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"Cada vez nos llaman más docentes llorando. Que adultos lloren nos pone en alarma sobre su estado emocional". Habla Teresa Hernández, coordinadora estatal del Defensor del Profesor, un servicio que gestiona el sindicato Anpe que atiende las peticiones de ayuda de los docentes de la escuela pública. Este año ha aumentado un 8% el número de casos atendidos respecto al curso anterior. A nivel nacional, se han incrementado los casos de depresión entre los docentes. También han crecido un 14% las agresiones de los alumnos a los profesores, un problema minoritario en las aulas pero que preocupa a la comunidad educativa porque está relacionado con la falta de recursos de los centros educativos y con el empeoramiento de la salud mental de los alumnos.
El informe anual del Defensor del Profesor, que se ha presentado este martes, da cuenta de 157 llamadas de profesores durante el curso 2023/2024 denunciando agresiones de alumnos a profesores. Son un 13,7% más que las 138 que se registraron el curso anterior 2022/2023. No es el mayor problema de los que piden ayuda -los principales son las faltas de respeto de los alumnos, las dificultades para dar clase y las falsas acusaciones- pero inquieta a Anpe porque, en su opinión, es un síntoma de que "la Administración sigue sin poner los medios y recursos que se necesitan".
Hernández señala que "muchas veces las agresiones están asociadas a problemas de salud mental a los que no se ha puesto remedio". "No se están detectando debidamente estos problemas y muchos alumnos llegan sin un informe en el que se especifique su diagnóstico. Los profesores se sienten solos, con falta de respaldo de Administración y saturados para atender al alumnado con problemas. Hacen falta más recursos. No puede ser que la labor asistencial venga de lo educativo".
¿Qué tipo de agresiones se producen? "Suelen ser empujones por el pasillo o algún puñetazo que se produce por parte de alumnado que no tiene ningún control sobre su vida o tiene un contexto familiar que no le acompaña. O alumnos de la ESO que no quieren estar ahí", explica Hernández.
Expulsión y vuelta a clase
Añade que la agresión se produce generalmente "cuando el docente le dice al alumno que su conducta no es correcta y le intenta llevar al jefe de estudios". "Entonces se produce una salida de tono o un empujón. En estos casos, lo que hace que el docente se sienta peor es que esa conducta violenta o grave se sanciona con un máximo de cinco días de expulsión y al sexto día lo tiene en clase otra vez".
Hernández lamenta que, ante estas agresiones, "sea la víctima la que tenga que poner distancia con el agresor porque la Administración no se la proporciona". "Si la víctima es el profesor, muchas veces tiene que pedir la baja. Si la víctima es el alumno, es él el que tiene que irse del centro. Y esto no debería ser así", explica.
Sonia García, vicepresidenta nacional de Anpe, dice que "la alta incidencia de los problemas de salud mental en el colectivo docente está muy vinculada a la creciente sobrecarga burocrática y a la falta de recursos aportados por la Administración para afrontar los retos educativos". En otras palabras, a los problemas que tienen los docentes para atender a los alumnos disruptivos y cada vez más competencias de tipo social (por ejemplo, el uso de los móviles), se suma una montaña de papeleo que se ha incrementado con la Lomloe.
Exceso de burocracia
¿Qué tipo de burocracia tienen que asumir? "Ante cualquier sospecha en un centro educativo hacia un docente o por un problema con un alumno, se aplica un protocolo. Hay protocolos de acoso, de ideación suicida, de bandas peligrosas...", enumera. Además, tienen que preparar las programaciones de la nueva ley educativa, diseñar situaciones de aprendizaje, elaborar interminables rúbricas de evaluación y asistir a cursos de formación que consideran que no les sirven para nada.
Anpe denuncia la "inacción de la Administración" ante todos estos problemas, que se producen cada vez antes. En Primaria, el 75% de los docentes que llamaron al teléfono de ayuda reportaron ansiedad. En otras enseñanzas (conservatorios, escuelas oficiales de idiomas y enseñanza de alumnos), el porcentaje sube hasta el 83%.
También ve que la nueva figura del coordinador de bienestar, ideada por el Gobierno para mejorar los problemas de convivencia en las aulas, no ha funcionado como debería. "Es una figura importantísima. Pero falta una coordinación del Estado, otorgarle unas competencias claras, un horario e incluso unas retribuciones y unos méritos que se le puedan reconocer. Casi ninguna comunidad autónoma da horas suficientes para poder desarrollar este trabajo".
El servicio del Defensor del Profesor ha realizado 2.101 actuaciones durante el curso pasado, 153 más que en el año anterior, la mayor parte concentradas en Secundaria (44,6%) y Primaria (36,6%). Estas llamadas son "la punta del iceberg", según el sindicato, pues "muestran sólo una pequeña parte de los problemas de convivencia en los centros educativos": no todos los profesores desesperanzados llaman a este teléfono.
La responsabilidad, para Anpe, es de las CCAA, que tienen las competencias educativas transferidas, pero también del Ministerio de Educación. "Si hubiera una carrera profesional docente muchos de estos problemas se reducirían", denuncia Sonia García, que recuerda que "la ministra dijo que ésta iba a ser la legislatura del profesorado, pero no hay voluntad de llevar a cabo la prometida reforma de la profesión docente, que está recogida en la Lomloe".