Dos posturas mineras

Publicado en La Noticia SV

A finales de noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele dio a conocer en sus redes sociales su propuesta de eliminar la prohibición absoluta de la minería metálica en El Salvador, vigente desde 2017. Desde entonces, el debate ha estado en la agenda pública, emergiendo dos posturas opuestas a considerar seriamente: por una parte, el discurso ecologista ortodoxo que apoya la prohibición de toda actividad minera, debido a los impactos ambientales que produce (uso de grandes cantidades de agua, vertido de químicos nocivos, etc.); por la otra, el discurso de la minería responsable, que si bien no oculta las afectaciones medioambientales, considera que es posible minimizarlas, haciendo uso eficiente de los recursos (agua, energía) y gestionando adecuadamente los residuos tóxicos.

La tesis de la prohibición absoluta se justificó en nuestro país a partir de las prácticas mineras históricas irresponsables, especialmente en las minas de San Sebastián, en el departamento de La Unión, donde varias décadas después del cese de operaciones aún persiste un elevado nivel de contaminación del agua por mercurio, cobre y arsénico, entre otros elementos. Si esto se tiene como único parámetro, es evidente que los daños no compensan de ninguna manera los pocos beneficios económicos que supuestamente pudieron haberse obtenido en el pasado. Además de los grupos ambientalistas ya conocidos y la Iglesia Católica, a esta postura también se han sumado (como era previsible) los partidos políticos de oposición. El hecho que El Salvador sea el único país en el mundo que, por ley, se priva de explotar sus recursos mineros, se traduce en una declaratoria universal de incapacidad nacional para lidiar con el tema: mejor “cortar por lo sano”.

La tesis de la minería responsable, en cambio, tiene muchos más desafíos y complicadas ramificaciones. La viabilidad de su implementación en El Salvador pasa por consideraciones no solamente ambientales (uso de agua, gestión de desechos), sino también económicas (porcentaje de beneficios, fondos de garantía y compensación), demográficas (densidad poblacional, desplazamientos forzados), políticas (aceptación social, transparencia de la gestión), etc. Incluso con una regulación estricta en todas las áreas involucradas, aceptar o rechazar un proyecto minero dependería de las condiciones concretas que se ofrezcan y el balance final que se establezca entre riesgos y beneficios. “En los detalles está el Diablo”, reza el dicho popular; de ahí que, para prevenir sorpresas desagradables y consecuencias catastróficas, se necesita poner muchísima atención en “la letra pequeña” de cualquier licencia o contrato que pudiera convenirse con empresas mineras de gran envergadura.

A la fecha de la redacción de este artículo, los diputados/as del partido de gobierno aún no se han pronunciado sobre el tema, pero la sensación es que, al pedirlo el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas apoyará el levantamiento de la prohibición minera. De ser así, es imprescindible entender que la gestión del tema no puede ser personal sino institucional, la cual requerirá de la convicción, concurso e integridad de todo el estado salvadoreño, con una población siempre atenta y vigilante. El reto que se vislumbra en este escenario es crear controles apropiados, con personas capaces al frente de instancias que puedan monitorear y verificar su estricto cumplimiento.

De las dos posturas expuestas, la más fácil es mantener la puerta cerrada, sin meterse a complicaciones, aunque se descarte el potencial beneficio económico que pudiera obtenerse (incluso para invertirlo en la reparación de los recursos hídricos existentes, contaminados en más del 90 por ciento). En cambio, abrir la puerta a proyectos de extracción minera es el camino difícil, por todo lo que implica en cuanto a responsabilidad ambiental y gestión de riesgos; pero también daría la posibilidad de resolver a mediano plazo problemas económicos como la deuda pública (que asciende a unos 28 mil millones de dólares, que representa más del 80 por ciento del PIB), con la consiguiente mejora de la inversión social. El dilema es si lanzarse o no, considerando riesgos y beneficios: he ahí la cuestión.

El bitcoin: una apuesta ganada

Publicado en Diario El Salvador.

Cuando El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, a mediados de 2021, la gran mayoría de ciudadanos jamás habían escuchado hablar de esta o cualquier otra criptomoneda. En el debate público que generó esta iniciativa, predominaron las posturas conservadoras, que iban desde la razonable cautela hasta los vaticinios de escenarios económicos catastróficos. El hecho de ser el primer país en el mundo en dar este paso dejaba flotando en el sentido común una pregunta que justificaba razonablemente las dudas: “¿por qué nadie lo había hecho antes?”

