Las fuerzas armadas en
América Latina, antes y hoy
D I RK KRU IJT
Profesor emérito de la Universidad de Utrecht, Facultad de Ciencias
Sociales, Departamento de Antropología Cultural, Países Bajos.
E S T U D I O S S O B R E S E G U R I DA D Y D E F E N S A
[email protected]
The Armed Forces in Latin America, in the Past
and Nowadays
La argumentación central de la presente publicación se
encuentra también en Kruijt y Koonings (2012) y Kruijt (2012).
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Resumen
Se esboza en la primera parte del presente artículo el legado político de las
fuerzas armadas: intromisión en el sistema político, golpes y dictaduras militares,
pero también el hecho de que exmilitares son generalmente exitosos en elecciones
democráticas. En un segundo momento se analiza tanto la ideología como las
características de los “ejércitos políticos” en las décadas pasadas: el monopolio
sobre el “patriotismo nacional”, traducido en doctrinas de seguridad nacional y
el dominio sobre la inteligencia nacional y las fuerzas de la policía, la ejecución de
programas cívico-militares de desarrollo local en zonas remotas y la inmunidad de
facto con cierta base legal. Luego se presenta una tipología durante la transición
hacia la democracia: tutelaje militar, control manso e impunidad. El análisis sigue
con el desarrollo de otra tipología de militares y soldados en el poder bajo el
régimen democrático electoral: caudillos militares transformados en demócratas y
exguerrilleros como presidentes elegidos. Es seguido por dos formas recientes de
por revueltas populares y algunos (intentos de) golpes. Luego se presenta un
análisis de nuevas agendas de seguridad y nuevas misiones militares durante la
primera década del presente siglo. Se enfatiza explícitamente la actuación militar
en el contexto de la lucha (“guerra”) contra el crimen organizado, la guerra contra
la droga y los efectos sobre la seguridad interna.
Palabras claves: fuerzas armadas, militares, dictaduras, democracia, ejércitos
profesionales.
Summary
The first section glances through history coups, dictatorships, political influence
and legacy of military institutions in Latin America, as well as the general success
of ex-officers in democratic elections.
The second section analyzes both the military ideology and the characteristics
of its political practice in the past decades, which are based on the monopoly over
“national patriotism”; translated into doctrines of national security, control over
national intelligence and police forces, the execution of military-civic programs of
local development in remote zones and the legal-based immunity.
As a third section, a typology over the transition towards democracy: military
oversight and impunity. The analysis follows with another typology of military corps
exercising power under the democratic electoral regime: Dictators transformed
into democrats and ex-guerilla corps into elected presidents.
As a last section, an analysis of new security agendas and military missions
during the first decade of the X XI century. Military action under the context of
war against organized crime, drug dealing and its effect over internal security is
emphasized.
Key Words: Armed Forces, Latin America, Political Armies, New Threats.
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sucesión presidencial por mecanismos no electorales: la expulsión de presidentes
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Introducción
En la presente contribución examinamos tanto la historia como el
legado de los ejércitos políticos en América Latina, para analizar luego
el significado de las instituciones militares en el presente. En los dos
siglos después de la independencia de América Latina, los militares
desempeñaron un papel de actor político importante y muchas veces
decisivo en casi toda la región. No es una exageración concluir que
la profesión militar ha sido con frecuencia la puerta de entrada hacia
una carrera política. América Latina ha sido, más bien, el continente
de soldados políticos y políticos militares. Durante muchas décadas
del siglo pasado, el significado verdadero de las fuerzas e instituciones
armadas ha sido su actuación en conflictos internos, contra enemigos
del Estado y en la arena política. Los estamentos militares intervenían
continuamente en asuntos políticos como fuerza estabilizadora, como
árbitros “desinteresados”, como protectores de la constitución o como
guardianes del desarrollo nacional. Así definimos el papel de los ejércitos políticos.
Presentamos primero una breve caracterización de los ejércitos
políticos y su legado. Un aspecto interesante es el resurgimiento de
anteriores dictadores como políticos democráticamente elegidos.
Después consideramos los cambios en el contexto de la seguridad a
finales del siglo pasado y la primera década del siglo presente. Subrayamos el hecho de que las nuevas agendas de seguridad implican la
actuación de las instituciones armadas en el orden interno. ¿Se trata de
intervenciones puramente profesionales, siguiendo órdenes procedente
de legítimos gobiernos democráticos? O ¿es un asunto de nuevas
amenazas por políticos miliares? Finalizaremos nuestra contribución
con una mirada breve de lo que podrá ser una nueva forma emergente
de ejércitos políticos, esta vez no en el contexto de la guerra fría sino en
el entorno del “socialismo del siglo XXI”.
