Neoliberalismo en el Perú

El neoliberalismo en el Perú (a veces referido localmente como «neoliberalismo criollo»)​​ entró en el panorama político de ese país a finales de los años 1980.​​ Tuvo su punto de inflexión en la década de 1990 con la implementación del Fujishock, un conjunto de medidas económicas drásticas auspiciadas por el Gobierno estadounidense (consenso de Washington), y con la promulgación de la Constitución política de 1993, con fuerte influencia neoliberal,​ que convirtió al Estado peruano en uno mayormente empresarial, generadora de bienes, una situación que entra en contraste con otros países de América Latina.​ Este aspecto se acentuó durante el periodo de mayor crecimiento económico por el auge de las materias primas entre 2003 y 2013.​

Hernando de Soto en una entrega de títulos de propiedad. La formalización de propiedades es una de las posturas ofrecidas por el neoliberalismo en el país.

Impulsada por Hernando de Soto, principal responsable de dotar una ideología política a los ejecutivos del país en los años 1980,​ es una de las corrientes que permaneció vigente en esa región, debido a que no ha sido cuestionada.​ Cuenta el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (en el conocido consenso de Washington)​ y empresas transnacionales.​ También, dispone del apoyo de la clase social en la costa peruana,​ con diferencias entre de la clase media.​ Como resultado, se estableció una élite económica que controla los sectores financieros, exportadores y de comunicaciones, los cuales son los factores determinantes en el extraoficial Consenso de Lima.​

A pesar de su nombre, la corriente del neoliberalismo llevó posturas conservadoras, al menos cuando asumió Alberto Fujimori, por lo que se diferencia con las liberales del siglo XXI por oponerse a una democracia plena.​​​​ Sus partidarios promueven medidas económicas como la desregulación y la privatización, incluyendo la eliminación de los programas sociales.​ Dicho modelo proporcionó al país en alcanzar la estabilidad económica a costas de una desigualdad social;​​ con una restricción evidente de la expresión en los sectores populares, que incluye a los indígenas.​

Desarrollo del neoliberalismo

Antecedentes

La economía liberal en el país surgió de la idea José Manuel Rodríguez, un congresista que representó la primera generación de economistas del Perú (finales del siglo XIX). Rodríguez formuló una política fiscal para intervenir en el control de capitales.​ En la Segunda Guerra Mundial (a mediados del siglo XX), el entonces ministro Pedro Beltrán Espantoso (educado en la Escuela de Economía de Londres) aplicó las primeras medidas de libre economía durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche.​ Beltrán, quien difundió sus planes en el diario La Prensa,​ llevó a cabo medidas de ajuste y pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI).​ Perú fue uno de los primeros países de América Latina en tener acuerdos con el FMI.​

Durante el mandato de Manuel Odría, se flexibilizó la economía y la inversión extranjera creció considerablemente.​ Sin embargo, para los siguientes años la inversión nacional se fue reduciendo hasta alcanzar su nivel más bajo en Latinoamérica antes de 1968, según Ernesto Álvarez Miranda.​ En aquel entonces, una invisibilizada clase media se unió a grupos oligárquicos para fortalecer su estatus social, en lugar de afianzarse con grupos con ideas populistas.​

A finales de la década de 1960, el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó unificar la participación social,​ en la que se fomentaba la primacía del capital nacional sobre el extranjero. Los militares controlaron el poder económico de la oligarquía y, en menor medida, de la clase media.​ Sin embargo, el enfoque populista fue revertido por el gobierno sucesor de Francisco Morales Bermúdez, quien volvió a aplicar medidas de ajuste y eliminó el apoyo estatal a los trabajadores.​

En la administración de Francisco Morales, se aplicó el Plan Túpac Amaru, un hito en el avance neoliberal de los años 1970 y que habría permitido la diversificación de los empresarios.​ El historiador Henry Pease afirmó que el Estado había entrado en una economía social de mercado con la Constitución de 1979, modelo formulado por el Partido Popular Cristiano (PPC).​ Según Jürgen Schuldt, el PPC tuvo un plan de gobierno desarrollado por especialistas con la finalidad de establecer un «pensamiento económico neo-liberal en el país».​

En la primera mitad de los años 1980, Manuel Ulloa aplicó una nueva versión de economía liberal para hacer frente a la crisis monetaria. Ulloa, que integró el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, propuso la eliminación del control de precios y la limitación de los subsidios para la clase pobre mediante un sistema de entrega de cupones. Inspirado en el plan de Estados Unidos, este sistema no consiguió el resultado esperado.​ Adicionalmente, se planteó la privatización de empresas y la reforma del sistema tributario, pero estas medidas no fueron satisfactorias.​ El equipo encargado del plan de Ulloa se desmanteló en 1984.​

En 1986, el primer gobierno de Alan García revirtió el plan de Ulloa y recurrió a medidas socialistas para paliar la pobreza,​ como el uso de recursos acumulados del gobierno para financiar el consumo y las importaciones del país.​ Sin embargo, la falta de planificación del Estado ante la escasez de sus reservas y los intentos fallidos de estimular la inversión privada, acompañados del crecimiento de la inflación,​ entorpecieron el rendimiento de la administración pública del país.​ Una de las mayores controversias fue la estatización de 33 instituciones bancarias y financieras, lo que dio origen a la banca paralela (informal).​ En consecuencia, el mandato de Alan García convirtió a Perú en un Estado paria en el sector financiero.​ Al mismo tiempo, los empresarios que habían depositado en Alan García como una alternativa a Belaúnde Terry se decepcionaron con el control bancario y los conflictos con las autoridades centrales.​

Implementación

Fujimori implementó medidas de choque económico en los primeros años de su mandato, entre 1990 y 1991, con la adopción del Consenso de Washington.​​ Las medidas incluyen también la reversión de la estatización de la banca.​ Con el autogolpe de 1992 y aprovechando su breve periodo como gobernante de facto a través de un régimen represivo, promulgó la Constitución de 1993, con una marcada influencia neoliberal. Fujimori y sus allegados preveían haber terminado totalmente con la participación del Estado para 1998,​ pero no fue posible por la crisis económica de 1998 que afectó a varios países del Sudeste Asiático y a problemas internos dentro del país, entre ellos la oposición política contra Fujimori.​

Durante la implementación neoliberal, en 1994 se creó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta institución se encargó de proporcionar apoyo técnico e intelectual al Ministerio de Economía y Finanzas.​

Desarrollo del proyecto neoliberal durante los años 1990

El economista Hernando de Soto fundó una de las primeras organizaciones neoliberales en América Latina, el Instituto para la Libertad y la Democracia (ILD). Soto comenzó a recibir asistencia del Centro para la Empresa Privada Internacional (CEPI), una organización de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) bajo la administración estadounidense de Ronald Reagan, para promover las libertades económicas.​​ Entre 1988 y 1995, Soto y el ILD participaron en cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que modificaron significativamente el sistema económico del Perú.​ Además, Soto promovió la entrega de los títulos de propiedad a los sectores populares.​

Durante el fujimorato, de Soto asesoró al régimen y contribuyó a consolidar el sistema económico neoliberal, respaldado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).​ Esta última organización se encargó de convencer a los inversionistas que se desilusionaron por las medidas económicas del primer gobierno de Alan García.​

Véase también: Fujishock

El régimen se centró en objetivos de estabilización (el Fujishock), en reformas a favor del mercado y en la inserción del Perú en el circuito financiero.​ No obstante, su estrategia fue objeto de controversia, como la supuesta adopción del Plan Verde y las semejanzas con el gobierno de Manuel Odría.​ En el juicio de 2009, Fujimori argumentó que sus medidas fueron necesarias para evitar que el Perú se convirtiera en un país paria en el ámbito financiero.​

Al mismo tiempo, se tomaron medidas como el relanzamiento del sol, la moneda histórica, y las privatizaciones (desde 1991).​ Solo sobrevivieron unas pocas empresas estatales que no se vendieron ni se arrendaron del todo a particulares, como fue el caso del Banco de la Nación​ y los servicios básicos. Algunas empresas pasarían a formar parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, fundado en 1999.

Ante la oposición del Parlamento,​ que incluyó al Frente Democrático, Fujimori perpetró un autogolpe de Estado en 1992, con el apoyo de militares y del empresariado de la Confiep.​ En este acontecimiento, el jefe de Estado impuso reformas liberales más profundas.​ Estas reformas fueron dirigidas por el ministro de Economía Carlos Boloña,​​ quien también anunció el mismo día del autogolpe de Estado.​ Boloña abogó por una revisión de la perspectiva económica del Perú, argumentando que «[entre los años 1970 y 1990], las ideas y los gobiernos "populistas", socialistas o "mercantilistas" ejercieron [...] un predominio casi absoluto».​ Mario Vargas Llosa, exlíder del Frente Democrático, criticó el autogolpe de 1992, mientras que el Foro Neoliberal (en el que participa Vargas Llosa) negó que Fujimori fuese neoliberal, sino «neofacista».​

Durante los nueve meses de «emergencia y reconstrucción nacional», se llevaron a cabo varias reformas institucionales mediante una centena de decretos supremos.​ Antes de finalizar ese periodo, se oficializó el Congreso Constituyente Democrático, responsable de establecer la Constitución de 1993 y su capítulo dedicado a la economía social de mercado.