La fluctuación del valor del bitcoin en los meses posteriores pareció confirmar los temores. De cotizarse al inicio en $46,000 aproximadamente, pasó por un breve periodo de estabilidad e incluso una notable subida de valor; pero luego, diversos factores a nivel global propiciaron una ola de desconfianza durante 2022, principalmente el colapso de algunas plataformas que operaban con otros criptoactivos y las amenazas de su prohibición (como ya había ocurrido en China). Ciertamente, hubo pánico al ver que el máximo precio entonces alcanzado ($68,789 en noviembre de 2021) cayó un año después a menos de la cuarta parte de su valor: $15,500. Quienes habían pronosticado su fracaso e incluso su desaparición, parecían tener los números.

Sin embargo, el bitcoin no solo sobrevivió a la crisis, sino que comenzó a revalorizarse de manera sostenida durante 2023 y 2024, al punto de sobrepasar sus máximos históricos y ponerse actualmente a tiro de los $100,000. Varios factores económicos contribuyeron a esta recuperación (mismos que sabrán explicar los expertos), pero el hecho es que el bitcoin emergió fortalecido, demostrando ser viable y resistente a las crisis financieras, en razón de lo cual ha aumentado la confianza de los inversores institucionales. El anuncio del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de crear una reserva estratégica en bitcoin en la economía más grande del mundo, es un espaldarazo trascendental en su consolidación.

Si bien es cierto el bitcoin aún no es utilizado mayoritariamente como una moneda de cambio en el día a día, y pese a que sus márgenes de fluctuación aún son relativamente altos, su utilidad como inversión a mediano y largo plazo es cada vez más clara. Que El Salvador tenga en reserva casi 6,000 BTC, con un valor aproximado de 575 millones de dólares, habiendo en invertido en ello la mitad de esa cantidad, tiene ventajas inherentes incluso si no se capitaliza en dólares en este momento: ese monto de respaldo podría revalorizar al país como sujeto de crédito ante organismos internacionales, pudiendo obtener financiamiento para inversión pública en mejores condiciones; además, permitiría afrontar con mayor solvencia una emergencia nacional grave (que ojalá no se produzca) y hace atractivo al país para inversores tecnológicos del sector cripto.

Visto en retrospectiva y a manera de comentario condescendiente, no sería justo señalar con demasiada severidad a quienes criticaron acremente y proclamaron jubilosos la muerte del bitcoin hace apenas un par de años (aunque quien creyó en él tiene cierto derecho a espetarles el clásico “yo se los dije”; sea por conocimiento, intuición o una inusual combinación de ambos). Ciertamente, hace tres años no era descabellado ver mal al bitcoin; por el contrario: lo que resultaba osado, atrevido y riesgoso era tomar el camino de lo nuevo, como todo pionero. Sin embargo ahora, con la ventaja de conocer el pasado, lo que resulta bastante incomprensible es la necedad de quienes aún persisten en ir contra el bitcoin (ya sea con calcomanías o con argumentos alambicados) a pesar de la evidencia, acaso por el capricho personalista de no aceptar con madurez una verdad bastante clara: que el bitcoin es una apuesta que ganó el presidente Bukele.

Marchas marchitas

Publicado en Diario El Salvador

La acción espontánea de salir a la calle a protestar tiene orígenes tan antiguos como las ciudades, pero no fue sino hasta el siglo XVIII, con el desarrollo del pensamiento ilustrado y el inicio de la Revolución Industrial, cuando este recurso pasó a ser un mecanismo organizado para expresar el apoyo o rechazo de la población hacia políticas y personajes públicos, así como para visibilizar y exigir reivindicaciones sociales.