Los ejércitos políticos
Los ejércitos políticos propiamente dichos surgieron en las décadas
finales del siglo XIX y los años treinta hasta cincuenta del siglo pasado.
Sus características eran una identificación con el desarrollo de la
nación, la vocación autoatribuida de vigilar la integridad del Estado
como institución, una doctrina militar que explica la coincidencia del
destino nacional con la necesidad de intervenir en la arena política
(Koonings y Kruijt, 2002). Las cifras estadísticas demuestran que el
camino más seguro para llegar a la presidencia de Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Paraguay,
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Perú y Venezuela es la carrera militar. La historia política del Perú es
un buen ejemplo: desde que el libertador, general José de San Martín,
proclamara la independencia de la nación en 1821, 94 presidentes
asumieron el destino del país. Los comandantes de tres ejércitos de
liberación sucesivos fueron investidos con la dignidad presidencial.
Dos presidentes llegaron al poder a través de una insurgencia popular.
En nada menos que 26 oportunidades un militar logró apoderarse de
la presidencia mediante un golpe de Estado. Sin embargo, incluso por
la vía democrática de elecciones, reales o escenificadas, la población
demostró su preferencia por un líder militar. De los 94 presidentes
hasta la fecha (julio de 2012), 52 fueron oficiales: 8 mariscales, 34
generales, 6 coroneles y 3 comandantes. La Marina hizo una modesta
contribución aportando un contralmirante al sillón presidencial (Kruijt,
2008 : 53 , datos actualizados).
Desde los años cincuenta en adelante, los militares desarrollaron
doctrinas de seguridad nacional que aglutinaba temas de seguridad
con una ideología conservadora y anticomunista en un esquema de
intervención “necesaria” como prerrogativa institucional. Todo eso fue
el complemento de la tesis norteamericana de seguridad continental
que debería proteger el continente contra el “comunismo internacional”.
Coincidió con la asistencia de parte de la comunidad de inteligencia
estadounidense. Intelectuales e ideólogos militares comenzaron a interpretar la seguridad nacional como guerra contra “enemigos internos”
del Estado, “fuerzas subversivas y comunistas”: una variedad de actores
como militantes de guerrilla, líderes sindicales, sacerdotes progresistas
y campesinos insurgentes.
Ejércitos políticos se transmutaron en dictaduras militares en
las décadas de los sesenta hasta los ochenta. La mayoría de estos
regímenes tenían tres características. Primero, una estrategia para
neutralizar, controlar y eliminar la política civil, considerada como
inefectiva y dañina en cuanto a los objetivos de desarrollo nacional
a largo plazo, especialmente cuando movimientos de la izquierda,
entonces subversivos, pudieran llegar al poder por las urnas o por
campañas guerrilleras. Segundo, una estrategia de desarrollo económico, tanto para refortalecer la economía nacional como para crear
una legitimidad ante importantes segmentos de la opinión pública, de
las élites y las clases medias, a veces también de las clases populares.
Tercero, una estrategia de guerra interna. Regímenes militares tomaron el poder asumiendo que se debería llevar a cabo guerras contra los
enemigos internos de la nación. Se llegó a la forma de guerras sucias,
terrorismo de Estado, tortura en escala ampliada, matanzas y desapa-
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riciones, hasta esfuerzos de genocidio, como en Guatemala (Menjívar y
Rodrigues, 2005).
Dictaduras militares crearon un contexto institucional de control y
de dominación que persiste en parte hasta la fecha. En general, tenía
cuatro vertientes: el control sobre la inteligencia nacional, el dominio
sobre las fuerzas de la policía, la ejecución de programas cívico-militares de desarrollo local en zonas remotas y un sistema de inmunidad
e impunidad con cierta base legal. De las cuatro vertientes, el control
sobre la inteligencia es probablemente un problema consistente. En
la mayoría de los países inteligencia nacional es inteligencia militar.
Al otro lado, muchos países dependen en alto nivel de tecnología de
comunicación y sistemas avanzados de intercepción de mensajes de
tecnología norteamericana, procedente de fuentes como la DEA , la CIA
y el FBI, en muchos países donde los carteles y mafias de droga comenzaron a ser un problema (México, el triangulo norte de Centroamérica,
Colombia y Perú, Argentina y Brasil).
Democracia transicional y el legado del dominio militar
En varios países, especialmente en Brasil, Chile, Perú y Guatemala,
los militares seguían manteniendo ciertos dominios de poder durante
los primeros diez hasta quince años después de la transferencia formal
del poder. Rubricamos esas áreas bajo el denominador de tutelaje
militar, control manso e impunidad.
