Lobbies y think tanks: Comunicación política en la red

idioma.

Índice

Introducción

1. Lobby. Concepto y funciones

1.1. Concepto de lobby

1.2. Características del lobbista

1.3. Funciones políticas de los grupos de presión

1.4. Regulación de los grupos de presión

1.5. Formas y modo de actuación

2. Los think tanks. Concepto y evolución

2.1. El concepto de think tanks. Definiciones y características

2.2. Una perspectiva histórica: Evolución de los think tanks y su futuro

2.3. Tipología de los think tanks

2.4. Think tanks como actores políticos y sociales

3. Think tanks y comunicación política en ciberdemocracia

3.1. Los think tanks y la comunicación política offline y online

3.2. Gestión estratégica de la comunicación de los think tanks

4. Teoría de comunicación política 2.0

4.1. Desarrollo histórico de los medios sociales

4.2. Definición y clasificación de los medios sociales

4.3. Definición y clasificación de redes sociales

5. Relaciones públicas en la comunicación política 2.0

5.1. Comunicación política 2.0 y sus características

5.2. Relaciones públicas 2.0 y la comunicación política

5.3. Definición de las relaciones públicas 2.0

5.4. Modelo de relaciones públicas políticas en los medios sociales

5.5. Estrategias, tácticas y técnicas de relaciones públicas 2.0

6. Relaciones públicas 2.0: Políticas de los think tanks

6.1. El modelo de relaciones públicas políticas 2.0 de los think tanks

6.2. Medición y evaluación del modelo

6.3. Gestión de las relaciones públicas políticas a través

de los medios sociales

7. Tendencias de comunicación política 2.0 de los think tanks

en el futuro

Bibliografía

Índice de figuras

Introducción

El lector dispone con esta publicación de un manual teórico y práctico sobre actores políticos poco estudiados en España pero que poseen una significación e importancia relevante en el proceso de elaboración, proposición e implementación de políticas públicas. Los nuevos escenarios en los que se desarrolla el juego político implican que las interrelaciones entre sistema político, sociedad y comunicación se han hecho más complejas y con más actores. El libro aborda qué son los lobbies y los think tanks como organizaciones que surgen esencialmente en el contexto anglosajón y como expresión de las manifestaciones públicas del entramado social.

En el caso de España, la dinámica política de los últimos años ha concitado el interés por las actividades y las funciones de lobbies y think tanks puesto que estas organizaciones han ido desempeñando actividades cada vez más visibles y operativas. Su presencia en los medios de comunicación es reflejo de esta significación y los ciudadanos han comenzado a conocer con normalidad términos sobre lobby y sus actividades, aunque es cierto que todavía con una perspectiva parcial y centrada más en sus estereotipos. Sin embargo, los lobbies comienzan a estar regulados por organismos e instituciones nacionales como son el registro de grupos de interés de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) o la Generalitat de Catalunya. Se unen a estas iniciativas las proposiciones en el Congreso de los Diputados para regular las actividades de los grupos de interés.

Desde la perspectiva de los think tanks, en España asistimos a una multiplicación de estas organizaciones, de sus actividades y una presencia relevante en los procesos políticos, sociales y comunicativos. La gestión de las ideas circulantes ha dejado de ser espacio exclusivo de los partidos políticos, y los think tanks se muestran como organizaciones que proponen ideas, contextos y soluciones a los problemas sociales del país.

Asimismo, en el texto disponemos de información suficiente para conocer las actividades de estas dos tipologías de organizaciones en el ámbito de la comunicación 2.0 con exhaustivas aportaciones a sus conceptos, funciones y características.

1. Lobby. Concepto y funciones

En España el concepto de lobby ha sido considerado un elemento extraño al sistema político y ha tenido connotaciones negativas sobre lo que realiza, cómo actúa y qué objetivos defiende. Sin embargo, la irrupción de diversas actividades institucionales y políticas ha posibilitado una mayor presencia entre la opinión pública:

– La regulación de la actuación de los grupos de interés en la Unión Europea ha permitido que organizaciones sociales españolas tengan presencia y se registren en la defensa de sus intereses.

– La regulación en el ámbito nacional como es el Registro de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) o el registro de la Comunidad de Cataluña también ha posibilitado que estas organizaciones puedan tener visibilidad social.

– La creación de un lobby que defiende los intereses de los lobbies en España, como es el caso de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI).