En 1994, el proyecto neoliberal comenzó a tener frutos con una disminución marginal de la pobreza (de un 53.5 % en 1994 a un 49 % en 1997, según el Banco Mundial) y la creación de aproximadamente 1.3 millones de empleos, aunque muchos de ellos de calidad inferior.​ Según Germán Alarco, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el crecimiento económico experimentado entre 1994 y 1997 suele compararse con el de otros periodos de expansión económica previos, como los ocurridos entre 1922 y 1950, y entre 1952 y 1973.​ Al crecimiento económico, las medidas consiguieron reestructurar a la clase media, con Lima concentrando aproximadamente el 46 % de su población en 2004.​ Si bien la clase media se benefició del crecimiento, esta fue marginada durante el gobierno de Fujimori, debido a la eliminación de algunos derechos laborales y la falta de empleo.​

La apertura a la inversión privada continuó en los siguientes años. En las elecciones de 1995, el empresario Roque Benavides afirmó que la élite empresarial había respaldado a Fujimori para seguir impulsando la participación del sector privado en el país.​ Sin embargo, las reformas económicas se estancaron en 1996, cuando el Gobierno estaba a punto de declarar el fracaso de la reforma.​ Un estudio realizado por la economista estadounidense Erica Field indicó que los países veían con buenos ojos el programa de titulación de tierras y sugirió cambiar la visión internacional del país para acabar con este estancamiento.​

Desde la visita de Fujimori a los Tigres de Asia en 1991,​ los países del Sudeste Asiático se interesaron por Perú y así, junto a otras naciones, evitaron que este cayera en el fracaso de la corriente neoliberal. En 1996, durante su nueva visita a Malasia, el presidente Fujimori recalcó que el Estado peruano mantendría el sistema económico liberal y tomó como referencia las estrategias del país vecino.​ Cuando se reunió con su homólogo Kim Young-sam en ese mismo año, el líder ejecutivo también señaló la importancia de los inversores extranjeros de Corea del Sur por ser «socios del desarrollo».​

En 1998, Perú consiguió formar parte de la APEC, ya que el país había iniciado una apertura diplomática con sus socios y contaba con el respaldo de muchos otros países.​ Según el portal Infobae, en 1992 Alberto Fujimori le comentó al primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, que quería que Perú se sumara a la APEC, en un momento en que «había fijado una moratoria para nuevos países miembros hasta el 2007».​ Cuando estuvo a punto de unirse al foro, el país se comprometió a liberalizar su comercio y a garantizar las inversiones de sus socios.​

Empresas prestadoras de servicios

En 1999, el político Gustavo Mohme señaló que el Estado tenía la intención de privatizar los servicios públicos.​ En lugar de privatizarlos, se creó una alternativa: la fundación de la empresa prestadora de servicios (EPS). Esta alternativa permitió que el Estado continuara operando en su etapa neoliberal, pero generó gastos. Como indicó el Ministerio de Vivienda en 2024, las empresas no eran autosuficientes desde el punto de vista económico para operar y mantener su infraestructura.​

En el caso del agua potable y saneamiento, los recursos hídricos no se privatizaron debido a la falta de apoyo del Banco Mundial.​ Las EPS se crearon con una participación mayoritaria de las municipalidades a largo plazo, mientras que el sector privado asumió un papel minoritario.​ En 2017, al menos 50 EPS cubrían a 18.6 millones de habitantes urbanos, de los cuales 16.5 millones contaban con el servicio de agua potable y 14.9 millones tenían una conexión de alcantarillado.​ Estos servicios fueron criticados por no tener autonomía para tomar sus propias decisiones financieras.​

En los servicios de salud, el sector privado tuvo la autorización de participar en la atención de personas que aún no estaban cubiertas por el Estado.​ La institución de seguro social, EsSalud, permaneció exenta del proceso de privatización.​

Problemas y consecuencias negativas

Equivocadamente los llamamos "neoliberales", en realidad son "conservadores". Se les llamó así (en Estados Unidos) porque fueron los liberales que se pasaron al sector conservador, y por eso se les llamó neoliberales, pero eso es sólo un episodio del gobierno de Reagan. [...] Si trasladáramos los debates político-electorales que se dan en Estados Unidos al Perú (a causa de la ideología), aquí sus dirigentes [opositores] aparecerían como comunistas porque todo el tiempo están hablando de seguridad social, de pensiones, de educación, de salud, de servicios. [...] [Los defensores] aceptan que ciertos aspectos del Consenso de Washington son sacrosantos. —Enrique Zileri, en una entrevista de 1999 para La República sobre la situación política en unas eventuales nuevas elecciones generales.​

Cuando se oficializó el sistema neoliberal, el Estado se enfrentó a problemas laborales y económicos. Algunos de estos problemas se debieron a la falta de garantías de empleo en el sector público.​

Uno de estos problemas fue la aplicación de medidas de flexibilidad laboral, que llevó a varios trabajadores a presentar denuncias ante instancias supranacionales. El laborista Javier Mujica afirmó que los trabajadores denunciaron al Estado por infringir los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),​ lo que provocó que Perú lo denunciara ante dicho organismo en 1996.​ El diario La República estimó que para el año 2000 se habían producido más de medio millón de despidos de empleados que no recibieron ninguna indemnización por sus puestos de trabajo.​

En 1990, el Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa presentó una acción de amparo ante la Corte de Justicia solicitando la inaplicación de dos decretos que, según el sindicato, contravenían un convenio colectivo pero el proceso tardó varios años.​ En 2002, los dirigentes de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales solicitaron la restitución de los puestos de trabajo eliminados desde 1992.​ Posteriormente, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Perú responsable de infringir los derechos laborales de 164 empleados públicos cesados entre 1996 y 1998.​

Otro problema fue en la implementación de las medidas económicas durante la reforma neoliberal. En una serie de publicaciones del IPE de 2000, el analista Roberto Abusada señaló que no todas las reformas se implementaron correctamente, al menos en 1998, cuando la administración central entró en su propia crisis.​ Según Juan José Marthans, esta crisis económica y política fue más intensa que la ocurrida a inicios de la década.​ El economista Félix Jiménez señaló que en 1999 se añadió el conflicto social como consecuencia de la pobreza de parte de la población, provocada por la recesión.​ A pesar de los problemas de la economía internacional, como ocurrió con la crisis asiática, Perú estableció contactos con otros países, relación que se mantuvo durante los años siguientes.​

Las reformas económicas permitieron que algunas empresas recibieran beneficios fiscales millonarios, y 78 de ellas continuaron recibiéndolos en las dos décadas siguientes.​ Esta permisividad se debió al decreto supremo 120-94 EF, que establece la exoneración de algunos impuestos para potenciar su participación en el país.​​ Este decreto supremo es una muestra de la consolidación de grupos de poder complacidos con el Estado.​ Además, el sector privado permitió contratar a trabajadores de las antiguas empresas que fueron adquiridas, según Javier Diez Canseco.​

Con la crisis política del año 2000, Fujimori propuso elaborar nuevos decretos «urgentes» para revertir las medidas económicas con el propósito de centrarse en la atención social y así mejorar su imagen presidencial de cara a las nuevas elecciones. Los líderes empresariales rechazaron propuestas como la eliminación de la exoneración de impuestos al sector minero, lo que provocó que los inversionistas extranjeros perdieran el interés en colaborar con el país.​ Ante la incertidumbre empresarial, posteriormente, Fujimori optó por restituir a Carlos Boloña como ministro de Economía.​

Renovación de la política neoliberal y el consenso de Lima

El Consenso de Lima es potente. Ejerce casi un poder de veto sobre la política económica. [...] [Luego del fracaso de su primer gobierno], [el expresidente] Alan García se olvidó por completo de su pasado social demócrata y abrazó la ortodoxia conservadora con fervor. [Su sucesor], [Ollanta] Humala, derrotado por el Consenso de Lima en 2006 y muy golpeado por ello en la primera vuelta de 2011, se adaptó también. [...] Para la derecha económica, el Consenso de Lima es el "garante" más efectivo de la continuidad [neoliberal de los años 1990]. [Sin embargo], el Consenso de Lima no representa una mayoría del electorado peruano. —Steven Levitsky, en una columna de La República sobre el término consenso de Lima.​

En la década de 2000, el Perú entró en una nueva época de auge económico que, según el politólogo Alberto Vergara, estuvo alejada «del control [del gobierno de Alberto Fujimori]» mientras se desarrollaba en democracia.​ En esa década, el Acuerdo Nacional de 2002 mantuvo implícitamente el modelo neoliberal de Fujimori.​

La administración interina de Valentín Paniagua, entre 2000 y 2001, estuvo sometida por la Confiep, que instó a respetar los puntos acordados en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional y a abstenerse de intervenir en la economía privada del país. El representante de la organización, Roque Benavides, advirtió de que cualquier intento de afectar a la estabilidad bancaria del país se consideraría un «acto de terrorismo financiero».​

El gobierno de Alejandro Toledo, que sucedió a Paniagua, se caracterizó por la reestructuración de las instituciones públicas, entre ellas, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)​ y el Consejo Nacional del Trabajo (para promover la reactivación del sector laboral).​ Alejandro Toledo estuvo a favor de continuar la privatización.​ Una de las medidas correspondió a la venta de empresas de electricidad.​ Esta medida suscitó protestas en el sur del país, donde se proyectó subastar estas entidades.​ El gobierno también propuso privatizar la empresa de agua de Lima, Sedapal,​ pero no se concretó. El dinero obtenido de la privatización se destinó a los sectores de salud y educación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.​

Con el debilitamiento gradual del Consenso de Washington a lo largo de la década del 2000, surgió de manera informal el Consenso de Lima.​ El término fue acuñado por el politólogo Steven Levitsky para identificar la relevancia de los grupos de poder peruanos,​​ que se caracteriza en llevar una postura más ortodoxa que la anterior.​ En este escenario, Alan García, quien ejerció la presidencia de la república entre los años 2006 y 2011, llevó al extremo la ideología neoliberal, facilitando la exportación de tierras y fomentando la recepción de inversiones foráneas sin restricciones.​ Estas acciones encontraron el rechazo inicial de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, debido a su incredulidad respecto a su gobierno anterior (1985-1990).​