Tutelaje militar
La mayoría de los pactos formales e informales de transición a la
democracia incluía el negociado y tácito entendimiento que los militares
durante un período determinado podrían “asesorar” e incluso vetar
en materia de seguridad y otros asuntos. A veces este tutelaje resultó
en cuotas en el gabinete ministerial, en el senado o el parlamento, en
la corte suprema o en órganos de apelación, como en Chile (Agüero,
1998 ; D’Araujo y Castro, 2000). En países como Guatemala, coroneles
y generales adquirieron puestos de asesores claves en inteligencia para
los presidentes, vicepresidentes y ministros (Aguilera, 2010 ; Arévalo de
León, 2003 y 2005). Durante los primeros gobiernos posdictatoriales
de Brasil, cinco ministros militares “da casa” formaron un gabinete
superior hasta la reforma del presidente Cardoso a finales de los años
noventa (Atunes, 2002 ; Zaverucha, 2005).
Control manso
Entre el comienzo de los años ochenta y la mitad del los noventa se
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había restablecido la democracia electoral en la región. Sin embargo,
aparece a veces paradójico que el control y la supervisión civil en materia de asuntos militares aparentemente no tiene una prioridad grande.
Al contrario, a pesar de que en muchos países se redujeron tanto los
presupuestos como el personal militar, temas militares y de seguridad
son fácilmente trasladados a especialistas en uniforme. Ya mencionamos
que durante los años de la dictadura el sistema de inteligencia y
seguridad del Estado (inclusive paramilitares y escuadrones de muerte)
fueron los instrumentos de control por excelencia. Rudimentariamente,
estas estructuras quedaron intactas en muchos casos.
Militares y política en América Latina democrática
Con el retorno de la democracia, esta se ha consolidado por una
sucesión regular de presidentes y miembros del parlamento electos.
Sin embargo, el fenómeno de los políticos militares no desapareció por
completo, se transformó. El electorado latinoamericano y caribeño
sigue cultivando un cierto cariño y una confianza subyacente con
respecto a hombres y mujeres en armas. Puede distinguirse en los
décadas de los noventa y la primera década de nuestro siglo un proceso
singular: la elección por las urnas de presidentes que anteriormente
habían sido dictadores conservadores o exguerrilleros, y la sustitución
de presidentes impopulares por insurgencias populares mediante
movimientos sociales que representan la “democracia de la calle” en
vez de por golpes militares, como había sido la tradición en décadas
anteriores. Pero tampoco desapareció la amenaza de golpes militares
como instrumento político.
Dictadores y caudillos militares transformados en demócratas
En 1998, el dictador boliviano Banzer regresó a la política mediante
elecciones democráticas. Después de las elecciones en Guatemala
en 1999 , su colega exdictador Ríos Montt se vio investido con la
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Impunidad e inmunidad
Con excepción de Argentina, todas las transiciones de regímenes
militares a gobiernos civiles han sido acompañadas por legislación de
amnistía explícita o regulaciones más implícitas. Para muchos analistas
eso implica una impunidad de facto. Y efectivamente, muchos gobiernos
no eran capaces de proporcionar las condiciones de garantizar la persecución de conocidos violadores de los derechos humanos. Eso ocurrió
por una combinación de razones: miedo, falta de interés político,
tutelaje militar o énfasis en otras prioridades.
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presidencia del congreso nacional. De hecho, Ríos Montt asumió
algunas prerrogativas del presidente civil Portillo que había sido electo
(la constitución prohibió campañas electorales de anteriores jefes del
Estado), como por ejemplo la codirección del gabinete presidencial e
influenciando en nombramientos militares. En el mismo año de 1999 ,
el jefe del Estado mayor ecuatoriano, el general Mendoza, expresó en
público su preocupación por los problemas generados por el gobierno
del presidente Mahmud y las protestas populares que provocó. En
2000 fue seguido por un pronunciamiento de parte de los estamentos
militares. Después de unos días de confusión política, un golpe formal
fue prevenido por la renuncia del presidente, seguida por la sustitución
del vicepresidente. También en 1990, el coronel Hugo Chávez, dos
veces líder de un intento de golpe y político de izquierda revolucionaria,
ganó las elecciones en Venezuela. Es el ejemplo de otro tipo de político
exmilitar que entra en la arena política apelando a la simpatía y atrayendo los votos de los pobres, los excluidos y los informales. En el Perú, el
teniente coronel Ollanta Umala lanzó una campaña para las elecciones
presidenciales en 2005 que apeló a las frustraciones y protestas de los
pobres y los indígenas y que casi resultó exitoso. En 2011, durante una
campaña más orientada a planes reformistas que apelaron también a las
masas urbanas, Umala llegó a ser victorioso. En 2010, el anterior sargento mayor y luego coronel Bouterse, dos veces golpista y con un pasado
de negocios “con empresarios en Medellín”, ganó las elecciones en
Surinam. La amalgama de preferencias por hombres fuertes militares
de derecha o izquierda como presidentes electos sigue también siendo
una posibilidad en otros países: en Guatemala, por ejemplo, donde el
general Otto Pérez Molina en 2007 lanzó una campaña bajo la bandera
de orden y seguridad, y apenas perdió las elecciones. Con apoyo de
billonarios guatemaltecos se lanzó de nuevo en 2011 como candidato
presidencial, esta vez llegando a una victoria contundente.