– Finalmente, las crecientes informaciones, negativas o no, sobre los lobbies en los medios de comunicación les ha otorgado la posibilidad de disponer de presencia social y que se discuta sobre su actividad.

Hasta hace unas pocas décadas, el estudio de las organizaciones sociales que actúan sobre el sistema político no ha sido un aspecto fundamental y nuclear de las investigaciones realizadas desde la ciencia política. Ésta se encontraba más interesada en los aspectos formales e institucionales que en la vertiente dinámica e informal de la actividad política. Durante mucho tiempo, la actividad de los grupos de presión no estaba considerada como un fenómeno general de las organizaciones societales, sino como una característica del sistema político norteamericano. El razonamiento es muy sencillo y válido porque todo individuo y toda organización tienen unos intereses que les son propios e intentan que las decisiones legales o normativas que les afectan sean lo menos lesivas posible. El hecho de defender los intereses propios no es malo ni negativo en sí, lo son las acciones ilegales y nada éticas. Asimismo, aquellos que deben tomar las decisiones deben adoptarlas desde la perspectiva del interés común y no de los particulares. Y en este aspecto es resaltable que existen lobbies que defienden intereses generales como pueden ser las asociaciones de usuarios o consumidores, las asociaciones de defensa del medio ambiente o asociaciones que luchan contra el poder excesivo de determinados lobbies.

En cualquier organización social, los grupos de presión aparecen como un elemento inseparable de la estructura política con una representación en el proceso, largo y complejo, de la formación de decisiones, ya sea integrando las demandas o estableciendo la jerarquía, el orden de las proposiciones o peticiones susceptibles de ser tratadas en la discusión política.

El punto de partida del análisis de los grupos en la vida social y política proviene de las investigaciones llevadas a cabo por Bentley¹ en su estudio sobre las diferentes manifestaciones sociales. Así, cabe citar su conocida afirmación que supone el reconocimiento de la significación de los entes asociativos en las sociedades contemporáneas:

El principal trabajo en el estudio de toda forma de vida social es el análisis de los grupos, que es mucho más que una clasificación. Cuando los grupos se definen adecuadamente, todo está definido. Y cuando digo todo, me refiero a todas y cada una de las cosas (1983: 256).

La premisa para la aparición de un grupo es la conciencia de un interés común por un sector determinado de la comunidad. Esta conciencia que adquiere una parte de la sociedad con necesidades e intereses de grupo es fundamental para la génesis de asociaciones destinadas a la promoción y defensa de los intereses comunes. Y en este aspecto es esencial que la sociedad disponga del necesario entramado asociativo que permita que los intereses de las personas puedan verse representados.

1.1. Concepto de lobby

En nuestro país se viene utilizando indistintamente grupo de presión, grupo de interés y lobby. Lo que les diferencia son el tipo de estructura organizativa y sus actividades; así, el grupo de interés es cualquier asociación que reúne a un conjunto de individuos u organizaciones que comparten intereses comunes. Si esa organización desarrolla actividades hacia los decisores públicos (legislativo, ejecutivo, judicial) para que sus intereses sean tomados en consideración en sus decisiones, se convierte en grupo de presión o en lobby. Asimismo, el término «lobby» se puede referir a una organización que defiende sus intereses, pero también se utiliza para referirse a organizaciones que son contratadas para defender intereses ajenos, como pueden ser empresas de comunicación o bufetes de abogados, entre otros.

Dion (1967: 126) asegura que el término pressure groups apareció por primera vez en la literatura científica en el título del libro publicado en 1928 por Peter Odegard sobre l’Anti-Saloon League. Parece que esta expresión había sido acuñada años antes por un periodista.

La expresión «grupo de presión» no ha tenido excesivo éxito en su implantación por una supuesta visión negativa, utilizándose, de forma regular, la más correcta expresión «grupo de interés» para designar aquellas acciones dirigidas hacia el exterior del grupo. Sin embargo, para Linares² presenta una explicación muy diáfana si atendemos a la diferencia entre un grupo de interés y un grupo de presión, ya que a pesar de ser términos muy parecidos no definen idénticas y concomitantes temáticas:

Los grupos de presión son agrupaciones individuales formadas alrededor de intereses particulares comunes, que tienen como finalidad sustancial de la asociación la defensa de esos intereses; cuando estos grupos presionan en defensa de los intereses particulares sobre el Estado, los partidos, la opinión pública o sus propios miembros, se convierten en grupo de presión. De aquí que todos los grupos de presión son grupos de interés, pero no todos los grupos de interés son grupos de presión.

