Chile. Desaparición forzada: 1973-2015

La verdad nos hace libres. Sobre las relaciones entre filosofía, derechos humanos, religión y universidad Miguel Giusti, Gustavo Gutiérrez y Elizabeth Salmón (editores) © Miguel Giusti, Gustavo Gutiérrez y Elizabeth Salmón, 2015 © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 [email protected] www.fondoeditorial.pucp.edu.pe Diseño de cubierta: Gisella Scheuch, sobre la base de la escultura Logos, de Margarita Checa, fotografiada por Alicia Benavides Diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP Primera edición: junio de 2015 Tiraje: 500 ejemplares Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-08108 ISBN: 978-612-317-114-8 Registro del Proyecto Editorial: 31501361500583 Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú CHILE. DESAPARICIÓN FORZADA: 1973-2015 Elizabeth Lira, Universidad Alberto Hurtado Este homenaje a Salomón Lerner Febres —un hombre comprometido con la verdad, la justicia y la paz, esa paz que abre paso a la solidaridad y a la esperanza en lugar del miedo y la violencia— nos ha convocado para pensar sobre temas que nos conciernen. Compartimos con Salomón nuestra preocupación por las consecuencias de largo plazo de las violaciones de derechos humanos cometidas en Perú, en Chile y en muchos otros países de América Latina, y por los procesos de reparación y de memoria necesarios para prevenir que esas violaciones se repitan en el futuro. Creo que la desaparición forzada ha llegado a ser uno de los legados más trágicos de las violaciones de derechos humanos cometidas en nuestros países. En nombre de la seguridad del Estado y el orden público, muchas personas fueron asesinadas. Se dispuso ocultar sus restos y toda evidencia acerca de su paradero; de esta manera, de la gran mayoría de las víctimas no se ha vuelto a saber hasta el presente, a pesar de que sus familiares los han buscado incansablemente desde el día en que desaparecieron. Este artículo se refiere a lo ocurrido en Chile; pero, aunque las circunstancias y los contextos políticos e históricos específicos varían de un país, o región, a otro, la desaparición forzada da cuenta de las mismas desolaciones y tristezas, de ausencias y desamparos, de angustias de personas y familias, y de responsabilidades políticas y éticas semejantes cualquiera que sea la comunidad en que esta situación ha ocurrido y persiste sin resolverse. Desde la particularidad local, surge precisamente la terrible semejanza con las situaciones vividas por personas y familias en distintas latitudes, pueblos y ciudades. Este angustioso legado nos convoca y concierne, pues sigue siendo un dolor y una tarea pendiente para la paz de hoy y de mañana en Perú y en Chile, en Guatemala, Argentina, Colombia, México, así como en casi todos los países de nuestra América. LA VERDAD NOS HACE LIBRES Introducción La desaparición de personas fue una modalidad de exterminio de opositores políticos en distintos tiempos. Las primeras denuncias documentadas se registraron en Chile durante la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931). La Comisión Investigadora de los Actos de la Dictadura (agosto-diciembre, 1931), designada para examinar las denuncias del período, investigó la desaparición de Casimiro Barrios, dirigente obrero anarquista de larga trayectoria. La Comisión concluyó que desapareció después de ser detenido (Lira & Loveman, 2006, pp. 286-287, 289-299). Hubo otras denuncias sobre la desaparición de opositores, pero la mayoría de ellas quedaron sin examinar debido a la renuncia de la Comisión ante el presidente de la República, argumentando que prevalecería la impunidad, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados. Posteriormente, el Congreso fijó medidas de reparación por la muerte violenta de algunas personas y por los casos de desaparecidos (Lira & Loveman, 2005, p. 25). Durante el convulsionado período de 1932-1933, la desaparición de un profesor primario comunista, Manuel Anabalón, en Valparaíso, fue denunciada por un sector de la prensa, que lo dio por «fondeado» en el mar en agosto de 1932. Hubo una disputa pública sobre su identificación, dado que, según algunos de los informes forenses, el análisis de los restos que fueron extraídos del mar no era concluyente. Otros confirmaron su identidad. Sin embargo, aunque fue enterrado con honores públicos, quedó la duda sobre las condiciones en las que encontró la muerte y si los restos encontrados correspondían efectivamente a Manuel Anabalón (Lira & Loveman, 2014, pp. 122-129). Después del golpe militar de 1973, miles de personas fueron detenidas en todo el país. La mayoría de ellos fue ubicada inicialmente en lugares que no eran cárceles y sus familias no tuvieron información sobre su paradero durante semanas y meses. Pero hubo algunos detenidos que no figuraron en los listados de los recintos de detención y que no aparecieron en ninguna parte1. Posteriormente, la desaparición de prisioneros fue una política aplicada selectivamente contra militantes políticos. Al final de la dictadura, más de 800 casos habían sido denunciados como «detenidos desaparecidos» y sus familiares continuaban buscándolos sin resultado. Después de 1990 superarían los 1200. Las políticas de justicia, reparación y memoria, en diferentes países, han expresado la voluntad de una comunidad nacional de reconocer a las víctimas y sus derechos. Han condenado y sancionado las violaciones de derechos humanos como recurso del poder, y han reparado a las víctimas y a sus familiares realizando 1 Los prisioneros que iban a ser fusilados no se registraban en la recepción de los recintos de detención. Fue el caso del Estadio Nacional (véase rol número 2.182-98, Episodio «Estadio Nacional», p. 102). 550 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira gestos simbólicos y materiales para expresar ese propósito. Pero la reparación es un proceso que siempre es personal, aunque es simultáneamente social y político y debe responder al daño y a la pérdida sufrida. Como proceso, requiere que las personas puedan finalmente «sentirse reparadas». Pero, cabe preguntarse, ¿cómo se podría reparar una situación que no termina de cerrar? ¿Cómo se podría vivir un duelo por «muerte» si no existe constancia de la muerte de esa persona, sino solo de su ausencia desde el momento en que desapareció? ¿Cuándo y cómo se hace posible el duelo por su muerte? ¿Cuándo se logra la identificación de los restos y se puede realizar un ritual funerario? ¿Bastaría para la familia que la autoridad confirmara su condición de detenido-desaparecido aunque no aparezcan sus restos? ¿Cómo podría repararse la ausencia prolongada y la pérdida traumática de un ser amado producida por una política de exterminio ejecutada por agentes del Estado? ¿La reconstrucción de lo sucedido —la verdad judicial— y la condena de los responsables pueden contribuir a la reparación moral y psicológica de los sobrevivientes y sus familias? ¿Pueden los memoriales y sitios de memoria contribuir a restaurar la memoria de las vidas y de la dignidad de los muertos y desaparecidos para sus familias, para su comunidad? ¿Cuál es el valor simbólico, moral y psicológico del reconocimiento oficial del crimen y del otorgamiento, en nombre del Estado, de una indemnización a las familias? ¿Qué efectos tienen sobre las personas y las familias las peticiones de perdón y de disculpas por lo ocurrido expresadas en nombre del Estado por otras autoridades del país, no por aquellos que fueron los responsables de los crímenes? La mayoría de estas preguntas sigue abierta para gran parte de los familiares de víctimas de desaparición forzada y también para las comunidades con desaparecidos. En nuestra experiencia, a pesar de las políticas y medidas de reparación implementadas, persiste una dimensión irreparable en las personas y las familias. Se hace visible cuando, a pesar del reconocimiento individualizado y de la reparación de cada víctima en nombre del Estado, a pesar de la sanción judicial a los victimarios o de la conmemoración de la memoria de los desaparecidos en actos y sitios de memoria, las personas sienten que nada podrá compensarlas por la pérdida de esa persona amada, del proyecto de vida truncado, del sufrimiento padecido, de la vida vivida en la angustia, en la incertidumbre, en la ausencia. La vida no puede volver atrás. La capacidad de recuperación de las personas no solo depende de sus recursos psicológicos y morales para resistir el sufrimiento, la devastación, y lograr rehacer sus vidas. Requieren del apoyo de sus familias y de la solidaridad de otros para restaurar su capacidad de amar y confiar. Las experiencias traumáticas requieren de tratamientos especializados. Pero estas experiencias no son de origen privado, no provienen de conflictos personales ni familiares, aunque se padecen privadamente y casi siempre en soledad. 