Líderes guerrilleros como presidentes elegidos
Es remarcable que la preferencia del electorado por presidentes
exmilitares se extiende también hacia políticos que pasaron por otra
carrera marcial en la guerrilla. En la primera década de nuestro siglo
se ha cambiado el escenario político de la región. En Brasil, después de
los dos términos del presidente Lula da Silva, su compañera partidaria y
preferida sucesora Dilma Rousseff, miembro de la guerrilla, fue elegida
como presidente para el período 2011- 2015 . En México, el candidato de
la izquierda López Obrador perdió con muy poca diferencia las elecciones presidenciales de 2006. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile (hasta
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Expulsar presidentes por revueltas populares
Los golpes militares comenzaron a ser menos populares al momento
que se consolidaron las democracias en la región. En situaciones donde
previamente un clásico golpe hubiera sido el instrumento de cambio
popular por excelencia, a partir de 2000 fue puesto en práctica un
nuevo mecanismo para desalojar presidentes impopulares. Movimientos
populares representando la “democracia de la calle” organizaban,
espontáneamente en general, protestas callejeras, marchas de sacrificio,
marchas de mineros, obreros y campesinos hacia la capital, bloqueos
de carreteras vitales y ocupaciones de plazas públicas. Previamente
mencionamos la intromisión de los militares ecuatorianos en la política.
Después de su injerencia emergieron movimientos de protesta. En
Ecuador, entre 2000 y 2005 , tres presidentes fueron expulsados como
consecuencia de revueltas populares. La caída del dictador civil
peruano Fujimori fue introducida y luego consolidada por marchas
de protesta y ocupaciones de edificios y plazas públicas. El líder de
estos movimientos, Toledo, fue elegido después de un breve período
de transición, como presidente. Es irónico que también él, una vez
instalado en el palacio presidencial, se viera confrontado con la misma
especie de marchas de protesta, organizadas por frentes regionales
entre 2002 y 2004 . En el año pico de la crisis económica, Argentina
tuvo en un período de dos semanas cinco presidentes que resignaron en
medio de protestas populares. El golpe contra el presiente venezolano
Chávez falló cuando paracaidistas leales y revueltas masivas de la
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2010 ), Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay (hasta 2012), Perú,
Venezuela y Uruguay, candidatos del centro-izquierda o de la izquierda
habían llegado a la presidencia en elecciones libres. Más interesante
es que en Bolivia (2005 , 2010), Brasil (2010), Cuba (2008), El Salvador
(2009 ), Nicaragua (2007) y Uruguay (2009 ) anteriores líderes o intelectuales de la guerrilla habían sido elegidos presidente o vicepresidente.
En sus equipos ministeriales y su grupo de asesores también fueron
incorporados otras personas que previamente habían participado en
operaciones guerrilleras. La capital de Colombia, Bogotá, fue durante
varios períodos consecutivos administrada por gobiernos municipales
en los que estuvieron presentes varios políticos que se habían desmovilizados de la guerrilla en 1989 -1990. En 2011, el exmilitante del
M19 Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá por el voto popular. En
Honduras (por lo menos durante el gobierno de Zelaya, 2006 - 2009 ) y
Venezuela también había y hay miembros del gabinete que antes habían
pertenecido a la guerrilla.
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población retomaron el palacio, arrestaron al presidente interino y
exigieron la liberación del incomunicado Chávez. En 2003, cocaleros
bolivianos encabezaron un amplio movimiento social y político que
provocó la salida del presidente Sánchez de Losada. Su vicepresidente
Meza fue su sucesor. A su turno, él se vio confrontado en 2005 con
grandes demonstraciones de movimientos indígenas y de pobladores
de barrios pobres. El triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS), la
amalgama que aglutinó esos movimientos de protesta con sindicatos y
organizaciones indígenas liderada por Evo Morales, es en cierto sentido
el heredero natural de estos movimientos, como en el caso de Toledo en
el Perú. Sin embargo, en diciembre de 2010, a finales del primer año del
segundo período de Morales, parte de estas organizaciones se lanzaron
de nuevo a la calle en protesta contra el gobierno.
