El maltrato de las Reparaciones

El maltrato de las reparaciones: el proceso de exhumaciones en Chungui1 Nathalie Koc-Menard Universidad de Cambridge Abstract El pasado agosto se conmemoró 10 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y aunque existen ciertos avances en materia de reparaciones aún es poco lo que se ha logrado. Este artículo reflexiona sobre la reparación simbólica, representada a través de las exhumaciones y el entierro digno que se vienen realizando en el distrito de Chungui. Es importante entender la manera cómo se ha venido dando este proceso desde la voz y la experiencia de los pobladores en esta comunidad, pero además es importante llamar la atención sobre la poca seriedad y respeto con que el estado peruano está llevando el proceso. Si durante las exhumaciones, la población se siente maltratada e insultada, debería cuestionarse de qué se trata reparar a las víctimas del conflicto armado. Si esto sólo implicará dar un cheque y financiar proyectos, pero no significará escuchar o respetar el dolor de los pobladores de las comunidades andinas, y mucho menos reconocerlos como ciudadanos con agencia política dentro la sociedad Peruana entonces el programa de reparaciones está destinado a fracasar. __________________________________________________________________________________ El conflicto armado peruano dejó un saldo de 69,280 entre muertos y desaparecido; 75% de las víctimas tenían como lengua materna el Quechua, lo que demuestra que la discriminación y el racismo fueron elementos importante durante los años de violencia. Sin embargo, este tema nunca ha sido central en la agenda política nacional. Las secuelas de la guerra y las reparaciones parecieran ser sólo la preocupación, el proyecto y la lucha de un pequeño grupo (las asociaciones de familiares afectados por la guerra, un grupo reducido de académicos e instituciones defensoras de los derechos humanos) en un país que cuenta más 30 millones de habitantes.2 Lo cierto es que el tema no ha logrado entrar en la agenda social ni mucho menos es una prioridad de la política nacional, lo que demuestra que Lima sigue viviendo de espaldas al Perú rural, a sus demandas y necesidades. El décimo aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha generado varios artículos y columnas de opinión sobre lo poco que se ha avanzado en materia de reparaciones (ver Silva Santiesteban, 27 de Agosto, 2013; Ramírez Zapata, 2013). Si bien aún hay mucho por corregir en el camino para lograr un proceso integral de 1 Se han utilizado pseudónimos para los nombres de los comuneros de Chungui y Chapi, pero he tratado de mantener las citas tal y como fueron narradas. Así mismo la información recogida en el Ministerio Público corresponde a fuentes no oficiales. 2 Ver http://www.inei.gob.pe/web/poblacion/ 1 reparaciones, muy poco se sabe lo que ocurre en el campo y mucho menos sabemos cómo el proceso de reparaciones –en algunas comunidades– está maltratando e insultando a las víctimas. Tampoco se sabe cómo las comunidades andinas y sus familias están viviendo el proceso de reparaciones, y esto desde Lima, no pareciera ser un tema importante de discusión. Cuando la gente del campo se siente insultada, discriminada y burlada en su dolor por agentes del estado –quienes supuestamente están trabajando para devolverles la dignidad perdida– ¿de qué reparación estamos hablando? Este artículo está basado en un trabajo de campo realizado entre los meses marzo y mayo del 2013, en el distrito de Chungui, particularmente en la comunidad de Chapi (conocida como Oreja de Perro3) en Ayacucho. A lo largo de estos meses entrevisté diversos actores sociales relacionados al proceso de reparaciones, enfocándome especialmente en las exhumaciones; y en mis temporadas en Chungui y Chapi logré recoger información cualitativa de los familiares de las víctimas recientemente exhumadas. Esta es una primera mirada a un proceso que será largo y complejo. Este artículo reflexiona y busca iniciar una discusión sobre la política de reparaciones desde la experiencia y percepción de la población rural, desde las experiencias de maltrato y discriminación que florecen cada vez que se encuentran con el estado. El escenario: las comunidades de Chungui y Chapi El distrito de Chungui está ubicado en la provincia de La Mar, al noreste de la región de Ayacucho. Este está compuesto principalmente por dos comunidades campesinas: Chungui and Chapi. Desde inicios del s. XX, Chungui se ha caracterizado por ser una comunidad independiente, compuesta por familias comerciantes, productores de café y cacao. Desde los años 1950s las familias “importantes” de Chungui mandaban a educar a sus hijos a la ciudad de Huamanga. Varios se hicieron maestros y regresaron a la comunidad para abrir una escuela en la década del 60. Lo que hoy es la comunidad de Chapi era una hacienda más grandes y productivas de la región que pertenecía a la familia Carrillo. Contaba con un total de 30,000 ha que cubría diversos 3 Oreja de Perro es el nombre con el que se conoce la zona sur del distrito de Chungui. Fue el nombre dado por los militares durante el conflicto armado. La población de la comunidad de Chungui siempre se refiere a esta zona como Oreja de Perro. Sin embargo, la población de la zona sur del distrito siempre se refiere a su comunidad y la región como Chapi. Es por ello, que a pesar de ser conocida como Oreja de Perro, se utiliza el nombre que la población de Chapi utiliza. 2 pisos ecológicos (ceja de selva, puna y valle), lo cual permitía desde la crianza de ganado en las zonas alto-andinas hasta el cultivo de caña de azúcar, que era empleado en la producción de aguardiente de caña que era vendido en la ciudad de Huamanga y Andahuaylas. Otros miembros de familias de hacendados Ayacuchanos, recuerdan que Chapi era una de las haciendas más violentas que existía, donde el maltrato a los peones no solo provocaba diversas “anécdotas” en la ciudad, sino que incluso llegó al punto de provocar la muerte de por lo menos uno de sus trabajadores (ARA 19604, para un recuento histórico detallado ver Koc-Menard, 2011). La hacienda de Chapi también fue conocida porque en 1965 fue el lugar de intervención del Ejército de Liberación Nacional-ELN liderado por Héctor Béjar (Béjar 1973), y por Horacio Juárez. Juárez, hijo de una de las familias notables de Chungui, estudiaba en la Universidad de San Marcos en Lima y fue a Cuba a entrenarse en las escuelas de guerrilleras. Con la muerte de los Carrillo que administraban la hacienda, en 1966 ésta pasó a ser administrada por Leoncio Samanez, esposo de Olga Carrillo. Samanez introdujo mejoras importantes como la apertura de escuelas en la hacienda, y prohibió el castigo físico. Sin embargo, las noticias de la Reforma Agraria provocaron su expulsión y la de su familia en 1972, pero no se produjo la afectación oficial sino hasta 1975 (Koc-Menard, 2011). De todos los anexos que componen la comunidad de campesina de Chapi, San Martín de Chupón es el que se encuentra más cercano al centro poblado de Chungui y, junto a Oronccoy, fue uno de los que centros neurálgicos de apoyo al ELN en 1965 en Chapi. La primera vez que llegué a Chungui fue en el 2002, cuando era investigadora de la CVR. La razón principal para investigar esta zona era el alto grado de violencia que estas comunidades habían vivido en la década del 80; un nivel sanguinario que no habíamos escuchado antes en otras investigaciones realizadas en Ayacucho. El trabajo de campo nos dio luces sobre la magnitud del conflicto, pero no logramos explicar con profundidad el porqué de la magnitud de la violencia ni el compromiso de la gente. Uno de los fenómenos que más llamó la atención fueron las retiradas, campamentos y bases de operaciones que Sendero Luminoso organizó en la ceja de selva entre 1984 y 1986. Pueblos 4 Entre Noviembre del 2007 y Marzo del 2008, el caso del asesinato de un peón de la hacienda Chapi no contaba con un número de clasificación ni estaba aún codificado. 