551 LA VERDAD NOS HACE LIBRES Son el resultado de políticas y actuaciones del Estado. Es preciso subrayar que fueron agentes del Estado los que produjeron la agresión que convirtió a miles de personas en víctimas en nombre del bien común. Las políticas implementadas por los gobiernos en favor de las víctimas han tenido el propósito de esclarecer lo sucedido, ofrecer reparación y hacer justicia. En Chile, el esclarecimiento de lo ocurrido ha tomado décadas. Las comisiones de la verdad (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990-1991; Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, 2003-2005; 2010-2011) identificaron a las víctimas de acuerdo con los antecedentes que les fueron proporcionados (véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996; Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996). Sin embargo, la verdad particularizada ha sido el resultado de los procesos judiciales. A pesar de todo lo realizado, las acciones del Estado no han sido eficaces para dar cuenta del paradero y destino final de la mayoría de los detenidos desaparecidos hasta el presente, 20152. Este trabajo se refiere a la desaparición forzada en Chile entre 1973 y 2014. Tiene el propósito de describir las actuaciones del Estado al producir la desaparición forzada como método de exterminio y también las acciones del Estado para reconocer a las víctimas y ofrecer reparaciones. Esta descripción es crucial para entender el itinerario moral y el impacto psicológico de la desaparición forzada sobre las familias y las personas a lo largo del tiempo. La identificación de los efectos de las políticas represivas, así como de los efectos de las políticas de reconocimiento y reparación sobre las personas y las familias, permite visualizar la evolución de esta interrelación, sus limitaciones y el estado actual del problema. 1. Desaparición y ausencia La desaparición irrumpe en la vida de una familia a partir de la ausencia inesperada de uno de sus miembros. La incertidumbre por su destino vital se hace angustiosa y desesperada, se inicia la búsqueda. Los testimonios de testigos han permitido establecer, en algunos casos, las evidencias de un secuestro, pero en muchos otros no hubo ningún indicio de lo sucedido y la persona pareció esfumarse sin huellas. Sus familiares intentaron dar con su paradero en los lugares que frecuentaba, para luego averiguar en hospitales, cementerios o en la morgue, temiendo que le hubiera sucedido una desgracia, preguntando entre amigos, conocidos y vecinos, sin resultados. 2 El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior es parte querellante en 903 causas por detenidos desaparecidos y ejecutados calificados, correspondiendo ello a 1759 víctimas (hasta diciembre de 2014). Véase, Programa de Derechos Humanos (2014). 552 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira Algunas personas fueron detenidas ante su familia y otras fueron llevadas de su hogar por sus captores, sin embargo, no volvieron a aparecer y su detención fue negada oficialmente3. Durante 1973 y 1974, aparecieron algunos cuerpos en las calles y permanecieron sin identificar en el entonces Instituto Médico Legal, por meses e incluso años. Algunos de ellos fueron identificados y las familias se enfrentaron a la muerte de su familiar sin explicaciones y sin conocer quiénes eran los responsables. La mayoría de los cuerpos tenía huellas de maltrato y tortura y casi todos habían sido baleados. Uno de los casos más publicitados fuera de Chile fue la ejecución y desaparición de Charles Horman entre el 17 y 18 de setiembre en 1973 en el Estadio Nacional. Su cuerpo apareció baleado en la morgue y, después de múltiples tramitaciones por parte de su padre y su esposa, sus restos fueron repatriados en 19744. Este tipo de situaciones dieron lugar a miles de recursos de amparo, aunque la mayoría de ellos fueron rechazados por el Poder Judicial, aceptando la respuesta oficial del Ejecutivo, que señalaba que esas personas no se encontraban detenidas. Año tras año, se reproducían las mismas respuestas ante la detención de personas por las que se recurría de amparo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1983, analizó un fallo de la Corte Suprema sobre un recurso de habeas corpus rechazado. El rechazo se basó en la reafirmación de la Corte, la cual señalaba que no podía cuestionar los fundamentos de la decisión «del presidente de la Nación, sino solamente constatar el cumplimiento de los requisitos puramente formales vinculados con la restricción a la vigencia de los derechos afectados». La Comisión hizo presente que «en las circunstancias por las que atraviesa Chile, constituye un antecedente peligroso la renuncia de los tribunales de justicia a controlar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y que se refleja en el fallo aludido» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1984, capítulo 4, párrafo 17). Los familiares de personas desaparecidas se organizaron en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en 1975 (véase García, 2002, p. 15). Se vincularon al Comité de Cooperación para la Paz en Chile formado por las iglesias católica, ortodoxa, evangélica y la comunidad israelita. El Comité fue creado «para realizar una acción ecuménica dando ayuda a las personas afectadas por el régimen militar, brindándoles asistencia legal y judicial para la defensa de sus derechos fundamentales» (Arzobispado de Santiago, 1973-1976, p. 7). Los abogados del Comité habían 3 Este sería el caso de Agustín Reyes González en 1974. Véase la historia completa en el sitio Memoria Viva: http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-R/agustin_eduardo_reyes_gonzalez.htm 4 Nadie se hizo responsable de su ejecución. A inicios de 2015, dos agentes del Estado fueron considerados culpables por su participación en el crimen y recibieron condenas de cárcel. El fallo fue apelado. Su caso dio origen a la película Missing de Costa Gavras (1982). Véase Ebert (1982). 553 LA VERDAD NOS HACE LIBRES presentado el 29 de marzo de 1974 un recurso de amparo masivo ante la Corte de Apelaciones de Santiago por 131 personas que se encontraban desaparecidas hasta esa fecha. No obtuvieron respuesta. En junio de 1975, la prensa nacional reprodujo informaciones sobre supuestos guerrilleros y extremistas que estarían actuando en los países vecinos. La prensa se refirió también a «extremistas» chilenos que estarían siendo adiestrados en Tucumán, Argentina5. Un mes después, el 12 de julio de 1975, se informaba que se había encontrado acribillados, en Pilar, Argentina, los cadáveres de Jaime Robotham (detenido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Santiago, el 31 de diciembre de 1974) y de Luis Alberto Guendelman (detenido en Santiago, el 2 de setiembre de 1974). Guendelman había sido visto por algunas personas cuando fue llevado, en muy mal estado, a su propia casa al día siguiente de su detención. El diario Las Últimas Noticias informaría, el 16 de julio de 1975, sobre los «ajusticiados» Robotham y Guendelman, aparecidos en Buenos Aires, en un artículo titulado «Sangrienta vendetta interna hay en el MIR». Los cuerpos encontrados en Pilar estaban quemados y tenían cédulas de identidad evidentemente adulteradas. No eran los cuerpos de Luis Alberto Guendelman y Jaime Robotham (véase Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos, 2005, pp. 48-69)6. Estas y otras noticias formarían parte de la operación comunicacional que parecía pretender dar por muertos a los detenidos desaparecidos que figuraban en las listas presentadas al Poder Judicial en Chile para averiguar sobre su paradero. Pocos días después, se publicitó que 119 presuntos desaparecidos habrían muerto en enfrentamientos fuera del país. Las publicaciones Lea (Argentina) y O’ Día (Brasil) fueron reproducidas durante varios días por los medios nacionales, especialmente por el diario La Segunda. Este último publicó como titular en primera página, el día 24 de julio, «Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina», refiriéndose a algunos detenidos desaparecidos que figuraban en las peticiones de ministro en visita para investigar su desaparición. En todas las noticias se insistía que ellos habían encontrado la muerte en enfrentamientos entre facciones de esos grupos. Décadas después se estableció judicialmente que estas publicaciones respondieron a un diseño de inteligencia de la dictadura denominado Operación Colombo7. 5 Véase, en el sitio web Memoria Viva, el caso de «los 119». http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos /119.htm 6 Véase también «Luis Alberto Guendelman Wisniak», http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos /D-G/gue-wis.htm, y «Jaime Robotham Bravo», http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-R /jaime_eugenio_robotham_bravo.htm, en el sitio web Memoria Viva. 7 Véase, en el sitio web del Proyecto Internacional de Derechos Humanos, Memoria Viva, «El caso de los 119», http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/119.htm. Asimismo, véase el documental El diario de Agustín (Agüero & Villagrán, 2008); Sepúlveda Ruiz (2005) y González (2008). 