El gobierno de Alan García tomó algunas medidas de la administración fujimorista como la explotación de los sectores primarios. También promovió la mano de obra barata, que no pudo aplicarse adecuadamente en el gobierno de Toledo.​ Aprovechándose de la mala imagen de Toledo, el político pronunció discursos orientados contra la pobreza,​​ mientras incorporaba a ministros alineados con su postura ideológica.​

El Consenso de Lima surgió en simultáneo con el apogeo de las materias primas en aquella década.​ El período de prosperidad que atravesaba el Perú le permitió incrementar el tamaño de su economía a partir de la extracción intensiva de recursos esenciales y diversificar los minerales que se estaban extrayendo,​ al mismo tiempo que la población alcanzaba mayores niveles de poder adquisitivo gracias al acceso a líneas de crédito financiero.​ El éxito fue comparado con los años 1950.​

Cabe destacar que, en 2004, la Sociedad Nacional de Industrias manifestó su preocupación por los intereses «mercantilistas» de las empresas dependientes de las exportaciones de dichos bienes.​ Tras la actualización del modelo neoliberal en el país, el analista Carlos Adrianzén indicó en 2009 que, al igual que en el gobierno de Fujimori, no se fortalecieron las instituciones peruanas ni se implementaron reformas educativas y financieras para garantizar un mayor rendimiento de los ingresos.​

Ausencia de representatividad y declive

Crisis política de 2016-2020

El fujimorismo es una corriente que agrupa a los simpatizantes de Alberto Fujimori. Cuando Alan García dejó el gobierno, la excongresista Keiko Fujimori reestructuró el movimiento en Fuerza Popular, que no solo contó con figuras simpatizantes, sino que también incorporó a nuevas figuras procedentes en su mayoría del sector privado.​

Hacia finales de la década de 2010, el fujimorismo se enfrentó con Pedro Pablo Kuczynski, un presidente con antecedentes en la reunión de Washington de 1989,​ quien asumió posturas neoliberales.​ La principal fuente de apoyo de Kuczynski fueron los jóvenes simpatizantes que defendieron ese sistema cuando este se presentó como candidato en 2011.​ En aquel entonces, solo se buscó mejorar el sistema de distribución de riqueza y la eficiencia en la obtención de recursos.​

Esta disputa estuvo marcada por una nueva crisis política (de 2016 a 2020), durante la cual, tras la dimisión de Kuczynski, no hubo un representante capaz de afrontar el descrédito del Poder Ejecutivo y otras instituciones del país.​ Los economistas Bruno Seminario​ y Pedro Francke,​ la investigadora Marina Mendoza​ y el docente Fernando Villarán​ aseguraron que la década de 2010 marcaría el final del neoliberalismo.

Pandemia de COVID-19

Algunos dicen que soy de Patria Roja, otros dicen que soy de la Confiep (por la línea demasiado pro empresarial y cercana al gremio), entonces en realidad eso demuestra que hay diferentes intereses y percepciones que hay que escuchar. —María Antonieta Alva, ministra de economía en el gobierno de Martín Vizcarra.​

Con la pandemia de COVID-19 en el país, una de las consecuencias fue la reducción de la clase media, de 14 millones de personas en 2019 a casi 8 millones en 2021.​ El economista Pedro Francke afirmó que, cuando el país recibió la pandemia de COVID-19, una parte considerable de la población peruana habría descuidado su salud y dependía del empleo presencial para obtener dinero y sobrevivir.​ Durante el gobierno de Martín Vizcarra, existió el inconveniente de que los servicios asistencialistas de la población eran de pago, ante el cual no se pudo legislar para fomentar los servicios de forma masiva y gratuita.​ Además, la Confiep se opuso a las intenciones del gobierno en ofrecer servicios económicos privados de bajo coste alegando una supuesta amenaza de expropiar empresas.​

La insuficiente infraestructura y personal para atender el sector y la desigualdad social en el interior del país contribuyeron a que Perú tuviera una de las peores gestiones en la lucha contra la pandemia a nivel mundial.​ Parte de los servicios financieros y clínicas, algunas de ellas apoyadas por el Estado para evitar su bancarrota, fueron indiferentes a la hora de ofrecer una atención digna a la población más vulnerable.​ En cuanto a las universidades privadas, los estudiantes denunciaron que se les exigía una cuota mensual mientras estudiaban a distancia,​ por lo que la Sunedu exigió que se transparentaran dichos gastos.​

El fracaso del asistencialismo gratuito hizo que la subvención económica se convirtiera en la estrategia principal del Estado para mitigar la precaria situación de los habitantes vulnerables durante la pandemia. No obstante, aquella subvención solo se podía recibir en persona en las agencias correspondientes, por lo que la población vulnerable estuvo propensa a contraer enfermedades.​

Crisis política desde 2021

La candidatura presidencial de Pedro Castillo, competidor de Keiko Fujimori, generó el temor de los simpatizantes de la corriente neoliberal. Por ejemplo, el tabú en torno al gasto público.​ Este temor se tradujo en la retirada de algunos capitales de las empresas administradas por las familias Romero y Brescia antes de la segunda vuelta.​ El economista Alonso Segura declaró en el diario Gestión que las propuestas de Castillo evidencian su animadversión hacia la inversión privada y las comparó con las medidas económicas tomadas en el primer gobierno de Alan García.​ Sin embargo, el temor de que Castillo buscara modificar sustancialmente el sistema económico no se demostró en la práctica. De hecho, según el analista Jan Lust, las acciones de Castillo terminaron siendo contraproducentes y no lograron un impacto significativo en la economía.​

Cuando Pedro Castillo fue elegido presidente en 2021, dando comienzo a una nueva crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso, los problemas sociales continuaron agudizándose.​​ El economista Hernando de Soto, quien se presentó a las elecciones presidenciales ese mismo año, calificó el gabinete liderado por Castillo como una «Confiep de terrucos».​ La coalición Empresarios Unidos por el Perú, formada por 197 asociaciones, gremios y conglomerados empresariales a nivel nacional, expresó su rechazo a un proyecto de asamblea constituyente en 2022 propuesto por Castillo en 2022.​

Tras la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2022 y, según el presidente del BCRP, Julio Velarde, «ha desaparecido el gran temor [de los empresarios] […] de un radicalismo tan grande».​ La nueva mandataria intentó formar un gabinete que se asemejara a los conceptos neoliberales.​ Durante su gobierno, Boluarte buscó priorizar el «shock de inversiones» con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.​ Según el analista Farid Kahhat, los inversionistas esperan que eso ocurra con ella, ya que no habrá problemas como los de Castillo.​ El Congreso propuso que tanto el Ejecutivo como el sector privado estén involucrados en los proyectos de ley.​

El partido liderado por Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tuvo conexión con el gobierno. Mientras el partido elaboró normativas en el Congreso de la República para fomentar nuevos beneficios tributarios (como la ley 31903 para la reactivación económica),​ el gobierno central incluyó a un empresario que había apoyado la teoría del supuesto fraude electoral para potenciar el sector de la inversión y construcción de escuelas.​

El inicio del mandato de Boluarte coincidió con la convulsión social, que intensificó la crisis política, con algunos simpatizantes demandando una nueva constitución.​ El politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Católica de Perú, Alonso Cárdenas, señaló que la élite política impidió cumplir los reclamos constitucionales de los pobladores a través de una campaña de terruqueo.​ Uno de los departamentos que experimentaron protestas fue Puno, que sufrió una reducción significativa de sus operaciones, equivalente a una cuarta parte de su actividad en años anteriores.​ En este departamento ocurrió la masacre de Juliaca, perpetrada por policías.

En este gobierno, el desarrollo económico se estancó. Las cifras sobre la población de la clase media fueron disminuyendo, con mayor intensidad en Lima Metropolitana y Callao, donde la clase media bajó de 60 % de la población en 2019 a 47 % en 2023, dejando fuera del grupo a casi 1.2 millones de personas.​ Un estudio de 2023, por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que más del 50 % de la clase media trabajadora nacional no tenía posibilidades de formalizarse.​

En 2023, la reducción de la inversión privada y las expectativas empresariales pesimistas a causa del rechazo social a Boluarte provocaron una nueva caída económica en Perú,​ la más grave desde la crisis financiera asiática de 1997.​ Según una encuesta de opinión realizada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 7 de cada 10 empresarios no tenían previsto realizar inversiones en los últimos meses del año.​ El economista Kurt Burneo atribuyó la pugna entre los poderes del Estado como responsable de la falta de estabilidad económica.​ Paradójicamente, Perú recibió a China como su principal aliado inversor, que consiguió el 20 % de las minas del país sudamericano,​ y contó en 2024 con 200 empresas que desempeñaban su labor en varios sectores.​ El embajador de este último afirmó que lo ve «amigable» para las inversiones.​

En 2024, Boluarte anunció en su mensaje a la Nación nuevas medidas para fomentar la extracción de minerales e hidrocarburos, pasando por alto temas como la licencia social y la supervisión ambiental. Además, Boluarte ignoró la promesa que había realizado cuando postulaba como vicepresidenta de Pedro Castillo para cancelar proyectos mineros como Tía María. Ella culpó a los «reducidos sectores ideologizados» que se habrían opuesto a la extracción de recursos.​

Posturas

Una sucursal de la cadena de supermercados Tottus ubicado en Lima, donde se comercializan televisores mientras se proyecta la bandera peruana sobre la fachada de la tienda.