3 enteros fueron abandonados y las familias organizadas con la finalidad de protegerlos de las incursiones de las FF.OO.. Algunos se unieron a las retiradas de forma voluntaria, creyendo en el proyecto que Sendero Luminoso (SL) ofrecía, otros fueron forzados a unirse éste. Las retiradas estaban compuestas por la masa, familias de las comunidades, que vivían y trabajaban comunalmente para el beneficio de todo el grupo. Los líderes militares de SL controlaban periódicamente el cumplimiento de los principios del partido, asegurándose que la comida era repartida en partes iguales y ejerciendo control sobre cada detalle de la vida personal y comunal de los miembros de la masa. Sin embargo, las retiradas estaban constantemente bajo el ataque de los militares y miembros del Comités de Autodefensa (antes defensa civil y rondas), lo que causó miles de muertes (CVR, 2003). Al presentar el informe preliminar de Chungui en Lima, las reacciones de los miembros de la CVR fueron diversas. Por un lado, algunas personas desconfiaron de los testimonios brindados por la población, alegando que sólo buscaban dinero. Otros, reflexionaron con seriedad sobre la información proporcionada, reconociendo que el conflicto armado había cobrado dimensiones inimaginables en regiones que la sociedad peruana desconocía, que ellos (académicos y especialistas en DDHH) mismos desconocían. En agosto del 2003, con la presentación del informe final Chungui entró en el discurso nacional como la región más “marginal y afectada por el conflicto armado.” Desde esa fecha, la zona ha sido tema de algunos trabajos que nos han mostrado que la región vivió una violencia descomunal, y cuya realidad no solo fue desconocida, sino que además el sufrimiento y la muerte de esta población continúa siendo indiferente al estado y a la sociedad peruana. Chungui pertenece a lo que hoy llaman VRAEM (Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro), y uno de los principales problemas de esta zona es el tráfico ilícito de droga (pasta básica de cocaínaPBC) y la presencia de remanentes de Sendero Luminoso, lo cual sigue causando temor y desconfianza en las poblaciones de Chungui y Chapi. Durante los últimos años ha habido un incremento importante en el número de pozas de maceración, pues es un negocio muy rentable en una región donde no existe ningún control anti-drogas por parte del estado y cuyo acceso el bastante difícil. Grupos de jóvenes (llamados cargonchos o mochileros) son contratados para transportar 4 aproximadamente 5kg de PBC desde Chungui hacia las ciudades de Andahuaylas y la región de Cusco. Hasta el 2009, por este trabajo recibían $200 dólares por tres días de viaje. El Programa de Reparaciones Siguiendo las recomendaciones del informe final de la CVR, en el 2005 el estado peruano lanzó el Plan Integral de Reparaciones, que establece que las compensaciones deben significar un proceso que permita a las víctimas reconstituirse como personas y comunidades, enfrentando el futuro con la dignidad que fue perdida, y diezmada, durante la guerra (Ley 28592). Esta ley también crea dos instituciones: el Concejo de Reparaciones (CR) responsable de registrar a las víctimas de la violencia a través del Registro de Víctimas (RUV), para poder ser compensadas. Además se creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de implementar las compensaciones simbólicas y económicas. Hasta la fecha, el Concejo de Reparaciones ha registrado 5,969 comunidades, de las cuales solo 32.5% han recibido compensaciones colectivas en forma de proyectos agro-productivos e infraestructura. Por su parte el RUV ha registrado hasta Marzo del 2013, 182,350 víctimas individuales (Concejo de Reparaciones, 2013, 55). En el 2011, se lanzó el Programa de Reparaciones Económicas-PRE que espera compensar con la suma simbólica de S./10,000 a las víctimas. Hasta el final del 2012, del total de registrados del RUV, solo 23% de las víctimas había recibido el dinero (Comisión Multisectorial de Alto Nivel, 2012, 17). Las compensaciones individuales, tienen como condición ser otorgadas sólo a quienes no participaron en ningún grupo insurgente. Esta sección de la ley 28592 es problemática, porque en un conflicto lleno de zonas grises, donde la línea entre víctimas y victimarios es delgada y borrosa, es muy difícil determinar quiénes son víctimas y quiénes no. En el distrito de Chungui, como otras regiones, al inicio del conflicto armado (1980-1983) el apoyo de la población a Sendero Luminoso fue importante y significativo. Sin embargo, en el pueblo de Chungui el apoyo inicial a SL cambió con la llegada de las FF.OO., y con el establecimiento de una base militar. Frente a escenarios como este, donde la gente cambió de bandos pero además cometió crímenes en ambos lados, cabe preguntarse ¿cómo se decide quién recibe reparaciones económicas y quién no? 5 No niego que sea necesario un marco legal para poder compensar a las víctimas, ni que la palabra víctima sea un término legal5 necesario, aunque también tenga un significado social dentro de la narrativa nacional. Pero en comunidades tan fragmentadas como Chungui y Chapi, donde la desconfianza entre vecinos es tan visible, el dinero otorgado por el estado está provocando y retroalimentando conflictos y resentimientos pre-existentes. Además los conflictos provocados, solo parecieran expandir las brechas de una sociedad donde hablar del conflicto armado, de los responsables locales de masacres es aún muy peligroso. Sendero no se ha ido, y a diferencia de lo que narra Theidon (2013) sobre el miedo de hablar del trauma vivido, en el distrito de Chungui tanto el trauma como miembros activos de Sendero Luminoso están presentes, camuflados, viendo y escuchando todo, pero aún sin actuar. Carmen me cuenta: Siguen caminando [refiriéndose a SL]… por más que conozca a Rosa desde que éramos chiquitas, no puedo decir estas cosas delante de ella. Te lo digo a ti. Si me llamas, nunca digas que eres una amiga, eres mi prima de Lima, y cuando vengas di lo mismo. Caminan, hablan y no les gusta la gente extraña. En cambio, si eres mi familia, no hay problema. Pero esto solo te lo cuento a ti. No es seguro hablar, ni siquiera entre familias ni vecinos. Carmen me habla susurrando, cuidando que nadie la escuche. Tiene miedo, sabe que hablar es peligroso, y que nadie pueda protegerla. Nuestros años de confidencias la hacen preocuparse por nuestra seguridad, finalmente busca protegernos