554 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira El 1° de agosto de 1975, el Comité de Cooperación para la Paz insistió ante la Corte Suprema sobre la petición de un ministro en visita para investigar los casos de los 119 que aparecieron en las listas de esas publicaciones en el extranjero. El 5 de setiembre, el Comité hizo entrega a la Corte Suprema de una nueva lista de 188 personas detenidas desaparecidas solicitando que se investigaran los casos. La presentación fue firmada por 275 religiosos y los familiares directos de los detenidos. Poco después, el Comité de Cooperación para la Paz fue disuelto8. En enero de 1976 se inauguró la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, reemplazando al Comité en la defensa legal de los perseguidos9. En agosto de 1976, la Vicaría de la Solidaridad hizo una presentación a la Corte Suprema solicitando la designación de un ministro en visita para investigar la situación de 383 personas desaparecidas. En muchas familias fue la esposa, la madre, la hija, la hermana —casi siempre mujeres— quienes se hicieron cargo de la búsqueda, convirtiendo esa tarea en el eje afectivo y moral de sus vidas cotidianas10. La falta de respuestas de las autoridades y del Poder Judicial sobre el paradero de los detenidos desaparecidos intensificó las acciones para convocar a la opinión pública sobre su causa. Una de esas acciones fueron las huelgas de hambre (García, 2002, p. 16). Los familiares realizaron también distintas acciones públicas para llamar la atención de la opinión pública y obtener respuestas del gobierno en los meses siguientes (véase Arzobispado de Santiago, 1978). Poco después, el ministro del Interior, Sergio Fernández, se dirigió al país para fijar ante la ciudadanía la posición definitiva del gobierno frente a las personas presuntamente desaparecidas durante el lapso en que rigió en Chile el estado de sitio, con posterioridad al pronunciamiento militar del 11 de setiembre de 1973 […] Frente a la nómina de presuntos desaparecidos […] declaro categóricamente que el gobierno carece de todo antecedente sobre las circunstancias de su presunto desaparecimiento, por lo cual rechaza en forma tajante la sugerencia de que ellos podrían estar detenidos ocultamente por las autoridades. […] la nómina de presuntos desaparecidos corresponde precisamente a activistas de esas filiaciones, es muy factible no solo que esas personas hayan pasado al clandestinaje, sino también que hayan podido caer en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y ser sepultadas bajo identidades falsas que portaban, lo cual impidió su oportuna individualización real […] (1978). 8 Las autoridades presionaron a las iglesias e impidieron el ingreso al país del obispo alemán de la iglesia evangélica luterana Helmut Frenz, uno de los fundadores del Comité. 9 Varios abogados del Comité fueron detenidos a fines de 1975. Algunos de ellos fueron detenidos y expulsados posteriormente del país. Es el caso de José Zalaquett, en abril de 1976, y de Jaime Castillo y Eugenio Velasco, en agosto del mismo año (véase Arzobispado de Santiago, 1973-1976, p. 21). 10 En Chile, el 6% de los casos de desaparición forzada son de mujeres (véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996, volumen 1, tomo 2, pp. 945-947, 565-592; Lira, 2011). 555 LA VERDAD NOS HACE LIBRES 1.1. Paradero y destino final Las primeras víctimas de desaparición forzada «aparecieron» en 1978, habían desaparecido la noche del 7 de octubre de 1973. Miembros de las familias Astudillo, Hernández y Maureira habían sido detenidos ante sus familiares por los carabineros de la localidad (véase Lagarrigue & Villela, 1987). Al día siguiente, las familias fueron informadas que los detenidos habían sido enviados al estadio nacional de Santiago. No estaban allí; tampoco en hospitales ni cementerios. La iglesia católica recibió información sobre la existencia de restos humanos en unos hornos de cal en Lonquén, un sector rural de la comuna de Talagante. La investigación forense confirmó que se trataba de los restos de los desaparecidos de Isla de Maipo11. Los carabineros de la localidad fueron identificados como los autores del crimen. La Corte Marcial cerró el caso con la aplicación del decreto ley de amnistía 2191 de 1978 (véase Pacheco, 1980). Los hallazgos de los restos en Lonquén tuvieron un impacto devastador para las familias involucradas y para todos los familiares de detenidos desaparecidos que aún esperaban encontrar con vida a sus familiares. Además de haberlos hecho desaparecer, en 1979, por decisión de las autoridades, los cuerpos fueron lanzados a la fosa común del cementerio de Isla de Maipo, en lugar de ser entregados a sus familiares para darles sepultura. Solo en 2006 fueron exhumados para su identificación; luego, en 2010, pudieron ser sepultados por sus familiares12. Las familias pudieron cerrar un ciclo de casi 37 años de violencia del Estado, que se había iniciado con las muertes de sus familiares, con el ocultamiento de sus cuerpos, con la negación sistemática de toda información acerca de su paradero, con la amnistía e impunidad consiguiente de los autores materiales del crimen y con el anonimato e impunidad de todos los responsables, incluidos los que decidieron impedir su funeral arrojándolos a la fosa común. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) se reunió por primera vez en julio de 1979. Uno de los temas principales fue el hallazgo de Lonquén y sus consecuencias. La agrupación afirmó en el texto de la reunión: «El macabro hallazgo de Lonquén nos ha revelado una parte de esa verdad ¡la muerte! […] la otra parte de esa verdad es la vida. Como lo hemos afirmado reiteradamente, sabemos con certeza que hay desaparecidos con vida. Tal convicción nos obliga a rescatarlos con vida de los centros de reclusión. Esta es una lucha contra el tiempo 11 Esta localidad se encuentra en la comuna de Talagante, en la Región Metropolitana, a 40 kilómetros hacia el suroeste de la ciudad de Santiago, la capital del país. 12 Solo en 2010 serían identificados por el Servicio Médico Legal y enterrados con un ritual funerario (véase Matus). «Identifican restos de 13 detenidos desaparecidos del caso “Hornos de Lonquén”. El ministro Héctor Solís ordenó la continuidad de los peritajes con el objetivo de determinar la identidad de otros dos cuerpos encontrados en el mismo lugar» (Emol, 2010). 556 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira y contra el convencimiento de muchos de que todos están muertos» (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 1979, pp. 1-2). Bajo esta convicción, la Agrupación definió la búsqueda de los suyos y sus demandas a los poderes del Estado. 1.2. Confirmación de la muerte de los desaparecidos En 1979, Félix Ermacora, quien había formado parte del Grupo de Trabajo ad hoc sobre la situación de los derechos humanos que visitó Chile en 1978, entregó su informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos en Chile. La Asamblea General de Naciones Unidas le había encargado investigar los cientos de casos de detenidos desaparecidos en Chile denunciados desde 1973 (véase Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1979b, resolución 11 (XXXV), párrafo 6, apartado b. En el informe se afirmaba que: El gobierno de Chile tiene el deber de explicar y aclarar a la comunidad internacional la suerte de estas personas desaparecidas, de castigar a los responsables de las desapariciones, de indemnizar a los familiares de las víctimas y de tomar medidas para evitar que en el futuro se repitan tales actos. […] la desaparición de esas personas constituye un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos y un grave problema humanitario para los parientes que desean saber, como es su derecho, qué les ha sucedido a sus familiares (1979a, pp. 96-97, párrafos 177-178). El informe concluyó que la DINA había ordenado asesinar a ciertos presos y que, después de examinar exhaustivamente las evidencias documentales disponibles, no había indicios de que los detenidos desaparecidos estuviesen vivos, incluidas las mujeres embarazadas y sus bebés (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1979a; véanse también los informes E/CN.4/1363 de 2 de febrero de 1980 y E/CN.4/1381 de 9 de abril de 1980). El informe no tuvo difusión pública en Chile; sin embargo, tuvo un fuerte impacto sobre los familiares a través de la difusión de los organismos de derechos humanos13. Una vez más, los familiares se veían forzados a decidir si creer que su familiar estaba muerto o, por el contrario, creer que tenía sentido seguir buscándolo porque podría aparecer vivo. Los familiares rechazaron el informe. Entre 1978 y 1979 habían aparecido cinco sobrevivientes de ejecución política que habían permanecido ocultos, descubriéndose fortuitamente que estaban vivos (Lira, 1984). Esta situación reforzó el deseo y la esperanza de la mayoría que esperaba que los suyos estuvieran vivos. 