Golpes militares
En los primeros años de la década de los noventa militares
descontentos con sus gobiernos civiles intentaron golpes en Argentina
y Venezuela, mientras los estamentos castrenses en Brasil y Chile se
mostraron en público en desacuerdo con reformas constitucionales,
políticas laborales y derechos humanos. En 1993, la cúpula militar
apoyó el autogolpe del presiente Fujimori que eliminó así la voz del
parlamento. En 1993, un esfuerzo similar de autogolpe del presidente
guatemalteco Serrano, inicialmente amparado por los militares, llegó
como consecuencia de su fracaso al nombramiento del procurador de
los derechos humanos, De León Carpio, como nuevo presidente. En
1996, un esfuerzo de golpe por el jefe militar Lino Oviedo contra el
presidente civil Wasmosy fue eludido por demonstraciones populares en
la capital y el anuncio de la posibilidad de una intervención por Brasil y
otros países del Mercosur. Luego, las aventuras militares en la política
parecieron haberse terminado en la región. Sin embargo, en 2009 , los
militares hondureños iniciaron un golpe para expatriar el presidente
civil Zelaya y transferir el poder a su “sucesor legítimo”, el presidente
del congreso. Zelaya, un hacendado rico y aparentemente un típico
representante de la élite económica y política hondureña (con un segmento importante sirio-libanés), había evolucionado durante gobierno
hacia un “vocero de los pobres urbanos y rurales” y flirteó con la idea
de asociarse a la Alba, la alianza de países iniciada por Cuba y Venezuela. De repente los medios de comunicación, en general de propiedad
de la burguesía del país, habían descubierto una “influencia comunista”
dentro del palacio presidencial. Cuando el presidente decretó un
aumento de 60 % se originó un pánico. El cardenal y varios generales
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en retiro aparecieron en radio y televisión advirtiendo en la retórica de
la guerra fría por los peligros del comunismo internacional. La derecha
económica y política empezó a negociar sobre un “golpe correctivo”.
Los jefes militares pidieron una donación de US $ 10 millones; la élite
podía solamente juntar US $ 5 millones en efectivo y los generales dieron
su acuerdo. En términos estrictamente militares el golpe era un éxito,
pero políticamente resultó en un desastre. El “gobierno interino” volvió
a ser un paria en la región. Después de las elecciones que organizó el
nuevo presidente, trato de reconciliar este país que estaba fuertemente
dividido. Fue confrontado por un amplio Frente de Resistencia
Nacional Popular, un conjunto de organizaciones laborales, campesinos,
1
pobladores y movimientos municipales y regionales .
Nuevas agendas de seguridad y misiones militares
1. Para un análisis más detallado, véase Meza (2009) y Salomon (2010). Muchos datos
fueron obtenidos en una entrevista con Víctor Meza, el entonces ministro de Gobernación
de Zelaya.
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En la primera década del presente siglo hubo cambios paradigmáticos en la agenda de seguridad, que a su turno tuvieron implicaciones
con respecto a misiones militares. Estos reflejan en general el fin de la
guerra fría, la implosión de la Unión Soviética y la transición de China
a una economía de capitalismo de Estado. Las nuevas agendas de
seguridad enfatizan otros temas y reflejan las condiciones específicas
de los diferentes países en la región. Hay un tema que gradualmente
está entrando en las agendas de seguridad y en las nuevas misiones y
tareas de las fuerzas armadas. Es el del combate al crimen organizado,
las mafias o los carteles de la droga. En casi todos los países, el crimen
transnacional y la violencia asociada al cultivo y el tráfico de drogas, especialmente la cocaína, comienzan a ser considerados como un tema de
involucramiento de las fuerzas armadas para mantener el orden interno.
Es ahí donde puede observarse el restablecimiento de la orientación
tradicional de las instituciones castrenses, en otras condiciones, para
hacerse cargo de la seguridad interna y del combate contra enemigos
internos del Estado, que es el tema del siguiente apartado. En cuanto a
nuevas misiones en la región puede observarse también una creciente
atención en las misiones multilaterales, especialmente las de paz. Argentina, Chile, Brasil y México, pero también países centroamericanos,
han comenzado a participar frecuentemente en tales misiones. En Chile
incluso se creó una escuela especial para entrenamiento en misiones de
paz.
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Los presupuestos militares también varían. Solamente Brasil gasta
el 55 % del total del presupuesto de lo que América Latina y el Caribe
destinan a personal y equipos militares. Brasil está modernizando y
reequipando las tres ramas castrenses, siguiendo su estatus creciente
de potencia emergente. El país ha dado prioridad al control efectivo
sobre su territorio, sus recursos naturales y biodiversidad, y sobre la
protección de sus costas y reservas energéticas en el subsuelo terrestre y
marítimo (Castro, 2006 ). Colombia tiene, después de Brasil, el segundo
presupuesto militar de la región. México y Argentina ocupan el tercer y
cuarto lugar. En términos del gasto militar como porcentaje del presupuesto nacional, Ecuador (10 %), Chile (9 %), Colombia ( 8 %) y Uruguay
(7%) son los países con los mayores presupuestos de defensa (Resdal,
2
2010 : 52 - 56 ).