de los “caminantes”. A pesar de no ser una extraña en la comunidad, haber trabajado en la zona entre el 2007 y el 2009 mientras hacía mi investigación doctoral, mi presencia en estos últimos meses en Chupón generaba preguntas como ¿por qué llegó la gringa de nuevo a la comunidad?, ¿qué busca ahora? y ¿por qué pregunta tanto por las exhumaciones? A pesar de los años, la desconfianza sigue siendo muy fuerte, y si bien hay quienes se alegran de verme, otros siguen viendo mi presencia en la comunidad como una amenaza. La desconfianza prevalece con quienes vienen de fuera y preguntan sobre historia, política y sobre la guerra. Excavando las entrañas de la tierra Durante el trabajo de la CVR entre el 2002 y el 2003, Chungui llamó la atención por el alto número de cementerios clandestinos que existen en el distrito; producto de las múltiples masacres causadas por SL, los CAD y los militares. El primero en recorrer la zona y registrarlas fue Edilberto Jiménez quien junto a Daniel Huamán, hoy el alcalde de Chungui. Ambos recorrieron todo el distrito 5 Sofía Macher, intervención oral taller de memoria IEP, 24-10-2013. 6 entrevistando a la gente, y con ellos lograron elaborar un mapa de las diferentes zonas de entierro. Este proyecto fue financiado por dos ONGs, y el producto final fue entregado a la Fiscalía en el 2002.6 Sin embargo este quedó archivado hasta el 2010. Uno de los elementos importantes que ha dado inicio al proceso de exhumaciones en el distrito de Chungui ha sido la denuncia formal de familiares por la desaparición y ejecución de sus seres queridos, en las oficinas del Ministerio Público en la ciudad de Huamanga. No es posible decir que todos en el distrito, ni mucho menos que toda la población en Chapi está interesada en este proceso. Sin embargo, tampoco podemos negar que existen personas que buscan recuperar los restos de sus familiares y darles un entierro digno. Para el Ministerio Público, recibir estas denuncias ha sido importante, pues ha permitido cruzar información con el mapa de fosas y con la información contenida en el RUV.7 Aunque la pericia antropológica se inició en el 2010, las primeras exhumaciones no se concretaron hasta meses después. Esta investigación tuvo como fin confirmar la localización de las fosas comunes, averiguar el contexto de la muerte de las víctimas (ejecuciones por SL o FF.OO.), así como la identificación de posibles testigos y presuntos responsable. Se pidió a los familiares que proporcionaran información para las fichas ante-mortem, así como detalles de la ejecución y muerte de sus seres queridos. La primera de ellas se llevó a cabo en las afueras de Chungui, en una quebrada llamada Chuschiwayjo donde fueron ejecutados 11 civiles por miembros de las FF.AA. Por lo general, desde el estado y desde Lima, se cree que la población rural cree en los “beneficios” del proceso de exhumaciones. No se puede asumir que en un universo tan complejo como es el mundo andino, la exhumación sea vista por todos como una reparación simbólica. Esta es una manera muy urbana y limeña de entender el conflicto armado y sus consecuencias. El tiempo transcurrido ha hecho que muchas familias conviertan fosas comunes en cementerios, donde acuden a rezar y a poner flores a sus seres queridos. Otras familias al enterarse de la muerte de sus familiares en otras zonas, movieron los cuerpos del lugar original de la matanza original, y los han enterrado en el cementerio de su pueblo, en la oscuridad de la noche sin testigos. Treinta y tres años después del 6 El mapeo de fosas se inició antes del 2002, pero COMISEDH ayudó a concluirlo entre el 2004 y el 2006. Sin embargo fuentes no oficiales del Ministerio Público señalan que la denuncia de las fosas se hizo en el 2002. 7 Fuente no oficial del Ministerio Público, Mayo 2013. 7 inicio del conflicto armado, no podemos olvidar que la población de estas comunidades rurales ha sobrevivido la violencia y la muerte como mejor ha podido. Esta realidad debería tomarse en consideración cuando se obliga o presiona a los familiares a exhumar lo que para muchos de ellos se han convertido en nichos donde descansan sus víctimas. Con las pocas herramientas que tenían, hicieron lo que pudieron y sus heridas las han tratado de “curar” como mejor han podido. Un trabajador de una ONG explica, Lo complejo del asunto es que en muchos casos, las fosas donde están los cuerpos que han sido ejecutados se han convertido en cementerios, en nichos, donde la gente acude a hablar con sus familiares, les llevan flores… la fiscalía no ha entendido qué tipo de lugar es Oreja de Perro, la delgada línea entre víctimas y victimarios. Y su actitud ha sido llegar y exhumar sí o sí. Hay un personal del Ministerio Público que llegó con una actitud muy autoritaria amenazando a los familiares diciendo que la exhumación se haría quisieran o no. Exhumar a una víctima, es un proceso muy doloroso que hace revivir la violencia. Para los sobrevivientes es visualizar la violencia y la muerte de la forma más cruel: a través de los restos óseos de padres, madres, hermanos, de seres queridos. Hay personas que después de todos estos años sólo quiere olvidar lo que perdieron y la vida que pudieron tener. Han pasado 10 años desde la primera vez que la población de Chapi y Chungui habló públicamente sobre lo que vivieron durante el conflicto armado. Estas eran historias desgarradoras, que cuestionan los límites de la violencia humana (Degregori, 2009). Pero para la población de estas comunidades, no ha sido sólo el dolor de recordar y narrar sus historias a la CVR, sino que contar sus sufrimientos sólo les ha traído recuerdos dolorosos que muchos prefieren olvidar. Muchos me decían: ¿para qué recordar? ¿Para estar triste, para llorar y recordar cómo asesinaban a mi padre? Recordar que me quedé huérfana y tuve que salir huyendo… ¿Para qué? Con esto no quiero decir que no considere que la memoria de la guerra no sea un elemento central en ayudar a curar las heridas y las fracturas sociales provocadas por la violencia. No estoy diciendo que recordar no sirve de nada, en realidad es necesario para superar el pasado y poder enfrentar el futuro. Pero es un proceso largo y complejo. Si a ello le sumamos que recordar la guerra es aún muy doloroso y traumático, deberíamos ser capaces de entender que no todos consideran este proceso de recuperación de la memoria importante. Lo que intento señalar es que si bien para la comunidad académica y la de derechos humanos es esencial recordar, no podemos asumir que en la 8 experiencia de los pobladores de Chungui, y especialmente de Chapi, recordar la violencia que vivieron durante el conflicto armado sea fácil por un lado, y desde el lado práctico, les haya servido de algo. Según una fuente no oficial del Ministerio Público, el propósito principal de las exhumaciones es dar a los familiares de las víctimas una reparación simbólica a través del entierro digno. Con ello se ofrecen certificados de defunción y temas como herencias pueden ser saneados. Pero en el mundo rural estos temas no son tan importantes como en el mundo urbano. Si el expediente que se abre cuenta con testigos y pruebas suficientes, la intención del Ministerio Púbico es judicializar