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08 NOVIEMBRE 2017
CASO ODEBRECHT Y LO QUE EL VIENTO A PEÑA
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Historia narrada con ayuda del punto de vista de un personaje ficticio de
nombre Juan Carranza
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1.- OPERACIÓN LAVA JATO (trad. AUTOLAVADO – LAVADO A PRESIÓN).
La operación recibió su nombre (Lava Jato) debido al uso de lavanderías, gasolineras y
casas de cambio para lavar el dinero procedente de actividades ilícitas.
El 17 de marzo de 2014 se hizo pública en Brasil una operación enfocada a investigar un
esquema de lavado de dinero, sospechoso de mover más de 10,000 millones de reales
brasileños (alrededor de 3,065 millones 500 mil dólares), siendo la mayor investigación de
corrupción en la historia de aquel país.
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Para abril del mismo año, ya estaban presos 46 involucrados, entre ellos, el ex -- director de
Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien al ver el problema en que podían estar también su
esposa, hija y yerno por habérseles descubierto su participación a través de distintos
negocios y el uso de sus cuentas bancarias, prefirió colaborar con el Ministerio Público
Federal y así disminuir su pena, e incluso pagarla con una fianza y arresto domiciliar.
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Cuando Juan Carranza se enteró de que Petrobras (la cuarta petrolera de capital abierto
más grande del mundo) estaba involucrado, se interesó, principalmente con la intención de
descubrir los procesos legales que utilizan allá y compararlos con los de México. Le llamó
mucho la atención que el Ministerio Público Federal de Brasil lanzó un portal de internet
donde reúne las informaciones, procedimientos, número de personas bajo investigación,
procedimientos instaurados y los documentos íntegros del total de denuncias presentadas.
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Esto no es algo que se pueda ver hoy en México, lugar de nacimiento de Juan Carranza,
quien a sus cincuenta y tantos años de edad, ha optado por mostrar interés en la vida pública
de su país y compartir su conocimiento y experiencias. Debido a esta forma ideal de llevar el
caso, en que cualquier ciudadano tiene acceso a la información, estatus y procedimientos del
caso, Juan Carranza pensó en proponer que se copiara este modelo para los casos públicos
de la justicia mexicana.
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El 16 de diciembre de 2015, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010)
prestó testimonio en condición de informante, no de investigado. Por su parte, el también ex
presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pidió que la investigación se llevara a
fondo, mientras que la más reciente ex presidente de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016) fue
citada 11 veces en las carpetas y entre los textos se menciona que recibió 2 millones de
reales (alrededor de 615 mil dólares) como propinas de Petrobras.
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También fueron denunciados el contendiente presidencial de Dilma, Aecio Neves y el hoy
presidente de Brasil, Michel Temer. En total, son investigados y/o procesados 47 políticos
brasileños sospechosos de estar involucrados con Petrobras.
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Según la publicación del 01 de agosto de 2017 del Diario “El Clarín” de Argentina, la
investigación se extenderá hasta el 01 de agosto de 2018.
El mandatario Michel Temer podría ser suspendido por 6 meses para ser investigado.
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2.- LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE 2012 EN MÉXICO.
Y en este universo de corrupción, Juan Carranza supo a través de los medios que en el
caso Lava Jato, está involucrada la constructora más grande de América Latina, la brasileña
Odebrecht, la cual admitió ante el Departamento de Justicia de EUA haber pagado más de
439 millones de dólares en sobornos a gobiernos de 12 países, para garantizarse la
adjudicación de obra pública.
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Esto lo pudo confirmar tiempo después, en la publicación del 01 de junio de 2017 de “Animal
Político”, publicación de izquierda, en la cual se menciona también que una investigación de
“Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad” reveló que Odebrecht obtuvo contratos
directos y ampliaciones de contratos para gasoductos, reconfiguración de refinerías,
producción de etileno, energía y agua en México.
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Por esto, Juan Carranza decidió buscar información sobre todo aquello que apareciera en
los medios masivos referente al Caso Lava Jato, pero principalmente a Odebrecht, ya que
esta había alcanzado al Gobierno Mexicano.
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Y le llamó la atención que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México, alertó
sobre graves irregularidades cometidas en PEMEX por el Grupo Odebrecht. Y más le extrañó
que no se tomaron acciones inmediatas por parte de los gobiernos del ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa, ni por el del actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
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Don Juan encontró también, el 17 de abril de 2017 en el diario español “El País”, que
Marcelo Odebrecht aceptó “cantar” (delatar a sus cómplices) a cambio de reducir su
condena, de 19 a 10 años, y junto a él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron a
dar nombres, fechas y cuantías a cambio de años de libertad.