Colombia, país con seis décadas de un “conflicto armado interno”
se encontró a finales de los años noventa en una situación alarmante.
Los gobiernos sucesivos de Pastrana y Uribe procuraron una extensión
formidable y una profesionalización y modernización de las fuerzas
3
armadas, especialmente del ejército y el servicio de inteligencia .
De hecho, el ejército colombiano puede ser considerado como un
instrumento gigantesco de contrainsurgencia, especializándose en el
enfrentamiento y desgaste de las columnas y campamentos de las Farc y
4
el ELN . Se ha renombrado varias veces la estrategia contrainsurgente.
En la fase actual (julio de 2012) se opta por la reocupación, pacificación
y reconstrucción de cinco áreas claves anteriormente bajo control de
guerrilleros o paramilitares. La estrategia es controversial porque implica un énfasis en la “reconquista” y militarización de aquellas zonas. No
hay mucho lugar para el restablecimiento rápido de instituciones cívicas
locales u oportunidades de empleo e ingresos. Fuentes de Naciones
Unidas, varias ONG con prestigio y órganos públicos del Estado llaman
5
la atención de actos sistemáticos de violaciones de derechos humanos .
Sin duda, Brasil es la potencia militar líder de Suramérica en
términos de presupuesto, equipamiento, personal militar e industrial
militar potencial. En 1985 , Brasil y Argentina, luego seguidos por
Paraguay y Uruguay, crearon Mercosur, como una estructura de
integración económica y comercial, pero a la vez con un impacto fuerte
2. Véase el excelente estudio comparativo de Mathieu y Niño Guarnizo (2010).
3. Para un análisis detallado de las fuerzas armadas colombianas, véase Vargas Velásquez
(2008 y 2010).
4. Para un análisis detallado de las Farc, véase Medina (2009).
5. Véase Henao (2009); López Hernández (2010).
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Crimen organizado, la guerra contra la droga y la seguridad interna
Generalmente hay una división de trabajo “natural” entre las dos
fuerzas del orden: la vigilancia de la seguridad interna (para la policía) y
externa (para las fuerzas armadas). Sin embargo, en muchos países de la
región hay una difusa combinación de responsabilidades entre la policía
y el ejército en materia del orden interno (Bolivia, Colombia, Guatemala,
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en materia de seguridad y relaciones de defensa en el Cono Sur. En
2008, los doce países suramericanos firmaron un acuerdo que llegó a la
creación de Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa. Mercosur,
mientras tanto, tiene su propio parlamento (Parlasur) y en el contexto
del Unasur se están desarrollando planes para crear el equivalente
regional del Parlasur. Un proceso paralelo pero de avance más lento
puede observarse en Centroamérica con la creación del Sica (Sistema de
Integración Centroamericana), por el momento un órgano consultivo y
regulatorio de los presidentes y ministros centroamericanos (incluyendo
Belice y Panamá) bajo una presidencia semestralmente rotativa por
país. También hay un parlamento centroamericano (Parlacen).
Casi todos los ejércitos (y a veces también las armadas, fuerzas aéreas y reservas nacionales) latinoamericanos y caribeños tienen misiones
internas de desarrollo: construcción de infraestructura y hospitales,
previsión de servicios médicos, participación en tareas de alfabetización
y protección del medio ambiente (Pion-Berlin, 2010 : 38). Hay que
mencionar, sin embargo, que aquellas misiones cívico-militares en la
mayoría de los países en la región tienen una base constitucional (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Surinam) o por lo menos
un sustento legal (Chile, Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua, México,
Paraguay, República Dominicana y Venezuela). La protección del medio
ambiente y la asistencia a la población en el caso de desastre naturales
(terremotos, tsunamis, huracanes) son consideradas en toda la región
como tarea regular de las instituciones armadas. Generalmente las
armadas son también responsables o coorresponsables de la protección
fluvial, de las costas y de las zonas territoriales marítimas. Sin embargo,
una tarea más fluida y tal vez más discutible es la misión “regular” de
asistencia a la policía en asuntos de seguridad pública y orden interno.
Más nuevo, como comentamos arriba, es el énfasis creciente en misiones de paz. Brasil y Chile adquirieron experiencia acumulada. En el
caso de Haití, una misión brasileña-chilena de carácter político-militar
fue emprendida mancomunadamente. Viva Río, una ONG altamente
respetada con base en Río de Janeiro, asistió al contingente militar en
tareas de reconstrucción civil.
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Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Hoy en
día, en el triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y
Guatemala) y México se asignaron explícitamente a las fuerzas armadas,
por decretos presidenciales o por legislación parlamentaria, misiones de
emergencia para asistir a la policía o inclusive de desempeñar el papel de
6
liderazgo en el combate de la violencia interna del crimen transnacional .