Schwartzenberg (1977: 604) afirma que un grupo de presión es un grupo de interés en extraversión; es decir, un grupo de presión sólo es un grupo de interés que está realizando una presión.

Para Ehrlich (1971: 30) los grupos de presión únicamente tienen un único objetivo, que se concreta en la intención de obtener outputs políticos favorables a sus demandas y aspiraciones para poder conseguir los objetivos fijados por estas organizaciones. Además, todas sus acciones son indirectas debido a que en ningún momento se plantean ejercer el poder de forma directa, ya que basan sus objetivos en la influencia que pueden desarrollar sobre las personas, instancias e instituciones presentes en el ecosistema político.

Así, tenemos que los grupos de presión presentan unas variables que los diferencian de otras asociaciones, y que los autores que se dedican al estudio de estas agrupaciones afirman que son de aparición obligatoria tres especificaciones:

a) Existencia de una organización que permita articular los intereses de los miembros del grupo y sea capaz de mantener una relación estable y continua. La agrupación generada se caracteriza por una combinación de personas físicas y bienes materiales, coordinados para la realización y consecución de los fines preestablecidos mediante la unión de los miembros en la búsqueda del interés común. Esta organización interna está encargada de dirigir y controlar la actividad de la asociación. Para un estudioso de las tipologías grupales que desarrollan influencia social y política como McFarland (1987: 317), los centros de poder son capaces de personalizar, estableciendo diferencias sobre sus funciones internas: un dirigente cohesiona a los miembros de la organización, mientras que otro se encarga de establecer la vigilancia endógena (con sanciones si fuera menester). El primero mantiene la moral del grupo y, en general, es una persona estimada y admirada, cuya principal misión es conducir a los miembros del grupo a conseguir los objetivos. Mientras que otra parte de los dirigentes singularizan los elementos correctores actuando como poder fiscalizador, lo que implica, en ocasiones, aparecer como sujetos que realizan un trabajo y una disciplina desagradable.³

b) Unión de los miembros del grupo por unos determinados valores, inquietudes, pensamientos, posiciones..., que crean la presencia de unos intereses comunes que los une y, al mismo tiempo, los diferencia de otros grupos sociales en ese aspecto determinado. Esos intereses comunes son las ilaciones que se establecen entre los miembros del grupo, relaciones que posiblemente sean muy concretas, dándose la paradoja de que pueden ser más las razones que separan a los miembros que las que los unen.

Así, puede suceder que un interés común, como es el caso de la ecología, integre a personas que en toda otra cuestión estén en continua contradicción. En este sentido, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la cohesión interna son uno de los factores fundamentales de toda asociación. Por eso los grupos de presión que se dedican a la defensa monotemática están más cohesionados que aquellos que defienden multitud de cuestiones.

c) Ejercicio de una acción externa al grupo que es definida por la generalidad de autores como presión y que intenta influir sobre las instituciones públicas y las personas que personalizan los poderes públicos con la intención de que sus demandas sean tomadas en consideración en el momento de adoptar decisiones imperativas. Un aspecto fundamental en las actividades del grupo es la intención teleológica de ejercer influencia, ya que ésta aparece como la premisa básica para la adopción de las peticiones. Esta interrelación entre dos o más actores que se transmiten determinados inputs consiste para Nagel⁴ en las atingencias de uno o más actores, singularizadas en una serie de intenciones, necesidades, preferencias..., que afectan a las predisposiciones e intenciones de otros actores. Así pues, la influencia⁵ que intentan ejercer los grupos de presión se presenta como una unilateralidad comunicativa.

En este sentido, Parsons (1982: 141) piensa en la influencia como un medio de interacción social que circula en toda sociedad y se muestra bajo la apariencia de una persuasión. Esta influencia opera sobre todo receptor y no se concreta en castigos o premios, sino como un medio persuasivo de carácter positivo, en el sentido de intentar convencer al receptor, que ha de actuar de una manera determinada no porque así lo pida el emisor, sino debido a que será beneficioso para sus propios intereses, así como para la sociedad en su conjunto.