En el transcurso del siglo XIX, las manifestaciones de calle se establecieron como el medio de lucha política por antonomasia para exigir derechos, quedando tal espíritu plasmado en el cuadro "La libertad guiando al pueblo", de Eugène Delacroix en 1830, el cual expresa un mensaje de lucha y unidad entre los distintos sectores sociales. Aquí en El Salvador, también hay un cuadro emblemático: el del pintor chileno Luis Vergara Ahumada, que representa de manera idealizada el primer grito de independencia (5 de noviembre de 1811), con la figura de José Matías Delgado y los demás próceres arengando a la multitud. En el imaginario popular, esta imagen acabó relacionándose con el texto del Acta de Independencia de Centroamérica (15 de septiembre de 1821), en donde se afirma la necesidad de concederla “para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo", como si una enorme manifestación popular hubiese forzado a hacerla.

En diferentes épocas de nuestra historia, hubo notables manifestaciones que se hicieron con el propósito de exigir derechos, pero el apogeo de las grandes marchas reivindicativas salvadoreñas puede situarse en un periodo específico: del 30 de julio de 1975 al 22 de enero de 1980, fecha esta última en que se registra la demostración más multitudinaria, con un estimado de 250,000 personas. Luego, durante la guerra civil, las manifestaciones de calle cedieron protagonismo a la lucha armada; después, ya finalizado el conflicto y durante la primera década de la posguerra, la izquierda volvió a tener alguna presencia en las calles, siendo 2002 el año en que logró volver a convocar a decenas de miles de personas enarbolando la bandera contra la privatización del sistema de salud, que pretendía el entonces presidente Francisco Flores.

¿Qué pasó después? Se puede plantear y argumentar la tesis de que las grandes marchas reivindicativas de la izquierda paulatinamente dejaron de tener relevancia, proceso que se completó precisamente durante los gobiernos del FMLN. Esto fue así porque llegaron al poder supuestamente como la vanguardia popular, abanderando las justas exigencias de muchos sectores sociales que confiaron en ellos; pero luego, durante dos quinquenios fue quedando claro no solo el alejamiento sino la traición de la dirigencia de ese partido a las aspiraciones populares, a tal punto que hoy nadie puede pensar seriamente en entregarle de nuevo su confianza a quienes así actuaron, aunque ofrezcan acompañar, se inmiscuyan o se suban al vagón de reclamos legítimos de ciertos sectores de la población. Incluso en un escenario hipotético de descontento social (que no es el caso actual), la gente sabe que volver a las calles bajo esa bandera rojiblanca no tendría mayor sentido.

El adjetivo “marchito” significa “ajado, falto de vigor y lozanía”, sinónimo de “mustio, lacio, lánguido, seco, deslucido, apagado, envejecido”. Este calificativo es aplicable plenamente a las marchas organizadas hoy por el FMLN, recurso ya anacrónico con el que buscan montarse con desesperación de supervivencia en cualquier vagón que huela a lucha social, para inyectarse algún tipo de sustancia milagrosa que revierta su decadencia como vanguardia social y rehacer acaso aquella aura redentora, perdida gracias a sus propias acciones destructivas, tanto hacia adentro como hacia afuera de sí mismos.

PMc's concert

Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

I always suspected that attending a Paul McCartney concert had to be an amazing experience, but any given epithet falls short once you have checked off that bucket-list item. Despite being an 82-year-old guy, Paul displays tons of on-stage energy through his music, reinforced by the chanting crowd (including me) for about 150 minutes.

The setlist was ok, mixing hits from a lifetime of music: The Beatles, Wings, and Paul’s solo career (despite a few songs that I did not know, my fault). Regarding Wings' songs, I missed only one: Listen to what The Man said, but I can forgive this little omission, considering that Paul and his great band played Jet, Junior’s farm, Let ’em in and, of course, Band on the run.

The funny thing was that, at the end of the concert, Paul said “hasta pronto,” so I conclude he is not thinking about retirement. Indeed, he came from outer space!

Formas de ignorancia

Publicado en ContraPunto

Una persona ignorante es alguien que desconoce algo o que carece de cultura. El calificativo es una descripción, aunque en la mayoría de situaciones comunicativas cotidianas tiene una connotación peyorativa e incluso es usado como insulto. En tanto que ningún ser humano es omnisciente, todos padecemos de ignorancia en alguna medida. Este reconocimiento, plasmado en la frase de Sócrates "yo solo sé que no sé nada", es un acto de humildad intelectual, en cuanto admite los límites del conocimiento humano y promueve una actitud de constante búsqueda y cuestionamiento. En este sentido, bien puede decirse que creerse sabio es la primera y más grave ignorancia; esta es particularmente perjudicial porque cierra la puerta al aprendizaje y al cuestionamiento, generando dogmatismo, arrogancia y una resistencia al cambio y al autoconocimiento.