los crímenes cometidos por las FF.OO. Con ello se busca juzgar a los responsables políticos de estas ejecuciones, es decir a los comandos responsables de la base militar de Chungui.8 La excavación de las fosas confirma los crímenes cometidos tanto por SL como por las FF.OO. Pero esto no es una búsqueda de desaparecidos, es más bien la recuperación de víctimas cuyos familiares saben dónde están. Es por ello que la colaboración de las familias, así como los testigos de las masacres es importante; sin ellos los restos no pueden ubicarse y mucho menos tener el panorama completo de lo sucedido. Sin embargo, lo que preocupa al personal del Ministerio Público son los pocos cuerpos que podrán ser identificados, primero por la degradación generada con el paso de los años, y además porque no siempre la información proporcionada por los familiares es correcta.9 Para visualizar mejor cómo se han vivido las exhumaciones recojo la experiencia de Rosa. Su historia al igual que su dolor, sintetizan muchas de las narraciones que recogí durante este trabajo de campo. Rosa Conocí a Rosa en Chupón en el 2008. Es una mujer de 50 años nacida en Chapi y comunera que regresó a la comunidad en la década del 90, luego de haber vivido muchos años en la costa. Para Rosa, a diferencia de otras personas en la comunidad que se mostraban desconfiadas, mi investigación en Chapi (2008-2009) haría que su comunidad sea visible en Lima, y finalmente sus necesidades 8 Sin embargo Fiscalías de DDHH y Terrorismo de Ayacucho están archivando 1,335 casos sin mayor investigación porque el Ministerio de Defensa no entregó información sobre presuntos responsables. (María Elena, and Elías Navarro. "Fiscalía De DDHH Y De Terrorismo De Ayacucho Archivaron 1,335 Casos." La Republica, 29 de Setiembre 2013, 14) 9 Fuente no oficial del Ministerio Público, Mayo 2013. 9 podrían ser escuchadas y atendidas. Desde ahí Rosa se convirtió en mi informante clave, mi comadre, y mi amiga. La última vez que vi a Rosa fue en el 2009, estaba alegre, fuerte y llena de proyectos. Apenas llegué a Chungui, en el 2013 escuché que estaba enferma, pero al encontrarme con ella nunca imaginé verla tan demacrada y débil. Al verla inmediatamente pensé que tenía una enfermedad grave, pero luego de escuchar atentamente su historia, verla recordar con dolor la exhumación de su padre y todos los recuerdos que esto le provocó, comencé a entender los efectos y secuelas que este proceso ha dejado en su cuerpo y en su mente. El dolor que tiene se manifiesta en su cuerpo y aunque trata de contener el dolor que siente y las lágrimas al hablar de la exhumación y sus consecuencias, los días que pasé con ella conversando lograron que empezara a abrirse. En 1983 el padre de Rosa, fue capturado por SL en su casa y asesinado a pedradas al costado de la casa comunal. Rosa recuerda, A mi papá lo habían matado por ser autoridad con piedras […] mi papá era presidente comunal, mi tío era teniente […] No sabían que Sendero estaba acá. Claro, habían escuchado que están caminando unas personas desconocidas, no se sabía quiénes eran10… Entonces habían ido por mi papá a la casa, cinco hombres lo sacaron a rastras, sin sus usutas. Mi hermanito había visto todo. Dice que mi papá vio muerto a su hermano, entonces les empezó a pegar y a pelear con ellos. De ahí dicen que se ha escapado, y corriendo detrás de él han ido esos hombres. Ahí estaban peleando, dicen que mi papá saltó la perca detrás de la Iglesia y un hombre lo agarró de su poncho. De ahí se levantó y con una piedra larga lo golpearon en el cerebro. Pero dicen que no se moría, que seguía peleando así con la cabeza destruida. Mi papá, los maldecía, los insultaba, y más le pegaban y daban patadas… Entonces le siguieron destrozando la cabeza finalmente lo mataron. Ahí cuando estaba muerto, nadie de la gente de este lugar, ni su hermano ni su compadre querían levantarlo ni ayudar a enterrar. Sendero Luminoso buscó establecer su propio gobierno, y uno de los requisitos era obligar a las autoridades locales, que representaban al estado, a renunciar. Si estos no lo hacían, eran considerados traidores (Que. yanauma) a la causa y ejecutados. Destruir la presencia del estado, y establecer “la República de Nueva Democracia” se convirtió en el objetivo de los primeros años de SL. Autoridades, como el padre de Rosa que era Presidente de la comunidad, no acataron las órdenes iniciales de SL y se opusieron a los insurgentes, cuestionando su política y sus demandas. Como muchas autoridades que decidieron enfrentar a SL, el padre de Rosa fue asesinado con piedras y cuchillos, y su cuerpo fue prohibido de enterrar para mostrar a la comunidad lo que pasaba con 10 Énfasis de la autora. 10 aquellos que contradecían a SL. Sin embargo, la madre de Rosa, junto con otras viudas envolvió a su marido en un poncho y secretamente lo enterró en el cementerio colocando una cruz. Para Rosa, como para muchas familias, las investigaciones sobre las fosas comunes no empezaron en el 2010. Desde el 2004, Rosa ha recibido la visita de varias organizaciones, dice que son tantas que ya no recuerda quienes eran. Algunas de ellas le entregaron una ficha ante-mortem para llenar, pero no sabía qué hacer con ella. Lo único que recuerda es que todas estas organizaciones siempre preguntaban lo mismo: quién mató a su padre, dónde está enterrado y quién era responsable. En el 2012, el primer equipo de la Fiscalía llegó a Chupón, con la misión de realizar una pericia antropológica y arqueológica. Visitaron a Rosa, y a otras familias, pidiéndoles consentimiento para exhumar los restos de su padre. Rosa no supo qué decir. Insegura y dudando perturbar el alma de su padre, quién ya descansaba en el cementerio, llamó a su hermano menor –que vive en la ciudadpreguntándole que hacer. Días después, su familia consintió la exhumación. Pero Rosa aún dudaba. Le molestaba perturbar el alma su padre. Sin haber tomado una decisión final, el equipo de investigación de la Fiscalía –en palabras de Rosa– se acercó a su casa y explicó que la exhumación de su padre era indispensable para corroborar las circunstancias de su muerte, y que de ello dependía la reparación económica de su familia. Insistieron en que tenía que aceptar si esperaba recibir el dinero. Aún confundida, pero pensando en su madre, decidió firmar la autorización para exhumar a su padre. Esta no fue una decisión libre, Rosa fue presionada, algunos podrían decir que chantajeada por el dinero ofrecido por estado, para que finalmente aceptara. La experiencia de Rosa de sentirse presionada para exhumar los restos de un familiar, no es un caso aislado. Junto con ella, otras familias han narrado cómo, luego de la exhumación, están esperando que la Fiscalía los llame para darles la reparación económica. Otros se acercan a Huamanga y reclaman su dinero. La creencia general en las comunidades de Chapi, pero no en el pueblo de Chungui, es que el objetivo de las exhumaciones es solo confirmar cómo sus familiares han sido ejecutados, y corroborar la declaración que muchos han dado al RUV y con ello recibir el cheque de la reparación económica. Para la población no tiene claro cuál es el rol del Ministerio Público y cuál el de la CMAN. En realidad este un problema serio de comunicación entre ambas instituciones que no han trabajado coordinadamente en la zona, y mucho menos aclarado cuál es su rol ante la población. 