Esta situación permite afirmar a Parsons (1982: 144) que el concepto de influencia se manifiesta como uno de los principales instrumentos de la actividad política, al actuar como mecanismo que selecciona y ordena los objetivos individuales y colectivos y, en consecuencia, las políticas o acciones encaminadas a alcanzar esa escatología. Así, la influencia es el vector esencial en los lobbies, puesto que el enfrentamiento y la tensión coactiva tienen repercusión sobre quién la ejerce. Un lobby puede conseguir o forzar una decisión pública, pero eso implica que esa relación puede quedar mellada para siempre. De ahí que la relación más usual sea la generación de influencia, pero no la presión ni coacción.

Así pues, todos los grupos de presión intentan alcanzar sus objetivos a través de la influencia que puedan tener sobre los decisores públicos y sobre las instituciones legitimadas para ejercer el poder. Con esta intención se realizan una serie de actividades que pretenden hacer llegar las proposiciones del grupo a los órganos y personas adecuadas, en un primer nivel, de forma pacífica.

Históricamente, el término lobbista ha tenido un sentido negativo por la imagen, ciertamente simplista, de una persona que intriga y actúa desde la sombra intentando conseguir sus objetivos a través del chantaje, el soborno o la corrupción. Sin embargo, en los últimos años parece que esas connotaciones peyorativas se han ido perdiendo hasta aparecer la profesión con un manto de mayor dignidad y reconocimiento.⁶ De ahí que, de forma creciente, se pretendan elaborar diversas normativas y reglamentaciones que permitan un cierto poder de control sobre el acceso y los instrumentos que desarrollan estos grupos privados.

La historicidad del término, según Dion (1967: 126), comienza antes que la de pressure groups, ya que durante mucho tiempo designó los pasillos de la Cámara baja de Gran Bretaña. Posteriormente, la palabra pasó a aplicarse a las conversaciones que se realizaban en los pasillos y, aproximadamente en 1830, se extendió a todo el conjunto de grupos que pretendían influir en los parlamentarios.

Otros autores, como Farnel (1994: 19), sitúan la expresión en una afirmación del general Grant, presidente de Estados Unidos, a raíz de un incendio que había destruido la Casa Blanca, que se lamentaba de la gran afluencia de gente que pululaba en la planta baja del hotel en donde residía temporalmente.

Para Mencken,⁷ autor de un diccionario de la lengua norteamericana, los términos lobby-agent y lobby fueron utilizados por primera vez en Estados Unidos en 1829, año en que Andrew Jackson consiguió la presidencia del país. A pesar de eso, en opinión de Mencken, la palabra lobbyist no se utilizó corrientemente en Washington hasta 1837.

En Estados Unidos, patria de los lobbies, la acción de este tipo de organizaciones empresariales es muy intensa y se ha intentado regular bajo dos principios: el derecho que el público tiene a conocer los fondos y los medios de acción de los lobbistas, así como la igualdad de oportunidades que debe garantizarse a todos los individuos y a todos los grupos para tener la posibilidad de dirigir peticiones al poder público.⁸

Esta particularidad del sistema democrático del país norteamericano ha sido señalada por Berry (1989: 1), al afirmar que el país se encuentra bajo un dilema problemático: el gobierno y las otras instituciones políticas deben permitir a los ciudadanos la defensa de sus intereses sin ningún tipo de limitación en el ejercicio de sus libertades políticas, así como la invalidez de utilizar, por parte del poder político, ningún tipo de mecanismo para frenar la utilización de esas libertades ciudadanas.

Para poder controlar las acciones de estas asociaciones se han realizado diversas normativas que intentan regular su actividad, así como establecer aclaraciones terminológicas. En este sentido, en su sección 307 la Federal Regulation of Lobbying Act de 1946 define al lobby como:

Cualquier persona, individuo, sociedad, comité, asociación, corporación o cualquier otra organización o grupo de personas que, de una forma directa o indirecta, recogen o reciben dinero, o cualquier otra cosa de valor, para utilizarlo especialmente en el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Aprobar o denegar cualquier ley en el Congreso de Estados Unidos.

b) Influir, directa o indirectamente, para que se apruebe o deniegue toda legislación por el Congreso de Estados Unidos.