El neoliberalismo se caracteriza por ser individualista y egocéntrico, y adopta conceptos clásicos de la ideología.​ Desde el punto de vista narrativo, se defiende que el país depende de una comunidad política conformada por individuos (ya sean empresarios o integrantes de gremios), quienes «deben enriquecerse» para lograr el progreso de los peruanos y así ganarse su liderazgo en la toma de decisiones del país.​ Su narrativa intentó extenderse a otros sectores de la sociedad mediante la promesa de superación.​

Esta postura desplazó a los movimientos cooperativos en el gobierno de Velasco Alvarado, ya que las leyes de los años 1990 ya se basan en plantear reclamaciones sociales. Para los cooperativistas, la única opción es convertir sus tierras en empresas y repartirlas individualmente, lo que cumple con la lógica jurídica neoliberal de privilegiar los derechos individuales en el mercado.​

Históricamente, en Perú, incluso los proyectos de los liberales en los primeros años republicanos mantenían las pautas coloniales que otorgaban al Estado un papel central en la creación de riqueza y bienestar. Según el historiador Franklin Pease García Yrigoyen, tras la independencia del Imperio español, la nación no promovió el emprendimiento privado y mantuvo un Estado monopolista y centralizado. Los comerciantes extranjeros, considerados representantes del liberalismo económico, se adaptaron rápidamente a las tradiciones conservadoras de hacer negocios.​

Antes de la llegada de Alberto Fujimori al poder, Hernando de Soto escribió El otro sendero. El libro acusaba la presencia de un Estado intervencionista en el mercado​ y exponía la transformación de la ciudadanía informal que desafió a ese Estado burocrático.​ La obra generó polémica por difundir de ideas mercantilistas que no fueron explicadas en profundidad.​ Especialistas como Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch catalogaron su visión de «neoconservadora» por naturaleza, debido a los derechos que aplicarían a los trabajadores en condición de informalidad (uno de los más relevantes en el precario sistema laboral del país).​ El analista Carlos Alberto Adrianzén afirmó que esa obra fue importante para acercar a los empresarios al poder político.​

En el gobierno de Alberto Fujimori, muchas medidas se basaron en el consenso de Washington, en que se centró económicamente en la desregulación y la privatización con el objetivo de migrar el Estado a una economía neoliberal.​​ El Congreso de la República apoyó la promoción de un Estado neoliberal.​ Ciertas posturas recibieron el visto bueno de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), un grupo económico enfocado en políticas económicas,​ donde su director Jorge Camet asumió como ministro de economía (sucediendo a Boloña).​

En el siglo XXI, el neoliberalismo fue bien recibido por los defensores de esa tendencia debido a su capacidad de obtener recursos a cambio de generar megaobras.​ Entre dichos defensores se encuentran la misma Confiep y su principal miembro, el empresario Dionisio Romero.​ Sin embargo, no todos los defensores estuvieron completamente de acuerdo. En 2020, algunos empresarios abandonaron la Confiep y formaron la Unión de Gremios del Perú (UGP), en la que replantearon la economía social de mercado, diferente de la planteada por el primer gremio.​ Según Francisco Durand, las visiones de la Confiep (que estaba perdiendo algunos de sus miembros originales desde 1998) y de la UGP sobre las voces de sus integrantes eran diferentes. De hecho, para Durand, la Confiep estuvo protagonizada por banqueros y mineros.​

Políticas

En el marco de la reforma estatal de Fujimori, el economista Carlos Matus expuso la introducción de «tecnopolíticos», tecnócratas que poseían una perspectiva distinta y promovían valores democráticos y la satisfacción de las demandas ciudadanas.​ Según Alberto Vergara, cuando hubo un colapso de los partidos políticos en la década de 1990, en que dieron lugar a una generación de políticos aficionados, los políticos aficionados sin partidos no pueden competir con el experimentado cuerpo de tecnócratas neoliberales que operan dentro del Estado.​

El sociólogo Agustín Haya de la Torre llegó a la conclusión de que la política se había visto invadida por el mundo empresarial y comercial. Los parlamentarios elegidos por los nuevos partidos representan en gran medida los intereses privados. Los gabinetes están dominados por empresarios y las decisiones se basan principalmente en un enfoque de coste-beneficio, dando prioridad a los resultados financieros sobre los valores republicanos.​ El diario La República afirmó que, en el CADE Ejecutivos de 2000, los líderes empresariales se interesaron por la política tras la ausencia de Alberto Fujimori en ese evento.​ Veinticuatro años después, en una nueva CADE, los líderes tenían previsto tratar el tema de la reforma política tras la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, según uno de ellos, porque la ausencia de Boluarte «no nos incomoda».​

El autor Francisco Miró-Quesada Rada señaló la existencia de «partidos empresa», liderados por empresarios con cualidades caudillistas y oligárquicas.​ Además, el especialista Steven Levitsky afirmó en 2020 que no existían partidos políticos puros, y que lo que había eran «franquicias alquiladas a la gente para llegar al Congreso y hacer dinero o negocio».​ Dicho argumento fue compartido por Percy Medina, jefe del capítulo peruano de Idea Internacional, en 2023.​

De propiedad

Una vivienda con esteras en el entonces pueblo joven Villa el Salvador. Fotografía de 1975.

La formalización de la propiedad fue propuesta por Hernando de Soto en 1988 y aplicada en 1996, tras la aprobación del Banco Mundial y del gobierno de Alberto Fujimori.​ El entonces gobierno de Fujimori eliminó el sistema mutual, lo cual facilitó el crecimiento de terrenos urbanos sin un proceso regulatorio.​ En 1996, se promulgó el Decreto Legislativo n.° 803, que estableció como de interés público la formalización de la propiedad privada en las viviendas y creó la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).​ Años después, en 2020, se dictó la Ley 31056, que estableció los plazos de titulación de territorios ocupados por posesiones informales antes de diciembre de 2015, una medida controvertida por fomentar el tráfico de terrenos.​

Adicionalmente, con la Ley de Inversiones en el Agro (1991) se permitió la compra y venta de suelos agrícolas (prohibida desde la primera reforma agraria), norma que estuvo acompañada por la norma sobre Titulación de Comunidades Campesinas de la Costa (1996) para garantizar el comercio desde los latifundios.​ Desde 2019, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encarga de la formalización de predios en zonas agrícolas en su jurisdicción.​

De Soto tenía una visión sobre el surgimiento, el crecimiento y la persistencia de nuevas viviendas construidas sin planificación adecuada, debido a los sistemas legales e institucionales incapaces de definir y reconocer los derechos de propiedad generados por situaciones no contempladas por las instituciones formales.​ Él cree que ofrecer seguridad jurídica sobre los terrenos permite «darle a los pobres el instrumento para levantarse».​

De Soto también conocía el comportamiento fuera de las urbes y entendió que los pueblos indígenas no viven en un paraíso en el que todo es de todos y los derechos privados son innecesarios. Al contrario, «para bien o para mal, los nativos amazónicos han empezado una transición al mercado».​ Sobre la minería, «una buena parte es informal, [debido a] que no está claro quién es el dueño de la propiedad»,​ aunque especialistas como Manuel Pulgar-Vidal discrepaban de sus posturas.​ En 2015, De Soto afirmó que los mineros artesanales también se dedicaban a la agricultura.​ En 2024, el economista señaló que las empresas que operaban en la pequeña minería se vieron afectadas por el rendimiento de su actividad cuando llegó la pandemia del COVID-19. Por ello, los empresarios que recurrieron a préstamos en lugar de capitalizar sus terrenos han precipitado su colapso.​

Laborales

Véase también: Legislación laboral del Perú

Los derechos sociales en Perú se han visto influidos por golpes de Estado perpetrados por élites autoritarias. Fujimori recurrió al Estado para redefinir los derechos sociales y crear una ciudadanía social neoliberal, cuyos derechos se supeditan a la oferta y la demanda del mercado.​ Estas definiciones se establecieron en una nueva ley de 1992 que simplica la regulación de las relaciones colectivas de trabajo, un tema que se legisló en el pasado, pero no se estandarizó.​

El logro más destacado del fujimorato ha sido el debilitamiento de los sindicatos,​ que tenían influencia entre los años 1970 y entraron en decadencia en la siguiente década. Si bien en la teoría la Constitución de 1993 solo reconocía el derecho a formar sindicatos (más reducido que en la Constitución de 1979),​ en la práctica se evitó que los trabajadores se sindicalizaran en las empresas.​ Una encuesta realizada en 2004 por la Universidad de Lima reveló que solo el 5 % de los trabajadores estaban afiliados a sindicatos, los cuales atravesaban una crisis de identidad en cuanto a la defensa de los derechos laborales.​ Sin los sindicatos como fuerzas negociadoras, se creía haber resuelto el problema de la «paz laboral», pero no ha sido así, pues no se han abordado los problemas que podrían surgir en la empresa o en el sector productivo.​

Los trabajadores de las empresas asumieron un nuevo sistema de seguridad social (Sistema Privado de Pensiones, SPP),​ que introdujo a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que opera el sector privado. Esta medida fue rechazada inicialmente por los movimientos sindicales y denunciada por algunos trabajadores que se vieron obligados a afiliarse.​​

En 1998, la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) informó de que la densidad sindical se había reducido significativamente a causa de las reformas laborales implementadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Estas reformas otorgan a los empleadores la potestad de externalizar hasta el 90 % de su fuerza laboral mediante la contratación de empresas de servicios, cooperativas y programas de capacitación para jóvenes.​

Los cambios radicales en el aspecto laboral motivaron que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso modificara en 2001 las normas de relaciones colectivas para proteger a los trabajadores ante un despido arbitrario.​ Estas modificaciones fueron bien recibidas por la Confederación General de Trabajadores del Perú, mientras que la Asociación de Exportadores (ADEX) las rechazó.​ Posteriormente, durante el gobierno de Ollanta Humala, se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como ente supervisor de las posibles irregularidades por parte de los empleadores.​ También han surgido nuevos esfuerzos de organizaciones sindicales para salvaguardar los derechos de los trabajadores, ejemplificados en los canales de televisión peruanos América (SutramericaTV) y Latina (Sintralatina).​ Estas asociaciones fueron inscritas en los años 2020.