11 En noviembre del 2012, tres fosas fueron excavadas en Chupón, dos de ellas correspondían a víctimas ejecutadas por las FF.OO. mientras que una de ellas tenía víctimas de SL. Un total de 14 cuerpos fueron recuperados sólo en Chupón, incluyendo el padre y el tío de Rosa quienes fueron exhumados del cementerio. Al concluir las exhumaciones, los restos recuperados fueron velados en la casa comunal, pero sólo asistieron los familiares directos. Esta ceremonia no involucró a la comunidad en su conjunto, al contrario fue un acto pequeño en la cual participaron solo unas cuantas familias, quienes recordaron la pérdida de sus seres queridos y el dolor causado por los años de la violencia. Recordar a quienes murieron durante el conflicto armado y la violencia que marcó la vida de los comuneros de Chapi no parece ser un proceso importante para recomponer la comunidad ni recuperarse de las heridas ni de la fragmentación social causadas por el conflicto. Las jóvenes autoridades de la comunidad (30-40 años) se mantuvieron al margen de esta ceremonia, incluso uno de ellos al recordar el asunto se burló de cómo las mujeres habían velado los restos llorando toda la noche. Llama la atención la escasa importancia de estos eventos, especialmente a 10 años de la entrega del informe final, donde desde Lima se reclama por la lentitud de las reparaciones, donde muchos buscan mantener el recuerdo de lo vivido. Sin embargo, poco estamos haciendo por entender la complejidad de los procesos por los cuales están pasando las comunidades andinas. Procesos distintos, realidades distintas y donde las prioridades no son las mismas que en las zonas urbanas. Las memorias del conflicto armado parecieran pertenecer a “los viejos,” a los que sobrevivieron la guerra y enterraron a sus muertos. A los jóvenes, a la nueva generación que empieza a dirigir la comunidad, los años de violencia pareciera ser una época lejana que no sienten que les pertenece. Continuar la vida comunal como si el conflicto armado no hubiese existido es negar el presente, pero a la vez está provocando un silencio preocupante alrededor del dolor y memorias reprimidas provocadas por las exhumaciones. Finalmente en lugar de ser procesos comunales, estos son procesos vividos sólo en el espacio íntimo de la familia. Pero este no es un proceso homogéneo, y no podemos decir que todos se niegan a recordar. Mientras en muchas comunidades grupos de familiares se organizan en Asociaciones de Víctimas buscando reconocimiento y reparaciones, así como visibilidad frente al estado peruano, ni en Chungui 12 ni en Chapi existen asociaciones de víctimas. Los silencios en estas comunidades son profundos e inquietantes, y constituyen un reto para continuar entendiendo las consecuencias de la violencia en estas comunidades. En teoría, cada exhumación incluye un trabajo de sensibilización, una explicación detallada del proceso y un acompañamiento psicológico durante todo el proceso. Según los pobladores de Chungui y Chupón, ninguno de estos elementos se desarrolló durante el proceso de exhumaciones. El acompañamiento psicológico es indispensable en estos procesos y este no existió. No se puede esperar que el estado llegue abra la tierra, recoja restos humanos, y se los lleve en cajas, sin preparar psicológicamente a los familiares para afrontar este proceso. Y eso es lo que siente la población: que están solos, que han sido utilizados. Muchos familiares no sólo se sienten abandonados a su suerte, sino que además se han sentido maltratados e insultados. En enero del 2013, las 14 víctimas de Chupón, junto con otros 64 restos recuperados en diversas localidades del distrito fueron devueltos a sus familias, una vez identificados en los laboratorios forenses en la ciudad de Huamanga. Entre los cuerpos entregados, se encontraban el padre de Rosa. Sin embargo, antes de poder regresar con sus restos a Chupón, Rosa me cuenta la odisea por la que tuvo que pasar, Me llamaron de la Fiscalía para ir a reconocer las ropitas y los huesitos de mi papá. Me preguntaba n todo de nuevo. ¿Por qué otra vez? si ya lo había reconocido en Chupón, su cabeza toda destrozada… pero acá de nuevo tener que verlo así, como si no lo hubiese reconocido antes. […] Toda esta tristeza, nadie puede decir que no es real, ¿acaso somos como perros para no estar tristes, para no sentir dolor por esto? ¿Acaso no duele ver a tu padre así? Pero “esa gente” [se refiere a los trabajadores forenses y al personal del Ministerio Público] inhumanamente piensan que no sentimos, que no tenemos sentimientos, que no sentimos nada… eso es lo que piensan. Ellos dicen: “esta gente no es humana”… se preguntan si sentimos algo como si no fuéramos humanos. La gente de la ciudad y esos que trabajan en la Fiscalía, yo creo, piensan que la gente del campo no tiene sentimientos, que somos como animales. ¡Tuve que ver los huesitos de mi papa, reconocer el cráneo destrozado, sus ropitas el día de la exhumación y luego en Huamanga! Tuve que verlo tantas veces así… Y el día que me entregaron el cajón, también tuve que reconocer sus huesitos, otra vez. ¿Y esta gente cree que no siento nada?11 En los Andes, la manera común de insultar y discriminar a la gente de comunidades rurales es compararlos con animales (Huayhua, 2010). Rosa, ha experimentado en carne propia ser discriminada en la costa, por ser de la sierra, por hablar Quechua, por no ser “blanca.” Habiendo sufrido esta discriminación desde muy joven, y sabiendo muy bien cuándo está siendo maltratada, Rosa siente que no ha habido respeto por su dolor, y que fue tratada como un animal, como si no tuviese sentimientos, 11 Énfasis de la autora. 13 como si ver los huesos de su padre no le causaran dolor. No es raro escuchar historias donde la gente de las comunidades llega a ciudades como Huamanga y es discriminada por hablar, vestir y verse diferente. Esa diferencia, en lugar de ser respetada, es utilizada para insultar, menospreciar y maltratar a la gente del campo. El vocabulario de discriminación es muy amplio (por ej. Marginales, sucios e ignorantes), y suele ir acompañado de un contexto específico. Sin embargo, esa discriminación racial es también reproducida en otros círculos, como la academia (de la Cadena 1998). Rosa no es una mujer que llora con facilidad, y varios comuneros me comentaron que se sorprendían de su entereza cuando le entregaron los restos de su padre, durante la restitución de cuerpos que se celebró en Huamanga en enero. A miembros de ONGs también les llamó la atención que otras personas como Rosa no lloraran, incluso uno de ellos me comentó: me sorprendía que la gente no expresara su dolor, que no llorara. Sin decir más, esta persona parecía estar diciéndome “esta gente” no siente nada. Rosa tiene razón, el dolor y el sufrimiento eran de ella y sentía que no tenía por qué mostrarlo menos aún frente a quienes siente que la han maltratado por ser del campo. A Rosa le hicieron abrir la tumba de su padre, contar innumerables veces cómo Sendero lo mató, ver decenas de veces sus restos y su