Esta definición pone la vehemencia en el concepto de intermediarios (Basso, 1983; Dion, 1967; Bobbio y Matteucci, 1966) más que en una actividad directa de los mismos grupos de presión con sus propios medios materiales, personales y simbólicos. Serían organizaciones privadas que ejercen funciones de agencia técnica o de gestión especializada en la presión política, servicios que estarían contratados por los diversos grupos.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) justifica la creación del Registro de Grupos de Interés desde la perspectiva de que «las decisiones que adopta la CNMC afectan a millones de ciudadanos y, por ello, deben adoptarse con total transparencia. En el ejercicio de sus funciones, esta institución mantiene contacto con un amplio abanico de grupos y organizaciones que representan intereses concretos. Se trata de una actividad legítima y necesaria en el proceso de toma de decisiones para canalizar la intervención de la sociedad civil y garantizar que una regulación económica eficiente responda a las necesidades reales de los ciudadanos».⁹

En el caso del registro de grupos de interés de la Generalitat de Catalunya se define a los lobbies como «grupos de interés, también conocidos con los nombres de grupos de presión, lobbies o stakeholders, que están constituidos por personas físicas o jurídicas privadas y organizaciones sin personalidad jurídica que llevan a cabo actividades, directas o indirectas, de participación activa en la elaboración y la aplicación de las políticas públicas de las administraciones con la finalidad de influir en la orientación de estas políticas, en defensa de un interés propio, de terceros o general».¹⁰

1.2. Características del lobbista

Los profesionales que ejercen de lobbistas reúnen una serie de elementos multidisciplinares que exigen una formación amplia, una red de relaciones y unas características comunicativas y de gestión. De ahí que no suele ser la primera actividad profesional.

La especificidad y singularidad de la labor realizada por el lobbista demanda de los sujetos actuantes unas características concretas que se enmarcan en una competencia multidisciplinar; esto es, deben controlar diversas disciplinas para poder ejecutar su trabajo.

Los aspectos fundamentales que debe reunir un lobbista han cambiado a lo largo del tiempo. Esta mutación está directamente relacionada con la permuta de las técnicas utilizadas por esos agentes de la mediación. Frente al llamado old lobby se ha situado el new lobby.¹¹

Este trasvase instrumental ha posibilitado que el lobbista de hoy, además de ser especialista en técnicas directas de influencia sobre los decisores públicos, ha de poseer conocimientos en la instrucción o educación de la opinión pública. El nuevo arte del lobbying no suplanta al antiguo, sino que se une a él y potencia sus efectos. Desde esta perspectiva, Dion (1967: 128) cita a la Comisión Buchanan afirmando que los nuevos procedimientos (new lobbying) han de ser considerados como complementarios de los procedimientos de los antiguos (old lobbying) y no como una suplantación del segundo por el primero:

Mientras constantemente se exponen a prueba nuevas técnicas de lobbying, los viejos procedimientos se van arrinconando lentamente. Se unen nuevas técnicas, pero no se abandonan las antiguas.

Las vías de procedencia de los profesionales lobbistas son diversas: un antiguo miembro del Parlamento o del Gobierno que mantiene estrechas relaciones, como accionista principal o beneficiario, con los intereses privados,¹² empleados de firmas o dirigentes de las asociaciones privadas,¹³ especialistas de publicidad y relaciones públicas¹⁴ y, para finalizar, periodistas.¹⁵

De todas formas, los especialistas se decantan por diversas procedencias, como es el caso de Berry (1989: 91-93), que pone el acento en los despachos de abogados y gabinetes de relaciones públicas. Por el contrario, Hrebenar-Scott (1990: 71-88) añaden también a los antiguos congresistas y exmiembros de la administración. Esta última procedencia se singulariza en los altos funcionarios de las administraciones salientes que pasan a formar parte de la dirección de firmas de negocios o de abogados (revolving door).

El buen lobbista debe poder ejecutar y realizar toda una serie de funciones para finalizar su actuación de forma satisfactoria. Todas estas acciones y actividades se podrían resumir en un decálogo que manifieste los puntos principales:

1. Ha de saber aconsejar, inspirar, confeccionar y coordinar las actividades de los grupos u organizaciones que represente sobre los diferentes poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), además de la acción sobre la opinión pública.

2. La relación entre las personas que componen los objetivos para trabajar debe ser profunda, amistosa, privada y fecunda, sobre todo con los personajes claves. Asimismo, ha de tener una amplia red de contactos en los principales niveles.