En 2019 se elaboró el Plan Nacional de Competitividad, con estrategias enfocadas en la formalización del empleo.​ La iniciativa fue criticada por sindicatos laborales al considerar que priorizaba la competitividad por sobre los derechos laborales.​ En contraste, en 2021 se puso en marcha la Agenda 19, una serie de directrices propuestas por el economista Íber Maraví (del gobierno de Pedro Castillo) para fortalecer los derechos de los trabajadores tras supuestamente acordar con los empresarios.​ Esta última medida generó detractores como la Cámara de Comercio de Lima por suponer que esto limitaría la actividad del sector privado desde una «visión ideologizada».​ En 2023 se anunció reemplazar la mencionada agenda a cargo del asumido ministro del gobierno de Dina Boluarte, Alex Contreras.​

Judiciales

En el ámbito judicial, los grupos de poder económico criticaron el sistema jurídico peruano por su excesivo formalismo y la desconfianza de sus funcionarios. Según esos grupos, en 1997 la administración de justicia estaba mayoritariamente en manos de magistrados de sectores bajos y con menor formación. Como resultado, los empresarios con mayor poder adoptaron medidas alternativas, como el arbitraje. Para el catedrático Wilfredo Ardito Vega, el uso de estos mecanismos legales no estatales para resolver disputas puso de manifiesto las dificultades de los sectores rurales para defender sus derechos frente a los empresarios.​

En 2024, el Gobierno del Perú se enfrentó a los centros de arbitraje al establecer una nueva norma que les obliga a registrarse ante un registro nacional del Ministerio de Justicia (denominado «Renace»). La ley se concibió para proporcionar a los ciudadanos información que les permita tomar decisiones mejor informadas acerca de este sistema de resolución de conflictos. Según la información proporcionada por Infobae, las partes, en especial los empresarios, tendrían limitaciones para elegir a su árbitro preferido.​

Asistencialistas

De forma similar a la visión de Hernando de Soto,​ la política de asistencia de social de Fujimori se vio influida por corrientes neopopulistas.​​​ Si bien los tecnócratas dominaron el debate político, el presidente se rodeó de populistas.​ Estos últimos tuvieron un papel importante en la atención a las necesidades del gobierno, aunque sin una representación gubernamental notable.​ Hacia finales de la década de 1990, el populismo y la tecnocracia se desarrollaron de forma armoniosa.​

Tras la promulgación de la Constitución de 1993, el gobierno del presidente Alberto Fujimori manifestó su intención de promover iniciativas de inclusión social en colaboración con organizaciones internacionales y feministas en la Conferencia de Beijing de 1995. Sin embargo, en la práctica, su implementación fue insatisfactoria. De acuerdo con la investigadora Maruja Barrig, el poder ejecutivo en la década de 1990 se enfocó en la reducción del capital que en iniciativas sociales como el enfoque de género.​

El gobierno buscó que los programas sociales promovieran el «desarrollo» individual de las mujeres, para que ellas cumplieran la responsabilidad de cubrir las necesidades de sus comunidades.​ No fueron más allá de los programas sociales para combatir la pobreza​ o en fomentar el empoderamiento de las mujeres.​ Además de las mujeres, las comunidades indígenas, que fueron ignoradas en el discurso de Beijing,​ estas solo contaban con una secretaría y carecían de un reconocimiento explícito en la constitución.​ Según el académico Luis Reyes Lostaunau, finalmente fueron los trabajadores urbanos quienes se beneficiaron principalmente de la política asistencialista, en detrimento de las poblaciones rurales y desfavorecidas del Perú.​

Una vez que se concretó la no intervención del Estado en la Constitución de 1993, el gobierno peruano centró el gasto público en las zonas donde se votó en contra o en donde hubo abstención en el referéndum. Esto dio lugar a un populismo asistencial por parte del presidente Fujimori, quien asumió un papel directo en la distribución de ayuda a los pobres, inauguró servicios y actuó como figura principal de apoyo social, lo que se denominó «neopopulismo».​ Una de las estrategias de Alberto Fujimori en sus primeros años de gobierno, y considerada como tal, fue la distribución de donaciones de entidades extranjeras por parte de su familia.​

Ante el crecimiento de los comedores populares y otras organizaciones de gestión local,​ el gobierno optó por centralizar la asistencia social mediante la creación de dos nuevas instituciones que seguirán vigentes en los próximos años.​ El primero es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa, renombrado como Qali Warma), que estaba destinado a beneficiar a los proveedores del Gobierno, como agricultores y madres de familia.​ El segundo es el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), dirigido por el ministro de la Presidencia, Jaime Yoshiyama, y dedicado a obras de carácter social.​

Asimismo, el gobierno de Fujimori se aprovechó del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs),​ un programa importante para proveer agua (debido a que no fue privatizado) a las familias campesinas de la sierra del Perú. El diario La República denunció que los beneficiados de Pronamachcs, mayormente en situación de pobreza, fueron utilizados por el gobierno con fines políticos.​

Pocos presidentes como Valentín Paniagua evitaron que las instituciones asistencialistas fueran manipuladas por el Gobierno central.​ Sin embargo, luego de Paniagua, las políticas populistas neoliberales siguieron en vigencia, volviéndose en una regla en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.​

En 2006, Ollanta Humala elaboró un plan de gobierno en el que criticaba el modelo neoliberal y proponía una «gran transformación» inclusiva. El término «inclusión social» no apareció en ese plan de gobierno, pero fue en 2011 cuando se empezó a utilizar para sustentar la implementación de los programas sociales que se implementaron en el país para aliviar la situación de pobreza.​

Emprendimiento local

El Emporio Comercial de Gamarra se erige como un centro crucial para el fomento del emprendimiento textil en Lima. Este concentra el 70 % de confección nacional.​

En Perú se ha constatado que el Estado promovió el espíritu de productividad en el país en lugar de fomentar el empleo.​ Según el informe Global Entrepreneurship Monitor, en 2024 tenía la mayor proporción per cápita de habitantes por empresa, con una empresa por cada 13 habitantes.​ El Emporio Comercial de Gamarra, que alberga un 99 % de pequeñas empresas, es un ejemplo de emprendimiento impulsado por empresarios emergentes.​

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) fueron definidas en 1991 mediante la Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas (Decreto Legislativo 705).​ Esta ley requirió la formalización de las PYME a través de la Solicitud Simplificada de Licencia Municipal, que incluía una declaración jurada y una copia del registro único.​

Antes de su legislación, las microempresas solían ser de carácter familiar. Según un estudio de Alternativa (1997), aproximadamente la mitad de las pymes eran dirigidas por una sola persona.​ El mismo estudio encontró que los propietarios dedican entre 10 y 12 horas diarias, seis o siete días a la semana.​

Con el tiempo, las pymes pasaron a constituir una parte fundamental de la economía nacional, representando alrededor del 90 % del entramado empresarial.​ En 2023, las pymes daban empleo al 46 % de la población activa (8.5 millones de personas),​ una cifra que ha experimentado una notable evolución, aunque alejada del 75 % que tenía en 1997.​ En 2021, una asociación de gremios de la pequeña empresa obtuvo un cupo en el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.​

Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, se crearon 250 mil empresas, en su mayoría personales, de las cuales se formaron cinco por cada una que dejó de operar.​ Según el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima en 2023, siete de cada diez nuevos emprendimientos en la capital son representados por mujeres.​

Uno de los rasgos distintivos de la población es la criollada, que reproduce uno de los rasgos de la cultura oligárquica y se caracteriza por priorizar el beneficio personal y manipulador sobre la moralidad o las normas sociales.​ Un estudio de la Escuela de Posgrado Newman en 2022 sugirió que los negociantes del país adoptaron habilidades sociales ingeniosas, producto de la criollada, para trascender en círculos nacionales e internacionales.​ Además de este rasgo social, surgieron nuevos pensamientos relacionados con la ética empresarial y la colaboración colectiva, como indicó un estudio de 2020 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.​

Incentivos

A partir de 1992, los emergentes emprendedores se convirtieron en un objetivo de atención para los bancos tradicionales.​ El economista Félix Jiménez señaló que cuando la economía creció significativamente gracias a la inversión extranjera en sectores primarios (1993-1997), los bancos apostaron por dolarizar su portafolio para ofrecer créditos a las empresas locales.​

Se realizaron varias iniciativas para promover el enfoque corporativo de las nuevas empresas. Una de ellas, en 2002, contó con el apoyo del Instituto Peruano de Administración de Empresas para capacitarlos.​ En 2004 se estableció la campaña Cómprale al Perú, que tenía como objetivo promover los productos fabricados por empresas locales y alentar su apreciación por parte de la sociedad peruana con miras a su exportación.​ Esta campaña contó el apoyo de marcas como Wong​ y tuvo nuevas ediciones en los años 2009​ y 2020.​

En 2023, el Congreso aprobó el reglamento para fomentar beneficios económicos a jóvenes (hasta 29 años) que quieran constituir sus propios emprendimientos. Entre los beneficios están en la reducción de impuestos y el trato preferencial como pequeña empresa.​

Apoyo del Estado

Micro y pequeños empresarios de Gamarra, y los distritos de Ate y San Juan de Lurigancho promoviendo la campaña de producción de camisetas de la selección nacional de fútbol.

Cuando se oficializó la ley en 1992, el Estado llevó a cabo diversas campañas para fomentar la colaboración de los empresarios de las pymes con sus organizaciones.