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En la famosa “Confesión del Fin del Mundo” salieron salpicados altos políticos de Brasil,
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y
Venezuela.
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De esto, lo que alertó a Juan Carranza, fue que en varios países involucrados, el tema fue
trascendental. En Argentina, el amigo del actual presidente Mauricio Macri , Gustavo Arribas,
se vio obligado a declarar, a pesar de ser jefe de espionaje argentino. En Brasil golpeó a
Dilma hasta el punto de colaborar a su destitución y de poner a Michel Temer a punto del
mismo desenlace.
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En Colombia, el gerente de campaña del actual presidente Juan Manuel Santos aceptó
haber recibido recursos para el financiamiento de su campaña y el propio Santos condenó el
acto, a pesar de no reconocerlo públicamente. Ahí mismo, en Colombia, la compañía
Odebrecht aceptó haber pagado durante dos décadas a las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) para que los dejaran construir.
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En Panamá se encuentra preso el ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). En Perú, el
ex presidente Alejandro Toledo junto con su esposa tiene orden de aprehensión internacional
para pasar 18 meses presos por su responsabilidad en el caso. Mientras tanto, los también
ex presidentes de Perú, Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (2006-2011) también son
investigados.
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3.- MÉXICO EN EL CASO ODEBRECHT.
Una vez que Marcelo Odebrecht reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares en
sobornos a altos funcionarios mexicanos, entre octubre de 2014 y finales de 2015, la
Secretaría de la Función Pública en México dijo que investigaría el caso, mientras que
PEMEX (la paraestatal petrolera de México) se pronunció a favor de investigar tres grandes
contratos con los cuales Odebrecht obtuvo beneficios por 39 millones de dólares.
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Para Juan Carranza, el asunto debe de ir muy lejos, a pesar de que Arely Gómez (Ex
Procuradora General de la República y Actual Secretaria de la Función Pública) no ha
ofrecido ningún avance en la investigación. De hecho, en una publicación de “Animal Político”
del 30 de octubre del presente año, encontró que los fiscales que investigan el caso están
siendo presionados y hasta amenazados, no solo en México, sino también en otros países
como El Salvador.
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Encontró también que la revista de izquierda “Proceso”, el 14 de agosto de 2017 publicó que
la Oficina de la Presidencia de México borró de su portal de internet las fotografías de Emilio
Lozoya (ex director general de PEMEX) y Marcelo Odebrecht (ex CEO de la Organización
Odebrecht, la constructora más grande de América Latina, propiedad de su familia), tal vez
para evitar que los visitantes de la página relacionen a dichas personas con el actual
régimen.
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De hecho, ese mismo reportaje menciona la relación de Emilio Lozoya Austin con la
compañía OHL, que ha sido de las principales constructoras beneficiadas en el sexenio de
Enrique Peña Nieto.
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Juan Carranza encontró en la publicación del “Diario Milenio”, versión digital del 13 de
agosto de 2017, a pesar de ser un medio que apoya al régimen, que Emilio Lozoya, recibió
de Luis Alberto De Meneses Weyll, ex Director de Odebrecht, 10 millones de dólares de
sobornos a cambio del contrato para el proyecto de remodelación de la Refinería Tula situada
en el Estado de Hidalgo, México.
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En declaración juramentada, De Meneses Weyll contó que en 2011, Emilio Lozoya
recomendó que Odebrecht se asociara a la empresa Construcciones Industriales Tapia para
participar en la licitación de dicha refinería. Esta última constructora solo reconoció que en
2014 tuvieron un subcontrato con Odebrecht para servicios de terracería de
acondicionamiento del sitio. En sus declaraciones, De Meneses Weyll dijo que el primer pago
de fue de 4 millones de dólares.
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Según el Diario O’Globo de Brasil, Lozoya le pidió a De Meneses Weyll 5 millones de dólares
cuando se convirtió en líder de la campaña electoral de Peña Nieto, como pago al favor de
haberle ayudado en el contrato de la Refinería de Tula. A pesar de las imputaciones, Lozoya
niega categóricamente haber participado en este caso. Se han descubierto 3 pagos por más
de 1,000 millones de dólares en la etapa clímax electoral, a través de cuentas en paraísos
fiscales.
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A pesar de que todo le parecía muy claro, Juan Carranza decidió investigar un poco más, ya
que Luiz Inácio Lula da Silva pudiera tener intereses en apoyar corrientes de izquierda en
México, específicamente a AMLO (Andrés Manuel López Obrador, Presidente y Fundador del
Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional “Morena”).