3. Los contactos que posea deben permitirle en sus actividades que las puertas de acceso estén abiertas, de forma rápida y fácil.

4. Debe saber y poder comunicar, en el momento más adecuado, las opiniones de sus representados en los diversos procesos, realizar los juicios más adecuados, oportunos y precisos, así como conseguir resultados positivos de las circunstancias. Utilizar siempre la verdad es fundamental, ya que si los datos y argumentos no son válidos, toda acción futura estará condenada al fracaso.

5. Tener presente, en todo momento y de forma rápida y juiciosa, las técnicas para aplicar y que puedan producir, en cada caso, los resultados óptimos y adecuados.

6. Saber actuar como inspirador e, incluso, autor de una gran número de peticiones, cartas, telegramas en serie que lleguen a los decisores públicos, así como saber el momento más oportuno para realizarlas (grassroots).¹⁶

7. Erudición suficiente para saber aconsejar adecuadamente sobre la cantidad y calidad de presión que ejercer sobre un determinado actor político.

8. Sus conocimientos de técnicas en relaciones públicas, información y publicidad deben ser máximos para mejorar la imagen de sus representados. La facilidad de acceso a los medios de comunicación ha de permitir que se publiquen informaciones lo más favorables posible a los intereses que representa.

9. Inspiradores de publicaciones e informaciones favorables sobre sus mejores interlocutores en el proceso político.

10. Tener la pericia e instrucción apropiada para poder organizar las conferencias, visitas, etc., de los hombres públicos a los grupos interesados, para aumentar el grado de conocimientos de aquéllos sobre éstos.

A pesar de la idea extensamente difundida de que sólo los intereses privados actúan sobre los poderes públicos, también los propios grupos públicos (empresas públicas, cuerpos de funcionarios...) pueden ejercer presión sobre los órganos decisores. Duverger (1968: 413-416) afirma que los lugares en donde se toman las decisiones políticas —Parlamento y Gobierno— sufren la presión de ciertos elementos del Estado.

La distinción entre grupos de carácter público y privado se encuentra en Meynaud (1962: 236-237), en donde habla de grupos creados por los legisladores con la función de asegurar oficialmente la representación de un sector o de una profesión determinada (cámaras de comercio, colegios profesionales...). Las organizaciones que se enmarcan en esta perspectiva desarrollan, al mismo tiempo, funciones públicas por delegación de los poderes públicos y funciones propias de cualquier otra asociación de individuos.

Los grupos privados se encuentran formados por todos aquellos que provienen de la organización social. Enmarcarían a las asociaciones que no mantienen ninguna relación orgánica con los aparatos del Estado. Son la gran mayoría de los grupos de presión.

Los grupos públicos aparecen como las asociaciones organizadas que tienen una dependencia orgánica del funcionamiento interno del Estado. Almond y Powell (1972: 72) los denominan como grupos de interés institucional (institutional interest groups). Estos entes asociativos pueden actuar desde el campo civil o el militar. De todas formas, los primeros necesitan articular sus demandas, mientras que los militares tienen, generalmente, un ministerio propio, además de ser un verdadero poder fáctico.

Las asociaciones públicas, en su vertiente civil, integran a los funcionarios y otros agentes públicos que defienden una visión particular de su trabajo y derechos. También encontramos a empresas públicas, centros de investigación, universidades que actúan para proteger sus objetivos y defender su gestión.

En este sentido, Schwartzenberg (1977: 632-634) incluye a los ministerios que se comportan como defensores de sus administrados.¹⁷ Manley (1978) todavía focaliza más al hablar de las técnicas y tácticas de lobbying realizadas por el presidente de Estados Unidos sobre el Congreso.

1.3. Funciones políticas de los grupos de presión

En una perspectiva en la que la acción del Estado en la sociedad es remarcable, parece normal que los intereses sociales intenten participar en el proceso político de las decisiones normativas. La presencia de acciones estatales en determinaciones que afectan a la dinámica interna de la sociedad ha hecho que desde ésta los individuos y las asociaciones pretendan intervenir en el proceso creador de unos outputs que incidirán sobre el conjunto de los seres sociales. Esta creciente imbricación entre sociedad y Estado fue remarcada por Morgentau:

La esfera económica ha perdido cualquier autonomía del pasado, ya que ahora está sujeta al control político y trata de controlar las decisiones políticas. Nos encontramos en presencia del revivir de la verdadera economía política [...]. Dado que el Estado ejerce un fuerte control, limitación y estímulo de la vida económica, la capacidad para influir en las decisiones económicas del Gobierno se convierte en un elemento indispensable de la competencia para el beneficio económico. La competencia económica se manifiesta inevitablemente en la competencia para la influencia política (1970: 321).