En el gobierno de Alberto Fujimori, se creó en 1997 la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme), empresa que habría sido relevante en el apoyo del Estado al empresariado.​ En el año 2000, Fujimori llevó a cabo numerosos congresos organizados por los Concejos Transitorios de Administración Regional para apoyar a nuevos empresarios fuera de la capital. Esta medida fue denunciada por conseguir nuevos electores para su reelección.​

En 2008, las pymes representaron el 45 % de las adquisiciones estatales.​ En 2009, se creó el programa Mi empresa para fomentar los negocios con el Estado.​ Posteriormente, en 2013, se implementaron medidas de apoyo adicionales, entre ellas, la obligación del Estado de destinar anualmente el 40 % de sus compras a las pymes.​

En los años 2020, el Ministerio de la Producción asumió la campaña Programa Compras a MYPErú, el cual fue creado con el objetivo de impulsar permanentemente los negocios con las micro y pequeñas empresas.​ Sin embargo, el dirigente gremial René Cobeña manifestó en 2024 su desacuerdo con el desempeño del programa. Según Cobeña, dicho programa no ha ejecutado ningún presupuesto y sus Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) carecen de financiamiento gubernamental, incluido el del Ministerio de la Producción, institución que se encontraba bajo la presidencia de Dina Boluarte al momento de realizarse la crítica.​ Estas críticas coinciden con las denuncias de otros dirigentes gremiales, quienes observan que las empresas emergentes limeñas están concentrando la mayor parte de las cuotas asignadas, en detrimento de las micro y pequeñas empresas regionales.​

Formalización de empresas

La importancia de formalizar las empresas para facilitar la obtención de capital y garantizar su estabilidad ha sido objeto de importantes debates. De acuerdo con el presidente del gremio de Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en 2023 había 3.1 millones de microempresas y pequeñas empresas formales. Las tres millones de empresas restantes no buscan formalizarse por temor a ser inspeccionadas y sancionadas por las autoridades.​

Impacto

El neoliberalismo causó un profundo impacto en los políticos, los empresarios y la ciudadanía en general. El Estado perdió notablemente su presencia en la vida social y económica de los peruanos, mientras ganaba en el control político y en el orden público.​

Si bien el país experimentó un crecimiento exponencial en su economía en los años siguientes gracias al Consenso de Washington, factores como la economía informal y la corrupción generalizada han socavado la capacidad del Estado para hacer frente a los problemas que lo desafían.​ La corrupción creció al mismo ritmo que en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde a finales de la década de 1980​ y, en 25 años, ningún gobernante logró reducirla.​ En consecuencia, la debilidad de las instituciones entorpeció el desarrollo de las organizaciones empresariales debido a los cuestionados hábitos y convenciones sociales que se instauraron en el país.​ A pesar de la situación, el neoliberalismo siguió vigente.

Una institución que mantuvo vigente el libre mercado es el Banco Central de Reserva (BCRP), una institución autónoma​ establecida por la Constitución de 1993 que, en las últimas tres décadas, ha cumplido su función de «mantener la estabilidad monetaria».​ El BCRP cuenta con un presidente que defiende públicamente la inversión​ y permite que los economistas especializados aborden los temas económicos del país independientemente de sus posturas políticas.​ Por su notable autonomía y su capacidad para tomar decisiones, como el hecho de haber conseguido que la inflación alcanzase un dígito desde 1997 (en comparación con lo ocurrido entre 1921 y 1940),​ el autor Manuel Monteagudo Valdez consideró al BCRP como un «cuarto poder del Estado».​

El investigador Francisco Durand señaló que la corriente neoliberal asumió una «visión darwiana» de las cosas, en referencia a la frase de la «supervivencia del más apto», en la que se admira a las empresas más grandes por ser «los más fuertes» actores del mercado.​ En 2004, la publicación Perú: The Top 10 000 Companies, dirigida por José Carlos Lumbreras, determinó que 51 de las 100 empresas con mayores ingresos en el Perú durante el año 2002 eran extranjeras, con un capital total de 739.61 millones de dólares.​ Estas empresas formales habían desarrollado estrategias para reducir los costes administrativos.​ Además, varias empresas adoptaron una actitud cortoplacista que buscaba vivir de las rentas e intentaban obtener favores económicos del gobierno.​​​

Por otro lado, aprovechándose de la ausencia del Estado, las empresas emergentes crecieron económicamente y se distanciaron del régimen tributario debido a los altos costes que se tenían que pagar, pasando esporádicamente a la «informalidad». Por eso, aunque está prohibido que las microempresas colaboren con las grandes empresas constituidas legalmente, prefieren ser informales en primer lugar.​ En 2024, el 60 % de los hogares peruanos dependía de personas que trabajaban en el sector informal, lo que los expone a situaciones de vulnerabilidad como la inseguridad alimentaria.​

Un informe de la Defensoría del Pueblo en 2009 señaló que casi la mitad de las manifestaciones ocurridas en los primeros años de la década de 2000 estuvieron motivadas por el descontento con la inversión extranjera.​ Los inmigrantes de otras regiones tuvieron que vivir junto a la clase media limeña, que gozaba de mejor calidad de vida, cuya área de influencia se expandió a zonas aledañas del centro urbano, conocidas también como conos.​ Para cubrir las necesidades de la clase media, en 2013, el diario Financial Times destacó la construcción de centros comerciales, que se incrementaron en el gobierno de Ollanta Humala.​

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, el Estado peruano ya era un ente capitalista dependiente de la economía global con presencia burocrática.​ Esto no fue suficiente para afrontar la pandemia, que puso de manifiesto la dura realidad de los ciudadanos desamparados por el Estado. Los defensores de dicha corriente ideológica atribuyeron la crisis de los servicios básicos a los escándalos de corrupción que salpicaron a casi todos los expresidentes del Perú de los años 1990, 2000 y 2010.​ En 2024, durante el encuentro CADE Ejecutivos (celebrado anualmente en el país), los empresarios participantes acordaron en la «declaración de Arequipa» que «la única forma de combatir la pobreza y atender las brechas sociales y económicas es mediante inversión privada».​

Control político

Véase también: Centralismo en el Perú

La élite económica mantuvo un contacto directo con las autoridades centrales para adoptar decisiones. Algunos autores sugirieron incluso que estos grupos ocuparon la mayor parte del control político del país, un tema que ha sido objeto de debate.​ Las instituciones permanecieron débiles en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García,​ mientras que se insinuaba de que los peruanos empezaron a desconfiar en las instituciones públicas y vieron con escepticismo la democracia.​ Además de los peruanos en general, Kent Eaton sugirió que los promotores del descentralismo regional mostraron rechazo a la corriente neoliberal.​

Con la llegada de la élite surgió el «neoliberalismo democrático» (también citado como la «república empresarial»), que se caracterizó por la reestructuración de los grupos económicos limeños y el surgimiento de nuevos grupos en el interior como resultado de la liberalización del mercado. Los grupos limeños se internacionalizaron y operaron en la bolsa de valores, mientras que los nuevos grupos del interior se beneficiaron de la apertura del mercado. Es sabido de que los limeños tienen mayor influencia en el Estado, los medios de comunicación y los gremios empresariales, como la Confiep.​ Esta etapa de la historia republicana comenzó cuando la confederación empresarial respaldó la designación del nuevo ministro de Economía del gobierno transitorio de Valentín Paniagua.​

Los grupos económicos se opusieron a modificaciones sustanciales en la estructura social, ya que sus posiciones son más conservadoras que las del Consenso de Washington.​ Esto permitió que en Lima, beneficiada por la globalización,​ se realizara un nuevo consenso que llevó su nombre. Con el consenso de Lima, las élites obtuvieron poder de veto en el gobierno,​​​ lo que impidió que se consolidara una verdadera democracia liberal en los gobiernos posteriores a Fujimori.​

Si bien algunos organismos independientes son financieramente autosuficientes, instituciones que regulan el mercado, como el Osiptel y el Ositran, no cuentan con suficientes recursos.​ Según la OCDE (2024), estos organismos aún dependen del Consejo de Ministros.​ De hecho, en esos organismos, algunos empresarios se aprovecharon de las «puertas giratorias», una práctica mediante la cual podrían intercambiar puestos entre la empresa privada y el organismo regulador que lo supervisa. Esta práctica ha perdurado con el tiempo.​

El periodista César Hildebrandt argumentó que el poder político de un candidato es irrelevante, ya que siempre gana la Confiep, incluso cuando los candidatos provienen de ideologías políticas distintas a la derecha, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala.​ Por su parte, Carlos Bedoya, director ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, sostuvo que la corrupción política estaba arraigada en la Confiep.​

Desigualdad

La pobreza y la marginación fueron los factores que alimentaron el movimiento neoliberal.​ Fuera de Lima, y a pesar del apoyo privado en el país, numerosos ciudadanos peruanos, carentes del respaldo de la élite influyente, se vieron obligados a aceptar deficiencias en servicios esenciales como educación, justicia y seguridad.​​ Farid Matuk, exjefe del INEI, señaló que el crecimiento de la desigualdad no está relacionado con la reducción de la presencia del Estado en la producción de bienes o servicios, sino con la falta de presión fiscal sobre la élite política y económica.​

El temor a perder el empleo y la precarización laboral (que se agravó con la política de ajuste aplicada en Perú durante la última década del siglo XX) fueron los motivos por los que el sindicalismo no fue capaz de renovarse y mantener su relevancia.​ Sumado a la alta tasa de informalidad laboral, en 2010 las condiciones laborales en el país alcanzaron un nivel principalmente lamentable, similar al de principios de la década de 1960.​

La reducción de los derechos laborales se tradujo en la ausencia de la distribución de la riqueza,​ algo significativo si se compara con otros países de América Latina.​ En el Latinobarómetro de 2020, la mayoría de los encuestados percibía que existe una «supervivencia individual» y que la distribución de la riqueza no es justa.​ Un estudio de 2020 sobre el empleo de profesionales de la salud concluyó que las personas de otras razas tienen menos posibilidades de recibir un salario digno y necesitan un empleo adicional para sobrevivir.​