La ignorancia como vicio se presenta de muchas maneras, más de las que comúnmente se cree. Una muy habitual es la que demuestran ciertas personas que presumen de su nivel educativo, títulos académicos o intelectualidad, cuando descalifican la opinión ciudadana de personas sencillas y humildes sobre temas sociales y políticos, por el solo hecho de que estas no completaron determinados niveles de escolarización. Quien padece este tipo de ignorancia desconoce la teoría de las inteligencias múltiples, especialmente la interpersonal e intrapersonal, las cuales permiten a las personas gestionar sus relaciones con el entorno humano inmediato e interpretar su realidad, formulando conclusiones a partir de su propia experiencia. Una persona puede tener baja escolaridad, pero mostrar cierto tipo de sabiduría en su vida, así como virtudes esenciales para la convivencia; por el contrario, hay gente con títulos universitarios que, no obstante, evidencia graves niveles de estupidez en su conducción por la vida.

En la galería de personajes del entorno político (activistas, periodistas, comentaristas, analistas y conexos), hay muchos que navegan con bandera de listos, pero sus palabras y acciones los colocan en entredicho. Es insólito, por ejemplo, que alguien con título de licenciatura o doctorado presuma públicamente de su falta de filtros para expresarse, más aún cuando son precisamente estas expresiones desbocadas las que le han causado problemas de imagen y credibilidad. También es inaudito que un supuesto intelectual esgrima su título obtenido en el extranjero para justificar su derecho a insultar reiteradamente (en vivo y en directo, aunque con muy poco ingenio) a la mayoría del pueblo.

En casos como los descritos, además de padecer de “la ignorancia de la imprudencia”, estas personas desconocen las diversas teorías lingüísticas que establecen la adaptación del lenguaje a la situación comunicativa (considerando emisor, receptor, código, medio y contexto), en función pragmática para lograr sus objetivos, para lo cual se requiere elegir y dominar ciertos registros lingüísticos. Demostraciones de ignorancia como las descritas son más reprochables en cuanto mayor es el presunto nivel intelectual de quienes las evidencian, pues justamente esa pregonada condición tendría que impulsarles a investigar las implicaciones de la diversidad y complejidad humanas.

Otro caso de esta “ignorancia ilustrada” ocurre cuando, justamente en virtud de su educación y conocimiento sistemático en ciertas áreas específicas, muchas personas viven sumergidas en un mundillo de autovalidación que les aleja de otras perspectivas y puntos de vista. Un término culto relacionado con esta actitud se deriva de la imagen de la torre de marfil como símbolo de belleza y pureza absolutas: el “torremarfilismo”. Este concepto se refiere a la actitud de “aislamiento intelectual, en la que personas —especialmente académicos, artistas o científicos— se desconectan de los problemas y necesidades prácticas de la sociedad”.

“La ignorancia es atrevida”, dice el dicho popular. Paradójicamente, las personas acusadas de ignorantes por su bajo nivel de escolaridad muchas veces se expresan con la humildad que les hace falta a quienes, escudados en sus títulos, viven en el constante atrevimiento de querer imponer a los demás sus puntos de vista parciales, sesgados, sectarios, fanáticos o interesados y, ante su inefectividad persuasiva, ejercen venganza verbal desde la pedantería contra quienes no han podido convencer.

Distorsión interpretativa por la fe

Publicado en ContraPunto.

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) dio a conocer, la semana pasada a través de la revista Disruptiva, su encuesta “Rumbo país 2024”. Los resultados se mantienen en la línea general que han venido marcando todas las encuestas recientes, en las cuales la población apoya la gestión del presidente Nayib Bukele, con algunos matices puntuales que han ocupado los espacios de opinión y análisis político.

Los datos que ofrece dicho estudio no deberían ser objeto de duda, en el entendido de que una institución académica responsable no se va a prestar a manipulaciones ni falseos; sin embargo, hay en él al menos una pregunta mal redactada y, sobre todo, una interpretación bastante caprichosa y fundamentalmente errónea en su sentido general por parte de su director, Óscar Picardo.