13 El informe de Félix Ermacora dio lugar a que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyera, el 29 de febrero de 1980, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 557 LA VERDAD NOS HACE LIBRES 1.3. El impacto sobre las familias Las respuestas de las autoridades, negando toda responsabilidad y conocimiento sobre la suerte de los desaparecidos, generó mucha angustia en los familiares. Las respuestas de los tribunales, las intervenciones del gobierno y las búsquedas infructuosas forzaban a las personas a vivir en un estado de alerta y ansiedad permanente. No les parecía posible que su familiar desapareciera voluntariamente sin haberse despedido, sin haber informado de alguna manera sobre sus planes. En muchos casos, las familias temían que su familiar hubiese sido detenido y torturado y que pudiera estar muerto, que hubiera perdido la razón y no supiera su nombre y anduviera vagando por pueblos y ciudades. Las acciones ante los tribunales generaban muchas expectativas. La falta de respuesta y la negación de los recursos de amparo tenían efectos devastadores. La mayoría de las desapariciones ocurrieron cuando el país estaba bajo estado de sitio, lo que llevaba a desconfiar de las declaraciones oficiales que afirmaban desconocer los hechos y que, al mismo tiempo, no ofrecían ninguna colaboración para dar con el paradero de las personas. La actuación de los agentes del Estado entre 1973 y 1990 puede ser caracterizada como una agresión deliberada que quitó la vida a miles de personas y que afectó psicológica y moralmente a las familias de las personas desaparecidas y a su círculo cercano, pero también a la comunidad nacional. Esta agresión se concretó a través del asesinato, de la eliminación de sus huellas y la desaparición de sus restos, desmintiendo la detención y negando toda responsabilidad en ella, convirtiendo la situación en un asunto derivado de las decisiones del propio desaparecido a espaldas de su familia y de sus vínculos personales y políticos, erosionando su integridad moral e introduciendo dudas acerca de sus motivaciones y actuaciones políticas, sus afectos y lealtades. 2. Transición a la democracia: ¿cómo alcanzar la verdad? ¿Cómo ofrecer reparación? ¿Cómo hacer justicia? Terminada la dictadura, el 11 de marzo de 1990, asumió Patricio Aylwin la presidencia de la República, quien fuera elegido en 1989, después del plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que se rechazó mayoritariamente la continuidad del general Augusto Pinochet como presidente de la República. Una de las primeras medidas del gobierno de Aylwin fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los casos con resultado de muerte, incluyendo a los ejecutados políticos, los detenidos desaparecidos y las víctimas de violencia política. La Comisión entregó su informe y el presidente Aylwin lo dio a conocer al país; pidió perdón a los familiares en nombre del Estado, haciéndose responsable de las medidas necesarias para reparar a las víctimas. 558 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira El informe de la Comisión describió los efectos de la desaparición y la ejecución de las personas, basado en los testimonios de los familiares que declararon ante ella y en la documentación de los organismos de derechos humanos. Constató que la desaparición forzada tuvo como efecto principal una «perturbación existencial definitiva» sobre los familiares de los desaparecidos y personas cercanas a ellos a causa de la pérdida inesperada e indefinida de una persona amada (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996, pp. 1140-1160). También constató la imposibilidad de hacer el duelo por su ausencia, vivenciando cotidianamente la angustia ante su pérdida definitiva e irreparable, temiendo su muerte, lo que la Comisión definió como un «impacto traumático»: […] la posibilidad de la muerte como desenlace se convierte en realidad. Pero subsisten las preguntas ¿Lo tengo que considerar muerto? ¿Cuándo lo mataron? En la medida en que no hay respuesta o evidencias que permitan resolver estas interrogantes, se pone al familiar ante la dramática situación de tener que ser él quien defina un desenlace. Para la mayoría de los familiares esto se hace inaceptable. Con ello se agudiza la sensación de impotencia e incertidumbre. […] La forma en que murieron pasa a convertirse en una pesadilla más dura que la misma muerte (pp. 1143-1144). La desaparición instala la búsqueda, refuerza los vínculos y la memoria del desaparecido. Se le quiere y se le busca vivo. Las familias se reorganizan para afrontar la situación: Para muchos se ha esfumado la esperanza de encontrarlos con vida, para todos sigue vigente la pregunta de saber dónde están y qué hicieron con ellos. […] La búsqueda es permanente, solo que con el tiempo cambia de forma. Primero fue el peregrinaje por cárceles, centros de detención, postas, el Instituto Médico Legal. Luego seguir las pistas, las informaciones, los rumores que llevan a lugares y organismos secretos. Hoy es la búsqueda de los restos, de lugares donde cavar, fosas que descubrir. La búsqueda del ausente ha llevado a los familiares a agruparse, a realizar acciones conjuntas, a asumir comunitariamente este desafío que los compromete vitalmente (pp. 1144-1145). Según el informe de la Comisión, también llamado Informe Rettig, la desaparición tuvo efectos graves sobre la salud mental de los familiares. El trauma individual había repercutido en la salud física y mental de los miembros de las familias afectadas. Señaló que, en sus declaraciones, los familiares habían hecho referencia al miedo, a la impotencia, a la necesidad de callar para sobrevivir, es decir, a conductas adaptativas ante la amenaza de muerte percibida desde la desaparición de su familiar, que se extendía a ellos mismos en su vida cotidiana: «Sus vidas aparecen ordenadas 559 LA VERDAD NOS HACE LIBRES en torno a un hito: la muerte o desaparición del ser querido» (p. 1147). La Comisión señaló que las autoridades del país, en sus declaraciones oficiales, se refirieron a las personas muertas o desaparecidas como delincuentes, terroristas, antisociales, sujetos peligrosos para la sociedad. La prensa incorpora ese lenguaje, presume la culpabilidad de estas personas y parte de la sociedad va incorporando estos conceptos, despojando a las víctimas de su calidad de tales. Las familias reportan cómo la existencia de esta denigración oficial y la imposibilidad de defender públicamente a sus seres queridos constituye un daño difícil de reparar, ya que ha repercutido fuertemente en los hijos y en la imposibilidad de vivir comunitariamente el duelo por muerte o ausencia. […] En el proceso de búsqueda, durante las visitas a lugares de detención, la entrega de cadáveres y la búsqueda de rastros de los que han desaparecido, las familias cuentan cómo fueron humilladas, se les mintió, se las insultó, se las amenazó (p. 1154). La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación comunicó su convicción de que todas las víctimas de desaparición estaban muertas y que perecieron en manos de agentes del Estado o de personas a su servicio y que estos dispusieron de sus restos de modo que no fueran encontrados (p. 26). 2.1. Otras iniciativas del Estado La persistencia de la situación de los detenidos desaparecidos preocupaba a varios sectores políticos, precisamente porque la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación de Reparación y Reconciliación (1992-1996) identificaron a las víctimas, pero no pudieron resolver las preguntas sobre el destino final y el paradero de la mayoría de ellas. La Corporación implementó las medidas de reparación dispuestas en la ley 19.123 y desarrolló un programa de investigación sobre el destino final de las víctimas, de acuerdo con el mandato de dicha ley (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996)14. En 1998, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado inició una investigación exhaustiva sobre los casos de detenidos desaparecidos (véase Senado, 2000). La comisión resumió sus conclusiones en un Informe final en 2000, constatando que la mayoría de los casos denunciados se encontraba aún en la condición de desaparecidos. En agosto de 1999, el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, convocó a una Mesa de Diálogo de Derechos Humanos con el fin de abordar los problemas pendientes en la sociedad 14 Al cierre de la corporación, el gobierno estableció el «Programa de Continuación ley 19.123» (1997-2001), dependiente del Ministerio del Interior, que colaboró en los numerosos procesos judiciales abiertos por estos casos, pero en la mayoría de ellos no hubo resultados. 560 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira chilena sobre las violaciones de derechos humanos. En la primera sesión, el ministro fijó el marco general y los objetivos de esta instancia señalando: «Una tarea pendiente es saber la suerte y paradero de los detenidos desaparecidos y recuperar sus cuerpos para que sus familiares le den sepultura. Nos asiste la convicción de que con un trabajo de reconstitución de la información podríamos acceder a esta verdad» (Pérez Yoma, 1999). La Mesa de Diálogo de Derechos Humanos estuvo formada por abogados de derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, de algunas iglesias, de la comunidad judía y de la masonería y algunos académicos. Entre los acuerdos finales, las Fuerzas Armadas y de Orden se comprometieron a buscar información acerca de los detenidos desaparecidos en sus instituciones. La instancia se disolvió el 13 de junio de 2000. En enero de 2001, las Fuerzas Armadas y de Orden entregaron al presidente de la República un informe sobre 200 casos de desaparecidos, proporcionando una lista de 180 nombres de quienes habían sido lanzados al mar y dando alguna información acerca de cementerios clandestinos, en los que fueron enterradas inicialmente aproximadamente 20 personas, las que no se identificaron. Solo se publicaron extractos del informe y se dijo que se trataba de actos repudiables. A pesar de diversos errores en 50 de los casos incluidos, el informe reconoció la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Orden en la desaparición de personas. Este reconocimiento fue nuevamente devastador para las familias. La confirmación de que los cuerpos de los desaparecidos habían sido arrojados al mar hizo saber a muchos que nunca podrían enterrar los cuerpos de sus familiares. A raíz de ese informe, el gobierno del presidente Ricardo Lagos solicitó a la Corte Suprema la designación de jueces, con dedicación exclusiva o preferente, para investigar los casos allí mencionados y para investigar los datos sobre fosas clandestinas. Desde el golpe militar de 1973, la desaparición forzada fue el resultado de una política de eliminación de miembros de los partidos de la Unidad Popular y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Casi todos ellos murieron a causa de haber sido torturados sin límites15. La información disponible hasta 1995 establecía que se encontraban desaparecidas 1192 personas16. En 2008 se denunció la existencia 15 La Unidad Popular fue la coalición política que llevó al poder a Salvador Allende Gossens en 1970. Estaba formada por partidos y movimientos de centro izquierda. Estos eran el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), la Acción Popular Independiente (API) y el Partido Social Demócrata (PSD). En 1971 se incorporaron la Izquierda Cristiana y el Partido Izquierda Radical. Su objetivo era construir la vía chilena al socialismo desde la opción electoral. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) no formaba parte de la Unidad Popular y proponía acceder al poder mediante la vía armada. 16 La cifra corresponde a un estudio realizado sobre la base del listado de la comisión Rettig, la información de la Vicaría de la Solidaridad y el listado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (véase Padilla Ballesteros, 1995). 561 LA VERDAD NOS HACE LIBRES de 7 casos incluidos erróneamente en las listas oficiales (Centro de Derechos Humanos, 2009, pp. 27-28)17. En 2011 fueron reconocidos 30 nuevos casos de desaparición forzada por una instancia oficial del Estado, creada por la ley 20405 (Comisión Valech, 2011). El Servicio Médico Legal identificó a 132 personas hasta 201418. 2.2. Procesos judiciales Después de los hallazgos de detenidos desaparecidos en 1978, se habían denunciado tumbas y cementerios clandestinos en distintos lugares; sin embargo, en algunos de ellos ya no se encontraban los restos. Entre los casos mencionados en el informe de las Fuerzas Armadas de enero de 2001, se indicó que en la Cuesta Barriga se encontrarían los restos de algunos dirigentes comunistas. El ministro Héctor Carreño fue designado a cargo de la investigación y pudo comprobar que la mayor parte de los restos habían sido removidos y destruidos. Los fragmentos encontrados fueron sometidos a un complejo proceso científico para lograr su identificación. Recién en 2012 fueron entregados a sus familiares los restos de los dirigentes comunistas Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo, y del militante del MIR, Ángel Guerrero Carrillo encontrados en el lugar. Habían pasado 36 años desde su desaparición (Servicio Médico Legal, 2012). La constatación de la «desaparición» de los restos en los casos investigados dio lugar a otras investigaciones judiciales que establecieron que Augusto Pinochet ordenó, en su calidad de comandante en jefe en 1978, la llamada «operación retiro de televisores». Este fue el nombre que se le dio a la operación de exhumación, destrucción e incineración, o eliminación en el mar o en volcanes, de los restos mortales de presos políticos que habían sido sepultados en fosas clandestinas, muchos de los cuales figuraban como desaparecidos (La Nación, 2014). Pinochet ordenó este procedimiento con el fin de evitar nuevos hallazgos de «detenidos desaparecidos» como ocurriera en Lonquén (véase Escalante y otros, 2013, pp. 357-373). El procesamiento por el delito de exhumación ilegal en la causa en relación con los cuerpos de los detenidos en el palacio presidencial de La Moneda (operación «retiro de televisores») se dictó en 2003. En 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que el delito se inició con la detención de un grupo de personas en el Palacio de La Moneda el 11 de setiembre de 1973, quienes fueron enterrados en un pozo seco al cual fueron 17 Los casos erróneos fueron borrados de las listas, suprimiendo los beneficios asociados al reconocimiento. 18 El Servicio Médico Legal ha verificado la identificación de 16 ejecutados políticos. Véase, en el sitio web del Ministerio de Justicia, gobierno de Chile, «Identificación y Derechos Humanos. Listado de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos identificadas por el servicio médico legal». http://www.sml.cl/sml/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=68 562 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira cayendo a medida que eran ejecutados. El tribunal señaló que la exhumación ilegal formaba parte de un delito de lesa humanidad, «considerando que la remoción, efectuada más de cinco años después de dicho secuestro y presunta ejecución, constituyó la última fase destinada a lograr el ocultamiento de los hechos». La remoción se efectuó en diciembre de 1978. El tribunal consideró que el plan implementado por la autoridad «que detentaba el poder, estaba dirigido esencialmente a causar temor mediante el secuestro o desaparición de personas, conductas que realizaban agentes del Estado provistos de todo el poder que la situación de facto les proporcionaba». La Corte Suprema, el 14 de agosto de 2009, falló definitivamente sobre este caso19. Varios otros casos vinculados a esta «operación» se encuentran todavía abiertos. 2.3. Exhumaciones: errores en la identificación de los restos La búsqueda de las víctimas de desaparición forzada se orientó, progresivamente, a la recuperación de los restos para lograr identificarlos y sepultarlos. En 1991 se produjo la exhumación de restos óseos pertenecientes a 124 cuerpos, enterrados como NN, en el patio 29 del Cementerio General de Santiago (Bustamante & Ruderer, 2009). La complejidad técnica y científica de dichos procedimientos con osamentas deterioradas, no solo por el paso del tiempo, sino por la intención de destruir todas las evidencias del crimen, hizo de la exhumación un trabajo complejo. También lo fue la identificación forense. El proceso fue lento y, en muchos casos, casi imposible. A pesar de ello, se identificaron 90 personas, cuyos restos se entregaron a sus familiares. La mayoría de ellos fueron sepultados en el Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político en Santiago. El magistrado Sergio Muñoz, que llevaba el proceso por inhumación ilegal en el Cementerio General de Santiago, decidió la reexhumación de 69 casos del Patio 29 que habían sido entregados a sus familias. En una primera investigación, 48 de las identificaciones resultaron erróneas (véase Cuevas, 2006). La información oficial sobre los casos mal identificados fue entregada en abril de 2006 y fue devastadora para las familias directamente afectadas por los errores20. 19 Sobre el caso de La Moneda, véase, en el sitio web Memoria Viva, el artículo sobre Isidro Custodio Duran Muñoz, http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_d/duran_munoz_isidro_custodio.htm. Sobre el caso de Mulchén, véase Vega (2014). 20 A raíz de la publicidad de estos errores, se produjo una reorganización general del Servicio Médico Legal: la creación de una comisión internacional de expertos para buscar procedimientos para corregir y mejorar los procedimientos y proponer modalidades de identificación certeras (véase Torres, 2011). Con el fin de esclarecer lo ocurrido, se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que entregó un «Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía acerca de las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal las que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el “Patio 29” del Cementerio General de la ciudad de Santiago». http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-Cámara-Diputados-Patio-29.pdf 563 LA VERDAD NOS HACE LIBRES La mayor parte de los restos del patio 29, exhumados por segunda vez, así como de otros recintos, fue enviada a analizar a laboratorios forenses extranjeros. La Corte Suprema ratificó la responsabilidad del Estado en los errores cometidos y autorizó indemnizaciones a los familiares21. La investigación judicial ha permitido dilucidar los casos erróneos y asegurar la entrega de restos solo ante una identificación certera. Es importante señalar que esta situación expuso a todas las familias afectadas a un enorme sufrimiento. Para muchas de ellas, estos errores constituirían un nuevo episodio traumático en una secuencia que se iniciaba con la información oficial que reconocía que los cuerpos entregados y sepultados en el Memorial del Cementerio General de Santiago estaban mal identificados; continuaba con la «devolución» moral, mental, afectiva y práctica de los restos sepultados que volvían a ser «NN» y que volvían al Servicio Médico Legal para su identificación; y finalizaba con la reapertura de la búsqueda de su familiar que volvía a estar desaparecido, esta vez con mayor desolación (Brinkamann & Madariaga, 2006). Cada persona y cada familia vivió estas circunstancias con mucha angustia, como si la pesadilla de la desaparición se reactivara al desaparecer la identidad atribuida a los restos enterrados como pertenecientes a su familiar. ¿Puede cerrarse alguna vez esta búsqueda? ¿Puede dar lugar alguna vez a un duelo? 