Tensiones en el Ejército: Diálogo con altos mandos

Presentación

El 26 de marzo de 2019, la Guardia Nacional fue creada como una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional. Sin embargo, duró poco su frontera con los altos mandos militares.

En septiembre de 2022, cuando se publicó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional con la que se transfirió su comandancia y recursos humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó rumbo definitivo hacia la militarización, traicionando su promesa de regresar el Ejército a los cuarteles.

No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva Policía Federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad, decía el entonces candidato a la presidencia en un video publicado en sus redes sociales en abril de 2012. Esa fue una de sus principales banderas durante aquella campaña presidencial y la siguiente. Como presidente electo, volvió a comprometerse a desvincular al Ejército de las tareas de seguridad pública.

Fiel a su narrativa decimonónica, el Presidente usó el término Guardia Nacional para la nueva institución, un concepto olvidado en el texto de la Constitución y que recuerda a los ciudadanos armados que junto con Juárez salieron a la defensa de México frente a la invasión francesa.

Sobre la inclusión de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional podemos precisar: 1. Hay una obscena burla a la ley suprema. No obstante que en el texto se prohíbe su carácter militar, y que la ley fue declarada inconstitucional, el gobierno ha montado una serie de triquiñuelas legales para mantener una corporación cien por ciento militar; 2. Los efectivos de la Policía Federal que debieron integrarse a la Guardia Nacional fueron despedidos casi en su totalidad y sustituidos por personal militar, no sólo por mandos, también por tropa, y 3. Parece una paradoja: el Ejército que conocemos, en términos reales está siendo vaciado, la mitad de sus efectivos fueron trasladados a la nueva corporación, y con ello recordamos aquella declaración de López Obrador de julio de 2019, en la cual manifestó su deseo por desaparecer al Ejército y convertirlo en una Guardia Nacional.

Ahora, a poco tiempo de que concluya el mandato de López Obrador, los militares no solamente se ocupan de la seguridad interior, sino que los hemos visto dedicarse a todo tipo de tareas. Estuvieron involucrados en la construcción de cuatro aeropuertos; en tres tramos de la obra insignia del sexenio, el Tren Maya; son los encargados de frenar el flujo migratorio desde Centroamérica; han remodelado hospitales, construido bases de la Guardia Nacional, sucursales del Banco del Bienestar; han atendido el robo de combustible, han vendido cachitos para la rifa del avión presidencial, que finalmente fue vendido al gobierno de Tayikistán; han contribuido con árboles al programa Sembrando Vida; han distribuido vacunas contra la covid-19; han vigilado la entrega de programas sociales, han limpiado las playas de sargazo, han entregado libros y materiales educativos para los programas escolares, han transportado fertilizantes; les fue encargado el control de las aduanas marítimas y terrestres, operaron el rescate del ex presidente Evo Morales, incluso fueron los encargados de repatriar los restos de José José tras su fallecimiento en la ciudad estadunidense de Miami. Y la lista sigue.

Todo esto, no sin el desacuerdo de un buen grupo de altos mandos que no ven con buenos ojos la increíble diversificación de atribuciones, que a todas luces exceden las tareas estipuladas en los estatutos de la Guardia Nacional y la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Durante 2022, con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma al Artículo Quinto Transitorio para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El Ejército padece los cuestionables resultados de la administración federal en materia de seguridad. Vivimos en un país violento y se incumplió la promesa de paz que llevó a López Obrador al poder. Muchos mandos del Ejército saben que la historia no va a tratar bien a la institución armada y en este libro se hace evidente una clara preocupación al respecto.

Rubén Aguilar Valenzuela ha seguido el pulso de todos estos cambios desde sus columnas periodísticas. Su recuento es un informe pormenorizado de los desacuerdos que han surgido al interior de la institución castrense, al tiempo que ésta amplía su influencia en todas las aristas de la vida pública nacional.

Tensiones en el ejército. Diálogo con altos mandos tiene la garantía de una pluma inteligente. Aguilar Valenzuela, formado en la Compañía de Jesús y en múltiples experiencias políticas y personales, como la guerrilla salvadoreña, es un observador agudo de la realidad nacional. Su prestigio, y en esto cuenta mucho tenerlo, genera la confianza para construir un diálogo franco con interlocutores que poseen una valiosa información.

Tensiones en el Ejército da voz a los militares que alertan sobre los peligros del despliegue irresponsable de la SEDENA sobre la vida civil del país, mientras se encargan, prácticamente en solitario, de la complicada situación de seguridad.

El pujante proyecto de militarización de México cobra sus reales dimensiones en este libro. El análisis de Aguilar Valenzuela quedará como un informe del cambio radical al que ha apostado el presidente López Obrador, con el cual se borran las fronteras que con tanto esmero se trazaron entre lo militar y lo civil, muy a pesar de los integrantes de nuestras fuerzas armadas.

La opinión pública recibe los textos de Rubén Aguilar Valenzuela en un momento donde el país se polariza y las instituciones se debilitan. Es una más de las aportaciones al país que hace el incansable sonorense.

Rubén Moreira Valdez

Del diálogo con altos mandos

He tenido la oportunidad y el privilegio de conversar de manera regular, por más de veinte años, con algunos de los altos mandos del Ejército y la Marina. Durante el último sexenio he escuchado de viva voz su preocupación sobre la marcha del país. Varios de ellos encuentran en las decisiones del Ejecutivo federal un camino de regresión en términos democráticos. Me veo en la obligación de apuntar aquí, en el inicio de éste libro, que la información que aquí expongo y comparto viene en buena parte de dichas conversaciones. Aprovecho este espacio también para agradecer su amistad, confianza, su valor y compromiso con el Ejército y con México.

A partir de lo expuesto anteriormente puedo decir que los generales en retiro, sobre todo los divisionarios, no simpatizan con las ideas y la manera de ser del presidente López Obrador. Les molesta su discurso, pero sobre todo les parece que violenta de manera sistemática la vida institucional. Ellos fueron formados en el respeto a las instituciones de la República. Además, están bien informados sobre lo que sucede con los procesos de militarización de la vida pública. Ellos son civilistas. Dicen que en el Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra aprendieron la división de las responsabilidades entre militares y civiles en la conducción del Estado.

La tensión y el malestar al interior del Ejército fue creciendo a la par de las decisiones que tomó el Ejecutivo sobre esta institución. Es muy difícil, prácticamente imposible, saber la dimensión, en términos de números, de los que se ubican en este campo. Quienes no están de acuerdo en cómo se manejan las cosas en el Ejército son muy cuidadosos en expresar sus posiciones. Pueden ser sujetos de represalias. Temen, con razón, que si hacen público lo que piensan serían sancionados y podrían perder los derechos adquiridos a lo largo de una vida de servicio. Buena parte de ellos está ya al borde de la jubilación. Esto los obliga a tener mucho cuidado. Con todo, no se eliminan los niveles de descontento y desacuerdo.

El secretario de Defensa y el Presidente

La historia que en este libro pretendo reconstruir comenzó en el año 2018, después de las elecciones federales, durante el extraño proceso de transición entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Un profesor, con muchos años de dar clases en la maestría del Colegio Militar en Popotla, me contó que en aquellos meses, el Secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, entregó al Presidente electo una lista con cinco nombres de generales de división que podía considerar como secretarios de la Sedena.

Días después, el Presidente le pidió que le entregara una lista con diez nombres más, cosa que hizo el general. El Presidente elaboró