Algunos países parecen estar en guerra consigo mismos. Colombia,
con sus seis décadas de violencia cíclica, es el país con más refugiados
internos del mundo (tres millones), el segundo en el mundo en términos
de niños combatientes, tiene por lo menos cincuenta organizaciones
armadas con el uso de extrema violencia y es el territorio latinoamericano por excelencia en cuanto a reclutamiento de sicarios (Thoumi,
2010 : 4). México es afectado seriamente por la violencia armada entre
algunos grandes carteles y unos 150 pequeños entre sí, y un vis-a-vis
con las fuerzas del orden. Entre diciembre de 2006 y julio de 2010
7
había unas 28.000 víctimas debido a este tipo de violencia . El triángulo
norte de Centroamérica es el escenario de dos tipos de violencia: de las
organizaciones del crimen asociado a la droga y de las bandas juveniles
(Maras) que se disputan el control sobre miniterritorios para extorsionar
a la población local: pequeños empresarios y comerciantes, taxistas,
8
choferes de buses .
Organizaciones criminales como el Comando Vermelho y posteriores rivales como el Terceiro Comando y el Amigos dos Amigos
emergieron en la mitad de los años ochenta y noventa como poderes
9
paralelos en las favelas de Río de Janeiro . En Sao Paulo, el Primeiro
Comando da Capital (PCC), utilizando una fraseología de un partido
de la izquierda, desafiaba repetidamente el Estado y las autoridades
federales (Souza, 2007). La Venezuela urbana se transformó en un
10
teatro de violencia formidable . En los años ochenta y noventa estalló
un conflicto armado interno en Surinam, donde el control sobre rutas
11
de droga y contrabando jugaba un papel importante . Inclusive, Estados caribeños como Jamaica y República Dominicana son seriamente
6. Véase Garzón (2008); Kruijt (2011); Maihold y Brombacher (2009); Youngers y Rosin
(2010).
7. Véase Benítez (2010a, 2010b); Benítez, Rodríguez Sumano y Rodríguez Luna (2009)
para detalles.
8. Véase Acevedo (2008); Cruz y Portillo (1998); FRIDE (2007); Gutiérrez Rivera (2009);
Jones y Rodgers (2009); Martínez Ventura (2010); Savenije (2009); Unodc (2007).
9. Véase Arias (2006); Zaluar y Alvito (2006).
10. Véase Briceño-León (2008); Jacome (2008); Mayorca (2010).
11. Véase Hoogbergen y Kruijt (2005).
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12. Entrevista con Aída Luz Santos de Escobar, presidenta del Consejo Nacional de
Seguridad Pública de El Salvador, 25 de junio de 2010.
13. La Prensa, Hondura, 19 de octubre de 2010.
14. Véase Briscoe y Rodríguez Pellecer (2010); International Crisis Group (2010).
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amenazados por bandas criminales y cuadrillas juveniles (Bobea, 2011).
Lo mismo vale para muchos territorios urbanos y metropolitanos en
América Latina (Alba Vega y Kruijt, 2007). A continuación referimos la
situación mesoamericana, los territorios de México y el triángulo norte
de Centroamérica, que recientemente se vieron confrontados con una
violencia extraordinaria asociada el tráfico de droga.
En México, una larga serie de mini-guerras se produjeron a raíz del
crimen organizado y el tráfico de droga. Los carteles grandes tomaron
el control parcial de aglomeraciones urbanas como Ciudad Juárez,
Tijuana, Reynosa, Matamoros, Culiacán y Nuevo Laredo, y los estados
donde están situadas. En estas zonas ocupadas, los gobiernos locales y
la policía fueron subordinados como instituciones bajo el mando de los
carteles. Alrededor de 150.000 personas se encuentran directamente
relacionadas en las actividades asociadas a la droga. Según datos
oficiales, hay entre 20.000 y 30.000 personas incorporadas en las filas
paramilitares de los carteles. De las 17.750 ejecuciones registradas
entre 2006 y 2009 , unas 16.150 refirieron a víctimas civiles y 1.600 a
las fuerzas de seguridad, generalmente policías municipales (Benítez
2010b:13 -14 , 23, 27-30 ). Hay que tomar en consideración que la inserción de las fuerzas armadas también es alto: alrededor del 50 % de los
efectivos están directamente comprometidos en actividades antidroga
(Aranda Terrones, 2010 : 252). Sin embargo, se dio a conocer que también las fuerzas armadas violaron los derechos humanos (Meyer, Brewer
y Cepeda, 2010).