El título de la portada en el PDF disponible para descarga es “La gente tiene fe…” Sin embargo, en su sitio web está más detallada la intención, pues dice así:

La gente tiene fe… aunque le falten $254.60 para llegar a fin de mes.

Tras presentar 45 gráficas de datos, al final se añade una diapositiva donde se define la fe, junto con un esquema titulado “Comportamiento humano y epistemología”, que en una parte menciona al psicoterapeuta y psicólogo estadounidense Albert Ellis y su modelo para explicar la relación entre los pensamientos o creencias con las emociones y comportamientos. El propósito general de la mencionada diapositiva es mostrar la dicotomía entre el pensamiento de tipo religioso (fe, creencias, emociones) y el científico (razón, evidencias, datos), todo ello para validar la tesis que Picardo ha enarbolado desde hace un buen tiempo en diversos medios, la cual puede formularse así: “El apoyo que la gente le da al presidente Bukele se debe al pensamiento irracional de la mayoría de la población, que se basa en la fe”.

En este complejo tema, hay por lo menos dos errores y engaños graves que señalar. En primer lugar, el dato que a la gente le faltan $ 254.60 para llegar a fin de mes (como señala el título con el que se ha promocionado el estudio) no se desprende de lo que la gente respondió en la encuesta, sino de una interpretación errónea de una pregunta confusa.

La interrogante original (textual, literal) que se formuló, según la lámina 21, es esta:

Aproximadamente, ¿cuánto dinero le hace falta al mes para cubrir sus necesidades?

La interpretación más natural del sentido de la pregunta es “con cuánto dinero al mes logra usted cubrir sus necesidades”. La mala redacción original está reconocida tácitamente por la propia publicación, pues cuando la trasladan a la nota en su sitio web no la transcriben literalmente, sino que la reformulan como “cuánto dinero le falta para llegar a fin de mes”, incorporando la traducción del modismo anglosajón “make ends meet”, en donde la respuesta adquiere ya el sentido de déficit, es decir, la diferencia entre lo que se gana y el costo de lo que se necesita comprar. Esta nueva formulación ni es lo mismo ni es igual a lo que se preguntó.

Ahora bien, para clarificar un poco esta confusión semántica, la lámina 22 indica que el 45 % de la población dice que no logra hacer ningún ahorro mensual, frente al 54 % que responde afirmativamente; por otra parte, en la lámina 18, el 31 % de los encuestados dice que su presupuesto no le alcanza para cubrir sus necesidades, mientras que el 46 % responde prácticamente que sí pero “muy ajustado” y solo el 23 % expresa que es suficiente.

A partir de lo anterior, podría describirse la situación económica general como tendiente a buena o tendiente a mala, según la interpretación, actitud y postura política del sujeto a cargo. Eso sería válido. Lo que resulta inadmisible es que se saque una conclusión absoluta (“la situación económica está muy mal”) a partir de un dato incierto obtenido con una pregunta confusa: la falacia de la premisa falsa o dudosa.

El segundo y más grave error es el que se refiere a la fe, en cuanto explicación de la opinión aparentemente irracional de un pueblo que estaría en pésima situación económica y, no obstante, apoya a su mandatario.

La definición de fe, usada en la encuesta, es la siguiente:

La fe es un tipo de conocimiento, en donde la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas, enseñanzas o religión, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad.

Esta definición es, ciertamente, más estirada y compleja que la más simple que se deduce del Evangelio de San Juan (capítulo 20, versículo 29), cuando Jesús le dice a su discípulo: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron”.

En cualquier caso, el grave error de interpretación que comete Picardo (por distorsión ideológica involuntaria o intención política expresa) es asumir que la gente tiene confianza en el presidente Bukele en contradicción con las evidencias, cuando lo cierto es que la gente confía en su presidente justamente debido a las evidencias, pues bajo su mandato es que se han puesto bajo control a las pandillas que tuvieron sometida a la población por décadas (logro que hasta hace pocos años se consideraba prácticamente imposible de conseguir), hito que ha tenido evidentes implicaciones económicas al liberar a la gente del lastre de la extorsión, permitirle comenzar sus pequeños emprendimientos o recuperar sus viviendas, por mencionar algunas situaciones.