La historiadora Carmen Mc Evoy cree que una de las personificaciones aristocráticas del neoliberalismo de los siguientes años es el «Ciudadano Chibolín», que es un modelo de «la degradación absoluta de los valores ciudadanos, además del veloz ascenso social (desde la “nada”) donde una educación precaria fue compensada con la sed insaciable por reconocimiento mediante el dinero mal habido». Para Mc Evoy, este tipo de modelo considera el trabajo honesto como algo limitado «para los tontos».​

Rolando Rojas, del Instituto de Estudios Peruanos, sostuvo que la precariedad de las instituciones y el crecimiento económico, en gran parte informal, se combinaron con la irrupción masiva de pequeños negocios que han cambiado el panorama económico y social peruano a través de una ideología afín al neoliberalismo, el emprendedurismo. Para el ciudadano, convertido en emprendedor, la sociedad no se concibe como un conjunto de sujetos con derechos, sino como un conjunto de individuos que compiten para abandonar la pobreza y hacerse con una posición económica, lo que implica relativizar la desigualdad. El investigador, citando a los autores Cuenca, Reátegui y Rentería (en el libro El sujeto emprendedor: imaginarios de éxito y representaciones sobre el trabajo de 2022), señaló que la ideología del emprendedurismo tiene un «impacto negativo en el desarrollo de la ciudadanía o el fortalecimiento de las instituciones».​

Mercantilización de la preparación académica

Véase también: Educación en Perú

La instrucción académica bajo el modelo neoliberal de Fujimori permitió la docencia en el sector privado,​ algo que se impedía con la Constitución de 1979.​ Un rasgo importante de este modelo es la «promoción de la inversión en educación»,​ que se llevó a cabo mediante una norma legislativa publicada en 1996, que buscaba supuestamente una alternativa a la docencia financiada por el Estado.​

La educación en el neoliberalismo se fundamentó en la mercantilización, en la que el conocimiento se privatiza.​ Se reconoció el lucro como un objetivo legal y legítimo en la acción educativa, que se aplicaría tanto en el Estado como en la sociedad.​ Como resultado, esta corriente marcó a los estudiantes que debían priorizar una mayor lógica empresarial y comercial frente a la humanística y científica.​

A lo largo de casi tres décadas, bajo esta corriente, se desarrolló un panorama educativo altamente competitivo y heterogéneo, en el que no había forma de fiscalizarlo.​ Según el Instituto Peruano de Economía, existían dos tipos de empresas: por un lado, aquellas que ofrecían una enseñanza de alto coste y, por otro, las que buscaban la máxima rentabilidad económica posible.​ De ahí que se denunciara la existencia de «colegios bamba», es decir, instituciones educativas informales que se realizaban en instalaciones no aptas, como hoteles.​

Un detalle relevante en la docencia en un Estado neoliberal fue el debilitamiento de las materias sociológicas y afines a las ciencias políticas dentro de la formación universitaria.​ En una investigación sobre la Reforma Educativa Neoliberal (aquella emprendida desde 1990 con su revisión final en 1997) por la Universidad San Ignacio de Loyola se llegó a la siguiente conclusión: «[La reforma] no se apoyó en la generalizada sensación de derrota del campo progresista para descalificar las estrategias educacionales demoliberales, consignar como acabado el sistema educativo tradicional y borrar de la memoria las innumerables experiencias educacionales (que se desarrollaron a mediados y finales del siglo XX)».​

La discontinuidad en la calidad del sector educativo se hizo evidente durante el gobierno de Alberto Fujimori, por lo que las reformas de la izquierda y la derecha política buscaban afrontar ese problema sin éxito.​ Al finalizar este gobierno, se intentó destinar cerca del 6 % del PIB, a través del Acuerdo Nacional, a invertir en la educación, que, al no conseguir la cifra esperada, dio lugar al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana para financiar todo centro educativo estatal hasta la fecha.​ El educador Juan Rivera Palomino señaló que la calidad educativa había fracasado debido a los malos resultados en las pruebas educativas de los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.​

El indicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú fue crítico con la nueva educación basada en las medidas dictadas por Alberto Fujimori en 1991,​ ya que, en su opinión, estas buscaban «mellar la autoestima del magisterio».​ En 2008, su secretario señaló que en un texto educativo se resaltó el período neoliberal «como si fuera la panacea del país, pero no menciona en lo absoluto las profundas diferencias que marca entre los más pobres y la clase empresarial».​

Con respecto al Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos a finales de la década de los 2000, el diario La República señaló que el Estado no tenía pensado tratar los servicios de docencia en su acuerdo bilateral y que el tema de la desregulación en la educación entre ambos países (salvo en centros de idiomas y arte culinario) aún estaba en el aire, sin descartar la posibilidad de realizar cambios en la legislación nacional en el futuro.​

Extracción de recursos y uso del suelo

Véase también: Sector extractivo del Perú

El neoliberalismo instaurado en la década de 1990 se caracterizó por una fuerte dependencia de la extracción de recursos,​ otorgando al empresariado igualdad de derechos frente a las comunidades campesinas.​ Esto facilitó la expropiación de tierras indígenas y posteriores luchas contra esta corriente.​ Uno de ellos es el minero, donde el gobierno permitía explotar sus recursos bajo una normativa (incluido el innovador contrato-ley)​ que no se puede modificar sin el permiso de la empresa explotadora.​ Además, la corriente política impidió el monitoreo de eventuales desastres naturales, como fueron reflejados en el fenómeno de El Niño de 1997.​

Más allá del convenio, su mayor avance fue limitar el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990, considerado como un «obstáculo» para el sector empresarial por sus incongruencias en el manejo de riqueza ecológica;​ mientras que en los capítulos de economía de la Constitución Política de 1993, los derechos de territorio se redactaron con ambigüedad.​ En su lugar, se formó el Fondo Nacional del Ambiente en 1997 para buscar compromisos de la inversión pública y privada en el cuidado de recursos naturales.

El asumido congresista Jorge Rimarachín Cabrera advirtió que la vigencia de las nuevas legislaciones para la inversión privada en terrenos abandonados, a lo que denominó como la «ofensiva neoliberal», propiciaron el despoblamiento de algunas comunidades campesinas y nativas.​ Uno de ellos fue el sector agrícola, que tuvo dificultades considerables al finalizar los años 1990, en parte por el fenómeno de El Niño y un decreto de urgencia (031-2000) que no ofrecía todas las compensaciones económicas.​ Aférreos a la doctrina neoliberal suelen desprestigiar propuestas alternativas ecologistas por estar aparentemente ideologizadas,​ propuestas que fueron concretándose en movimientos sociales.​​

Con poca presión de la oposición, el extractivismo en Perú permaneció en las siguientes décadas, que fue promovido por empresas privadas tras el abandono del consenso de Washington.​ Por ende, la estrategia para generar ingresos continuó de línea económica antiguorregimental,​ y el país no pudo encontrar una industria sostenible para reemplazar ese sector extractivo.​ Una de las prácticas ocurrió en Las Bambas por parte de extractores de China que se apoyó de las prácticas autoritarias dadas por el Estado con el afán de conservar el derecho a obtener recursos mineros.​

En 2012 se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), una organización que fue importante para que la empresa privada tuviera obligatoriamente un certificado para operar en los terrenos naturales del país. Dicha certificación tuvo que hacer frente a un grave problema: las presiones empresariales. En 2014 se filtró una serie de correos electrónicos del ministerio de René Cornejo​ en los que se ponía de manifiesto una disputa en la toma de decisiones sobre el estudio ambiental para ceder la explotación de recursos naturales a otras corporaciones.​​ Esta revelación se ajustó a las palabras de Ollanta Humala para atender una serie de reclamaciones de los inversores debido a la interrupción de sus operaciones. Entre los planes, se encontraba el «paquetazo económico», una serie de disposiciones para indemnizar las multas de las empresas del sector extractivo, que fue promovido por la Sociedad Nacional de Industrias.​

Casi una década después, en 2022, organizaciones indígenas y sindicales denunciaron la existencia de contaminación ambiental en la minería y en la obtención de petróleo, y exigieron una norma de responsabilidad social empresarial.​ En 2023, el Ministerio de Energía y Minas estableció que las empresas entregan una serie de acuerdos pactados voluntariamente entre empresas y comunidades indígenas (diferentes a los acuerdos pactados obligatoriamente con el Gobierno, como los estudios ambientales).​ Sin embargo, estos acuerdos no se presentaron públicamente debido a los problemas con la presentación de la plataforma del ministerio, lo que imposibilita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental fiscalizar el cumplimiento de esos compromisos.​

En 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, el Consejo de Estado anunció una medida que perjudicaría a los opositores de la industria extractiva y del modelo económico en general, al considerar que suponía «un peligro contra nuestra seguridad nacional». Esta medida autoriza a policías y militares a defender lugares donde se desarrollan actividades económicas.​ Mientras tanto, la administración tenía previsto intervenir a la Senace, cuya administración estuvo vacante desde 2023.​

Promoción económica de la Amazonía

Iquitos, una de las ciudades de la Amazonía peruana. En la fotografía de 1980 puede verse al Barrio de Belén, una de las zonas económicas de la ciudad.