Se podría decir que se han producido dos fenómenos: una estatalización de la sociedad (mayor presencia del Estado en la sociedad) y una socialización del Estado (la propia sociedad interviene, cada vez más, en las decisiones estatales).¹⁸ Esta interilación entre grupos y Estado implica que la actual sociedad no sólo es pluralista, sino que ha de ser pluralista.

El surgimiento y la posterior legitimación de los partidos políticos, en primer lugar, y, posteriormente, de los grupos de presión (todavía con fuertes limitaciones culturales, jurídicas y perceptivas) son exponentes del proceso de emergencia de una infraestructura democrática que pretende ofrecer respuestas a las inquietudes ciudadanas. A raíz de la instauración de la soberanía popular como elemento legitimador del poder, las crecientes demandas de los individuos necesitaron una pertinente canalización, aspecto realizado por estas organizaciones políticas y, subsidiariamente, atrajeron la atención sobre la complejidad del proceso político democrático.

La nueva percepción del mecanismo político exhibe una creciente demanda de conocimientos sobre las fases y procesos que debe recorrer una petición social hasta llegar al lugar en el que se adoptan las decisiones imperativas. De esta manera se focaliza el estudio decisional en factores exógenos (cómo se puede llegar a penetrar en el proceso, concretado en inputs colectivos) y endógenos (elaboración y producción de outputs).

Esas mutaciones perceptivas acerca de la realidad y dinámica política llevaron a Almond y Powell (1972: 19) a afirmar que es necesario otorgar mayor complejidad al modelo tradicional de separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), añadiendo otras funciones como son la articulación de intereses, la agregación de intereses y la comunicación política.

Las nuevas funciones hacen que el sistema político participe de modernos procesos de conversión; es decir, los procedimientos que transforman el flujo de las demandas y ayudas del sistema político en una corriente de extracción, regulación y distribución en el marco de la sociedad.

Todo este proceso culminó en una situación en la que Estado y sociedad ya no son sistemas autónomos y autorregulados con atingencias mínimas, sino que son dos sistemas interrelacionados a través de ilaciones complejas, que constituyen la estatalización de la sociedad (presencia ostensible de los mecanismos estatales en la sociedad) y la socialización del Estado (inmersión de las organizaciones sociales en el proceso deliberativo de las decisiones políticas).

El concepto de Estado social denota una intersección entre Estado y sociedad que produce consecuencias muy diversas. En el mundo del derecho, esta configuración del Estado social viene a culminar una evolución en la consecución de los fines de interés general, con el reconocimiento jurídico de las asociaciones sociales como interlocutores con los poderes públicos. En el campo de la organización, la interpenetración Estado-sociedad se traduce en la participación de los ciudadanos en la configuración de la vida colectiva.

La articulación de intereses es el proceso por el cual los individuos y grupos presentan demandas a los responsables de realizar decisiones políticas. Esta función es importante ya que señala los límites entre la sociedad y el sistema político. Si los grupos que forman parte de la sociedad no encuentran canales para expresar sus intereses y necesidades, es posible que sus demandas no sean satisfechas, provocando que el sistema deje de recibir apoyo y vaya perdiendo legitimidad.

Easton (1965: 116) ha definido a los grupos de presión, igualmente que a los partidos políticos, como «reguladores estructurales del volumen de demandas», ya que son los sujetos que controlan la entrada de las pretensiones en el sistema político. Este control se concreta en la reducción del volumen y de la diversidad de las deprecaciones a través de la combinación de dos o más en una única demanda.

El proceso de reducción permite canalizar el flujo de exigencias, ordenándolas y reduciéndolas a un número limitado de alternativas, que son presentadas a los decisores públicos. Puede tratarse de reunir requerimientos semejantes presentados de una manera dispersa. La reducción no consiste únicamente en la agregación de exigencias, ya que también reúne exigencias específicas en una demanda global.¹⁹

La síntesis y homogeneización permite simplificar y seleccionar las múltiples demandas para poder realizar una acción ajustada y en consonancia con los recursos del sistema. Esta regulación de la conversión de necesidades sociales en exigencias políticas se realiza por dos mecanismos: la regulación estructural (qué puede convertir una necesidad en exigencia) y la regulación cultural (qué necesidad puede ser socialmente admitida como demanda).²⁰

A través del recurso a la aplicación de estas regulaciones endógenas y exógenas, todo sistema político puede dar respuesta, de forma total o parcial, a las reivindicaciones y demandas que le llegan desde el ecosistema social a su interior.

