La Policía Nacional de Ceuta y Melilla veta de forma sistemática la entrada a la Península de inmigrantes con solicitud de asilo, pese a que el documento que expide el Ministerio del Interior permite la libre circulación por el territorio nacional.

La asociación pro derechos humanos Prodein recriminó ante la Justicia el incumplimiento de la legislación en el mes de enero y la denuncia provocó una serie de reacciones en cadena. La Policía admitió que cumplía órdenes. Las Delegaciones de Gobierno de las ciudades autónomas reconocieron la existencia de una orden ministerial. Y el Gobierno justificó la decisión en base a una cláusula de reserva existente para Ceuta y Melilla en el Acuerdo de Schengen.

Las razones oficiales no convencen. La alianza internacional a la que se refiere el Gobierno sólo matiza que España mantendrá "controles de documentación en las conexiones marítimas y aéreas de Ceuta y Melilla". Pero las personas a las que se les denegó el acceso a la Península poseen una acreditación temporal de Interior que les autoriza a viajar por el territorio español.

"El Gobierno está violando los derechos fundamentales de solicitantes que recogen la Ley de Asilo, la Ley de Extranjería y la propia Constitución», explica Mercedes Rubio, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

La Comisión tramita treinta denuncias por el procedimiento contencioso administrativo y ha interpuesto una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha exigido al Gobierno que deponga su actitud y respete "los derechos que se les reconoce a los demandantes del estatuto de refugiados". No obstante, la institución permanece a la espera de la respuesta definitiva de la Comisaría General de Extranjería para determinar las medidas que llevará a cabo.

Filtros policiales

El objetivo de la actitud policial sería evitar que las ciudades autónomas se conviertan en territorios de paso "masivo" de inmigrantes a la Península. Fuentes de CEAR explican que la disminución de requisitos que exige la nueva Ley de Asilo para obtener el certificado provisional de solicitante ha hecho aumentar los controles para acceder a la Península.

"Es lógico que el Gobierno quiera controlar las migraciones. Pero el objetivo no puede justificar la violación de los derechos humanos", concluye Mauricio Valiente, responsable del servicio jurídico de CEAR.

Ilegal en Melilla, legal en Málaga

La Policía entregó a Kemel, argelino, en enero la tarjeta de solicitante de asilo. Dos días después se dirigió al Puerto para cruzar el Estrecho y la Policía le impidió el acceso. "La Jefatura de Policía de Melilla ha dado orden de no dejarte cruzar", le aseguró un agente. No hubo más explicaciones.

Días después, Kemel decidió incrustarse a los bajos de un camión que cruzaba el Estrecho en barco y entró en la Península. La embarcación atracó y Kemel se mezcló con el resto de pasajeros. En el control policial, los agentes le solicitaron la documentación. Entregó la tarjeta amarilla, verificaron su vigencia y le dieron la bienvenida. Ahora se encuentra en un albergue de Málaga a la espera de que el Gobierno le conceda el permiso definitivo de residencia. "La historia de Kemel revela que los criterios policiales en la Península y en Ceuta y Melilla son diferentes", matiza José Palazón, presidente de Prodein.