El Salvador está sufriendo una crisis de estabilidad institucional
y seguridad interna. En 2010, el presiente Funes decretó, en consenso
con el parlamento y su gabinete, que las fuerzas armadas asumieran las
tareas de la policía y del sistema penitenciario ante el crecimiento alarmante de la violencia de crimen organizado y de los mareros, integrantes
de las bandas juveniles. Mientras tanto, las fuerzas de la policía y del
12
sistema carcelario van a ser reorganizadas . La influencia de los carteles
de droga en Honduras es tan fuerte que el secretario de Seguridad
Álvarez, a finales de 2010, solicitó el apoyo de los Estados Unidos para el
13
diseño de un Plan Honduras, similar al anterior Plan Colombia .
Guatemala es probablemente el país más afectado del triángulo
14
norteño . Se implantó el crimen organizado durante las décadas
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Las fuerzas armadas en América Latina, antes y hoy · Dirk Kruijt
108
de guerra interna. Operadores militares, en su afán de buscar una
ampliación de las operaciones contrainsurgentes por fuentes de
autofinanciamiento, apoyaron activamente a redes de contrabando. En
los años de la paz pusieron a disposición unas 300 pistas de aterrizaje
clandestinas a las organizaciones sucesoras que se estuvieron transformando en mafias de droga. Las redes criminales infiltraron el sistema
económico mediante “líneas de crédito extraoficiales” a empresarios
afectados por la crisis económica a mediados del 2000 (Kruijt,
2011: 27-34). La Procuraduría de los Derechos Humanos y la misión
15
internacional del Cicig desarrollaron un mapeo de la infiltración en
consorcios económicos en las estructuras políticas (sobre todo a nivel
municipal y regional), en la policía y en menor grado en el ejército. Se
estima que el 90 % del cuerpo de oficiales de la policía por lo menos
una vez ha colaborado con las mafias. Incluso en los movimientos
sociales e indígenas puede observarse la influencia. Fuentes asociadas
a la inteligencia militar estiman que alrededor de 50 % de la población
de los departamentos noroccidentales de las Verapaces simpatiza con
los nuevos dueños de la droga que se desempeñan como benefactores
locales.
Consideraciones finales
Comparando la actuación de las fuerzas armadas con la de unos
veinticinco años atrás, se nota una remarcable despolitización de las
fuerzas del orden en cuanto a institucionalidad, ideología y misiones
formuladas. En todos los países en la región, el ejército, la marina y
la fuerza aérea funcionan bajo mando constitucional. Algunos roles
tradicionales y nuevos, sin embargo, no son realizados sin riesgo
político. Pero donde se perciben extensiones de su papel estrictamente
castrense puede observarse que siempre despliegan dentro de un marco
de legalidad y bajo responsabilidad del poder ejecutivo. Cualquier comentario que podría hacerse sobre el desempeño militar en el contexto
económico, social y político difiere en este sentido fundamentalmente
de la trayectoria de las fuerzas armadas durante las décadas de la dictadura. Hoy por hoy operan sin fuerzas paramilitares y escuadrones de
la muerte. La gran mayoría de la oficialidad latinoamericana y caribeña
está desde hace dos décadas formada y entrenada para ser profesionales
en vez de políticos en uniforme (D’Araujo y Castro, 2000).
La postura clásica de los ejércitos políticos es hoy una característica
15. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instalada a solicitud
del gobierno en 2006.
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del pasado. En principio, las fuerzas armadas latinoamericanas y
caribeñas aspiran roles y misiones dentro de un contexto de legalidad
y constitucionalidad. Es innegable la inclinación hacia misiones de
seguridad y, en una serie de países, los propios gobiernos cívicos han
extendido las prerrogativas y ambientes castrenses como inteligencia nacional y acciones cívico-militares. En los últimos diez años, las fuerzas
armadas fueron gradualmente involucradas en misiones de seguridad
interna, especialmente en el contexto de combate al crimen organizado
y la lucha contra la droga. Estas nuevas misiones, aunque legalmente
solicitadas, podrán ser beneficiosas y necesarias a corto plazo. Son
consideradas como una “militarización necesaria” ante la emergencia
de actores armados no-estatales (Benítez, Celi y Jácome, 2010 : 21). A
largo plazo, no obstante, implican un riesgo, en Centroamérica, México,
Colombia y otros países andinos.
El tema de la militarización de la seguridad pública, junto con la
incidencia de amenazas por parte de actores armados de variada índole,
como bandas juveniles y maras, mini-ejércitos de jóvenes en favelas y
barrios populares y sobre todo de bandas semi-militarizadas operando
en el contexto de la narco-economía implica un desborde de la violencia
contra el cual operaciones militares, van adquiriendo una “normalidad”
viciosa. Este proceso genera, como consecuencia, una presión continua
para restaurar el orden público con mano dura, de preferencia altamente
armada.
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