Dicho de otra forma y a modo de cierre, la gente aquí es como Tomás: cree porque ha visto indicadores, elementos, señas de que sí se pueden lograr mejoras. Eso no es fe, sino esperanza fundada en hechos: “estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”. Otra cosa es que, en el transcurso de este quinquenio, dicha esperanza crezca, se mantenga o se pierda (como sucedió, triste y cíclicamente, en las décadas anteriores), pero eso será motivo de otros análisis. Por el momento y en la coyuntura actual, lo que procede es acreditar y respetar dicha esperanza, no sabotearla ni desacreditarla con razonamientos de ropaje intelectual, pero claramente sesgados.

La necesaria sintonía

Publicado en Diario El Salvador.

Hace unos días, fueron electos siete magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): cinco por haberse cumplido el plazo de los anteriores, uno en sustitución de otro que había renunciado y el último para cubrir una vacante por fallecimiento. A diferencia del presidente de la república y los diputados, que son elegidos directamente por el pueblo a través de las urnas, las máximas autoridades del Órgano Judicial provienen de una elección de segundo grado hecha por la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada.

Durante todo proceso de selección de magistrados de la CSJ, es normal que se escuchen voces que pidan la necesaria idoneidad para el cargo, pero sobre todo la independencia judicial de los funcionarios en cuestión, entendida esta como “el principio según el cual los jueces y tribunales deben poder tomar decisiones de manera imparcial y libre de influencias externas, ya sean políticas, económicas, sociales o de cualquier otro tipo”. Sin embargo, hay que tener claro que la deseada independencia judicial es más bien una formulación ideal, una utopía que como tal no existe en su estado puro, pues lo que hay en realidad son grados o niveles de independencia (cuanto mayor, mejor), dentro de los cuales cabe la discusión acerca de qué candidatos dan indicios más sólidos para desempeñar el cargo con un nivel razonable de apego a este precepto.

Aquí es oportuno recordar que, contrario al deseo y expectativas naturales de las personas, las leyes y procesos jurídicos no suelen aplicarse por sí mismos de manera automática, sino que surten efecto a partir de la acción y la interpretación de seres humanos condicionados por muchísimos factores objetivos y subjetivos; por ello, no es extraño que puedan sostenerse jurídicamente argumentos para una postura a favor y otra en contra, en un mismo caso y basándose en el mismo cuerpo legal. Esto se aprecia con toda claridad en las resoluciones de tribunales colegiados que se toman por mayoría, cuando quienes no lograron hacer prevalecer su postura razonan su voto disidente.

En la práctica concreta, no solo en nuestro país sino en todas las democracias occidentales, lo cierto es que al momento de nominar o elegir magistrados de tribunales supremos siempre se tiene en cuenta un amplio conjunto de elementos fácticos, pragmáticos y de sentido común que intervienen, condicionan y de alguna manera justifican por qué decantarse hacia esta o aquella persona.

En el proceso de selección de los magistrados recién nombrados, la Asamblea Legislativa ha de haber considerado un elemento contextual importantísimo: la política de seguridad pública, que ha permitido poner bajo control el fenómeno delincuencial de origen pandilleril que durante décadas estuvo desbordado y afectó no solamente las vidas y los bienes de las personas, sino que también socavó cualquier posibilidad de desarrollo en otras áreas, como la economía y la educación. Es por ello que, en este ámbito, la línea de interpretación o hermenéutica jurídica de los profesionales del derecho elegidos, especialmente en la Sala de lo Constitucional, no debe estar en disonancia sino en coherencia con la conducción general del país, protegiendo así el interés de la población y descartando el riesgo de que se bloqueen o desmantelen los logros por vía de sentencias insólitas (como ocurría en un pasado no tan lejano).

La Constitución Política de la República de El Salvador, en su artículo 86, establece que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, aun cuando son independientes dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, “colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. La práctica histórica ha demostrado que solamente con el concurso y sintonía de los tres órganos del Estado es posible enfrentar los desafíos históricos y llevar adelante las grandes transformaciones que demanda la nación.