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Según nos dice Juan Carranza “aún no sabe si el hecho de que las publicaciones que
tradicionalmente apoyan al régimen se han visto cautelosas sobre el tema se deba a su
filiación partidista, o si el hecho de que las publicaciones de izquierda estén motivadas más
por su emoción al ver la posibilidad de la caída del actual régimen”.
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Aún dentro de estas posibilidades, cabe mencionar que publicaciones de todas las
tendencias están publicando sobre el tema y son muy pocos quienes defienden a Peña Nieto
y Lozoya Austin.
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Comenta Juan Carranza que los eventos que se han desencadenado en la estructura de la
justicia mexicana, “lo hacen pensar que hay responsabilidad compartida, al menos de parte
de los dos últimos presidentes de México y algunos de sus colaboradores”.
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Quien fuera Procurador General de la República, Raúl Cervantes, renunció el pasado 16 de
octubre ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), siendo el tercero ya en la actual
administración que abandona el cargo, después de Jesús Murillo Karam y Arely Gómez,
ambos famosos porque no presentaron avance alguno en la investigación de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, México, el 26 de septiembre
de 2014.
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Lo elementos que rodean el caso Odebrecht y la figura de los procuradores no son menores,
ya que Cervantes fue impulsado por Peña Nieto para llegar a la PGR (Procuraduría General
de la República), después de que se logró la modificación a la ley que permitía el “pase
automático” de Procurador General de la República a Fiscal General, una vez que entre en
funcionamiento la nueva Fiscalía General, que sustituirá a la PGR, y con una vigencia de 9
años en el cargo.
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Esto le hizo pensar a Juan Carranza que el actual Presidente de México y su gabinete
podrían planear tener inmunidad al menos durante todo el próximo sexenio y la mitad del
siguiente, y así prepararse con tiempo para un eventual juicio político o evadirlo.
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Sin embargo, la Cámara de Senadores de México ha detenido la implementación de la última
etapa de la Fiscalía General, una vez que se sintieron burlados, principalmente por el hecho
de que Cervantes ha colaborado con Enrique Peña Nieto desde que este último era
gobernador del Estado de México, y fue pieza clave en un siniestro evento en el cual falleció
una niña de nombre Paulette, que cimbrara a la nación por la perversidad con que fue
manejado el caso, tanto en lo jurídico como en lo mediático.
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Cervantes aseguró que el motivo de su salida de la PGR era para evitar que se frenara por
más tiempo el proceso de la Fiscalía General, aunque, al salir, dejó acéfala a la misma PGR,
pues no hay reemplazo a la vista para su puesto y el mismo Peña Nieto se pronunció a favor
de que permanezca así dicha dependencia, al menos hasta que hayan pasado las elecciones
de 2018.
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Juan Carranza piensa, según nos dijo, que se trata de una jugada estratégica en la cual,
dependiendo de quien sea el ganador de la carrera presidencial, Peña Nieto pondrá a quien
mejor pueda negociar entre él y el futuro Presidente de México. Y esta visión se debe a que
el día 20 de octubre, el titular de la Fepade (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales)
Santiago Nieto, fue destituido por Elías Beltrán, quien en su posición de subprocurador de la
PGR, se quedó cubriendo las funciones del ahora ex procurador Cervantes.
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Lo extraño del caso para Juan Carranza es que al no tener Elías Beltran diez años de
haberse titulado, no tiene legalmente autoridad para destituir a un fiscal, además de que este
nivel de decisiones podrían recaer en un sustituto permanente y no en uno temporal.
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El argumento de Elías Beltrán, es que Santiago Nieto hizo una declaración ante el diario
“Reforma” (de centro – derecha), en la cual dijo que Lozoya Austin lo había presionado para
que dejara de investigarlo en el caso Odebrecht. Esto se consideró que violaba los principios
de ética de la institución, aunque en otros casos, nunca fue motivo de destitución de ningún
fiscal. Lo cierto es que Emilio Lozoya envió una carta a Santiago Nieto en la cual menciona
los nombres de sus padres, su currículum y al final exige que toda la información sobre su
investigación, le fuera enviada a una serie de abogados y representantes legales que, si no
tenía la intención de intimidar, al menos lo haría pensar cien veces cada palabra utilizada
para evitar ser devastado legal y políticamente.
