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El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes el plan de regeneración que Pedro Sánchez ideó durante su periodo de reflexión de cinco días que se tomó en abril, paralizando el país y el Gobierno, cuando conoció que su mujer estaba siendo investigada por un juez en el conocido como caso Begoña.
Una hoja de ruta que esbozó en julio en una comparecencia en el Congreso y que ahora verá la luz un primer esqueleto. El plan tiene como foco fundamental el sector de los medios de comunicación. "En España nos enfrentamos a la desinformación, a la máquina del fango. Nuestra democracia está asediada por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas y corruptelas".
Aunque la apuesta es plantear unas líneas generales, amparándose en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, uno de los ejes principales pasa por hacer hincapié en que se detalle y se publicite quiénes son los dueños de los medios de comunicación y las subvenciones públicas que reciben. Esto es, quién está detrás de los medios y cómo se financian. "Será una hoja de ruta para fortalecer nuestras instituciones y desarrollar las iniciativas europeas por la transparencia y contra la desinformación", ha explicado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, en sus redes sociales.
Desde que el jefe del Ejecutivo tuvo conocimiento de la investigación judicial a su mujer por presuntos delitos de tráficos de influencias y corrupción en los negocios -la Audiencia de Madrid decidirá el 30 de septiembre si archiva o no el caso Begoña-, y comenzaron a proliferar las informaciones periodísticas al respecto, Sánchez puso en el objetivo de la acción del Gobierno lo que ha dado en llamar una "regeneración" enfocada para aquello que define como "tabloides digitales" o "pseudomedios".
Tras recabar las opiniones de los grupos del Congreso -salvo Vox- y de concertar un consenso dentro de la coalición, la reunión del Consejo de Ministros dará luz verde a un plan que no contendrá ninguna medida relativa a la Justicia -como sí pedían sus socios- y se centrará, sobre todo, en los medios. "Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado y al Congreso, y a nuestro ecosistema informativo", es la idea que ha trasladado Sánchez a los diputados, senadores y eurodiputados socialistas en una reunión celebrada en la Cámara Baja.
La Moncloa quiere que sea público y conocido por todos el nombre de las personas o empresas que están detrás de la propiedad de los medios de comunicación. El artículo 6 del reglamento europeo obliga a los "prestadores de servicios de medios de comunicación" a hacer "accesible, de forma sencilla y directa" el "nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública".
Asimismo, se quiere poner tope a la financiación pública de los medios de comunicación. Creen en el Gobierno que muchos de lo que ellos llaman "pseudomedios" o "tabloides" subsisten en buena medida por el dinero público que reciben de gobiernos autonómicos del PP. "Debemos limitar la financiación pública para que no haya medios que tengan más financiación pública que lectores y garantizar que no hay partidos que compran líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes", dijo Sánchez en julio, durante su comparecencia en el Congreso.
Sabedor de que maneja material delicado e inflamable, que entra en terreno pantanoso, Sánchez ha esgrimido este martes ante sus cargos públicos la necesidad de lanzar este "Plan de Acción por la Democracia", que es así como lo ha bautizado, porque "mana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Y que mana de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea", en alusión al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
Este reglamento fue apoyado por el PP en Europa y Sánchez ha hecho un llamamiento a este partido para que secunde también en España las medidas enfocadas hacia los medios, lo que anticipa que el Gobierno, al menos a priori, no se desmarcará mucho de lo aprobado. "Espero que acabe contando con el apoyo de todos los demócratas del país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso voten en contra de esas mismas cuestiones".
El Gobierno y el PSOE guardan con celo el calado de este plan, sin ofrecer detalles. El Ejecutivo sí tiene en su hoja de ruta aprobar una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentará a los grupos una nueva Ley de Administración Pública Abierta. Asimismo, los socialistas ven necesario reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.
También se contempla una reforma de la Ley Electoral encaminada a establecer la obligatoriedad de los debates electorales y que sea obligatorio incorporar los microdatos y la metodología de estimación de resultados a todas las encuestas electorales publicadas.
Sánchez trata de seducir a las comunidades del PP con 5.000 millones
En la antesala de la ronda de reuniones que mantendrá en los próximos días con los presidentes autonómicos, Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa que su proyecto de Presupuestos Generales supondrán una inyección de "5.000 millones de euros adicionales para las comunidades, diputaciones, consejos y ayuntamientos" para "reforzar las políticas públicas, para colegios públicos, hospitales, residencias... que podrían no llegar si los partidos conservadores olvidan a sus votantes y se dejan llevar por su sectarismo".