Al lado de los partidos políticos, los grupos de presión, en un nivel inferior, aparecen como elementos importantes y significativos en el proceso de integración y su rol consiste en establecer la jerarquía, el orden y las proposiciones sobre las cuales los intereses de los grupos se deben aplicar. En este sentido, Pasquino (1988: 93-96) ha planteado una situación en la que se equipara a los grupos de presión con los partidos como dos instancias que realizan peticiones al sistema político. Sin embargo, cabe matizar que el grado y forma de acceso a las decisiones políticas no son concomitantes por la singular significación de los partidos en el sistema político contemporáneo, que los enmarca como instrumentos fundamentales de participación política.

Función de aceptación y de inserción de las demandas realizadas en la sociedad asegurando así la aceptación de las decisiones por parte de los interesados. De esta forma se contribuye al consenso social y político. Uno de los elementos más notorios de la legitimidad institucional es el proceso de aceptación de las decisiones institucionales. Y en ese aspecto, los lobbies, como se debe señalar, participan en el proceso propositivo de demandas sociales, pero también ejercen una labor esencial en el elemento implementador y de aceptación de esas decisiones. En este sentido, cuando un lobby negocia y acuerda una decisión institucional que afecta a un colectivo se compromete y asume la aceptación por parte de los miembros de ese lobby.

Estas funciones de los grupos en el sistema político son un instrumento que coadyuva a reducir las demandas sociales, a integrar las peticiones del sistema y a implementar las decisiones de los poderes públicos.

En la literatura sobre las asociaciones empresariales (Windmuller y Gladstone, 1984) se han apuntado una serie de funciones principales desarrolladas por las modernas organizaciones de patronos:

a) Intercambio de información y definición de intereses y posiciones entre los empresarios.

b) Articulación y creación de todo tipo de relaciones formales e informales que se puedan establecer con los poderes públicos.

c) Promoción y articulación de ilaciones con los medios de comunicación y el público en general.

d) Provisión de todo tipo de servicios y asistencias especializados para sus miembros en el aspecto general y sectorial.

e) Provisión de bienes públicos a través de la negociación colectiva.

f) Mediación y asistencia en los conflictos colectivos de intereses.

1.4. Regulación de los grupos de presión

La actuación de los grupos de presión se ha visto envuelta, de forma constante, por una controversia acerca de su pretendida opacidad en las acciones que realiza y los objetivos que persigue. Para conseguir aportar luz a su actividad y con el anhelo de poder controlarla adecuadamente, se han ido realizando leyes, normativas que intentan regular su creación, comportamiento, miembros, objetivos, vías y formas de acceso a las instituciones y personas, obtención de información...

Esta reglamentación se implementa de dos maneras diferentes que se pueden calificar de actuaciones exógenas y endógenas a los grupos. Aquellas actividades reguladoras desde una perspectiva externa comprenderían el simple reconocimiento de la existencia de esas asociaciones sociales sin ninguna implicación interna de los poderes públicos sobre las motivaciones grupales. Serían los ejemplos, muy extendidos, de los grupos de presión (reconocimientos constitucionales y legislativos) que únicamente se limitan a constatar la existencia y presencia de estas singulares organizaciones, pero sin entrar en las diligencias y afanes de los grupos sobre quién, qué o cómo incidir.

Por lo que respecta a las ordenaciones internas, se refieren a los preceptos que crean los poderes públicos para permitir su actuación en determinadas instancias públicas. Los ejemplos paradigmáticos abarcarían las normas que deben respetar si desean incurrir en el proceso de elaboración legislativa en los diferentes parlamentos. En este sentido, el principal país que posee un modelo de actuación es Estados Unidos, con una legislación generada en la década del cuarenta, que determina los ámbitos y modos de la actividad de los grupos de presión.

Las ordenaciones exógenas son las que con mayor frecuencia se han producido, ya que son el primer paso que inicia el