ropa, pero nunca se sintió acompañada. Al contrario, se sintió maltratada y utilizada. En este contexto, es entendible que sienta que el dolor es suyo y lo quiera vivir de la manera que ella sabe, en silencio y reprimiendo sus lágrimas. El maltrato que ha sufrido y el dolor de la exhumación han marcado de manera traumática a Rosa; pero no hay nadie que la acompañe o que le aconseje cómo procesar esto. No solo desenterró a su padre, sino que considera que el estado la utilizó y la maltrató por ser serrana, por ser indígena. Ella reacciona como siempre lo hizo, reprimiendo sus sentimientos, escondiéndolos en lo más profundo de su ser. Este no es el único caso, trabajadores de una ONG confirmaron que los familiares eran maltratados por el estado: Los familiares de las víctimas no entienden las razones de las exhumaciones, y a ello añade que cuando están en Huamanga son maltratados por el personal del estado: los citan un día, y no los atienden hasta dos días después. No se respeta ni a las personas ni al dolor que esto les causa. Este no es un proceso que dignifique a los familiares de las víctimas. Falta sensibilidad y acompañamiento psicológico por parte del estado, respeto y empatía para acompañar a los familiares en su dolor. Se necesita un proceso que acompañe de manera significativa, que no sea sólo acompañarlos cuando les entregan los restos de sus víctimas y los manden de regreso a sus 14 comunidades como si nada hubiese pasado. Reparar a las víctimas y sus familias es también un proceso moral, donde se les reconoce como seres humanos que han sufrido y sufren, como actores sociales con voz y agencia política que tienen derechos a decidir libremente. Lo que encontramos en Chungui es una contradicción, mientras se dice que el propósito principal de las reparaciones es devolver la dignidad a las víctimas, estas se sienten maltratadas, insultadas, excluidas y utilizadas por el estado. ¿Dónde está la dignidad que esta reparación intenta devolver? También en la ceremonia de restitución de cuerpos en enero, varios de los familiares reclamaron a las autoridades presentes por el dolor que la exhumación les estaba causando y el poco sentido que le encontraban a este proceso. Junto a otros, Martha tomó la palabra indignada, Dicen que no hay presupuesto, para apoyarnos con el regreso de los cuerpos de nuestros padres, madres, hermanos. Entonces señores ¿por qué diablos los exhuman? ¿Qué diablos quieren investigar? ¿Por qué siguen cavando fosas? Esto nos causa dolor, ¿acaso no se dan cuenta? Me pidieron contar la historia de cómo mataron a mi madre cientos de veces, qué más quieren que les diga que perdí todo cuando la mataron, que pude haber sido alguien y quedé huérfana sin nadie. Señores, esto no es un compensación, esto es una burla, nos están pisoteando, burlándose de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento porque somos provincianos12. Las palabras de Martha reflejan un sentimiento común entre los familiares que aceptaron la exhumación en Chapi. Hay dinero para exhumar, pero no para financiar sus viajes a Huamanga para ir a declarar ante el Ministerio Público, reconocer las prendas y los restos. Martha reclama que esto no es compensación, y es importante no solo escucharla sino entenderla. Si bien para muchos de nosotros (como académicos y defensores de los DDHH) ofrecer un entierro digno a las víctimas del conflicto armado es compensarlos simbólicamente, no podemos asumir que esto es entendido y compartido en las zonas rurales, y menos aún si esto implica que tengan que pagar de su bolsillo por cada viaje a Huamanga que el proceso en sí mismo demanda. En el caso de Chungui, para la restitución de cuerpos el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó los féretros para las víctimas, sin embargo en otras ocasiones los restos han sido entregados en cajas de cartón. Hasta el momento, diversas ONGs han cubierto lo que es responsabilidad del estado, proporcionando alojamiento y alimentación en la ciudad, así como la devolución de los féretros a sus lugares de origen. Pero esta no es la responsabilidad de ONGs o de la 12 Énfasis de la autora. 15 Cruz Roja Internacional, el estado peruano es el responsable y es el que ha estipulado en la ley compensar a las víctimas del conflicto armado. Es importante que no se asuma desde el estado, el movimiento de Derechos Humanos ni la sociedad peruana que todos en las zonas rurales quieren exhumaciones. Como cualquier sociedad, no hay una sola respuesta a la época de la posguerra, y pareciera que hay poco interés por entender la micro-política de este proceso.13 La población en el distrito de Chungui tiene ideas diversas, que llegan a contradecirse. Ramón apoyó la exhumación que se hizo en Chuschiwayjo en el 2010, porque quería que sus familiares descansen en el cementerio. Otras personas, como Miguel en Chupón más allá del un entierro digno, aceptaron la exhumación porque buscan justicia. Una justicia que Miguel espera encontrar llevando a los militares responsables de la ejecución de su padre a los tribunales. Finalmente, para otro grupo –aún mayoritario– las exhumaciones son re-abrir las heridas de la guerra, pero lo aceptan porque han entendido que esto es el requisito para recibir el cheque de la compensación económica. Miguel me explica, Acá nadie busca justicia, todos quieren dinero. En años anteriores, traté de organizar un grupo de comuneros cuyos familiares estaban enterrados con mi padre, en la misma fosa. Queríamos organizarnos y reclamar para que se exhumen los cuerpos y se inicie un juicio. Esto fue antes que saliera la ley de las compensaciones económicas. Al inicio, aceptaron, creyendo que nos iban a dar dinero. Cuando se enteraron que no había dinero de por medio, que la idea de esto era buscar justicia en los tribunales, entonces no quisieron seguir y se retiraron. Solo estaban ahí porque querían plata. Pero yo… ¡quiero ver al asesino de mi padre en prisión! Pero ese soy yo... acá a la gente de la comunidad solo le interesa el dinero, así son. La compensación simbólica de exhumar y dar un entierro digno no es ni compartido ni entendido en Chupón, ni en el resto de comunidades de Chapi. Muchas familias no quieren recordar ni revivir el trauma de lo que consideran ha sido superado. Si bien desde Lima y Ayacucho la comunidad académica y la de Derechos Humanos insistimos en lo esencial que es recordar y la memoria para recuperarnos de la guerra interna, es también indispensable abrir nuestros ojos a los procesos que esto está produciendo en las zonas rurales del país. No entendemos ni mucho menos respetamos los diversos procesos por los cuales las comunidades andinas buscan recomponer sus vidas, excluidas de un estado que les ha demostrado que no son una población importante, que no son ciudadanos. Sin ir muy lejos, un ejemplo concreto es el caso de las esterilizaciones forzadas realizadas 13 Aunque hoy en día empieza a abrirse un escenario interesante donde diversos cuestionamientos surgen a la narrativa casi incuestionable que significó el informe final en los últimos diez años. 16 durante el régimen de Fujimori (Oiga, 1993), donde claramente se muestra que el estado considera a las poblaciones rurales como desechables. El