Esas redes

En 2014 tuve la oportunidad de llevar una delegación de estudiantes del colegio Externado de San José a Nicaragua, con motivo de la primera edición del encuentro artístico de colegios jesuitas centroamericanos “Tejiendo Redes Ignacianas”. En 2016 y 2019 repetimos la experiencia en los colegios vecinos de Guatemala. Hoy, una década después de aquel inicio y ya en su cuarta edición, se me asignó la coordinación general del evento con sede aquí en El Salvador, gran tarea además de la usual de preparar la delegación artística que nos representara.

Armar esta logística consumió decenas de horas, más miles de correos y mensajes con los maestros/as de arte de los colegios hermanos, con las familias anfitrionas y con los compañeros/as docentes involucrados en la organización y logística, con la correspondiente cuota de estrés laboral. Al final, todo valió la pena, porque se tuvo un evento diverso y ameno para todas las partes involucradas. Aquí se construyó una experiencia inolvidable y qué gusto me da haber sido parte de ella.

Los otros símbolos patrios

Publicado en Diario El Salvador

Un símbolo es un “elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etcétera”. Nuestra Ley de Símbolos Patrios establece oficialmente tres: escudo, bandera e himno. Allí también se reconoce la Oración a la Bandera, de David J. Guzmán, “como una exaltación a la patria”; asimismo, en diversos momentos fueron declarados como representativos nacionales el torogoz, el maquilishuat, el bálsamo y el izote.

Sin embargo, existen otros símbolos más allá de los oficiales, que también representan la salvadoreñidad. La manera de detectarlos es bastante sencilla: si su evocación o exposición es asociada claramente con el colectivo y es reconocida como elemento identitario, tanto en la percepción interna de sus miembros como externa desde otros grupos, entonces estamos en presencia de un símbolo patrio fáctico, informal o extraoficial, pero plenamente funcional. El ejemplo más claro lo tenemos en la gastronomía: las pupusas.

Estos símbolos aglutinadores también pueden ser personas que, por sus notables obras y acciones meritorias, llegaron a convertirse en personajes que identifican y representan a la ciudadanía urbi et orbi. Tal estatus se alcanza solamente cuando ya se han superado las controversias y discusiones coyunturales, es decir, cuando ese gran juez que es el tiempo ha dado su sentencia. Tal es el caso de nuestro profeta y mártir, San Óscar Arnulfo Romero, el salvadoreño más universal, cuya palabra y legado son innegables referentes morales.

La cultura y el deporte también son campos fértiles para el surgimiento de personajes que puedan ocupar tan privilegiados pedestales, si bien muchas veces la devoción de las multitudes tiende a la indulgencia con sus yerros, perfectamente humanos. En el ámbito artístico, Alfredo Espino, Salarrué y Claudia Lars son una tríada sólida de autores clásicos salvadoreños que bien podrían representarnos, por cuanto supieron entender y plasmar con singular estilo y depurada técnica la esencia de nuestra tierra y nuestra gente; pese a ello, lo cierto es que no son tan conocidos por las mayorías populares y su trascendencia tampoco llega a ser un claro referente ante la mirada del extranjero. En cambio, en la cancha futbolera sí tenemos a uno que fue, es y será admirado por generaciones, reconocido por propios y extraños: nuestro genio y figura, el Mágico González.

La política es, seguramente, el campo menos prolífico para aportar nombres que lleguen a convertirse en símbolos merecedores de respeto y admiración, pese a los intentos de sus partidarios por hacerles monumentos (muchos de los cuales, con el paso de los años, acaban siendo ignorados, despreciados y hasta demolidos). Tristemente, en casi dos siglos de vida republicana, lo que hemos tenido —y en abundancia— no son políticos ilustres sino todo lo contrario, a tal grado que elaborar una lista del oprobio es tan fácil como nombrar, en orden cronológico inverso, a los expresidentes de la república: prófugos, refugiados, procesados, encarcelados, señalados y repudiados por el pueblo. En este ámbito cabe comentar lo siguiente: en atención a su indiscutible popularidad e impacto mediático dentro y fuera del país, muchos mencionan la posibilidad que el presidente Bukele sea recordado de manera distinta a la de sus predecesores; sin embargo, ese veredicto solamente lo dará el tiempo, pasadas un par de décadas después de finalizar su gestión.