3. Consecuencias psicológicas y psicosociales de la desaparición forzada 3.1. Búsqueda y ausencia La desaparición forzada es una situación que se configura cuando una persona falta a sus lugares habituales, sin llevar consigo ni siquiera su ropa y sin dar aviso a nadie, en un contexto político en el que su desaparición puede ser atribuida a agentes del Estado o a agentes vinculados al conflicto político. La acción inmediata de los familiares es la búsqueda. Una búsqueda caracterizada por la ansiedad constante, la angustia y la desesperación ante el riesgo posible de la muerte. Los costos materiales y emocionales para las familias, especialmente para los niños y los más vulnerables en cada familia, son incalculables. Los proyectos vitales se interrumpen y alteran, los planes personales de vida, de educación y trabajo, la vida de pareja y de familia, 21 El Consejo de Defensa del Estado (CDE) alcanzó un acuerdo con las familias demandantes que sufrieron los errores en la identificación de cuerpos del Patio 29. Se acordó pagar una indemnización de 1481 millones de pesos chilenos a los familiares afectados por el yerro del Servicio Médico Legal al determinar las identidades de 48 víctimas enterradas como N. N. en el Cementerio General: 19 millones a cada madre o cónyuge de víctima; 14 millones a los hijos y 4 millones a los hermanos, en cada una de las 23 demandas presentadas ante tribunales civiles por estos hechos (véase UPI CHILE, 2011). 564 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira los hijos, la sociedad, se ven afectados de diversas maneras y la vida no vuelve nunca más a la «normalidad», no solo por la desaparición que opera como un acontecimiento traumático, sino por la búsqueda sin resultados. Esta ordena el sentido de la vida cotidiana de ahí en adelante en la frustración, impotencia, angustia, desmoralización y tristeza que no logra superarse, precisamente porque el paso del tiempo no modifica la situación inicial ni resuelve los dilemas inherentes a la situación vivida. La desaparición tiene consecuencias profundas, causadas por un conjunto de secuencias traumáticas que se mantienen más allá de la aparición de los restos o del esclarecimiento del destino final de la víctima (véase Lira, 2011). La pregunta por los responsables forma parte de esa verdad subjetiva y objetiva que se requiere establecer para poder entender por qué «me»/«nos» sucedió esto. Establecer la verdad, en cada caso, ha permitido dejar en claro que su ausencia fue el resultado de decisiones políticas de las autoridades. El efecto más evidente en los familiares ha sido la exacerbación de la vulnerabilidad emocional, la que puede ser activada por nuevas pérdidas personales, pero también por los eventos públicos que se refieren a la desaparición como hecho político colectivo, tales como la campaña comunicacional sobre los 119 en 1975, la desconfirmación de la existencia de su familiar en discursos y documentos oficiales o, simplemente, la negación de la desaparición a partir del rechazo de los recursos de amparo. También activan esa vulnerabilidad el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos que confirman la muerte posible del familiar y la declaración ante una comisión de la verdad, que implica recordar y volver sobre la historia de desaparición y búsqueda. Esa reacción ocurre toda vez que actividades o eventos públicos se refieren a las circunstancias de la desaparición. Sin embargo, a pesar de ello, muchos familiares han buscado restablecer la normalidad de la vida cotidiana y continuar con sus vidas, a pesar de esta pérdida y este dolor, con muchas dificultades, contradicciones y sufrimientos (véase Dalla Porta y otros, 2014). Los familiares experimentan, durante un período que se ha hecho interminable, la impotencia de enfrentarse a una situación muy penosa. Si esperaban o creían que su familiar estaba vivo, debían asumir que los había abandonado sin mediar palabra, lo cual afectaba la certeza de los vínculos, generaba dudas acerca del afecto de esa persona —padre, madre, esposo, esposa o hijo— y rabia, tristeza y desencanto, así como una gran ambivalencia respecto de la búsqueda misma. Si, por el contrario, se pensaba que la persona desapareció contra su voluntad, que estaba secuestrado y no había indicio alguno de dónde podría encontrarse, la angustia crecía con el paso de los días temiendo su muerte. Es, precisamente, la existencia de vínculos afectivos muy próximos —ser pareja, hijo, hija, madre o padre— lo que genera un efecto desquiciante en cada uno de los miembros de la familia (Rojas, 2009, pp. 83 y ss.). 565 LA VERDAD NOS HACE LIBRES El ausente está presente en su ausencia en la vida familiar desde el momento en que desapareció. La vida cotidiana se hace día a día a partir de su ausencia, sin poder prescindir de esa sensación de que falta, pero sin poder vivir activamente su presencia que cada día se hace pasado y configura su pérdida. Esta tensión tiene efectos diversos. El impacto de la desaparición no es igual para cada persona y cada familia. Ese impacto se juega en el vínculo que se tenía con el ausente, pero también depende de la edad en que ocurre la pérdida. Muchos niños eran pequeños y no tienen un recuerdo propio, sino que lo han construido o reconstruido desde el recuerdo de los adultos. Desde las imágenes y fotografías disponibles, desde los relatos de otros. Hay una orfandad no reconocida porque la familia no asume al padre como muerto. Hay una viudez no nombrada porque la ausencia es vivida como si fuera transitoria. Hay padres que perdieron a su hijo, pero toda la familia los intenta proteger con la esperanza de que, en cualquier momento, volverá a la casa y estarán todos nuevamente reunidos. La familia, la pareja, vive la ausencia y la experimenta cada día con mayor angustia. La ausencia se siente en todos los rincones de la casa. El lugar que ocupaba en la mesa, en la cama, en la vida, está vacío. Está la ropa esperando a ser usada. Falta su voz, su cuerpo, su sonrisa, sus gestos, sus abrazos, sus palabras y sus ideas. La ausencia de ese ser amado causa angustia, miedo y la tristeza inconsolable de los suyos. La ausencia y la pérdida se hacen irreversibles cuando la persona ha sido encontrada muerta y se confirman las angustias de días, meses o años. La información sobre la muerte transforma la situación en una pérdida brutal y definitiva y amplifica la sensación de impotencia por no haber podido evitar ese desenlace. La condición de persona desaparecida coloca a la familia de la misma en la necesidad, en el deber, de buscarla, esperando encontrarla viva (Orrego Standen, 2013). Sin embargo, en la búsqueda se produce la ambivalencia de quererla viva, pero pensarla muerta. Esta ambivalencia se mantiene durante décadas y resulta ser una de las condiciones más angustiantes para el familiar: percibir que la esperanza de encontrar a su familiar vivo depende de la voluntad de buscarlo y creerlo vivo. La esperanza de encontrarlos vivos, sin embargo, se va extinguiendo con el curso de los años, al no tener noticia alguna durante décadas, pero también al encontrar algunos desaparecidos en cementerios clandestinos, enterrados de manera anónima o en fosas comunes. El temor y la incertidumbre ante la desaparición sin rastros se agrava con el paso del tiempo y repercute sobre la salud mental de los familiares. Se ha observado, desde el inicio, que las personas experimentan reacciones angustiosas y depresivas o una combinación de ambas, con diversa sintomatología: imágenes recurrentes e invasivas sobre la persona desaparecida, imaginando que podría haber muerto, que podría haber sido torturada, lo que intensifica la angustia. Asimismo, se presentan trastornos 566 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira del ánimo, trastornos de ansiedad, insomnio y alteraciones del sueño, perturbación de la capacidad de atención y concentración, pérdida de interés por estudios y trabajo, alteraciones del rendimiento escolar y laboral, irritabilidad, manifestaciones psicosomáticas, alteraciones de la vida sexual, pérdida de interés y motivación por actividades placenteras y de diversión. La percepción subjetiva de la angustia y la desolación de los adultos suele tener efectos emocionales sobre los niños y, en muchos casos, efectos traumáticos. A pesar de los esfuerzos de los adultos por protegerlos, los niños perciben que los adultos de la familia están inmersos en una situación que los desmoraliza y deprime y que paraliza muchos de sus recursos, que se debilitan, que tienen miedo (Maggi & Domínguez, 1984). Los niños experimentan emociones devastadoras que no pueden verbalizar. Entre otras cosas, perciben que los adultos no los pueden proteger de su angustia porque no pueden revertir la situación que afecta a todos. Es decir, que esos adultos no son poderosos, como los niños los imaginaban, sino que están desolados y aterrados. La búsqueda infructuosa va desgastando los esfuerzos y las esperanzas, no así los recuerdos y la memoria que evoca a un ser querido ausente, casi siempre idealizado. Desde su desaparición, las familias, los partidos y las organizaciones sociales y políticas idealizan al ausente. El peso de esa idealización recae principalmente sobre los hijos y los fuerza a suprimir sus sentimientos contradictorios. No les resulta