camino hacia las reparaciones integrales y concretas que dignifiquen a las víctimas es aún un muy largo, y este necesita entenderse desde la perspectiva de los actores de las zonas rurales, desde su vida diaria. La exclusión social, política y la discriminación racial hacia la población rural andina, se repite, se retroalimenta. Al parecer no hemos aprendido las lecciones del conflicto armado interno. ¿Temores infundados?: responsabilidades y judicialización Cuando los rumores sobre mi investigación sobre las exhumaciones se esparcieron entre los comuneros, miembros del comité de autodefensa14 me buscaron para conversar sobre sus casos. Alentados por una de las autoridades locales, varios de ellos sentían la necesidad de contarme su versión sobre lo que las exhumaciones y las declaraciones que algunos de ellos tenían que dar en la Fiscalía. Una de las autoridades preocupada y molesta por este proceso era Juan. Para él, la paz lograda por los CAD estaba siendo perturbada por las exhumaciones, especialmente porque estas habían provocado narraciones sobre el conflicto armado que cuestionaban la estabilidad de la comunidad, Ahora la gente habla, ¿por qué ahora, después de tanto años? Ahora hablan. Acusan a comuneros, vecinos, buscan acusar, algunos quieren hallar responsables. Antes nadie hablaba, todo era silencio y vivíamos en paz; pero ahora cuando son llamados por la fiscalía tienen que hablar. Si bien los silencios en Chapi son reales, las exhumaciones han abierto un proceso oficial de recojo de información en el cual familiares y testigos son llamados a declarar a la ciudad. Juan se refiere a ello, no a un diálogo abierto en la comunidad donde las responsabilidades de los varios actores son señaladas. Las exhumaciones provocan recuerdos en familiares y testigos, y narraciones antes no escuchadas por los hijos de las víctimas. La gente recuerda detalles, comparte historias que nunca fueron contadas, y muchos escuchan por primera vez cómo sus víctimas fueron ejecutadas. En algunos casos, hasta se menciona el nombre de la persona responsable de la ejecución. Exhumaciones y narraciones de guerra están entrelazadas (Ferrándiz, 2008), y más allá de convertirse en un 14 Muchos de ellos son miembros desde 1983, cuando eran parte de defensa civil, y continúan siendo hasta hoy miembros activos del CAD de Chungui. 17 instrumento legal para iniciar procesos penales, esta combinación podría convertirse en una oportunidad de hablar sobre la guerra interna en el espacio comunal. La visualización de la muerte, de las atrocidades de la violencia inevitablemente provoca recuerdos, detalles y narraciones íntimas que se quedan en la esfera familiar. Pareciera que hasta el momento estas narraciones sólo son material para el Ministerio Público, convirtiéndose este en un proceso burocrático más. Los familiares de las víctimas, así como los testigos que estos nombran, son citados al Ministerio Público para brindar su testimonio. En una sociedad donde el estado ha sido considerado el enemigo por muchos años, acercarse a declarar a una institución del estado genera temor y desconfianza. Muchos siendo testigos de matanzas o habiendo participado en ellas se niegan a declarar, alegando que no saben nada. Gabriel, una ex autoridad y miembro del CAD me explica, Sí pues, las exhumaciones mucho problema han causado… me han citado como testigo, pero yo no sé nada, ¿acaso yo sé?... [Después de unos minutos continúa] Yo he visto toditito, como era autoridad en esa época, he visto de cerca. Cuando se han llevado a la gente a Chuschiwayjo, a mi sobrino lo han matado. He llorado, las lágrimas caían de mis ojos, y el capitán (de la base de Chungui) dice: “¿quién está llorando carajo?” Así era, no podíamos ni llorar al ver cómo los mataban. Conozco a Gabriel desde hace muchos años, y mientras toma su café en uno de los restaurants de Chungui me cuenta esto. Sin necesidad de preguntar nada, él sólo se contradice y eso llama enormemente mi atención. Al inicio pienso que es un lapsus interesante, pero reflexionando más sobre esta contradicción, me doy cuenta del gran miedo que existe para hablar. Algunos tienen miedo de ser acusados y enjuiciados, y buscan pretextos alegando que no vieron nada. Otros consideran que no pueden perder ni tiempo ni dinero viajando a Huamanga para declarar para otra familia sobre algo que no quieren recordar. En Chungui, hay incluso testigos que están dispuestos a ir a declarar a Huamanga, si la familia interesada les cubre todos los costos, incluyendo el jornal diario que están perdiendo. Es casi imposible no preguntarse dónde está la idea de comunidad, de solidaridad. Pero es cierto, estas son comunidades de posguerra, fragmentadas donde no existe confianza en el vecino pues en el pasado te ha traicionado o ha acusado a tu familia con SL o con los militares. A diferencia de las comunidades que Theidon (2013) estudia en el centro de la región de Ayacucho donde ha habido cierto proceso de reconciliación, ni en Chungui ni en Chapi ha sucedido eso. Se habla del sufrimiento, 18 de todo lo material que perdieron, pero los que participaron con SL siempre son desconocidos. Lo mismo sucede con los CAD, los de Chapi acusan a los de Chungui de haberlos matados cuando los encontraban en las retiradas, pero difícilmente se mencionan nombres. El peligro con estos silencios es que esta información detallada sobre matanzas y la posibilidad de identificar a los responsables políticos de ellas se pierda. Muchos de los citados por el Ministerio Público no se han acercado a pesar de haber recibido la tercera citación, y señalan que si es necesario ellos pueden “desaparecer”15 en la accidentada y aislada geografía del distrito de Chungui. Perder la información que estos testigos pueden proporcionar, por miedo a ser juzgados ante un tribunal, es un tema complicado. Por un lado, no se puede negar que hay miembros del CAD responsables por asesinatos y violaciones sexuales. Por otro lado, está la información que se puede perder. Fuentes no oficiales del Ministerio Público me explicaron que el acusar a los miembros del CAD por ejecuciones se vería con cada uno de los casos, analizando la dimensión de los hechos y con las pruebas que se logren obtener. Además estas fuentes señalan que su interés es encontrar a los jefes militares de las bases en Chungui, pues ellos fueron finalmente son los responsables políticos de la ejecución de civiles. Pedro es uno de los primeros miembros de los comités de autodefensa, y ha sido acusado por familiares de las víctimas exhumadas de ser responsable de varias matanzas ordenadas por lo militares. Encontré a Pedro en una combi, cuando me dirigía a Chupón e inmediatamente me contó que estaba preocupado porque había recibido la citación del Ministerio Público para declarar sobre diversas masacres. No se había acercado porque tenía miedo de ser detenido. Pedro me cuenta, Durante la guerra, no podíamos elegir si queríamos ser parte o no defensa civil16, estábamos obligados a apoyar al ejército, si no lo hacíamos éramos acusados de senderistas y los militares nos mataban. No teníamos alternativa, el ejército mandaba y teníamos que cumplir. Y ahora nos quieren juzgar por eso… El conflicto