En suma, los símbolos que fortalecen la nacionalidad son importantes, no solo por lo que unifican e identifican, sino por los sentimientos de pertenencia y compromiso que pueden inspirar en cada una de las personas, dándole sentido y trascendencia al trabajo diario, teniendo la certeza que ese esfuerzo vale la pena y nos hace partícipes de la tarea colectiva para dejar un mejor legado del que recibimos.

Gestión de conflictos en las instituciones

Publicado en ContraPunto.

Todas las instituciones sociales (religiosas, políticas, militares, gremiales, etc.) tienen mecanismos de coordinación y toma de decisiones para la consecución de sus fines. En dicha labor es esencial el papel de quienes las conducen, para armonizar y administrar no solo los aportes de cada miembro, sino también sus diferencias. Existen distintos estilos y modelos de gestión institucional, que van desde los más verticales (jerárquicos o autoritarios) hasta los más horizontales (participativos, colaborativos), cada uno con sus ventajas y desventajas, dependiendo del tipo y tamaño del colectivo, así como de sus liderazgos.

Las instituciones militares y religiosas, por su misma naturaleza, suelen ser fuertemente verticales, con líneas de mando claramente definidas emanadas desde la cúpula; mientras que las asociaciones civiles y comunales tienden a implementar mecanismos con mayor posibilidad para que sus integrantes expresen diversidad de opiniones y se les tome en cuenta. La familia y la escuela, en cuanto instituciones sociales, han transitado en el tiempo entre unas formas y otras, según los paradigmas vigentes, pero en general se perciben cada vez menos rígidas, con las bondades que eso supone, pero también con los riesgos inherentes a la excesiva permisividad.

En perspectiva histórica, no es difícil demostrar que, como sociedad, nuestro común denominador en la gestión de conflictos institucionales han sido los esquemas de comportamiento que privilegian las reacciones primarias e instintivas de protección (de lo que se considera el propio territorio) y defensa (de aquellas posesiones físicas o afectivas). Así, ante un cuestionamiento o crítica que se recibe por parte de otra persona, el impulso básico de autoconservación actúa y se le etiqueta inmediatamente como enemiga, cediendo a la fácil tentación de atacarla y alejarla, en lugar de buscar un diálogo constructivo y con madurez. Un ejemplo típico es la discusión familiar entre padres e hijos, sea por un noviazgo, un permiso para salir o cualquier otra causa discutible, la cual pronto escala a gritos y amenazas en donde el adulto acaba señalándole la puerta y ofreciéndole la calle al joven, como única alternativa a vivir bajo normas incuestionables, sin abrir la posibilidad de flexibilizarlas, establecer acuerdos sobre la base de la autoridad parental o incluso adaptar las reglas a nuevas realidades.

Un área especialmente interesante para el análisis de los modelos de gestión de conflictos es la que involucra a las fuerzas políticas en la historia del país, particularmente aquellas que en su momento se definieron como revolucionarias en sus luchas contra las dictaduras militares de los años setenta. En aquel contexto de guerra declarada, los cuestionamientos y divergencias internas fueron percibidos como amenazas a la existencia misma de dichas organizaciones. La intolerancia extrema de los psicópatas que estaban en los cargos de dirección de aquellos grupos se concretizó en asesinatos emblemáticos, como los de Roque Dalton (ERP) y Mélida Anaya Montes (FPL). Luego, a partir de la posguerra, los conflictos internos que siguieron existiendo en todo el espectro político e ideológico del país dejaron de resolverse con la eliminación física de la disidencia, dando paso a maneras relativamente pacíficas pero igualmente excluyentes: escisiones y expulsiones basadas en una supuesta búsqueda de pureza ideológica o lealtad absoluta, quimeras que acabaron debilitando a los entonces fuertes partidos políticos, Arena y FMLN.

De un análisis más amplio de todo lo anterior, se tendría que concluir que el camino del aprendizaje y desarrollo de las inteligencias emocionales, aplicadas al ámbito institucional, es largo pero imprescindible. La meta debería ser aprender a gestionar apropiadamente los conflictos naturales dentro de las distintas organizaciones sociales, formadas en última instancia por personas que no necesariamente han de caber en un molde único, pero que pueden sumar esfuerzos en aras de sus fines comunes.