De político a político. La empresa pública Enresa sigue sumando a altos cargos del PSOE en su presidencia. El consejo de administración de la empresa pública -responsable de la gestión de los residuos radioactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares- nombrará este miércoles como máxima responsable a la ex consejera socialista extremeña Olga García (licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad de Extremadura) en sustitución de José Luis Navarro, que pasa a la jubilación tras presidir la entidad desde 2018. El sueldo de la presidencia de esta empresa pública es de 175.191,23 euros.
Es la segunda vez que García hereda el cargo de Navarro. Primero ocurrió en Extremadura, cuando sustituyó a Navarro al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras cuando éste dio el salto a Enresa. En una primera etapa, Navarro había sido máximo responsable de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011, y García ocupaba el puesto de directora general de Industria, Energía y Minas en el gobierno de Guillermo Fernández Vara. Tras pasar por Economía (julio 2018), pasó a Transición Ecológica y Sostenibilidad (julio 2019) hasta que el PSOE perdió el Gobierno de Extremadura el año pasado.
Tras la derrota electoral, García (1975, Badajoz) pasó a otro cargo público, el de la gerencia del Consorcio Promedio de la Diputación Provincial de Badajoz (en manos del PSOE), dedicado a la gestión supramunicipal de los servicios medioambientales de carácter local, incluyendo la gestión del ciclo integral del agua y de los residuos.
La relación profesional entre Navarro y García va más allá de una cuestión puramente política. Navarro colocó como sucesora al frente de la Consejería de Consejería en Extremadura a una persona, García, que siguiera su misma línea de facilitar la implantación a grandes empresas de megaplantas de centrales de energías renovables en esta comunidad autónoma, algunas polémicas y que aún se dirimen en los tribunales, como el caso de la de Núñez de Balboa en Usagre, la mayor de Europa, con una sentencia sobre la misma de devolución de terrenos a su propietario, entre otras presuntas irregularidades. En este caso, Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) tiene presentadas dos querellas contra la Consejería que presidía García por facilitar los informes ambientales cuando los proyectos afectaban a zonas de Red Natura: Cedillo y Alcántara.
El nombramiento de García coincide con la intención del Gobierno de cerrar las centrales nucleares en los próximos años, estando la primera de esta etapa en el punto de mira precisamente la de Almaraz (Cáceres), con fecha de caducidad de sus dos reactores en 2027 y 2028, respectivamente.
En 2018, cuando García era consejera de Economía, recibió muchas críticas en su comunidad autónoma al señalar que "la existencia de un almacén temporal de residuos nucleares en la central de Almaraz no tiene por qué dar derecho a la ampliación en la vida útil de la misma". Luego, defendió la continuidad de la misma siempre que no hubiera otras alternativas industriales en la zona.