El gobierno de Fujimori estableció la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, que exoneró de impuestos a regiones de la selva peruana​ como muestra de compensación por la ausencia de políticas de desarrollo en estas zonas.​ Como resultado, 350 distritos se vieron supuestamente beneficiados al no tener que pagar tributos.​

La exoneración tributaria, que en un principio iba a caducar en unos años, fue extendiéndose con el tiempo ante una posible presión de lobbies privados y otros colectivos con poder.​ El político Roger Guerra-García criticó esta medida como una aplicación tardía del credo neoliberal, indicando que la Amazonía no ha sido una prioridad para el gobierno y que sus acciones han fomentado el debate.​

Entre 1995 y 2011, las leyes promulgadas permitieron la transferencia de tierras de propiedad comunal nativa a manos privadas, con el objetivo de promover la inversión. Sin embargo, esta política generó conflictos sociales, como el de Bagua, que se produjo como consecuencia de la promulgación de un decreto legislativo que reforzaba la explotación de los recursos de la selva y su exportación.​ En 2011, el gobierno, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció la consulta previa para garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan.​

En los años 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas mantuvo una reunión con empresas privadas para establecer nuevos usos forestales para su explotación comercial en zonas que el Estado le asigna. Los detalles de la reunión no fueron hechos públicos.​ Algunas de las empresas que participaron en la reunión fueron responsables de solicitar al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú,​ entre ellas la Confiep.​​

En diciembre de 2023, la misma Confiep y once gremios empresariales más​ respaldaron la aprobación de una ley que derogó la necesidad de estudios técnicos para la clasificación de los bosques amazónicos. Esta medida, que permite el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas deforestadas,​ conduciría a que los agricultores puedan cultivar palma aceitera (cuyas empresas son responsables de desforestar 13 mil hectáreas de bosque con títulos irregulares,​ incluida Ocho Sur al usar terreno que fue anteriormente bosque virgen)​ y cultivos alimenticios sin restricciones.​ Además, según los defensores de este cambio, se pretendía beneficiar a los caficultores,​ entre otros. La ley fue promulgada el mes siguiente, sin oposición del gobierno de Dina Boluarte.​ Según Infobae, que consultó versiones cercanas al Ejecutivo, la ausencia de declaraciones explícitas del gobierno sobre la ley se debió a una prohibición directa desde la Presidencia del Consejo de Ministros.​

Esta norma fue criticada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) al infringir el derecho a la consulta previa​ y la Agencia de Investigación Ambiental por considerar a la Amazonía como un territorio a seguir colonizando.​ Uno de los representantes de la Aidesep, Julio Cusurichi, expresó que la aprobación de la norma «está hecha para las grandes industrias que van a validar la invasión de estos territorios nuestros».​ Además, diversas organizaciones civiles expresaron su preocupación por el riesgo de que esta norma favorezca a organizaciones delictivas.​ Por otro lado, algunos congresistas presentaron pedidos de reconsideración de la ley, que fueron desestimados de forma irregular;​ mientras que el Poder Judicial ordenó al Congreso a cumplir el derecho a la consulta previa antes de votar sus leyes.​ En 2024, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso aprobó un dictamen para derogar la norma debido a las preocupaciones sobre su impacto en las comunidades indígenas.​

Desregulación del transporte público

En el ámbito de transporte público, se promulgó el Decreto Legislativo 651 para fomentar su desregulación.​ Con esta misma promulgación, también se disolvió la Empresa Nacional del Transporte Urbano del Perú (ENATRU) para permitir que los servicios de autobuses privados menos exigentes (como los microbuses)​ pudieran operar,​ además de otros servicios privados.​

Con estas modificaciones, cualquier empresario tendría la posibilidad de operar líneas de transporte en zonas urbanas sin que sea estrictamente necesario que estén formalizadas.​ Enfocado en atender a la población de escasos recursos,​ el incremento de los servicios por parte de empresas «cascarón» permitió que los conductores competieran entre ellos, arriesgando sus propias vidas. En esta nueva etapa se le conoció como la «guerra del centavo»,​​ y perduró durante las décadas posteriores.

En el caso de Lima Metropolitana, el municipio implementó la concesión de rutas mediante ordenanzas que se emitían desde finales de la década de 1990, lo que les confirió el derecho de explotarlas.​ La concesión sufrió varios cambios, como la exigencia del medio pasaje en 2004​ y la unificación de las rutas de Lima en 2010. Este último se llevó a cabo como parte del proyecto de un sistema integrado de transporte que buscaba formalizarlas. Posteriormente, la alcaldesa Susana Villarán ofreció una concesión de rutas urbanas y periféricas por al menos una década a las empresas que tuvieran un patrimonio mínimo.​

Según Luis Quispe Candia, en la práctica, no se adoptaron medidas para eliminar el concepto de corporaciones «cascarón» con el fin de unificar la formalidad.​ Como resultado, según una investigación de El Comercio en el año 2023, en Lima operaban más de 385 empresas de autobuses.​ A esta situación se sumó el hecho, según informó el periódico, de que algunos colectivos intentaron formar su propio partido político en 2023.​ Los intentos de sustituir las empresas de autobuses por corredores complementarios en Lima no lograron materializarse.​

Nuevos patrones de consumo y esparcimiento

Jockey Plaza Shopping Center, inaugurada en 1997, es uno de los centros comerciales más amplios del país. Además, es el lugar más recurrente por empresarios peruanos, según la Cámara de Comercio de Lima en 2023.​

En el ámbito del consumo económico, esta corriente tuvo un impacto social significativo, dando lugar a patrones de consumo novedosos. Se destacó el establecimiento y la prominencia de franquicias internacionales en las principales ciudades, siendo Lima un ejemplo notable.​ No obstante, existe la controversia sobre el tratamiento a sus consumidores, algunos de ellos de la nueva clase media limeña. Esa controversia se manifestó en la venta de productos dirigidos a toda la población peruana,​ la privatización de los espacios públicos y los cambios sociales de la población inmigrante.​

Antes del boom económico, el especialista Wilfredo Ardito Vega señaló que, en la década de 2000, los publicistas buscaban segmentar sus mensajes a un público específico, pero esta afirmación contrastaba con la realidad.​ La estrategia de inclusión y reconocimiento de la población andina en sus campañas publicitarias fue ausente en comparación con las realizadas en otros países, como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Sudáfrica.​

Otro detalle, a raíz de la escasez de espacios verdes, es la concesión de los espacios públicos desde los años 1990 con la aprobación de municipios locales.​ Esto permite que la construcción de zonas comerciales como espacios de esparcimiento.​ Entre 2006 y 2011, se construyeron 20 nuevos centros comerciales en Perú, que ofrecen bienes y servicios con financiamiento bancario.​ En 2014, AméricaEconomía señaló que se planificaron construir más centros fuera del país.​

Lejos de lo urbano, las playas fueron restringiéndose para convertirse en espacios exclusivos para una determinada población, a pesar de que la Constitución de 1993 las considera lugares públicos.​ Según el informe de 2002 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), 18 playas tienen acceso restringido.​ Algunas de ellas se encuentran en distritos ocupados por barrios cerrados que se han convertido en el lugar de veraneo predilecto de la clase alta y media-alta de la sociedad limeña.​

Opinión pública

Imagen externa
Gráfico sobre la encuesta realizada en 2016 por GFK vía Gestión-
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Existen estudios donde sugiere que la política neoliberal podría conducir a que el electorado en situación de pobreza elija candidatos inestables, en un contexto similar al de los movimientos sociales previos al gobierno de Juan Velasco Alvarado.​ Una encuesta realizada por Apoyo en 1998 reveló que el 68 % de los encuestados desaprobó la política neoliberal.​ En 2010, un 86 % de los encuestados por Ipsos Apoyo estuvieron de acuerdo de modificar parcial o totalmente el modelo económico.​ En 2016 fue de un 72 %, según GFK.​

En 2021, cuando Pedro Castilló entró al poder, solo un 26 % de los encuestados por Apoyo manifestaron una posición favorable al modelo económico.​ Dos años después, en un contexto de recesión, el 19 % de los encuestados por Ipsos (cifra que aumentó a 26 % en el sector rural) opinó que, si el modelo económico ha fallado, es por responsabilidad de los empresarios, sustancialmente inferior al 75 % (63 % en el sector rural) atribuido a los políticos.​

Una encuesta de Ipsos para Perú 21, compartida en 2023 por Federico Salazar señaló que el 31 % de los encuestados en general está a favor de que los empresarios asuman responsabilidades en cargos de alto nivel en el Gobierno. Dentro del grupo de los empresarios, el 64 % de ellos afirmó estar a favor de tales medidas.​

Otra encuesta de Ipsos de 2023 para Perú 21 señaló que de cada diez personas encuestadas de todos los sectores económicos, cuatro prefieren formar sus propios emprendimientos, tres ser freelancer, dos trabajar en el sector privado y solo uno en el público. Sobre el sector privado, los encuestados dieron mayor énfasis en la «creación de empleos» y «generación de oportunidades de negocio».​ En ese año, Ipsos señaló que Perú es el cuarto país en el mundo en poner en marcha algún emprendimiento, con el 54 % de los participantes, más que el 31 % del promedio mundial.​ Otros detalles ofrecidos de este estudio es que el 75 % de los emprendimientos se hicieron por cuenta propia y solo el 46 % considera el apoyo del gobierno como un elemento clave.​ También en ese año, el estudio de mercado de Credicorp presentado por Ánimo Inversionista reveló que la mayoría de los casi 1600 peruanos encuestados consideraron que la alternativa de crear empresas era la más atractiva. Esta alternativa tuvo especial interés entre los adultos jóvenes.​

Algunos comentaristas, como Christopher Gianotti,​ conductor de un magacín en TV Perú, difunden activamente el mito de que las personas pueden volverse exitosas únicamente «trabajando duro»,​ minimizando la desigualdad económica que existe en el país. Asimismo, la abogada Madeleine Osterling animó a que los empresarios rechacen a las voces opositoras, como el diario La República y las estaciones de radio regionales.​ Estas voces contribuyeron a conocer una perspectiva disidente durante la crisis política de 2021, lo cual provocó el rechazo de los políticos conservadores.​

Véase también

• Conservadurismo en el Perú
• Burguesía chola
• Marca Perú

Bibliografía

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Enlaces externos

• Perú: el país más empresario del mundo, libro de Rolando Antonio Arellano Cueva
• Para vivir mañana, ensayo del sociólogo Raúl Alonso Álvarez Espinoza que describe el contexto histórico de la economía en la sociedad y la aplicación del neoliberalismo en el país (publicado originalmente en Mañana.pe)

• Datos: Q123198069