De izquierda a derecha, Ram�n Serrano Su�er y Francisco Franco, en un acto de la Junta de Burgos durante la guerra. / COVER

Cuando hay prisa, se nota. El pasado martes, Ram�n J�uregui y el resto de diputados del PSOE metidos en el asunto pactaron la �ltima enmienda con el PNV y enfilan ya la Comisi�n Constitucional de ma�ana con todos los apoyos parlamentarios, salvo el del PP. El objetivo es enviar de inmediato la nueva ley al Senado, para que �ste la devuelva a tiempo al Congreso de los Diputados y que el caso se cierre en esta legislatura en alg�n pleno escoba navide�o final.

�Alguna iniciativa legal urgente ansiada por millones de ciudadanos? No, se trata de la modificaci�n de la llamada Ley de restituci�n o compensaci�n a los Partidos Pol�ticos de bienes y derechos incautados en aplicaci�n de la normativa sobre responsabilidades pol�ticas del per�odo 1936-1939. O sea, m�s memoria hist�rica, perocontante y sonante. Nada de retirada de s�mbolos o de rehabilitaci�n moral de los represaliados por el franquismo. En este texto legal se trata tambi�n de parn�, de dinerito extra para la financiaci�n del PSOE y el grueso de sus socios parlamentarios.

Ya en 1998, el Gobierno en minor�a de Jos� Mar�a Aznar, accedi� a aprobar una ley de este tipo, pero, ya con mayor�a absoluta, la desarroll� en un reglamento en la que, seg�n los partidos afectados, el entonces ministro de Hacienda, Crist�bal Montoro, ped�a pruebas de bienes incautados imposibles de reunir tras la destructiva Guerra Civil. No obstante, Montoro reparti� 27,8 millones de euros, sobre todo a PNV (10 millones) y al PSOE (otros 10). Pero ni Xabier Arzalluz arranc� a Montoro una compensaci�n por la sede del Gobierno vasco en Par�s (actual sede del Instituto Cervantes) ni el socialista Jos� Blanco logr� hacer la caja esperada con el abanico de casas del pueblo repartidas por Espa�a por Pablo Iglesias y eso que sontan de UGT como del PSOE, seg�n �l.

La Ley de 1998 ajustaba cuentas con la vomitiva Ley de Responsabilidades Pol�ticas de 9 de febrero de 1939, en la que el autoproclamado jefe del Estado y presidente del Gobierno, Francisco Franco, declaraba desde Burgos «fuera de la Ley a todos los partidos y agrupaciones pol�ticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, as� como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a �ste por el s�lo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional».

Todos ellos «sufrir�n la p�rdida absoluta de sus derechos de toda clase y la p�rdida total de sus bienes», agreg�. La sede y la imprenta de El Socialista en Madrid, una extensa finca en torno a la ex Torre Windsor en Madrid o los casi 1.000 millones de pesetas de la �poca que ten�a en cuentas bancarias el Partido Comunista de Espa�a fueron algunos de los bienes incautados.

Los partidos afectados no se consideran suficientemente resarcidos y esperan ahora una segunda ronda para poder sufragar los cada vez m�s elevados gastos electorales. Los 150 millones que Caldera le ha soltado a UGT -los sindicatos han gozado de una ley m�s generosa- han desatado envidia.

As� que el PSOE patrocina un nuevo texto que contempla indemnizar tambi�n por bienes fuera de Espa�a -gui�o al PNV-, compensar por cuentas y alquileres con hasta 4 millones de euros por partido y valorar los inmuebles con menos cicater�a que Montoro. Adem�s, no har�n falta tantas pruebas documentales, bastar� incluso con testimonios para acreditar propiedades.

El diputado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, se qued� solo el martes en contra de modificar la ley y pidi�, al menos, que s�lo se indemnizara a los bienes que los partidos poseyeran «a justo t�tulo», no vaya a ser, seg�n la argumentaci�n del diputado popular, que el PCE hubiera amasado dinero en 1936 de manera no l�cita. No tuvo eco. El texto ser� aprobado ma�ana en la Comisi�n Constitucional que preside Alfonso Guerra y, m�s all� del leg�timo derecho a resarcirse del atropello franquista, resultar� otro ejemplo de c�mo los partidos legislan de otra manera cuando les afecta directamente. Hay que ver con qu� discreci�n, con qu� rapidez repentina, con qu� discrecionalidad, se pueden tramitar leyes.

El PSOE logr� aprobar tambi�n el pasado junio la nueva Ley de Financiaci�n de Partidos Pol�ticos, donde casi hasta consigue el voto a favor del PP llevando la negociaci�n con especial sigilo.

Con esa ley se ha obligado a Pedro Solbes a aumentar un 20% las subvenciones de 2008 a los partidos pol�ticos -casi tres veces la media general del aumento del gasto del Presupuesto-. Tambi�n se legitiman -sin l�mite- las «ayudas» que tengan a bien repartir a los partidos las autonom�as y los ayuntamientos que ellos controlan.

Suprimen, eso s�, las donaciones an�nimas, y limitan a 100.000 euros las identificadas, salvo que sean en forma de condonaciones, porque, en ese caso, no hay techo. Por cierto, que el pasado mi�rcoles, se jactaba Jos� Montilla en el Foro de la Nueva Econom�a de aumentar en un 32% el presupuesto de la Generalitat para vivienda en 2008. Muy loable respuesta al avance del Euribor. Pero hace ya tres a�os que al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) le trae al pairo cualquier subida de tipos de inter�s, porque su acuerdo con La Caixa consisti� en el perd�n de 7,15 millones de euros de intereses a cambio de devolver los 7,8 millones restantes a un c�modo tipo fijo anual del 3%.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, esquiv� como pudo el mes pasado en el Senado la pregunta de si eso es un acuerdo normal de mercado. Tampoco quiso opinar sobre los apa�os de la nueva Ley de Financiaci�n.

El PP, que recibe 7.000 euros de donaci�n an�nima al d�a -CiU casi otro tanto-, tampoco es quien para tirar la primera piedra. Cada uno se busca la vida, porque los 200 millones de subvenci�n que todos los partidos se reparten cada a�o oficialmente no son suficientes. S�lo el PSOE y PP ingresan cada uno 60 millones, pero eso no les da y Uni�, que preside Duran Lleida, ha tenido que pedir �rnica a La Caixa, por dos millones impagados.

No han vuelto a trascender filesas, pero hay que poner orden definitivo y transparente para que quienes deben dar ejemplo c�vico no tengan que exprimir la memoria hist�rica o recurrir a triqui�uelas o a privilegios.

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