posible criticar sus opciones, matizar los recuerdos, aceptar sentimientos negativos, lo cual hace que sea muy difícil para ellos, los hijos, diferenciarse del ausente como parte del proceso psicológico indispensable para llegar a ser adultos. La familia vive, desde el primer día, la ausencia y la separación y ocurre del mismo modo en las comunidades de las que formaba parte el desaparecido (grupo de trabajo, equipo de fútbol, vecindario, sindicato, comunidad religiosa, partido político, entre otros). La ausencia se manifiesta a través de muchos sentimientos distintos: la noción de separación brutal y traumática; la rabia contra los responsables; la rabia vaga e imprecisa contra el protagonista que no fue capaz de proteger su vida, que se involucró en acciones políticas «sin pensar en su familia»; los sentimientos de culpa por tener estos pensamientos y estas emociones; un temor inmenso por la vida, la integridad física y mental del desaparecido; el miedo a que ya haya muerto y no volverlo a ver nunca más. La desaparición instala una situación de pérdida del ser querido, de un duelo que no empieza por la muerte, que se ignora y se teme, sino por la ausencia, causada por una separación traumática, contra la voluntad del sujeto. La negación de toda responsabilidad por parte de las autoridades coloca al familiar en un dilema psicológico y ético. Se trata del dilema entre experimentar su pérdida como una separación traumática prolongada, pero definida como transitoria, o decidir que la persona ha muerto y que la pérdida es definitiva y absoluta, aunque nadie se haga responsable de su muerte. 567 LA VERDAD NOS HACE LIBRES Este dilema hace que este proceso de duelo sea caracterizado como un duelo anormal, como un duelo imposible, como un duelo especial o como un duelo traumático. La situación se inicia con la desaparición de una persona, sin que se tenga noción de su paradero. Las autoridades niegan toda participación en el hecho y declaran públicamente que la persona no existe o que la ausencia es resultado de una decisión del ausente, a pesar de lo que denuncia su familia, desmintiendo la experiencia de esta. La búsqueda infructuosa y conflictiva durante años y décadas genera un modo de duelo por la separación de una persona querida que se supone viva, pero que está imposibilitada de toda reciprocidad. Es un ausente presente que se pierde de nuevo cada día que pasa, sin que se sepa dónde está y sin que pueda clausurarse la memoria anclada en las lealtades y el vínculo. La reacción del familiar es siempre apostar por la vida y, en consecuencia, le es imposible hacer el duelo por la pérdida de ese ser querido, aunque la prolongada separación haga sospechar, cada día que pasa con mayor fuerza, la probabilidad de su muerte. La decisión de imaginar al ausente vivo o asumir que está muerto parece depender de sus familiares, en tanto la desaparición se ha constituido en un hecho privado, al desligarse las autoridades de toda responsabilidad. La imposibilidad de tomar la decisión de pensarlo muerto y hacer un proceso de duelo que permita asumir su muerte, aunque a nadie le conste que efectivamente está muerto, se funda precisamente en el vínculo con la o el desaparecido y son precisamente esos vínculos y lealtades los que modulan el proceso emocional. El proceso de duelo se altera desde el momento de la desaparición y la ausencia se constituye como una pérdida cotidiana que se prolonga en el tiempo, no solamente por el número de meses o años transcurridos, sino por la duración de otros efectos asociados: problemas patrimoniales, económicos, conflictos intrafamiliares y otros, los cuales reducen las posibilidades y los recursos emocionales de las personas para enfrentar esta pérdida. Además, la posibilidad del duelo se ve alterada e interferida cada vez que las autoridades agreden a los familiares construyendo versiones falsas sobre la desaparición de los suyos, cuando las autoridades mienten a los tribunales acerca de la detención de personas y desmienten su responsabilidad en la desaparición y el exterminio. La mayor parte de esas mentiras fueron descubiertas en los procesos judiciales y se produjo la verdad tantas veces buscada y anhelada, verdad que, esta vez, daba a conocer a los responsables. La imposibilidad progresiva de vivir la ausencia como transitoria y reversible, sospechando y temiendo su muerte, mantiene la imposibilidad de hacer el duelo, pues la persona se resiste a aceptar privadamente la muerte de su familiar sin que ninguna autoridad lo establezca como un hecho efectivamente sucedido. Esta necesidad es igualmente importante cuando se produce el hallazgo de sus restos y estos dan cuenta de una muerte violenta. En ambos casos, se hace psicológicamente indispensable para el familiar que, en la instancia judicial, se esclarezca lo sucedido, lo cual permite conocer 568 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira el destino final de la persona y a los responsables del crimen. Desde la observación clínica y la atención psicoterapéutica de personas y familias que tuvieron uno o más miembros víctimas de desaparición forzada, es posible afirmar que la desaparición tiene efectos traumáticos sobre niños y adultos. El trauma psicológico se manifiesta como alteraciones profundas a nivel biológico, emocional, cognitivo y relacional que afectan de distintas maneras a cada persona, dependiendo de muchos factores: desde su edad y experiencia, hasta sus convicciones personales morales, religiosas y políticas, desde sus soportes afectivos o su soledad y aislamiento (véase Gómez, 2013; Castillo, 2013). Reflexiones finales La ejecución política con resultado de muerte, informada a la familia, es vivida como una ausencia y una pérdida irreversible, se experimenta lo inesperado como arbitrariedad, como injusticia ante el carácter definitivo de los hechos. En muchos casos, fue precedida por la desaparición que conmina moralmente a la búsqueda, pero las actuaciones y respuestas del Estado devuelven el problema al familiar. De esta manera, el carácter moral y afectivo del vínculo con la o el desaparecido, así como su rol dentro de la familia (padre, madre, pareja, hija o hijo, hermano o hermana), son elementos constitutivos de la experiencia traumática secuencial descrita. Se produce un daño psicológico específico, que se origina y se mantiene precisamente por el vínculo que se tiene con la persona y la imposibilidad de conocer su paradero y destino final, por la imposibilidad de cerrar la historia. Ha sido frecuente que el hallazgo de cuerpos y el inicio de su identificación y reconocimiento sea un desencadenante muy potente de sufrimientos, angustias y tristezas en las familias: podría tratarse de su familiar. Esta constatación permite verificar que lo que ocurre en la realidad social y política tiene la capacidad de movilizar y alterar el mundo interno y relacional de los familiares y sobrevivientes, subrayando el doble carácter político y subjetivo de esta situación. El impacto, en las familias, de la desaparición forzada de uno de sus miembros constituye, en casi todos los casos, un trauma psicológico específico que afecta las vidas de las personas y las familias de manera diferenciada. Un aspecto esencial es el sentimiento de vacío, ausencia y pérdida sostenido en el tiempo y que no puede cerrar porque depende inevitablemente del pronunciamiento de las autoridades sobre el destino final de los desaparecidos. Es decir, los procesos de duelo por la desaparición de un ser querido están psicológica y moralmente interferidos e impedidos por muchos factores. Entre ellos, se encuentran la falta de desenlace público; la falta de reconocimiento de la existencia y de la desaparición de la persona por motivos políticos; la prolongación por décadas de los procesos judiciales que podrían establecer su muerte, su destino final y su paradero; los obstáculos para que los familiares puedan enterrar sus restos. La desaparición de los cuerpos 569 LA VERDAD NOS HACE LIBRES en los ríos, en el mar o los volcanes, o su destrucción por el fuego o la dinamita, con el propósito de borrar las huellas del crimen, han agregado dificultades adicionales a la constatación de la muerte. Otro elemento casi insuperable ha sido la imposibilidad de identificar todos los restos encontrados en fosas comunes o entierros clandestinos, a lo que hay que añadir la complejidad de las identificaciones erróneas. Es precisamente a partir de estas observaciones que se hace indispensable volver a pensar sobre las condiciones de reparación (y sus posibilidades efectivas) para los familiares de las víctimas, quienes han vivido por décadas bajo la tensión de ese pasado de muerte con su fuerte potencial destructivo sobre todos sus afectos y esperanzas. El riesgo permanente ha sido destruirse bajo el dolor o resistir para vivir y amar, trabajar y disfrutar en el presente y el futuro. Es preciso diferenciar lo que ha muerto en cada persona en este largo proceso, lo que se ha perdido y destruido, y rescatar lo que sostiene y permite vivir. Ello implica poder mirar y mirarse desde otro lugar, mirar la propia vida y el pasado político, social y personal, y entender y asumir los dilemas y pérdidas de este largo proceso. La posibilidad de «rehacer la vida» implica asumir la dimensión irreparable de la pérdida de ese ser amado. No obstante, es indispensable ir más allá de la dimensión privada, porque es una pérdida que se produce en un contexto político que afecta a los familiares y a la sociedad. Reconocer ambas dimensiones posibilita «volver a vivir» y contribuir a la construcción de una convivencia democrática sobre la base del reconocimiento de lo ocurrido y de la justa reparación de las víctimas, pero también requiere la condena del crimen y de los responsables, así como el rechazo moral y político de la violación de los derechos humanos como recurso del poder, para asegurar que estos hechos no se repitan. Bibliografía Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1979). Primer Encuentro de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 25-27 de julio. Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. http://www.archivovicaria.cl/archivos/ VS4cc4b8256ca97_24102010_750pm.pdf Agüero, Ignacio & Fernando Villagrán (2008). El diario de Agustín [documental]. Santiago de Chile: Ignacio Agüero & Asociado-Amazonía Films. Arzobispado de Santiago (1973-1976). Memorias para construir la Paz (cronología). Santiago de Chile: Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. http://www.archivovicaria.cl/archivos/1973-1976.pdf Arzobispado de Santiago (1978). La huelga de hambre por los detenidos desaparecidos. Alcances morales (archivo digital). Santiago de Chile: Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. http://www.archivovicaria.cl/listado.php?pageNum_ documento=18&totalRows_documento=1131&id_tipo=RG9jdW1lbnRvcw== 570 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira Brinkamann, Beatriz & Carlos Madariaga (2006). Del cuerpo y sus sucesivas muertes: identidad y retraumatización. Particularidades del proceso de exhumaciones vivido en Chile. Santiago de Chile: Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS). Bustamante, Javiera & Stephan Ruderer (2009). Patio 29. Tras la Cruz de fierro. Santiago de Chile: Ocho Libros. Castillo, María Isabel (2013). El (im)posible proceso de duelo. Familiares de detenidos desaparecidos: violencia política, trauma y memoria. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado. Centro de Derechos Humanos (2009). Informe anual sobre derechos humanos en Chile. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1984). Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1983-1984. http://www.cidh.oas.org/annual rep/83.84sp/indice.htm Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Segunda edición. 2 volúmenes, 3 tomos. Santiago de Chile: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Comisión Valech (2011). Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Informe2011.pdf Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos (2005). Ocho arquitectos en la memoria. Santiago de Chile: Fundación Espacio y Desarrollo. Colegio de Arquitectos de Chile. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1979a). Informe del experto sobre la cuestión de la suerte de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce en Chile (A/34/583/Add.1). Ginebra: ONU. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1979b). Suplemento 6 (E/1979/36). Ginebra: ONU. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996). Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política. Santiago de Chile: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Cuevas, Jacmel (2006). Informe de Universidad de Granada sobre Patio 29. Errores en identificación fueron confirmados por expertos externos a Glasgow. El Mostrador, 27 de abril. http://www.archivochile.com/Portada/8_ddhh/25_port_ddhh.pdf Dalla Porta, María Teresa y otros (2014). Memoria y archivo oral: hijos e hijas de detenidos desaparecidos. Santiago de Chile: Fundación PIDEE. Ebert, Roger (1982). Missing. Chicago Sun-Times, 1° de enero. http://www.rogerebert.com/ reviews/missing-1982 571 LA VERDAD NOS HACE LIBRES Emol (2010). Identifican restos de 13 detenidos desaparecidos del caso «Hornos de Lonquén». Emol, 18 de febrero. http://www.emol.com/noticias/nacional/2010/02/18/399336/ identifican-restos-de-13-detenidos-desaparecidos-del-caso-hornos-de-lonquen.html Escalante, Jorge y otros (2013). Los crímenes que estremecieron a Chile. Las memorias de La Nación para no olvidar. Santiago de Chile: Ceibo. Fernández, Sergio (1978). Discurso de Sergio Fernández, ministro del Interior de Pinochet, transmitido por la cadena nacional de radio y televisión el 15 de junio de 1978. Archivo Chile [sitio web del Centro de Estudios Miguel Enríquez]. http://www. archivochile.com/Partidos_burguesia/udi/de/PBdeudi0002.pdf García, Mireya (2002). Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Santiago de Chile: AFDD. Gómez, Elena (2013). Trauma relacional temprano. Hijos de personas afectadas por traumatización de origen político. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado. González, Mónica (2008). El rol de los medios en la Operación Colombo. Reportajes de investigación, 29 de mayo. Santiago de Chile: Centro de Investigación Periodística. http://ciperchile.cl/2008/05/29/el-rol-de-los-medios-en-la-operacion-colombo/ La Nación (2014). DDHH: procesan a 9 ex militares por el caso «retiro de televisores», 29 de enero. http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/ddhh-procesan-a-9-ex-militarespor-el-caso-retiro-de-televisores/2014-01-29/135424.html Lagarrigue, María de la Luz & Hugo Villela (eds.) (1987). Memorias contra el olvido. Santiago de Chile: Amerinda. Lira, Elizabeth (1984). Sobrevivir: los límites de la psicoterapia. En Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein (eds.), Psicoterapia y represión política (pp. 95-115). México DF: Siglo XXI. Lira, Elizabeth (2011). Mujeres detenidas desaparecidas. Chile 1973-2010. En Julio Pinto (ed.), Mujeres. Historias chilenas del siglo XX (pp. 141-173). Santiago de Chile: LOM. Lira, Elizabeth & Brian Loveman (2005). Políticas de reparación. Chile: 1990-2004. Santiago de Chile: LOM-DIBAM-Universidad Alberto Hurtado. Lira, Elizabeth & Brian Loveman (comps.) (2006). Los actos de la dictadura. Comisión Investigadora 1931. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana-LOM-DIBAM. Lira, Elizabeth & Brian Loveman (2014). Poder Judicial y conflictos políticos. Chile 1925-1958. Santiago de Chile: LOM-Universidad Alberto Hurtado. Maggi, Adriana & Rosario Domínguez (1984). Reflexiones sobre psicoterapia a hijos de detenidos-desaparecidos. En Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein (eds.), Psicoterapia y represión política (pp. 66-83). México DF: Siglo XXI. Matus, Alejandra (s/a). Lonquén: el fin del adjetivo «presunto». Los casos de la vicaría. http:// www.casosvicaria.cl/temporada-uno/lonquen-el-fin-del-adjetivo-presunto/ 572 Chile. Desaparición forzada: 1973-2015 / Elizabeth Lira Orrego Standen, Paulina (2013). Fotografía, historia y memoria. Presencia de una ausencia: la fotografía de los detenidos desaparecidos en cuatro momentos. Tesis de magíster en Artes. Pontificia Universidad Católica de Chile. Pacheco, Máximo (1980). Lonquén. Segunda edición. Santiago de Chile: Comisión Chilena de Derechos Humanos-Aconcagua. Padilla Ballesteros, Elías (1995). La memoria y el olvido: detenidos desaparecidos en Chile. Santiago de Chile: Orígenes. Pérez Yoma, Edmundo (1999). Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos. Discurso en la constitución, 21 de agosto. Archivo Chile, sitio web del Centro de Estudios Miguel Enríquez. http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/M_Dialogo/gob/hhdd mdgob0009.pdf Programa de Derechos Humanos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2014). Balance 2014. Gobierno de Chile. http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/balanceprensa.pdf Rojas, Paz (2009). La interminable ausencia: estudio médico, psicológico y político de la desaparición forzada de personas. Santiago de Chile: LOM Senado (2000). Sesión novena ordinaria. Informe sobre recopilación de antecedentes de personas detenidas-desaparecidas, 11 de julio. República de Chile. http://www.senado.cl/app senado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=15859&legiid=261 Sepúlveda Ruiz, Lucía (2005). 119 de nosotros. Santiago de Chile: LOM. Servicio Médico Legal (2012). Identifican víctimas halladas en Cuesta Barriga, 24 de julio. Ministerio de Justicia. Gobierno de Chile. http://www.sml.cl/sml/index.php?option =com_content&view=article&id=241:sml-identifica-victimas-halladas-en-cuestabarriga&catid=35:identificacion-y-ddhh&Itemid=222 Torres, Verónica (2011). Proceso para rectificar identidad de víctimas. Patio 29: La doble tragedia de las familias obligadas a devolver sus muertos. Reportajes de investigación, 3 de agosto. Santiago de Chile: Centro de Investigación Periodística. http://ciperchile. cl/2011/08/03/patio-29-la-doble-tragedia-de-las-familias-obligadas-a-devolver-susmuertos/ UPI CHILE (2011). Patio 29: Ex presos políticos apoyan indemnización por identificaciones erróneas. El Mostrador, 8 de diciembre. http://www.elmostrador.cl/ahora/2011/12/ 08/patio-29-ex-presos-politicos-apoyan-indemnizacion-por-identificaciones-erroneas/ Vega, María Eliana (2014). Primeros procesamientos por «Operación Retiro de Televisores» en Mulchén. Resumen, 30 de enero. http://resumen.cl/2014/01/primeros-procesamientos-por-qoperacion-retiro-de-televisoresq-en-mulchen/ 573