En abril de 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba plenamente satisfecha con el desempeño del Centro Militar de Inteligencia, especialmente en el uso que hacía con sus tecnologías de punta para recolectar información.
Sin embargo, la institución castrense tenía un temor, y lo plasmó como “amenaza” en un documento interno: “Que se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realicen en este Centro”.
Y es que, en los últimos 12 años, el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ha operado al margen de la ley, sostiene la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Desde un búnker de más de 5 mil millones de pesos instalado en el Campo Militar No 1, sus agentes han recabado información para los sucesivos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gracias a un arsenal tecnológico, que incluye el poderoso spyware Pegasus.
El CMI forma parte de la rama de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), el cual responde directamente al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena. Al igual que el resto del aparato militar, el CMI ha crecido mucho durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: entre 2018 y 2021, su plantilla de agentes pasó de 293 a 619.
La semana pasada, la segunda entrega de la investigación Ejército Espía
--en la que participó -- reveló que el CMI intervino con Pegasus el teléfono del