armado es complejo, y la justicia transicional vivida en la micro-política de cada comunidad está compuesta por múltiples capas, donde identificar víctimas y victimarios de manera clara es imposible. Pedro, como muchos otros comuneros, está preocupado porque las exhumaciones han provocado recuerdos y un grupo de familias lo señalan como responsable de algunas de esas 15 Esconderse en la selva del distrito, en los caseríos donde no llega nadie. Al inicio de la guerra las patrullas civiles se llamaban defesa civil, en 1992 con Fujimori se promulgó una ley donde se las reconocía como Comités de Autodefensa (CAD) 16 19 matanzas. Aunque las autoridades militares de la región han asegurado que el Comando Conjunto brindará todo el apoyo legal en caso que los miembros del CAD sean enjuiciados, Pedro cree que su mejor opción es “desaparecer.” Ni Pedro ni otros miembros del CAD, también acusados por familiares de víctimas, creen en la versión que estas declaraciones sólo tratan de recopilar información. Muchos temen que si se acercan a declarar a la Fiscalía serán condenados por crímenes de lesa humanidad. El dilema está ahí, si se abren procesos penales, la justicia no puede ser ciega con quienes ejecutaron las órdenes y simplemente perseguir a los mandos militares estacionados en Chungui. Personas como Miguel buscan justicia, y para ellos eso implica juzgar tanto a los comuneros que acusaron a su padre de senderista, a los CAD que lo ejecutaron y a los militares que dieron la orden. Reflexiones finales A diez años de la entrega del Informe Final, el ambiente que se vive en el distrito de Chungui es distinto al que conocí en el 2002. No cabe duda que han habido mejoras y cambios importantes en el poblado de Chungui, sin embargo esto no ha logrado extenderse al resto de comunidades, donde existen problemas de pobreza extrema, presencia de SL, mochileros armados, y donde la presencia del estado es casi nula. Para la comunidad de Chapi, los diez años que han pasado desde la entrega del informe final no han significado mayores cambios. Dentro de esto, el programa de reparaciones está generando de un escenario distinto. El estado intenta reparar a las comunidades con proyectos agro-pecuarios y/o de infraestructura, y otorga S./ 10,000 a quienes han sido calificados como víctimas del conflicto armado. Además se han iniciado exhumaciones y el entierro digno, que corresponden a las reparaciones simbólicas. Si bien no se puede negar que haber logrado poner en marcha todo este programa es un avance importante, éste no se está viendo con ojos críticos. En otras palabras, todos los actores sociales involucrados en este proceso, desde el estado hasta las ONGs, están más interesados en reclamar por la celeridad de las compensaciones que en cómo se están produciendo éstas. Es imprescindible que la reparación sea más que un cheque o un proyecto agro-pecuario, debería implicar una compensación ética y moral, en el cual se respeta y se escucha la voz de las 20 víctimas, especialmente de aquellas que viven en comunidades andinas a quienes difícilmente se les ha dado un espacio para ser escuchados. En una conversación sobre las exhumaciones, un miembro del Concejo de Reparaciones dijo: sí pues, nunca se les ha preguntado. Nadie les ha preguntado qué quieren o qué esperan de estas políticas. No es extraño encontrar en cada reunión entre el estado, ONGs y representantes de la sociedad civil personas que afirman que las comunidades campesinas quieren santuarios de la memoria y exhumaciones. Se habla de enterrar a los NN (cuerpos exhumados pero no identificados) en un santuario que se construiría en Chungui. Curiosamente, nadie les ha consultado, pero tanto agentes del estado como miembros de ONGs afirman con seguridad que estas comunidades estarían de acuerdo con esto. No puedo negar que tengo profundas dudas al respecto, no tengo datos que sustenten que un santuario de este tipo sería visto, sentido o apropiado como una reparación simbólica para la comunidad de Chapi. Nos hemos acostumbrado a asumir que sabemos qué quiere la población rural y que los entendemos muy bien; cuando en realidad es muy poco lo que sabemos sobre lo que esperan de este proceso y qué significa para ellos recuperar la dignidad perdida durante los años de la violencia. Las reparaciones se han convertido en una política jerárquica más, impuesta desde arriba para el supuesto beneficio de las víctimas de la guerra, sin incluirlas en el proceso de decisiones. Poco hemos hecho por entender que cada comunidad vivió la guerra de manera distinta, y las fracturas sociales que enfrentan a nivel comunal no son las mismas en todo el país. Si bien esto implicaría mucho más trabajo para el estado, esto también podría significar que las reparaciones sean una oportunidad para incluir las voces de las comunidades andinas, sus reclamos y demandas. Además tampoco podemos asumir que la justicia en la posguerra significa lo mismo para todos. La heterogeneidad de la sociedad peruana demanda responder con políticas que se adecúen a la realidad de la población, de lo contrario este proceso se convierte en una política más que cree que está reparando cuando en realidad sólo retroalimenta la discriminación y el racismo que ha caracterizado la relación entre la urbe y campo en el Perú. El escenario que encontramos es heterogéneo, complejo, y confuso. La información es escasa, la población está confundida y nadie se preocupa por aclararles lo que sucede y qué entidad es 21 responsable de qué. Las heridas que descarnadamente se abren no son atendidas. No solo encontramos una población que no quiere recordar, sino que es obligada a confrontar a sus muertos y la violencia vivida, muchas veces sin entenderlo ni quererlo. El silencio sobre los años de la violencia que se vive en las comunidades de Chungui es importante de analizar. Es un reto complejo, pero que podría darnos elementos para entender mejor el conflicto armado en esta zona y el periodo de posguerra. Finalmente es importante revisar críticamente cómo se han venido dando los procesos de exhumaciones, y escuchar los reclamos de una población que se siente maltratada e insultada en el proceso. Al parecer no hemos aprendido nada, pues teniendo la oportunidad de tratar a los comuneros de Chungui y Chapi como actores sociales racionales con agencia política, una vez más son tratados por el estado como seres pasivos, que son llamados ignorantes e inhumanos si no lloran públicamente a sus muertos. El programa de reparaciones tiene la oportunidad de incluir las voces de la población rural en su agenda y convertirse en un proceso significativo que realmente dignifique a las víctimas, en el largo camino que implica “curar” las heridas individuales y comunales de la guerra. Hasta el momento, se está fallando en esto. Ahora deberíamos revisar cómo se han hecho las cosas, buscando transformar este programa en un proceso democrático y respetuoso, que sea consciente que la principal causa del gran número de víctimas durante el conflicto armado interno fue la discriminación y exclusión que aún vive diariamente la población en los Andes rurales. Bibliografía Allen, Catherine J. 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