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Y para colmo, Lozoya Austin decidió presentarse a declarar justo en los días posteriores a la
destitución de Santiago Nieto. Esto hizo dudar mucho a Juan Carranza sobre la inocencia de
Lozoya. Y más cuando este último publicó que iría tras aquellos que lo persigan por el caso
Odebrecht, ya que “tiene los Recursos y el Tiempo para Darles en la Madre (como se dice en
México cuando se quiere destruir a alguien)”, pues mostró de paso el nivel de compromisos y
relaciones detrás de él que están plenamente interesados en que este asunto no llegue más
lejos. Piensa Juan Carranza que la sola presencia de Javier Coello Trejo (que fuera
Subprocurador General de la República en tiempos del ex Presidente Carlos Salinas de
Gortari y conocido entonces como el Fiscal de Hierro) ya se siente suficiente presión.
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Juan Carranza estuvo en las instalaciones del Senado de la República justo el día en que
“El Jefe Diego” Fernández de Cevallos (ex candidato a la Presidencia de la República) se
presentó para, muy probablemente, instruir a varios legisladores sobre la manera como se
actuaría sobre el tema. “El Jefe Diego” ha estado involucrado en asuntos nacionales,
representando causas a favor de amigos de Salinas, Calderón y Peña Nieto y sus alcances
son vastos.
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Por su parte, en el Senado no hubo quórum para la votación de la reinstalación de Santiago
Nieto en su despacho, tema que hizo molestar mucho al Presidente del Senado, Ernesto
Cordero, y sus leales amigos, como se autodenominan, “Los Rebeldes del PAN” (que dieron
la espalda a la bancada de su partido para poner a Ernesto Cordero en la actual presidencia
del Senado, con el apoyo de partidos opositores al suyo, incluido el PRI, que es el partido
oficial); y no fue sino hasta el 30 de octubre que los senadores tomaron tribuna para
pronunciarse, una vez que Santiago Nieto ya había desistido de defender su trabajo y que el
pronunciamiento de cada senador no representaba riesgos politicos. Es posible que las
amenazas y el poderío detrás de Lozoya hayan hecho reflexionar a Santiago Nieto y calcular
daños. Difícilmente ganaría.
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El 31 de octubre, la senadora panista Mariana Gómez del Campo manifestó su tristeza por el
pronto carpetazo que la bancada del PRI ha dado al caso Fepade.
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Juan Carranza ve con tristeza que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México
estén protegiendo a los grupos corruptos en lugar de dar dignidad y decoro a la Constitución
y a la población que representan. También el hecho de que no hay funcionarios presos sobre
el caso Odebrecht, pero sí hay renuncias y destituciones de las cabezas del sistema judicial,
además de supuestos sobornos a legisladores para evitar que presionen al Ejecutivo.
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Juan Carranza nos comparte este fragmento de texto copiado directamente de la
publicación del 01 de noviembre de 2017 de “El Mañanero Diario”, conducida Víctor Trujillo,
conocido crítico del régimen bajo el personaje del payaso “Brozo”:
“La Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó y documentó que Pemex pagó
indebidamente y en exceso mil 250 millones de pesos a la Constructora Norberto Odebrecht
y otras empresas a las que les adjudicó Pemex Transformación Industrial el proyecto
“Mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías
de Salamanca y Tula”.
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Lo anterior puede verse reflejado en el segundo informe de fiscalización de la Cuenta Pública
2016 presentado este martes ante la Cámara de Diputados.
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La ASF detectó que hubo pagos en exceso por 707 millones 655 mil pesos a Constructora
Norberto Odebrecht que fue adjudicado a la empresa brasileña de manera directa.
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En el informe de la ASF se detecta que los precios unitarios fueron altos, “debido a que en su
integración se consideraron costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumos”.
Pero esto no es todo.
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En el mismo contrato hay motivaciones para denunciar un probable daño o perjuicio a la
Hacienda Pública Federal por 139 millones 923 mil pesos debido a la falta de ajustes de
costos indirectos, de la utilidad y cargos adicionales ya que la constructora realizó trabajos
por 2 mil 315 millones de pesos, un 61.2 por ciento por arriba de lo contratado que fue de mil
436 millones”.
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Y para colomo, nos dice Juan Carranza, ya no van a procesar legalmente a Emilio Lozoya,
pues según leyó en “La Redacción” de la Publicación “Proceso” el pasado 07 de octubre de
2017, “un Juez federal otorgó la suspensión definitiva al exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, que lo protege de cualquier acción legal en su contra, hasta
que su defensa conozca a fondo el expediente que se le sigue por el caso Odebrecht”.
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Esto, para Juan Carranza no es otra cosa más que una señal clara de que el actual régimen
pretende mostrar su autoridad, fuero, impunidad y voracidad ante una nación que no ha
aprendido a defenderse de su propio gobierno, y que incluso desconoce sus derechos.