de 2024 la Universidad Complutense comunicó a Begoña Gómez que no renovaría la cátedra extraordinaria dirigida por la propia Begoña. La cátedra de Transformación Social Competitiva se había firmado el 30 de octubre de 2020, por un periodo inicial de cuatro años (2020-2024).​

Involucración de Pedro Sánchez

El 22 de julio el juez citó al presidente Pedro Sánchez para declarar como testigo. Según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,​​ Sánchez no está obligado a declarar en contra de su cónyuge. Ante el juez, quien acudió al Palacio de la Moncloa para interrogarlo, Sánchez se acogió a su derecho de no declarar. Ese mismo día, la Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación contra el juez Peinado en representación del presidente del Gobierno.​ A su vez, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa interpusieron una querella por malversación contra Pedro Sánchez.​ A su vez, el 2 de agosto Begoña Gómez presentó una querella por revelación de secretos y prevaricación contra el juez Peinado.​En octubre de 2024 la Fiscal Superior de Madrid rechazó admitir la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, alegando que no había indicios de que el juez hubiera prevaricado, porque los recursos, aunque con retraso, son contestados. Asimismo, negó que hubiera indicios de que el juez Peinado estuviera filtrando documentos, tal y como aseguraba Begoña Gómez.​

La Audiencia Provincial de Madrid acordó estudiar los recursos presentados por la Fiscalía y los abogados de Barrabés y Gómez el 30 de septiembre. La defensa de Begoña Gómez solicitó mayor celeridad en la resolución de estos recursos.​​ El 24 de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid desestimó los recursos presentados por Begoña Gómez y por la Fiscalía, avalando al juez Juan Carlos Peinado para que siguiera investigando.​

El 23 de octubre se hizo público que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las denuncias presentadas por Pedro Sánchez y por Begoña Gómez contra el juez. El Tribunal avaló la investigación e incidió en la temeridad de esta denuncia.​

Nueva imputación

El 29 de octubre de 2024 el juez Juan Carlos Peinado imputó dos nuevos delitos a Begoña Gómez, el delito de apropiación indebida y el delito de intrusismo profesional. El juez le imputó haber registrado a nombre de Begoña un software financiado por la Universidad Complutense, y haber obtenido un beneficio económico de ello a través de la venta de este software a terceros. La Universidad emitió un informe en el que advertía al juez de esta apropiación indebida, y pidió personarse en el procedimiento.​ La Audiencia Provincial ya avaló esta investigación por apropiación indebida en un auto de fecha 24 de septiembre.​

El Juzgado volvió a citar a Begoña el 18 de noviembre para declarar sobre lo relativo a este software.​

El 26 de noviembre de 2024, el abogado de Begoña Gómez presentó ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por tráfico de influencias, una serie de correos electrónicos en los que consta que Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, estaba al corriente de las comunicaciones de la cátedra de la Universidad Complutense con Begoña. Estos correos se suman a otras comunicaciones de Cristina en representación de Begoña. El Partido Popular ha solicitado que Cristina Álvarez declare como testigo para explicar como estando a sueldo de Moncloa, realizaba gestiones ante la Catedra de la Universidad Complutense, un asunto de la esfera privada de la mujer de Pedro Sánchez.​

Reacciones políticas

En relación con el caso, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Patxi López, acusó al juez Peinado de llevar a cabo una «investigación prospectiva» para intentar encontrar algo contra Begoña Gómez, algo que está prohibido por la legislación española. También señaló al Partido Popular de llevar a cabo una «cacería política» y aseguró que el caso es «un montaje de la ultraderecha contra el presidente del Gobierno».​

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular, manifestó que Sánchez «tiene un problema con la corrupción» y propuso «varias medidas de regeneración: primera, que no se den cátedras a no licenciados; segunda, que Moncloa no sea la puerta de atrás para conseguir fondos públicos reunidos con el de la Oficina de Fondos Públicos».​

Referencias

• Datos: Q130238325